LA FRASE

"ME ENTERÉ POR LA PRENSA QUE CONTRATARON A LAS EMPRESAS DE MIS HERMANOS PARA LA MISA DEL PAPA, YO ME DEDICO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS QUE TIENEN TIEMPO Y VOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRIVADA SON ELLOS." (MARTÍN MENEM)
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viernes, 24 de julio de 2026

FEDERALISMO DE ROTONDAS

 

Cuando en abril de éste año Milei dictó el Decreto 253 por el cual "delegaba" en algunas provincias el mantenimiento de rutas nacionales en sus territorios, decíamos nosotros en esta entrada: "El decreto pretende convalidar el bolsiqueo que viene haciendo Caputo hace 28 meses de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, que estaban destinados a mantener las rutas nacionales y provinciales conforme al propio convenio federal vial (Decreto Ley 505/58) que se menciona en el Decreto 253. Del impuesto y de los recursos que representa nada se dice en el decreto de Milei, ni se dispone -por ejemplo- coparticiparles a las provincias la parte que actualmente se queda la Nación, para que con esos recursos mantengan y reparen las rutas que se les "delegan": lo único que pueden hacer es licitarlas para que sean explotadas por privados (o por entes públicos como las Vialidades provinciales), a cambio del cobro de peaje, en el entendimiento de que solo con esos recursos debería bastar para que las rutas sean mantenidas en buen estado, cosa que como sabemos desde los 90', no es cierta ni mucho menos.".

"Eso sin contar que durante un tiempo habrá transferencia a las provincias de las rutas (por la firma de los convenios con Vialidad Nacional) pero no cobro de peaje, porque habrá que hacer las licitaciones para elegir a los concesionarios, y las rutas seguirán como están: destrozadas. Es decir que el Decreto 253 es la legalización del abandono de las rutas nacionales, consentida por los gobernadores amigos y aliados del gobierno nacional, o peor aún, pedida por ellos; aunque públicamente reclamen por su deterioro. Por otro lado la delegación a las provincias que dispone el decreto establece que por la sola firma de los acuerdos con Vialidad Nacional se exime a la nación de toda responsabilidad por los accidentes derivados del mal estado de las rutas, la que pasa a las provincias; aun cuando no hayan llamado aun a licitación para otorgar las concesiones (que pueden durar hasta 30 años); lo que significa que cualquier tragedia vial que suceda mientras tanto (como las que están sucediendo cada vez con más frecuencia) será responsabilidad de la provincia en cuestión ante eventuales demandas de los damnificados por el mal estado de las rutas, y no de la nación.".

Salvo la referencia a las concesiones para el cobro de peaje (y habrá que verlo), las consideraciones expuestas aplican perfectamente al anuncio -ruidosamente festejado por el gobernador Pullaro y sus funcionarios- del convenio celebrado por el gobierno provincial con la nación para la transferencia por 20 años de la ruta nacional A012 que circunvala Rosario y otras ciudades del sur santafesino, en la zona de acceso a los puertos. Un Pullaro que -recordemos- primero festejó como un gol el Decreto 253 y luego pidió el VAR para que lo revisen, y fue más cauto cuando le dijeron que en los corredores viales "cedidos" entonces no estaba ése, que es el único que le interesa a él. Porque es el que les interesa a las cerealeras, de las que se comporta como gestor.

Hasta el momento de subir estas líneas no hay disponible convenio ni nada parecido para ver que obligaciones concretas asume la provincia por la cesión de la ruta, y que obras hará en ella; aunque la propaganda oficial da cuenta de que el día después de la firma de los convenios se iniciaron los trabajos, a través de una empresa privada seleccionada por una licitación realizada el año pasado. Lo cual es como mínimo curioso, porque la Ley 5188 (Ley de Obras Públicas de la provincia) dice en su artículo 5 lo siguiente: "Las Obras Públicas deberán realizarse en bienes que sean propiedad de la Provincia o en los que ésta tenga posesión o disponga del uso."; requisito que solo se habría cumplido ahora con la firma del convenio entre Pullaro y el gobierno nacional, y siempre y cuando se convenga en que no se requiere que lo ratifique la Legislatura.

