LA FRASE

"LAS CIFRAS DEL DESEMPLEO SON DURAS PERO HAY QUE DECIR LA VERDAD; Y YA LES ANTICIPO QUE LA PRÓXIMA MEDICIÓN DARÁ AUN MÁS ALTA, PORQUE LO PIENSO RAJAR A TODESCA." (MAURICIO MACRI)

jueves, 22 de junio de 2017

NO SE LES ENTIENDE ADONDE QUIEREN IR, MUCHACHOS. O SÍ


Los arquitectos del “Cualquieramenocristinismo” (hoy denominado “randazzismo”) como Abal Medina o el Chino Navarro se la pasaron meses diciendo que Cristina no debía ser candidata, porque su candidatura “era funcional al gobierno, porque nos obliga a discutir permanentemente el pasado, cuando de lo que debemos hablar es del presente y del futuro”; y coso. Aun hoy lo sostienen, y aseguran que finalmente no lo será.

Pero sin embargo son ellos los mismos que no hacen otra cosa que hablar todo el tiempo de Cristina, y casi nunca de Macri. Desde que terminó el acto del martes en Sarandi están haciendo el tele-beam de la convocatoria y el marco, y la disección de todas y cada una de las palabras que dijo CFK.

Que si no incluyó entre los vulnerables a los trabajadores (falso) o a los trabajadores de la economía informal: más falso aun,. Como cualquiera puede corroborar repasando mentalmente el discurso y los testimonios en primera persona de los que Cristina subió al palco.

Ahora es el responsable de la campaña del mudo Randazzo, Alberto Fernández (llegado ayer del massismo) el que nos dice acá en Ambito que “...el discurso "crítico al gobierno de Macri es correcto, pero como siempre hubo temas ausentes como el tema de la inflación, la inseguridad y la corrupción". "Son temas tabú que no se pueden tocar. Hay que hablar del pasado para aprender",”. (las negritas son nuestras)

¿En qué quedamos entonces, damos por cerrado el capítulo kirchnerista, damos vuelta la página y hablamos de Macri, su gobierno, sus políticas y sus efectos concretos, o seguimos masturbándonos con los errores de la campaña del 2015 (donde por cierto, “Carozo” Fernández fue parte del armado que le restó votos al candidato del peronismo, facilitando el triunfo de Macri), y reclamando la autocrítica de los otros?

¿Cristina tiene que hablar de lo que le pasa a la gente por culpa de Macri, o de lo que quieren Macri y Alberto Fernández que hablen? ¿Cuál es entonces la diferencia entre el “randazzismo” y “Cambiemos”, o Margarita Stolbizer, ponéle?

Claro que el espacio es Cristina, jeño: nada menos que ella; con todo lo que representa. ¿Y ustedes que tienen para ofrecer como alternativa?

Quisieron jugar a una interna en la que terminarán aupándose en los votos de Cristina para colar algunos en las listas, que luego de llegar al Congreso hicieran rancho aparte en los bloques del Evita y de “Sanguchito” Bossio, y Cristina los cagó: ahora tendrán que salir a buscar los votos por cuenta propia, sin colgarse de su sábana.

Y formalmente pueden incluso lucir los colores y el mágico escudito del PJ ¿qué más podrían pedir para erigirse como la “renovada” expresión de la oposición a Macri, desde un peronismo “postkirchnerista”?

Claro: podrían pedir (o agregar) voluntad real de confrontar con Macri, y no con Cristina. De hablar de lo que el gobierno está haciendo, y no de lo que el kirchnerismo dejó de hacer, o hizo mal.

Porque sin tomar en cuenta ese pequeño detalle, a esta altura de los acontecimientos no se les entiende adónde quieren llegar, o sí: se les entiende demasiado bien. Y ya no engañan a nadie; aunque lo quieran disfrazar de “necesario debate interno”, “autocrítica” o sarazas similares.

miércoles, 21 de junio de 2017

LOS PROFETAS DEL ODIO



En la edición de este lunes de "Y nadie hace nada" que hacemos por la FM Chalet 100.9 entrevistamos a Carlos Caramello, a propósito del lanzamiento de "Los profetas del odio", el último libro que escribieron con Aníbal Fernández.

El odio como cohesionador de una identidad política de las minorías del privilegio  a lo largo de nuestra historia, la decrepitud intelectual de la derecha a partir de la degradación de sus referencias culturales y el rol de Macri como cabeza visible de la restauración del mismo proyecto oligárquico de siempre, estuvieron entre los tópicos abordados.

En lenguaje llano y sencillo -como el que emplea Aníbal, su compañero de pluma en el libro- Caramello nos invita a desenmascarar a los fantoches que nos gobiernan, y los que están por detrás moviendo los hilos, que no son ni más menos que los mismos de siempre, los que se sintieron dueños de la Argentina desde antes que existiera como tal.

Y por cierto la charla nos da ganas de salir corriendo a comprar el libro; de la estirpe de otros anteriores que hacen su imprescindible aporte a la cultura popular, y la construcción del pensamiento nacional y popular en tiempos de la revolución de la alegría.

LOS QUE DIVIDEN AL PERONISMO SANTAFESINO


Aunque no están del todo claras las razones de la renuncia de Ricardo Olivera a la presidencia del PJ provincial, todas las versiones circulantes tienen un punto en común: les adjudican responsabilidad a los senadores provinciales que impulsan la candidatura a diputada nacional de la ex jueza Rodenas; sea porque le habían prometido un lugar en la lista (la versión menos extendida), o porque le echaron en cara -insólitamente- que le cediera el PJ al triunviro de la CGT Schmid para lanzar su candidatura por la tercera lista que competirá en las PASO, junto con la del "Chivo" Rossi.

Como sea, el desenlace no debe sorprender: los senadores (mal que nos pese) son los que conservan el poder real del PJ, y por eso el peronismo santafesino está como está: sin perspectiva alguna de volver al poder en la provincia y en muchas de sus municipalidades más importantes, y desconectado de la discusión política del PJ nacional, sin peso para incidir allí en ningún sentido.

