LA FRASE

"ME ENTERÉ POR LA PRENSA QUE CONTRATARON A LAS EMPRESAS DE MIS HERMANOS PARA LA MISA DEL PAPA, YO ME DEDICO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS QUE TIENEN TIEMPO Y VOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRIVADA SON ELLOS." (MARTÍN MENEM)
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viernes, 18 de agosto de 2017

FUERTE AUTOCRÍTICA DEL SOCIALISMO TRAS LA DERROTA: SE QUIEREN REMONTAR AL 2009


Sobre el proyecto de modificación de la ley de partidos políticos que rigen en Santa Fe que enviaría el gobierno a la Legislatura, leemos al ministro de Gobierno Pablo Farías en Edición Límite: "Adelantó que se moverán en esa dirección una vez pasadas las elecciones generales del 22 de octubre. “creemos que hay que reformar la legislación actual en torno a la conformación y sostenimiento de los partidos políticos en la provincia”.En esa línea, consideró que “hay muchos partidos que son un libro de actas y nada más” y, en buena parte, se debe por la permisividad de la legislación actual en La Bota. “La ley tiene un bajo nivel de exigencia en cuanto a actividades reales que deben las agrupaciones políticas como así también son muy pocas las causales de caducidad de los partidos”, indicó el funcionario.

En tanto, comentó que en la boleta única utilizada en las PASO de este domingo había “muchísimas listas de las que se desconoce si tienen vida más allá de presentar candidatos“. En ese sentido, agregó que pasados los comicios se evidenció dichas fuerzas, en los resultados, “tuvieron apoyos ínfimos”. El ministro señaló que a pesar de eso estos grupos reciben fondos del Estado y le quitan espacios a otros que “están activos, cuentan con candidatos y realizan actividades partidarias“."

Podría decirse que en términos generales estamos de acuerdo con el ministro: cualquiera que vote en Santa Fe sabe que, elección tras elección, proliferan los sellos de goma que no representan a nadie, obtienen una cantidad insignificante de votos elección tras elección y se mantienen al solo efecto de morderle el monedero al Estado con los aportes de campaña.

Lo curioso es que con la misma lógica de mezclar todo con la que hoy el gobierno de Macri aprovecha el bochorno del escrutinio provisorio para propagandizar el voto electrónico, allá por el 2011 el socialismo vendió la boleta única diciendo que iba a terminar con la dispersión de la oferta electoral que generaba la ley de lemas; derogada siete años en el 2004 por Obeid en su gobierno. Evidentemente la boleta única podrá servir para otras cosas (que aun están por verse), pero no para evitar la fragmentación política, porque muy por el contrario la favorece.

Pero volvamos al anuncio de Farías: al parecer el oficialismo provincial ha decidido salir del laberinto en el que lo dejó su desastrosa perfomance electoral del domingo pasado en las PASO reformando la ley de partidos políticos de la provincia, para hacer más exigentes las condiciones para crear un partido político, otorgarle la personería y que ésta subsista; cosa con la que no podemos más que estar de acuerdo.

La Ley 6808 (que data de 1972, aunque tuvo modificaciones menores) en efecto, no contiene demasiadas disposiciones para decretar la caducidad de un partido político, pero sin embargo hay una que sí establece en su artículo 44 inciso c) como una de ellas, no alcanzar como mínimo votos equivalentes al 3 % del padrón electoral, durante dos elecciones consecutivas. Claro que esa condición -como otras que dispone la norma, como realizar elecciones internas- las debe verificar al Tribunal Electoral de la provincia, que nada hace al respecto.

Pero lo más curioso es que cuando en el año 2009 se discutió exactamente la misma cuestión en la nación, el socialismo y sus socios en el Frente Progresista Cívico y Social votaron en contra, como se puede comprobar en las imágenes de las actas de la sesión de la Cámara de Diputados donde se trató la cuestión:


En efecto, por entonces Cristina había remitido al Congreso un proyecto de reforma política que luego terminaría siendo la Ley 26.571, que estableció la obligatoriedad de las PASO, la publicidad de campaña gratuita en los medios audiovisuales y también reformas a la Ley 23.298 que regula a las partidos políticos.

En éste último caso introdujo el artículo 7 Bis, que regula los requisitos para que un partido obtenga la personería jurídico política; entre ellos acreditar un número de afiliados no inferior al cuatro por mil del padrón de electores del distrito; número que deben mantener como mínimo para conservar la personería (artículo 7 Ter).

