LA FRASE

"ES FALSO QUE YO HAYA ACOSADO SEXUALMENTE A UNA FUTBOLISTA, LO ÚNICO QUE HICE DURANTE TODA MI GESTIÓN AL FRENTE DE LA FIFA FUE APOYAR PERMANENTEMENTE AL FÚTBOL FEMENINO." (JOSEPH BLATTER)

domingo, 19 de noviembre de 2017

POR LO MENOS SIRVIERON PARA ALGO LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

TEMPORADA DE VENTA DE BUZONES

sábado, 18 de noviembre de 2017

A VER, DEJÁME ENSAYAR LA RESPUESTA


1) Los montos van a bajar muchísimo, porque un montón de rubros se van a dejar de tomar en cuenta en la base de cálculo.

2) Eso siempre y cuando las ponga el patrón de su bolsillo, y no pacten en el convenio colectivo que las pague el trabajador del suyo, aportando todos los meses una parte de su sueldo al "fondo de despido".

3) Como consecuencia de 1) y 2), va a haber despidos a lo pavote, porque: a) será más barato, o b) será gratis.

¿Anduvimos más o menos cerca?

AH, LOS TIEMPOS EN LOS QUE LA HORMIGA ERA GRONDONISTA


En su infatigable cruzada contra la corrupción, leemos en Radio Buitre que la hormiga Ocaña anuncia que ahora "irán por los bienes de la familia Grondona", luego de las  revelaciones de pago de coimas del arrepentido Burzaco, ex empleado del Grupo Clarín en TyC y hermano del secretario de Seguridad de la nación, que lo mantenía informado de los movimientos policiales mientras lo perseguían.

No está claro como ella (que es legisladora) va a incautar bienes que serían producto del delito y no los jueces, en un país en el que -como sabemos- hace dos años impera la más absoluta división de poderes luego de la dictadura kernerista.

Pero haciendo memoria, recordábamos que no siempre a Ocaña le pareció tan malo Grondona, o un mafioso con el cual mejor no tener ningún tipo de tratos: por el contrario, cuando estaba a cargo del PAMI firmó el Convenio 0187/05 (completo acá) luego aprobado por su Resolución183 del mismo año (2005) (completa acá); por los que se dispuso que "...La AFA adjudicará al INSTITUTO, en forma gratuita mil quinientas (1.500) entradas a plateas en forma semana! para los Campeonatos de Primera (cinco -5- partidos), Primera" “B” Nacional (cinco -5- partidos) y Primera “B” (cinco -5- partidos), a repartir cien (100) entradas por partido, que suman quince (15) partidos semanales en total (y) veinte (20) entradas a plateas en forma semanal para cada partido que se dispute en el marco de los Torneos Argentinos “A”, “B”y “C”.".

A lo mejor le falsificaron la firma, habría que pedirle a la Gendarmería que haga una pericia caligráfica: 


viernes, 17 de noviembre de 2017

SOCIALISMO Y SEGURIDAD SOCIAL, UNA RELACIÓN CONFLICTIVA


Como era previsible y después de amagar con someter todo a la discusión de la Legislatura, Lifschitz terminó estampando su firma en el pacto fiscal con la nación por el cual se liquida la fórmula de movilidad de las jubilaciones aprobada en el gobierno de Cristina, y se desfinancia gravemente a la ANSES.

Excusas al socialismo para este tipo de agachadas nunca le faltan, pero lo curioso es que tienden a repetirse: ahora dicen que lo firmaron porque la nación se comprometió a definir antes del 31 de marzo del año que viene un monto y forma de pago de la deuda resultante del fallo de la Corte por el descuento de la parte de la coparticipación que iba justamente a la ANSES; cosa que en realidad -y conforme al propio fallo- debió haber estado finiquitada en marzo del 2016.

Desde entonces y hasta acá a Lifschitz y a su gobierno Macri los vinieron boludeando sistemáticamente, pese a lo cual levantaron las manos en el Congreso cada vez que se lo pidieron: para aprobar el acuerdo con los fondos buitres a cambio de la apertura de la canilla del endeudamiento, o para aprobar el blanqueo de capitales (y replicarlo en la provincia), con el compromiso de financiación del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, cosa que nunca ocurrió; y que ahora se reitera en este pacto que acaban de firmar.

Es sabido que para financiar el déficit de la Caja la nación exige “armonizar” los sistemas previsionales, lo que supone en la práctica adaptar el nivel de las jubilaciones que paga la provincia a las de ANSES (es decir, bajarlas en términos reales). Nada hace pensar que ahora Macri vaya a cambiar ese criterio cuando acaba de decir que la ANSES “no aguanta más”, y justamente la cláusula principal del pacto es tumbar el esquema de movilidad vigente, para que las jubilaciones aumenten menos.

Ese acuerdo del socialismo y del resto de la “oposición responsable” para bancar el blanqueo a cambio de la financiación de las cajas previsionales fue además la luz verde para que el gobierno de Macri avanzara en la reforma del sistema previsional nacional que ahora está encarando; del mismo modo que el juicio de Santa Fe y otra provincias contra la nación fue el puntapié inicial del desfinanciamiento de la ANSES que ahora esgrime Macri para ajustar jubilaciones, y dejar flotando en el aire la idea de volver -en todo o en parte- al esquema de las AFJP.

En efecto, sabido es que ningún sistema previsional del mundo (menos si es público, solidario y de reparto, como el nuestro) se sostiene exclusivamente con los aportes de los trabajadores y la contribución patronal, sino que a esos recursos se les añaden impuestos o parte de ellos, para poder pagar las prestaciones.

La retención del 15 % de la masa coparticipable (correspondiente al conjunto de las provincias, pero también a la nación) surgió de un pacto fiscal firmado en 1992, y ratificado por la Ley 24.130, que luego fue prorrogada en diciembre del 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner a través de la Ley 26.078.