Cosa que a los senadores -por supuesto- no les interesa ni preocupa en lo más mínimo: cómodos en el usufructuo desde hace décadas en sus respectivos feudos locales, se limitan a negociar con el Frente Progresista la cuota de los subsidios anuales a cambio de diluirse como oposición, y colaborar con "la gobernabilidad de la provincia" votándole todo a los gobiernos provinciales en la Legislatura, desde Binner hasta Lifschitz, sin excepción.

Sin preocuparse jamás por construir políticamente nada, siempre a la pesca del sucesor de Reutemann cuando el hombre de la campera roja entró en su ocaso; jugaron bajo cuerda para Del Sel en el 2011, repartieron las cargas entre el ex Midachi y Perotti en el 2015, y hasta unas semanas antes de volver al redil del PJ rosqueaban para armarle algo a Massa en Santa Fe: cualquier bondi que los deje en el lugar de comodidad en el que ya están, los deja bien.

Desde ese lugar se entiende que hayan ido a buscar a una jueza (es decir, por fuera de la política), en un intento por oponerle una candidatura a la de Agustín Rossi, que (dicen ellos) "divide al peronismo".

Sin venir del kirchnerismo ni identificarse abiertamente con los gobiernos de Néstor y Cristina, hay que reconocerle desde acá a Ricardo Olivera que asumió la responsabilidad de conducir el PJ en un momento difícil, cuando el partido ni siquiera podía pagar los sueldos de sus empleados -entre otras cosas- porque estos mismos senadores se negaban a aportar el 8 % de sus sueldos como manda la carta orgánica.

Y le puso empeño militante a la tarea, abriendo las puertas del partido con generosidad para todas las agrupaciones y sectores internos, sin sectarismos ni discriminaciones. Pero está claro que las dificultades eran mayores a su esfuerzo, porque el contexto político interno en el que tocó desempeñarse nunca se modificó; porque hay fuertes nucleos de intereses internos que operan para que así sea.

El PJ santafesino tiene por delante otra elección de pronóstico reservado, con tres listas compitiendo por adentro, al menos en los papeles: lo que harán sus votantes (y algunos dirigentes) en las generales según como les vaya en suerte en las PASO, es otra historia; y los antecedentes no son alentadores sobre la "unidad" posterior a la competencia.

Aunque parezca paradójico, coincidimos con los senadores en algo: el peronismo santafesino se divide, con un matiz: de un lado estamos los que queremos que vuelva a ser una alternativa válida y gane, y del otro están los que -como ellos- les da lo mismo.

NO HAY AJUSTE POSIBLE SIN DOLOR SOCIAL


En varias entradas anteriores del blog (por ejemplo ésta y ésta otra) hemos venido haciendo referencia al recorte del gasto público que ya viene haciendo el gobierno de Macri en especial en áreas sensibles del accionar del Estado; y en medio de la discusión sobre el “gradualismo” o “shock” en los tijeretazos, y el anuncio de la profundización del ajuste tras las elecciones de octubre.

En idéntico sentido esta nota de Tiempo Argentino del domingo a la cual corresponde la imagen de apertura y ésta otra de Claudio Scaletta en Cash del mismo día dan cuenta del fenómeno, alertando que la decisión de recortar (y de seguir haciéndolo en el futuro) recae primordialmente sobre aquéllas áreas del Estado que ejecutan políticas públicas tendientes a morigerar la desigualdad, o el impacto de las políticas macroeconómicas: educación, salud, desarrollo social y seguridad social.

Básicamente porque esas áreas (por la estructura de gastos del Estado nacional) concentran buena parte del gasto público, de modo que si se toma la decisión de recortar para reducir el déficit fiscal (como lo ha anunciado el gobierno), no hay más remedio que comenzar por allí. Los anuncios de cambios en la estructura política del gabinete (porque ahora “el mejor equipo de los últimos cincuenta años” descubrió que está sobredimensionando, y debe prescindir de algunos jugadores) no mueven el amperímetro en términos de reducción del gasto; pero cumplen la función de procurar consenso social para el ajuste profundo, que -se sabe- es impopular y generará reacciones; como pasó con  las pensiones para discapacitados.

En el cuadro de abajo pueden ver la estructura de los gastos por inciso (partida principal) del presupuesto durante el año 2015, el último del gobierno kirchnerista: 


Como ven, la parte del león se la lleva “Transferencias”, que a su vez contiene en sí rubros disímiles, que van desde las Prestaciones de la Seguridad Social (jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares), hasta los subsidios a las tarifas de los servicios públicos; pasando por las transferencias a las provincias por diferentes rubros (incluyendo las transferencias de capital, para que hagan obras financiadas por la nación), las partidas para las universidades nacionales o las transferencias al PAMI de sus recursos propios para funcionar; tomados de la parte que se deduce de los haberes de los propios jubilados del sistema de reparto y de los empleados públicos nacionales

Pero veamos como podemos descomponer ese rubro ya en tiempos macristas, con apoyo en las propias cifras oficiales de la ejecución presupuestaria al pasado 30 de abril, obtenidas del sitio oficial del ministerio de Dujovne:


Se puede ver allí que las "Prestaciones de la Seguridad Social" (jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluyendo la AUH) representaron en los primeros cuatro meses del año el 47,02 % del gasto primario (antes del pago de los intereses de la deuda), y un 42,72 % del gasto total (después de los intereses)

La atención de intereses de la deuda pública es justamente uno de los rubros que más crece en su participación en los gastos del Estado: era del 7,76 % en el último año del kirchnerismo, para trepar al 9,14 % al 30 de abril de éste año y al 12,40 % al 19 de junio (ver cuadro aparte más abajo): la velocidad del endeudamiento compromete las finanzas públicas no ya a futuro (como el insólito bono a 100 años que acaba de anunciar el gobierno), sino en lo inmediato; afectando los resultados fiscales aun haciendo un ajuste de otros gastos.

