LA FRASE

"DESPUÉS DE REVISAR LAS CUENTAS DE LA PROVINCIA DURANTE SEIS MESES ENCONTRAMOS EN UN CAJÓN 600.000 MILLONES DE DÉFICIT QUE QUEDARON EN UN PENDRIVE DEL GOBIERNO DE PEROTTI." (MAXIMILIANO PULLARO)
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miércoles, 21 de agosto de 2013

AGENDA CARGADA


Cuando Cristina habló el otro día de sentarse a discutir con los titulares y no con los suplentes, muchos (sobre todo los dirigentes opositores) se enojaron porque los ninguneaba.

De ahí para acá, es como si la realidad siguiera transcurriendo por dos planos superpuestos.

En uno está Lanata, las islas Seychelles y sus novelas tipo Corto Maltés, pero mal escritas; y ahí los opositores (con alguna honrosísima excepción que tal vez se nos escape) se prendieron con fruición al culebrón semanal, dejando en claro que no sólo son suplentes de los que mandan (aunque se enojen), sino del propio gordo fumeta.

En esa misma realidad, buena parte de esa misma oposición empezó a gastar a cuenta de octubre y reclamar para sí (como si tal cosa) la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, para reeditar el fracasado "Grupo A".

Mientras tanto hay otra realidad, que tiene mucho más que ver con los problemas del país real, incluso con los temas sin resolver y que seguramente influyeron en los resultados electorales de las PASO, en especial para el kirchnerismo.

Hay mucha expectativa puesta en la reunión de hoy de los empresarios y las dos centrales sindicales más cercanas al gobierno con Cristina; pero lo interesante del caso es que, a medida que se acerca, los enunciados generales (sobre todo de los empresarios) se empiezan a traducir en pedidos concretos, de esos que se suelen decir en voz baja cuando se apagan los micrófonos.

Por ejemplo la CAME (ver acá) suma presión para una devaluación con el argumento de la "competitividad"; mientras los exportadores y el "campo" continúan reteniendo sin vender el 30 % de la pasada cosecha de soja a la espera de que la devalueta se concrete, e incremente exponencialmente sus ganancias.

De paso cañazo y tras el comunicado de la AEA (en rigor: Clarín, Techint y 10 más), la UIA asumirá la defensa de las empresas en las que el Estado tiene participación accionaria a través de la ANSES (otra vez, eufemismo para mencionar a Clarín, donde tiene el 9 %, y Ternium-Siderar, del Grupo Techint, donde tiene el 26 %) para intentar tumbar el artículo 20 de la ley de regulación de los mercados de capitales; que le permite a la Comisión Nacional de Valores designar veedores o interventores si se violan los derechos de los accionistas minoritarios (por ejemplo, el Estado).

Si serán generosos los empresarios argentinos, que hasta se harán tiempo para reclamarle al gobierno que afloje los controles al dólar, y les permita a las multinacionales con sede en el país, volver a remitir libremente utilidades a sus casas matrices.

Seguramente tendrán el buen tono de no referirse a la discusión por la aplicación de la ley de medios, porque de eso se está ocupando la Corte. 

Todos (empresarios, banqueros) le dirán al gobierno que están preocupados por la inflación (como si no tuvieran nada que ver con eso), y que no tienen nada que ver con la fuga de capitales, o las especulaciones con el dólar (ver acá); pero mientras le piden al gobierno frenar la inflación moderando la emisión y el gasto (que en buena medida aumenta por el peso de los subsidios a las tarifas, y las importaciones de combustibles), lo presionarán para que devalúe (ver acá): que alguien explique como eso frenaría la inflación. 

Mientras tanto el gobierno tiene que atender además a los reclamos de los trabajadores y de buena parte de su base electoral, por lo cual avanza hacia la re-estatización total de los servicios ferroviarios; y enviaría al Congreso un proyecto para ajustar semestralmente el mínimo no imponible de Ganancias, con un esquema parecido al de la ley de movilidad jubilatoria: tomando en cuenta la evolución de los salarios, y de los ingresos de la AFIP.    

