LA FRASE

"DESEMPATAR LA VOTACIÓN DE LA LEY DE TIERRAS VOTANDO EN CONTRA DEL GOBIERNO LE HUBIERA DADO A LA CARRERA POLÍTICA DE LA VICEPRESIDENTA VILLARRUEL EL MISMO IMPULSO QUE LE DIO A LA MÍA EL VOTO NO POSITIVO DE LAS RETENCIONES." (JULIO COBOS)
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jueves, 26 de marzo de 2026

MEMORIA COMPLETA

 

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martes, 24 de marzo de 2026

¿NO NOS HAN VENCIDO?


Lo cantábamos (aun hoy lo hacemos) en cada acto del 24, y cada vez que ganamos las calles para reclamar, para ponerle el cuerpo a las ideas: "No nos han vencido". Como afirmación sonora de la voluntad de supervivencia, como afirmación de la identidad y del sentido de la lucha; pero un poco también -aunque sea doloroso admitirlo- romantizando las condiciones objetivas reales que hicieron posible la derrota de la dictadura, y que determinaron los alcances reales de la apertura democrática; más obra de la dignidad de unos pocos y del sacrificio de los héroes de Malvinas, que de una reacción extendida de la sociedad argentina a los años del horror.

Pero si, nos vencieron y nos siguen venciendo, en cada retroceso en la construcción de una democracia digna de ese nombre, y en cada tarea pendiente en la superación de las injusticias. Y vaya si estamos vencidos hoy, a 50 años del golpe. Pero la derrota (ninguna) nunca es definitiva, aunque que así sea no depende solo de nosotros: de aquella sociedad disciplinada por el miedo que elegía ignorar el genocidio diciendo para sus adentros "algo habrán hecho", pasamos a ésta en la que -hay que asumirlo- uno de cada dos o tres argentinos piensa -y muchos lo dicen- que el problema del país es que "Videla se quedó corto".

Y anticipándonos a las objeciones, diremos que no se pueden impugnar los paralelismos entre la dictadura y éste gobierno (y otros de similar calaña, como lo fue el de Macri), simplemente porque fue electo, precisamente porque hubo una dictadura con los alcances macabros que tuvo: porque existieron la ESMA o La Perla, no se puede admitir que un gendarme le vuele la cabeza a un fotógrafo por hacer su trabajo documentando la protesta social, y porque existieron los vuelos de la muerte es inadmisible en democracia el apaleo sistemático a los jubilados o a cualquiera que reclama por sus derechos.

Como es inadmisible que desde el propio presidente de la nación para abajo, el discurso oficial utilice para los adversarios políticos y la parte de la sociedad que resiste los atropellos, la misma fraseología y las mismas etiquetas de la dictadura y sus grupos de tareas: hoy cualquiera que disienta con el rumbo trazado o se oponga a él puede ser tildado de zurdo o terrorista, como antes lo fue de subversivo, esa estudiada ambigüedad con la que la doctrina de la seguridad nacional señalaba a sus blancos. Como si no hubiera pasado en el país lo que empezó a pasar hace hoy 50 años, o como si todas las palabras (aun las más conmocionantes por su significación histórica) pudieran banalizarse y vaciarse de sentido.

Hoy se plantea con naturalidad (y casi ni se discute, salvo honrosas excepciones) que las fuerzas armadas vuelvan a participar en brumosas tareas de seguridad interior, quebrando décadas de consenso democrático al respecto; mientras se reglamenta la represión de la protesta social y se amplían por decreto y sin discusión en el Congreso, los fondos, los objetivos, la estructura y los alcances del espionaje del gobierno sobre la sociedad. En su última sesión antes del golpe, el Senado de la nación trató una declaración de repudio en la que se reafirma el compromiso con la democracia y con la continuidad de los juicios por las causas de lesa humanidad, y más de una veintena de senadores (todos del bloque de LLA) se negaron a refrendarla.

Hace poco más de dos años, más de 14 millones de argentinos eligieron -en comicios libres- como vicepresidenta de la nación a una apologista de la dictadura y confidente del dictador Videla en sus días de la cárcel, y la mitad de ellos lo hicieron tres veces. Mientras quien fuera dos veces presidenta y una vez vicepresidenta electa en primera vuelta con un contundente respaldo en las urnas es condenada en causas cuyo trámite avergonzaría a los consejos de guerra de la dictadura, y privada de sus derechos políticos.

Mientras el discurso oficial sobre el horror de la dictadura es del más ramplón negacionismo, quieren convertir a Cristina en la desaparecida 30.001, pero en democracia; y con ella aleccionar y proscribir a la voluntad de representar, y desnaturalizar vaciando de sentido las condiciones de la competencia electoral y el debate político, en un burdo intento por hacer que su triunfo (y nuestra) derrota sea definitivas.

Que decir del panorama económico y social: por ejemplo que confrontar el discurso de Martínez de Hoz presentando su plan económico en los albores de la dictadura, y releer la carta de Rodolfo Walsh a la junta al cumplirse el primer año del golpe da escalofríos, por la semejanza con lo que podemos comprobar y vivir a diario en estos días. Paralelismo que no casualmente convive con la impunidad absoluta de los gestores y beneficiarios civiles de aquel golpe, y responsables de cuanto saqueo económico sufrimos los argentinos desde entonces.

Recuperada la democracia, buen parte de la dirigencia política (incluyendo parte del peronismo) tuvo miedo de que por querer ir más lejos en la construcción de un país diferente se pusiera en riesgo el andamiaje institucional que provee cargos y canonjías, mientras otros aspectos del problema (como el creciente ausentismo electoral o la cada vez más regresiva distribución de la riqueza) jamás le preocuparon en serio. El retroceso frente a cada chantaje del poder económico (en forma de crisis recurrentes y golpes de mercado) no hizo más que confirmarle a éste su poder, y ratificar la debilidad de la política y las instituciones para ponerle coto.

Así, la democracia reconquistada fue progresivamente vaciada de sentido, y en la insatisfacción social resultante golpeó el discurso anticasta de Milei, como si fuera un revival del "que se vayan todos"  que alumbró la caída de la convertibilidad; pero que a poco de andar el gobierno terminó simplemente en macrismo con malos modales, cuyo único plan político es perseguir a Cristina y terminar con el kirchnerismo.

Es decir erradicar de la memoria social justamente la experiencia política por la cual la sociedad logró salir por arriba del laberinto del 2001, y sostener durante más de una década un intento -con sus marchas y contramarchas, sus errores y sus aciertos- por buscar la resignificación de la democracia para darle un sentido más profundo, y no solo en el rescate de las políticas de memoria, verdad y justicia. Políticas que -dicho sea de paso- se dijo entonces que le proveían al relato kirchnerista de un enemigo sencillo, en una decisión que no le acarrearía costos: otro ejemplo de los errores que se pueden cometer cuando se parte de premisas falsas. 