La tercera parte del aumento interanual del gasto en “Transferencias Corrientes” (13.776 millones de pesos sobre un total de 39.534 millones) en los primeros cuatro meses del año respecto al mismo período del 2016 corresponden al “Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”, es decir los subsidios del Tesoro a las petroleras para fomentar a fomentar la producción de gas y petróleo crudo, y la exportación de petróleo crudo excedente de tipo Escalante.

Por contraste, las transferencias al PAMI, los subsidios del transporte automotor de pasajeros (incluyendo los destinados a la venta de combustible a precio diferencial), el Fondo Nacional de Incentivo Docente y las compensaciones salariales producto de incrementos salariales acordados en acuerdos paritarios sumaron un incremento interanual de gastos por 8067 millones de pesos, hasta el 30 de abril (menos de las dos terceras partes del subsidio a las petroleras).

Solo si a esa cifra le sumamos las transferencias a las obras sociales para la cobertura de patologías de prestaciones de alto costo y baja incidencia, los aportes del Tesoro nacional a Provincias (ATN), la ayuda social a beneficiarios que participan de diversas iniciativas de empleo (incluyendo “Argentina Trabaja” y el seguro de desempleo) se logra superar el gasto incremental que representa el subsidio a las petroleras.

Por el contrario, la baja en los subsidios (que también se atienden con “Transferencias”) a las tarifas de los servicios públicos se tradujo en una merma de las transferencias destinadas a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A (CAMMESA) de 19.493 millones de pesos, y a la empresa Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) de 2.0680 millones. Y la cosa no cambia demasiado luego, como se puede ver en éste otro cuadro:


Casi a la mitad del ejercicio transcurrido, los sueldos de los empleados públicos del Estado nacional (incluyendo al propio presidente y sus funcionarios) habían descendido en su participación en el gasto al 9,52% (la fecha de corte es anterior al pago del primer medio aguinaldo) contra el 11,54 % del último año de Cristina; pero por contraste los pagos de deuda subieron como se dijo al 12,40 %; o sea: lo que presuntamente ahorraron despidiendo "la grasa militante" y cerrando paritarias a la baja con UPCN, lo más que compensaron con lo que gastan pagando las deudas que contraen con velocidad récord. De hecho, un gasto adicional (el de la deuda) sería el doble del "ahorro" en sueldos.

Y por otro lado el mismo cuadro muestra que las "Transferencias" (con los rubros desagregados explicados más arriba) representaron el  72,56 %, prácticamente lo mismo que en el último año de Cristina, cuando fueron el 73,56 %. Pero claro, con una composición diferente y parte del peso de los subsidios trasladado a las facturas de los usuarios de los servicios públicos, y las petroleras.

Con éstas cifras queda claro que si el gobierno (como dice) persigue el objetivo de reducir el gasto público a razón de un 1 % del PBI por año desde ahora y hasta el final del mandato de Macri, no tiene otra forma de conseguirlo que recortando salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, planes y programas sociales; y volviendo a aumentar brutalmente las tarifas de los servicios públicos, siempre que se traduzca a su vez en una merma real de los subsidios, y no suceda como en el caso de las petroleras.

Eso, o volver a reponer los impuestos y derechos que se les cobraban a los grupos más concentrados de la economía (como los agroexportadores y las mineras) y que el gobierno de Macri eliminó o disminuyó desde diciembre de 2015.

Claro que eso significaría cambiar drásticamente los ganadores y perdedores del modelo económico, político y social en curso; algo que solo parece posible mediante el voto, cambiando el gobierno.

martes, 20 de junio de 2017

REVALIDACIÓN DE UN LIDERAZGO


PERDIMOS POR GOLEADA


La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados en Argentina fue contundente en 2016. En base a los datos del Ministerio de Trabajo, surge que el 98% perdió poder adquisitivo por la inflación en el primer año de Macri. Y sólo el 2% de los trabajadores percibió ingresos iguales o superiores a los que obtuvo durante 2015.

En número absolutos, se constata la existencia de 6.359.486 trabajadores que han perdido poder adquisitivo durante 2016, es decir que sus ingresos crecieron por debajo de la inflación. Mientras que sólo 107.712 trabajadores registrados han percibido ingresos igual o superiores a los que tuvieron el año previo.

Esta disminución del poder adquisitivo puede observarse claramente en el Gráfico 1. Medidas de política económica tales como: la devaluación de diciembre de 2015, el tarifazo en los servicios públicos y las paritarias que cerraron muy por debajo de la inflación están entre los principales determinantes de este proceso.


En el promedio general de la economía, el deterioro del poder de compra de los salarios rondó el 6% durante 2016. Aquí, los trabajadores obtuvieron un incremento salarial promedio del 33%, por debajo de la inflación anual que recorrió el 41,5%.

A pesar de la distancia con la economía real, el Gobierno propuso un 17% de inflación anual y procuró ubicar la negociación salarial en este sentido (incluyendo las “cláusulas gatillo”). La pérdida de poder de compra durante 2016, nunca fue contemplada. La pretensión de la administración macrista radicó en que los nuevos convenios se discutan en base a la inflación futura en lugar de la pasada.A esto se le agregan las cláusulas por productividad (con la pretensión de reducir costos laborales, duplicar tareas, achicar pagos y beneficios extras, etc.)

Así, el salario real, aparece como variable de ajuste de un modelo económico que pretende ganar productividad sobre la base de salarios bajos. Obtener remuneraciones salariales por debajo de la inflación forma parte de los mecanismos de ese proceso. Pero hay un segundo elemento que coadyuva al salario como variable de ajuste: la generación (o no) de empleo genuino.

En síntesis, se identifican dos estrategias complementarias de cómo llevar a cabo el modelo económico: la caída en el masa salarial final; por un lado, a través de la caída del salario real y por el otro mediante una caída del empleo registrado.

Sacado de acá.

