HAY QUE SACARLE LA NAVAJA AL MONO

 

En el Boletín Oficial de hoy apareció publicado el Decreto 116 (completo acá), por el cual Milei dispone transformar el Banco Nación en una Sociedad Anónima (SA), basándose en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 27742 (ley de bases), que faculta al Poder Ejecutivo Nacional "...a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente: a) La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.".

Aquí aparece la primera trampa que ejecuta el gobierno porque el mismo artículo 3 establece cuáles son los organismos del Estado nacional que quedan excluidos de esas facultades, e incluso menciona expresamente los que no pueden ser disueltos. Pero entre ellos no está el Banco de la Nación Argentina, que era hasta la fecha un ente autárquico según el artículo 1° de la Ley 21799.

Por eso no le alcanzan las disposiciones del artículo 4 de la ley de bases, que refiere a las empresas y sociedades contempladas en el inciso b) del artículo 8° de la ley 24.156, además de lo previsto en el artículo 7° de la misma ley de bases, que declaró sujetas a privatización” en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I de la ley.

Y la otra trampa es que el Decreto 116 menciona en sus considerandos el artículo 48 del DNU 70/23 (el mega DNU con el que Milei rechazado por el Senado y jamás tratado en Diputados), que dispuso que "Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas.".

Si bien el Banco Nación es un ente autárquico como se dijo antes, el artículo 48  del DNU continúa de éste modo: "Esta disposición (la transformación de las empresas  sociedades del Estado en SA) comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas...." (las negritas son nuestras)

Para acto seguido señalar que "Las Sociedades Anónimas transformadas estarán sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.". Recordemos que el mismo DNU 70/23 en su artículo 40 derogó la Ley 20705 de Sociedades del Estado, cuyo artículo 5 disponía que esas sociedades no podían ser declaradas en quiebra, y solo mediante autorización legislativa podría el Poder Ejecutivo resolver su liquidación.

Cosa que a una sociedad anónima regida por la Ley de Sociedades 19550 (como será a partir de ahora el Banco Nación) perfectamente le puede pasar: ser liquidada, o declarada en quiebra. Si éste último riesgo parece lejano para el principal banco del país (el decreto mantiene además la garantía del Estado nacional sobre sus operaciones contemplada en la Ley 21799), no el primero, o la transferencia a manos privadas de todo o parte de su paquete accionario: Milei busca lograr así por la ventana lo que le fue negado por la puerta al discutirse la ley bases.

Y allí radica precisamente el problema: mientras subsista el DNU 70/23 y no se complete su rechazo por el Congreso tratándolo en Diputados, y mientras subsistan las delegaciones de facultades extraordinarias que le otorgan al presidente los artículos 1,2, 3 y 4 -sobre todo- de la ley de bases (Ley 27742) el riesgo de que éstas cosas pasen aumenta en forma exponencial. Más con semejante poder en manos de alguien como Milei, acorralado como está. 

Por estas horas y a propósito del escándalo de la criptomoneda que devino en una estafa piramidal promocionada por el mismísimo presidente de la república se pudo oír y leer a  "opositores razonables" que votaron a favor la ley bases y la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo contenida en ella decir que por esa razón (el escándalo) los presidentes deben ser controlados (Margarita Stolbizer), o que Milei es un "indigente mental" (Emilio Monzó).

Pues bien, ahora tienen la oportunidad de poner el voto donde ponen la lengua, y acompañar los proyectos que acaba de presentar Unión por la Patria en ambas Cámaras del Congreso para revocar la delegación de facultades extraordinarias a Milei de la ley bases, como así también acompañar el pedido de tratamiento del DNU 70/23 en Diputado para completar su derogación o anulación. 

Lo que no excluye que -al mismo tiempo- apoyen el pedido de juicio político al presidente del bloque de diputados de UxP., que sería la forma de terminar con estos riesgos, definitivamente.

EL TIMMING PERFECTO

Proponer para un cargo público a un ex ejecutivo de Vicentín.

Proponer  para un cargo público a un ex ejecutivo de Vicentín que estaba armando el banco del grupo en la Bolsa de Rosario, donde operan buena parte del sector agropecuario.

Proponer para un cargo público a un ex ejecutivo de Vicentín que pasó por el Banco Nación.

Proponer a un ex ejecutivo de Vicentín que pasó por el Banco Nación para un cargo en un banco público.

Proponer para ese cargo a un ex ejecutivo de Vicentín que fue parte de la gestión de González Fraga en el Banco Nación.

Proponer para ese cargo a un ex miembro del directorio del Banco Nación en la gestión de González Fraga, ligado a Vicentín y que renunció al banco porque no estaba de acuerdo con que sus utilidades financien al Estado. 

No se puede decir que a Pablo Javkin le falte timming. Tuits relacionados: 

Lo más seguro es que diga que Perotti lo presionó porque lo quiere privatizar, COMO PRIVATIZÓ EL DE LA PROVINCIA EN LOS 90! Así, a los gritos

— Sergio Delfino (@serdelfino) June 18, 2020

AUNQUE SEA UNA OFICINA

Hace un mes más o menos hablábamos en esta entrada de la situación de los presos políticos del régimen macrista, que lo siguen siendo en el actual gobierno, y al par que reclamábamos que se hiciera algo al respecto, manifestábamos comprender las restricciones existentes para avanzar: al fin y al cabo, el presidente no tiene la suma del poder público. 

Simplemente planteábamos que la cuestión no se abordara desde la óptica de saldar viejas cuitas de la interna kirchnerista, ni de hacer ofrendas a la gobernabilidad, que nunca serían correspondidas. Algo así como el ofrecimiento unilateral de paz al Grupo Clarín que subyace en la comunicación pública de que no se insistirá con la ley de medios.

Por otro lado está la situación real y objetiva de los funcionarios macristas "atrincherados" en sus despachos que resisten el cambio de gobierno, y siguen actuando como si nada: veíamos acá el caso del titular de la UIF, que no solo sigue en funciones, sino que se da el lujo de tomar determinaciones importantes en nombre del Estado argentino, sin consultarlo con el gobierno. Si de gobernabilidad hablamos, no hay mayor aporte a ella que dar claras muestras de autoridad, conteste con la legitimidad de origen de un gobierno sostenido en el voto popular.