Estos son datos objetivos de la realidad que no pueden desconocerse descansando en la comodidad tranquilizadora de consensos que no son tales como pensábamos, ni están tan extendidos como creíamos. No se trata -como decía Duhalde en su reversión de la autoamnistía de la dictadura- de construir un país con los que lo quieren a Videla y con los que no; sino de construirlo contra y pese a los que piensan que se quedó corto, y que lo que hizo debería volver a hacerse, si fuera necesario. O dicho de otro modo, hay que construir una democracia real, aunque estemos rodeados de nostálgicos de la dictadura.

Para que no nos hayan vencido hay que encarar a fondo hoy, a 50 años del golpe, la tarea de revalorización de la democracia, en todo sentido: en su profundidad, en sus alcances, en el consenso ciudadano. Pero una democracia en serio, que se pueda contrastar con las dictaduras sin temor a confundirlas: con participación y protagonismo popular, con cuestionamiento del poder real, con inclusión efectiva de las mayorías, con redistribución de la riqueza. Y con el juzgamiento de todos los que gestaron el genocidio y se beneficiaron de él, y aun hoy permanecen impunes, hayan o no vestido uniforme.

Recién entonces podremos decir que sí -en todo el sentido profundo de la expresión-, que no nos han vencido. Es lo menos que se merecen aquellos cuya memoria hoy recordamos, y por los que seguimos reclamando verdad y justicia. Tuits relacionados:

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martes, 25 de marzo de 2025

MEMORIA COMPLETA

 

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lunes, 24 de marzo de 2025

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

 

Hace 49 años un nuevo golpe de Estado ejecutado por las fuerzas armadas respondiendo a las directivas de sus mandantes civiles iniciaba en el país el más oscuro proceso de nuestra historia, signado por la violación sistemática y organizada de los derechos humanos esenciales a partir de un plan orquestado y ejecutado desde las propias estructuras del Estado.

Apenas llegada al poder, la dictadura clausuró el Congreso nacional y las legislaturas provinciales, y la junta militar y el presidente de facto asumieron la facultad de dictar las leyes, asesorados por la CAL.

Descabezó la Corte Suprema de Justicia de la Nación reemplazando a sus miembros por amanuenses designados por decreto del dictador, para que su plan de exterminio no tuviera inconvenientes en el plano judicial.

Se intervinieron las provincias designando en lugar de sus autoridades electas a delegados del poder central, cuya función esencial fue ejecutar el plan represivo y las políticas decididas por el poder central.

El Poder Ejecutivo asumió en la práctica la suma del poder público, se decretó el estado de sitio y se suspendieron las garantías constitucionales, se prohibió la actividad política, el derecho de reunión y manifestación y se reprimió toda forma de protesta social.

El discurso oficial estigmatizaba a los ciudadanos por su presunta ideología, sus preferencias políticas o su militancia bajo el rótulo de subversivos, colocándoselos al margen de la nacionalidad y los derechos individuales, pretendiendo de ese modo justificar la represión indiscriminada.

Se estableció la censura previa y un férreo control de los medios para que replicaran sin fisuras el discurso oficial, y la complicidad de la mayoría de la prensa resultó decisiva para la consolidación del régimen.

Se puso en marcha un modelo económico de valorización financiera, fuga de capitales, endeudamiento externo y apertura indiscriminada de la economía que derivó en la destrucción del aparato productivo, el cierre de fábricas y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Hoy, casi medio siglo después, las semejanzas y diferencias de aquellos tiempos terribles con este presente oscuro dan la medida del retroceso en el cumplimiento de la promesa democrática del 83', y también de la magnitud de la lucha pendiente para honrarla, y darle a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia su pleno significado y sentido. 

Porque una cosa no se puede escindir de la otra.

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jueves, 8 de agosto de 2024

INDIGNACIONES

 

En estos tiempos de posverdad en los que  la manipulación y el aprovechamiento político de las emociones ha desplazado al debate de ideas, no es sorprendente que asistamos a un torneo cotidiano de indignaciones, en el que todos pujan por imponer las suyas reclamando que se les preste atención solo a ellas.

Porque uno de los propósitos del "indignómetro" es justamente ése: fijar los temas de la agenda, imponer de que se habla y discute y cuando, y si mal no viene, que es lo que hay que decir. Con la pretensión de que. mientras se habla de eso que quieren que hablemos, no se hable de nada más.; y -esto es lo más importante- que de ciertas cosas no se hable nunca. 

Si es por indignarse y cuando el caso lo amerite, nos indignamos todos, pero siempre que tengamos en claro por qué, cuando y -sobre todo- que vamos a hacer con el motivo de la indignación. Porque de lo contrario no pasa de una discusión de bar o de peluquería, en la que se habla de cosas para pasar el tiempo, y nada más.

Vengan estas reflexiones a propósito de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, pero bien pudo aplicar al caso de las elecciones en Venezuela, o cualquier otro tema que nos propongan. En el caso de Alberto, se trata de un hecho de su vida privada que la víctima -en su pleno derecho- decidió hacer público denunciándolo, y como tal merece que antes de dudar de su palabra (como suele suceder), se le brinde respeto, contención y acompañamiento en su búsqueda de justicia. 

Este hecho privado luce además verosímil no solo porque la víctima lo denuncia, sino porque es como una pieza que viene a completar en nuestra mente el rompecabezas que tenemos formado de la imagen de alguien que nunca debió haber llegado a donde llegó, porque carecía de las mínimas condiciones para ello. 

Pero si hay indignación en torno al tema -sea real o impostada por razones de corrección política- es porque en el medio pasaron cosas; como la lucha del movimiento de mujeres por visibilizar la problemática de la violencia de género, y reclamar legislación y políticas públicas para erradicarla. Tanto es así que en los 90' Menem, siendo presidente, expulsaba por la fuerza a su esposa de la residencia de Olivos y el hecho era motivo de burlas y chistes en los medios, o que hoy hasta los que han combatido las reivindicaciones de las mujeres y del movimiento feminista, se ven obligados al menos a fingir que les importa el tema, y que deben pronunciarse indignados en público.

Como una demostración de como funciona el "indignómetro", que no es otra cosa que el dispositivo de control de la agenda pública, no hay tanta indignación con el senador Atauche de LLA (el que provocó un escándalo cuando conducía borracho y lo detuvieron en un control de alcoholemia), que habría contratado sicarios para matar a su mujer; o con la visita -con foto incluida, como se puede ver en la imagen de apertura- de un grupo de diputados libertarios a algunos de los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza. O con la muerte con claras connotaciones políticas de la esposa de un desaparecido en la dictadura, sucedida en Córdoba.

Aunque pretendan convencernos de lo contrario para crear el hombre de paja que les permita falsear el debate, no hay nadie en el peronismo ni en el kirchnerismo defendiendo a Alberto Fernández de los hechos de los que se lo acusa. Si hay muchos tratando de minimizar, descontextualizar o directamente ignorar la muerte de Córdoba, o la visita de los legisladores a los represores, o proteger sus bancas de las que deberían ser expulsados de inmediato, por indignos, en todos los sentidos posibles de la palabra.

