HABLAR AL PEDO ES GRATIS

 

Primero y como hacía los otros días Cristina en el acto del congreso de Cultura con el "Pacto de Mayo", un breve ejercicio de memoria en estos tiempos vertiginosos: recordemos que hace unos días el gobierno de Milei anunciaba con bombos y platillos que derogaría todas las normas que impiden a las personas usar libremente los dólares del colchón, sin tener que justificar su origen: "Tus dólares, tu decisión" fue el lema de la campaña. Incluso en la misma conferencia de prensa en la que estaban Caputo, el presidente del Banco Central y Adorni dieron precisiones de las modificaciones en los montos a partir de los cuales -por ejemplo- la UIF debía reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, o la AFIP exigir la justificación de determinadas operaciones o movimientos patrimoniales.

Unos cuantos días después, lo único que se oficializó fue el decreto 353 de Milei publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial que en su artículo 1° dice lo siguiente: "Dispónese la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina. A esos fines, se deberá dar cumplimiento a las normas que oportunamente dicte el Banco Central de la República Argentina.".

Por el artículo 2° del decreto se le daba intervención a la Unidad de Información Financiera para que "...en el marco de sus competencias definidas por la Ley N° 25.246 y sus modificaciones vinculadas con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva,...en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente, verifique la necesidad de adecuar su normativa a raíz de las disposiciones contenidas en este decreto." Hasta ahora la UIF (desguazada por este gobierno a través de las reformas dispuestas por la Ley 27739 y los Decretos 891/24 y 274/25) nada ha dicho ni hecho al respecto.

En el artículo 3° se le encomienda a la ARCA (sucesora de la AFIP, disuelta por el gobierno de Milei) que "...el marco de la desregulación a la que hace referencia el artículo 1° del presente decreto, implemente en diferentes etapas y de manera gradual, para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, una modalidad simplificada y opcional de declaración del Impuesto a las Ganancias de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones. Dicha modalidad deberá elaborarse tanto sobre la base de la información con la que cuente el organismo recaudador como por la que suministren oportunamente los contribuyentes, responsables y/o terceros, y únicamente estará disponible para los contribuyentes que obtengan rentas de fuente argentina en forma exclusiva.", y agrega: "Los sujetos que resulten comprendidos en dicha modalidad, según lo disponga la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quedarán exceptuados de cumplir con la obligación prevista en los párrafos segundo y tercero del artículo 3° de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 862 del 6 de diciembre de 2019 y sus modificaciones.". (las negritas son nuestras)

Este aspecto de la cuestión -además del apetito insaciable de dólares de Caputo, que es la verdadera razón de todos los anuncios- es posiblemente el único que en algún momento depare novedades, por una sencilla razón: les permitiría a los principales contribuyentes de Ganancias y Bienes Personales (es decir, esa casta que el gobierno dice combatir pero para la cual en realidad gobierna), evadir impuestos o rebajar la carga fiscal -ya de por sí exigua- que deben soportar.

Siempre en la misma línea de venta de humo, el decreto de Milei en su artículo 8° aclara que "Ninguna de las disposiciones del presente decreto ni de las normas que se dicten en su consecuencia liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones de las obligaciones impuestas por la legislación vigente orientada a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.". Lo cual es cierto, si siguen como hasta ahora: o sea, sin producir nada concreto en materia de normas, más allá de los anuncios en la conferencia de prensa de días pasados.

Como no podía ser de otro modo y pese a que -en realidad- el gobierno nacional no hizo concretamente nada para complementar los anuncios, desde el gobierno de Pullaro salieron rápidamente a respaldar esos anuncios, pero advirtiendo que tomarían medidas para evitar que esos dólares del colchón terminen financiando actividades delictivas, o ayudando a que las organizaciones criminales laven dinero de origen ilícito. 

Lo cual demuestra que en manera de venta de humo, Pullaro y sus funcionarios son pioneros, y podrían darle clases al gobierno nacional: en ésta nota de Aire de Santa Fe los ministros Olivares y Coccocioni explican que los controles los harán a través de la "SIDE" provincial montada en los inicios de la gestión Pullaro (ver al respecto más info acá), "No será pidiendo información a todos los organismos sobre una transacción. Vamos a actuar a partir de información criminal, de inteligencia criminal. Y, desde esos indicios, abarcaremos a personas que tengan parentesco, vínculos de amistad o contactos frecuentes; ante operaciones que la inteligencia criminal detecte." 

"A partir de esos indicios, se requerirá información. Y si surgen volúmenes económicos importantes de esas personas, se procederá al bloqueo económico.". Preguntado Olivares que significa eso contesta: "Tomar medidas para evitar que esas personas realicen compras de inmuebles, de vehículos u otro tipo de transacciones. Inclusive, podemos cortarles el suministro de energía eléctrica, llegado el caso. Esas son las competencias de la Provincia de Santa Fe..". (las negritas son nuestras)

O sea: el tremendo plan anti-lavado provincial quedaría en manos de la EPE, para que haga lo que suele hacer, pero con todos los santafesinos: cortar la luz. Sin control del sistema financiero ni las aduanas, sin injerencia en las declaraciones juradas y los pagos de Ganancias o Bienes Personales, con un limitado control de la constitución de las sociedades comerciales (a través de la Inspección General de Personas Jurídicas), sería interesante ver que hace el gobierno provincial cuando obtiene "información de campo" o de "informantes" sobre posibles movimientos sospechosos de dinero de origen ilícito; y sobre todo, como impide que los sospechosos compren casas, campos, empresas o autos cuando el gobierno nacional decretó un jubileo y no piensa preguntar de donde viene la plata.

Ya vimos en su momento en esta entrada y en esta otra lo que puede hacer la provincia cuando nos venden que en Santa Fe hay "extinción de dominio" de los "bienes de los narcos": rematarlos cuando así está ordenado por la justicia en una causa, cosa que el Código Penal de la Nación contempla desde 1921. O lo que hicieron con la ley "anti mafia" 27786, ese mamarracho gestado por la mente afiebrada de Patricia y apoyado por Pullaro enfáticamente yendo al Congreso a pedir en persona su aprobación.

Horas antes del anuncio del "plan colchón" de Caputo, Patricia Bullrich decía que iban a empezar a aplicar la "ley anti mafias" (un engendro que no resiste el más mínimo análisis de racionalidad jurídica) en Rosario por ser una "zona de investigación especial" por el accionar de las bandas narco criminales. Pues bien, esa ley en su artículo 15 invita "...a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones contenidas en la presente ley, en sus aspectos procesales y de colaboración interjurisdiccional.", cosa que Santa Fe -a tres meses de su sanción- todavía no hizo.