LA FRASE

"HABLÉ CON EL PRESIDENTE DE MÉXICO Y LE OFRECÍ TODO MI APOYO, SI ES NECESARIO AL MURO LO HAREMOS ANTISÍSMICO." (DONALD TRUMP)

viernes, 22 de septiembre de 2017

A CORRAL TODO LE CHUPA UN HUEVO


Es la única forma de entender que en el medio de las denuncias por el manejo clientelístico de fondos públicos para solventar su red de punteros políticos, haya vuelto a firmar un convenio con la asociación civil del "Gitano" Viñas, empleado de la municipalidad y puntero de la UCR.

Más información al respecto, acá.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO INTERNO


Llegaron al gobierno por el voto, y en la primera elección legislativa que afrontaron no les fue nada mal, considerando los desastres que están haciendo gobernando.

Las encuestas les sonríen, tanto que están ganando -dicen- en todos lados, incluyendo en Buenos Aires, donde le ganarían a Cristina.

La economía -dicen- vuela, crecemos más de un 4 % y (al decir del ministro Cabrera) en todos los sectores; tanto que ahora harían eje en eso en la campaña, a diferencia de las PASO donde era un tema tabú, del que no se podía hablar.

La “gente” compró -parece- su versión del caso Maldonado, y el asunto está encapsulado, tiende a perder presencia en los medios y no tendría gravitación en las elecciones, porque hicieron un adecuado control de daños, según parece.

La imagen de Macri está en alza -cuentan-, atravesando su mejor momento, tanto que ya hablan de reelección; y hasta hay algunos opositores que parecen resignados a que así será.

Tienen un guiño de la CGT para meterle para adelante con la reforma laboral, y de mínima ya lograron que cajoneen definitivamente el paro; mientras la protesta por el incumplimiento de la “emergencia social” parece diluirse otra vez.

Y sin embargo, cuando más tranquilos deberían estar, concentrados en lo suyo, en gobernar y en contarnos todas las maravillas que están haciendo, como están transformando el país, están hiperactivos pero en otro sentido.

Como dijo Cristina: en tratar de construir el enemigo interno, al que no alcanza con derrotarlo en las urnas, sino que hay que desterrarlo de la vida política, recluyéndolo a los tribunales, la represión o la cárcel.

Y de paso, estigmatizar y demonizar a todo el que se organiza o protesta para defender sus derechos, sean mapuches, estudiantes del secundario, trabajadores cuyos puestos de trabajo corren riesgo, sindicalistas díscolos o gobernadores reclamando fondos. 

Resucitan a Nisman para volverlo a matar, y nos lo vuelven a meter por todos lados, en todas partes, a toda hora; porque no alcanza con que Cristina sea ladrona, sino que -al parecer- también necesitan que sea asesina.

Al mismo tiempo aceleran todas y cada una de las causas contra ella, tratando de ejercer presión para ver si logran meterla en cana antes de las elecciones, o tenerla recorriendo los juzgados en lugar de hacer campaña.

Y lo hacen echar a Navarro por haber osado darle cabida a las denuncias de Verbitsky sobre el descomunal blanqueo de la familia presidencial, o el hecho de que el propio Macri se comió un barrio entero en su declaración jurada.

Antes mandaron a apretar por sus periodistas servilleta a Víctor Santamaría del SUTERH y dueño de Página 12, y meten una denuncia contra el SMATA después de que Pignanelli desautorizara a Romero en el apoyo a Randazzo, y le hiciera un guiño a la lista de “Unidad Ciudadana”.

Hay algo que no cierra en todo esto, o ellos saben algo que nosotros no, y que es distinto a lo que nos cuentan.

jueves, 21 de septiembre de 2017

JÓDANSE POR PELOTUDOS




¿PUEDE UNA OBRA SOCIAL TENER SUPERÁVIT SIEMPRE?


Por el decreto cuyas imágenes ilustran el post lo que está haciendo Lifschitz es transferir más de 527 millones de pesos de "superávit" del IAPOS de sus recursos propios (aportes personales de los trabajadores y contribución patronal del Estado provincial), que fueron recaudados y no invertidos el año pasado.

De acuerdo con las planillas anexas al decreto, más de 483 millones de ese total (el 91,70 % de lo transferido) se destinaría al pago de prestaciones y servicios médicos para los afiliados, pero la transferencia se hace cuando faltan poco más de tres meses para finalizar el año.

A diferencia de la Caja de Jubilaciones cuyo déficit puede explicarse porque las jubilaciones y pensiones hay que pagarlas todos los meses (incluyendo los aumentos), en el caso del IAPOS que le "sobre"  o no plata, depende exclusivamente del modelo prestacional que ponga en práctica la obra social.

Dicho de otro modo, el IAPOS recortó o retaceó prestaciones a sus afiliados, de modo tal que aun con la considerable inflación producida en todos lo rubros del gasto en salud (desde medicamentos hasta análisis y otras prácticas médicas), le sobró plata.

La pregunta es si ese puede ser el objetivo de una obra social constituida bajo un sistema solidario, pero que parece comportarse como una prepaga.

Y no es la primera vez que pasa, ni mucho menos: de hecho, viene pasando todos los años desde el 2008, con el gobierno de Binner.


DOS POLÉMICAS TERMINADAS: SEGUIRÁN BAJANDO PENSIONES Y AUMENTANDO TARIFAS


Apenas aterrizó en el Congreso el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene -en medio del total misterio de lo que iba a contener- desde el gobierno salieron a desmentir que planteara un ajuste; lo que por otro lado no sería muy consistente con su idea de posponer la discusión para después de las elecciones.

Entre los rubros en los que sin dudas se iba a poner la lupa, estaban las pensiones no contributivas que sufrieron hachazos el año pasado y éste, máxime cuando hace pocos días el gobierno apeló el fallo judicial que le ordenaba restituir las que había sacado, mientras en público los funcionarios decían que ya estaban devueltas, porque habían dado marcha atrás.

Cuando hace un par de semanas atrás Macri dictó un DNU disolviendo la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas para reemplazarla por otro organismo, decíamos acá que se trata de cambios cosméticos, preludio del nuevo ajuste que venía en el rubro, y que trataban de disimular.

Y muy errados no estábamos: en la imagen de apertura (sacada como todas las que ilustran el post del mensaje del Poder Ejecutivo en el que remite el presupuesto al Congreso) se puede ver que hay una fuerte disminución en todas las pensiones no contributivas; para ser más precisos de acuerdo con esas pautas (y si los legisladores lo aprueban) caerán 38.886 pensiones por invalidez, 6481 pensiones para madres con 7 hijos o más, 1968 pensiones otorgadas por los legisladores y 1259 pensiones a la vejez.