¿Cómo es entonces que hay desde el año pasado una empresa adjudicataria de una obra esperando para iniciarla a que ocurriera un hecho incierto (que la nación aceptara transferir la ruta a la provincia), teniendo paralizados mientras tanto equipos y personal y asumiendo costos financieros sin reclamar nada? ¿O es todo pura sanata, como se podría comprobar con el hecho de que la obra como tal (intervención en el corredor vial Ruta Nacional A012) no figuraba en el presupuesto del año pasado ni figura en el de éste año, porque no podría figurar, al tratarse de una ruta nacional? ¿No habrán sorteado la obligación de hacer otra licitación, con la excusa de adjudicárselos en forma directa a Posse (esa es la empresa) como "trabajos complementarios" o "extracontractuales", para poder cumplir con el anuncio de propaganda de Pullaro?

Eso sin mencionar que -salvo que la nación haya transferido la ruta con los correspondientes recursos para arreglarla, cosa que con Milei y Caputo es harto dudoso- que se estaría violando la parte pertinente del inciso 2. del artículo 75 de la Constitución Nacinal, que dice : "No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.". (las comillas son del texto y las negritas, nuestras)

¿Con qué recursos financiará la provincia las obras que el gobierno de Pullaro está propagandizando, y no estaban contempladas en el Presupuesto aprobado por la Legislatura? Si es con recursos de Rentas Generales del Tesoro tendrá que sacarlos de otras finalidades, que deberán esperar su turno, porque las cerealeras mandan...a Pullaro. Si es con la parte del impuesto a los combustibles líquidos que se transfiere a las provincias, por un lado es otra forma de convalidar que la Nación no use su parte a esos fines, para los que el impuesto fue creado. Y por otro lado esos recursos son considerados "recursos propios de libre disponibilidad" para Vialidad provincial (que sería la que tenga a su cargo la obra): los que decidan poner ahí, faltarán en el mantenimiento y la construcción de otras rutas provinciales. 

Ni hablemos ya si la provincia (que debió tener previsto el financiamiento de la obra al licitarla, artículo 6 Ley 5188) se endeudó o endeuda para hacerla: sería generar un compromiso a afrontar por los futuros gobiernos provinciales, por un gasto que debió haber hecho el gobierno nacional. El año pasado la Legislatura santafesina autorizó por la Ley 14.410 a Pullaro a endeudarse en 150 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el financiamiento del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario; pero la ley que autorizó la toma de deuda no menciona ninguna obra en particular.

Y en la Ley 14424 (Presupuesto 2024) se lo autorizó a endeudarse en 50.000 millones de pesos emitiendo bonos en el mercado interno, en base al esquema montado por las cerealeras y la Bolsa de Comercio de Rosario para prestarle plata a la provincia y cobrarle interés por ella, para que les hiciera las obras que ellas necesitaban, y se negaron y siguen negando a pagar de su propio bolsillo: veíamos hace poco en ésta entrada como la idea de un fideicomiso creado con aportes del sector exportador para financiar las obras (lanzada como globo de ensayo por un funcionario provincial de tercera línea) murió antes de nacer, ajusticiada por el propio Pullaro, para no enfrentarse con las cerealeras. 