Claro que cuando presente los proyectos para combatir el empleo en negro (ver acá) seguramente se encontrará con la queja empresarial por "la elevada presión impositiva" (ver acá), y seguramente -más temprano que tarde- volverán los planteos de ajustar por inflación los balances de las empresas para pagar menos Ganancias, o eximir o disminuir contribuciones patronales, con el argumento de facilitar la creación y registración de empleo; siendo poco probable que (aunque el gobierno cediera en eso) asuman compromisos explícitos de inversión y generación de puestos de trabajo. 

Si hasta se quejan por las dificultades de acceso al crédito, cuando la reforma de la carta orgánica del BCRA permitió que el crédito con finalidad productiva aumentara del 10 al 17 % del PBI desde que fue implementada.

Y como los retoques en Ganancias seguramente generarán la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento para el fisco, ya hay en danzas proyectos para gravar la renta financiera hoy exenta (no la de los bancos, que pagan Ganancias por sus utilidades, que crecieron y bastante); casi con certeza sin llegar a compensar lo que se iría por retocar el mínimo no imponible, pero como un señal de equidad tributaria.

Hablando de bancos: otra queja que seguramente le harán llegar al gobierno es que las nuevas regulaciones impuestas por el Central para cargos y comisiones reducirán sus márgenes de ganancias, justo cuando sus acciones se disparan tras las elecciones (ver acá).

Sumemos a todo lo dicho las presiones de los industriales para liberar controles a las importaciones de bienes de capital (un dato: si el gobierno devaluara, esos costos crecerían exponencialmente), y de las cámaras inmobiliarias para liberar el cepo cambiario; y tendremos un panorama más o menos claro de las demandas con que se encontrará Cristina cuando se siente a hablar con los titulares.

Mientras tanto los suplentes están lejos, tan lejos como la presidencia de una Cámara que se decidirá en diciembre de acuerdo con votos que todavía no se contaron, o como las islas Seychelles.

Aunque a veces se dan una vuelta por acá, para hacer barra por los titulares.   

viernes, 23 de noviembre de 2012

RADICALISMO EMPRESARIAL


En el medio del bolonqui de Griesa y los fondos buitres, pasó prácticamente desapercibido que éste miércoles la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto enviado por Cristina para regular los mercados de capitales, incrementando las facultades de contralor de la Comisión Nacional de Valores, y que la votación en general arrojó 184 votos a favor del proyecto: los radicales, el FAP y hasta la Coalición Cívica acompañaron la iniciativa.

Que llega en un momento crucial, porque el fenomenal despelote económico que vive el mundo es justamente consecuencia de la falta de regulaciones estatales adecuadas para los derivados financieros, con el protagonismo en la génesis misma de la crisis de chantapufis varios carentes de todo control estatal, como las famosas calificadoras de riesgo; a las que el proyecto (analizado con detalle acá) apunta también a regular.

Sin embargo vemos en ésta nota de Clarín de hoy (a la que corresponde la imagen que ilustra el post)  que los radicales en el Senado ya amenazan sacarle el culo a la jeringa y no votar el proyecto; con el argumento de que -en la votación en particular en Diputados- se introdujo una modificación para que la Comisión Nacional de Valores (CNV) pueda intervenir por un plazo de 180 días a una sociedad que cotice en bolsa sus acciones, cuando compruebe que se vulneren los derechos de los accionistas minoritarios.

Por supuesto las quejas radicales comienzan con los sonsabidos significantes vacíos del indignacionismo republicano: "abuso de poder del gobierno", "destrucción de la confianza y la seguridad jurídica" y "cambio de las reglas" de juego", más la infaltable "trampa kirchnerista, "fiel a su lógica", brama Gerardo Morales, un fiel discípulo de Lilita Carrió.

El mejor modo de fundamentar un voto en contra (como el raje con el discurso del "Cuervo" Larroque), sin sentarse a discutir en serio.