Nosotros votamos a Alberto Fernández en las condiciones que todos conocemos, sabiendo de sus agachadas políticas pero sin conocer estos costados oscuros de su vida privada. Hay muchos que saben perfectamente quienes son Astiz, Suárez Mason o el "Tigre" Acosta y lo que hicieron, y aun así los defienden, y trabajan por su impunidad: esa es la distancia que nos separa.

Y a la inversa con lo que sucede con el problema de la violencia de género -donde la conciencia social ha avanzado, fruto de la lucha perseverante de las mujeres-, lo que pretenden con hechos como la visita a los represores -de la que el crimen de Córdoba es resultado directo, en el contexto del "clima de época"- es lo contrario: que los argentinos retrocedamos en las políticas y en la conciencia social sobre la necesidad de seguir profundizando las políticas de memoria, verdad y justicia. Algo que en un punto está sucediendo, y por eso tenemos como vicepresidenta a quien tenemos, con el voto popular. 

Debajo de la montaña rusa de indignaciones cotidianas y emociones manipuladas para oscurecer las ideas, lo que hay es una puja política por el control: del debate político, de la agenda pública, del Congreso y las instituciones, y de la calle. Y de lo que se trata entonces es de no perder nunca de vista ése hecho relevante, para no distraerse de lo principal, sin dejar de atender otras cuestiones.

Y lo principal es detener este experimento fallido con seres vivos que se está llevando puesto al país, su soberanía, sus recursos y los derechos, empleos, salarios y esperanza de futuro de la mayor parte de sus habitantes. Tuits relacionados: 

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domingo, 24 de marzo de 2024

LOS BRUJOS ESTÁN ENTRE NOSOTROS

 

Hay cierto consenso establecido en caracterizar al acceso de Javier Milei al gobierno como resultado de la insatisfacción democrática. Sin cuestionar la afirmación, está bastante claro que el presidente y muchos de los que lo apoyan están efectivamente insatisfechos con la democracia, pero no tanto con sus resultados concretos, sino en tanto sistema organizada de convivencia social que establece reglas de juego civilizadas para dirimir los conflictos; lo que es muy otra cosa.

El presidente, su vice, buena parte de los funcionarios de su gabinete, los trolls rentados o vocacionales que defienden al gobierno en las redes sociales (o más bien atacan a sus críticos) no son gente democrática, ni de cerca, aunque esgriman discursos de libertad. Hace pocos días Milei likeaba posteos de Santiago Caputo, su asesor estrella, en X (a través de su cuenta fantasma) denostando a la democracia, y atribuyéndole la culpa de todos los problemas del país. 

Abogaba además Caputo por alguna forma de dictadura, como la única manera de poder llevar adelante las reformas que plantea el gobierno, en lo que no le falta razón: ya Videla y sus escuadrones de la muerte se encontraron frente al mismo dilema, para poder llevar adelante el plan de Martínez de Hoz. Porque tampoco es que en estas cuestiones -como plantean algunos pseudo intelectuales- todo sea novedoso, y haya que volver a pensarlo de nuevo desde el principio. 

A 40 años de recuperada la democracia, hay un intento desembozada por instalar el negacionismo -y aun la apología- de los crímenes de la dictadura desde la cumbre del poder político del Estado: la vicepresidenta -que considera que el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia que conmemoramos hoy es algo morboso- fue elegida para integrar la fórmula por sobresalir en ese campo (el único en el que se le conoce alguna actividad), y el presidente volvió a negar la cifra de los desaparecidos en dos oportunidades, ante el Congreso nacional reunido en pleno. 

En la semana previa al aniversario del golpe, el ministro de Defensa reivindicó el accionar de las FFAA en los 70' en presencia nada menos que de Cecilia Pando, que si no terminó siendo la compañera de fórmula de Milei es nada más que porque sus asesores de imagen le aconsejaron buscar alguien con más aspecto de mosquita muerta para captar incautos, como Villarruel.

La persecución y el hostigamiento a los opositores (incluso a los "amigables") está a la orden del día, y no solo es avalada por el gobierno, sino que es el presidente mismo quien verbaliza las amenazas de represalias. "Zurdo", "comunista", "socialista" e "izquierda" han vuelto a convertirse en insultos descalificadores, y contraseñas para habilitar la furia de los grupos de tareas digitales al servicio del gobierno contra aquel al que se le apliquen; mientras el propio presidente ensayaba un discurso macartista frente a alumnos de la escuela a la que concurrió de niño, al inaugurar el ciclo lectivo.

El gobierno anuncia que en unos días ejecutará 70.000 despidos en el Estado señalando explícitamente que los despedidos son militantes políticos, como si rigieran las tristemente célebres leyes de prescindibilidad de las dictaduras. Consecuencia directa de esos discursos de odio fue la repudiable agresión a una militante de H.I.J.O.S., hecho en el cual la responsabilidad política del gobierno por alentar un clima de discordia y enfrentamiento en el que no existen límites, es directa e inmediata. 

Se supo que al frente de la Dirección de Inteligencia Criminal de la AFI será designado un ex carapintada (violando además una prohibición expresa de la ley de inteligencia), y abundan los parientes y abogados de genocidas condenados en las causas de lesa humanidad que ocupan cargos en el gobierno; mientras los días previos al aniversario del golpe que se conmemora hoy transcurrieron bajo rumores persistentes de indultos u otorgamiento de prisiones domiciliarias para muchos de ellos; como parte de un plan deliberado de provocación para generar reacciones que legitimen represiones, y corran de la agenda pública la discusión sobre los efectos nefastos del plan económico que ejecuta el gobierno.

El gobierno y la oposición "amigable" avalan ampliamente la intervención de las FFAA en seguridad interior comprometiéndose incluso a modificar la normativa que lo impide, y hablan con ligereza de "terrorismo" frente a cualquier fenómeno delictivo complejo; la misma ligereza con la que el presidente designó como ministra de Seguridad a quien en campaña acusó de poner bombas en jardines de infantes para que murieran niños inocentes, hecho que en la realidad jamás sucedió por parte de ninguna de las organizaciones armadas en los 70'. 

Se habilitó la tortura de los detenidos en las cárceles (como acá en Santa Fe) con la excusa de combatir el narcotráfico y la criminalidad compleja, se intentó limitar por decreto el derecho de huelga hasta prácticamente suprimido mientras se criminaliza la protesta social, y se han orquestado un conjunto de normas y propuestas desde el Estado para legitimar el gatillo fácil policial, y darle amparo legal contra toda posible consecuencia ulterior.

Por contraste, ni en los 366 artículos del DNU "desregulador" ni en los 664 de la fallida ley ómnibus, que diseccionaron prolijamente cuanta ley consagrara derechos o estableciera regulaciones públicas que impongan límites al capital, hubo uno solo que tocara el texto de la ley de entidades financieras que nos rige desde los tiempos de Videla y Martínez, hecho que por cierto marca por sí solo una de las mayores claudicaciones de las fuerzas democráticas en estos 40 años. 