Si la comparación se hace contra el 2016, la caída es de 37.343 (por invalidez), 14.244 (para madres con 7 hijos o más), 11.399 (otorgadas por los legisladores) y 8523 (a la vejez), respectivamente. Y por si alguna duda quedara, veamos este otro cuadro: 



Está mostrando el alcance de la cobertura médico asistencia a los beneficiarios de pensiones no contributivas, y sus grupos familiares: la caída el año que viene será de 22.411 personas que dejarán de tener cobertura de salud el año que viene, o 37.750 comparadas con la que gozaban de ella como beneficio conexo a la pensión, desde el 2016. 

Si la comparación la hacemos con el 2015 (el último año del gobierno de Cristina) en el 2018 habrá 109.494 personas menos con cobertura de salud por percibir una pensión no contributiva, o integrar el núcleo familiar de un beneficiario. En el caso de las pensiones a la vejez la baja de beneficios en el mismo período es de 11.651, y en el caso de las madres con 7 hijos o más, 59.063 beneficiarias menos.

Otro de los temas que tuvo desmentidas fue el de los aumentos de tarifas, pese a que en las audiencias públicas del año pasado quedó claro que en el caso del gas y la luz, el gobierno contempla un "sendero de precios" a las petroleras y a los transportistas y distribuidoras, hasta por lo menos el final del mandato de Macri. Veamos al respecto éste otro cuadro:


Está marcando en el caso de la electricidad que porcentaje del costo de generarla es absorbido por los usuarios a través de las tarifas, quedando el resto cubierto por los subsidios.

Como se puede ver, entre el año pasado y éste un 22 % de ese costo fue trasladado por el gobierno a los bolsillos de los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) a través de la baja de subsidios, y el proyecto de presupuesto contempla cargarles otro 9 % más de ese costo, el año que viene.

Lo que supone que además de que Macri mintió cuando estimaba que éste año "recién habíamos llegado" a cubrir el 45 % del costo de la energía solventada por los usuarios vía tarifas, y que el año que viene se vendrán más tarifazos.

¿Se entiende ahora el por qué de la negativa a discutir el presupuesto antes de las elecciones?   

miércoles, 20 de septiembre de 2017

¿TECNÓPOLIS CIERRA LA GRIETA ENTRE RADICALES Y SOCIALISTAS?


INSÓLITOS NIVELES DE PAYASISMO


Los otros días en ésta entrada analizábamos las obras incluidas y excluidas para Santa Fe y su zona de influencia en el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene; y entre ellas hablábamos de la planta potabilizadora de agua para la ciudad, incluida bajo el sistema de “participación pública privada”; con un presupuesto de 7501 millones de pesos que pondrían -en teoría- inversores privados.

Planteábamos nuestra dudas al respecto, porque la obra está comprendida dentro del plan general de mejoras y desarrollo del servicio que debe ejecutar Aguas Santafesinas S.A., la empresa estatal que presta el servicio de agua potable y cloacas en 15 localidades de la provincia.

Y en el marco de la interna a cielo abierto entre socialistas y radicales que ya cobra contornos payasescos, vemos acá en el diario del Loco Lindo que ayer hicieron anuncios en simultáneo sobre la obra el gobernador Lifschitz y el intendente Corral, cosa que no debe sorprender: mientras la semana pasada Corral estaba en Rafaela visitando obras en una ruta nacional con Macri, el gobernador anunciaba obras de bacheo en Santa Fe, como si fuera el intendente.

Pero volvamos a la planta potabilizadora: Corral se atribuye el mérito de haberla incluido en el presupuesto nacional con la modalidad PPP (participación pública privada), mientras Lifschitz también considera esa alternativa como una de las posibles para hacerla; pero ninguno de los dos nos explica como funcionaría, sin mencionar que para el gobernador costaría entre 1500 y 2000 millones de pesos, y en el presupuesto nacional figura -como dijimos antes- con un costo de 7501 millones.

En los últimos días del primer gobierno de Reutemann en 1995, la provincia privatizó los servicios de agua potable y cloacas en 15 ciudades y pueblos de la provincia, dando lugar a la desaparición de la ex DIPOS, y a la llegada de Aguas Provinciales de Santa Fe; el consorcio privado comandado por el Grupo Suez y Aguas de Barcelona (los mismos que habían aterrizado en la nación, para los mismos servicios).

Radicales y socialistas (que por entonces formaban la Alianza Santafesina, el antecedente del FPCyS) le saltaron a la yugular y con razón al gobierno de Reutemann por la privatización, ejecutada por Roberto Gayá, un hombre que provenía de la UCR del sector de Usandizaga.

Como cualquier santafesino sabe, la concesión fue un completo fracaso desde el principio: la concesionaria nunca cumplió ni siquiera mínimamente con las obras e inversiones comprometidas, reclamando la dolarización de las tarifas para sostener -en teoría- la ecuación económica del negocio.

A principios del 2006 el gobierno de Jorge Obeid rescindió la concesión por culpa de la concesionaria, y creó Aguas Santafesinas S.A., con un 51 % de acciones del Estado provincial, un 39 % de los municipios y comunas comprendidos en el radio de la concesión y un 10 % de los trabajadores de la empresa a través de un programa de propiedad participada.

La medida dio lugar a un juicio del Grupo Suez contra la provincia y el Estado nacional en el tribunal arbitral del CIADI; lo que generó -otra vez- la crítica de radicales y socialistas, porque se había cedido jurisdicción en tribunales del extranjero, aun cuando eso era consecuencia de los tratados bilaterales de inversión firmados en el gobierno de Menem.

En los dos últimos años de su gobierno, Obeid fijó una política de subsidios a las tarifas, y el plan de obras e inversiones fue solventado con aportes del Estado; tal como hizo Néstor Kirchner con AYSSA, creada al mismo tiempo para atender los servicios del AMBA (Area Metropolitana del Gran Buenos Aires); un criterio que cambio sustancialmente a partir de diciembre del 2007 con la llegada del Frente Progresista de radicales, socialistas y otros partidos al poder en Santa Fe.

Desde entonces, los gobiernos de Binner, Bonfatti y Lifschitz adoptaron un esquema de fuertes aumentos de tarifas (por lo menos dos al año), con la excusa de solventar un plan de obras y ampliar los servicios, en especial las cloacas. Incluso llegaron al extremo de crear sendos cargos solidarios específicos sobre las facturas de los usuarios de Santa Fe y Rosario, para esas últimas obras. Es decir, hace 10 años vienen manejando a la empresa estatal, como la querían manejar lo privados en los tiempos de Reutemann.

Con solo remitirse a la etiqueta “Aguas Santafesinas” a la derecha del blog pueden leer las entradas que hemos hecho sobre el tema, para enterarse de que nada de eso pasó: las tarifas aumentaron, el cargo solidario se cobra, pero las obras no llegan, o si lo hacen -y a cuentagotas- es con aporte del Estado provincial, o con partidas el fondo sojero que llegan de la nación desde el 2009.