Porque lo que dicen los senadores radicales demuestra que -como mínimo- ni leyeron el proyecto que sus pares de Diputados votaron; que persigue múltiples propósitos (como ampliar el mercado de capitales a tono con el crecimiento económico del país, o aumentar su transparencia), y entre ellos, proteger a los accionistas minoritarios; justamente porque una de las ideas madre del proyecto es que esos pequeños o medianos inversores que hoy se vuelcan al dólar o a los plazos fijos (más a lo primero que a lo segundo) encuentren otras alternativas interesantes para invertir, y contribuyan a fondear proyectos productivos, o a financiar la expansión de la capacidad productiva de las empresas.

Y lo que ha sucedido puntualmente en muchas sociedades que cotizan en la bolsa (acá y en todas partes del mundo) es que ocultan información esencial a los accionistas minoritarios sobre el desenvolvimiento y el manejo de las empresas, lo que ha dado lugar a no pocos fraudes escandalosos.

Pero observemos además que los radicales puntualizan con el caso en particular de Papel Prensa, con lo cual se le empiezan a ver las patas a la sota: para variar, se van a prestar una vez más a hacer de comparsa parlamentaria de los intereses de Clarín y La Nación; o sea que  la seguridad jurídica y todo lo demás, verdaderamente les chupa un huevo.

Aun así, supongamos que el agregado hecho al proyecto tome en cuenta el caso particular de Papel Prensa donde -de no mediar la intervención de la CNV-, el Estado habría quedado reducido al mismo papel de socio bobo de los dos diarios principales (unidos por un pacto de sindicación de acciones para tener la mayoría social), que vino cumpliendo desde que Videla les entregó la empresa en la dictadura. 

¿Cuál sería la razón, vista desde los intereses públicos que representa el Estado, para persistir en esa situación, que no sea favorecer los intereses de los accionistas privados mayoritarios?

Y aunque los radicales no lo digan, y por más nabos que sean es difícil creer que no lo hayan pensado (sobre todo Sanz, hombre con fuertes vínculos con Techint y frustrado candidato presidencial del hólding de Paolo Rocca), lo mismo pasa con aquéllas empresas en las que el Estado tiene participación accionaria (siempre minoritaria) a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES; como Ternium-Siderar, la nave insignia de Techint en la Argentina, y un conjunto de otras empresas (entre ellas, Edenor, Gas Natural BAN, Telecom, Pampa Energía, varios bancos).  

En ese caso en particular, tutelar los intereses de los accionistas minoritarios es tutelar los intereses de todos, administrados por el Estado; y darle a éste otra herramienta para dotar de un sentido estratégico a sus participaciones accionarias, tratando de lograr que esas empresas se alineen con los objetivos de la política económica y el crecimiento del país.

Con la experiencia a la vista de la discusión en la que el gobierno se trabó por la designación de directores por su tenencia de acciones en Siderar, el vaciamiento de Aerolíneas o el manejo de Repsol en YPF, no parece una solución en absoluto irracional la que establece el proyecto.

Por ende el clarinismo explícito del planteo radical (o en rigor "AEAísmo" explícito si se permite la expresión, porque su postura también tutela los intereses de Techint y otros grupos económicos), no sorprende porque reitera lo que ha sido la línea de conducta de la UCR en los últimos años: recordemos si no que votó en contra la estatización de las AFJP (que le permitió al Estado acceder a participaciones accionarias en diferentes empresas), o la ley de medios.

Lo que sí sorprende es que es inconsistente con el discurso público del radicalismo (compartido por el resto de la dirigencia opositora) sobre el final de ciclo del kirchnerismo.

En efecto, si el proyecto político iniciado el 25 de mayo del 2003 tiene el boleto picado, no se entiende por qué razón (que no sea la defensa explícita de intereses empresariales) se opondrían a una regulación que trasciende el mandato de Cristina, y que en su caso podrán modificar si llegan al gobierno.

