LA FRASE

"ACABO DE HABLAR CON ADORNI PARA PREGUNTARLE SI POR CASUALIDAD EN EL PENDRIVE DONDE TENÍA LOS DÓLARES DE LAS CRIPTOMONEDAS NO LE HABÍAN QUEDADO LOS 4 BILLONES DE PESOS QUE NOS ESTÁN FALTANDO." (SANTIAGO BAUSILLI)
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miércoles, 29 de enero de 2020

PERIODISMO SIN RED


"Nadie se explica con claridad, (Definamos "nadie") cuáles son los verdaderos motivos del encono que mantiene a Omar Perotti prácticamente paralizado en su gestión política, y que lo precipita de manera continua a un enfrentamiento con su oposición, como único motor de gobierno. (Y sí, medio como que si prescindimos del hecho de que le armaron el presupuesto, dejaron de pagarles a los proveedores y contratistas por seis meses después de perder las elecciones, y nombraron un montón de gente por la ventana, no tendría muchos motivos para enojarse) La insistencia por sancionar una ley de emergencia, demandando herramientas que ya tiene autorizadas por la ley financiera de la Provincia (¿cuáles?) y por el propio presupuesto 2020, (¿el que le armó Lifschitz, o es otro?) parecen ("parecen") esconder razones."

"En estas horas, circulan versiones (O sea, las hacés circular vos, en este pasquín) que podrían (potencial) explicar la profundidad de la herida, (¿cuál, la del socialismo por haber perdido las elecciones, la tuya?) y las dificultades que estaría (potencial) afrontando el gobernador para poder cumplir con los compromisos adquiridos durante su campaña electoral. Por eso, la intentona, que según dejan trascender voceros de Casa Gris, (fuentes incomprobables) contaría (potencial) con el respaldo de los gremios, y sus muchachos, (¿barras? Calma, al socialismo lo cuida la cana, no hay nada que temer) en la explanada de la legislatura en su nuevo intento."

"Perotti se habría (potencial) comprometido con el Presidente del Banco Voii SA , Walter Grenón, uno de los principales aportantes de su campaña y de la del propio Alberto Fernandez, a convertirlo en el nuevo agente financiero de la Provincia de Santa Fe, durante su gestión. La decisión de Miguel Lifschitz de renovarle la condición al Nuevo Banco de Santa Fe, (tomada antes de que Perotti asuma, con una licitación convocada al mismo tiempo que las elecciones, y que estaba para adjudicarse antes de que se supiera quien las había ganado, digamos todo) le habría vuelto de cumplimiento imposible su promesa, y las posibilidades de devolverle a su amigo, las ayudas recibidas durante las dos elecciones provinciales, las PASO y las que lo consagraron en junio pasado, como nuevo gobernador." (O sea que el aporte a las campañas, se devuelve con favores del Estado. ¿Debemos intuir entonces, por ejemplo, que el socialismo le quiso prorrogar la concesión del puerto de Rosario que recién se vencía en el 2032, hasta el 2057 a TPR, porque el Grupo Vicentín (su accionista controlante) puso guita en la campaña de Lifschitz, o en ese caso fue de onda nomás?)

"¿La salida? Una sanción de superpoderes económicos financieros otorgados por la legislatura, que le permita por razones de «fuerza mayor», derogar el acuerdo firmado por su antecesor y volver a «licitar» al Agente Financiero, para darle la oportunidad al Banco del esperancino Walter Grenón." (¿Vos decís armar una licitación a medida de Grenón, es más o menos como las tres que armó el socialismo a la medida de Eskenazy en 2009, 2014 y 2019, cuando fue único oferente, o es distinta?)

Si bien el propio ex Ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, asegura que «todos los pasos que se dieron, fueron consultados con el equipo de gestión de Perotti, y nunca recibimos ninguna objeción expresa en ese sentido», (O sea, el tipo los quería cagar pero lo consultaban, y no les respondió nada, pero igual le metieron por lo carpido y adjudicaron el contrato. Casi como si estuvieran apurados por devolver favores, digamos) también es cierto que esos avales nunca fueron consignados por escrito, ni fueron ratificados públicamente por el nuevo mandatario." (O sea, no existieron. Lo que no se entiende es porque mencionás el tema entonces)

"En las últimas horas, legisladores de la oposición dejaron trascender esa información,  (¿cuál, la de la operación Grenón, la de que consultaron a Perotti para adjudicarle el contrato al Grupo Petersen, pero no les contestó?) fortalecida por las afirmaciones que en privado confirman los propios empresarios del Grupo Petersen- dueños del Nuevo Banco de Santa Fe- (Que suerte tenés vos de hablar en privado con los tipos. ¿Consultabas información o arreglabas honorarios?) que temen que «con la sanción de la Emergencia, y habiendo hecho público su contrariedad por los intereses que paga la Provincia ante cada adelanto para sueldos»" (Acá quedó medio mal redactado y no se entendió un choto, pero queda claro que el socialismo pedía adelantos al banco, para pagar sueldos, en plena campaña. Y después de eso le adjudicó el contrato a los dueños del banco, sin la anuencia de Perotti, según Saglione. Preguntonta: ¿eso no califica como "devolución de favores por aportes a la campaña", o eso corre para Grenón y Perotti nomás?)

"Walter Roberto Grenón, de origen santafesino, fue muy conocido en la provincia por la titularidad de Red Mutual, una empresa que se dedica a préstamos y que con la anuencia de siete gobernadores, (O sea, bastante antes de que Perotti fuera gobernador, y él aportara a su campaña) consiguió el manejo de los códigos de descuentos, y cobra sus créditos (en Santa Fe dejó de hacerlo en 2012 , por una resolución de Hermes Binner), directamente de los recibos de sueldos de los empleados públicos." (No cierran las cuentas: si Binner dejó sin efecto el descuento ¿como llegás a los siete gobernadores? Porque desde el 83' para acá hubo siete, pero contando los cuatro del PJ y los tres del socialismo. Spoiler: es posible porque Red Mutual nunca fue dada de baja, y aun hoy sigue teniendo código de descuento asignado por el gobierno provincial, como lo tuvo durante los 12 años que gobernó el socialismo. ¿Grenón puso para la campañas de Binner, Bonfatti y Lifschitz, entonces?) 