Así llegamos a éste punto, en el que ambos socios hoy desavenidos no descartan hacer una obra crucial para los vecinos de Santa Fe como la nueva planta potabilizadora bajo un esquema igual o si se quiere, peor que las privatizaciones de la década del 90’; como es la “participación pública privada”, que incluso podría venir con la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York para cualquier pleito derivado del contrato, como cuentan acá.

Y en el medio de la payasesca disputa entre radicales y socialistas (pensemos lo que dirían estos mismos tipos si así se dirimiera una interna del peronismo) los santafesinos seguimos sin saber cuando, como y por cuanto dinero se hará la obra, si es que se hará; y quien pondrá la plata; sin dejar de señalar que tampoco nos cuentan quien elegirá al privado que -en teoría- pondrá la plata, y cuáles son los beneficios que ese privado obtendría a cambio, por financiar la construcción de la planta. Por supuesto que el periodismo de copy paste de partes oficiales de prensa jamás se hará estas preguntas, ni se las hará a los funcionarios.

¿Se viene otra privatización solapada y sin intervención de la legislatura de los servicios de agua potable y cloacas como la que los radicales y socialistas le criticaron a Reutemann en los 90’, con tarifas dolarizadas y jurisdicción extranjera para dirimir los conflictos?

O quizás no llegue a tanto y simplemente se trate de otro capítulo más de una pelea bizarra y payasesca.

LOS VAN A VOLVER A CAGAR


En el primer año de su gobierno Macri pudo conseguir la aprobación de leyes cruciales para su programa de gobierno gracias al apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, y de los legisladores que respondían en ambas Cámaras a los gobernadores de las provincias, en especial los del PJ.

Así pasó con el acuerdo con los fondos buitres, el blanqueo de capitales (que contenía la “reparación histórica” a los jubilados y el desguace del fondo de ANSES) y el régimen de “participación pública-privada”; con el cual el gobierno confiaba -y confía- apuntalar la inversión en infraestructura sin que el Estado tenga que poner plata.

Cada uno de los apoyos brindados al oficialismo fue justificado por los “dadores voluntarios de gobernabilidad” (por usar una expresión que Pichetto sucribiría) con supuestas ventajas o concesiones que conseguían del gobierno nacional, a cambio; cosa que nosotros señalamos acá que demostraba poca astucia de su parte, y muy errados no estuvimos, como se puede comprobar con las discusiones que se están abriendo por estos días a partir del aterrizaje del proyecto de presupuesto 2018 en el Congreso nacional.

Así por ejemplo el acuerdo con los fondos buitres fue visto por muchos gobernadores (incluyendo al nuestro, del “progresismo” sui géneris) como necesario para salir a tomar deuda en los mercados de capitales; proceso que era incluso alentado desde el gobierno nacional, que lo hizo y en abundancia.

Ahora, a la vuelta de la esquina de dos años de endeudamiento desenfrenado, el gobierno impulsa una ley de responsabilidad fiscal que le pone tope al endeudamiento de las provincias, pero también al aumento de su gasto público y en especial del gasto corriente (por ejemplo los salarios), al ritmo de las “metas de inflación”: una formA de transferirles a las provincias parte del peso del ajuste, de la reducción de los salarios reales (objetivo clave del programa de “Cambiemos”) y por ende, del conflicto social.

El apoyo de buena parte de la oposición (peronista y de otros palos, como el socialismo) al blanqueo de capitales y el desguace del fondo de ANSES se justificó en el compromiso del gobierno de Macri de financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales, algo que como se puede ver acá no se está cumpliendo, en gran medida por las razones indicadas en su momento acá: la nación les exige a las provincias “armonizar” sus sistemas previsionales, lo que en buen romance significa un recorte real a las jubilaciones en los haberes base, la tasa de sustitución del salario en actividad y los mecanismos de reajuste.

Tan poco afecto es el gobierno de Macri a cumplir con lo pactado, que ni siquiera tiene pensado cumplir con las deudas a las que está obligado porque así lo manda la justicia; como lo puede comprobar acá el socialismo luego del fallo de la Corte Suprema por el 15 % de la masa precoparticipable que se destinaba a la ANSES.

Cuando los gobernadores armaron un scrum que trascendió las fronteras partidarias (hasta se sumaron algunos oficialistas) para reclamar una mejor coparticipación del impuesto al cheque (cuya eliminación se viene prometiendo desde que fue creado), la respuesta del gobierno nacional es prorrogarlo y destinar el 70 % de su recaudación a la ANSES, para financiar las prestaciones previsionales nacionales; promoviendo así un enfrentamiento provincias versus jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones familiares.

La tan meneada reforma tributaria se vino haciendo en cuotas hasta acá, aumentando el sesgo regresivo de la estructura impositiva, y haciendo que las provincias resignen recursos: disminución de las retenciones a la soja que alimentan el Fondo Federal Solidario para obras de infraestructura (caerán otros cinco puntos a partir de 2018), cambios en Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta que los harán desaparecer progresivamente y se prepara el ajuste por inflación de los balances empresariales, para licuar en parte la carga tributaria por Ganancias.

Por contraste, recursos extraordinarios como el impuesto especial a los que ingresaron al blanqueo o el que se cobraría por el revalúo resultante del ajuste por inflación de los balances, no se coparticipan; y mientras el gobierno vuelve a instalar por su red de medios adictos la idea de las “provincias inviables” que no pueden sostenerse sin ayuda del Estado nacional, la pieza central de la reforma tributaria sería la eliminación de Ingresos Brutos, que representa entre un 70 y un 80 % de la recaudación propia de la mayoría de las provincias.

Pero como si todo esto fuera poco o no hubiera sucedido ni estuviera pasando, sigue la venta de humo: vemos acá como el gobierno sale a vender el “PlanPatagonia”, tan fantasmal y falto de precisiones como su antecesor, el “Plan Belgrano: apenas un conjunto de buenos deseos, a ser financiado eventualmente con el esquema de la “participación pública privada”, que hasta acá viene siendo otro sonoro fracaso; y con muchos proyectos valorizados simbólicamente en un peso, como si se tratara de una mueble viejo amortizado por depreciación en un balance.

Lo mismo ocurre con las obras planteadas en el presupuesto bajo el mismo esquema, o con eventual financiación nacional:, pocas, tirando a nada, y todas destinadas a los gobernadores y provincias del palo; sin lugar siquiera para los opositores“amigables” como Urtubey. Un mensaje claro de Macri que no lo ve el que no quiere: allí donde algunos soñaron con ser personajes principales de un nuevo esquema de reparto del poder en la Argentina, son apenas actores secundarios que y cumplieron su rol útil, y si se confirman algunos resultados de las PASO serán reemplazados por otros más afines.