Una ley que -recordemos- Hermes Binner votó a favor siendo diputado nacional, lo que no le impidió en el 2008 siendo gobernador de la provincia, contratar en forma directa a los estudios de Gil Lavedra y Gabriel Rosenkrantz (sí, el actual juez de la Corte) para ir a reclamar ante la Corte Suprema nacional la inconstitucionalidad de la norma, y el fin de los descuentos; que es lo que se falló en noviembre de 2015 cuando terminaba el gobierno de Cristina.

Con esos fondos de la “precoparticipación” el kirchnerismo pudo solventar la primera moratoria previsional establecida por la Ley 25.994 (2005), y la segunda aprobada por el gobierno de Cristina en a través de la Ley 26.970 (2014) incluyendo a los autónomos, esta última sin el voto del socialismo; que al mismo tiempo trataba de retacearle recursos a la ANSES, y se ufanaba de pagar en Santa Fe el 82 % móvil a los jubilados provinciales.

Esto último requiere dos precisiones: de cada 100 jubilados que hay en la provincia (y que por ende viven, consumen y pagan impuestos acá) 87 son de la ANSES y los 13 restantes provinciales, y de los 87 de la ANSES, la mitad provienen de las moratorias. Y el famoso 82 % móvil (para los jubilados que sigan trabajando por lo menos cinco años más luego de alcanzar la edad para jubilarse) fue aprobado en el año 2005 por la Ley 12.464 durante el gobierno de Obeid, o sea que ellos no tienen mérito alguno al respecto.

Gracias a esos recursos que iban a la ANSES y que desde el fallo de la Corte promovido por el socialismo ya no van, también fue posible la Ley 26.417 (2008) de movilidad de los haberes jubilatorios, que el socialismo votó en contra “porque no garantizaba el 82 % móvil”, que luego fue extendida en 2015 por la Ley 27.160 al ajuste de los montos de la Asignación Universal por hijo (AUH), ahora con el voto favorable del socialismo que se rindió a la evidencia de que esa fórmula les permitía a los beneficios ganarle a la jubilación, y mejorar su poder adquisitivo. Sin embargo ahora presta su concurso para eliminarla, en perjuicio de los jubilados y beneficiarios de la AUH.

En el medio, cuando se sancionó la Ley 26.425 (2008) que recuperaba para el Estado el manejo de los fondos y activos de las AFJP el socialismo acompañó con su voto en general, pero votó en contra el artículo 8 que estableció el criterio de invertir los fondos en la economía real, para generar o sostener puestos de trabajo.

De ese artículo surgió por ejemplo en 2012 el Procrear (DNU 902) y antes, el préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a General Motors para desarrollar el modelo Agile en su planta de Alvear a las afueras de Rosario, creando 2200 puestos de trabajo. Sí, en esos momentos de crisis el Estado se preocupaba de generar o sostener puestos de trabajo, no como ahora que a las empresas en problemas les sueltan la mano y las invitan a “reconvertirse”.

Finalmente en el 2010 el socialismo fue parte del “Grupo A” que impulsó en el Congreso la ley que establecía el 82 % móvil y fue vetada por Cristina porque implica –esa sí- llevar a la quiebra a la ANSES; al disponer trasladar a todos los jubilados los criterios de ajuste de haberes de la Corte nacional en los fallos “Badaro” y “Eliff” afectando a esos fines los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que a su vez no podían sumar más de un año y medio de jubilaciones y pensiones, según el proyecto.

Siete años después, los opositores irresponsables de entonces (entre ellos, el socialismo) son parte directa o indirecta del oficialismo ajustador de hoy, que dice que la ANSES “no aguanta más”, que la fórmula de movilidad hay que cambiarla “porque no es sustentable” y le van a sacar recursos a la ANSES bajando cargas patronales y eliminando la parte de Ganancias que le estaba destinada.

Los mismos que hace casi dos años votaron la “reparación histórica” que benefició a menos del 10 % de los jubilados, poniendo en riesgo al conjunto del sistema, y la Ley 27.260 del blanqueo de capitales, que derogó la Ley 27.181 sancionada durante el gobierno de Cristina para impedir la venta de las participaciones del Fondo de Garantía de la ANSES sin autorización especial del Congreso, con las dos terceras partes de los votos de los miembros presentes de cada Cámara.    

EVITAMOS SER VENEZUELA PARA TERMINAR SIENDO SIERRA LEONA


NOS LA ESTÁN PONIENDO EN VALOR


No se puede decir que sorprenda que en la obra de la "puesta en valor" de la plaza frente a la Casa de Gobierno haya "adicionales de obra" que incrementan el precio del contrato; no solo porque esa es una práctica habitual en la obra pública "progresista", sino porque la adjudicataria es la empresa largamente más beneficiada con obras en la Municipalidad de Santa Fe durante las gestiones de Corral y Bareltta: ver más información al respecto, acá.  

Porque recordemos que, como decíamos en el post al que remitíamos, la obra la contrato y la paga la provincia, pero el proyecto lo elaboró la municipalidad; que es la misma que ahora pide los "retoques" que devienen en el adicional de obra, que vemos acá:


Si vas a gastar casi 48 palos, dos y pico más son chaucha y palito, y no se le niegan a nadie. Y con el agregado ya estamos casi en los 50 palitos, por una obra de una manzana.

Lo raro es que tengan que modificar los desagües de la plaza porque no se dieron cuenta que en la esquina de la catedral hay una cámara subterránea de la EPE, cuando la zona sur de la ciudad era noticia frecuente por cortes de luz cuando esa cámara -justamente esa- se inundaba.

En fin, todo sea por preservar el armisticio entre radicales y socialistas, sellados con el raje del fiscal Apullán de la investigación de las causas que los comprometían a los dos. 