La misma ley estableció al modificar el artículo 50 de la ley de partidos políticos que son causales de caducidad de la personería de los partidos -entre otros- no mantener esa afiliación mínima, o no alcanzar en dos elecciones consecutivas el dos por ciento (2 %) del padrón electoral del distrito por el cual compiten. A su vez como en el caso de los partidos nacionales se exige tener personería en cinco de ellos al menos para tenerla con alcance nacional, si la van perdiendo en los distritos por cualquier Causal, puede acarrearle la caducidad de la personería nacional.

Como se puede ver en el acta, la reforma fue rechazada por los diputados del socialismo santafesino y de sus socios en diferentes Pymes electorales nucleadas en el Frente Progresista (también por la UCR, socia hasta hace poco del socialismo), con el argumento de que “era proscriptiva”.

Un argumento que ahora parecen haber desechado en la provincia, por una razón muy sencilla: en el orden nacional son expresiones minoritarias e irrelevantes, que corren riesgo de desaparecer si se sube la vara de las exigencias para sostener un partido político; y en el orden provincial gobiernan desde el 2007, y suponen que los votos (muchos) que fueron perdiendo desde entonces, fueron a parar a esos emprendimientos políticos, en muchos casos unipersonales.

Y de paso crean una cortina de humo (como fue en su momento el ensayo de reforma constitucional, ahora archivado por el urnazo en contra) para tenerlos a todos discutiendo en torno a eso, y no hablar de las verdades razones de su progresiva –pero indetenible debacle electoral, aun en su tradicional reducto municipal rosarino; que son otras que las desastrosas gestiones de gobierno que vienen protagonizando, sin solución de continuidad, y su insoportable levedad e hibridez política al pretender mantener siempre al margen de los grandes debates y dilemas políticos que se plantean en el país; acelerados a partir del experimento neoliberal que se despliega con toda su fuerza desde diciembre del 2015.

jueves, 23 de junio de 2016

OPORTUNIDAD SUGESTIVAMENTE PERDIDA


Minutos antes de entrar al quirófano para que lo operen de la rodilla, Macri anunció hoy el envío de la "reforma política" al Congreso: boleta única electrónica, obligatoriedad de los debates televisivos de los candidatos, regulación de la transición entre un gobierno y otro (?), en fin: el non plus ultra del oenegísmo.

Lo curioso es que -a juzgar por los anuncios- la espinosa cuestión del financiamiento de la política en general, y de las costosas campañas electorales en particular, apenas sobrevuela el proyecto; y eso que fue lanzado con el telón de fondo del caso López, y con la referencia del propio Macri al fallo del juez Lijo en contra del responsable financiero de la campaña de CFK en 2007, y empresarios aportantes.

Hasta donde se puede saber, la reforma no avanza sobre las disposiciones de la Ley 26.215 que regulan el financiamiento privado de los partidos políticos (además del financiamiento público que aporta el Estado), con las prohibiciones de su artículo 15: "Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente: a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante; b) contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires; c) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires; d) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar; e) contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades públicas extranjeras; f) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país; g) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores; h) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales. Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.".

El sistema vigente -salvadas esas prohibiciones- permite los aportes privados a los partidos políticos, sus campañas y sus actividades; y las donaciones son deducibles de Ganancias, hasta un 5 % de la ganancia neta del ejercicio (artículo 17 de la ley). Por supuesto que nadie que pone plata en una campaña limita sus expectativas futuras a ese beneficio impositivo: se trata en muchos casos de una inversión, de la que se esperan réditos.

Claro que si los mecanismos de control (para verificar por ejemplo que no se violen las prohibiciones del artículo 15, o los topes del artículo 16 de montos máximos que puede aportar cada donante) que dependen de la justicia son tan ineficaces que recién ahora se están objetando aportes a la campaña del 2007 (lo mismo le pasa al impoluto Partido Socialista, de acuerdo a lo que veíamos acá), quizás lo más razonable sería impulsar una reforma de la ley, de modo de lisa y llanamente prohibir los aportes privados, sean de personas o de empresas; y que el 100 % del financiamiento de los partidos provenga del Estado.

Eso siempre y cuando hablemos del financiamiento "por derecha", aquél que se puede explicar y del cual se puede rendir cuentas: al nivel de gastos que representa hoy por hoy una campaña presidencial (Hugo Alconada Mon hablaba esta semana en La Nación de 1000 millones de pesos para cualquiera de los tres principales candidatos en las presidenciales del año pasado), seguramente la menor porción.