"El propio empresario ratificó ante consultas periodísticas porteñas, sus colaboraciones privadas con las campañas del Frente Para Todos, (O sea, aportes blanqueados. Como los de Monticas al socialismo ponéle. Y bastante más de lo que se puede decir del Grupo Petersen (Eskenazy) o Vicentín, por TPR. Esperamos ansiosos la investigación sobre el origen de los fondos de campaña del socialismo, y su posible vinculación con medidas de gobierno. No nos defraudes)

Las negritas son nuestras, la publinota paga por el Grupo Petersen, completa acáTuit relacionado:

sábado, 7 de septiembre de 2019

SEGUROS DE RETIRO


Leíamos ayer en La Nación que en el gobierno "celebran" un fallo de la justicia federal en lo contencioso administrativo, rechazando un planteo de los controlantes actuales de la ex AFJP "Orígenes", pretendiendo ser indemnizados por la liquidación del sistema de jubilación privada con la sanción de la Ley 26.425, en el primer gobierno de Cristina y a instancias de Amado Boudou, entonces a cargo de la ANSES.

El fallo dice que el agua moja, en términos sencillos: recuerda que nadie tiene derecho al mantenimiento indefinido de un determinado régimen jurídico, porque de lo contrario el Estado renuncia a su potestad de legislar como mejor le parezca, con tal de que respete la Constitución. 

Decimos que el fallo es todo menos novedoso, porque no hace sino recoger la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto, que la propia Corte reiteró en el caso de la disolución del sistema de jubilación privada en un fallo dictado ya en 2013: ver más detalles acáDe modo que en los tribunales del país, la suerte de este tipo de presentaciones no era dudosa. 

Sin embargo la nota da cuenta de que los mismos inversores que iniciaron el juicio acá, entablaron una demanda ante el tribunal del CIADI que depende del Banco Mundial, invocando los tratados bilaterales de inversión firmados en la década del 90'; y ahí la cosa puede cambiar.

En efecto, allí se trata de un antro que de jurídico tiene poco, y en la cual la tendencia uniforme es a favorecer los reclamos de los capitales privados, frente a la defensa de los Estados de sus legítimas atribuciones soberanas: hace poco contábamos en ésta entrada el caso del litigio en puerta ante el mismo tribunal arbitral por parte de la yanqui Met Life; en un caso que compromete gravemente al gobierno de Macri (que ahora "festeja" el fallo de la justicia federal) en un doble sentido.

Por un lado porque puso nada menos que al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)de ANSES a el ex encargado de las operaciones de Met Life en el país cuando la empresa yanqui vino a operar bajo el régimen de las AFJP; y por el otro porque cuando fueron a pedir asistencia financiera al FMI, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger pusieron por escrito en un documento oficial del Estado argentino que cuando se disolvió el sistema por la citada Ley 26.425, lo que se produjo fue una "incautación de activos", que además no eran de las administradoras, sino de los aportantes.

Todo indica que el caso de la ex Orígenes repite el modus operandi de AUSOL, la concesionaria de los peajes del Acceso Norte a la Capital Federal; que por intermedio de su controlante la española Abertis introdujo una demanda en el CIADI contra el país en los últimos días del gobierno de Cristina, para generar las condiciones para que el gobierno de Macri renegociara las concesiones, con el otorgamiento de privilegios leoninos para los demandantes, que se trasladan como hipoteca para el futuro gobierno nacional.

Acá no puede pensarse que se esté intentando volver al régimen de las AFJP, aunque la idea estuvo planteada, de un modo u otro, en todos los documentos del acuerdo del gobierno de Macri con el FMI. La idea es pedir cualquier cosa, para conseguir algo; como también hizo el fondo Burford Capital al comprarle a Eskenasy el juicio por la estatización de YPF en 2012, en una causa en trámite en la que aun se discute no solo el monto de la eventual indemnización litigio (artificialmente inflado por el Burford), sino en que tribunales debe ventilarse la causa: los del país o el del CIADI.

Y allí está el verdadero problema: no son las decisiones soberanas de política económica que pueda tomar el Estado argentino las que causan estos problemas; porque además sin dudas deberá tomar otras en el futuro, para desatar los nudos que deja el macrismo; sino que el problema radica en seguir aceptando la jurisdicción del CIADI, a la que el país se sometiera en 1994, mediante la Ley 24.353. 

Denunciarla fue una materia pendiente que dejó el kirchnerismo, y seguir en ese ámbito supone dejar una puerta abierta para este tipo de truchadas, porque ya que de AFJP hablamos, ese tribunal amañado funciona como una especie de "seguro de retiro" para los capitales que vienen a rapiñar al país, si se los permiten.

Bonus track: ¿La "alegría" del gobierno será por el fallo de primera instancia, o por el aporte de 4,5 millones de pesos que Orígenes hizo a la campaña electoral del oficialismo el 28 de agosto, o sea después de las PASO y antes del fallo, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral?:


viernes, 2 de agosto de 2019

LA SINUOSA ÉTICA DEL MACRISMO


Los medios hegemónicos conmemoraron ayer el año del lanzamiento público de la operación “Fotocopia de los cuadernos” del chofer Centeno, en medio de la corrida cambiaria del año pasado que llevó el dólar de 18 pesos a 40; y que indudablemente podemos decir hoy, aceleró el lanzamiento de una carta que estaba pensada para ser usada ahora, en pleno proceso electoral.

Hoy la causa languidece y ha mermado la atención de la opinión pública en ella, pero lo cierto es que todavía hay ex funcionarios presos en ese marco por aplicación de la “doctrina Irurzun”, y empresarios que estaban detenidos y fueron liberados, luego de “arrepentirse” y dar testimonio en el sentido buscado por el fiscal prófugo Stornelli y el inefable juez Bonadío.

En esos testimonios la mayoría de los que admitieron haber pagado coimas a funcionarios kirchneristas, dijeron que les habían pedido aportes para las campañas electorales. La dupla judicial no hurgó demasiado en la veracidad de los dichos porque no le interesaba, y porque podía llevar a que se desprendieran de parte de la causa, cuyo objeto procesal era y es bastante difuso.

En efecto, de ser las cosas como las contaron los empresarios, más allá de las exacciones ilegales (coimas) o cohecho (artículos 256 y 266 del Código Penal), existirían violaciones a la Ley 26.215 de financiamiento de las campañas de los partidos políticos. Por supuesto que tampoco se ocuparon de seguir el hilo de las declaraciones para determinar que beneficios obtuvieron a cambio los empresarios que pagaron (por ejemplo contratos del Estado para sus empresas), porque el objetivo era simplemente meter presos a los funcionarios del gobierno anterior.