¿ACORDÁS, HERMANO?


Todavía no se conoce la letra chica de los acuerdos que alcanzó el gobierno con los gobernadores por la reforma tributaria, ni con la dirigencia de la CGT por la reforma laboral; pero todos gastan a cuenta de que los acuerdos se cerraron, lo que no es un dato político menor.

Hay quienes vienen sosteniendo que ambos -gobernadores y dirigentes sindicales cegetistas- se ven poco menos que obligados a buscar alguna forma de acuerdo, porque deben “preservar sus estructuras” y tienen responsabilidades institucionales que cumplir; pero lo cierto es que hasta acá no han hecho más que acordar, que significó que siempre tuvieran que ceder a las pretensiones del gobierno, obteniendo poco o nada a cambio y en no pocas veces, ni siquiera eso se cumplió por parte de Macri: vayan los bonos de fin de año pactados en 2016, o el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas, como simples botones de muestra.

Los gobernadores (dicen) deben acordar porque necesitan pagar sueldos y hacer alguna que otra obra, pero en el acuerdo aceptarían resignar recursos a futuro, a través de una baja progresiva en Ingresos Brutos, que representa el 75 % de los ingresos tributarios propios, en promedio.

Habrían obtenido que el impuesto especial que se pague por el revalúo fiscal (aplicación del ajuste por inflación en los balances de las empresas para el pago de Ganancias) sea coparticipable, para que no pase lo mismo que ocurrió con el impuesto especial por el blanqueo, que se lo quedó íntegro la nación. Sin embargo, esa misma medida y otros cambios en Ganancias que contiene el proyecto significan licuar la carga fiscal del impuesto para las empresas en el futuro, con la consiguiente merma en la coparticipación.

La promesa de la nación de financiar el déficit de las cajas previsionales no transferidas ya fue hecha en el blanqueo de capitales, y no fue cumplida porque el gobierno de Macri la condiciona a la “armonización” de los sistemas jubilatorios, lo que no es otra cosa que una rebaja de las jubilaciones provinciales. Nadie puede pensar que el presidente desista de esa ida, cuando acaba de decir que “la ANSES no aguanta más”, solo considerando lo que gasta en los jubilados nacionales, y por eso pide cambiar la fórmula de movilidad.

¿Quién soportará entonces el costo de financiar los déficits jubilatorios provinciales, si la meta de ajuste fiscal y merma del déficit planteada por el gobierno se basa justamente en eliminar la fórmula de movilidad, y achicar el gasto previsional?

El acuerdo con la CGT tampoco se conoce en detalle como para saber que logró salvar y que terminó entregando el triunvirato en las negociaciones, pero hay algo claro: concedió de entrada al discurso oficial de que los salarios son un costo que hay que bajar, y los reclamos de los trabajadores una “industria mafiosa” que pone en riesgo a las empresas, y a los puestos de trabajo.

En esas condiciones de debilidad (abonadas por claudicaciones mayúsculas como la de los petroleros en Vaca Muerta, o la UOM en Tierra del Fuego) no es de extrañar que el gobierno avanzara mucho más allá de lo que -dicen- venía negociando con la CGT en torno al blanqueo laboral y la situación de las obras sociales, para ir por institutos fundamentales de la ley de contrato de trabajo y el derecho laboral.

Pero en ambos casos, lo que sí está claro son las premisas políticas bajo las cuáles se concertaron los acuerdos: la absoluta convicción de las contrapartes del vgobierno en la invencibilidad electoral del macrismo de cara al 2019, la percepción de un ciclo político largo que durará por lo menos hasta el 2023, y la necesidad de acomodarse a esa circunstancia.

Una idea que tanto el sindicalismo como la mayoría de los gobernadores ya plantearon en el 2015, cuando leyeron el triunfo electoral de Macri en el balotaje com un cambio de época, y que han reforzado con mayor razón luego de los resultados de las elecciones de medio término.

La premisa central del plan del gobierno (el plan del gobierno para ser más precisos) es otorgar todo tipo de franquicias y beneficios al capital, en la creencia de que así se lograrán el crecimiento primero y el desarrollo después, por derrame. Por convicción en las premisas del neoliberalismo, por intereses concretos que representa o por la suma de ambos, su único plan es ese: bajar impuestos (o sea, recomponer rentabilidad empresaria a costa de los recursos del Estado) y flexibilizar condiciones de trabajo y bajar salarios (o sea, aumentar plusvalía del capital)

Y tanto los gobernadores (o la mayor pare de ellos) como los dirigentes de la CGT, lo digan o no, lo sepan o no, lo asuman o no, convalidan en los hechos la idea del “derrame”: en el caso de las provincias asumiendo que la resignación de ingresos propios y coparticipables (porque de eso se trata en definitiva la “baja de la presión impositiva” puesta como objetivo) supuestamente se recuperará en el futuro con crecimiento económico que derramará en inversiones, empleo, consumo y mejor recaudación.

La realidad, por el contrario, es que todos los indicadores económicos sugieren lo contrario: crecen los desequilibrios estructurales, la fuga de capitales, el déficit comercial y el de cuenta corriente, sigue cayendo el consumo, no se termina de bajar la inflación y se potencia la bicicleta financiera.; y nada indica que eso cambie en lo inmediato, con los duros datos. Por el contrario, las bajas salariales y los tarifazos seguirán recortando poder adquisitivo y consumo, y eso hará caer la recaudación.

En ese modelo no hay lugar para la industria (aunque le regalen la flexibilización de la fuerza de trabajo y la rebaja de las cargas patronales a la seguridad social), ni tampoco para la creación de empleo digno, de calidad y bien remunerado; aunque los trabajadores y sus organizaciones resignen derechos. La experiencia histórica argentina y comparada, reciente y más lejana en el tiempo indica exactamente lo contrario, y no se conocen ejemplos en contrario.