Más allá de que Macri habló en la presentación de "controlar en tiempo real" los gastos de las campañas (algo que es competencia de la justicia, no del Ejecutivo) el proyecto no avanza sobre esta cuestión, que es mucho más trascendente que cualquiera de las que encara, para transparentar la política.

Una sugestiva omisión justo cuando se conoció ayer que buena parte del plan de obras públicas interanual aprobado por DNU (unos 45.000 millones de pesos, para ser más precisos) se lo lleva la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento; encomendada a una UTE que integran entre otros IECSA, la empresa ¿de su primo Calcaterra?

jueves, 27 de junio de 2013

LA CHEQUERA DE GALASSI NO SE TOCA


Leemos en el diario del Loco Lindo: "El gobernador Antonio Bonfatti confirmó hoy a El Litoral que no habrá espacios gratuitos de publicidad para los diferentes partidos políticos durante la próxima campaña electoral, de cara a los comicios locales en los que se renovarán bancas de concejales y jefaturas comunales. Al cierre de la presente edición, la decisión era comunicada a diputados provinciales básicamente del justicialismo, que fueron citados por el ministro de Gobierno, Rubén Galassi. Concurrieron el presidente del cuerpo, Luis Rubeo, y sus pares, Mario Lacava y Darío Mascioli, entre otros.

Se trata de la aplicabilidad de la Ley Provincial Nº 13.235 -conocida como “Ley Rubeo”-, sancionada en noviembre del año pasado y promulgada a través de un decreto que lleva las firmas de Bonfatti y Galassi. Dicha norma es una suerte de réplica de la que rige a nivel nacional, y regula la distribución de espacios publicitarios de manera gratuita en radio y televisión para los candidatos, durante la campaña proselitista. Ante la ambigüedad y confusión que generó el tema, la provincia resolvió consultar a la autoridad nacional electoral, y sobre la base de esa respuesta, es que Bonfatti adelantó la decisión a tomar.

Entre los argumentos que de manera informal y extraoficial se hicieron circular para fundamentar la inaplicabilidad de la norma en esta instancia, se mencionaba “el vacío legal” existente, puesto que no contempla la particularidad de una elección local en simultaneidad con la nacional. También, que el gobierno provincial “no es propietario” de las frecuencias, razón por la cual no podría obligar a los medios a ceder sus espacios gratuitamente. Y, por otra parte, una cuestión “de orden material”, vinculada con el alcance de los medios que operaría como una limitante para poder difundir la numerosa cantidad de listas, en un universo muy amplio de más de trescientos distritos electorales.".

La ley de la que habla la nota es ésta, y Bonfatti y su ministro de Gobierno y Reforma del Estado (Galassi) no sólo la promulgaron, sino que la reglamentaron a través de éste decreto de febrero de éste año.

Lo que hace la ley (presentada por los diputados del FPV) es replicar el sistema que estableció en la Nación la ley 26.571 (la que creó las PASO), y que permite que se asignen espacios en los medios audiovisuales a los partidos políticos para difundir sus spots de campaña, en forma gratuita e igualitaria: los espacios se asignan por sorteo, un 50% por igual para todos los partidos y el otro 50 %, en proporción a la cantidad de votos obtenidos en la elección anterior.

Como consecuencia de ése sistema, los partidos tienen prohibido contratar por sus propios medios publicidad en los medios audiovisuales, y lo mismo dispone la ley provincial reglamentada por Bonfatti.

Legislar en materia electoral es competencia privativa de cada provincia, por lo cual por ejemplo Santa Fe todavía no adoptó el voto a partir de los 16 años para las elecciones provinciales y municipales.

Por esa razón, no se entiende a título de que el gobierno provincial consultó a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, sobre la aplicación de la Ley 13.235: si tenían alguna duda al respecto, la consulta deberían haberla hecho cuando la ley estaba en trance de promulgación (se promulgó de hecho, por el mero paso del tiempo sin que Bonfatti la vetara).

Por el contrario, además de dejar que la ley se promulgara y reglamentarla, la propagandizaron como un logro de la gestión: acá pueden ver la noticia respectiva, en el portal oficial. 