Como se diría en los tribunales, estamos en presencia de indicios graves, numerosos, precisos y concordantes que, acumulados en apenas tres meses de mandato, definen la naturaleza del régimen que nos gobierna, y lo colocan en las antípodas de la democracia. Si alguna vez se cuestionó al kirchnerismo por reescribir el prólogo del "Nunca Más" para suprimir toda referencia a la teoría de los dos demonios, estamos en presencia de un gobierno que con gusto suprimiría ese prólogo, y quemaría todos los ejemplares disponibles del informe, como en los tiempos del nazismo.   

Frente a eso, contra eso, contra las políticas que ese régimen está llevando adelante, y por los 30.000 compañeros  marchamos hoy, en todas las plazas del país, para seguir reclamando memoria, verdad y justicia; ayer, ahora y siempre. Sin olvidar que los brujos siempre estuvieron entre nosotros.

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jueves, 21 de marzo de 2024

NUNCA MÁS ES NUNCA MÁS

 

Acá no hay casualidades, sino causalidades: esto es consecuencia directa de los discursos de odio instalados y replicados desde lo más alto del poder político en la Argentina, y del negacionismo apologista de la dictadura del presidente, su vice y buena parte de los funcionarios de su gobierno. Ayer nomás su ministro de Defensa defendió la actuación de las fuerzas armadas en los 70' en presencia de Cecilia Pando.

Aun si no fuese cierto que se trató de un crimen por encargo (en cuyo caso ninguno podría permanecer un minuto más en funciones), todos ellos son responsables directos de que hayamos llegado a éste punto, porque nada hicieron para impedirlo, y todo para alentarlo.

A días de otro aniversario del golpe, las provocaciones diarias van escalando esperando tener el efecto de producir reaccione violentas, que les justifiquen reprimir, y hacer ingresar al país de pleno en un estado de excepcionalidad peor al que ya vivimos.

Son tiempos de grave retroceso democrático, al par de retrocesos en todos los planos: social, económico y hasta humano. No es causalidad que así sea: cada vez que pasó en el país que perdiéramos la democracia, lo demás vino por añadidura, porque era el propósito real que perseguían los que la interrumpían.

Por estas mismas horas circulan los rumores de indultos presidenciales a los genocidas, y de un video institucional del gobierno -en línea con los pronunciamientos públicos del presidente, la vice y algunos funcionarios- reversionando la historia trágica de aquellos años, pretendiendo exculparlos. 

No hay que replicarlo ni contestarlo, ni entrar en polémicas, porque es lo que buscan para distraer a la opinión pública del genocidio social que están perpetrando hoy, ahora.. La verdad histórica de los hechos ha sido establecida -mal que les pese- incluso por la justicia: hubo terrorismo de Estado, hubo genocidio, hubo un plan sistemático de represión y exterminio. Y fueron 30.000.

Nuestra respuesta a las provocaciones tiene que ser clara y contundente, pero serena: a llenar todas las plazas del país el domingo, a participar de todas las actividades organizadas para el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia; y de todas las que se organicen para resistir el ajuste y el plan de empobrecimiento de Milei. 

Para que vean que seguimos estando, nosotros y los 30.000. Para que entiendan que hay líneas que no pueden cruzar. Que Nunca Más es Nunca Más. 

Y exigir además una respuesta contundente y categórica de repudio y pedido de esclarecimiento de todo el arco político que se dice democrático. Todo, incluido también el gobierno de Santa Fe -en su territorio sucedieron los hechos-, cuyo gobernador coqueteaba por estos días con volver a introducir a los militares en asuntos de seguridad interior, modificando las leyes vigentes para permitirlo; y ha consentido torturas a los detenidos en sus cárceles. 

Del gobierno no esperemos nada, ni desmentidas o desmarques que -en el fondo- nadie creerá, ni ellos mismos. Salvo que se vayan lo más pronto posible, para no seguir causándole más daño al pueblo argentino.

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sábado, 16 de septiembre de 2023

¿AVANZA LA LIBERTAD O LA IMPUNIDAD?

 

Leíamos en la semana en ésta nota de La Nación que Patricia Bullrich envió una carta a los miembros de las Fuerzas Armadas en la que -entre otras cosas- promete "una solución justa" para los condenados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Entre sus párrafos más sobresalientes podemos leer: "Compartimos desde hace mucho tiempo una misma vocación que es la grandeza de nuestra Patria y el orden en nuestro querido país”, se lee al comienzo de la misiva. Cualquiera podría repetir estas palabras, pero en el caso de ustedes y en el mío propio ya fueron probadas en la fragua de la vida y en el cumplimiento del deber en la función pública y el servicio a la comunidad. Porque después de todo eso es lo probidad, el valor probado en la conducta de quién lo sostiene”, remarca Bullrich.".

"Todos son conscientes de mi defensa del orden frente al caos y de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad contra los embates de los falsificadores de derechos humanos cuando fui ministra de Seguridad de la Nación”, dice el texto en el cual la candidata de JxC remarca: “Hablamos un mismo idioma”.". 

Lo primero que uno podría preguntarse es por qué Bullrich dirige una carta por ese tema a los actuales integrantes de las fuerzas armadas, la mayoría de los cuáles no participaron personalmente en la represión ilegal de la dictadura, ni están involucrados en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas en ése contexto. Se podrá decir que en el caso de los militares hay lazos de afinidad ideológica y hasta familiar entre el personal en actividad, los retirados y los sometidos a procesos o condenados en ellos.

Sin embargo eso no basta para explicar el sentido de la carta de Bullrich, que más bien hay que buscarlo en sus propios términos: Bullrich les está diciendo que los necesita de su lado para imponer el orden, y cuenta con ellos porque les ha demostrado que no los abandona. En rigor, lo dijo textualmente en el caso de los policías de gatillo fácil como Chocobar, o de los gendarmes implicados en el caso Maldonado, a los que prometió "no tirar por la ventana", y cumplió.

Es el mismo mensaje -nefasto- que transmite acá Pullaro cuando dijo que había gente que iba a tener que pedirles disculpas a los policías juzgados por la desaparición y muerte de Franco Casco: los tipos se ofrecen como abogados de todo el que porte un uniforme y un arma provistos por el Estado (poco importan sus funciones o el color del uniforme), a cambio de que cuando los necesiten, puedan contar con ellos.

De allí que no sorprenda que estén planteando involucrar a las FFAA en la seguridad interior, o dando señales claras de consentir (si no propiciar) la violencia institucional para garantizar un supuesto orden, aun al precio de retroceder en una de las conquistas morales y jurídicas más importantes de nuestra democracia y por la cual es reconocida en el mundo, como fue el juzgamiento de los responsables de los crímenes de la dictadura.    

Lo que nos están diciendo -en todos los idiomas y por todos los medios posibles- tanto ellos como Milei es que se viene un tiempo de palos y represión, y no precisamente para los que delinquen, sino para los que protesten, o salgan a defender sus derechos. O sea que se viene un tiempo en que habrá motivos para protestar, o derechos que estarán en riesgo.