Suponer que bajar impuestos y resignar salarios provocará un shock inversor que potencie el crecimiento por parte de nuestra burguesía criolla rentista, evasora, fugadora y parasitaria es un error mayúsculo, que el gobierno no comete: ellos sí atienden a sus verdaderos intereses, y por eso no pueden sostener un debate a fondo y en serio de su programa; razón por la cual apuran los tiempos parlamentarios de las reforma, que se debatirá antes de que llegue Cristina al Senado, y luego de que se haya ido Héctor Recalde de Diputados. Claro que esto último es exclusiva culpa nuestra, por haberlo excluido de las listas de “Unidad Ciudadana” cuando arreciaba la ofensiva de Macri contra “la mafia de la industria de los juicios laborales”.

Como dice Coqui Capitanich acá en ésta nota que levanta Artemio, lo que le falta a la oposición, antes que unidad y volumen, es vocación opositora. Y como también dijo él, lo que hizo el PRO como opositores es lo que tenemos que hacer nosotros: oponernos sistemáticamente a todo lo que planteen, porque ya sabemos adonde conduce.

Cuando buena parte del electorado decidió que el kirchnerismo ya había cumplido su ciclo no apeló al “kirchnerismo con buenos modales y sin corrupción” que proponía Massa, sino a quienes habían sido los más consecuentes opositores a las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina: Macri, el PRO y sus aliados de “Cambiemos”.

Cuando una buena parte del electorado se canse de Macri y de sus políticas querrá votar opositores, no oficialistas disfrazados; y esos opositores deberán poder acreditar haberlo sido desde el primer momento, y en forma clara y contundente. Eso lo dejaron muy en claro las últimas elecciones, donde los “opositores amigables” -sin excepción- hicieron sapo.

Claro que los cambios del humor electoral tampoco se producen “por derrame”, sino que hay que acompañarlos y producirlos: en una frase concebida para tiempos políticos de excepcionalidad, decía Cooke que los regímenes no caen, sino que hay que voltearlos.

Traducida en clave democrática, la alternancia o la continuidad de los modelos políticos son consecuencias del voto popular, consecuencia a su vez de la praxis política de los actores del sistema (nunca tan oportuno recordar eso como hoy, Día del Militante); y es tan cierto que las últimas elecciones no fueron definidas por la economía, como que nada indica que vaya a ser siempre así en el futuro.

jueves, 16 de noviembre de 2017

PERIODISMO PARA HÁMSTERS QUE SOLO LEEN LOS TÍTULOS


16 PALOS EN PROMOTORES Y PROMOTORAS CON BUENA PRESENCIA


Hace un tiempo les contábamos en ésta entrada la contratación directa "por razones de urgencia" que hizo la Agencia Provincial de Seguridad Vial de "merchandising playero" para campañas de concientización durante el verano. Unos meses después veíamos acá como el decreto era "corregido" en sus fundamentos para dejar contento al Tribunal de Cuentas, que no se animó a observarlo por haber prescindido de la licitación en una contratación de casi dos millones de pesos.

Y tal como lo indica el decreto de apertura cuyas partes más importantes transcribimos, los muchachos de la Agencia fueron por más, gastando casi 16 millones en lo mismo, al menos a juzgar por el pliego de la licitación, porque el decreto no es muy preciso que digamos al respecto. En el pliego se indica que “El objeto de la presente licitación es la realización de Campañas de Prevención Vial durante el transcurso del año 2017 y comienzos del año 2018. Las Campañas a desarrollarse se llevarán adelante con la contratación de un servicio de promotores y la adquisición de material de merchandising el cual será distribuido en cada uno de los puestos que detalla.2

La contratación comprendió un renglón titulado “Servicios publicitarios" que incluía "Intervención servicio publicitario" y "Pack uniforme para promotor"; y un segundo renglón titulado "Elementos de merchandising" que comprendía provisión de “Banner Fly Wind", "Gazebos sublimados", "Bolígrafos cuerpo color", "Llaveros colgantes", "Pulsera de tela", "Bolsa de Friselina" y "Parasoles plegado", rubros todos estos que fueron adjudicados a la misma empresa de la contratación directa anterior.

Una de las cláusulas del pliego licitatorio llama la atención: “El personal de promoción deberá tener buena presencia y su edad deberá estar comprendida entre los veinte (20) y treinta (30) años de edad. Deberán tener como mínimo formación secundaria completa, valorándose positivamente una formación superior.”. Les faltó poner que fueran rubios, y con la dentadura completa.

El pliego era muy preciso en otros aspectos: “Cada uno de los puestos por día deberá tener al momento del inicio de la jornada los artículos de merchandising de acuerdo al porcentaje establecido en el “Anexo Puestos de Campaña”. Los puestos deberán estar compuestos por los banner fly wind. Cantidad a distribuir por puesto según Anexo XI. Se deberá instalar un (1) gazebo con stand en cada puesto urbano, según las especificaciones del Anexo XI. ”

Y ni hablemos de los requerimientos en cuanto a la indumentaria de los promotores y promotoras: “El adjudicatario deberá proveer un (1) pack de uniformes a cada uno de los promotores afectados a los Puestos donde se llevarán adelante cada una de las campañas. Los uniformes serán uno (1) de uso primario y uno (1) de backup para lavado del primario, a excepción de las camperas de abrigo, los pilotines, el calzado y el chaleco reflectivo- tiras, los que serán uno (1) por promotor. El Adjudicatario deberá tener en cuenta que las brigadas de trabajo se componen por personal femenino y masculino. -Pack: cada uno estará compuesto por; 1. Dos (2) uniformes de invierno 2. Dos (2) uniformes primavera- verano 3. Una (1) campera de abrigo 4. Un (1) pilotin 5. Un (1) par de zapatos 6. un (1) chaleco reflectivo-tiras ”