Todas estas reflexiones vienen a cuento del escándalo del caso Vicentín, en el que está implicado todo el directorio del Banco Nación en tiempos macristas, con González Fraga a la cabeza: el principal aportante de campaña de "Juntos Para El Cambio" obtuvo un crédito de más de 18.000 millones de pesos de un banco estatal (el más importante del país), en condiciones irregulares, y ahora todo indica que no lo piensa pagar, declarándose en default.

Un caso que se suma a otros que ya se conocieron en tiempos macristas, como la renegociación de los peajes de las rutas concesionadas a operadores privados, y tantísimos más que se podrían agregar a la lista.

Sería reduccionista limitar el análisis del macrismo a caracterizarlo como una asociación ilícita dedicada a hacer negocios con el Estado antes de que Macri fuera presidente, y desde adentro del Estado mientras lo fue. Fue antes que nada y por encima de todo, la puesta en acto del concepto del "país atendido por sus propios dueños", adunando el poder económico -que es permanente- al político -que es contingente y depende del humor electoral-, en beneficio de sus intereses de clase.

Sin embargo, hacer como que esa otra dimensión de la nefasta experiencia macrista (es decir, la rapiña de los fondos públicos, el armado de negocios millonarios con regulaciones estatales dirigidas, el esquema de blanqueo y fuga legalizados) no tuvo lugar, simplemente no sucedió, sería un enorme error político. Como bien decía en la semana Amado Boudou, se está hablando poco de Macri y lo que representó para el país, y eso no es buena señal.

No tanto porque se quiera insistir en la "pesada herencia recibida" para exculpar presuntas fallas u omisiones de la actual administratición, sino porque se puntualiza un hecho de insoslayable valor político: no podemos permitir que la nefasta experiencia de la derecha gobernando el país con el voto popular se repita en un futuro, no tanto por fallas nuestras, como por una amnesia social inducida por los medios (que son la oposición real) y consentida implícitamente por el actual gobierno.

Lo que nos trae al tema del "Ministerio de la Venganza", discutido en campaña y siempre presente hoy, en las redes sociales y en los medios: es tan cierto que "volver mejores" supone dedicar prioritariamente las energías del gobierno y los funcionarios a restaurar los enormes daños causados por el macrismo en la estructura social, económica y productiva del país; como que es inadmisible que la runfla gobernante hasta el 10 de diciembre salga indemne de su excursión de caza por el Estado, y lejos de hacer la más mínima autocrítica al respecto, sigan pontificando en público sobre como deben resolverse los problemas del país, que ellos mismos crearon, o contribuyeron a agravar.

Y si bien, como se dijo, Alberto Fernández es nada más (y nada menos) que el presidente de la nación, y no tiene la suma del poder público, debe dar muestras de usar con decisión todas las atribuciones de que dispone, para que aquellos que depredaron el patrimonio público (como González Fraga y todo el directorio del Banco Nación) mientras decían que estaban embanderados en una cruzada contra la corrupción kirchnerista las paguen, de ser posible de su propio bolsillo.

Eso supone denunciarlos ante la justicia, activar en serio el rol de la Oficina Anticorrupción (ahora que ha puesto al frente a alguien irreprochable como Félix Crous), ejecutar el crédito del Nación a Vicentín (apoderándose incluso de los activos, si fuera el caso), denunciar en el Consejo de la Magistratura a los jueces y fiscales que miraron para otro lado en los negociados macristas o -peor aún- les dieron un bill de indemnidad, incluyendo si fuera el caso hasta los propios miembros de la Corte Suprema; que por ejemplo siguen durmiendo el fallo sobre el decreto de Macri que amplió el blanqueo votado por el Congreso, para favorecerse a sí mismo y a su familia.

Sin "lawfare", sin "doctrina Irurzun", sin "extinción de dominio", ni "ley del arrepentido",  ni ninguno de esos adefesios jurídicos creados por el macrismo para perseguir a sus adversarios políticos: simplemente con la ley en la mano, pero con firmeza y sin titubeos. Las pruebas sobran, y están a la vista; porque en su creencia de que con el triunfo del 2015 inauguraban una larga hegemonía política en el país, fueron dejando las pezuñas por todos lados. De lo contrario lo que no hagamos hoy, lo lamentaremos mañana. Tuit relacionado: 

No digo un Ministerio de la Venganza, pero por lo menos una Oficina

— La Corriente K (@lacorrientek) January 16, 2020

PADOÁN EL ACEITOSO

No es la primera vez que acá nos ocupamos del caso del grupo Vicentín, que está a punto de defoltear su deuda, siendo el mayor acreedor de todos, por lejos, el Banco Nación: hace algo más de un mes veíamos en ésta entrada como el tembladeral financiero del grupo generaba preocupación en la provincia y en sus nuevas autoridades, por el impacto que su caída podría tener en la economía regional.

Decíamos entonces que el caso presentaba todas las características de las habituales prácticas de rapiña del Estado y los recursos públicos, y aprovechamiento de los vínculos con el poder político, que han sido el modus operandi de los grandes grupos económicos en el país.

Vicentín y su CEO Alberto Padoán (presidente a su vez de la Bolsa de Comercio de Rosario) fueron de los principales aportantes a la campaña presidencial de Mauricio Macri; y a cambio de esos favores obtuvieron otros: como cuenta esta nota de La Política Online a la cual corresponde la imagen de apertura, durante la gestión de Mauricio Macri obtuvo un préstamo del Banco Nación por 18.870 millones de pesos, en condiciones extremadamente irregulares.

Según se sabe ahora, el directorio encabezado por Javier González Fraga ignoró advertencias de funcionarios de carrera sobre el alto riesgo que implicaba el préstamo para el Banco, por las altamente comprometidas finanzas del deudor, y por el elevado monto del mismo, tanto comparado con el total de la cartera de créditos del Nación, como con el propio giro comercial y financiero de Vicentín.

