EL ARTE DE ENDEUDARSE

 

Como es sabido, Pullaro gestionó y obtuvo de la Legislatura en tiempo récord autorización para endeudar a la provincia en 1150 millones de dólares, supuestamente para hacer obras de infraestructura. De ese total, 1000 millones son los mercados privados de capitales, es decir con los bancos y fondos de inversión.

Mientras todo ese proceso se desarrollaba en Santa Fe, MSCI (la consultora de riesgo de la banca Morgan) colocaba a la Argentina en la extraña categoría de "standalone", algo así como un ornitorrinco extraño en el que no se puede confiar demasiado como para prestarle plata o invertir en él; lo cual -como se sabe- influye en el famoso "riesgo país", y en las tasas de interés que debería pagar el país si saliera a colocar deuda en los mercados internacionales. Este dato es especialmente relevante en el caso santafesino, en el cual la oposición objetó en la Legislatura el endeudamiento, precisamente porque no se daban detalles sobre sus condiciones: tasas, plazos, etc. 

Este fin de semana (en que en Santa Fe hubo elecciones municipales), la mismísima JP Morgan emitió un informe aconsejando a sus inversiones vender sus bonos argentinos y rajarse pronto, porque el ciclo de la bicicleta financiera del "carry trade" de Milei y Caputo podría estar llegando a su fin. Lo que obviamente conspira contra las intenciones del dueto para salir a los mercados voluntarios de deuda a tomar financiamiento; dificultad extensible a la provincia de Santa Fe y a cualquiera que crea que es un buen momento para endeudarse.

Pues bien en ese contexto es que Pullaro siguió adelante con su intención de endeudar a Santa Fe, y dictó el viernes pasado -ya con la veda electoral en marcha en la provincia- el Decreto 1328 cuyas imágenes ilustran el post, por el cual contrató en forma directa (es decir sin licitación pública, concurso de precios ni nada parecido) a dos calificadoras de riesgo: Fitch Rating y Moody's Investors Service, cuyos servicios son obviamente pagados en dólares crocantes y sonantes; y ahora, antes siquiera de saber cuando y cómo la provincia recibiría el financiamiento que busca.   

Como hemos explicado otras veces acá (ver la etiqueta "calificadoras de riesgo" a la derecha del blog), la contratación de las calificadoras sigue a la toma de deuda como la sombra al cuerpo, y no se consigue una sin la otra, porque son todas parte del mismo negocio de los bancos privados y fondos de inversión. De allí que al contratar a una u otra, de algún modo se está anticipando quien te va a prestar la plata. Razón por la cual las calificadoras son parte inescindible del mismo mecanismo perverso de endeudamiento. 

Lo dice el propio decreto de Pullaro en sus considerandos: "Que en el marco de las actividades que desarrolla el Ministerio de Economía, tendientes a la búsqueda de financiamiento y la identificación de fuentes e instrumentos para lograrlo, la Directora General de Crédito Público manifiesta la necesidad de contratar agencias calificadoras internacionales a fin de evaluar una posible emisión de títulos de deuda en los mercados financieros locales e internacionales;...". Y agrega esto: "Que se ha solicitado asesoramiento al Nuevo Banco de Santa Fe S.A, en su calidad de Agente Financiero de la Provincia, el que ha informado que en los procesos de emisión de títulos se requiere la contratación de calificadoras de riesgo y que éstas deben contar con reconocido prestigio internacional por cuanto la obtención de calificaciones crediticias por parte de agencias con experiencia y credibilidad global es fundamental para generar confianza en los inversores internacionales;...".

Para que se entienda: el banco de los Eskenazy (que viene siendo el agente financiero de la provincia desde hace 30 años, condición que le fue renovada por todos los gobiernos del Frente Progresista en licitaciones armadas a su medida donde terminó siendo invariablemente el único oferente) le aconseja al Estado provincial, no solo contratar calificadoras de riesgo para tomar deuda, sino a cuáles contratar. Así lo dice el decreto: "Que atento a la especificidad de la materia, el mencionado Agente dentro del marco del Contrato de Vinculación vigente, destaca que la especialidad de los servicios requeridos se justifica en que la calificación de riesgo es fundamental para obtener una evaluación independiente y estandarizada del riesgo crediticio de la Provincia en el marco de operaciones de emisión de títulos;..."; por lo cual "...recomienda la contratación de las firmas Moody’s Investors Service y Fitch Ratings, las cuales cuentan con una probada trayectoria y reconocimiento en los mercados internacionales y además han prestado servicios con anterioridad a la Provincia de Santa Fe;...".

Que ya trabajaron en la provincia es cierto, más concretamente en 2016 durante el gobierno de Lifschitz, apenas comenzó su mandato y cuando el actual ministro de Economía de Pullaro, Olivares, era Secretario de Hacienda: ver más información en ésta entrada y en esta otra. 

Claro que alguien podría preguntarse -con razón- ¿Siendo el gobierno de Pullaro el Estado, no tiene la obligación de ser transparente en la gestión de los recursos públicos que administra, y licitar un contrato de éstas características para asegurarse que no hay favoritismos ni corrupción, y no se paga más de lo debido, o no se favorecen conflictos de intereses entre los que dictaminan sobre las condiciones de la provincia para tomar deuda y los inversores interesados en prestarle plata y hacer negocios?

También podría preguntarse -con toda lógica- si no hay otro argumento más de peso para contratar a estas dos consultoras en forma directa (y no a otras) porque se las contrató en el 2016 (es decir hace casi una década) y en las misma condiciones (basándose en el consejo del Nuevo Banco de Santa Fe SA), como si en el medio no hubiera pasado nada en la provincia, en la Argentina y en el mundo.

Pues bien, como posible respuesta a esas preguntas, el decreto de Pullaro dice que la contratación directa "...encuadra...en el artículo 116° inciso c) apartado 4 de la Ley Nº 12510, reglamentado por el Decreto Nº 1104/16...". El artículo citado de la Ley 12510 permite contratar en forma directa "Obras de arte, científicas o de interés histórico cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o profesionales especializados de reconocida capacidad. Se debe fundar la necesidad de la especialización y los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica o artística de las empresas, artistas o especialistas a quienes eventualmente se les encomiende la ejecución de la obra o servicio." (las comillas son del texto y las negritas son nuestras)

Y el Decreto reglamentario 1104/16 (que también cita Pullaro en su decreto) señala que "Las contrataciones que se pretendan efectuar en uso del apartado 4 del artículo 116° inciso c) se basarán en los informes técnicos que reporten las áreas específicas del órgano contratante y deberá fundamentarse documentadamente la necesidad de la especialización para la prestación del servicio o ejecución de la obra, como asimismo la capacidad artística, técnica o científica del ejecutor, esto último sobre la base de antecedentes que así lo acrediten.". En este caso como vimos, el "informe técnico" fue el consejo del banco de Eskenazy.

¿Será que Pullaro considera un arte endeudarse, las calificadoras dibujan los números con maestría para que pueda hacerlo, o la deuda es una ciencia oculta reservada solo a unos pocos elegidos?