Abunda después en las especificaciones de los uniformes de invierno y los de primavera-verano, y las características del merchandising. También incluía un detalle de los puestos urbanos y ruteros donde se instalarían los gazebos, y el cronograma respectivo: 


Como se ve, más de la mitad no pudo cumplirse porque se demoró la licitación, y no estuvo adjudicada hasta el viernes pasado. ¿Le harán a la provincia el descuento proporcional?
Acá abajo les dejamos algunas de las muestras de indumentaria y merchandising que en el pliego se les daban a las empresas, a título ilustrativo:


TEMAS RELACIONADOS


Leíamos ayer en El Destape que en una reunión convocada en la Casa Rosada para consensuar cambios en la ley de protección de glaciares para "fomentar las inversiones mineras", Macri habría amenazado a Gerardo Martínez de la UOCRA con meterlo preso como al "Pata" Medina si no aceptaba flexibilizar el convenio colectivo de trabajo del sector, con el mismo fin. 

Primera ironía del destino: en la reforma laboral que se apresta a enviar al Congreso, el gobierno sacó la brillante idea de que los trabajadores se paguen la indemnización por despido de su propio bolsillo aportando todos los meses parte de su salario con ese fin, del convenio colectivo de la UOCRA.

La segunda ironía (o "casualidad permanente" es que en el Boletín Oficial de ayer salió publicado el Decreto 936 (completo acá) firmado por el propio Macri el martes (o sea, cuando se produjo la reunión de la amenaza), por el cual se introducen sugestivos cambios al Decreto 118 de éste año; que reglamentó la Ley 27.328 que regula los contratos de "participación pública privada" (PPP).

Entre otros cambios, se modificó del artículo 1 de la reglamentación que había firmado el mismo Macri meses antes este párrafo del artículo 1: "No podrán ejecutarse a través del régimen previsto en la Ley los Proyectos cuyo único objeto sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro Nacional.".

Tal posibilidad está ahora expresamente permitida en el nuevo texto del artículo: "Podrán ejecutarse a través del régimen previsto en la Ley, los Proyectos cuyo objeto sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras repagadas con Contraprestación por Uso y/o con Contraprestación Pública." (las negritas son siempre nuestras)

El cambio no es menor: supone que las relaciones laborales (es decir los contratos individuales de trabajo) que se generen como consecuencia de contratos regidos por el régimen PPP se regularán por los contratos firmados al amparo del mismo, y no por el derecho laboral vigente, y sus normas de orden público; sean las de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, o el respectivo convenio colectivo. 

Una especie de "plan B" del gobierno, por si la reforma laboral naufraga en el Congreso, y el hecho de que Macri lo haya firmado el mismo día de la reunión en que presionaba a la UOCRA para que acepte flexibilizar su convenio, demuestra que está dispuesto a cumplir con sus amenazas: o sumisión, o cárcel. Va de suyo que la enmienda que permite flexibilizar relaciones laborales en estos casos es aplicable a todos los convenios colectivos, no sólo a ese; y que incluso por esa vía podría incluir los aspectos más polémicos de la reforma laboral que habría sacado en el marco de la negociación con la CGT.

El decreto contiene muchos otros cambios, casi todos a favor de los contratistas privados; como por ejemplo la posibilidad de que la contraprestación pública (es decir, del Estado) en los contratos pueda incluir cualquier tipo de indemnización debida a los contratistas (por ej. por rescisión o lucro cesante), cosa que hasta ahora estaba expresamente prohibida por la reglamentación vigente.

La autoridad de aplicación del régimen PPP pasa a ser el Ministerio de Finanzas a cargo de Luis Caputo, y el cambio no es menor; porque con los cambios al reglamento los proyectos podrán ser financiados por "fondos de deuda", que podrán emitir "cualquier clase de instrumentos mediante los cuales se reconozcan la inversión o prestación a cargo del Contratista PPP que se emitan en el marco de dicho contrato"; o sea garantizar el recupero de las inversiones de los privados, con nueva deuda. 

Nueva deuda que -de acuerdo con el decreto- ya no tendrá que respetar las limitaciones del artículo 56 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, lo que supone por ejemplo que se puede contraer para financiar gastos operativos (por ej. los sueldos a cargo del privado)

En el aspecto ambiental, los cambios consisten en que los estudios de impacto ambiental ya no deberán hacerse previo al llamado a licitación de los proyectos, sino antes de que estos empiecen a ejecutarse, o sea cuando ya está seleccionada la empresa o consorcio adjudicatario que lo llevará adelante. 

El cambio es consistente con otros que introduce el decreto: si con motivo del resultado negativo de los estudios de impacto ambiental la obra no puede hacerse, el Estado debería indemnizar al contratista adjudicado (cosa que no debería hacer si los estudios son previos a la licitación, como hasta ahora); y para eso quedaría facultado incluso a tomar deuda. Por otro lado la reforma autoriza a incluir bajo el régimen PPP a contratos que ya están en ejecución o por iniciarse, como las represas de Santa Cruz, por ejemplo.

Las modificaciones al procedimiento de selección del contratista que introduce el decreto tienden -en general- a darle más oscuridad al procedimiento: desaparece la posibilidad de que un oferente tome vista de las demás ofertas una vez abiertas todas, los dictámenes de la comisión de adjudicación dejan de ser impugnables y el "panel de expertos" que tendrá a su cargo resolver controversias vinculadas al contrato no será designado por concurso en una primera etapa, sino a dedo por el ministro Caputo.

Una muestra más de como el gobierno paga a la "oposición constructiva" tanto sindical como política, que acompañó en un caso la ley "PPP", y que le hizo un guiño en el otro a la flexibilización laboral. Para más información sobre el régimen de "participación público privada", ver la etiqueta respectiva a la derecha del blog.