Que es precisamente lo que decíamos hace unos días en ésta entrada, a propósito del acto apologista de la dictadura (porque decirle negacionista es faltar a la verdad, y bajarle el precio) de Victoria Villarruel, la cantidata a vice de "La Libertad Avanza": "Ellos (Milei, Villarruel, los negacionistas y apologistas de la dictadura) van más allá de postular el olvido o la "memoria completa": van por la reivindicación de la dictadura, sus métodos y sus resultados, y no es casual: nos están diciendo que llegado el caso y si lo creyeran necesario, lo volverían a hacer.

Y es allí cuando la cuestión se vuelve de acuciante actualidad política y social, y se mete en el corazón de la disputa política y electoral. Porque en el fenómeno Milei -como en la dictadura del 76'- la visión ideológica, el modelo político, los límites que están dispuestos a traspasar y el proyecto económico son una sola y misma cosa, en la que todos los primeros son funcionales a la implementación del último.". 

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miércoles, 6 de septiembre de 2023

ENTRE LO QUE CONVIENE Y LO QUE HAY QUE HACER

 

Javier Milei tenía total libertad para elegir a quien quisiera para que lo acompañara en la fórmula presidencial, y decidió elegir a Victoria Villarruel, cuyas únicas credencias son las que exhibe todo el tiempo: ser una activa militante del negacionismo y -peor aun- apologista de la última dictadura militar. Una elección bastante lógica para un tipo como Milei, mentamente anclado en los 70' y la guerra fría, que ve "zurdos" y comunistas por todos lados.

Villarruel es lo que es, y no lo oculta, o en todo caso apenas lo disimula: es la sucesora de lo que en su momento fue FAMUS hasta que llegaron los indultos de Menem, y su asociación se creó en 2006, cuando por impulso del kirchnerismo se reanudaron los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. De modo que, aunque se presenten como defensores de las víctimas del terrorismo lo que son es lobistas de la impunidad de los genocidas. 

Lo cual demuestra que las políticas de memoria, verdad y justicia y su continuidad son también un campo de disputa política en el que se puede avanzar o retroceder según la voluntad que prevalezca y las correlaciones de fuerza. Y también queda demostrado -lo hemos dicho otras veces- que no están tan extendido el consenso social al respecto como solemos -por comodidad- suponer.

Y si no veamos la cosecha electoral de Milei, sin que esto implique sostener que los que lo votaron lo hicieron por su postura sobre las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Si precisar que deben asumir que Milei también es eso -porque no lo oculta, ni le preocupa hacerlo-, y que su voto será usado en el sentido de consagrar la impunidad o retroceder en los avances producidos hasta acá, si tiene la oportunidad de gobernar.

Desde que Villarruel anunció su actividad en la Legislatura porteña no faltaron quienes -desde la política entendida en presunta clave de conveniencia electoral- advirtieron que se trataba de una provocación (que sin dudas lo es), frente a la cual no había que pisar el palito de sobre-reaccionar, porque eso favorecería a la ultraderecha.

En nuestra opinión, no podrían estar más equivocados: más allá de cualquier análisis sobre conveniencias medidas en términos de sumas o restas electorales, hay cosas que hay que hacerlas, simplemente porque son justas, y marcan que hay  límites que no se pueden cruzar, o no podemos tolerar que se crucen. Hay ciertas cosas (y los derechos humanos están ciertamente entre ellas) que no se pueden dejar libradas al cambiante humor social; y hay causas que no se pueden sostener o abandonar según los resultados de las elecciones.

Ellos (Milei, Villarruel, los negacionistas y apologistas de la dictadura) van más allá de postular el olvido o la "memoria completa": van por la reivindicación de la dictadura, sus métodos y sus resultados, y no es casual: nos están diciendo que llegado el caso y si lo creyeran necesario, lo volverían a hacer.

Y es allí cuando la cuestión se vuelve de acuciante actualidad política y social, y se mete en el corazón de la disputa política y electoral. Porque en el fenómeno Milei -como en la dictadura del 76'- la visión ideológica, el modelo político, los límites que están dispuestos a traspasar y el proyecto económico son una sola y misma cosa, en la que todos los primeros son funcionales a la implementación del último.

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viernes, 24 de marzo de 2023

PASOS ATRÁS

Este día de la Memoria, la Verdad y la Justicia no es cualquiera, porque corresponde al año en que conmemoramos los 40 años de la recuperación de la democracia, y nos sorprende en un contexto muy particular y crítico; el año en que además los argentinos iremos a las urnas para elegir quien nos gobierne los próximos cuatro años. Y para ser sinceros, con varios pasos atrás, en distintos frentes.

En lo específicamente vinculado con las causas de lesa humanidad por los crímenes cometidos durante la dictadura, los juicios están ralentizados si no directamente empantanados, y las cada vez más frecuentes prisiones domiciliarias y libertades condicionales que los jueces conceden a los genocidas demuestran que las políticas de impunidad ensayadas con el fallo de la Corte que les otorgaba el "2 x 1" solo retrocedieron frente a la movilización popular para volver a tomar impulso, apenas la corporación judicial intuyó que el clima social era propicio para ello.

La muerte de Blaquier estando impune por su responsabilidad en la causa del apagón de Lesdema nos recuerda que no se avanzó nada (o casi nada) en el juzgamiento de los impulsores, partícipes y beneficiarios civiles del golpe; y las necrológicas a su memoria de buena parte del empresariado e incluso de la dirigencia política opositora al gobierno nacional -comenzando por Macri y Larreta- confirma que el bloque político y social que perpetró la dictadura sigue intacto, y consolidado.

Por contraste, este primer 24 de marzo sin Hebe en la plaza nos recuerda -dolorosamente- que nuestras viejas queridas, nuestras madres y abuelas de la dignidad, se nos van yendo sin poder ver coronados sus esfuerzos de una completa justicia (porque verdad hay, y la memoria se construye a diario), y una país mejor como el que soñaron sus hijos.    

Los discursos de odio -como los que justificaron hace 47 años la masacre- están a la orden del día, y el intento de asesinato a Cristina demostró hasta que punto la legitimación (explícita o por omisión de condenarla) de la supresión física del adversario volvió a ser parte de nuestras prácticas, sin que toda la política cerrara filas en defensa del pacto democrático. Un pacto democrático con desertores ostensibles, que sin embargo reclaman disputar los lugares que concede el voto ciudadano. Como Macri, que además de despedir a Blaquier volvió a hablar del "curro" de los derechos humanos, o Milei, que propone "cazar zurdos" y juega a los cow boys en compañía del hijo del genocida Bussi.

Como en los tiempos de la dictadura y pese a los esfuerzos del kirchnerismo en contrario, el país está encadenado por la deuda contraída con el FMI y los  acreedores externos de un modo que condiciona fuertemente su desarrollo; y las propuestas económicas de las principales fuerzas de la oposición (incluyendo los "libertarios") tienen una escalofriante similitud con las políticas que desplegara Martínez de Hoz en tiempos de Videla, para beneficio de los gestores reales del cuartelazo. 