Las advertencias, por supuesto, fueron desoídas, por razones obvias: Vicentín era un cliente VIP, porque había puesto guita en la campaña de Macri, y lo volvería a hacer. Una inversión ruinosa desde el punto de vista del resultado electoral, pero muy productiva analizada desde el ángulo de sus negocios empresariales.

El caso también demuestra por qué tanta insistencia del macrismo en blanquear la financiación empresaria a las campañas electorales, un terreno donde ellos tenían todas las de ganar. Pero pensemos cuanta tela habrá puesto Vicentín antes de la reforma a la ley de financiamiento, como para recibir tamaño favor que ahora compromete hasta la solvencia del Banco Nación, nada menos.

Y desde esa óptica (los vínculos oscuros de la política con el poder económico), recordemos que también el socialismo acá en Santa Fe favoreció a Vicentín con decisiones del poder público, que indudablemente son canje por apoyos financieros a sus campañas: en la entrada anterior mencionada veíamos como el grupo logró un esquema de financiamiento público con recursos provinciales de los viajes de sus ejecutivos en las aerolíneas low cost, y como la gestión socialista del Ente Administrador del Puerto de Rosario estuvo a punto de concederle a TPR (empresa controlada del Grupo Vicentín) la renovación de la concesión de la administración del puerto (que se vencía recién en 2032) por 25 años más, hasta el 2057.

Con eso en mente, pensemos cual hubiera sido la reacción de nuestros repúblicos y de los medios que les hacen coro (y les dan letra), si cualquiera de todas estas cosas pasaban en un gobierno peronista, sea en la nación o en la provincia: no les hubieran alcanzado las tapas de los diarios, para el tamaño de las letras del título catástrofe. De estas cuestiones (cuando afectan al antiperonismo, allí donde gobernó o gobierna) nunca se ocupan las Carrió o las Stolbizer, porque se sabe, la corrupción (y vaya si el uso dispendioso de fondos o bienes públicos lo es) es un fenómeno exclusivamente peronista. 

Tuit relacionado: 

Esto llegaba a pasar en un gobierno peronista y ya estaban todos los funcionarios presos, con la doctrina Irurzun. Con estos chetos no pasa nada, somos unos boludos: https://t.co/tVfhJqiooc

— La Corriente K (@lacorrientek) January 23, 2020

A REGULAR SE HA DICHO

Claro, porque los bancos perder una parte de sus ganancias, jamás. Hay que volver a regular como en la gestión Vanoli: https://t.co/OrxZpSq0pR

— La Corriente K (@lacorrientek) December 25, 2019

Más allá de la amplia gama de negocios en los que fueron incursionando con el tiempo (como los fondos de inversión, las AFJP, las colocaciones de deuda o el lavado de dinero), el corazón del negocio de los bancos sigue siendo la intermediación entre la oferta y la demanda de dinero, captando ganancias por el "spread" o diferencia entre las tasas pasivas que pagan a los depositantes por recibirles sus ahorros, y la activa que les cobran a quienes les piden un préstamo.

Durante el macrismo, buena parte de sus colosales ganancias tuvieron que ver con la completa desregulación del negocio financiero que las diferentes gestiones al frente del Banco Central fueron instrumentando, empezando por la de Federico Sturzenegger y siguiendo con las demás.

Entre esas medidas desregulatorias y ya en los primeros días de la gestión de  Macri (un indicador claro de cuáles eran sus prioridades, y los sectores cuyos intereses venía a expresar), Sturzenegger eliminó las resoluciones del Banco Central que venían de los tiempos de la gestión de Alejandro Vanoli por las cuales el BCRA regulaba implícitamente las tasas y los niveles de ganancias de los bancos por esa vía.

Lo hacía calzando las tasas con las que el propio Banco Central pagaba por las LEBAC's, que siempre funcionó como una tasa de referencia del mercado, pero en éste caso le añadió "pisos" y "techos": los bancos no podían pagar menos de interés a sus depositantes a plazo fijo que un determinado porcentaje de la tasa de las LEBAC'S, y tampoco podían cobrarles más de otro determinado porcentaje, con la misma referencia.

La regulación dejaba un espacio para la competencia entre los bancos por captar ahorristas, o generar alternativas de acceso al crédito a los particulares y las empresas, esto último complementado con la línea de préstamos obligatorios a tasa subsidiada; otra regulación que impuso el Banco Central en tiempos del kirchnerismo (en la gestión de Mercedes Marcó del Pont en la entidad), obligándolos a prestar a las empresas (en especial a las Pymes) para financiar capital de trabajo, a un tasa menor a la del promedio del mercado, un porcentaje obligatorio de sus depósitos, establecido por el BCRA.

La nueva gestión del Central que encabeza Miguel Pesce debutó con una baja de cinco puntos o más en la tasa de las LEBAC's (tasa de política monetaria y de referencia en el mercado, como se dijo), desandando los cuatro años de desgobierno macrista en los que los niveles exhorbitantes que pagaba por esa tasa un Estado desesperado por endeudarse, marcaban la pauta del insostenible nivel general de tasas del mercado financiero.

Sin embargo, hecha la ley hecha la trampa, como dicen: leemos acá en Infobae que la respuesta de los bancos fue trasladar en su totalidad esa baja porcentual en los puntos de tasa de interés que le cobrarían al Estado para prestarle, a la que le pagan a sus ahorristas por los plazos fijos; sosteniendo así el "spread" y por ende sus descomunales niveles de ganancias.

Bastante es ya que, en el marco de la emergencia económica, hayan zafado de algún aumento de Ganancias o alícuota adicional del impuesto, o impuesto especial extraordinario por sus exhorbitantes ganancias con los títulos públicos en los cuatro años del macriato, como para permitirles que sigan en la joda, aun cuando la baja de tasas contribuya a facilitar el acceso al crédito a las empresas, y a las personas.