Y exactamente lo mismo le va pasar a la CGT que vendió paz social y resignación de las protestas a cambio de fondos para las obras sociales (que hoy ya no manejan a través de alguien de su confianza, como al principio) un blanqueo laboral que es una invitación a seguir desfinanciando a futuro la seguridad social, el levantamiento de las intervenciones a algunos sindicatos y el mantenimiento del modelo sindical, entendiendo por tal que el gobierno archive cualquier idea de algo parecido a la “ley Mucci” de Alfonsín; algo que nunca estaría dispuesto a hacer porque correría el riesgo de tener que enfrentar direcciones sindicales más combativas.

¿Será la moneda de cambio de tantos favores algún guiño sindical a la flexibilidad laboral, que de hecho ha empezado en algunos sectores como petroleros, mecánicos y la construcción?

Porque no crean ni uno ni otros (gobernadores, sus espadas en el Congreso, los dirigentes de la CGT) que el gobierno se desviará de sus objetivos, o cumplirá los pactos que cierre: más temprano que tarde los va a cagar como lo vino haciendo hasta ahora, porque está en su naturaleza, como la fábula de la rana y el escorpión; y cuando plantean un ajuste (que de la boca para afuera niegan), es ajuste para todos, pero sobre todo para las provincias.

Porque hay que generar los excedentes que permitan pagar la deuda que alegremente contrajeron todos, que pesa cada día más en las cuentas fiscales de la nación y de las provincias que se endeudaron, y que debe ser honrada para mantener aceitada la rueda del endeudamiento, que es el único elemento estructural que sostiene al modelo de Macri.

Y mientras todo esto sucede frente a sus narices a una velocidad que no parecen estar en condiciones de seguir, muchos están ocupando viendo que hacer con Cristina y como correrla de la cancha para el 2019, siendo como es la única con peso propio que se le planta a Macri, el que se los está fumando en pipa.

martes, 19 de septiembre de 2017

LOS COSTOS DEL CASO MALDONADO


En el Boletín Oficial de hoy salió publicada la Decisión Administrativa 774 del Jefe de Gabinete Marcos Peña (completa acá), por la que se introducen modificaciones al presupuesto nacional de éste año.

Entre ellas y como ven en la imagen de apertura, amplía en 300 millones de pesos la partida destinada a publicidad oficial, para solventar la pauta que el gobierno reparte en medios, portales y redes sociales.

Evidentemente sostener las delirantes hipótesis oficiales sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado y las maniobras para confundir los hechos, tiene sus costos.

LOS SUPERPODERES DE CORRAL: TRANSFORMAN OBRAS EN DEUDAS


El análisis de los datos de la ejecución del presupuesto municipal de éste año hasta el pasado 31 de agosto sigue dejando datos de interés para entender como viene funcionando en la práctica y más allá de los anuncios de campaña la gestión de José Corral

Ya vimos en ésta entrada y en ésta otra lo que pasaba respecto a la llegada de fondos nacionales, y al funcionamiento de las “cajas negras” solventadas con los recursos del programa “Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo; ejemplos ambos que nos permitieron medir la gran distancia que va de los dichos, a los hechos.

De acuerdo con la ordenanza de presupuesto sancionada por el Concejo, la Municipalidad de Sana Fe tiene previsto gastar este año un total de $ 5.069.677.811,00, pero “superpoderes” mediante, Corral elevó esa cifra a $ 5.254.991.275,88.

En los primeros 8 meses del año el gasto total devengado fue de $ 2.857.182.014,52, lo que supone un 56,36 % de lo aprobado en el presupuesto, y un 54,37 % de lo “retocado” por Corral a partir de allí. Proyectando anualmente las cifras, nos daría un porcentaje de ejecución del 84,54 % respecto a lo votado por los concejales, y de un 81,55 % en relación al presupuesto vigente; y aquí surge ya una primera conclusión: o las cifras del presupuesto fueron infladas artificialmente por Corral, o la Municipalidad viene ajustando fuertemente los gastos, o una combinación de ambas cosas.

Veamos lo que pasa con algunas partidas de las que nos hemos ocupado en otras ocasiones (por ejemplo acá) como “Bienes de Uso” y “Servicios de la Deuda y Amortización de Otros Pasivos”. Mientras la primera expresa la inversión municipal en gastos de capital para mejorar la infraestructura (Construcciones y Maquinaria y Equipo, básicamente), la segunda contabiliza la cancelación de deudas contraídas por la municipalidad, por todo concepto.

En “Bienes de Uso” y a partir del proyecto enviado por Corral que hablaba del “plan de obras públicas más ambicioso en la historia de la ciudad” se aprobaron en la ordenanza de presupuesto $ 1.849.441.604,00, que luego el intendente rebajó levemente por los “superpoderes” a $ 1.827.244.098,78.

En los primeros 8 meses del año (es decir al 31 de agosto pasado, último dato disponible) se habían ejecutado en ese rubro $ 537.436.702,45, lo que significa un 29,06 % de lo previsto en el presupuesto original, o un 29,41 % de lo contemplado en el “retocado” por el DEM.

 Si se proyecta anualmente ese nivel de ejecución, daría un porcentaje del 43,59 % de lo previsto originariamente, y de un 44,11 % sobre lo reformulado, lo que arroja la segunda conclusión: a este ritmo de avance, Corral terminará ejecutando bastante menos de la mitad de la obra pública y la inversión prevista o prometidas en el presupuesto.

También resulta muy interesante lo que ocurre con “Servicios de la Deuda y Amortización de Otros Pasivos”, rubro para el cual se previeron en el presupuesto $ 468.191.809,00; pero que apenas la ordenanza fue promulgada, Corral aumentó a $ 592.385.530,19; es decir un 26,52 % más, de movida.

En los primeros 8 meses del año se ejecutaron en éste ítem $ 542.481.177,54, que representan un porcentaje de ejecución del 115,87 % sobre el presupuesto aprobado, lo que proyectado anualmente daría nada menos que un 173,80 %.

Pero si se considera lo gastado por la gestión de Corral en cancelar deudas hasta el 31 de agosto pasado en relación a la partida específica que existe a esos fines tal como quedó “inflada” por él mismo, el porcentaje es igualmente llamativo: se gastó el 91,57 %, lo que da ría una proyección anual del 137,35 %, y acá aparece la tercera conclusión: si el ritmo de cancelación de deudas no merma en los últimos cuatro meses del año, la gestión municipal deberá volver a reforzar esta partida, echando mano de otras para solventar el refuerzo.