Y mientras el juzgamiento de los crímenes de la dictadura sigue siendo en buena parte tarea pendiente, los discursos negacionistas del horror tienen anclaje social, cobertura mediática y hasta cierta potencialidad electoral; al mismo tiempo que las soluciones propuestas para problemas graves como la inseguridad, la violencia o el narcotráfico pasan por "darle manos libres a la policía" o tolerar mayores niveles de violencia institucional, como si no la hubiéramos padecido, o como si alguna vez proceder de ese modo hubiera solucionado algo. 

Pero quizás la mayor herencia negativa de la dictadura que nos acompaña hasta hoy sea -como lo señaló con precisión Cristina el martes pasado- sea el disciplinamiento de la clase política para que se abstenga de emprender caminos de autonomía en busca de la dignidad de las grandes mayorías nacionales, dicho esto no como justificación admisible, sino como contextualización de la resignación imperante. 

Al igual que los golpes que se sucedieron en el país hasta 1976, hoy se distorsiona la leal competencia democrática entre las fuerzas políticas que pugnan por el voto popular, con la intervención aviesa de bolsones de autocracia y privilegio, como la corporación judicial; que responden a los mismos intereses a los que respondían los centuriones militares, o los escuadrones de la muerte.  

Como decíamos al principio, éste año celebraremos 40 años de vigencia ininterrumpida de la democracia, pero compelidos a discutir qué democracia estamos sosteniendo, en qué plano y con qué nivel de profundidad; porque una democracia que convive con niveles intolerables de pobreza, exclusión y desigualdad en la distribución del ingreso, ya debería empezar a llamarse de otra forma.

Construir, entonces, una verdadera democracia que nos contenga a todos y en especial a los más humildes debe ser el imperativo moral de la política y la militancia, al mismo tiempo que el mejor homenaje a los compañeros que ya no están físicamente con nosotros. Porque habremos derrotado a la dictadura cuando dejemos definitivamente atrás el país que nos dejaron, con un genocidio -además de político- económico y social planificado; con beneficiarios y -sobre todo- perjudicados bien concretos.

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viernes, 3 de febrero de 2023

"LOS ARGENTINOS SOMOS DERECHOS Y HUMANOS"

 

A propósito de la súbita preocupación de cierta gente por los dictadores que violan los derechos humanos y del embanderamiento "mundialista" con el tema a propósito de la nominación de "Argentina 1985" para los Oscar, nos pusimos a hacer memoria sobre las marchas y contramarchas que hubo desde el 83' para acá en materia del juzgamiento de los crímenes de la dictadura, que son más o menos conocidas: juicio a las juntas, leyes de obediencia debida y punto final, indultos, anulación de las leyes de la impunidad, reactivación de los juicios, etc.

Y nos acordamos de un episodio del que poco se recuerda, pero que nos sirve para calibrar la autoridad moral de algunos que dicen por estas horas estar muy preocupados por todas éstas cuestiones, y fue el  Decreto 1581 firmado por De La Rúa (y su hermano Jorge, el canciller Rodríguez Giavarini y el Jefe de Gabinete Chrystian Colombo) el 5 de diciembre del 200; o sea en tiempos tormentosos: apenas cuatro días antes el presidente había estampado su firma en otro Decreto (el 1570) por el cual instauraba el tristemente célebre "corralito", y menos de un mes después dejaba la Rosada en helicóptero.

Por el Decreto 1581 el gobierno radical de De La Rúa solucionaba a su manera el problema de los pedidos de extradición de tribunales europeos para juzgar a los represores de la dictadura, cuando no se los podía juzgar en el país por las leyes de impunidad Decía el decreto en sus considerandos: "Las líneas generales de la política de derechos humanos que iba a implementar el primer gobierno luego de la recuperación democrática, fueron enunciadas por el Dr. Raúl Alfonsín, quien resultó elegido Presidente de la Nación Argentina, con el aval de una decisiva mayoría popular, apenas iniciado su mandato, y consistieron en la necesidad de distinguir entre tres situaciones que se dieron en el contexto de la metodología inhumana empleada para reprimir el terrorismo: 1) La situación de quienes planearon y supervisaron esa metodología, dando las órdenes necesarias para ponerla en práctica y omitiendo prevenir sus consecuencias. 2) La situación de los que se excedieron en el cumplimiento de esas órdenes por motivos tales como crueldad, perversidad o codicia. 3) La situación de quienes se limitaron a cumplir las órdenes recibidas en un contexto que no estuvo, en general, exento de presiones y en el que se ejerció una intensa y permanente propaganda inspirada en la doctrina totalitaria de la seguridad nacional. (...) Debe caer el peso ejemplificador de la ley sobre quienes están incluidos en las dos primeras categorías ..."." (las comillas son del texto y las negritas nuestras)

Vemos entonces el distingo que intentó hacer Alfonsín desde el principio, para imitar los alcances de los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura: la obediencia debida ya estaba planteada desde el inicio como eximente de responsabilidad, y el problema estaba con las consecuencias de las órdenes, o con los excesos en su cumplimiento, no con las órdenes mismas. 

Sigue el decreto de De La Rúa: "Ante la incertidumbre generada por la inesperada proliferación de juicios cuya extensión en el tiempo no era posible determinar y en el contexto de una difícil situación política, se sancionó la Ley 23.492, conocida como "de punto final", que perseguía la aceleración de los procesos en sede penal acortando los plazos para ordenar la citación a prestar declaración indagatoria, luego de lo cual quedaría extinguida la acción penal, salvo para los delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores. Esta ley no consiguió los resultados procurados pues las diversas Cámaras Federales del país, conminadas por el plazo legal, dispusieron una gran cantidad de citaciones, muchas de ellas sin debido sustento en las actuaciones, contribuyendo al deterioro del clima político.". (las negritas son siempre nuestras)

O sea: el gobierno de Alfonsín no quería que los juicios se prolongaran demasiado, esperaba que la responsabilidad se cortara en los ex comandantes y los que "se excedieron en las órdenes", y por eso sancionó la "ley de punto final", que no fue suficiente: la amenaza golpista del motín carapintada de la Semana Santa del 87' terminó con "la casa en orden", y otro intento de impunidad a través de la ley de obediencia debida. El propio Alfonsín lo intentó justificar entonces, apelando al distingo webberiano entre la ética de las convicciones, y la de las responsabilidades; el mismo sofisma con el que justificaría el Pacto de Olivos y tantas otras reculadas, como por ejemplo su apoyo al ingreso de Cavallo al gabinete de De La Rúa. 

Luego el decreto recuerda que Menem indultó a procesados y condenados por crímenes durante la dictadura y algunos ex jefes de Montoneros (o sea que a Videla y Firmenich les fue mejor que a Milagro Sala), y De La Rúa lo justificaba de éste modo: "Las decisiones de los sucesivos gobiernos constitucionales se fundaron en argumentos conectados con una especial valoración de la perspectiva histórica del momento en que fueron adoptadas, cualquiera sea la evaluación que de ellas se haga.". Acá habría que decir que los radicales, que aun hoy se ufanan de haber anulado la auto-amnistía de los milicos (con una ley del Congreso que el peronismo acompañó), nunca se plantearon hacer lo mismo con los indultos del riojano.