Un año después, pasaron cosas, y entre ellas una muy importante: como veíamos acá el gobierno impulsó una modificación de la ley de financiamiento de las campañas, para permitir no solo los aportes personales de los empresarios, sino también los de las empresas; cosa que durante el kirchnerismo y de acuerdo con la ley citada, estaba taxativamente prohibida.

En ese contexto, se conocieron los detalles de los primeros aportantes a las campañas de cara a las elecciones de éste año (el listado completo acá, en la página de la Cámara Nacional Electoral); y entre ellos por ejemplo sobresales María Luisa Bárbara Miguens, accionista de la empresa Central Puerto S.A., condición que comparte por ejemplo con “Niky” Caputo, el “hermano de la vida” de Macri.

Tal como cuenta acá Gustavo Castro en “Diario Santa Fe”, la señora Miguens hizo cuatro aportes por un total de $ 1.640.000 a la campaña de “Juntos Para El Cambio”, luego de que -por ejemplo- Central Puerto se quedara con la Central Termoeléctrica Timbúes acá en Santa Fe, construida durante la gestión de Julio De Vido (preso justamente por la causa de las “fotocopias de los cuadernos”, entre otras); en una operación de privatización ruinosa para los intereses del Estado nacional, y denunciada en la justicia por haber sido realizada a precio vil.

Simplemente uniendo los hechos (la venta a precio vil de la central, los aportes de la accionista de la compradora a la campaña electoral de la reelección de Macri) uno podría concluir fácilmente que: a) la señora Miguens está pagando favores indebidos recibidos del gobierno, b) está comprando favores similares en el futuro, en un segundo mandato de Macri, o c) las dos cosas al mismo tiempo. 

Al fin y al cabo, como bien señala Gustavo Castro en su nota, ese fue el “modus operandi” elegido por Macri para financiar su campaña en el 2015, siendo el recolector oficial de aportes (entonces en negro y por izquierda, hoy legalizados) el propio “Niky” Caputo, socio de la señora Miguens; según reveló el periodista Hugo Alconada Mon.

Justamente en el post anterior al que referíamos, decíamos nosotros: "La habilitación legal sancionada ayer supone el "loteo en cuotas" del gobierno nacional, y del diseño y ejecución de las políticas públicas: la legalización de los aportes no logrará evitar que exista financiamiento en negro (por el contrario, podría agravar el problema) por un lado; y por el otro tiñe de sospechas de parcialidad o defensa de intereses particulares concretos, cualquier medida que tome un gobierno en el futuro, favoreciendo los intereses de sus aportantes de campaña."

Ni Macri, ni Caputo ni la señora Miguens tienen o han tenido causas judiciales derivadas de esa operatoria, que supone que intereses privados cooptan el Estado desde adentro (llenando el gabinete con CEO’s de empresas con “conflictos de intereses”, el presidente el primero entre ellos) y desde afuera, pagando en cuotas negocios y regulaciones beneficiosas para sus intereses: además de quedarse por moneda con activos en los que el Estado invirtió millones de dólares como la central de Timbúes, Central Puerto ha obtenido ganancias siderales en estos años, como consecuencia de los tarifazos ordenados por la política energética del gobierno cuya elección financiaron, y cuya reelección aspiran a seguir financiando.

Un botón de muestra de la sinuosa ética del macrismo, que se vendió en 2015 y aun pretende hacerlo hoy, como encabezando una profunda regeneración moral de la Argentina, para terminar con la corrupción. Y para ser justos, el primero que puso la lupa en el tema (como lo señala Gustavo en su nota) fue el amigo Andy Tow, por lo cual este hilo de tuits suyos es de imprescindible lectura:

miércoles, 26 de junio de 2019

viernes, 31 de mayo de 2019

UN VETO A LA MEDIDA


En el Boletín Oficial de hoy apareció publicado el Decreto 388 (completo acá), por el cual Macri interpuso un veto parcial a la Ley 27.504, que modificó a la Ley 26.215 (2007) de financiamiento de las campañas políticas; para habilitar los aportes de las empresas.

El veto apunta a uno de los supuestos en que los aportes empresarios serían prohibidos: cuando provengan de empresas que discuten deudas impositivas determinadas por la AFIP ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y como consecuencia del veto una empresa en esas condiciones podría aportar a las campañas de un partido político (o de varios), cosa que la ley sancionada por el Congreso le prohibía.

Eso, claro está, siempre y cuando el Congreso no rechace el veto con promulgación parcial del resto de la ley; para lo cual debe seguir el mismo procedimiento establecido por la Ley 26.122 para los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los decretos de legislación delegada (artículo 76 de la Constitución): dictamen de la Comisión Bicameral permanente, y luego rechazo de las dos Cámaras, en votaciones separadas.

Un camino que hasta acá Macri ha conseguido sortear para todos y cada uno de los DNU que ha emitido, gracias a la inestimable colaboración de buena parte de la oposición “dialoguista”, que acompañó además (massismo y Alternativa Federal incluidos) la sanción de la ley ahora parcialmente vetada.

Una ley -recordamos- que tuvo un trámite express, y fue aprobada contra toda las recomendaciones en contra de los expertos y las organizaciones de la sociedad civil que se expresaron en el debate en el Congreso; y un acuerdo político (el de “Cambiemos” con parte de la oposición) que el veto pone a prueba, aun cuando de las frecuentes reuniones de Macri en los últimos días con Schiaretti, Urtubey y Pichetto podría inferirse que el tema estaba charlado, al menos a modo de anticipo.

Cuestión aparte es que hará Sergio Massa, porque sus legisladores apoyaron la ley, pero el veto cayó horas después de que el Congreso del Frente Renovador dejara la puerta abierta para llegar a un entendimiento de cara a las elecciones, tanto con “Alternativa Federal”, como con el “Frente Patriótico” conformado por el PJ y otros 18 partidos, que apoyan la fórmula Fernández-Fernández.

El veto parcial de Macri lo pone -otra vez- en la disyuntiva de tomar una decisión, que para el kirchnerismo y la mayoría del PJ no parece dudosa, porque votaron en contra de la ley en el Congreso; presentando proyectos para que el financiamiento de las campañas electorales fuera exclusivamente con aportes públicos provenientes del Estado.