Y ahora dicen que no la pueden aplicar, por el resultado de una consulta que hicieron a la Dirección Nacional Electoral (que no tiene competencia en materia de elecciones provinciales o municipales), pero la verdad es otra: en el orden nacional los medios están obligados a difundir los avisos de campaña gratis, y reservarles un espacio en su programación. Si no lo hacen, se hacen pasibles de las sanciones previstas en la ley de medios; que van desde multas hasta la posibilidad de perder las licencias.

Como las provincias no tienen atribuciones para disponer ese tipo de sanciones, no podrían obligar a los medios a difundir los avisos gratis, por lo cual la única alternativa es que los pague el Estado, para garantizarles a los partidos el acceso igualitario a la publicidad.

Y eso es lo que no quiere hacer el gobierno provincial, aunque plata no le falte: dijimos acá que el presupuesto de éste año contempla $ 143.039.000 en concepto de publicidad oficial, un aumento del 40,07 % en relación al año pasado.

Tampoco le falta plata en la Secretaría Electoral (que depende del gobernador y de Galassi): a los $ 63.439.000 que asignaba el presupuesto para la realización de las elecciones provinciales de éste año (para cargos municipales) hay que sumarles los 70 millones de pesos en que reforzaron las partidas, por éste decreto de Bonfatti de marzo. 

Sin embargo, al mismo tiempo que no habrá publicidad electoral gratuita para los partidos en los medios audiovisuales de acuerdo con la ley votada por la Legislatura, subsiste la prohibición que esa misma ley establece para que la contraten directamente ellos con los medios.

Prohibición que por supuesto no rige para que el gobierno provincial disponga de esos algo más de 143 millones de pesos en publicidad oficial, para hacer campaña en favor de los candidatos del FPCyS, mientras -por supuesto- protestan contra los avisos del entretiempo del "Fútbol Para Todos".

Lo que ocurre con la publicidad gratuita para los partidos políticos (lo que incluye al propio FPCyS) en Santa Fe demuestra que radicales y socialistas (que votaron en contra la Ley 26.571 en el Congreso) jamás tuvieron la real intención de cumplir con la ley provincial; porque acá gobiernan, y manejan la chequera publicitaria como una herramienta central de su proyecto político.

martes, 13 de septiembre de 2011

LOS EFECTOS DE LA REFORMA POLÍTICA


Por Raúl Degrossi 

Leemos: "Según un relevamiento de la Cámara Nacional Electoral difundido esta semana, se produjo una reducción significativa en la cantidad de listas de candidatos que quedaron afuera de la elección general de octubre por no haber alcanzado el 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos en las primarias de agosto, según prevé la nueva ley electoral.

Mientras que en la primaria se presentaron 10 binomios presidenciales, para las generales quedaron habilitados 7; ya que Proyecto Sur, Movimiento de Acción Vecinal y el Partido del Campo Popular obtuvieron menos del piso mínimo del 1,5 por ciento.

En tanto, las nóminas de senadores nacionales se redujeron de 68 a 44, y las de diputados nacionales de 249 a 155.

Neuquén, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz fueron las únicas cuatro provincias en las que todas las agrupaciones políticas lograron sortear el piso mínimo establecido por la nueva ley.

En el resto de los distritos, unas 94 listas de diputados y 24 de senadores no pudieron superar ese filtro y quedaron afuera de la competencia electoral."

La información publicada por Diario Registrado pueden obtenerla en detalle -y provincia por provincia- acá en la página de la Cámara Nacional Electoral (apartado "Nuevo").

Además del aplastante triunfo de Cristina, las primarias del pasado 14 de agosto fueron una contundente demostración práctica del funcionamiento de la reforma política aprobada en el año 2009 por la Ley 26.571, en especial en el ordenamiento del sistema de partidos políticos argentinos, y de la oferta electoral.  

En este último sentido, al 30 % de las fórmulas presidenciales (3 sobre 10) que no alcanzaron el piso para participar de las elecciones generales, hay que sumarle el 35 % de las listas de senadores nacionales y el 38 % de las listas de diputados en las mismas condiciones.

La amplia oferta electoral de las P.A.S.O. (como dice el informe, un total de 327 listas sumando las tres categorías de cargos en disputa) desmintió rotunadamente el calificativo de "proscriptiva" que se le endilgó a la reforma política del 2009: quedó plenamente demostrado que los requisitos que fija para la presentación de listas (en cuanto a avales obtenidos sobre el padrón electoral, o el de los afiliados a cada partido o alianza, lo que fuere menor) no son impeditivos de la participación.