O que en caso contrario (de permanecer) terminará beneficiando a cualquiera que conduzca el Estado, incluso el radicalismo;  menos que prefieran un Estado bobo, que pone plata en empresas privadas sin importarle lo que pasa ahí adentro.

Sin ir más lejos, lo que ellos mismos le reclamaban al kirchnerismo por años en YPF, antes de la expropiación.

sábado, 25 de agosto de 2012

COMBO: REGULACIÓN A PETROLERAS Y DIRECTORES ESTATALES EN LAS EMPRESAS


Acá les dejamos el audio de la columna de éste miércoles de nuestro compañero Raúl Degrossi en el programa "Entre el ruido" por Radio Nacional Santa Fe. En éste caso el tema fueron los Decretos 1277 y 1278 de Cristina, por los que reglamentó la ley de soberanía hidrocarburífera (la misma de la expropiación de YPF) y la actuación de los directores designados en representación del Estado en las empresas en las que la ANSES tiene participación accionaria a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El decreto de regulación del mercado de hidrocarburos y combustibles y sus alcances, la derogación de los decretos de desregulación petrolera de Menem, las atribuciones del nuevo órgano de control que forman (entre otros) Axel Kicillof y Guillermo Moreno; y el marco reglamentario en el que deberán actuar los directores designados por el Estado en distintas empresas privadas: 




Y encima no conforme con eso, Cristina lo va a poner a meter mano con las empresas de electricidad; así no viejo, así no salimos, vamos rumbo a la chavización en cuestión de semanas.

miércoles, 15 de agosto de 2012

OTRO CASO DE SINTONÍA FINA CONTRA LOS DEFENSORES DEL ESTADO BOBO



Retomando lo que decíamos acá, tal parece que crece en el país legión de defensores del Estado bobo; entre ellos los consultados por La Nación para esta nota sobre los directores estatales en las empresas en las que tiene participación accionaria, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES o por otra vía.

Las quejas de esta buena gente (entre la que no falta el inefable Gregorio Badeni, el "dueño" de la llave del sistema jurídico argentino al parecer) son por éste decreto de Cristina de hace un par de semanas; que reglamenta la actuación de los directores designados por el Estado en su representación en las empresas privadas (que serían un total de 41) en las que tiene participación, con excepción de YPF que tiene su propio régimen al respecto de acuerdo a la ley de expropiación.

Y el planteo que hacen es tan sencillo, que resulta ridículo: que los directores estatales, apenas ingresan a los directorios de las empresas privadas en las que el Estado tiene participación, se olviden que son funcionarios públicos, que fueron designados por un gobierno, y no respondan más a las directivas de ése gobierno, sino a la de los otros socios de cada empresa.

Del mismo modo que la participación del Estado en una empresa privada (aun siendo mayoritaria) no la convierte en pública si sigue asumiendo un tipo societario de ese tipo (como una sociedad anónima), no por eso deja de ser lo que es: el Estado, el gestor de los intereses públicos, comunes o generales, que pueden o no coincidir con los de la sociedad; y que tiene el deber de intentar (por todos los medios a su alcance) hacer prevalecer, siempre que no viole las normas propias del tipo social.

Que es lo que hace en éste caso: el decreto reglamenta el mandato que el Estado da a sus directores, estableciendo las líneas generales de su accionar; y la famosa "indemnidad" de la que tanto se habla (contenida en el artículo 5 segundo párrafo del Reglamento que aprueba el decreto) es aplicable cuando la actuación por la cual la sociedad pretenda accionar por responsabilidad contra el director representante estatal, tenga que ver con la actuación de éste respondiendo a las directivas estatales; lo cual es lógico porque el funcionario no obró por mero capricho sino respondiendo a instrucciones previas de su mandante (el Estado), que en esos casos le presta asistencia, incluso jurídica.

El propio artículo 5 en su primer párrafo (lo que interesadamente omiten Badeni y los demás consultados por La Nación para la nota) dice expresamente que "Los Directores deben asumir las responsabilidades ilimitadas y solidarias que para dicho cargo impone la Ley Nº 19.550, así como también las que le pudieran corresponder en materia penal, civil, administrativa y profesional, además de las responsabilidades propias de su carácter de funcionarios públicos" .