Y más allá de eso, lo interesante sería saber a nombre de quien fue interpuesto el veto, es decir, cuáles son las empresas que tienen litigios con la AFIP en el Tribunal Fiscal por el cobro de impuestos, y estaban prestas a abrir la billetera para financiar las campañas de algún partido político; en especial la de “Cambiemos”. Tuits relacionados:

jueves, 16 de mayo de 2019

LA PRIVATIZACIÓN DE LA POLÍTICA


Ayer por la tarde la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que venía del Senado modificando la Ley 26.215 (2007) de financiamiento de las campañas políticas, aprobada en el gobierno de Néstor Kirchner. La modificación sustancial fue para permitir los aportes de las empresas a las campañas que esa ley prohibía expresamente, manteniendo en cambio la prohibición para que lo hagan los sindicatos.

También modificó la Ley 26.571 (2009) aprobada durante el primer mandato de Cristina, que además de introducir las PASO, estableció los espacios de publicidad gratuita en los medios audiovisuales para todos los partidos políticos, el 50 % de los cuales se repartía por partes iguales entre todos, y el otro 50 % en proporción a la cantidad de votos: lo que hizo fue rebajar esos espacios a la mitad, pasando del 10 % de la programación de radios y canales de televisión, a solo el 5 %.

Una reforma -la primera- que atiende exclusivamente a los intereses de la coalición gobernante, conducida por CEO's y empresarios o herederos de empresas, que captarán la mayor parte de los aportes, por afinidad ideológica y de intereses con los principales grupos empresarios del país. Además de este modo se blanquean las campañas "flojitas de papeles" en materia de aportantes (rubro en el que el PRO ha descollado), y se garantiza la apertura de las billeteras de los empresarios "encuadernados" por Stornelli y Bonadío, y otros que se miraban en su espejo. 

La reducción de los espacios publicitarios gratuitos solo atiende a los intereses de las empresas de medios (que recuperan un 5 % de su programación para facturar publicidad), en desmedro de la igualdad de condiciones y posibilidades para la competencia política democrática. El proyecto sancionado constituye por tanto un claro retroceso en términos democráticos, y un grosero cambio de las reglas de juego, en plena campaña electoral; pero era la principal prioridad del oficialismo y sus aliados pseudo opositores, tanto que fue parte del temario de extraordinarias que en su momento definió Macri al convocar al Congreso.

Respecto de los aportes de las empresas (ya no de los empresarios a título estrictamente personal), vale la pena recordar lo señalado acá por Ricardo Nissen, uno de los que más sabe (si no el que más) sobre legislación de sociedades comerciales en el país: "...por estas razones es que las personas jurídicas no pueden donar dinero a las campañas electorales, pues además de resultar esos actos notoriamente extraños al objeto social, la ideología subyacente que implicaría una actuación en tal sentido puede afectar los derechos de los integrantes de las minorías societarias, en caso de que el órgano de administración de dicha sociedad disponga del patrimonio social para asumir un acto gratuito cuya realización y filosofía no todos comparten e idénticas conclusiones corresponden efectuar en torno a las otras personas jurídicas legisladas por el Código Civil y Comercial de la Nación.".

La habilitación legal sancionada ayer supone el "loteo en cuotas" del gobierno nacional, y del diseño y ejecución de las políticas públicas: la legalización de los aportes no logrará evitar que exista financiamiento en negro (por el contrario, podría agravar el problema) por un lado; y por el otro tiñe de sospechas de parcialidad o defensa de intereses particulares concretos, cualquier medida que tome un gobierno en el futuro, favoreciendo los intereses de sus aportantes de campaña.

Las votaciones en general y en particular marcaron amplias mayorías a favor del proyecto: 148 votos contra 69 en la votación en general, contra 135 votos a favor y 81 en contra en la votación en particular del artículo 4, que es el que permite el financiamiento de las empresas a las campañas de los partidos políticos. El primer dato que surge de esto es que hubo 12 diputados y diputados que votaron a favor en general, y en contra en ese artículo en particular, entre ellos Elisa Carrió y otros 6 miembros del bloque de la Coalición Cívica ("Toty" Flores votó a favor ambas veces); pero aportaron al quórum y votaron en general a favor de un proyecto cuyo objeto excluyente era ese: habilitar los aportes empresarios a las campañas electorales. Acá pueden acceder al acta de la votación en general, y acá a la de la votación en particular del artículo 4.

El massismo aportó 11 votos afirmativos y solo 2 en contra en la votación del artículo 4, y los bloques que responderían a "Alternativa Federal" (incluyendo el "cordobesismo" de Schiaretti) aportaron 16 votos a favor, y solo 3 en contra para permitir el financiamiento empresarial a las campañas. Si recordamos que tratándose de leyes electorales y de acuerdo con el artículo 77 segundo párrafo de la Constitución, se requiere mayoría absoluta para su aprobación (o sea, contada sobre el total de los miembros de cada Cámara, lo que supone en Diputados 129 votos), sin esos apoyos el oficialismo no hubiera logrado sancionar ni la ley en general, ni ese artículo en particular.

Lo cual nos mueve a recordar lo señalado hace pocos días acá, a propósito del anuncio del lanzamiento del "Frente Patriótico" erncabezado por el PJ, y la "unidad posible" entre los opositores: "Y por si no bastaran las pruebas de ello que se han dado hasta acá, ver la actitud de la cúpula de la CGT frente al crecimiento de la protesta social, y como se vienen posicionando en el Congreso los distintos sectores de la oposición frente al avance del proyecto de ley de financiamiento de las campañas; que además de reducir a la mitad los espacios gratuitos de publicidad audiovisual para los spots de campaña (un claro gesto, por si hicieran falta más, a favor de los negocios de los medios hegemónicos), blanquearía legalmente la posibilidad de que las empresas aporten plata para las campañas electorales.

El proyecto se discutirá en Diputados esta semana, y habrá que ver que hacen los sectores de la oposición “amigable” que trata de endurecer su discurso (como Massa o Bossio), frente a una iniciativa que no solo implica una clara degradación institucional y modifica las reglas de juego en plena competencia electoral, sino que además dice mucho sobre las relaciones entre la política y el poder económico: un dato crucial de cara a la Argentina que se viene, cuando Macri termine su gobierno."