Y finalmente cabe preguntarse que pasa cuando se cumpla el plazo de 20 años de la cesión de la ruta del que hablan los anuncios (reiteramos: no está disponible aun el texto del convenio). Así dicho y sin más explicaciones, suena como si la provincia fuera un concesionario privado que administrará el mantenimiento y conservación de la ruta durante ese lapso de tiempo, pero que encima no va a cobrar peaje. A menos que estén pensando hacerlo para recuperar la inversión, en cuyo caso se cae el argumento de Pullaro de "contribuir a bajar los costos de la producción".

viernes, 8 de mayo de 2026

AMOR NO CORRESPONDIDO

 

Hace un tiempo ya decíamos nosotros en ésta entrada: "Baja de costos, eliminación de retenciones, licitación de la hidrovía, obras en las rutas que van a lo puertos: la similitud de los planteos del gobernador con las demandas de las cerealeras exportadoras con base en Santa Fe es tal, que son lo mismo. Y las empresas consiguieron un lobbista calificado de sus intereses, al que le pagamos el sueldo nosotros. Lo raro es que mientras pide baja de costos (al menos para las exportadoras) Pullaro los aumenta: aumentó la luz y el agua, el transporte interurbano y los peajes de las rutas provinciales.". Y lo que pone como una virtud (que la provincia invierta en arreglar rutas), es un vicio: veíamos acá que compró llave en mano un esquema armado por las propias exportadoras y la Bolsa de Comercio de Rosario para arreglar las rutas de acceso a los puertos del sur de la provincia, por el cuál ellas le prestan la plata a la provincia (que se endeuda) para hacerles las obras, y además le cobran los intereses, mientras las obras aun no arrancaron.". 

En éste otro posteo explicábamos el sistema diseñado por la Bolsa de Comercio de Rosario (y comprado como un buzón por Pullaro) por el cual la provincia se endeudó en más de 50.000 millones de pesos de hace más de un año con las cerealeras para hacerles los accesos a los puertos...a las cerealeras. No conforme con eso, tomó un préstamo por la CAF por 150 millones de dólares con el mismo fin; y el 4 de mayo de éste año (o sea el lunes pasado) dictó el Decreto 921 por el cual transfiere de ese financiamiento 111.492 millones de pesos a Vialidad provincial para "...la ejecución del “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario”...".

También en ésta misma semana su ex vicegobernadora y actual diputada nacional que ingresó al Congreso en diciembre por "Provincias Unidas", Gisela Scaglia, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para eliminar progresivamente las retenciones hasta su desaparición, y sacarle al Poder Ejecutivo la facultad de reponerlas o modificar las alícuotas; en un contexto en el que los conflictos internacionales hacen subir el precio del petróleo, el gas y los commodities.

Sin embargo, parece que tantos gestos de amor del oficialismo provincial al sector exportador (el verdadero beneficiario de todas éstas medidas) no fueron correspondidos. Leemos en Rosario 12: "El anuncio del secretario de Coordinación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha, acerca de la creación por ley de un aporte del sector privado vinculado a la agroexportación para constituir un fideicomiso mixto (con participación estatal y privada) con el objetivo de mantener el circuito vial de acceso a puertos, generó la reacción de exportadores y acopiadores que pusieron el grito en el suelo y hasta prometieron llevar el asunto a instancias judiciales. La Casa Gris piensa en un aporte de los puertos de U$D 1,5 por tonelada enviada al exterior para reparar rutas, cuyo mantenimiento hoy financia el conjunto de los contribuyentes santafesinos.". 

"A esa queja histórica del sector, que no paga Ingresos Brutos en Santa Fe, el dirigente le agregó que “es imprescindible ir a sistemas diferentes para gestionar obras públicas específicas y sin costos para la carga”. El presidente de la Federación de Entidades Acopiadoras, Fernando Rivara, fue un paso más allá para que no le toquen “la suya”, al afirmar que “no hay manera de justificar tanta plata” y adelantó que en caso se ponerse en funcionamiento el esquema que elabora la gestión de Maximiliano Pullaro van a “ir a la Justicia”.".