De modo que la famosa "indemnidad" no implica (como se pretende hacer creer) impunidad, ni nada parecido; e incluso el decreto contempla que a los directores estatales les son aplicables las responsabilidades de la Ley 17.811 (si la sociedad cotiza en bolsa sus acciones), deben preservar el interés social (se refiere al de la sociedad en la participan) y evitar situaciones de conflicto de intereses, como por ejemplo sucedería si se discutiese en la sociedad (en asambleas o reuniones de directorio) un asunto vinculado a su actuación como funcionario.

El artículo 12 dice textualmente: "En caso de tratarse un tema en el directorio social vinculado a la competencia funcional directa del Director como funcionario público, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación.".

Otro tanto puede decirse de lo atinente a los honorarios: el reglamento establece un modelo de convenio a firmar entre el Estado y los directores designados en su representación, por el cuál estos aceptan (como condición para ejercer el cargo) ceder lo que perciban en concepto de honorarios al Estado; mientras les impone tope sobre los honorarios que pueden percibir (calculados en base a ingresos de una categoría determinada del Régimen de Tabajadores Autónomos), y los excedentes que sobre eso les fijen las sociedades (que son las que determinan la retribución de sus directores) deben depositarse en el Fondo Nacional del Menor y la Familia creado por la Ley 22.359.

Como se puede ver, como en éste caso no se puede criticar que estos cargos en los directorios de las empresas sean exclusivamente con el objeto de conseguirles conchabos a los de La Cámpora, ni tampoco se puede repetir la crítica (hecha en el caso de la YPF controlada por Respol) de la inactividad y pasividad de los directores estatales, se va por otro lado: hay que decir entonces que se viola la ley de sociedades, o estupideces por el estilo.  

Pero el verdadero meollo del asunto está acá, en ésta parte de la nota: "Más categórico, el presidente del Colegio Público de Abogados porteño, Jorge Rizzo, sostuvo que "los directores representantes del Estado funcionan como espías, ya que su tarea es exclusivamente de control y fiscalización y no de desarrollo, convirtiéndose en meros mandatarios de las órdenes que les da su patrono bajo pena de responsabilidad personal, solidaria e ilimitada".

Por esta razón, agregó, "se trataría de una suerte de renuncia a la dignidad del cargo, en función de someterse ciegamente los antojos de la Secretaria de Política Económica", la repartición que conduce Kicillof.
Pese a estas protestas verbales, hasta ahora ninguna empresa que tiene representantes de la Anses en su directorio optó por presentarse ante la Justicia para cuestionar el decreto.
"Es mejor aceptar a un par de directores que rápidamente se adaptan al funcionamiento de cualquier directorio que resistir y enfrentar la posibilidad de que haya inspecciones por parte de los organismos del Gobierno, que no dejan pasar ni siquiera una declaración crítica", admitió un encumbrado ejecutivo del sector financiero."
La idea del Estado bobo (que no indaga, no pregunta, no quiere saber, no debe saber) expuesta en toda su crudeza, al punto tal que se llega al ridículo de plantear que existiría información de las empresas (la mayoría de ellas que cotizan en bolsa, o sea ofrecen en forma pública sus acciones) que sería confindencial, y por ende inaccesible para uno de los socios: justamente (vean que casualidad) el Estado.

Es curioso que, siendo tan evidentes las supuestas violaciones a la ley de sociedades, ninguno de estos nenes de pecho haya ido a la justicia contra el decreto; quizás estén aleccionados por el resultado que obtuvo Techint cuando lo hizo contra el DNU de Cristina que eliminó las restricciones a los derechos políticos del Estado en las empresas, por sus participaciones accionarias (de paso: allí no le preocupaba tanto a Badeni la ley de sociedades).  