MAJUL PERDIÓ EL JUICIO


(*)

A Héctor Recalde el Presidente lo considera "el Zaffaroni de la justicia laboral". (Una pena que no lo haya dicho en público como lo de la mafia, Recalde lo consideraría un elogio) Pero no por su influencia ideológica, sino práctica: dice Macri que ya tiene probado que el diputado de Cristina Fernández (¿de su propiedad personal?) maneja los concursos para nombrar jueces en el fuero del trabajo. (Entonces Angelicci es una mezcla de Carminiani, Carrara, Soler y todos los penalistas juntos, porque mete jueces en todos los fueros)

Recalde integra el comité de selección de jueces como decano del Consejo de la Magistratura. (Ajá ¿y?) Los aspirantes, para acceder al cargo deben dar un examen de oposición. (Sí, lo dice la Constitución) Si lo aprueban, se les concede una entrevista con el Comité de selección de jueces. ¿Y adivinen quien maneja estas cruciales entrevistas? (A ver astro, illminános) Fuentes del Ministerio de Trabajo dicen que su nombre empieza con Héctor y termina con Recalde. (Fuentes que no mencionás, pero en todo caso importan un pomo: si no aprueban los exámenes, no llegan a la entrevista personal)

Hubo una aspirante a jueza que rindió bien dos exámenes pero fracasó en sendas entrevistas. (¿Alguna sugerencia de que hubo acoso sexual, Luis?) Una sucedió en 2009 y otra en 2016. Se trató de Analía Bigano, esposa del sindicalista del gremio judicial, Julio Piumato, (Ah, ésas eran las “fuentes”) un enemigo declarado de Recalde y de la ex presidenta Cristina Fernández. (Que en el 2009 era más kirchnerista que Kirchner, le mandaba cada tuit a CFK e iba a chuparle las medias a “678”, pero bueno, son detalles)

La red de poder que según fuentes oficiales (Que seguimos sin saber cuáles son, aunque son las que te mandaron a hacer ésta nota) maneja Recalde es enorme (¿Cómo el aparato de espionaje paralelo de Cristina que no sirve para nada, alvo para impedirle gobernar a Macri, o más, Luis?) y tiene ingresos multimillonarios. (Condición que ser cierta, compartirían con todo el gabinete del presidente) En el fuero laboral nacional hay 80 juzgados de primera instancia. Cuarenta y nueve están ocupados. Treinta y uno funcionan subrogados. Para que se entienda bien: entre los 49 jueces titulares se reparten 80 juzgados. (Sí, quedó claro, sabemos sumar y restar, seguí desarrollando la idea)

El Gobierno asegura que entre 15 y 20 jueces responderían a Recalde. (Ajá, “asegura” pero “responderían”. Es el famoso potencial asertivo. Igual, 15 o 20 de 49 que cubren 80 juzgados, viene floja la mafia) También dice (¿Quién Luis, el gobierno, Macri, el ministerio de Trabajo?) que en la Cámara de Apelaciones, la influencia de Recalde es mayor. En la Cámara hay diez salas de tres jueces cada una. Es decir, 30 jueces. (¿Lo repetís porque suponés que no sabemos matemáticas, o para estar seguro vos de que sacaste bien la cuenta?) Sin embargo, hoy funciona con solo 22 magistrados jueces. (Si son magistrados, son jueces, Luis) Las mismas fuentes (¿Cuáles, las que no identificaste nunca en la nota?) sostienen que de los 22 responderían (Potencial) a Recalde por lo menos 11. (Ah, o sea que no solo es en potencial, sino que no tenés un número exacto, bien, sigamos) Pero la influencia del ex abogado de la CGT (Durante todos los años que Piumatto, su enemigo declarado, estaba en el Consejo Directivo) no termina allí, sino donde se cocina el verdadero negocio: en la decisión de los peritos (Que no deciden) y los estudios de abogados. (Ah, o sea que al final lo de los jueces era puro chamuyo: la cosa estaba afuera de tribunales) Los peritos son quienes dictaminan en los juicios por accidente de trabajo. (Los peritos laborales. Porque peritos hay en todas las causas, y si no pregúntale a Arroyo Salgado) La palabra de estos peritos sería (A la enésima potencial) considerada santa por los jueces que responden a Recalde. (O sea una fe religiosa, pero en potencial) En el caso de los magistrados que no forman parte del sistema, (¿De cuál sistema, Luis?) suelen estar tan tapados de trabajo que no tienen tiempo de chequear si el perito está mintiendo o diciendo la verdad. (Claro, porque en las audiencias no hay peritos de parte de los empresarios para impugnar las pericias si les parecen un bolazo, ay Majul)

Un lunes de este año se presentaron diez personas de una misma empresa ante la justicia laboral. Todos tenían la misma lesión. (Se les pudo haber caída encima una máquina ponéle) Todos fueron al mismo médico. Todos consiguieron un mismo certificado. Y todos acudieron al mismo abogado para iniciar un juicio laboral. (Ajá ¿Y? Esto sería el Cacho Bochas de los juicios laborales, totalmente incomprobable) Hay muchos casos parecidos. (Y sí, diez dijiste) Y siempre el mismo final. Porque sea en la primera o en la segunda instancia, todos los juicios pasan sí o si, por un juez cercano a Recalde. (Claro, porque las causas no se sortean y los jueces los elige él, ay Majul, dejáte de joder) Y en la abrumadora mayoría de los casos, las empresas pierden el litigio. (Cosa que puede pasar perfectamente -entre otros motivos- porque los empresarios y las ART se cagan en las medidas de seguridad y prevención para evitar accidentes o enfermedades. Igual, un porcentaje o datito así como al pasar no vendría mal te cuento)