Se hace imperioso volver a las regulaciones de los tiempos de Vanoli, con las cuáles además los bancos seguían ganando plata, pero menos; y si no veamos las cifras que arroja la propia nota de Infobae de la que hablábamos más arriba: por ejemplo el Nuevo Banco de Santa Fe del grupo Eskenazy pasó a pagarles un 38,5 % anual a sus depositantes a plazo fijo, mientras le acaba de cobrar al gobierno de la provincia un 55 % por los adelantos en descubierto para poder pagar los aguinaldos, una tasa que en anteriores meses del año y con el socialismo había llegado al 70 % en promedio.

Entre las entidades bancarias que se apuraron a trasladarles a sus ahorristas el recorte en sus ganancias que representa la baja de tasas inducida por la nueva gestión del BCRA (en un comportamiento similar al de las grandes exportadoras que le trasladan al productor los cambios en las retenciones), hizo punta nada menos que el Banco Nación: aunque se comprenda que el principal banco estatal del país deba recomponerse patrimonialmente del saqueo macrista que estuvo a punto de quebrarlo, es necesario que en su operatoria se alinee con los objetivos de la política económica.

Uno de los cuales (y central sin dudas) es desdolarizar la economía y resolver la restricción externa (escasez de dólares), restringiendo la demanda de divisas para atesoramiento y fuga, para lo cual es necesario que los ahorristas tengan alternativas rentables de inversión. De allí lo puesto en la ley de emergencia en cuanto al impuesto a la compra de divisas, la exención tributaria para la adquisición de bonos públicos o para la colocación de depósitos a plazos fijo; eso sin contar que el "cepo hard" no puede sostenerse indefinidamente.  

Pero volviendo a los bancos, y parafraseando a Perón, los bancos no son buenos, de allí la necesidad de regularlos, para que sean mejores. O aquello que dijo Alberto de "los últimos serán los primeros", pero al revés.

ODIO POR LO PÚBLICO

Sobre los destrozos que viene ocasionando el gobierno de Macri en el patrimonio y la solvencia del Banco Nación con sus políticas hemos hablado acá varias veces, la última de ellas en esta entrada: decíamos entonces que tanto en el presupuesto del año pasado como en el de éste año, la entidad fue obligada a transferirle utilidades al Tesoro por más de 35.000 millones de pesos, pero en ésta nota de La Política Online a la que corresponde la imagen de apertura estiman la asistencia financiera en 80.000 millones de pesos el año pasado, y una cifra similar para este año.

Eso genera lógicamente un profundo proceso de descapitalización del banco, a lo que se suma una progresiva falta de liquidez porque debe inmovilizar buen parte de sus fondos (parte sustancial de los cuáles proviene de los depósitos del Estado nacional, por ser su agente financiero) renovando la suscripción de las LELIQ’s que emite el Banco Central para intentar contener al dólar. Y tal como se señala en la nota y a la inversa de los bancos privados, el Nación no puede decidir por sí mismo no renovar esos títulos para hacerse de pesos, porque debe obedecer a la estrategia marcada por el gobierno.

A eso debe sumarse que en las últimas jornadas del mercado cambiario se lo obligó a vender sus dólares por debajo del precio del mercado para contener la disparada del billete verde, cuando la suba de las tasas de interés se revelaba inútil a esos fines. Y la solución que encontró el gobierno a la falta de liquidez del Nación fue armar un depósito a plazo fijo en el banco de 5000 millones de pesos por dos meses, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

La tasa que paga el Banco por el plazo fijo es del 41,5 %, pero como cualquier banco se da vuelta y por la otra ventanilla le presta esos mismos fondos al Banco Central suscribiendo LELIQ’S al 63,85 %; claro que, como dijimos, está obligado a renovarlas hasta que el gobierno vea como hace para desarmar la nueva bomba que creó en reemplazo de las LEBAC’s.

Desde la ANSES justifican la inversión hecha “con la plata de los jubilados” en que la tasa que cobrarán por el plazo fijo está dentro de la media del mercado, pero está claro que el propósito es otro: sumarle liquidez al Nación, que la perdió por las medidas del gobierno, que lo vienen saqueando, como consecuencia -una más- del acuerdo con el FMI. Con la responsabilidad de la parte de la oposición que votó los presupuestos del año pasado y de éste, que lo obligan a transferir las utilidades al Tesoro, y descapitalizarse.

Y si bien hace seis meses que no hay informes de la evolución de los activos del FGS, en el último disponible constaba que apenas un 3,2 % de ellos son colocaciones a plazo fijo en los bancos, e incluso en diciembre del 2015 (con otro nivel de tasas) eran menos: apenas el 1,3 %.

El financiamiento intra Estado no es malo, todo lo contrario: es preferible a la toma de deuda en moneda dura, con acreedores privados del exterior, cediendo además soberanía. El problema es cuando se lo usa exclusivamente para sostener un modelo de valorización financiera y fuga de capitales, que destruye salarios, empleo, producción y hasta el capital de las empresas: el Banco Nación termina pidiendo un préstamo por problemas de liquidez causados por suscribir títulos públicos destinados a alimentar la bicicleta financiera para que no se dispare el dólar y con él, se esfumen las chances electorales del gobierno.

Y la plata que le prestan (que proviene, como dijimos, de “la plata de los jubilados”) es siete veces menos que lo que transfirió en los últimos dos años solo en concepto de utilidades al Tesoro, para poder cumplir con la meta de “déficit cero” y ajuste fiscal pactados con el FMI, para generar excedentes de recursos públicos para pagar deuda; en su mayoría contraía para financiar la fuga de capitales, y así en un loop eterno.

Son ni más ni menos que las consecuencias de haberle entregado los destinos del país a una banda de saqueadores que, lejos de aquellos delirios de la “nueva derecha moderna y democrática”, odian lo público y al Estado, al que solo ven como una oportunidad para hacer negocios mediante regulaciones favorables a sus propios intereses, o un botín apetecible que debe ser desguazado y repartido entre las distintas fracciones del capital.