Se imaginarán a que se refieren estos muñecos cuando hablan de "directores (estatales) que rápidamente se adaptan al funcionamiento de cualquier directorio"; y cuáles son los medios que utilizan para la adaptación rápida: los mismos que empleaba Repsol con Alberto Fernández y Bonelli por ejemplo. 

Y hablando de Alberto: recordemos que por ejemplo fue director en representación del Estado en Papel Prensa (cuyos accionistas mayoritarios tienen entre sí un pacto de sindicación de acciones para garantizarse el control de las decisiones de la sociedad), de la que por ejemplo Luis Juez fue síndico en tiempos del menemismo; en ambos casos con los resultados conocidos. 

Resultados que se trata de evitar que se repitan en otras empresas, y a eso apunta el decreto de Cristina. 

lunes, 13 de agosto de 2012

CONFIRMADO: PARA ALGUNOS EL MEJOR ESTADO, ES EL ESTADO BOBO


La captura de pantalla de Ambito Financiero de hoy toma nota sobre otra medida inscripta en la "sintonía fina": el gobierno les pedirá información a las empresas en las que la ANSES tiene participación accionaria a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y la cosa molesta en círculos empresarios.

No puede ser de otro modo: al empresario argentino promedio -como decíamos acá- lo seduce la idea del Estado bobo, que pone plata en créditos o subsidios y no pregunta si se usa o no y en que; que se resigna a que hay nichos de evasión impositiva sobre los que no se puede avanzar, o sectores a los que es inútil y peligroso tratar de cobrarles impuestos.

Cuando desde la CGT se impulsaba el proyecto Recalde de participación de los trabajadores en las ganancias, lo que más molestaba (más incluso que tener que ceder parte de su rentabilidad) era que les daría acceso a la contabilidad y la información de las empresas, y mientras más ojos se metan allí, menos podrán mentir o esconder; aunque eso si: todos dirán después estar muy preocupados por la credibilidad de las estadísticas públicas, o indignados por la corrupción administrativa.  

La estatización de los fondos de las ex AFJP fue una medida estratégica sin dudas, y uno de sus efectos más virtuosos fue justamente que le permitió al Estado acceder a posiciones directivas (no sin lucha, como en el caso de Siderar del Grupo Techint) en empresas importantes y dominantes en sus respectivos sectores, muchas de ellas estratégicas en la estructura productiva nacional.

Que las AFJP hayan invertido "la plata de los jubilados" en los tiempos que eso no le preocupaba a Ismael Bermúdez con otros criterios (buscando los sectores que eran rentables en los 90', haciendo jugar los entramados de negocios y alianzas corporativas para tomar sus decisiones) no quita que el Estado se hizo con esos activos, y está decidido (tanto como lo estuvo en su momento de liquidarles el curro) a usar su presencia allí con un sentido inteligente.

Hace un tiempo destacábamos acá justamente como esas tenencias accionarias le habían permitido al gobierno durante el año pasado y lo que va de éste limitar las transferencias de dividendos y utilidades al exterior de muchas empresas (quitándole presión al dólar), para garantizar que las inviertan en el país.

Ampliar ahora los alcances de la intervención estatal al pleno acceso a la información interna de las empresas (lo que involucra indagar sobre sus costos reales, estrategias de inversión, entre otros aspectos) es actuar de un modo oportuno y previsor, evitando lo que sucedió con la depredación de YPF por Repsol (paradojal: lo que allí se le criticaba al Estado era justamente la pasividad de su rol); y demuestra además que el decreto regulatorio de la actividad petrolera (que apunta a determinar costos de producción y comercialización, márgenes de rentabilidad, precios de referencia y volúmenes de venta en el país y el mercado externo) no fue una medida aislada o tomada al azar.

Los propios empresarios relevados por Ambito para la nota dan cuenta de eso, cuando por ejemplo relacionan el pedido de información con las recientes medidas tomadas por el Banco Central (a partir de la reforma de su Carta Orgánica) para impulsar a los bancos a prestar con sentido de apuntalar la inversión productiva, en especial de las Pyme.     