La anomalía no se explica por el pago de intereses de deudas anteriores ya contempladas en el presupuesto, o autorizadas por el Concejo: en el rubro “Pago de Intereses” se aprobaron fondos por $ 68.562.891,00, luego disminuidos por Corral a $ 68.289.653,59; pero al 31 de agosto solo se habían devengado $ 29.923.523,58, o sea el 43,82 % sobre lo aprobado y el mismo porcentaje sobre lo reformulado; cifras que proyectadas anualmente darían un 65,73 %, lo que nos deja la cuarta conclusión: mientras Corral aparecería cancelando deudas por mucho más de lo previsto en el presupuesto, no llegaría a los dos tercios del pago de intereses contemplados allí.

En el presupuesto original “Servicios de la Deuda y Amortización de Otros Pasivos” representaba el 9,23 % del gasto total de la municipalidad (lo que no es poco), pero en la ejecución efectiva hasta el pasado 31 de agosto viene representando nada menos que el 18,98 %, un porcentaje preocupante porque supone que la gestión de Corral destina casi uno de cada cinco pesos que gasta, a pagar deudas.

Y si bien viene bajando (llegó a representar más del 36 % de lo pagado al 30 de abril) sigue siendo alto, y el avance de las ejecuciones mensuales demostraría que se trata de deudas corrientes del año pasado, que se transformaron en flotantes al pedalearlas para éste año, cuando se empiezan a cancelar.

Mientras tanto, con “Bienes de Uso” (es decir con la inversión en obras e infraestructura) el proceso es exactamente el inverso: en el presupuesto aprobado por el Concejo representaba el 36,48 %, pero en lo ejecutado hasta el 31 de agosto fue el 18,81 %, o sea la mitad.

Si lo vemos de otro modo, al plantear el presupuesto Corral prometió gastar 3,95 pesos en “Construcciones” (obra pública) o “Maquinaria y Equipo” por cada peso gastado en pagar deudas, pero en los 8 primeros meses del año la relación es casi de 1 a 1, e incluso lo pagado por deudas fue más que lo invertido en gastos de capital.

Lo que nos deja con la quinta y última conclusión: Corral no solo les mintió a los concejales y a los santafesinos en cuanto a las obras (exagerando notoriamente los recursos que iban a venir desde el gobierno de Macri con ese fin), sino con las deudas de la municipalidad, ocultando en el presupuesto deuda de años anteriores con proveedores y contratistas que viene pedaleando año tras año, y que escamotea de la discusión pública.

DEJÁTE DE JODER


Una de las grandes dificultades de discutir cualquier cosa en la Argentina es que la mayoría habla y argumenta desde la nada, en el aire, sin apoyo en una puta cifra, data o estadísticas que le de más o menos credibilidad a lo que dice. 

Y eso es justamente lo que pasa con el famoso asunto de "la industria del juicio laboral", por lo cual es bienvenida ésta nota de El Cronista en la que se tiraron algunos números; aun cuando hubiera sido deseable que se contara también que pasa con la siniestralidad, es decir si a partir de la sanción del régimen de ART en 1996 hay más o menos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; ya que ese fue el argumento con el que Cavallo vendió el sistema en el menemato.

Sin embargo, las cifras que sí da la nota nos permitieron a nosotros hacer algunos cálculos que nos parece llevan a conclusiones muy interesantes. Veamos (las comillas son textual del artículo, las negritas son siempre nuestras): 

"La serie histórica correspondiente al período enero de 2010-junio de 2017 refleja que en el período se iniciaron 623.235 demandas, el 95% de ellas contra las aseguradoras del régimen y el resto contra las empresas empleadoras, de las cuales sobre litigiosidad el 58,9% todavía aguardan una definición por parte de la Justicia." (O sea que 6 de cada 10 juicios nunca se terminaron y aun están sin definirse, sea porque apelan los trabajadores, sea porque lo hacen las empresas o las ART. Cabría preguntarse entonces de donde saca Macri los datos para pegarles a los jueces laborales diciendo que fallan siempre para el mismo lado. Por otro lado esa cifra en siete años y medio considerados -es decir 90 meses- da un promedio anual de 83.098 juicios, sobre un universo de 12.152.200 trabajadores registrados en el SIPA al 31 de mayo de éste año, que antes de diciembre del 2015 eran incluso más. Lo que supone que solo uno de 146 trabajadores hace un juicio por accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir el 0,68 % del total. Después veremos como queda la cosa si incluimos al 35 % de trabajadores en negro) 

"Si se tiene en cuenta que el costo promedio de cada juicio del sistema (resuelto en primera instancia) alcanza los u$s 13.600 (unos $ 235.600), el stock acumulado de demandas sin sentencia judicial representaría hasta junio pasado un costo de u$s 4988 millones." (O sea que el promedio demandado en los juicios laborales equivale a menos de 15 sueldos promedio en la ciudad de Buenos Aires, a abril de éste año. Una bocha de plata. De cualquier modo, esos 4988 palos verdes al tipo de cambio de ayer son 86.691 millones de pesos, divididos por 90 meses del relevamiento da algo más 963 millones de pesos por mes. Esa cifra dividida por los trabajadores registrados en el SIPA da $ 79,26 por trabajador, por mes. Si sumamos los trabajadores en negro, la cifra baja a $ 51,52 por cada trabajador. Tremendo el "costo laboral" de la "espada de Damocles" del terrible "pasivo contingente")

"Entre los actores del sector estiman que las reservas de las aseguradoras para financiar los juicios sin sentencia rondarían los u$s 1900 millones, con lo que apenas estaría cubierto el 40% del pasivo contingente que el sistema acumuló desde 2010." (Aquí caben dos posibilidades: o el sistema de ART es una garcha porque no les exige a las aseguradoras tener reservas para afrontar las contigencias que cubren y para las cuáles cobran una prima, o el Estado no controla que lo hagan. En ninguno de los dos casos es responsabilidad de los trabajadores, y no se entiende que los empresarios sigan defendiendo un sistema que los esquilma; a no ser que las primas suban porque sube la siniestralidad, en cuyo caso deberían probar mejorando las medidas de prevención para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales)

"El relevamiento de la SRT puso de relieve que si bien la reforma del régimen implementada en 2012 logró terminar con la denominada "doble vía" (que habilitaba el cobro de la indemnización del sistema y el inicio de un juicio por vía civil contra el empleador), no consiguió frenar la litigiosidad." (Es decir que lo que por entonces se presentó como la panacea para resolver todos los problemas del sistema -especialmente la litigiosidad elevada- no era tal; razón de más para desconfiar de cuanta reforma propongan estos mismos intereses sobre el tema; más cuando no dan cifras sobre la siniestralidad y lo invertido en prevención)