Pero al mismo tiempo la implementación de la reforma -en especial el famoso "piso" del 1,5 %- dejó a las claras la hipertrofia del sistema de partidos en la Argentina: de esas 327 listas presentadas, 121 (un 37 %) quedaron afuera de las generales por no alcanzar ese reducido porcentaje de votos; más reducido aun en el caso de los cargos legislativos (que suman 118 de las exclusiones); porque se cuentan sobre los votantes del distrito al que corresponden en cada caso.

De cara al futuro cabe esperar una evolución de la reforma (en tanto elemento destinado a reconfigurar el mapa político y de oferta partidaria) en dos direcciones: la utilización plena del mecanismo de internas abiertas (en especial por los partidos mayoritarios) para dirimir las disputas internas, y las condiciones de subsistencia o caducidad de la personería electoral de los partidos.

En el primer aspecto, habrá que prestar atención a los movimientos dentro de los partidos mayoritarios (el peronismo y el radicalismo); sobre todo como consecuencia del previsible derrumbe electoral de las candidaturas de Duhalde y Alfonsín, que creará sin dudas las condiciones para que la dirigencia de ambos evalúe seriamente cambiar la estrategia de ningunear las P.A.S.O. (en beneficio de seudo internas mamarrachescas en un caso, destinadas a no realizarse en el otro por falta de contendores), de cara a las elecciones legislativas del 2013.

En el caso del peronismo, el proceso puede llevar a que los excluidos hoy del dispositivo kirchnerista analicen si no es más conveniente dar la disputa en el seno del PJ (aun a riesgo de perderla, pero con la posibilidad de calzar en cargos por la minoría) que continuar persiguiendo una criatura mítica como el peronismo federal.

Para los radicales la utilización plena de los mecanismos que habilita la reforma puede brindar un punto de partida para sincerar el debate interno, e intentar detener el acelerado proceso de descomposición política que pone en tela de juicio su subsistencia como partido nacional; si no en función de los requisitos legales, sí de la capacidad concreta de representación de sectores sociales con su propuesta política.

Las posibilidades concretas de crecimiento del PRO a nivel nacional para el 2015 (pivoteando en la concreción de la eternamente prometida candidatura presidencial de Macri) están en espejo con las dos cuestiones: el modo como peronistas y radicales diriman sus disputas internas; y que tanto acepten los perdedores las reglas de juego de la disputa, y los resultados que arroje. 

Tengo para mí que -hoy por hoy- el macrismo tiene más por captar del desmadre radical en términos de votos, y de las esquirlas de la interna peronista, por traspaso dirigencial: ése y no otro ha sido, al fin y al cabo, el camino que ha seguido en la CABA.

Y para concluir, el segundo aspecto a considerar de la reforma política de cara al futuro son las pautas que establece para que los partidos subsistan; en especial el recaudo de mantener el mínimo de afiliados exigidos (exigüo aunque se diga lo contrario, en paralelo con el también exigüo exigido para presentar listas electorales), y -sobre todo- obtener no menos del 2 % de los votos del total del padrón del distrito correspondiente, en dos elecciones nacionales sucesivas.

Los números de las P.A.S.O. y los que prefiguran las encuestas para octubre revelan que tanto la Coalición Cívica como Proyecto Sur (por citar dos casos emblemáticos de política mediática) no alcanzarán esas cifras (en la elección presidencial unos no superaron la valla del 1,5 % en las primarias, los otros es probable que no lo hagan en octubre), de modo que en las elecciones  del 2013 jugarán algo más que algunas bancas legislativas: estarán arriesgando su propia subsistencia como fuerzas políticas; con la salvedad que la segunda jamás se estructuró como partido sino satelizó otros sellos preexistentes.

Una reforma que pone en el inicio (la línea de larga por decirlo) de la oferta electoral, a la militancia para conseguir o conservar afiliados y obtener el derecho de participar en elecciones, y en el desarrollo de la carrera, a la voluntad popular como rasero para mantenerlo, no puede ser tildada de proscriptiva sin mala fe: obedece a razones de elemental racionalidad política.

Y si el resultado práctico de sus pautas es que el mesianismo político de figuras como Carrió o Solanas pierde centralidad en beneficio de construcciones y estructuras más sólidas, no creo que se pueda encontrar otra prueba más contundente de que, a la larga, resultará beneficiosa para la calidad de las instituciones de la democracia argentina.