El siguiente es un ejemplo de cómo funciona el negocio. A un trabajador que hoy cobra $ 10.000 (Lo están cagando mal, o le pagan en negro) y acumula una antigüedad de diez años le correspondería una indemnización de $ 110.000. Un sueldo por año más otro salario completo. (Como estamos hoy con las comprobaciones matemáticas de la obviedad) Pero cuando toma el caso uno de los estudios bajo la influencia de Recalde (Ah, cierto, además de los jueces y los fiscales están los estudios. Entre ellos el del kirchnerista Rizzo, aliado del ultra k Angelicci) presentan una demanda por $ 400.000 o 500.000. Y si tienen la suerte de contar con un juez o camarista del mismo palo, (¿Cómo Luis, ahora es cuestión de suerte? Si en el párrafo anterior pusiste que “sí o sí” las causas pasaban por un juez que maneja Recalde) se les reconoce, completo, el millonario reclamo. Por ley, el abogado se queda con el 20% de la sentencia. (Por ley la chota Majul, los honorarios tienen escalas reguladas con el mínimo y luego los fija el juez al dictar sentencia) Pero los abogados que responden a Recalde cobrarían, (Argentina potencial) además, la llamada cuota litis, que es otro 20% más del monto de la sentencia. (Puede ser menos o más, y lo cobran todos los abogados Luis, pregúntale al que te llevó la causa contra el Estado para que dieran pauta) Por su parte, el perito no cobra una suma fija, sino entre el 5 y el 8% de la sentencia. (También es falso, igual que los abogados tienen escalas y el juez fija sus honorarios en la sentencia) También es de uso y costumbre que el estudio de abogados acompañe al trabajador a cobrar el cheque con la indemnización al banco. Allí algunos ‘caranchos’ le pueden sacar otro 5 o 10%. (Y bueno, no todos son transparentes como Macri pagando la deuda del Correo todo cash y sin chistar) Para ser directos: al trabajador que pasa por lo que el presidente llama la mafia de los abogados de Recalde (Y los jueces, y los peritos, no te olvidés Luis) le quedaría entre el 40 y el 50% de la sentencia. (Basado en datos de consultora “Margen del mundo: 24 millones de pauta”)

Entre el inicio del juicio y el final de la sentencia (Será final “con” la sentencia, Majul) pueden pasar entre cuatro y cinco años. (Ah, osea que Recalde controla todo, pero no logra que los juicios salgan rápido) Entre 2010 y 2016 los juicios resueltos implicaron un pago de sentencias por u$s 3.500 millones. (Uh, tremendo, 500 millones de dólares al año, con 11 o 12 millones de trabajadores) Los honorarios de abogados y peritos pagados efectivamente en estos juicios ascendieron a u$s 700 millones. (O sea un 20 %, no el 40 o 50 % que pusiste más arriba. Igual, la fuente de los datos te la debo, diría Maur) Solo en 2016, se pagaron u$s 126 millones en concepto de honorarios. (¿Sobre que monto de condenas, Luis? Para contextualizar un poco el vacío de datos, viste)

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cree que los abogados presionan para que los trabajadores vayan a juicio y engordar su negocio. (Pero si los empresarios cumplieran las leyes -cosa que es responsabilidad de Triaca controlar, y no lo hace- no tendrían motivos, a menos que creas en la teoría de Fantino de los tipos que se cortan los dedos a propósito) Al mismo tiempo, considera que Recalde garantiza la continuidad y mejora del negocio con el impulso de leyes laborales que son presentadas como una mejora para los trabajadores (Ah, o sea que para “terminar con la industria del juicio” había que derogar las leyes laborales, y volver a la encomienda, la mita y el yanaconazgo. Igual, las dos últimas reformas a la ley de las ART -incluyendo una impulsada por Cristina- "para terminar con la industria del juicio" Recalde las votó en contra, y los juicios aumentaron en lugar de bajar),·pero cuyas consecuencias terminan produciendo desempleo y más trabajo informal. (Mirá vos, hubiéramos pensado que el desempleo era originado por la recesión, los tarifazos y la apertura de las importaciones. Todos los días se aprende algo) Desde el ministerio afirman que es un secreto a voces que la ex esposa de Recalde maneja la Asociación de Abogados Laboralistas. (Terrible, donde iremos a parar ¿Están enterados Recondo y Angelicci de ésto?) También sostienen que miles de Pymes cerraron porque no pudieron soportar el costo de las demandas laborales. (Impactantes los datos. Sobre todo por la ausencia de datos. Igual, capaz que en el cierre de las Pymes algo tenga que ver la política económica, eh, manejálo)

No se trata aquí de defender a las empresas de manera generalizada. (Lo disimulaste bastante bien, porque hasta acá es exactamente eso lo que venís haciendo) Tampoco de justificar a los empresarios que no pagan cargas sociales o justifican el trabajo en negro. (Como los que tienen productoras periodísticas, ponéle) Pero la industria del juicio laboral no genera más ocupación si termina beneficiando a los trabajadores. (La última vez que preguntamos, nunca estuvo entre los fines de un juicio laboral generar más empleo, es para que los empresarios cumplan las leyes en relación a los empleos que ya están) Tan solo sirve para hacer multimillonarios a un grupo de abogados inescrupulosos. (¿Esto lo dice el gobierno o lo decís vos y en tal caso en base a qué datos o fuentes?, porque no tiraste ni uno solo en toda la nota)

Las negritas son nuestras, el original acá.

lunes, 19 de junio de 2017

EL SOCIALISMO Y EL SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD


Todo el país sacudido porque el gobierno de Macri dio de baja 83.000 pensiones para personas discapacitadas, con el argumento de que estaban mal otorgadas, o sus beneficiarios no las necesitaban para vivir, porque tienen otro ingresos.

Todo para ahorrarse unos rasposos 400 millones de pesos, cuando la regalaron al campo 48.000 millones en retenciones que dejaron de pagar. 

Y vos te prendés al coro "que barbaridad, como puede ser, es increíble que sean tan insensibles, estoy azorado" y coso.

Pero resulta que el año pasado dejaste sin gastar guita que proviene del canon que pagan los que explotan los casinos en Santa Fe, destinadas (entre otros fines) a brindar ayuda social...a personas discapacitadas.