"Al contrario: mientras que en 2012, antes de los cambios que significaron un significativo incremento de los montos de las indemnizaciones, se iniciaron 64.213 demandas, ese nivel trepó en forma ininterrumpida durante los años posteriores a la reforma. En 2013 la cantidad de nuevos juicios alcanzó a 77.890 presentaciones y en 2014 se iniciaron 84.902 demandas. Pero la gran escalada en la ola de juicios se registró en 2015 y 2016 con 104.602 y 120.205 demandas iniciadas respectivamente." (Con la misma cuenta que hicimos antes, en el 2012 iniciaban un juicio laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional uno de cada 189 trabajadores, o sea el 0,53 %, y el año pasado las cifras ascendieron a uno cada 101 y el 0,99 %, respectivamente; pese a que se eliminó "la doble vía" para -supuestamente- terminar con "la industria del juicio". Si incluimos en el cálculo a los trabajadores informales, las cifras significan que el año pasado -en plena cresta de la "ola de juicios"- habrían iniciado demandas por estas cuestiones uno de 156 cada trabajadores, o sea el 0,64 % del total. Déjense de joder)

lunes, 18 de septiembre de 2017

ANTICIPADAS EN VENTA



CON SUERTE LLEGAN A LA MITAD


En varias oportunidades vinimos haciendo el seguimiento de la ejecución del plan de obra pública del gobierno provincial, tan ampliamente publicitado como "sin  precedentes", y que generaría un verdadero "shock". Ver por ejemplo esta entrada y esta otra, analizando siempre los datos oficiales.

Cuando la semana pasada se conocieron los números del empleo del INDEC en los grandes aglomerados urbanos del país, el ministro de Trabajo de la provincia Genesini atribuyó la baja del desempleo en el Gran Santa Fe y el Gran Rosario a "la gran inversión de la provincia en obra pública".

Sin embargo, los propios datos oficiales indicarían otra cosa.

La imagen de apertura corresponde a los datos de la ejecución del presupuesto oficial al 31 de julio, último dato disponible.

Las cifras marcan que la provincia invirtió en los primeros siete meses del año algo más de 5723 millones de pesos en "Construcciones" (obra pública), que equivalen al 6,41 % del gasto total; una cifra que está por encima de las paupérrimas marcas de los gobiernos socialistas en la materia desde el 2007, pero aun por debajo del promedio del gobierno de Jorge Obeid (2003-2007).

Sin embargo, hay más aun: si proyectamos la cifra anualizada (aunque en los últimos últimos meses del año la ejecución suele mermar, pues se echa mano de las partidas de "Construcciones" para tapar otros agujeros) arrojaría hacia fin de año una inversión total de 9811 millones de pesos.

Considerando que en el presupuesto provincial que Lifschitz envió a la Legislatura y ésta sancionó se contemplaban casi 19.802 millones de pesos en "Construcciones", estaríamos hablando para todo el año de un nivel de ejecución del 49,54 % de lo presupuestado, es decir menos de la mitad.

Un shockcito. digamos.  

SERIA, FIRME Y CONCRETA


Parafraseando a los spots de campaña del gobierno, Cristina viene haciendo lo que hay que hacer: después de la carta abierta a los votantes opositores, empezó una ronda de reportajes en medios hostiles, y ayer encabezó un acto al modo tradicional en Florencio Varela, para lanzar el tramo final de la campaña de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Pero la referencia va más allá de lo metodológico, o de las estrategias de una campaña que se avizora difícil, con todas las encuestas en contra: tiene que ver con el contenido y las definiciones políticas del tramo final de una campaña de "Unidad Ciudadana" que comenzó cediéndole el protagonismo a las víctimas de las políticas de Macri.

En el acto de ayer agradeció los apoyos que vinieron del sindicalismo de la CGT (Daer, Caló y Schmid, en ese orden) no ya a ella en lo personal -tanto que les costó decirlo así, sin subterfugios- sino a la única propuesta política que hoy por hoy existe con envergadura como para erigirse en oposición -en sus propias palabras- seria, firme y concreta al macrismo.

Después de haber elegido como compañero de fórmula a alguien que se fue en malos términos de su gobierno (aunque tuviera la dignidad de no medrar políticamente con eso), ayer lo puso en el centro de la convocatoria, y reconoció ese hecho. 

Como se dijo acá entonces y lo confirmó la propia Cristina, la famosa carta abierta era menos un llamado a la unidad de la dirigencia opositora, que a la de los votantes que no comulgan con el modelo de Macri: si alguno quiere ver allí la confesión implícita de que con el kirchnerismo solo no alcanza es porque la hay, ¿pero no es acaso eso lo que le venían pidiendo?

Valoró especialmente el apoyo de Gioja, el presidente del Consejo Nacional del PJ; que por cierto habla muy bien del sanjuanino: con clara conciencia histórica de lo que está en juego, dijo lo que había que decir, y desautorizó de plano a Pichetto, sin nombrarlo siquiera. 

Bien por él entonces: la política se divide entre los que tienen conciencia del rol histórico que les toca jugar y de su propia valía pero en función de los intereses del conjunto, y los que viven en la palmera, y se miran el propio ombligo todo el tiempo. Si pensamos en las respuestas a la carta de Cristina los nombre salen solos, allá ellos.

Es evidente a esta altura de las circunstancias que hay muchos que lamentaron la derrota de Scioli en el 2015 no tanto y no solo porque posibilitara la llegada de la derecha al gobierno, sino porque suponían que ganando el FPV también Cristina entraba en el ocaso de su vida política, y ya no sería factor.

Y se nota precisamente porque hoy, 22 meses después del balotaje, y con Macri haciendo estragos en el país, siguen poniendo el foco en la autocrítica de las razones de la derrota, y gastando más energía en diferenciarse de Cristina, que en oponerse en serio al gobierno. 

Ella en cambio y volviendo al principio, está ocupada "haciendo lo que hay que hacer": ponerle cuerpo al intento por construir un muro de contención política que impida el avance de Macri, y que sea la base de una construcción más amplia de cara al 2019 (en la que incluso ofreció resignar su rol personal), pero sin alterar el orden natural de las cosas, que es el que impone las urgencias, y por ende las prioridades: sin 2017 no hay 2019; y si el gobierno se consolida este año en las urnas tratará de introducir cambios estructurales tan profundos, que si prosperan modificarán por completo el escenario en el que se llegue a las próximas elecciones presidenciales. 

Eso es precisamente lo que -a su modo, y con el cuchillo de la reforma laboral en la garganta- entendieron algunos de los dirigentes de la CGT; y lo que entendió Gioja, de allí que no debe sorprender que en esa percepción encontraran un punto natural de coincidencia con Cristina, que simplemente tuvo el mérito no menor de estar plantada siempre en el mismo lugar: enfrente del gobierno de Macri, y de sus políticas.

El acto de ayer en Florencio Varela y en especial el discurso de Cristina son parte inescindible de "lo que hay que hacer", en un punto en el que nos interesa detenernos: lo que dijo CFK al caracterizar al gobierno de Macri, y al momento que vive el país.