A cuento de todo lo dicho, De La Rúa terminaba el Decreto 1581 diciendo en su artículo 1° que "En los pedidos de asistencia judicial o extradición formulados por tribunales extranjeros se aplicará la doctrina expuesta en los considerandos del presente decreto.", y en el artículo 2° que "El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional.", agregando el artículo 3° que "Las solicitudes de arresto provisorio se enviarán al juez competente dejando constancia que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto actuará de acuerdo al presente decreto frente a un eventual pedido de extradición." (otra vez las negritas son nuestras)

O sea: frente a cualquier pedido de tribunales extranjeros de extradición o detención de represores acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, un gobierno que tenía los días contados, en un país incendiado, les garantizaba la impunidad, con base en las claudicaciones de los gobiernos anteriores, que no estaba dispuesto a revisar. Pero después pasaron cosas: la crisis del gobierno de la Alianza, el mandato de Duhalde elegido por la Asamblea Legislativa como último de los cinco presidentes en una semana, y la elección de Néstor Kirchner, o su proclamación luego de que Menem desertara del balotaje. 

El mismo Kirchner que apenas a dos meses de asumido y cuando todavía estaban vigentes las leyes de la impunidad, dictó el 25 de julio de ese año 2033 el Decreto 420, en cuyos considerandos se señalaba lo siguiente: "Que, en otras palabras y con fundamento en la rigidez del artículo 26 de la Ley N° 24.767, el decreto (refiere al 1581/01, aclaramos) dispone que el Poder Ejecutivo, sin participación alguna del Poder Judicial, proceda a considerar inadmisibles las solicitudes de cooperación o extradición de que se trata si prima facie evalúa que los jueces no habrán de conceder la extradición. Que la sola enunciación de sus fundamentos y la doctrina establecida, pone de manifiesto el rumbo de colisión del decreto citado en relación a la Constitución de la Nación Argentina y la propia Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal.". (otra vez las negritas nos pertenecen)

"Que tal norma, en los términos en que ha sido dictada, implica una seria violación a la igualdad, en cuanto quienes resulten destinatarios de solicitudes de extradición por delitos de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 gozarían de mejores y más extensos derechos que el resto de los ciudadanos, que ante tales solicitudes debieran transitar los caminos procesales de la Ley N° 24.767. Que debe tenerse presente el principio establecido en el artículo 118 de Constitución Nacional en relación a los delitos contra el derecho de gentes, al igual que establecen los más recientes tratados internacionales suscriptos por nuestro país.". 

"Que no puede dejarse de lado el tener en cuenta la vigencia del límite que para Poder Ejecutivo establece el artículo 109 de la Constitución Nacional, en cuanto especifica que no puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes, al disponer textualmente que "En ningún caso Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse conocimiento de las causas pendientes restablecer las fenecidas" (C.N., art. cit.)".

"Que el vallado que el Decreto N° 1581/01 impone, resulta inadmisible desde la perspectiva del juego armónico de la división los poderes republicanos. No puede el Poder Ejecutivo arrogarse facultades propias de los jueces. La Constitución Nacional, la división de los poderes en la República, la propia ley de cooperación, los principios generales que deben regir la materia se encuentran agredidos por la norma.".

"Que deviene entonces necesario derogar decreto precitado, retomando la mejor tradición de respeto a los derechos humanos y de equilibrado juego de la división republicana de los poderes, estableciendo necesidad del trámite judicial respectivo en caso de solicitudes de colaboración extradición en los términos del artículo 4° de la mencionada ley, a llevar a cabo a través del Ministerio Fiscal.".

¿Qué me contursi? Los populistas amigos de Chávez enseñándoles la Constitución Nacional a nuestros republicanos de cartón. Como corolario de esos fundamentos, por el Decreto 420/03 el mismo presidente que luego impulsaría la anulación de las la obligatoriedad del trámite judicial a las solicitudes requeridas en marco de la Ley N° 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y Extradición (artículo 1°), y derogaba el Decreto 1581 de fecha 5 de diciembre de 2001 (artículo 2°). Tuits relacionados: 

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sábado, 14 de mayo de 2022

EL POLLO EN EL FREEZER

 

El nombramiento de un teniente coronel retirado del Batallón 601 y ex funcionario de Jorge Obeid al frente del Servicio Penitenciario provincial desató la crítica de los organismos de derechos humanos, cosa que por cierto era de esperarse: a Bernhardt -que de él se trata- su pasado lo persigue, y las razones por las que se lo cuestiona son las mismas por las que se lo cuestionó en su anterior paso por la función pública, hace más de 15 años. Razones ancladas en el pasado, pero con un basamento ético y político que se proyecta al presente, porque de eso se trata cuando hablamos de memoria, verdad y justicia. 

Sin embargo, el gobernador Perotti que lo acaba de designar, es el mismo que, a la hora de iniciar su mandato e integrar su gabinete, designó como Secretaria de Derechos Humanos a una reconocida referente de los organismos, que aun hoy sigue en esas funciones. Las razones del nombramiento de Bernhardt no hay que buscarlas entonces por allí, o por un cambio en la política oficial en la materia aunque -reiteramos- la crítica a su designación desde esa óptica es absolutamente comprensible y justificada.

La cuestionada designación del caso recae en un contexto, que es la crisis de seguridad que atraviesa la provincia, en el medio de la cual y según consta en el decreto de designación de Bernhardt, su antecesor en el cargo huyó -literalmente- de sus funciones dos semanas antes, disconforme con la cesantía de quien lo propuso para el cargo (Jorge Bortolozzi), de la Secretaría de Seguridad Pública, decisión tomada por Perotti cuando se supo que el hombre andaba de viaje por cuestiones del Club de Leones por el Caribe, mientras en la provincia el horno no estaba para bollos. Moraleja: la inseguridad es -sin dudas- el problema más grave que tiene que atender el gobierno provincial dentro de lo que son sus competencias, y hay gente que claramente no toma conciencia de ello, y no está a la altura de las circunstancias.    

Aun así, alguien podría preguntarse por que, en ese contexto, se echa mano de alguien cuestionado y cuestionable por razones conocidas, y la pregunta -que es  válida- puede admitir más de una respuesta, siempre en el terreno de la conjetura. Una posible es que Bernhard -teniente coronel retirado, como se dijo- es otro "outsider" a la estructura que debe conducir (en éste caso el Servicio Penitenciario), como lo fue en su momento Sarnaglia (policía retirado) o lo es hoy Brilloni (gendarme retirado) para la policía de la provincia y la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente. En una provincia que tuvo un jefe de policía preso por narcotráfico, varios altos jefes involucrados en causas judiciales por esa y otras causas similares y fuerzas de seguridad "atendidas por sus propios dueños", la tentación de creer que se pueden encauzar los problemas "por afuera" de esas estructuras es fuerte. 