"Durante el evento en la Bolsa, Idígoras destacó que “el año pasado tuvimos 98 millones de toneladas de granos comercializadas de manera fluvial y marítima” mientras que “este año serán de 120 a 125 millones”. Y arremetió: “Las tasas municipales no pueden ser punitivas sin prestación alguna, hay que eliminarlas de por sí”, y agregó que “también deben eliminarse los derechos de exportación”. En ese punto hizo hincapié Cunha. “Si volvieran cuatro puntos de retenciones no tendríamos que pensar en un fideicomiso para hacer las obras”, dijo el funcionario a Rosario/12." (las comillas son del texto y las negritas nuestras, en todos los casos) 

Un sistema posible para financiar obras públicas (en especial en la red vial) aunque no sin costos para la carga, sería cobrar un impuesto sobre los combustibles líquidos -porque son los vehículos que lo cargan los que destrozan las rutas, en especial el tránsito pesado- y destinar su producido a financiar su mantenimiento. Algo como lo que ya existe desde la Ley 23966 de 1991; y que el gobierno de Milei (al que apoyan las cerealeras, la Cámara de la Industria Aceitera y la Bolsa de Comercio de Rosario) viene embolsando para disfrazar un superávit fiscal trucho, mientras deja que se destruya la infraestructura vial del país sin poner un solo peso en repararla o mantenerla.

También se podría probar con las concesiones viales con cobro de peaje, como las que está licitando el gobierno nacional en estos momentos, o la que busca imponer en las rutas nacionales que les quiere transferir a las provincias por el Decreto 253 de Milei, analizado acá. Claro que en esos casos no sería "sin costos para la carga" como pide el sector, al que no se lo oyó protestar por esas medidas del gobierno nacional.

Otro sistema posible (y éste sin costo para la carga, como piden las cerealeras y exportadores en general) sería -como parece sugerir el funcionario provincial- que un porcentaje de lo recaudado por el Estado nacional en concepto de derechos de exportación (retenciones) se coparticipe a las provincias, con la expresa afectación a obras de infraestructura (gastos de capital, inversión pública), incluyendo en ellas el mantenimiento y reparación de las rutas. 

Algo así como el Fondo Federal Solidario (vulgarmente denominado fondo sojero) creado por Cristina en 2009 mediante el DNU 206, coparticipando a las provincias el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados (como recordaba hace poco Máximo Kirchner en su discurso en Cañuelas). El tema es que el Fondo fue suprimido por Macri mediante el DNU 756/18, y nunca repuesto después, tampoco por Milei. Macri y Milei, los dos presidentes que la UCR y Pullaro apoyaron, y de cuyos gobiernos -directa o indirectamente- fueron parte. 

Tuits y video relacionados: 

 

sábado, 27 de septiembre de 2025

RETENIDOS

 

martes, 6 de mayo de 2025

EL CADETE DE LAS CEREALERAS

 

En el marco de una jornada sobre transportes que se hizo en Rosario la semana pasada, leíamos a Pullaro en el portal de la provincia: "...el gobernador puso en valor “la potencia de la Región Litoral que nuclea al caudaloso río Paraná y que debe también nuclear una estrategia política que nos permita desarrollar la explotación del río apostando al proceso de licitación de la Hidrovía para que no sea diseñada desde una oficina desde Capital Federal sino que sea un modelo de desarrollo productivo y de infraestructura que es lo que necesitamos para abaratar la logística y ser más competitivos”, por lo cual remarcó que no solo se habla del “calado y balizamiento sino también de la infraestructura vial y energética para poder bajar los costos de nuestro sistema productivo, de la logística y así abaratar también los costos de los productos que tenemos que exportar”.".

"Además, Pullaro apuntó al estado de las rutas nacionales señalando que están “en un pésimo estado”, por lo cual pidió “un programa de licitación para reparar, bachear y hacer rutas nuevas porque la congestión de nuestros caminos es cada vez peor”. Y recordó que Santa Fe “no se lleva un solo centavo de las exportaciones y de las retenciones que aplica el Estado Nacional, las cuales pedimos que se eliminen. Sin embargo, desde la Provincia estamos haciendo inversiones históricas para que nuestras rutas estén en condiciones, con el objetivo de que la producción salga desde los puertos en las mejores condiciones”.". (las comillas son del texto, las negritas son nuestras)

Baja de costos, eliminación de retenciones, licitación de la hidrovía, obras en las rutas que van a lo puertos: la similitud de los planteos del gobernador con las demandas de las cerealeras exportadoras con base en Santa Fe es tal, que son lo mismo. Y las empresas consiguieron un lobbista calificado de sus intereses, al que le pagamos el sueldo nosotros. Lo raro es que mientras pide baja de costos (al menos para las exportadoras) Pullaro los aumenta: aumentó la luz y el agua, el transporte interurbano y los peajes de las rutas provinciales. 