Quien les dice, capaz que hasta las medidas están todas relacionadas entre sí (como el cepillado de las sociedades fantasma y el pedido a los bancos para que presenten sus planes de negocios hasta el 2014), y hasta tenemos un plan de gobierno che. 

sábado, 21 de abril de 2012

CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO CORTAR...


...pon las tuyas a remojar.

Cuando se dice que el avance del Estado sobre YPF es una medida estratégica, no sólo se hace referencia a sus efectos en la política energética o el autoabastecimiento de combustibles: también al modo como incide en el mapa del poder en la Argentina.

Y cuando hablamos del poder, obviamente no nos estamos refiriendo solamente al funcionamiento de las instituciones formales establecidas en la Constitución (los famosos "tres Poderes"), sino además -y fundamentalmente- al poder económico.

Lo sucedido ayer mismo en la asamblea de Siderar (la nave insignia de los negocios de Techint en la Argentina) es aleccionador al respecto: por unanimidad, se decidió no distribuir utilidades entre los accionistas (la nota recuerda la importante participación de la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad), sino destinar las utilidades del ejercicio en su mayoría, a futuras inversiones, en un sector estratégico de la economía.

La decisión del hólding de Paolo Rocca (como también lo dice Clarín) estuvo directamente influida por el caso YPF, porque aun con las tenencias accionarias de la ANSES en Siderar, bien pudo imponer su voluntad y disponer igual el reparto de dividendos.

Pero en Techint hicieron la lectura correcta del caso: la expropiación del 51 % de las acciones de YPF para que el Estado retome el control es una fortísima señal de Cristina al mundo empresario, y en especial a los grandes grupos concentrados que ejercen posición dominante (como YPF en el mercado petrolero y de combustibles, o Siderar en el metalúrgico) en sectores estratégicos de la economía.

Una señal de que la sintonía fina también significa que se terminó el Estado bobo, como decíamos acá justamente en el caso de Siderar, cuando el año pasado se discutió la integración de los directores en representación de la ANSES, y el grupo Techint terminó reculando, luego de amenazar con ir a la justicia: como ahora lo hace Repsol, dicho sea de paso.

Y lo interesante del caso (y así lo ha interpretado Techint claramente) es que, así como el avance del Estado sobre Siderar y sus decisiones fue posible por una decisión estratégica tomada por el kirchnerismo (la estatización de los activos de las AFJP); en el caso de YPF -en que el Estado no tenía una participación accionaria previa relevante como en Siderar- el gobierno apeló a la herramienta de la expropiación para hacerse con el control de la petrolera.

Como lo dijo Cristina hace meses, cuando comenzó la puja con Repsol: apelando a todas las herramientas que el Estado tiene a su alcance (que muchas veces son escasas e insuficientes) para disciplinar al poder económico cuando sus objetivos divergen con los del país.

Y la misma lectura que hizo Techint del caso YPF, se hizo en el resto de la cúpula empresaria: ver si no este lavadísimo comunicado de circunstancias de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y compararlo con las furibundas reacciones de algunos de esos mismos sectores (alentadas por Clarín y La Nación), cuando el gobierno decidió meter mano en Papel Prensa; como recordábamos en esta entrada.    

Hechos para recordar y poner en contexto decisiones como la de retomar el control de YPF; y no olvidar que en los meses previos (cuando se hablaba del "ajuste griego" y se mentaba la ley antiterrorista, diciendo que estaba pensada para reprimir la protesta social que desataría) muchos hablaban del inocultable giro a la derecha del gobierno de Cristina.

miércoles, 8 de febrero de 2012

ENTRE LOS EMPRESARIOS TAMBIÉN HAY CHIROLITAS

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O al menos eso parece, leyendo las declaraciones del amigo Méndez, un nostálgico de los años del menemismo, cuando el Estado no se metía en las empresas privadas, y remataba las públicas para que -eso sí- publicaran sus balances.