Por otro lado, al PJ santafesino, que volvió al gobierno en 2019 tras 12 años de gestiones del Frente Progresista, le sucede aquello que solía decir Neustadt de la clase política cuando retornó la democracia: la dictadura los había puesto en el freezer casi ocho años, y transcurrido ese tiempo el pollo era el mismo, pero congelado.

Un partido que estuvo años cerrado -a punto tal que ni siquiera pagaba los sueldos de sus empleados o los servicios- porque a quienes hegemonizaron el peronismo provincial por años (Reutemann y Obeid) les convenía mantenerlo así, claramente no estaba en condiciones de generar cuadros técnicos y políticos en el número necesario para integrar las funciones críticas de un gobierno; a lo que debe sumarse que muchos se acostumbraron -en esos 12 años de ser oposición- a la comodidad y los sueldos de los cargos legislativos y sus beneficios anexos; y abandonarlos para asumir responsabilidades de gestión no les pareció -ni les parece- atractivo o convocante, menos para agarrar un hierro caliente como es la seguridad.

La construcción electoral del peronismo santafesino, con una candidatura a la medida de los votantes provinciales como la de Perotti y un acuerdo amplio de unidad que se cumplió, le permitió remontar dos terceros puestos en las elecciones a gobernador del 2011 y 2015 para ganarle de modo contundente al entonces oficialismo, pero no alcanzó para disimular esas carencias, una vez en el gobierno; y en el caso específico de seguridad -no acá ni ahora, sino en todos lados y siempre- los manotazos de ahogado motivados por las circunstancias apremiantes en que se decide (porque los errores cuestan caros, en vidas humanas, y el reclamo ciudadano es fuerte y justificado) son moneda corriente.

Máxime cuando las soluciones "heterodoxas" se intentaron, sin resultados positivos visibles, y acá nos queremos detener en la responsabilidad que le cabe para que se llegara a éste punto al ex ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Saín; que contando con el absoluto respaldo de Perotti al inicio de su gestión para conducir un tema que está en las preocupaciones cotidianas más acuciantes de los santafesinos -asumiendo el gobernador entonces al designarlo un riesgo como lo asume ahora, con la cuestionada designación de Bernhardt-, lo desperdició porque puso por encima de sus responsabilidades funcionales su irrefrenable pulsión de protagonismo personal, y su histrionismo mediático por delante de su capacidad ejecutiva en la gestión.

No se trata de decir ahora -contra lo que en su momento sostuvimos- que Saín no tuvo ni tiene razón en muchas cosas que dice y decía, sino de puntualizar que gobernar es más que tener razón, o saber explicar mediáticamente esas razones; y lo cierto es que tras el paso de Saín por la función pública en Santa Fe los índices de seguridad no mejoraron, y la policía santafesina (de las más cuestionadas del país junto con la bonaerense) no está menos tentada de "manejarse sola" que cuando él asumió sus funciones, como lo hizo en los 12 años del socialismo. 

De hecho, como sucede siempre con las corporaciones que operan conforme a sus propias lógicas y para sus propios intereses, al interior de la fuerza deben estar tomando nota de todas estas cosas, aunque parezca que no le conciernen directamente porque se trata de una designación en el Servicio Penitenciario.

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jueves, 7 de abril de 2022

SIN NINGUNA NECESIDAD

 


El voto a favor de la Argentina en la ONU para la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos es injustificable, desde todo punto de vista.

Para empezar, desde la propia óptica y reglas de funcionamiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos: los hechos en que se basa (crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Bucha, Ucrania) ni siquiera fueron investigados por la propia ONU o alguna de sus agencias, ni hay una versión independiente de las partes en conflicto medianamente confiable sobre como sucedieron, y quienes son sus responsables.

Por el contrario, todo indica que cayeron dentro de la bolsa de la guerra de operaciones cruzadas que, como siempre sucede en las guerras, causó como primera víctima a la verdad.

Tampoco puede fundarse en el principio de la reciprocidad: la Argentina apareció votando junto con los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido (es decir, el apropiador de las Malvinas y dos que siempre votan en contra de nuestro reclamo de soberanía), para favorecer la posición de Ucrania (que también vota sistemáticamente en contra de nuestro reclamo) y en contra de Rusia, que nos apoya y siempre vota a favor. Estados Unidos e Israel (cuyos votos terminamos secundando) son, además, violadores seriales de los derechos humanos, lo que les resta autoridad moral en la materia. 

Todo eso sin contar la deuda de gratitud que tenemos con Rusia y su gobierno que nos vendieron vacunas cuando nadie lo hacía, y que hace poco el presidente -en otra sobreactuación necesaria que ahora se le vuelve en contra- le ofreció al país de Putin que la Argentina fuera su puerta de entrada a América Latina. O que medida la situación desde la óptica de los intereses nacionales (que es la única desde la que se deben juzgar las decisiones de un gobierno, en especial en política exterior, como  bien recordó hace días Cristina) Rusia nos ofreció financiamiento para proyectos de infraestructura, cuando todo el "mundo libre" nos lo negaba, o lo condicionaba a que arregláramos con el FMI.      

Menos se puede explicar el voto desde una estrategia coordinada con los demás países de la región, porque el México de López Obrador y el Brasil de Bolsonaro (hay que quedar a su derecha, eh) se abstuvieron, y la Bolivia de Evo Morales votó en contra, por solo citar algunos ejemplos; incluidas las decisiones de gobierno que el presidente dice respetar y admirar.

Y que no se diga que el voto (que remeda la peor época de las relaciones carnales del menemismo) es resultado del apoyo de Estados Unidos a la negociación con el FMI, porque se pasaron dos años diciendo que fue durísima, que no cedieron a ninguna pretensión inadmisible y que el acuerdo es novedoso por esas razones: no sea cosa que ahora se den vuelta en el aire y nos expliquen que, además de aceptar el monitoreo constante sobre la política económica, también debamos admitir el manejo desde afuera de nuestra política exterior.

Nadie medianamente informado puede creer que el muñeco de torta que tenemos como canciller tras su recordado paso por la jefatura de gabinete maneja esa política exterior: está muy claro que esa función le corresponde a Gustavo Béliz, y a Jorge Argüello, el Paladino que designamos como embajador en Yanquilandia, para que terminara siendo otro lobbista de ellos, frente a nosotros.

Empeñado en pelearse con su propia base electoral, con este lameculismo de vuelo corto el gobierno de Alberto Fernández ensombrece un aspecto de sugestión que, si no era brillante, estaba entre los más rescatables. Y no se diga que la gente tiene otras preocupaciones más urgentes a las que prestarle atención, porque en esos departamentos el gobierno no se viene destacando por la eficacia, precisamente.

Si hubiera que encontrarle la explicación a un voto inexplicable (o como dijimos, injustificable) tendríamos que pensar que se trata de mojarle la oreja a  Cristina y al kirchnerismo para que reaccione, y rompa definitivamente la coalición oficialista; en la que por momentos parece que molestara. Tuits relacionados:       

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