En el caso del Banco Nación -una de las “joyas de la corona”, que hasta logró salvarse de las privatizaciones del menemismo- tanto lo odian, que acaban de designar en su vicepresidencia al inútil de Lucas Llach, luego de su exitosísimo paso por el Banco Central, en éste mismo gobierno, en compañía del inolvidable Federico Sturzenegger.

PUNGAS VIP

Basta leer las tapas de los principales diarios para advertir como están llenas de los escándalos judiciales que le interesa promover al gobierno, y los que son “vueltos” por la denuncia de Verbitsky contra Stornelli como se advirtió acá; para tapar los espantosos resultados económicos y sociales de las políticas de macri, que de todos modos cualquiera puede palpar a diario.

Pero al mientras te aturden con denuncias sobre “la corrupción K” y sacan cuentas estrambóticas sobre el dinero robado o su posible destino, también buscan -como el tero- que pase inadvertido la que se están llevando ellos ahora, delante de tus narices; o como concienzudamente se dedican a saquear el Estado, extrayéndole hasta el último centavo, como lo vienen haciendo desde décadas y cuando no estaban de los dos lados del mostrador.

La imagen de apertura está armada con dos noticias de esta semana, relacionadas con eso: la denuncia judicial por el escandaloso proceso de venta de las centrales térmicas de Ensenada y Sauce Viejo (del que hablamos acá y acá), y el bono por 40.000 millones de pesos que el gobierno le obligó a suscribir al Banco Nación para fondearse, y asegurarse recursos para seguir pagando deuda.

Sobre la denuncia por la privatización de las centrales, leemos en La Política Online: “Según la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido casi en la mitad de ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello. Además, el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, fue rescindido a fines de 2016, y el gobierno del presidente Mauricio Macri le entregó a Iecsa (empresa que el primo de Macri Angelo Calcaterra le vendió al empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares.

La denuncia agrega que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa, organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron "de los dos lados del mostrador", asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.”.

Para que se entienda: en tiempos del kirchnerismo y con Julio De Vido en el Ministerio de Planificación (es decir, mientras “se robaban todo”), se construyeron en todo el país X centrales térmicas, entre ellas las dos que se venderían ahora; cuya construcción se financió en parte con un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES; esa “pesada herencia” que le dejó Cristina a Macri, y que este viene licuando en su valor en dólares, desde que asumió; además de buscar rematarla.

En el caso de la central de Sauce Viejo y ya con Macri en el gobierno, le rescindieron el contrato a la empresa que la construyó (una UTE entre Isolux e IECSA), y le pagaron una indemnización por la rescisión de más de 1600 millones, que fueron a parar en parte a los bolsillos de Angelo Calcaterra, o sea del propio Mauricio Macri; puesto que su primo jamás le pagó por la empresa que dice que le compró y luego dice que le vendió a Marcelo Mindlin, o sea a Macri.

Luego de rescindido el contrato, dos gerentes de IECSA pasaron a ENARSA (la empresa estatal dueña de las centrales) para diseñar los pliegos de las licitaciones para venderlas que autorizaron Macri y Aranguren por el Decreto 882/17 (más info, acá); en las que se presentaron luego una sola empresa en cada caso, pero con una protagonista en común: Central Puerto, entre cuyos accionistas está “Niky” Caputo; o sea, Macri. Y por supuesto la venderían a la mitad del valor en dólares que costó construirla, para que luego las operen como proveedores de energía al mercado mayorista y el SIN (Sistema Interconectado Nacional) a través de CAMMESA, y en consecuencia se queden con las ganancias resultantes de los tarifazos autorizados...por Macri. Win win, como dicen.

Por otro lado y esta misma semana, continúa el proceso de vaciamiento del Banco Nación, que es de tal magnitud que ni siquiera un impresentable como Melconián quiso seguir siendo parte: arrancó con la obligación impuesta por las leyes de presupuesto del año pasado y de éste (votadas con la complicidad de la “oposición responsable”) de transferirle al tesoro 35.000 millones de pesos de sus utilidades, y siguió el lunes con la emisión de un bono de 40.000 millones de pesos que le obligaron a suscribir, con vencimiento en el 2021 (es decir, otro muerto que le dejan al próximo gobierno); para asegurarse guita para el pago de otras deudas.

En el medio, comprometieron la solvencia patrimonial del banco con una abundante cartera de préstamos UVA que pueden ir creciendo en incobrabilidad, y lo obligaron también a aportar 500 millones de dólares (en violación de su carta orgánica) al fideicomiso de los contratos de participación pública privada (PPP) para la concesión de los corredores viales (loteados entre las principales empresas contratistas del país y algunas extranjeras, incluyendo “encuadernadas”); en los que no quiso poner plata ningún banco privado por el alto riesgo país.

Al igual que el menemismo con el que guarda tantas semejanzas, lo más pernicioso del macrismo son sus políticas, que estragan el tejido social y el entramado productivo del país, mucho más que los circunstanciales episodios de corrupción que van perpetrando mientras tanto. Sin embargo, ambos aspectos son indisociables entre sí; circunstancia que no debemos perder de vista cuando nos sermonean con discursos contra la corrupción, mientras se dan aires de refundadores del país, sobre bases más sólidas, firmes y verdaderas.

En el fondo, no son más que pungas VIP, que te señalan con el dedo el futuro, allá a lo lejos, al final del túnel; mientras te bolsiquean la billetera y salen corriendo antes de que los agarre la cana. O antes de perder las elecciones.

EXPERTO EN QUIEBRAS

Totalmente exentos de toda sorpresa, leemos en La Política Online que el gobierno presiona a las autoridades del Banco Nación para que financie en su totalidad el fideicomiso recientemente creado para solventar los contratos firmados bajo el régimen de “participación pública privada” (PPP) para la explotación de los corredores viales con cobro de peaje.

Se trataría de un total de 1000 millones de dólares que debería aportar el Nación, frente a la negativa de los principales bancos privados como el HSBC a hacerlo -supuestamente- porque algunas de las empresas que forman los consorcios ganadores están complicadas en la causa de las fotocopias de los cuadernos. En realidad, tienen poca confianza en el retorno de la inversión, y mucho miedo al default de la deuda pública; dado que en definitivas es el Estado quien avala los contratos: no lo decimos nosotros, lo están diciendo acá los "expertos".