Cristina habló de una "democracia precarizada", como telón de fondo necesario de la precarización de las relaciones laborales, y de las condiciones de vida de las grandes mayorías populares; y lo dicho tiene importancia y potencia singulares, por quien lo dice y más en estos tiempos de "post verdad" y campañas políticas diseñadas exclusivamente pensando en los formatos, sin que importen los contenidos.

En modo conteste con su auto-reivindicación como una militante política (cuando el nabo de Novaresio la quería convertir en "empresaria", equiparándola a Macri), Cristina sale a recorrer la provincia, a buscar el contacto con la gente pero por sobre todas las cosas, a decir, a llamar a las cosas por su nombre y sin medias tintas.

Aquella vieja idea de que los ajustes no cierran sin represión cobra ominosa actualidad palpable en ésta Argentina de recorte de derechos (actuales y futuros), represión de la protesta social, presos políticos y un desaparecido por las fuerzas de seguridad del Estado.

No se trata de decir que lo que está haciendo es lo único que puede hacerse en estas cinco semanas de campaña que quedan, pero sí lo más importante. Habrá que ver si alcanza, pero la única lucha que se pierde es la que se abandona.

domingo, 17 de septiembre de 2017

"NO ES LO MISMO QUE TE EMPERNE CRISTINA CON LAS RETENCIONES, QUE TRUMP CON EL BIODIÉSEL, NO VAS A COMPARAR"


LOS JÓVENES MANOS DE TIJERAS CON MAL DE PARKINSON


Leíamos en El Cronista el informe de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) sobre la Cuenta de Inversión del año pasado de la Administración Pública Nacional, información muy relevante ahora que se empezará a discutir el presupuesto 2018, porque permite medir la distancia entre lo que el gobierno dice que hará, y lo que efectivamente hace.

A continuación van algunos comentarios (las negritas son nuestras):

En el primer año del gobierno de Mauricio Macri, el tamaño del sector público nacional no financiero alcanzó su máximo histórico, 29,2% del PBI, después de sobrepasar el máximo alcanzado en 2015, de 28%, según calculó ASAP, en base a la Cuenta de Inversión que recién se publicó hace dos semanas atrás.(Es decir que luego de haber dicho que heredaban del kirchnerismo un Estado elefantiásico lejos de achicarlo lo agrandaron, o en realidad, aumentaron el tamaño de su participación en la economía, que no es necesariamente lo mismo)

El mayor peso del gasto de la administración pública nacional estuvo ligado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (37,37%), de la mano de las jubilaciones y prestaciones sociales, y a los servicios de deuda pública (14,38%), que aumentaron 180,04% respecto de 2015, en el año en que se negoció con los holdouts.(O sea que el gasto en seguridad social siguió siendo el que más pesa en las cuentas fiscales, y lo que se pudo “ahorrar” allí por el cierre de la moratoria jubilatoria se fue en la “reparación histórica”, con efectos distributivos bien diversos, claro está. Pero además lo que hizo la diferencia es el explosivo crecimiento del endeudamiento, y el consecuente pago de los servicios de la deuda)

De hecho, y aunque cayeron más del 30%, los servicios sociales concentraron el 56,12% del gasto, y los servicios económicos (subsidios), 18,22%. En tanto, los intereses de la deuda, 14,4%, después de casi triplicarse.(Los servicios sociales -comparados contra la inflación producida- tuvieron una brusca caída en términos reales, otro tanto pasó con los subsidios como consecuencia de los tarifazos, que no desaparecieron sino cambiaron de destinatarios: de los usuarios a las petroleras y generadoras de electricidad)

Como contrapartida, se redujo el gasto en las empresas públicas al 2% del PBI (con Enarsa, 34,95% y Aysa, 14,31% a la cabeza) y de las universidades, al 0,9% del PBI.(La baja de los subsidios se tradujo en un aumento de las tarifas, y menor inyección de fondos a empresas del Estado prestatarias de servicios como AYSSA; y hubo menos fondos para las universidades nacionales, razón por la cual atravesaron el año llenas de conflictos salariales y reclamos por podas al presupuesto)

Del lado de los componentes que registraron una baja, se anotaron globalmente el gasto en personal, seguridad social y gasto de capital.(El aumento de la participación del gasto público en el PBI no implica que no haya habido ajuste, en el marco de una drástica variación de los precios relativos; y ese ajuste lo pagaron en términos reales las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, los salarios de los trabajadores estatales y la inversión pública en infraestructura, que cayeron)

DESMALVINIZACIÓN


A un año del infame Acuerdo firmado entre el Gobierno de Macri y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que trata la Cuestiones de las Islas Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur, reiteramos nuestro rechazo y reivindicamos la soberanía sobre dichos territorios y los recursos naturales que pertenecen a más de 40 millones de argentinos. Reclamamos el mandato de las Resoluciones de Naciones Unidas: establecer un diálogo entre ambas Naciones para encontrar una solución pacífica y diplomática a la controversia de soberanía.

Este acuerdo menoscaba y consuma vulneraciones flagrantes a la Constitución Nacional, leyes nacionales vigentes, resoluciones de Naciones Unidas, declaraciones nacionales refrendadas por el Honorable Congreso de la Nación como es la “Declaración de Ushuaia”, resoluciones emanadas de organismos regionales, en perjuicio de los intereses de la República Argentina relativos a la cuestión Malvinas, tanto en lo que hace a su soberanía territorial como a la marítima, hidrocarburífera, ictícola, acuífera, y antártica, entre otras.

Desde que se firmó el acuerdo entre los gobiernos de Mauricio Macri y Theresa May el 13 de septiembre de 2016, los británicos avanzaron en la explotación de nuestros recursos naturales. Según consta textualmente en dicho documento: “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. En este sentido, es pertinente recordar que sólo con la venta de licencias de pesca se recaudan anualmente unos 30 millones de dólares que sumado a los recursos ictícolas producidos por la pesca ilegal aportan el 40% del PBI para el sostenimiento del “enclave colonial-militar” en nuestras Islas Malvinas. Asimismo, el avance en la explotación de recursos hidrocarburíferos indica que en la cuenca Malvinas existen yacimientos de petróleo de clase mundial con estimaciones que alcanzan un potencial de casi 1000 millones de barriles.