Les dejamos a los "progres" que en el gobierno de Cristina estaban tan preocupados por los glaciares (como por ejemplo Greenpeace) ocuparse del aspecto ambiental; seguramente saldrán de inmediato a cruzar la iniciativa, lo damos por hecho.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

TARDE PIASTE, QUERIDA


Sobre todo considerando que se suponía que vos eras la experta en el tema.

PECAM, EL NOMBRE MÁGICO


Varias veces hablamos acá de Pecam, la empresa más favorecida con la obra pública provincial en los gobiernos del Frente Progresista, por lejos.

También de Edeca, una de las integrantes (junto con Pecam) del "club de amigos" que se quedaron con todas las obras del Plan Abre en Rosario y Villa Gobernador Gález, sin que jamás se haya hecho una licitación.

Acá las vemos a las dos juntas con otra empresa, en la UTE que tiene a su cargo obras de pavimentación en Rosario; que debería hacer la municipalidad pero que -para variar- hace y paga la provincia.


Y como vemos en el decreto cuyas imágenes ilustran el post, justamente a pedido de la municipalidad se "amplía" el contrato (adjudicado el año pasado, con una oferta que superaba en un 25,12 % al presupuesto oficial), lo que da lugar a "adicionales de obras", un clásico progresista.

Adicionales que significan agregarle a la obra un 27,10 % por encima del valor original de la adjudicación, para arrancar, y sin tener en cuenta eventuales "redeterminaciones de precios"; y agregarle 6 meses más de duración a una obra que originalmente debía estar terminada en 18. La diferencia del valor actual del contrato con el presupuesto oficial de la licitación es del 59,03 % (poco más de 167 millones, contra casi 267).

Es como si hubieran dicho "ya que están asfaltando por la zona y son gente amiga y de confianza, sigan"; en lugar de volver a licitar como corresponde.

A menos que los mayores costos sean consecuencia de lo que cuesta sacar un árbol (¿Casi 31.500 mangos cada uno no será mucho?):


Y por si hiciera falta, más pruebas de los amigazos de Pecam, en éste caso con otros socios, pero con los mismos beneficios, en otro decreto del mismo día:



Una obra que se tendría que haber terminado en diciembre del año pasado, 11 meses después aun no ha finalizado.

Y un contrato original de algo más de 139 millones de pesos, ya tuvo dos "adicionales de obra" que elevaron el monto del contrato en un 22,11 %; y prorrogaron el plazo de ejecución en 120 días más, que ya están vencidos:


FÚTBOL POR TELEVISIÓN A $ 300: OTRO CUENTO MACRISTA


Por A.C.

En contra de lo prometido en su campaña de 2015, el gobierno de Macri decidió eliminar el sistema de televisación gratuita del fútbol que llegaba a todo el país, mientras sus voceros, los grandes medios oficialistas,  cuando se daba de baja Fútbol para Todos, salían a coro a justificar la decisión macrista y a ofrecer el producto.

Sostenían que las dos empresas dueñas ahora de las transmisiones (Fox y Turner), comercializarían el abono para poder ver los partidos en un valor que oscilaría entre los $250 y $300 mensuales.

Sin embargo, en otra estafa amarilla, los precios reales son muy diferentes, y en perjuicio del usuario, de la gente, por supuesto.

Por ejemplo, en nuestra zona, quienes tienen como operador a Cablevisión, empresa del Grupo Clarin, deben abonar el doble de lo que prometían y promocionaban los abundantes periodistas militantes del oficialismo.

Quien quiera contratar el servicio del fútbol, se encontrará con que más allá del abono mensual de $300, debe abonar además mensualmente la suma de $120 a causa del decodificador que se le entrega, y también la suma de $180 por canales de películas que se incluyen con el paquete del fútbol, aunque el abonado no los pida o no le interesen esos canales. 

No importa. El paquete viene armado así, y entonces, los prometidos $300 mensuales se convierten por arte de magia en $600, es decir el doble del precio que promociona el casi monopólico periodismo amarillo.  Es decir que un abono de cable solo básico (sin HD, sin Internet) más el “Pack Fútbol”, sube alrededor de los $1.400.

Sumado al receso de verano, habrá partidos de preparación de la Selección para el Mundial de Rusia,  así que desde mediados de diciembre hasta por lo menos febrero de 2018, no habrá “Superliga”, la que tampoco se jugará durante mayo y junio del año que viene a causa del Mundial.

¿Que ocurrirá durante esos períodos? ¿Los operadores seguirán cobrando el "Pack fútbol" por un servicio que no van a prestar? ¿Van a tomar los pedidos de baja del servicio durante esos períodos? ¿O van a publicar un número telefónico como único medio de solicitar la baja, y ese teléfono dará permanentemente ocupado para evitar las bajas masivas?

La respuesta del mercado no ha sido la esperada, por lo menos hasta ahora. Sobre un universo de algo más de 8.000.000 de abonados a la TV por cable en todo el país, solo alrededor de 650.000 contrataron el servicio del fútbol pago, es decir menos del 10% de los abonados.

¿Cuáles serían las expectativas de  TNT Sports y Fox Sports Premium , con Grupo Clarin como operador y asociado, al desembarcar en el mercado argentino?

Se obligaron a abonar a los clubes un monto anual de 3.200 millones durante cinco años.

En cifras globales, con 650.000 abonados a $600 que paga cada uno, la recaudación total mensual es de 390 millones. Y la anual, multiplicada por 12 (si es que no permitieran las bajas durante los meses sin fútbol)  llegaría a 4.680 millones. Deducidos los 3.200 millones que se destina a los clubes, quedarían 1.480 millones.