Cuando el gobierno modificó por enésima vez las reglas de juego de la licitación de los corredores bajo el sistema PPP, el aporte del Banco Nación al fideicomiso oscilaba entre los 200 y 300 millones de dólares, lo cual da una idea del completo fracaso del experimento, bajo las reglas con las que supuestamente fue concebido: promover la inversión privada en infraestructura, sin comprometer en lo inmediato recursos del Estado; más allá del endeudamiento en que éste incurría para el repago de las obras, que explotaban los privados, para su beneficio.

Como éste aspecto de la cuestión no cambió (de allí el interés de los ganadores de las licitaciones por ejecutar los contratos), queda claro que como fue advertido cuando la ley de los PPP se discutió en el Congreso, se trata de un auténtico desfalco al interés público; donde el Estado es el socio bobo que lleva todas las de perder: pone recursos (aun cuando en teoría estos debían conseguirlos los privados) incluso afectando específicamente impuestos a ese fin, cede beneficios y prerrogativas exorbitantes (hasta la misma jurisdicción de sus tribunales para dirimir eventuales litigios) a cambio de que los privados hagan obras que luego deberá pagar con deuda; mientras ellos le sacan provecho, por ejemplo percibiendo los peajes. Más noventoso no se consigue.

Pero como si todo eso fuera poco, la gestión Macri-Dietrich trata de comprometer el equilibrio financiero y la solvencia patrimonial del Banco Nación, al que por el presupuesto de éste año ya le sacaron 20.000 millones de pesos de sus utilidades para transferirlas al Tesoro, y lo mismo piensan hacer con el presupuesto 2019 que acaba de votar el Congreso, por otros 10.000 millones de pesos más; sumando así un importe equivalente a la mitad del patrimonio de la entidad, establecido por ley en 60.000 millones de pesos.

Precisamente eso es lo que están denunciando los empleados del propio banco, que señalan que el saqueo al Nación a través de ese aporte que le obligarían a hacer al fideicomiso PPP (al tipo de cambio de hoy, unos 37.000 millones de pesos, más del 60 % de su capital), en violación del artículo 25 de la Ley 21.799 (Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina), que dispone lo siguiente: "El Banco no podrá conceder créditos a la Nación, provincias o municipalidades ni a los organismos o reparticiones dependientes de ellas, salvo que cuenten con garantía especial de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que permita el efectivo reembolso automático del crédito. 

Dicha garantía podrá considerarse suplida cuando mediase por parte de los prestatarios la cesión de fondos de coparticipación federal o de otras fuentes públicas o privadas, siempre que permita el reembolso automático del crédito. Se exceptúan de esta prohibición a las empresas comerciales, industriales o de servicios del Estado nacional o de los Estados provinciales o municipalidades y a las empresas que pertenezcan total o parcialmente a cualquiera de esos Estados, que estén facultadas para contratar como personas de derecho privado, siempre que tengan patrimonio independiente, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y sus recursos sean suficientes para cumplir sus obligaciones con el Banco.". En este caso no se cumple con ninguno de los requisitos legales, y como la deuda sería del Tesoro, tampoco estamos en presencia de las excepciones previstas en la norma.  

Al mismo tiempo, se va concretando el relevo de los miembros del directorio del Nación (ayer se publicó en el Boletín Oficial la renuncia de una directora) para dar paso a gente que le responda a Dujovne; que seguramente debe avalar el saqueo: la posible privatización de la “joya de la abuela” creada por Carlos Pellegrini en 1891 figuraba cen los planes del FMI ya en los gobiernos de Menem y De La Rúa, y que mejor excusa que su quebranto patrimonial (producido ex profeso por el propio gobierno), para conseguir el objetivo.

Aun cuando no se llegue al mismo, el deterioro de su situación patrimonial y su paulatino vaciamiento agregarían otro baldón al currículum del radical González Fraga, en el que ya figuran la virtual quiebra del Banco Central en el gobierno de Menem, y haber fundido en la Argentina, una fábrica de dulce de leche. Claro que en éste caso las consecuencias serían mucho peores."

PARTICIPACIÓN PÚBLICA. PRIVADA VEMOS

Después de que el impulso a la obra pública le sirviera para ganar en las elecciones del año pasado, el macrismo pisó el freno del gasto en ese rubro, aun antes de haber acordado con el FMI: las licitaciones de nuevas obras encaradas por el Estado nacional prácticamente desaparecieron, las transferencias de gastos de capital a las provincias para que hicieran obras financiadas por la nación mermaron significativamente; y los plazos de pago de las certificaciones de las obras que estaban en marcha se fueron estirando, para mejorar los números de las cuentas públicas.

Ante cada reclamo (de las provincias, de las empresas contratistas, de la "oposición responsable") que eso generó, el gobierno respondió del mismo modo: remitiendo toda obra nueva al polémico sistema de la "participación pública privada" (PPP), basado en la Ley 27.328 aprobada en el 2016 con el voto del "peronismo racional" y el massismo, del que tantas veces hemos hablado acá. 

Un sistema que hasta el propio FMI rechaza porque sostiene que permite disfrazar gasto público "bajo la línea" para hacer ver como que los gobiernos cumplen las metas de ajuste y déficit fiscal que pactan con el organismo, y que está en crisis en los mismos países que le dieron origen (Gran Bretaña, España) porque solo se tradujo -contra lo prometido- en mayores costos y endeudamiento para los Estado, por la quiebra de las contratistas y el abandono de los contratos.

En el actual gobierno el sistema se estrenó con la adjudicación de las concesiones de los seis principales corredores viales del país por el ministerio a cargo de Guillermo Dietrich, a consorcios integrados por los principales grupos contratistas del país, y otros del exterior, en especial españoles. Tres de esos consorcios (por lo menos) están conformados por empresas mencionadas en los cuadernos de "la corrupción K", como responsables de haber pagado sobornos a cambio de contratos con el Estado, durante los gobiernos kirchneristas.