Muy raro el razonamiento, porque ahora se enojan cuando el gobierno quiere meter la nariz en lo balances de ellos, o se opusieron de plano al proyecto Recalde de participación en las ganancias porque les permitía a los gremios acceder a los números de las empresas.

Gremios dijimos: cual Chirolia de Clarín (las declaraciones son hechas en Radio Mitre) dice Méndez que -si el perverso Estado no se metiera- ellos se entenderían con los gremios directamente lo más bien, vea señora.

Y agrega que el Estado ("zapatero a tus zapatos" dice el plástico Méndez) debe dedicarse a otras cosas, que no enumera: suponemos que será a darles créditos, subsidios y protección arancelaria a las empresas, para dejarlas que hagan lo que mejor saben: ganar plata.

Además le agarra un ataque de lanatismo: ante el avance del ogro estatal (en todo el mundo, eh, ojo, miren sin ir más lejos lo que está pasando el Europa y EEUU), él se pone del lado del más débil, o sea: las empresas; y además nos entera de un dato hasta acá desconocido. esas empresas serían de todos nosotros, que somos los ciudadanos, y por eso tenemos que defender a las empresas del avance del Estado.

Todas estas reflexiones de Méndez resultan disparadas por la amenaza de re estatización de YPF, por lo que cabe preguntarse que defiende este muchacho de la voracidad estatal: ¿el 25 % de Eskenazy o el 60 % de Repsol, que es una empresa extranjera?


Y lo curioso del caso es que el gobierno está poniendo la lupa en YPF justamente por seguir un comportamiento poco serio desde el punto de vista empresario; como es repartir utilidades a diestra y siniestra invirtiendo cada vez menos, comprometiendo el futuro del abastecimiento de petróleo y gas en el país.

Claro, esa conducta le podría valer a Eskenazy la presidencia de la UIA, ¿o no es acaso lo que hace el promedio de los empresarios argentinos?  

Pero por las dudas que el "Chirolita" Méndez no fuera suficientemente explícito, Clarín aprovecha la nota y las quejas del plástico para llevar agua para su propio molino; y entonces aparece una fuente misteriosa ("un referente del sector mercantil que prefirió el anonimato", rano, ¿no?)  que dice que todo esto (esta irrefrenable ola chavista, aclaramos nosotros) empezó cuando el gobierno estatizó los fondos de las AFJP, que (ojo, dirigente mercantil anónimo, a lo mejor usted no sabía esto) no eran de las empresas, sino de los trabajadores.

Y avanza más Clarín, colando (tras la fuente empresarial misteriosa) el tema Papel Prensa, en el medio de un comunicado de la AEA, que nada que ver con lo que se estaba hablando; o sí, en todo caso con el punto al cual quería llevar clarín la discusión.

Y tuvo que apelar a esta estrategia (similar a la de Reutemann, que -pase lo que pase- dice que la solución es bajar las retenciones) porque trató de colarlo en una reunión de la UIA y no pudo, como vemos acá:


¿El "referente mercantil que prefirió el anonimato" habrá sido Funes De Rioja, o el mismísimo Betnaza, hombre de Techint, empresa que muy dispuesta a aceptar la presencia del Estado en las empresas no está que digamos? 

jueves, 14 de abril de 2011

CAPUSOTTO SE QUEDÓ CORTO



En esta entrada de ayer comentábamos el DNU 441 de Cristina, por el cual elimina los topes para que el Estado haga valer sus derechos accionarios en las empresas en las que tiene participación a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que administra la ANSES, luego de la liquidación del sistema de jubilación privada.

Un rápido repaso de las tapas de los diarios de hoy nos muestra la reacción de la derecha argentina, que ha entrado en miedo:

Pánico:
 Y depresión: 

Y ni hablar de la Tribuna de Doctrina, donde los dueños de la Argentina se quejan a coro, y los columnistas operadores todo-terreno no se quedan cortos anunciando tempestades y huracanes.

Y para colmo los Diputados les traen más malas noticias, y las prepagas del curro de la salud privada están en la lista de espera.

¡Qué callito pisó Cristina, enferma y todo, eh!