¿CUÁL ES EL LÍMITE?

 

Los jubilados reclaman en vano aumento en sus magros haberes, y la única respuesta del gobierno es desplegar semanalmente un demencial show represivo que se solaza en apalearlos, gasearlos y arrastrarlos de los pelos por las calles. Los científicos denuncian el vaciamiento terminal del sistema nacional de investigación mientras los médicos del hospital Garrahan advierten que uno de los mayores efectores de salud pública del país y modelo de referencia regional está al borde del cierre por asfixia presupuestaria.

El gobierno lanza un insólito comunicado cuestionando la eficacia de las vacunas, que comienza por decir que el ¿ministro? de Salud se reunió con el secretario del área de Donald Trump, como si la nueva "política sanitaria oficial" hubiera sido dictada directamente por el emisario imperial. Las personas discapacitadas, sus familias y los prestadores de servicios que los atienden protestan porque no se les garantiza que puedan seguir recibiendo sus tratamientos.

Se denuncia un plan de espionaje oficial contra opositores políticos y sociales, y contra cualquiera que disienta con las políticas del gobierno, que lanza sus hordas digitales contra aquel que (como Darín) esboce la más mínima crítica. Las universidades nacionales manifiestan que de seguir el recorte presupuestario no podrán seguir funcionando, y el gobierno obstruye cualquier iniciativa legislativa para mejorar su situación.

El gobierno modifica por DNU y sin participación del Congreso la política migratoria con argumentos falaces, ridículos y xenófobos, mientras promueve la progresiva conversión del país en un narcoestado en el que los fondos de origen dudoso puedan circular sin inconvenientes. Caputo sigue endeudando al país en dólares y se acaba de fumar los primeros desembolsos del préstamo del FMI en cuestión de semanas, mientras las reservas del Banco Central se siguen yendo por la canaleta de la fuga de capitales.

Las empresas evalúan endeudarse para pagar el aguinaldo así como las personas y las familias se endeudan para pagar el supermercado o llegar a fin de mes, mientras todos los días leemos sobre despidos, suspensiones y puestos de trabajo en riesgo. El gobierno quiere exhibir logros en la lucha contra la inflación, pero la gente común siente que el sueldo -si lo tiene y lo percibe en forma más o menos regular- no le alcanza para casi nada.

Todos esos hechos -y muchos más que seguramente se escapan al racconto- suceden a diario, se solapan y superponen entre sí casi sin solución de continuidad, frente a una sociedad adormecida que parece haber naturalizado que las cosas son así, y lo seguirán siendo por mucho tiempo. Y no es que no haya protestas -muchas veces invisibilizadas por la prensa del régimen-, sino que todas parecen caer en saco roto frente a un gobierno ciego y sordo, y no alcanzan a coordinarse partiendo de la comprensión de un hecho sencillo y elemental: aunque difieran entre sí, todas son originadas por un mismo modelo político, económico social y cultural, que le ha declarado la guerra al país y al pueblo argentino.

Un ejército de ocupación que llegó a gobernar el país por las urnas para saquearlo y extraerle todos sus recursos, dejándolo sin nada a cambio: obsérvese que el presidente y su gobierno ya ni siquiera prometen paraísos venturosos futuros, limitándose a solazarse por el éxito de su experimento con seres vivos, y soñando con volver a revalidarlo en las urnas. 

Y no hay solución a la vista: mientras se multiplican las protestas sindicales, la CGT dice que no hay clima social para un nuevo paro, y el último que hizo hace semanas pasó desapercibido por completo, en buena medida por el desprestigio de una dirigencia sindical que degradó la significación social de la sigla histórica que agrupaba a las organizaciones sindicales de los trabajadores argentinos, tras años de traiciones, reculadas y complacencias mientras las políticas económicas se llevaban puestos empleos y salarios que sucedieron a los cinco paros generales a Cristina por Ganancias.

Los movimientos sociales, sus protestas, cortes y piquetes son un recuerdo sepia del pasado, domados por el protocolo de Bullrich y la amenaza del carpetazo judicial, justo cuando el hambre golpe a la puerta de millones de argentinos y la asistencia social del Estado sería más necesaria que nunca, pero es escasa y se retacea deliberadamente. El Congreso no mueve el amperímetro y ni siquiera alcanza a ser la caja de resonancia eficaz de los reclamos sociales, paralizado por las disensiones opositoras (allí sigue prevaleciendo escaparle a la mancha venenosa de coincidir con el kirchnerismo antes que enfrentar al régimen libertario) y la complicidad de los opositores que actúan en los hechos como oficialistas.

Y tampoco las elecciones parecen ser la respuesta, para millones de argentinos -cada vez son más- que ni siquiera van a votar, porque no sienten que haciéndolo cambien algo. En este estado de cosas cabe preguntarse si no queda más que resignarse a que las cosas sean así y no se pueden modificar hasta que los argentinos volvamos a elegir presidente dentro de dos años y medio -solo de pensarlo dan escalofríos-, o cuál será el límite que la sociedad argentina juzgue como intolerable de traspasar (resulta difícil imaginarlo, dado lo vivido en éste año y medio), o la chispa que encienda el incendio, si es que la habrá. Porque brasas sobran.