De allí que crezca la alarma por la caída de las licitaciones, pese a que desde el gobierno el propio Dietrich se haya apurado a decir que deben ser penalizados los empresarios que pagaron las coimas, pero no las empresas, en un intento por salvar los contratos que se contrapone con la conducta observada por el propio gobierno de Macri en otros casos, como el del gasoducto del NEA que contaba Horacio Verbitsky en su columna del domingo anterior en "El cohete a la luna".

El sistema PPP presupone (entre otras cosas) que los contratistas privados aportan el financiamiento de las obras mediante préstamos que consiguen a su nombre en los bancos, y luego obtienen el repago de lo invertido en la construcción de bonos de deuda emitidos en dólares, por el gobierno: un esquema -como se comprenderá- seriamente afectado por la suba de las tasas de interés, el cierre de los mercados de deuda para el gobierno y la corrida del dólar.

Sin embargo hay quienes pretenden atribuir el posible fracaso de las concesiones viales bajo el sistema PPP exclusivamente a las revelaciones de los famosos "cuadernos", como en ésta nota de El Cronista. Por contraste, acá en La Política Online eran más realistas, y mencionan a las "turbulencias financieras" como la principal causa, y a la mancha venenosa de los cuadernos y los arrepentidos, como la "excusa" que buscarían los bancos para correrse del financiamiento de las obras en los corredores viales adjudicados.

Visto desde su óptica, la excusa es perfecta: evitan exponerse a un negocio de dudoso recupero porque está garantizado por bonos a emitir por un Estado en riesgo creciente de defáult, con la excusa de que deben comprometerse a combatir las prácticas corruptas, cuando está claro que si algo hacen los bancos a gran escala internacional, es alentarla: ni el lavado de dinero aun proveniente del delito (narcotráfico, tráfico de armas, contrabando), ni los mismos paraísos fiscales serían posibles, si los grandes bancos no les proveyeran la arquitectura financiera.

Frente a esto, la "solución" que le encontró el gobierno al problema es muy sencilla: crear un "fideicomiso" al que los bancos aporten el financiamiento, administrado por el Banco Nación; para sortear las presuntas "restricciones" que tienen para prestarles plata a empresas acusadas de corrupción. El tema es que -como cuentan acá en La Nación- el único que por ahora aporta al fideicomiso es el Estado, a través del Banco Nación, que abriría el juego colocando nada menos que 1200 millones de dólares. 

Dólares que saldrían no solo de los depósitos de sus clientes (como en cualquier banco), sino del Estado que es su mayor depositante, por ser el banco su agente financiero obligado: sí, el mismo Estado que recorta en vacunas, o en presupuesto para las universidades, y que por estas mismas horas está pasando la gorra ante el FMI, los bancos privados y hasta el Departamento del Tesoro de EEUU para evitar caer en default; y sin que se sepa aun cual será la tasa de interés de los préstamos del fideicomiso (¿se acuerdan como lo criticaban a De Vido cuando empleaba ese método para financiar los gasoductos, o manejar los subsidios al transporte, que siguen igual?), para determinar si es acorde al mercado (cuyo nivel alto determinó, precisamente, que se dudara de la viabilidad de los contratos bajo el sistema PPP), o está subsidiada por el Banco Nación, es decir por el Estado, es decir por todos nosotros.  

Como se advierte, la solución que le encontró el gobierno al entuerto es sustancialmente la misma que empleó Macri con la obra del Sarmiento, en la que a cuento de las revelaciones por coimas de Odebrecht (una de las empresas integrantes del consorcio adjudicatario), dispensó a las empresas de aportar el financiamiento de la obra como lo exigían los pliegos de la licitación y el contrato, para asignarle 45.000 millones de pesos del presupuesto público por DNU. Ah, no cierto, que cuando tuvo que declarar en la causa abierta por los sobornos pagados por Odebrecht (de los que se pudo reconstruir hasta la ruta de la coima hasta las cuentas de Arribas, en base a las declaraciones del "doleiro" Meirellhes), el primo Angelo dijo que en esa licitación -justo en ésa- no les pidieron coimas.

Pero la diferencia en éste caso (el de los corredores viales adjudicados bajo el sistema PPP) es que precisamente como los privados debían aportar la financiación, se les dieron enormes privilegios en los contratos, para "tentarlos" a participar. Desde que Ley 27.328 fue sancionada y hasta ahora, incluyendo sus reglamentaciones, el diseño de los pliegos, sus modificaciones y ahora la creación del "fideicomiso", las "reglas de juego claras y estables" que siempre reclaman los "inversores" fueron modificadas no menos de cinco veces; siempre en el sentido de aumentar los privilegios y disminuir los riesgos del capital privado, e incrementar los compromisos del Estado. Escenas de macrismo explícito (en el sentido de SOCMA), digamos.

AHORA SE ENTIENDE LA FÓRMULA DEL JURAMENTO

Leemos en El Cronista sobre la designación de los miembros del directorio del Banco Nación, que como ya se sabía será encabezado por Carlos Melconián. Siguiendo este enlace pueden ver en el Boletín Oficial de hoy la nómina completa del nuevo directorio. 

Pero de lo que nos enteramos hoy es que el vice será nada menos que el economista Enrique Szewach; que en el año 2004 fue testigo propuesto por CMS, accionista de TGN (Transportadora de Gas del Norte) en el juicio contra el país en el tribunal del CIADI, por la pesificación de las tarifas tras la salida de la convertibilidad.

Por tal causa, Szewach tendría que estar preso por aplicación de la Ley 14.034, cuyo artículo 1º dispone que "Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino.".

Lejos de eso, Macri lo designa en un cargo público, y de no menor importancia.

¿Se entiende ahora por qué al momento de jurar en el Congreso el nuevo presidente omitió la referencia al "patriotismo" que establece el artículo 93 de la Constitución Nacional? 