Entre los votos a favor de permitir los aportes de las empresas a las campañas (además de los de casi todos los bloque de "Cambiemos") merecen destacarse los de Graciela Ocaña (que no pudo explicar el origen de los fondos de su última campaña), los massistas José Ignacio De Mendiguren, Graciela Camaño, Marcos Lavagna y Mirta Tundis, la del "rinconcito de los jubilados", que anda diciendo por los medios que "está arrepentida" de haber votado la "reparación histórica" a los jubilados y la autorización para desguazar el fondo de ANSES. También "Sanguchito" Bossio (principal patrocinante de Massa, hoy por hoy), los urtubeyistas Kosiner y Zottos, y y el electo intendente de Córdoba, Martín Llaryora: ¿"Alternativa Federal" y el lavagnismo saldrán a pasar la gorra para conseguir apoyos de campaña?

Por contraste, el Frente Para La Victoria/PJ (que presentó dictamen propio en minoría, planteando que el 100 % del financiamiento de las campañas sea con fondos públicos aportados por el Estado) aportó 49 de los 69 votos negativos; que se completaron con los de los 3 diputados de la izquierda, los del Movimiento Evita y los ex massistas escindidos del bloque para formar "Red por Argentina":Felipe Solá, Daniel Arroyo, Facundo Moyano y Fernando Asencio. 

Como también dijimos en el post antes citado, "...el “Frente Patriótico” armado en torno al PJ expresa la mayor unidad opositora posible para enfrentar a Macri, dadas las circunstancias: más allá de los constantes guiños a Massa (que en rigor, deben entenderse hechos a sus votantes), y de las especulaciones de algunos gobernadores que arreglaron acuerdos con Cristina para sortear con éxito las elecciones provinciales (otro tanto pasó acá con Perotti, para ganar la gobernación), lo real es que a esta altura del campeonato y con toda el agua que corrió bajo los puentes, cada uno está donde quiere estar.". Tuit relacionado: 

lunes, 6 de mayo de 2019

LA UNIDAD POSIBLE


La imagen de apertura corresponde a esta nota de Diario Bae de la semana pasada, que daba cuenta de la decisión del Consejo Nacional del PJ de convocar a la Mesa de Acción Política para la semana posterior a las elecciones en Córdoba (que son el 12 de este mes), para anunciar la conformación del Frente Patriótico; el armado opositor que se viene gestando para presentar una alternativa opositora a “Cambiemos” en las elecciones de octubre.

Con el 22 de junio como fecha límite para el cierre de alianzas y la presentación de candidaturas se aceleran los tiempos, y el jueves por la tarde Pino Solanas encabezaba un congreso de Proyecto Sur con amplia concurrencia de figuras de la oposición, que junto con su fuerza serían parte del armado: desde el kirchnerismo con Máximo Kirchner hasta Patria Grande de Grabois o Victoria Donda, pasando por Felipe Solá, o el Movimiento Evita.

Aunque a muchos los devore la impaciencia -en especial porque Cristina no confirma su candidatura, lo cual por otro lado es completamente lógico: el que maneja los tiempos maneja los escenarios-, lo cierto es que la unidad opositora se viene gestando hace tiempo, y se expresó también en la convergencia en la calle, en el parto y movilización del martes pasado; por encima de las vacilaciones de la conducción de la CGT.

El sindicalismo más combativo, los movimientos sociales, la mayor parte del peronismo y un amplio arco de fuerzas políticas vienen convergiendo claramente desde un tiempo a esta parte en la construcción de una alternativa política amplia y plural pata presentarle batalla electoral al intento de continuidad del macrismo; sin que esa unidad implique necesariamente lista única en las elecciones, eliminando la competencia interna, en especial para la candidatura presidencial.

De hecho, hay quienes han expresado ya sus intenciones de ser candidatos (como Daniel Scioli y Felipe Solá) dentro de este espacio, y en el caso de Scioli, aun cuando Cristina se presentara; lo cual -en nuestra opinión- suma, no solo porque haber desalentado la competencia en el pasado perjudicó las chances electorales, sino porque puede captar voto disperso que muy posiblemente no iría a la candidatura de Cristina, pero que podría verse tentado por otras opciones, como Massa o Lavagna, e incluso el mismo Macri.

La conformación del Frente se anunciaría luego de la elección cordobesa, que se ha constituido en una especie de parteaguas para todos: no solo el PJ oficial espera sus resultados para anunciar formalmente sus alianzas, sino también Lavagna porque entiende que representa el tipo de construcción electoral que aspirar a armar (con apoyos transversales dentro y fuera del peronismo); y no faltan los sectores del “círculo rojo” que miran con expectativa cual será el volumen del previsible triunfo de Schiaretti, para evaluar si lo tientan con una candidatura presidencial.

Pero más allá de lo que pase en Córdoba y sus consecuencias, el “Frente Patriótico” armado en torno al PJ expresa la mayor unidad opositora posible para enfrentar a Macri, dadas las circunstancias: más allá de los constantes guiños a Massa (que en rigor, deben entenderse hechos a sus votantes), y de las especulaciones de algunos gobernadores que arreglaron acuerdos con Cristina para sortear con éxito las elecciones provinciales (otro tanto pasó acá con Perotti, para ganar la gobernación), lo real es que a esta altura del campeonato y con toda el agua que corrió bajo los puentes, cada uno está donde quiere estar. Algunos, por ejemplo, rosqueando "pactos de la Moncloa" con el gobierno, para calmar a los mercados.

Lo que no quita que al filo del cierre de listas y con las encuestas en la mano, se sumen algunos “agregados” de último momento, en especial entre los gobernadores. Y por si no bastaran las pruebas de ello que se han dado hasta acá, ver la actitud de la cúpula de la CGT frente al crecimiento de la protesta social, y como se vienen posicionando en el Congreso los distintos sectores de la oposición frente al avance del proyecto de ley de financiamiento de las campañas; que además de reducir a la mitad los espacios gratuitos de publicidad audiovisual para los spots de campaña (un claro gesto, por si hicieran falta más, a favor de los negocios de los medios hegemónicos), blanquearía legalmente la posibilidad de que las empresas aporten plata para las campañas electorales.

El proyecto se discutirá en Diputados esta semana, y habrá que ver que hacen los sectores de la oposición “amigable” que trata de endurecer su discurso (como Massa o Bossio), frente a una iniciativa que no solo implica una clara degradación institucional y modifica las reglas de juego en plena competencia electoral, sino que además dice mucho sobre las relaciones entre la política y el poder económico: un dato crucial de cara a la Argentina que se viene, cuando Macri termine su gobierno.