Y lo que pone como una virtud (que la provincia invierta en arreglar rutas), es un vicio: veíamos acá que compró llave en mano un esquema armado por las propias exportadoras y la Bolsa de Comercio de Rosario para arreglar las rutas de acceso a los puertos del sur de la provincia, por el cuál ellas le prestan la plata a la provincia (que se endeuda) para hacerles las obras, y además le cobran los intereses, mientras las obras aun no arrancaron.

La solución que le encuentra al hecho (basado en la Constitución) de que los derechos de exportación (vulgarmente conocidos como retenciones) no se coparticipen, es igual de ingeniosa: que se eliminen, y listo (reiteró el pedido en su discurso en la Legislatura); con lo cual los recursos que no llegan a la provincia, tampoco tienen que salir del bolsillo de las exportadoras. Si eso es justamente lo que piden -otra vez- las exportadoras (que están exentas de pagar Ingresos Brutos en Santa Fe desde 1992), debe ser pura casualidad. 

Podría haber pedido que se reponga el Fondo Federal Solidario creado por Cristina por el DNU 206/09 para transferir a las provincias el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados (con la finalidad de destinar esos recursos para hacer obras) que fue eliminado por Macri y no repuesto por Milei, pero prefirió ser aliado de ambos: de Macri primero, y de Milei después.

Y que decir del diseño del pliego de la hidrovía: que como explicábamos acá, "...por el Decreto 427/21 se modificó el estatuto de la AGP para permitirle operar la concesión por sí o por un tercero, y se le otorgaba la concesión de la vía navegable troncal hasta que asumiera el concesionario privado seleccionado por licitación. Por el Decreto 556/21 se creó el ente de control de la vía navegable, con participación de las provincias ribereñas en su directorio pero siempre sosteniendo la idea de conceder su operación a un privado; sin abrir nunca la discusión del trazado, ni de por qué se descartaba de plano que lo hiciera el Estado.".

"Con Milei también pasó por allí la motosierra: su Decreto 699/24 declaró servicio público "...las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional." para acto seguido disolver el ente de control creado por Alberto, llamar a nueva licitación por el Decreto 709/24 y finalmente por el Decreto 3/25 disolver la Administración General de Puertos, creando en su lugar el organismo que acaba de declarar fallida la licitación."."  

Pasándolo en limpio: las provincias tenían participación con voz y voto en el ente de control de la hidrovía para -entre otras cosas- el diseño del pliego de una eventual licitación, Milei lo disolvió (desapareciendo así esa participación de un plumazo), y luego disolvió también la Administración General de Puertos, y Pullaro nada dijo. Por el contrario, él, su partido la UCR y los legisladores que le responden en el Congreso siguen cajoneando el tratamiento en Diputados del DNU 70 (en el Senado votaron por mantenerlo), votaron a favor la ley bases y el acuerdo con el FMI, convirtiéndose en los hechos en parte de la coalición gobernante en el país. 

Si la desaparición del ente de control de la hidrovía y de la AGP coinciden -otra vez- con los reclamos de las exportadoras, debe ser pura casualidad. Como los silencios de Pullaro, cuya ministro de Desarrollo Productivo prometió -cuando se declaró desierta la licitación para otorgar la concesión del dragado, ya en éste gobierno- que las provincias participarían del diseño del pliego de la nueva. Cosa que ahora sabemos -justamente por el reclamo del gobernador- que fue mentira. Tuits relacionados:

viernes, 14 de marzo de 2025

LA SEGUNDA DEUDA MÁS AL PEDO DE LA HISTORIA

 

Hace muy pocos días atrás contábamos en ésta entrada que buena parte del superávit fiscal del que se ufana la gestión de Pullaro en su primer año de gobierno se sustentaba en dejar de gastar recursos afectados, o lo que es lo mismo, destinados por ley a un fin específico, en especial la obra pública.