Y por si esto y lo de Melconián fuera poco, también integrará el flamante directorio del Banco Nación (junto al ruralista entrerriano Atilio Benedetti, enre otros) Jorge Lawson, el fallido ministro de Trabajo que le propusiera De La Sota a Macri; y ex Gerente de Recursos Humanos de Arcor.

No están armando un gabinete: están loteando el Estado entre los principales grupos económicos. El gabinete y el país.

Actualización: la primera medida del nuevo directorio -apenas asumido hoy- es "...el fin del cepo crediticio a quienes retenían, por razones operativas, la oleaginosa en sus campos, a la espera de la baja de las retenciones y la preanunciada liberación del cepo cambiario." . Préstamos, descubiertos y la Tarjeta Agronación; que se suman a la eliminación y rebaja de retenciones y la devaluación. ¿Le podremos cobrar el préstamo a Buryaile, o ya se lo condonaron?

EL AHOGO FINANCIERO DE LA NACIÓN A SANTA FE YA SE TORNA INSOSTENIBLE

Le taparían la boca a Bonfatti con 150 millones de pesos, para no dejarlo respirar ni decir pelotudeces, y por supuesto él se atribuirá el mérito, como se advirtió acá, aunque se confirma el anticipo de Nestornautas: Cristina hace más por el crédito a las empresas santafesinas que Binner y Bonfatti juntos.

Ah, un detalle: le van a dar a manejar la guita a los de la FISFE, otros que pedían crédito sin decir ni pío de las nuevas exigencias del BCRA a los bancos para que les presten a las empresas para invertir; y que la vienen levantando con pala todos éstos años, pero hacen como si fuera mérito exclusivo de ellos, que son brillantes.

Y que cada vez que pueden, se prenden al anti kirchnerismo visceral de la Bolsa de Comercio, o de la Fundación Libertad, lo que se dice unos auténticos burgueses nacionales.

Ahí no habría capitalismo de amigos al parecer, eso queda solamente para los "empresarios k".

Para poner las cosas en perspectiva, el crédito que les otorgará el Banco Nación a las empresas santafesinas (porque en definitivas es así, aunque el prestatario sea el Estado provincial) de 150 millones de pesos equivale al 108,50 % del presupuesto total del Ministerio de la Producción de Santa Fe para este año, que es de $ 138.242.000; o 15 veces el presupuesto específico de la Dirección de Industrias (incluyendo los gastos en Personal), que es de $ 10.151.000.

Para Fascendini, que pide que la Nación adopte políticas activas. 

CLARÍN SIGUE PREFIRIENDO EL ESTADO BOBO

El jueves pasado Daniel, del blog amigo El Aguante Populista se preguntaba en ésta entrada si los opoxitracios o los medios que les bajan línea se iban a oponer o encontrarle reparos a una serie de medidas tomadas ésta semana por Cristina alentando la contratación de bienes y servicios por parte de las reparticiones del Estado nacional en empresas públicas y organismos del propio Estado o que éste controla, como el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e YPF. 

Por la nota de Clarín a la que corresponde la captura de pantalla vemos que (como no podía ser de otra manera) sí lo hicieron, y apelando a la opinión (en realidad queja) de partes interesadas, como presuntos proveedores del Estado que pierden negocios; y que además mienten a sabiendas.

Las medidas fueron instrumentadas por cinco decretos de Cristina publicados el mismo jueves en el Boletín Oficial, a los que pueden acceder acá en la edición digital; y que refieren -respectivamente- al pago de sueldos de los empleados del Estado nacional (que será siempre en el Banco Nación, sin excepción), la compra de automotores para las reparticiones públicas, no para los empleados com erróneamente informa Clarín (que se hará a través de Nación Leasing S.A.), la compra de combustibles para los vehículos oficiales (de ahora en más, exclusivamente a YPF S.A. salvo excepciones justificadas autorizadas por la Jefatura de Gabinete), los servicios de telefonía celular, radio y transferencia de datos (a través del sistema de acuerdos marco establecido un mes atrás por el Decreto 893/12) y pasajes aéreos (de ahora en más, exclusivamente con Aerolíneas Argentinas, Austral u Optar S.A., propiedad de ambas).

Medidas inteligentes, tendientes a optimizar el uso de los recursos del Estado orientando su poder de compra en primer lugar hacia el propio Estado y sus empresas: ¿o acaso no se quejan todo el tiempo de que Aerolíneas pierde plata y debe ser subsidiada?, en éste caso se le arriman recursos genuinos, producto de la venta de sus servicios; y lo mismo sucede con YPF.

En el caso del Banco Nación, las medidas son por demás lógicas, porque además es el agente financiero del Estado nacional; aquí en Santa Fe por ejemplo todos los sueldos de los agentes estatales (y los de los docentes privados que paga el Estado, vía subsidios) se liquidan por el agente financiero del gobierno provincial, que es el (privado) Nuevo Banco de Santa Fe S.A. del grupo Eskenazi.

Los proveedores consultados por Clarín para la nota (si es que verdaderamente hubo proveedores consultados, porque hace rato perdieron la costumbre de identificar a sus fuentes) mienten cuando dicen que lo decidido por Cristina vulnera el régimen de contrataciones del Estado nacional, o la ley de contrataciones públicas.

En todos los decretos firmados el jueves (con excepción del que refiere a los servicios de telefonía celular y transmisión de datos, donde el Estado no tiene empresas propias), se menciona al Decreto 1023/01, que es el régimen de contrataciones del Estado nacional, más específicamente a su artículo 25 Inciso d) Apartado 8), que dice textualmente que podrán efectuarse por contratación directa (sin licitación o concurso de precios): "Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO NACIONAL entre sí o con organismos provinciales, municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también con las empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado, siempre que tengan por objeto la prestación de servicios de seguridad, logística o de salud. En estos casos, estará expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato" 

El problema entonces es que hay muchos (los proveedores estatales, el propio Clarín al que no le molesta que no se haga licitación pública cuando se trata de imprimir las boletas únicas o contratar los stands de Expoagro, gastos ambos completamente prescindibles además), que siguen prefiriendo el Estado bobo.