Más o menos para esta fecha pero hace 34 años -en plena dictadura- visitaba la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para interiorizarse sobre lo que estaba pasando en el país, y que era objeto de denuncias en todos los foros internacionales.
Por entonces Clarín (flamante propietario de Papel Prensa en sociedad con La Nación, Clarín y La Razón) titulaba como vemos; señalando que lo visitantes venían simplemente "a investigar distintos aspectos de la realidad nacional".
Un eufemismo cómplice para ocultar la verdad: la CIDH venía a constatar en el terreno las gravísimas denuncias por violaciones a los derechos humanos que cometía la dictadura, y que todos conocemos.
Durante toda su estadía en el país, Clarín y los principales diarios y medios fueron haciendo la cobertura conforme a las directivas que recibían de la Junta y los funcionarios del gobierno; que pretendían transmitir la idea de un país que funcionaba con normalidad, y en el que las denuncias contra el régimen eran parte de una campaña orquestada desde el exterior: eran los tiempos del famoso eslogan "Los argentinos somos derechos y humanos", que se pegaba en calcomanías para la luneta trasera del auto.
Hace poco, cuando fue la audiencia en la Corte por la ley de medios, los abogados del Grupo advirtieron que no acatarán una eventual sentencia desfavorable a sus intereses; lo que supone que intentarán revertirla (si ése fuere el caso) en los tribunales del exterior.
Como ya pasó cuando la regulación de Papel Prensa, han invocado el Pacto de San José de Costa Rica y las presuntas lesiones que la ley de medios ocasionaría a la libertad de expresión que -entre otros derechos- esa norma reconoce.
Por supuesto y al igual que entonces, llevando agua para su molino: si algo protege el Pacto, es que no existan formas de vulnerar la libertad de expresión; como por ejemplo monopolizando la producción y venta del papel para diarios; conforme se dijo acá.
Sin embargo ante un eventual fallo desfavorable de la Corte Suprema, el Grupo Clarín no podría acudir directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (el otro órgano creado por el Pacto de San José de Costa Rica), porque ante ella sólo pueden llevar casos los Estados parte, o la CIDH (artículo 61 inciso 1.).
Si podría, en cambio, presentar ante la CIDH una queja contra el Estado argentino, y la Comisión evaluar si se configura o no un caso de vulneración de derechos protegidos por el Pacto (artículo 44 del mismo).
Con lo cual se daría la paradoja de que deberían acudir -en tiempos de democracia, y por ende, de plena vigencia de los derechos humanos- ante el mismo organismo cuya misión intentaron desnaturalizar hace años, en complicidad con una dictadura que violaba sistemáticamente los mismos.
Sin embargo hay un hilo conductor entre el pasado y el presente; y tantro con las mentiras de ayer, como con las sentidas alegaciones por presuntas violaciones a derechos humanos de hoy, persiguen el mismo fin: defender sus negocios.
