LAS IDEAS ECONÓMICAS DE UNA OPOSICIÓN DESCONCERTADA

Por A.C.

En la economía argentina existen muchos sectores de producción y comercialización que concentran gran parte del mercado. Esa concentración les permite obtener altísimos niveles de facturación y ganancias, y además decidir sobre el volumen de productos o mercadería que vuelcan al mercado. Es decir que tienen en su mano el grado de abastecimiento del producto, y por lo tanto la posibilidad de producir una escasez artificial para generar aumentos de precios.

En abril de 2012, un claro ejemplo de estas maniobras se dio sobre un producto básico de los argentinos: la yerba mate.

En nuestro mercado interno, existen doce fraccionadores, de los cuales solamente cuatro procesan el 50 por ciento de la yerba mate. Entre ellos figuran Establecimiento Las Marías, Molinos Río de la Plata, Hreuk (Rosamonte), y la Cachuera (Amanda). Como se le reconoció un aumento a los productores de yerba, la presión de los grupos yerbateros concentrados, se tradujo en un retiro del producto, y por lo tanto su desaparición de las góndolas, o la presencia de oferta muy reducida a altísimo precio.

El Gobierno Nacional, ante la falta de yerba en los lugares de venta al público, y existiendo sobrada producción y stock para abastecer el mercado, recurrió a los instrumentos legales que el Estado posee, para garantizar la normalización del abastecimiento y su precio.

El riesgo de este tipo de maniobras existe permanentemente en nuestra economía por su grado de concentración , donde por ejemplo dos empresas se reparten el 80% del mercado galletitas o fideos, y otras dos empresas tienen más del 70% del mercado de bebidas gaseosas. Esto no solo se da en el ámbito de la producción alimentaria (naturalmente el área que más afecta a los sectores populares), sino que también la concentración se encuentra en otros sectores, como por ejemplo la chapa laminada (destinada a automotrices y empresas metalúrgicas) producida por Siderar (Grupo Techint), que no tiene competidores internos. O el conocido ejemplo de concentración de la TV por cable, con Cablevisión, que posee el 80% del mercado en Capital Federal y 60% del interior del país.

De la misma forma que en nuestro país se dispone de la Ley 20.680 (Ley de abastecimiento), todos los países avanzados poseen una legislación que proteje a sus mercados internos de consecuencias negativas derivadas de la concentración económica y de los actos o maniobras destinadas a desabastecer el mercado y suprimir la oferta de productos.

Pero la oposición al Gobierno Nacional no cree que sean necesarias estas herramientas legales, que rigen incluso en los países centrales, en los que ellos se  referencian permanentemente.

Como se puede ver en este enlace, la Sra. Patricia Bullrich, entre una serie de brillantes proyectos de ley elaborados a lo largo de su fructífera carrera como legisladora, propone la derogación de la Ley 20.680.-

Nos explica en los  Fundamentos del proyecto, que “La ley 20.680 contiene una delegación de facultades de sesgo totalitario, incompatible con las normas y garantías de la Constitución Nacional.”

Se escandaliza porque el art. 2°, inc. (c) autoriza al P.E. a  dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/ o producción. Y continúa diciendo que “ También, la ley cuya derogación se postula, autoriza al P.E. a ejercer facultades propias de los órganos judiciales, así en su art. 2° autoriza la intervención de empresas (inc. g. ) y el secuestro de bienes (inc. j.); y en su art. 12, el allanamiento de locales y establecimientos (inc. b.) y la detención preventiva (inc. h.), todo ello sin intervención judicial, violando así expresas garantías constitucionales y afectando el principio de separación de poderes.”

Y continúa la legisladora: “ En resumen, esta ley viola claros preceptos constitucionales otorgando al P.E. un ilegítimo campo de discrecionalidad incompatible con el estado de derecho que debe imperar en la República.”

Más allá del indiscutible, inigualable, profético republicanismo de Bullrich, y de su profundo conocimiento del derecho comparado, resulta elocuente que la legisladora al fundar su extraordinario proyecto, deja escapar un pequeño detalle: Cuando el Estado interviene para impedir la distorsión injustificada de precios o el desabastecimiento de productos, está cumpliendo con la ley y protegiendo a los consumidores de bienes y servicios, cuyos derechos se encuentran consagrados en el art. 42 de la Constitución Nacional.

La idea del gobernante de un país, o por lo menos de ésta Presidenta, es privilegiar los intereses de la gente por sobre los intereses de los grandes grupos económicos. Evidentemente, no es la misma idea que tiene la legisladora ni los patrióticos opositores que la acompañan en sus incomprendidos proyectos, todos orientados a conseguir una economía al exclusivo servicio de sus dueños.