La confirmación de la candidatura de Cristina (cuya electorabilidad es, sin dudas, el combustible que alimenta el armado opositor) sería la frutilla del postre, pero lo real es que no siendo posible ni realista “la unidad con todos adentro” y el “cualquiera con tal de que no gane Macri” cuando sectores de las oposición negocian compromisos con el gobierno más allá de las elecciones, lo que se viene construyendo es la mayor unidad posible, de los que con sus matices particulares, quieren realmente generar una salida política real a la crisis, construyendo una alternativa.

jueves, 13 de diciembre de 2018

ALIANZAS


Nos cuenta en La Política Online que el gobierno acordó con Pichetto impulsar el proyecto con media sanción del Senado para permitir los aportes de las empresas a las campañas de los partidos políticos, para sortear la oposición que la iniciativa encontró en Diputados por parte de Carrió.

El proyecto del Senado además fija un tope mayor para esos aportes, sobre el total de los gastos de campaña. En el Boletín Oficial de ayer salió publicado el Decreto 1122 (completo acá) que prorroga la convocatoria a extraordinarias del Congreso hasta el 28, e incorpora justamente ese proyecto para su tratamiento, a los temas ya previstos en la convocatoria original.

En ésta otra nota del mismo portal se da cuenta de otra maniobra concertada entre el gobierno y Pichetto (miembro de hecho del oficialismo legislativo, como venimos diciendo hace tiempo), en éste caso para garantizar el tratamiento y aprobación del proyecto que dinamita de la Ley 26.736 sobre producción, comercialización y distribución de papel para diarios que le molestan a los accionistas controlantes de Papel Prensa, Clarín y La Nación.

Lo que se busca es un giro rápido en el cuerpo, y conseguir los dos tercios de los votos para tratarlo sin dictamen de comisiones, o en su defecto limitar el número de estas a las cuales se lo enviaría; y -cuenta la nota- “no brindarle una tribuna a Cristina Kirchner” para que se explaye en el recinto en contra del proyecto.

Sirvan los ejemplos indicados para ver en que medida los límites entre oficialismo y oposición formales se diluyen, cuando entran a tallar otros intereses: Carrió es “puenteada” en el tratamiento de la reforma a la ley de financiamiento en las campañas, y quieren oscurecer el protagonismo de Cristina en la discusión del proyecto sobre Papel Prensa, por los mismos protagonistas: el macrismo oficial (el PRO) y el macrismo alternativo (a.k.a. “peronismo alternativo”).

Y no se trata de que las situaciones políticas de Carrió y Cristina sean comparables, porque una sigue con los pies dentro del plato de la alianza oficialista (y nada indica que eso vaya a cambiar en lo inmediato), mientras que la otra es la principal y casi excluyente (en términos electorales) figura de la oposición.

Por otro lado, si bien Carrió y los legisladores del bloque de la Coalición Cívica se ausentaron en la votación de la ley sobre Papel Prensa, no es precisamente porque se opusieran a que salga, sino para marcar distancia con la Casa Rosada por sus disidencias en otras cuestiones, como por ejemplo el financiamiento de las campañas. El kirchnerismo votó en su totalidad en contra, y Máximo Kirchner presentó en Diputados un proyecto alternativo al de financiamiento de las campañas, para ratificar la prohibición de los aportes de las empresas, y que los fondos provengan exclusivamente del Estado.

De la conducta del kirchnerismo en general y de Cristina en particular en relación con Papel Prensa no hay mucho que se pueda agregar: durante su gobierno se sancionó la ley que ahora se quiere mutilar vaciándola de contenido, y la Secretaría de Derechos Humanos elaboró el informe sobre las condiciones de apropiación de la empresa por los diarios hegemónicos durante la dictadura, y se constituyó en querellante en la causa judicial; en la que la justicia la servicio del poder sobreseyó a Mitre y Magneto sin haberlos siquiera indagado.

También fue el kirchnerismo el que en la reforma electoral del 2009 (Ley 26.571, que estableció las PASO) estableció la prohibición legal de que las empresas aporten a las campañas de los partidos políticos. Carrió no era diputada entonces, pero el bloque de la Coalición Cívica votó en contra, como también votó en contra la ley que regulaba la producción, distribución y comercialización del papel para diarios (con Carrió ausente, como es habitual), y ni falta hace aclarar su alineamiento incondicional con los intereses del grupo Clarín.

Tampoco hace falta aclarar que, si bien Carrió se opuso desde siempre a los aportes empresarios a las campañas de los partidos, tiene una causa judicial en trámite porque no puede explicar el origen de los fondos de su última campaña, y su partido fue multado en reiteradas oportunidades por la Cámara Nacional Electoral porque no pudo demostrar tampoco el origen de los recursos de campañas anteriores. En todo caso además de mantener su postura (teórica) de rechazar los aportes empresarios, sabe que de admitirse estos, quedaría colocada en una situación muy desventajosa en disponibilidad de medios frente al PRO, en una eventual interna de “Cambiemos”.

El que tiene que explicar sus volteretas -en todo caso- es Pichetto, el perpetuo oficialista, que durante el kirchnerismo votó a favor de prohibir los aportes de las empresas a las campañas y ahora fogonea derogar la prohibición, y también voto a favor de regular el monopolio de Papel Prensa, y ahora votaría paraderogar esa regulación y fortalecerlo, en base a un proyecto presentado por sus nuevos aliados “Sanguchito” Bossio y el massismo.

En estos temas -como en tantos otros- el kirchnerismo y Cristina estuvieron siempre parados en el mismo lugar: a lo mejor por eso es que las encuestas marcan que quienes no quieren votar a Macri los elegirían mayoritariamente como la verdadera expresión opositora. Y si Cristina se luce en la discusión de ambos proyectos, además de sus condiciones personales, es porque se la dejan servida en bandeja.

jueves, 6 de diciembre de 2018

LA CARROZA SE CONVIRTIÓ EN CALABAZA



No pasaron 72 horas desde que el último jefe de Estado extranjero dejó el país después de la cumbre del G20, y aterrizamos en la realidad: volvió a subir el dólar, se disparó el riesgo país, y se desplomaron los bonos de deuda y los ADRS de las empresas argentinas en Wall Street.