Al mismo tiempo, el grado de militarización se ha profundizado, como lo demuestra el incremento de los vuelos militares británicos con base en países vecinos, en violación a lo acordado desde el Mercosur la UNASUR. Este gravísimo hecho no ha sido denunciado por el gobierno de Macri. Pretender negociar nuestra soberanía en las Islas Malvinas a cambio de supuestos negocios no sólo está en contra de nuestro ordenamiento jurídico sino que resulta una torpeza política despreciar los apoyos regionales y globales que la Causa Malvinas ha cosechado en los últimos años, en Mercosur, UNASUR, OEA, otros foros multilaterales y Naciones Unidas, que rechazan la existencia de un enclave colonial al sur de nuestro continente y la expoliación de nuestros recursos naturales. En otros tiempos, dejar de lado la discusión de soberanía para avanzar en otros aspectos no ha beneficiado en nada la posición argentina. La única modificación al status quo fue favorable a los isleños, que consiguieron las regalías pesqueras y cierta autonomía frente al Reino Unido, como una legislatura local y la participación en las reuniones del Comité de Descolonización de ONU. Nuevamente, el gobierno de Macri desprecia la estrategia multilateral y elige la negociación bilateral con el compromiso de eliminar unos supuestos “obstáculos” que demuestran el alto costo político y económico que tenían para una potencia colonial distante.

Consideramos que lejos de haber rectificado los deplorables términos de ese Acuerdo, el gobierno de Mauricio Macri ha avanzado en políticas que implican la desmalvinización de la política exterior e interna, y que se ha producido un lamentable deterioro y retroceso en la reivindicación de la soberanía nacional sobre la Islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes. Muestra de ello es el incremento de las inversiones británicas en la expansión de las instalaciones militares en las islas; el aumento de las escalas de los vuelos militares británicos en Brasil consentidos por el gobierno golpista de Michel Temer; el avance de la exploración hidrocarburífera de los británicos con la complacencia del gobierno argentino; el desmantelamiento y remate del Instituto Antártico Argentino; la habitual omisión de diversos organismos públicos de incluir a Malvinas y al sector antártico argentino en mapas oficiales; la exclusión de nuestra aerolínea de bandera en un eventual acuerdo por la cuestión de los vuelos con origen y destino en las Islas; el abandono de una política de búsqueda de apoyo internacional en favor del diálogo por la cuestión de la soberanía; el veto presidencial a la Ley que establece el beneficio de la jubilación anticipada a los veteranos de Malvinas, entre otras gravísimas situaciones que atentan contra lo dispuesto por la Constitución Nacional en la Cláusula Transitoria Primera en lo relativo a la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas. A ello se suma el debilitamiento institucional del Instituto Antártico, lo que atenta contra la investigación científica y tecnológica y contra nuestra presencia en el continente antártico, cuya soberanía la Argentina reclama. La política de desmalvinización llega a su cenit con la firma del Acuerdo, que responde únicamente a los intereses británicos y soslaya el diálogo por la soberanía, que es la primera cuestión a resolver.

El Acuerdo Macri – May implica un retroceso en la política respecto a la Cuestión Malvinas, abandonando los reclamos y facilitando los actos unilaterales británicos. Se ha intentado imponer a espaldas de la ciudadanía, sin brindar información ni buscar consensos en nuestra sociedad y sin contar con el aporte del ámbito natural y constitucional para debatir la cuestión: el Congreso de la Nación. En este año, transcurrido desde la firma del Acuerdo, ni siquiera se ha convocado al Observatorio Parlamentario “Cuestión Malvinas”, creado en 2006, con el objetivo de estudiar, debatir, difundir, reunir antecedentes, realizar aportes y promover todo tipo de actividades académicas relacionadas con la Cuestión Malvinas. Las renuncias de Foradori y de Malcorra no han resuelto ni modificado la política llevada adelante por el gobierno de Macri, más preocupado por los negocios británicos que por la defensa de nuestros legítimos intereses.
El documento completo, acá.

sábado, 16 de septiembre de 2017

SE OLVIDARON DE ALGO



Más información, acá.

"VA A SER TAN LINDO NO HACER UN PUENTE...."


Ingresó al Congreso el proyecto de presupuesto nacional 2018, y está disponible en la página del Ministerio de Hacienda (verlo completo acá).

Y dentro de él, está el plan de obras públicas a ejecutar el año que viene y los años venideros, con una aclaración: un anexo contempla las que financiaría directamente el Estado nacional, y otros las que serían ejecutadas bajo el régimen de "participación pública privada" de la Ley 27.328 y su decreto reglamentario, explicado varias veces en éste blog, por ejemplo acá: los privados ponen la plata y recuperan su inversión, quedándose por ejemplo con algún negocio anexo a la obra como el cobro del peaje si se trata de una ruta o un puente (alternativa expresamente contemplada en el artículo 66 del proyecto de ley de presupuesto).

Dentro del primer anexo (las obras que financiaría el Estado nacional) figuran para Santa Fe y su zona de influencia:

* 500.000 pesos para la "puesta en valor" del edificio del Correo enfrente al puerto.

* 8,4 millones de pesos para "equipamiento turístico de la terminal portuaria de Santa Fe", lo que confirmaría que el gobierno tiene pensado que el puerto local nunca vuelva a funcionar  como tal. ¿Lo sabrán en la provincia, que es la responsable de su manejo a través del Ente Administrador?

* 1 millón de pesos para el "Acceso Sur" a Santa Fe como parte de la "Conexión vial Santa Fe-Paraná", es decir el hipotético nuevo puente o viaducto que una las dos ciudades.

* 1 millón de pesos para el puente específicamente dicho, en la misma obra. En ambos casos, no alcanza ni para pagar la publicidad en los diarios de un eventual licitación, y ni siquiera hay aun proyecto ejecutivo de la obra.

* 4,5 millones para "mantenimiento de los puentes sobre la ruta nacional 168" que une Santa Fe con Paraná, y es autovía desde el 2010, porque la hizo Cristina.

En el segundo anexo (el que contiene las obras que pagarían íntegramente los privados) figura la transformación en autopista de tramos no especificados de la ruta nacional 33 en el sur de la provincia, y la construcción de una planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe.

En éste caso se habla de una inversión total de 7501 millones de pesos, íntegramente a cargo de los inversores privados, porque no está contemplado que el Estado nacional ponga un peso durante el año que viene, y los dos siguientes, por lo menos.

El problema es que esa obra (reclamada por Corral al gobierno provincial desde que rompió con el Frente Progresista) es parte de las inversiones que debe hacer Aguas Santafesinas S.A., la empresa estatal que tiene la concesión de los servicios de agua potable en Santa Fe, Rosario y un total de 15 localidades de la provincia.

¿Estará charlado con el socialismo que inversores privados pongan esa plata en el proyecto, y en tal caso a cambio de qué, cobrarle a ASSA por potabilizar el agua, o por haber hecho la obra?

Todo indica que se trataría de un completo disparate, para disimular la falta total de obras de envergadura en la provincia de Santa Fe en el presupuesto nacional del año que viene.

Porque entre otras cuestiones (y de allí la imagen que encabeza el post) no está contemplado ni siquiera con un centavito el nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé, sobre el río Salado; que quedaría así postergado por otro año más.