Y tardaste casi medio año en transferir esos fondos a éste ejercicio, para poder destinarlos a...las personas discapacitadas.

Fijáte, podés estar quedando como un pelotudo.  

LA INTERNA MÁS PICANTE


La devaluación del peso que resultó consecuencia directa del levantamiento del “cepo” cambiario en diciembre de 2015 fue una consecuencia deseada por el gobierno de Macri, con el objeto (decía) de fomentar las exportaciones y que la economía “recuperara competitividad”, pero sin descartar esos fines, la apuesta central era otra: bajar los costos salariales de las empresas medidos en dólares, porque eran “los más caros de la región”.

Se pueden rastrear en los medios de los meses previos a la devaluación los reclamos en esa dirección de los principales popes empresarios del país, como por ejemplo Paolo Rocca, el CEO del Grupo Techint.

“Mayor competitividad” es un eufemismo frecuente para no hablar directamente de una mayor tasa de ganancia del capital, conseguida a costa de una mayor explotación de la mano de obra, y pérdida del poder adquisitivo del salario; medida tanto en moneda dura como en su poder adquisitivo interno.

En ese sentido las políticas del gobierno de Macri conjugaron la tormenta perfecta para el bolsillo de los trabajadores porque con la devaluación los “bienes salario” (productos básicos de consumo que el país además exporta) subieron de precio (pese a que Prat Gay sostenía en campaña que estaban alineados desde 2015 con un dólar en torno a los 16 pesos), proceso empujado aun más por la eliminación de las retenciones a las exportaciones de carne, el trigo, la leche y sus derivados.

El proceso inflacionario abierto con esas medidas iniciales fue alimentado luego por los tarifazos, mientras el retorno del país a los mercados de capitales tras el acuerdo con los fondos buitres provocaba una afluencia de dólares financieros y de deuda, que contribuyeron a morigerar el impacto inicial de la devaluación y mantener apreciado el peso, medido el tipo de cambio contra la inflación.

Lo que hizo que el mismo gobierno que alimentaba por un lado la inflación (con los aumentos de tarifas y la devaluación inicial, sin retenciones), por el otro comenzara a utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria, junto con la depresión de los salarios reales que derrumbó el consumo interno.

Entró así en una especie de “síndrome de la frazada corta”: con la eliminación de toda forma de control de capitales y el abundante endeudamiento externo, entran dólares financieros para la bicicleta y la fuga de capitales, pero mientras tanto mantienen apreciado el peso, y no hay tipo de cambio “competitivo”; sumado a que se abaratan las importaciones (más aun si se relajan los controles al respecto, como sucedió y sucede), y hay incentivos desde el propio gobierno para que las provincias, las municipalidades y las empresas se endeuden en dólares, aumentando la oferta de divisas por esa vía.

Y acá estamos entonces, con una sorda (por ahora) interna hacia el interior del bloque dominante por el sendero a futuro del tipo de cambio: con los bancos interesados en sostener un dólar planchado para seguir bicicleteando con las Lebac’s (otra trampa mortal, de la que ahora quieren salir con un bono del Tesoro), y para seguir ofreciendo colocar deuda, a cambio de jugosas comisiones.

Y del otro lado, la industria (sobre todo la que tiene mercado y escala para exportar) presionando por una nueva devaluación para “recuperar competitividad” (otra vez: bajar los costos salariales, medidos en dólares) y el “campo”, que por ahora no dice nada porque es uno de los principales sostenes políticos y económicos del gobierno, pero no permanecerá callado por mucho tiempo; aunque hasta ahora ha preferido descargar en los grupos industriales exportadores el trabajo de pedir otra devaluación, mientras la intenta forzar encanutando la cosecha.

Devaluación que por supuesto y como es sabido empujaría la inflación de regreso al sendero creciente, deteriorando aun más los salarios, pulverizando toda posibilidad inmediata de recuperación de la economía (porque se deprimiría aun más el consumo que ya viene ne caída), y aumentando la conflictividad social: consecuencias todas que cualquier gobierno quiere evitar mientras pueda (recalquemos: mientras pueda) en los últimos meses previos a una elección crucial.

Porque además otra devaluación encarecería los costos del endeudamiento (que en la medida que no se detenga en su velocidad ya empezarán a crecer, por el lado de las tasas de interés que se paguen), por el peso creciente de los servicios en las cuentas públicas: con un dólar más caro, hacen falta más pesos para comprar los billetes verdes que hagan falta para pagar los vencimientos de deuda.

Y para colmo otra devaluación no mejoría los ingresos del fisco (contribuyendo a los objetivos del ajuste fiscal) porque el gobierno ha eliminado y reducido retenciones a los mismos sectores que, además de ser los principales soportes del bloque que gobierna, son justamente los que empiezan a reclamar devaluar “para recuperar competitividad”.

En el tramo final del cierre de listas y armados de las PASO, ésta es una interna a la que habrá que empezar a prestarle más atención, porque sus consecuencias potenciales para todos son infinitamente peores y devastadoras para todas que las roscas del PJ bonaerense, o cualquier otro entuerto partidario.

domingo, 18 de junio de 2017

FALTARÍA QUE DEN NOMBRES Y APELLIDOS, Y ESTARÍAMOS


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ENDEUDARSE PARA PAGAR OBRAS ANTES DE QUE SE HAGAN


El gobierno de la provincia fue uno de los primeros que se anotaron en el festival de endeudamiento externo abierto luego del arreglo con los fondos buitres, y fue justamente por esa razón que los diputados del socialismo acompañaron el acuerdo en el Congreso: para poder salir a los mercados de capitales a endeudarse, con el presunto fin de hacer obras de infraestructura.

Lifschitz logró que la Legislatura le votara un endeudamiento de 500 millones de dólares, con prórroga de la jurisdicción y ley de los tribunales de Nueva York, como es de estilo en estos tiempos, y anexo a la ley respectiva fue un listado de obras que se financiaría con las mismas.