No conforme con que Macrón le cerrara a Macri en la cara la puerta de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR, se supo que la UE volverá a subir los aranceles a las exportaciones argentinas de biodiésel; con lo cual éstas perderían el único mercado que les queda: pese a las promesas de Trump de eliminar los altísimos aranceles que le impuso al producto para su ingreso a los Estados Unidos, estos siguen firmes.

Con lo cual las plantas procesadoras están todas paralizadas, y se temen que empiecen con despidos; y esa parálisis suma a la caída en picada de la industria (junto con la construcción), el consumo y las ventas (de inmuebles, autos, motos, electrodomésticos e incluso artículos de consumo masivo)

Moody’s critica la política del Banco Central porque tendrá efectos devastadores en el nivel de actividad (ya se sabe que la industria acumula seis meses de caída estrepitosa), y pide profundizar el ajuste, y eliminar el único control de capitales que existe: el encajecito que aprobó hace poco el BCRA a los bancos, para los préstamos en dólares que reciban del extranjero.

Los supuestos avances para distender la guerra comercial entre Estados Unidos y China (que algún apresurado obsecuente de acá se animó a atribuir a la pericia de Macri como mediador) están por verse, los chinos no confirman ningún acuerdo, y Trump alardea tuitiando que, o se someten a sus dictados, o les sube los aranceles.

Como resultado, se desploma Wall Street y las bolsas internacionales, y no son pocos los que advierten que estaríamos a las puertas de otra crisis internacional de proporciones; frente a la cual (advierten incluso economistas del palo del gobierno) la Argentina está particularmente desprotegida, por medidas de Macri y su administración.

Para colmo, Carrió se la para de manos a Bullrich y su “doctrina Chocobar”, aunque hasta acá el fascismo del gobierno no le preocupaba: señal de que empieza a calentar motores para rajarse del barco oficialista, o que pega para negociar.

También Carrió (y en cierta medida la UCR) se oponen al proyecto de ley para permitir el aporte de las empresas al financiamiento de las campañas de los partidos políticos que envió Macri a extraordinarias, por una razón muy sencilla, que nada tiene que ver con la honestidas y la transparencia: si prosperara, en la interna de “Cambiemos” perderían 1000 a 1 con el PRO en la disponibilidad de recursos. Por suerte, Mass,a Bossio y Pichetto acudirían en auxilio de Macri y el gobierno, aportando los votos que sus aliados le niegan: ellos también están ávidos por pasar la gorra electoral.

También por discrepancias en la coalición oficialista estaría a punto de naufragar el “proyecto anti barras bravas” con el que nuestro presi ojitos de cielo quiso salir del papelonazo del Ríver-Boca mudado a Madrid; mismo destino que correría su anunciado proyecto sobre alquileres, que “se olvidó” de incluir en extraordinarias: cuando se de cuenta seguro lo enmienda, él no es de andar faltando a su palabra así como así.

Eso sí: lo que no correría peligro es el proyecto sobre Papel Prensa que presentaron “Sanguchito” Bossio y Marco Lavagna a la medida (y a pedido) de Clarín y La Nación, porque obviamente que el oficialismo lo acompañará: nada mejor que colaborar con la impresión del diario de Irigoyen, que permite leer buenas noticias que te levantan el ánimo cuando te das cuenta que la carroza del G20 se transformó de nuevo en la calabaza de la dura y áspera realidad cotidiana. Tuit relacionado:

lunes, 3 de diciembre de 2018

¿POR QUÉ EL PLURAL?


¿Cuántos "oficialismos" conocés vos que manejen guita de los servicios de inteligencia, aparte del que ostente el gobierno nacional?

Si los sobres que "doblegan la voluntad de los comunicadores" son "servicios inconfesables". ¿qué sentido tendría blanquear la plata con la que se llenan, si de todos modos no son gastos que se puedan justificar legalmente?

¿O algún partido rinde en la justicia electoral el ítem "Sobres para comprar periodistas"?

APORTES EXTRAORDINARIOS


Después de los días de feriado por la cumbre del G20, reapareció el Boletín Oficial de la Nación, y vino con novedades, como por ejemplo la Resolución 956 de Patricia Bullrich sobre el uso de fuerza letal por las fuerzas de seguridad federales bajo su mando (completa acá); que en ningún momento menciona al cumbre, ni dice que se haya dictado a propósito de ella, o que luego de finalizada vaya a terminar su vigencia.

En su anexo por ejemplo se autoriza a los miembros de las fuerzas de seguridad a disparar (artículo 3) sin necesidad de "identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita"..."...en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso."; circunstancias que por supuesto serán apreciadas por el que decida disparar. En el artículo 5 se les permite usar las armas de fuego cuando algún sospechoso "efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma." 

También aparece en el Boletín de hoy el Decreto 1085 (completo acá), por el cual Macri declara monumento histórico nacional a la residencia del embajador de los Estado Unidos, el ex Palacio Bosch; y en cierto sentido se entiende: buena parte de la historia argentina reciente ha transcurrido por allí, claro que no sabemos si como para enorgullecerse, pero en fin, cada uno toma de la historia lo que parece.

Y finalmente tal como da cuenta la imagen de apertura, aparece el Decreto 1087 (completo acá), por el cual Macri convoca a sesiones extraordinarias al Congreso desde hoy y hasta el 21 de diciembre, para tratar un temario de 40 puntos que van en el anexo. El proyecto sobre Papel Prensa (redactado a pedido de Clarín y La Nación fue analizado en detalle acá; y el de blanqueo de los aportes empresarios a las campañas, acá

En ambos casos, hay coincidencias entre el oficialismo y el "peronismo alternativo" de Pichetto; y el proyecto de Papel Prensa suma firmas massistas, como la de Marco Lavagna, con lo cual con ambos el gobierno busca también meter cuchara en la interna del peronismo, principal fuerza opositora: se verá al tratarlos hasta donde llega la "unidad con todos adentro".