De esos 1.480 millones, hay que deducir grandes gastos operativos, impuestos y el porcentaje de los operadores.  Se podrá plantear que hay que sumar el ingreso por publicidad, pero sería un ingreso modesto con solo 650.000 abonados. El anunciante conoce el caudal de audiencia, y en todo caso pagará un precio menor para una publicidad que solo llega a menos del 10% de los abonados. Los números hasta ahora, no son alentadores para los privatistas del fútbol.

Y si Turner y Fox le estuvieran vendiendo realmente el servicio a los operadores de cable como Cablevisión a $300, y la diferencia con los $600 fuera solo utilidad del operador, los números ya no cierran.  Porque si Turner y Fox solo recibieran $300 por cada uno de los 650.000 abonados al Pack, al mes recibirían ($300 x 650.000) 195 millones, que multiplicados por 12 meses, dan un total anual de 2.340 millones, muchísimo menos que los 3.200 millones que deben pagar anualmente a los clubes. Los números no cierran.

Por eso, no abonarse al Pack Fútbol, puede ser un camino para recuperar el fútbol por televisión, del que fuimos despojados por el gobierno de Macri.

Y porque ver los partidos no cuesta $300. Cuesta muchísimo más. Al no transmitir los partidos los canales de televisión abierta ni los canales de la TV satelital (TDA), es necesario primero ser abonado a la TV por cable, y por lo tanto pagar el abono de la misma. A ese abono hay que sumarle el pack del fútbol, y en consecuencia, para ver los partidos por TV en Argentina hay que pagar $1.400 por mes, que al año son $16.800. Y no $300, como sostiene el relato macrista.

martes, 14 de noviembre de 2017

LÉXICO


No diga "pérdida de salarios" ni "recorte de los derechos de los trabajadores", sino "reducción de costos laborales". 

Tampoco diga "Aumentar la plusvalía" sino "ganar competitividad":



"NO HAY LUGAR PARA TIBIOS"


En la edición de este lunes de "Y nadie hace nada" que hacemos por la FM Chalet 100.9 entrevistamos a Patricia Mounier, secretario general del SADOP Santa Fe, y miembro del consejo directivo de la Delegación Regional de la CGT. 

Conversamos con ella del lanzamiento del Movimiento Obrero Santa Fe (MOS), un amplio nucleamiento sindical conformado por sindicatos pertenecientes a Movimiento Sindical Rosario, a cinco de las delegaciones regionales de la CGT en la provincia, a la CTA, la FESTRAM (trabajadores municipales), AMSAFE (docentes públicos), ATE e incluso alguna seccional de base de la UOM.

El MOS (como cuenta Patricia en la nota) surgió como una propuesta de unidad en la acción de los sindicatos de trabajadores públicos y privados santafesinos, en respuesta a una coyuntura particularmente crítica para los trabajadores porque el gobierno de Macri avanza con decisión para cercenarles derechos.

En su corta vida ya se ha pronunciado públicamente en términos contundentes contra la reforma previsional primero y el intento de "armonización" de los sistemas jubilatorios provinciales con el nacional, y más contundente aun contra la reforma laboral, después.

También y como dábamos cuenta acá, se reunieron la semana pasada en el Instituto Patria con Cristina, para intercambiar impresiones sobre la coyuntura política, económica y social  y para coordinar acciones cuando los proyectos de reforma lleguen al Congreso.

En el reportaje la secretaria general del SADOP anticipa que el MOS seguirá con esa línea de contactos políticos, y que también los gremios que lo conforman y son parte de la CGT (su sindicato integra la Corriente Federal de los Trabajadores que lidera Palazzo) están decididos a dar el debate hacia el interior de la central para forzar posiciones más combativas e intransigentes con las políticas del gobierno de Macri.

Una voz de mujer (con todo lo que eso implica en un terreno tan hostil como el sindicalismo) que habla firme y claro en estos tiempos en los que muchos focos de atención están puestos en lo que hace o deja de hacer la dirigencia sindical.

Acá abajo les dejamos el audio completo del reportaje: 



MATAR AL MENSAJERO


Con la de este domingo ya son tres las ediciones semanales de Página 12 en las que Horacio Verbitsky no publica su habitual columna de análisis político e investigación periodística.

Es imposible disociar el hecho de las apretadas públicas del gobierno contra Víctor Santamaría (titular del SUTERH y propietario del diario) lanzándole la UIF con una investigación por presunto lavado de dinero por manejo de cuentas en el exterior en 2004 (sí, entonces, y sí, también: este gobierno investiga a alguien por tener cuentas afuera).

La Nación y Clarín -los responsables de ir señalando los blancos del ataque oficial- lo habían colocado en sendas notas en la lista de los que Macri enviaría en un cohete a la Luna, siguiendo el camino del “Caballo” Suárez y el “Pata” Medina.

Claro que en el caso de Santamaría lo que le molesta a Macri no son los salarios de los porteros porteños que –dicen- encarecen las expensas, sino la publicación que Verbitsky hizo en Página 12 de toda la plata que blanquearon su hermano (más de 622 millones de pesos), y familiares directos del Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, el Jefe de Gabinete Marcos Peña entre otros; como sus empresarios favoritos Marcelo Mindlin y Marcos Galperín (el de Mercado Libre).

Esa nota luego replicada en “Economía Política” determinó el despido de Roberto Navarro de C5N, y esa misma investigación es la que explica ahora el silencio de Verbitsky, quien ha manifestado tener el listado completo de los que blanquearon. El mensaje es claro: Macri parece dispuesto a tolerar críticas a su gobierno y su política económica, y hasta la defensa de los derechos humanos que tradicionalmente han encarnado Página y el “Perro”.