Al mismo tiempo decretaba y luego prorrogaba la "emergencia vial" (ver al respecto acá) para poder contratar obras de reparación y mantenimiento en las rutas provinciales sin tener que hacer licitación pública.

Pero eso no fue todo: como lo muestra la imagen de apertura del post, acaba de decretar hace un mes destinar más de 34 millones de pesos de los fondos provenientes del endeudamiento (porque la deuda se contrae y paga en dólares, pero las obras se pagan en pesos, como es natural) para pagarles anticipos financieros a las empresas contratistas seleccionadas.

Para que se entienda: el Estado provincial se endeuda en moneda dura en la que tiene que pagar los servicios de esa deuda, para convertir esos dólares en pesos y dárselos (en parte) a empresas contratistas de obra pública elegidas a dedo (sin licitación pública, amparándose en la "emergencia"), por obras que todavía no comenzaron.

Lo que supone que si se revisaran los números de la ejecución del presupuesto de obra (como le gusta hacer al ministro Saglione) figuraría una inversión de más de 34 millones de pesos con fondos del endeudamiento, que no se corresponderá por un tiempo con obra efectivamente ejecutada.

DISCUTAMOS POLÍTICA


Es necesario declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil. No debe votarse ningún intento de flexibilización laboral y/o de violación de los convenios colectivos de trabajo, reafirmando el derecho a paritarias libres. El efecto inmediato del mejoramiento de los salarios es el fortalecimiento de la demanda y el mercado interno, la reactivación de la economía y la mejora en las cuentas públicas.

Es necesario declarar la emergencia alimentaria y farmacológica. Volver a aplicar seriamente programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y profundizar la intervención del Estado a través de acciones y legislación que regulen la formación de precios en las cadenas de valor, en particular para bienes esenciales, insumos básicos y medicamentos. No puede permitirse que los precios sean altos para el consumidor y las retribuciones ínfimas para los pequeños productores. Ante la inacción del Gobierno de Cambiemos deben crearse órganos específicos en la órbita del Poder Legislativo.

Es necesario que el estímulo de la demanda se dirija a la producción local, a través de legislación para una administración efectiva del comercio exterior. Se debe impulsar la creación de nuevos instrumentos de crédito para el capital de trabajo del sector productivo y comercial. Además, una nueva ley de compre nacional que conceda, en la práctica, preferencias a nuestra industria para asegurar que la demanda del Estado sea palanca del desarrollo económico.

Se impulsará una ley de declaración de emergencia y revisión tarifaria nacional de servicios públicos, fijando valores razonables, equitativos y justos para las tarifas, que se ajustarán con un techo dado por la variación de los salarios. Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán rendir cuenta de sus programas de inversión y producción ante el Congreso Nacional. El objetivo de los servicios públicos debe trascender la mera rentabilidad de corto plazo y contribuir al crecimiento, la inclusión social, el autoabastecimiento y la conectividad.”

Es necesario declarar la emergencia previsional con aumentos en la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, y recuperar programas de inclusión social como el Plan Progresar. Las sentencias previsionales deben volver a pagarse sin descuento y se tiene que restablecer la intangibilidad de los activos del FGS. Una nueva legislación sobre PAMI que garantice la cobertura de medicamentos y tratamientos a los jubilados y pensionados, es impostergable para llevar tranquilidad a los hogares argentinos.

“El Congreso debe sancionar normas regulatorias que impidan que la Argentina se convierta en el país donde se realiza la mayor actividad de “carry trade” (bicicleta financiera) a nivel global, y que permitan retomar políticas monetarias que alienten la inversión productiva. Asimismo el Congreso de la Nación, en ejercicio de facultades constitucionales propias deberá revisar la deuda contraída por el Gobierno, con el objetivo de verificar si el endeudamiento fue utilizado para sostener operaciones especulativas y de fuga de capitales. El Congreso debe evitar todo intento de ingresar al programa del FMI.

Es necesario aplicar un subsidio de emergencia dirigido directamente a los pequeños y medianos productores agropecuarios, para evitar intermediarios y asegurar el arraigo rural. Debe facilitarse el acceso al crédito en condiciones ventajosas para los pequeños y medianos productores de las economías regionales. Es fundamental sancionar marcos regulatorios que permitan la intervención inteligente del Estado e implementar las leyes existentes para la agricultura familiar y solidaria, que aseguren el acceso al uso de las tierras suburbanas.
A su vez es necesaria legislación sobre consumo próximo, no sólo para que actúe como incentivo a las economías regionales que no encuentran mercados en el exterior debido a la crisis internacional, sino que además contribuya a un aprovechamiento racional de nuestros alimentos, mejorando calidad y precio.”
Argentina necesita un nuevo acuerdo federal para distribuir recursos. Deben restituirse los recursos sustraídos a las provincias y someter a la decisión del Congreso Nacional la distribución territorial de los programas nacionales en todas las áreas. Resulta indispensable una ley-convenio de orden público entre Nación y Provincias en materia de preservación del patrimonio de recursos naturales.

Es necesaria una ley de incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, así como también otra que prohíba ejercer la función pública a todos aquellos que tengan cuentas o empresas en guaridas fiscales. Debe incluirse, la creación de una Comisión Bicameral que tenga el contralor de las incompatibilidades de todos los funcionarios. Se revisará el origen de los fondos del blanqueo que no hayan sido repatriados, como así también la inclusión por afuera de la ley de parientes, familiares y amigos.

“Resulta imprescindible no solo creación de organismos públicos no gubernamentales sino también legislación urgente en materia de violencia simbólica y verbal sobre la mujer, que sea complementaria a la Ley de Protección Integral de las Mujeres sancionada en el año 2009. Creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y adecuación del sistema judicial y de seguridad argentino que hagan institucionalmente efectivas las políticas de igualdad de género, incorporando las estadísticas como elemento de diagnostico y eficacia.