Lo que sí es evidente que, más allá de que nos quieran vender que la cumbre del G20 revitalizó la imagen de Macri y su gobierno de cara al año electoral, están buscando refuerzos para la pretemporada: fortalecer el blindaje mediático (Papel Prensa), sobreabundar en gestos de sumisión a papá Donald (embajada), garantizarse el financiamiento de campaña y darle cobertura legal de inmunidad al gatillo fácil, por si la cosa se complica por el lado de la protesta social. Y de paso, como dijimos, meter cizaña en el armado de la coalición opositora. Tuits relacionados:

miércoles, 24 de octubre de 2018

BUSCANDO SPONSORS


Según cuenta esta nota de Infobae a la que corresponde la imagen de apertura, Miguel Angel Pichetto y otros senadores vinculados al “grupo de los cuatro” que integra (¿o integraba?) con Massa, Schiaretti y Urtubey (entre ellos el propio hermano senador del gobernador de Salta) presentaron un proyecto para reformar la ley de financiamiento de los partidos políticos; consensuado con el gobierno. De acuerdo al proyecto, se eliminaría la prohibición de que las personas jurídicas (empresas) aporten a las campañas de los partidos políticos, que fue introducida en el 2009 por el kirchnerismo a través de la reforma electoral de la Ley 26.571, que también introdujo las PASO.

El proyecto va en total línea con lo que viene planteando al respecto el gobierno de Macri desde el inicio de su gestión, tanto que esa enmienda estaba contenida en el mismo proyecto en el que se propiciaba implantar el voto electrónico, que fue aprobada en Diputados con el apoyo del massismo y el “peronismo alternativo”, y luego naufragara en el Senado. También la nota da cuenta de que existe en paralelo en Diputados un proyecto presentado por Máximo Kirchner, que establece que los únicos aportes a las campañas de los partidos políticos sean los provenientes del Estado, o sea, todo lo contrario de lo que estarían planteando Pichetto y el gobierno.

Detengámonos por un momento en éste punto: Pichetto (que sigue siendo el Secretario de Acción Política del Consejo Nacional del PJ) negocia en nombre del peronismo una reforma crítica a la legislación electoral, sin participación del resto de las autoridades partidarias, empezando por el presidente del PJ nacional José Luis Gioja, en la misma semana en la que el peronismo conmemoró el 17 de octubre con actos separados, que expusieron las divisiones internas aunque todos apelen a la unidad.

Otro dato: el proyecto fue presentado luego de que Pichetto lanzara -junto a Massa, Urtubey y Schiaretti- el “peronismo alternativo”, en medio de la causa judicial de las fotocopias de los cuadernos donde varios “arrepentidos” reconocieron haber pagado coimas “como aportes para la campaña”, y de la renovada presión de los empresarios en el coloquio de IDEA para que se les permita blanquear sus aportes de campaña.

La pregunta que cabe hacerse en este contexto es a quien o quiénes favorece este proyecto, que va en contra incluso del espíritu de la reforma del 2009 que tendió a equilibrar posibilidades entre los distintos partidos políticos, por ejemplo al otorgarles espacios publicitarios gratuitos en los medios de comunicación audiovisual.

Y la respuesta es muy sencilla: a los partidos y candidatos que cuenten con mayores apoyos empresarios, porque se comprometen a gestionar sus intereses, en el caso de llegar al poder; y que mayor compromiso que el registro público de aportes por parte de las empresas (no solo de los empresarios a título personal); que para ser válidos incluso para sus propias normas internas (y eso es muy discutible, según lo que decía açá Ricardo Nissen) tendría que estar aprobado por los órganos de gobierno y administración, cosa que luego nadie pueda decir que no sabía nada, como hizo en la causa mal llamada de los cuadernos Paolo Rocca, el CEO del grupo Techint.

Precisamente en el coloquio de IDEA (en el cual Pichetto fue uno de los disertantes “opositores”) lo más granado de la cúpula empresarial del país hizo votos por la reelección de Macri, o en su caso por el triunfo electoral de alguna variable de “peronismo responsable” como el que expresa Pichetto, y su correlativo temor por “el retorno del populismo”, léase un triunfo de Cristina. 

No hay que ser un gran matemático para sumar dos más dos, y que terminen dando cuatro: están buscando legalizar a los sponsors que financien el sostenimiento del régimen imperante, y ayuden a cerrarle la puerta a otra sorpresa desagradable como la que tuvieron a partir del 25 de mayo del 2003. Se podrá decir que la idea de permitir los aportes de las empresas al financiamiento de los partidos políticos no goza de consenso entre los otros miembros de “Cambiemos”, es decir la UCR y la Coalición Cívica; pero si el PRO consigue los números para imponerla con el apoyo de parte del peronismo, terminarán aceptándolo para no quedarse afuera del reparto.

Al respecto y para ver como algunas cosas parecen no cambiar nunca, es interesante reseñar lo que cuenta Norberto Galasso en su libro sobre Perón respecto al financiamiento de las campañas en la crucial elección del 24 de febrero de 1946: "También sumamente despareja resulta la disponibilidad financiera de ambos sectores. El sustento social de los partidos integrantes de la Unión Democrática, así como de sus apoyos (los conservadores), no deja lugar a dudas de que el mundo de la producción agropecuaria, las finanzas, las empresas extranjeras e incluso la agroindustria tradicional le otorga seguramente apoyo financiero. Por supuesto, este tipo de contribuciones se realizan sin comprobantes ni registraciones comprometedoras. 

Sin embargo, en algunas oportunidades toman estado público, con el consiguiente escándalo. Así ocurre, por ejemplo, cuando el vicepresidente de la Unión Industrial, Raúl Lamuraglia, firma un cheque contra el National City Bank of New York por la suma de 300.000 pesos; el tesorero de la Unión Cívica Radical (Comité Nacional) lo endosa y lo presenta en el Banco Francés del Río de la Plata, donde abre una cuenta a nombre de su partido. Dos días después, el militante radical deposita otro cheque, de similar origen, por la suma de 200.000. Pero, la confianza de los trabajadores ganada por Perón en escaso tiempo, permite que los empleados bancarios por cuyas manos circulan esos cheques obtenga una fotografía de uno de ellos que es reproducida en primera plana por la prensa adicta al coronel. 


Jorge Schvarzer -insospechado de pro peronismo, pues ha devenido del trotskismo al radicalismo- comenta éste escándalo. Señala entonces que "Raúl Lamuraglia estaba dispuesto a volcar toda su fortuna y la del país para derrocar al gobierno, no era extraño (por eso) que vaciara los bolsillos de los industriales para voltear a ese gobierno en elecciones libres...". (PD: ¿Se entiende ahora por qué Pichetto pide "defender a las empresas" acusadas de pagar coimas en la causa de las fotocopias de los cuadernos, no?)