En criollo: los recursos estaban, se tomó la decisión de no gastarlos, y en consecuencia al cerrar el ejercicio pasado impactaron en el superávit de las cuentas públicas pero tenían que transferirlos a este ejercicio para poderlos usar. De ese modo -decíamos- solo en el pasado mes de febrero Pullaro había transferido recursos que deliberadamente dejó ociosos por más de 75.000 millones de pesos, que explicaban más del 57 % del superávit de las cuentas públicas provinciales del año pasado.

Decíamos también que pese al parate de la obra pública que los propios decretos de transferencia de recursos no invertidos ponen en evidencia, "...Pullaro y su gobierno están reclamando que la Nación no cumple acuerdos ni les transfiere las rutas nacionales para poder mantenerlas; además de haber endeudado a la provincia en 50.000 millones de pesos, supuestamente con ese fin: con haber usado los recursos que tenían disponibles y no utilizaron (solo los comprendidos en esos dos decretos, puede haber más), no era necesario el endeudamiento."

El mecanismo del endeudamiento fue explicado en ésta otra entrada, y fue una idea genial de la Bolsa de Comercio de Rosario y los grandes grupos exportadores que operan desde los puertos del sur de la provincia: prestarle plata al Estado (y cobrarle interés por ello), para que les haga las obras que ellas necesitan para exportar. 

En los últimos días de febrero Pullaro habilitó las partidas para pagarles a los que le prestaron plata suscribiendo los bonos (las exportadoras) por más de 4935 millones de pesos, en concepto de intereses.

Pero para que el desfalco sea absoluto (y para darnos la razón, sin decirlo, claro está) además de endeudarse y pagar intereses, no hizo las obras. ¿Y cómo podemos saberlo nosotros?

Muy sencillo: mirando el Decreto 408 firmado por Pullaro el pasado lunes 10 cuya imagen encabeza el post, por el que se transfieren a éste ejercicio porque no fueron invertidos en el anterior, más de 43.775 millones de pesos provenientes del endeudamiento que contrajo la provincia con las exportadoras, sobre un total de 50.000 millones de pesos que autorizó con ese fin la Legislatura en la ley de presupuesto.

Como dijimos hace poco más de una semana, con solo dos (2) de los dieciocho (18) decretos que firmó Pullaro en febrero transfiriendo recursos afectados no invertidos el año pasado (los Decretos 343 y 344 del pasado 24 de febrero), tenían disponibles 43.137 millones de pesos para hacer obras públicas, que por ley no se podían usar para otra cosa. 

O sea, usando esa plata que estaba disponible, no había necesidad de generarles otro negocio a las exportadoras, tomando deuda. Eso debe ser lo que el gobernador entiende por "una administración eficiente de los recursos públicos" que le permite "encarar el plan de obras públicas más ambicioso de la historia de la provincia".

En realidad, si Milei no estuviera gestionando otro mega préstamo del FMI para financiar la fuga de capitales, estaríamos en presencia de la deuda más al pedo de la historia. Gracias a eso, queda relegada al segundo lugar.

viernes, 21 de febrero de 2025

EL PONZI DE PULLARO

 

Pasó medio desapercibido por el escándalo de la cripto moneda promocionada por Milei, pero el lunes pasado se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 97 (completo acá) por el cual el gobierno decide iniciar el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa creada durante el macrismo para la explotación bajo el sistema de concesión por peaje de las rutas nacionales.