Pero lo que no va a tolerar de ningún modo es que se revelen los detalles de cómo él, su familia, sus funcionarios y sus amigos y empresarios favoritos (¿testaferros presidenciales?) blanquearon dinero no declarado y de casi seguro origen ilícito (como mínimo, de la evasión tributaria) a través del “sinceramiento fiscal” que él hizo aprobar por ley del Congreso (por primera vez, sin la obligación de repatriar la guita al país), y luego amplió por decreto para que pudieran blanquear ascendientes y descendientes de los funcionarios, cosa que la ley explícitamente prohibía.

El raje de Navarro primero y el silenciamiento de Verbitsky después (condenados ambos a su aparición en “El Destape” por Youtube) confirman no solo que lo publicado por el “Perro” era cierto, sino que lo que no pudo llegar a publicar es aun mucho peor: todo indica que la ampliación por decreto que introdujo Macri era para que su padre y sus hijos blanquearan, de la propia y -sobre todo- de la de él.

Que se conozca públicamente que además de los más de 600 millones de pesos que blanqueó su hermano (que quintuplican su propio patrimonio públicamente declarado) hay muchos más millones blanqueados por sus hijos monotributistas y sus parientes y amigos empresarios sospechados como testaferros (Mindlin, Caputo, Calcaterra) no se vería muy bien en un momento en el que el propio Macri convoca a los argentinos a hacer un esfuerzo para sacar el país adelante (esfuerzo que como sabemos él y su clase no están dispuestos a hacer), comprometerse a cumplir con las leyes y dice llevar a fondo el combate contra la corrupción.

Menos cuando esa nómina coincide como dos gotas de agua con la de los que figuran en los “Paradise paper’s”.

Pero además Macri sabe que hoy dispone de los favores de Comodoro Py, sin saber a ciencia cierta hasta cuando o por cuanto tiempo: no sea cosa que cuando cambien los vientos políticos esos manejos oscuros se le vuelvan en contra, en forma de causas judiciales. Recordemos por ejemplo que en el gobierno de Néstor Kirchner su sobreseimiento en la causa por el contrabando de autopartes fue uno de los casos tomados como emblemática para depurar a la mayoría menemista de la Corte Suprema.

Y si hiciera falta más para darse cuenta de la importancia crucial que Macri le asigna a mantener guardados bajo siete llaves los datos del blanqueo (recordemos que en el proyecto original se penaba su difusión, aun por los medios), nos enteramos ahora que el titular de la AFIP Alberto Abad está en la cuerda floja por las filtraciones que publicó Verbitsky; no porque se le achaque la responsabilidad de haberlos filtrado (al fin y al cabo Abad fue extremadamente diligente para facilitar el blanqueo, yendo incluso más allá de la ley con varias de su resoluciones), sino por no haber tomado los recaudos para evitarlo.

Claro que hay otras causas que lo ponen a Abad en la picota, todas vinculadas a los negocios del presidente, su familia y sus amigos, y en un segundo plano a los objetivos políticos del gobierno: el reclamo de una deuda de 500 millones de pesos a “Mercado Libre” de Marcos Galperín, las trabas de la AFIP al salvataje de OCA (un as en la manga que el gobierno se guarda para apretar a Moyano, y vencer su resistencia a la reforma laboral) y la negativa de Abad a convalidar la venta de los medios del Grupo Indalo a Rosner y Mindlin (que actúan como testaferros de Macri); precisamente porque el hostigamiento contra Cristóbal López comenzó con la AFIP pidiendo y obteniendo su inhibición general por la deuda por evasión del impuesto a los combustibles.

¿En qué quedaron aquellos tiempos en los que una de los cargos más graves contra Boudou en el caso Ciccone era haber intercedido ante Etchegaray para que la AFIP le concediera un plan especial de pago de su deuda por impuestos? Ah, sí, quedaron en Boudou preso sin condena y Etchegaray procesado por lo mismo que ahora quieren obligarle a hacer a Abad.

Pero volvamos a la filtración del blanqueo: la obsesión de Macri con “matar al mensajero” sea éste Verbitsky o-por omisión- Abad revela también lo crucial que fue ese blanqueo para la clase empresarial que él integra; en tanto la ventana de oportunidad que les abrió su acceso al poder político formal les posibilitó hacer borrón y cuenta nueva con años de sistemática evasión impositiva, fuga de capitales y lavado de dinero, un verdadero rasgo sistémico y estructural de nuestra burguesía criolla; y de cunto plan económico ensaya el neoliberalismo en nuestra país, como ocurre actualmente.

Y la revelación de la cuantía de lo blanqueado echa luz sobre ese aspecto, en el que ellos como es natural, prefieren mantener sombras y oscuridad.

lunes, 13 de noviembre de 2017

INDIGNACIÓN REFORMADA


En instantes arrancamos una nueva edición de "Y nadie hace nada" por la FM Chalet 100.9 hasta las 21.

Hoy vamos a estar hablando de la reforma tributaria que el gobierno discute con los gobernadores, donde el pato de la boda parecen ser los jubilados, la ley de movilidad previsional y los recursos de la ANSES.

Conversaremos con Patricia Mounnier, dirigente del SADOP y de la CGT Santa Fe, sobre el lanzamiento del Movimiento Obrero Santafesino, su reunión con Cristina en el Instituto Patria y la postura frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno.

Y hablando de reforma laboral, analizaremos el documento emitido por el instituto CIFRA de la CTA, en el que se detallan los puntos más conflictivos del proyecto.

Entrevistaremos al periodista Maximiliano Ahumada sobre la investigación que viene realizando junto a Nicolás Lovaisa a partir de las escuchas telefónicas que involucran al ministro Pullaro y los principales funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, las presiones de los gobiernos provincial y municipal para detener investigaciones judiciales que los involucran, y las repercusiones en la Legislatura.

También tendremos -por supuesto- la efemérides musical de la negra Romina, la selección musical de Sergio Delfino y la tradicional "Mesa de noticias".