“La liberación de Milagro Sala, sus compañeras y compañeros, significa restaurar en la Argentina la vigencia irrestricta de las garantías constitucionales y los tratados en materia de Derechos Humanos incorporados en 1994 a nuestra Carta Magna. Se deben sancionar herramientas legislativas que tomen como punto de partida las acciones, resoluciones e iniciativas adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas en sus visitas al país, con motivo de la privación ilegal de la libertad de la dirigente social jujeña, sus compañeras y compañeros.

Es necesario crear por ley una comisión bicameral de seguimiento de los juicios de lesa humanidad, con el objetivo de no retroceder en el juzgamiento y cumplimiento de las condenas en causas por dichos crímenes y avanzar en todas aquellas que aún están en proceso. A su vez, debe sancionarse el digesto único en materia de Derechos Humanos para dar coherencia y consolidar la legislación en la materia.

La elaboración de una nueva “Ley Orgánica de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional”, resulta imprescindible para actualizar el marco normativo del Sistema de Seguridad Pública. Además, se deberá elaborar una ley-convenio de coordinación de las Fuerzas de Seguridad Federales con las Provinciales, articulación imprescindible e impostergable para un efectivo combate contra el delito. La sanción de una Ley de seguridad democrática, como complementaria o modificatoria de la ley de Seguridad Interior (24.059), se hace necesaria para profundizar y ampliar las disposiciones legales sobre seguridad pública y democracia de nuestro sistema normativo, garantizando la gobernabilidad política de la seguridad y su fortalecimiento institucional.”

“Se necesita es tener un Estado inteligente y presente con instrumentos normativos que garanticen a la sociedad el acceso a derechos humanos, tales como la educación, la cultura, la salud y la ciencia. Para ello es necesario retomar una política de mejoras salariales paulatinas y de mejora presupuestaria en salud y educación pública, resguardando los intereses de los más necesitados.

En materia de ciencia y tecnología, más allá de retomar el sendero de mejora en la participación de las actividades científicas, tecnológicas y de educación superior en el presupuesto nacional, el Estado debe necesariamente cumplir un rol indelegable como promotor de grandes proyectos de desarrollo tecnológico a partir de sus definiciones estratégicas y su poder de compra, tales como el desarrollo satelital, la radarización, el desarrollo de la energía nuclear, la exploración y explotación de combustibles fósiles y la mejora de los servicios públicos en general y de los transportes en particular (transporte aéreo, ferrocarriles).

El Mercosur debe generar un amplio consenso a favor de un modelo productivo basado en la industrialización y la mejora de los salarios en todos los países de la región. Para ello, se debe dejar de lado el “regionalismo abierto” y transformar al Mercosur en un único mercado con comercio administrado que asegure el mercado interno ampliado a los productores locales, para avanzar en la industrialización, la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos. El fortalecimiento de la región es, además, presupuesto básico en la defensa de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.

Completo, acá.

sábado, 17 de junio de 2017

ES VERDAD, INCLUSO ALGUNOS HASTA LLEGAN A SER PRESIDENTES

ADIVINANZA


1º Acto: en el gobierno de Cristina la oposición reclama “gravar la renta financiera en lugar de cobrarles Ganancias a los trabajadores”, y “hacer una reforma tributaria para que los que más tienen, más paguen”.

2º Acto: El gobierno de Cristina propone una reforma para que las empresas paguen Ganancias por la distribución de dividendos en su balances, para financiar una baja en la carga tributaria sobre los salarios; y la oposición (el PRO, los radicales, La Coalición Cívica, el socialismo, las Liebres del Sur, Stolbizer) vota en contra.

3º Acto: Macri gana las elecciones prometiendo que los trabajadores no pagarán Ganancias, y el 82 % móvil a los jubilados.

4º Acto: una vez en el gobierno, más trabajadores pasan a pagar Ganancias, pero el gobierno anuncia una “Reparación Histórica” para los jubilados.

5º Acto: Dentro de la ley de “reparación histórica” van el blanqueo de capitales, la autorización para vender acciones del fondo de garantía de la ANSES y la derogación del impuesto a las Ganancias para la distribución de los dividendos empresariales que había puesto Cristina; los que eran opositores a su gobierno (como Massa, el socialismo y Stolbizer) y algunos que eran kirchneristas cuando lo pusieron (como “Sanguchito” Bossio o Pichetto) votan a favor.

6º Acto: Aprovechando la nueva ley, las empresas que cotizan en bolsa pagan dividendos a sus acciones, y no le pagan Ganancias a la AFIP por esos dividendos.

7º Acto: La mayoría de esas empresas vieron incrementadas sus ganancias el año pasado (y por ende los dividendos a distribuir, y es más lo que dejan de pagarle Ganancias al Estado) por las decisiones de política económica del gobierno.

8º Acto: Entre esas empresas se encuentran Grupo Clarín, Cablevisión (del mismo grupo), Caputo S.A., Mirgor (las dos de “Nicky” Caputo, el “hermano de la vida” de Macri), Siderar, Tenaris (ambas del Grupo Techint de Paolo Rocca), Banco Galicia (ex empleador del ministro Dujovne), Autopistas del Sol (propiedad en parte del Grupo Macri en el momento en el que se generaron los dividendos) y La Anónima (de la familia Braun Menéndez, del Secretario de Comercio Miguel Braun, el Jefe de Gabinete Marco Peña y otros 16 funcionarios del gobierno de Macri).

9º Acto: Como consecuencia de la eliminación del impuesto a las Ganancias a los dividendos (con una alícuota del 10 %), la AFIP deja de percibir 1265 millones de pesos de un grupo de 14 empresas (entre ellas, las nombradas) que distribuyeron dividendos por sus resultados empresariales del año pasado por 12.652 millones de pesos.

10º Acto: La cifra que el estado dejó de recaudar equivale al triple de lo que pensaba ahorrar dando de baja 83.000 pensiones por invalidez.

¿Cómo se llama la obra?: "Te toman por boludo".

Más información, acá.