El decreto contempla que también se privaticen corredores viales en todo el país y entre ellos, en la provincia de Santa Fe; lo que motivó la queja del ministro de Obras Públicas de Pullaro Lisandro Enrico porque (entre otros) está incluida la ruta A012 que circunvala Rosario. Según Enrico, ese tramo estaba pactado entre nación y provincia (los gobiernos de Milei y Pullaro)que se le transfiriera a Santa Fe para su administración...bajo el sistema de cobro de peaje por concesionarios privados.

Lo que supone que el primer motivo de queja de Enrico y el gobierno provincial es que les soplaron el negocio que iban a hacer ellos, y ahora lo hará Milei. Eso sin contar otra cuestión, que Enrico ni siquiera menciona: Pullaro acaba de endeudar a la provincia en 50.000 millones de pesos para financiar obras en las rutas de acceso a los puertos del sur provincial, bajo un esquema diseñado no por su gobierno, sino por las exportadoras y la Bolsa de Comercio de Rosario.  

El mecanismo fue explicado en su momento en ésta entrada y consiste en que las exportadoras suscriben los bonos de deuda (en pesos y en dólares, con intereses fijos y variables) que emite la provincia para financiar obras que benefician...a las exportadoras, que como dijimos entonces, no pagan impuestos en la provincia de Santa Fe y gozan del lobby del gobernador a su favor para pagar menos retenciones, o directamente dejar de pagarlas. 

La autorización para que Pullaro endeudara a la provincia en hasta 50.000 millones de pesos con ése fin estaba contenida en el artículo 50 de la Ley 14245 de presupuesto para el año pasado, y fue instrumentada mediante el Decreto 510/24., en cuyos considerandos se señalaba "Que el Programa de Emisión de Títulos de Deuda está destinado a financiar una serie de obras de infraestructura claves para la región, diseñadas para impulsar el desarrollo económico y mejorar la conectividad;", entre las que mencionaba el acceso a los puertos (privados) de Timbúes; la intersección de la Ruta Provincial N° 91 con la Ruta Nacional N° 11; el Camino del Mozo; el Camino de la Cremería - Ruta Provincial N° 25S -; y el tercer carril de la Autopista Provincial Santa Fe – Rosario.

De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Economía de la provincia fijaría las tasas de interés y demás condiciones de la operatoria de los bonos, y esta misma semana -mientras su ministro se quejaba del gobierno nacional- Pullaro modificó el presupuesto provincial para destinar más de 4935 millones de pesos a pagarles (a las exportadoras, básicamente) en intereses. 

En esa red caminera a refaccionar con el endeudamiento el gobierno de Pullaro también piensa establecer un sistema de concesiones con cobro de peaje similar al planteado para la ruta A012 ahora incluida en el decreto privatizador de Milei, con lo cual el Estado bobo hace las obras endeudándose con los principales (si no exclusivos) beneficiarios de las obras (las exportadoras), y otros se quedan con el negocio de mantener el camino, con inversiones mínimas. 

¿Estamos en presencia de otra estafa piramidal estilo Ponzi, perpetrada en éste caso desde el Estado provincial?

jueves, 9 de enero de 2025

MORTADELA PULLARO

 

"Diciendo cosas que ya venía esbozando uno de los lenguareces del gobierno provincial (el diputado Cuvertino), y que antes se han oído en distintos lugares: la idea de que existiría un modelo ejemplar a seguir (el de la Región Centro que integran Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), contrapuesto al "Amba-céntrico" que hoy encarna Milei: mientras el primero representa los valores del trabajo, el esfuerzo, la producción, las exportaciones,el valor agregado y hasta el conocimiento científico y la investigación, el otro es una mera aspiradora de recursos del interior, que se pierden por la canaleta de los subsidios, los planes sociales, los punteros políticos y los "barones del conurbano". Aclaración: esta última retahíla de lugares comunes berretas es casi textual del discurso del gobernador en la velada.".

"No hace falta mucho esfuerzo intelectual para detectar la similitud con los disparates del ingeniero Huergo en Clarín en pleno conflicto con las patronales del campo por las retenciones móviles de la resolución 125: la idea de un eje representado por el núcleo sojero de la pampa húmeda opuesto al conurbano bonaerense, que sería un reservorio parasitario de electorado clientelar deliberadamente mantenido en la pobreza al servicio del populismo, y no mucho más. Por entonces -y antes, y aun hoy- se hablaba de "la mitad del país que trabaja para mantener a la otra mitad".".

(Post relacionado completo 1, acá.)

"Y para desarmar la posible oposición a la reforma, acude a cuanto argumento efectista (y posiblemente efectivo en algunos sectores) tiene a mano: la semana pasada el propio Pullaro recorrió los medios repitiendo que no es posible que los quiosqueros santafesinos paguen con sus impuestos el déficit de las jubilaciones de los empleados públicos. Claro que se abstuvo de entrar en mayores precisiones sobre quienes deberían pagar ese déficit en su reemplazo, como así de proponer otras alternativas para financiarlo, o mejorar las cuentas públicas. Como por ejemplo aumentarles los impuestos a los sectores con mayor capacidad contributiva: los quiosqueros por ejemplo (como toda la actividad comercial) pagan Ingresos Brutos, que representa entre un 75 y un 80% de los recursos tributarios propios de la provincia, pero el mayor polo exportador del país que está radicado en ella, no.".

"Del mismo modo que el sector agropecuario no paga Ingresos Brutos desde 1992, y lo que paga de Inmobiliario Rural por sus propiedades valorizadas en dólares en medio del boom sojero de las últimas décadas, es un valor simbólico, que parece un chiste. Tampoco le pareció oportuno al gobernador explayarse sobre otros gastos del Estado provincial que también son financiados -entre otros- por los quiosqueros con sus impuestos, como por ejemplo los más de 177.000 millones de pesos que se destinarán este año a subsidiar la educación privada.".

"Sin embargo, hay otros gastos que Pullaro no tiene problemas en financiar: el artículo 50 de la Ley 14245 (Presupuesto provincial para éste año) lo autorizó a endeudarse con el sector privado (no organismos multilaterales de crédito) "...para el financiamiento total o parcial de proyectos de inversión pública y/o adquisición de bienes de capital y/o la atención de las necesidades financieras que demandará la cancelación de los servicios de la deuda del ejercicio...". O sea, para hacer obras, comprar bienes de capital (por ejemplo patrulleros, ambulancias o maquinaria vial), o para pagar la deuda que contraiga durante el ejercicio: deuda para pagar deuda, digamos. Ese endeudamiento -según la ley- puede ser con plazos de amortización que van desde uno a 10 años (lo que incide obviamente en los intereses), es decir que puede afectar a futuros gobiernos. Y autoriza a afectar en garantía de su pago los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos.".

"Sin embargo, hay otros gastos que Pullaro no tiene problemas en financiar: el artículo 50 de la Ley 14245 (Presupuesto provincial para éste año) lo autorizó a endeudarse con el sector privado (no organismos multilaterales de crédito) "...para el financiamiento total o parcial de proyectos de inversión pública y/o adquisición de bienes de capital y/o la atención de las necesidades financieras que demandará la cancelación de los servicios de la deuda del ejercicio...". O sea, para hacer obras, comprar bienes de capital (por ejemplo patrulleros, ambulancias o maquinaria vial), o para pagar la deuda que contraiga durante el ejercicio: deuda para pagar deuda, digamos. Ese endeudamiento -según la ley- puede ser con plazos de amortización que van desde uno a 10 años (lo que incide obviamente en los intereses), es decir que puede afectar a futuros gobiernos. Y autoriza a afectar en garantía de su pago los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos.".

"Que va a recaer también -aunque el gobernador se olvidara de mencionarlo- sobre los quiosqueros santafesinos. PD: acá el ministro de Obras Públicas y simultáneamente senador Enrico dice que esas obras será ejecutadas mediante "...un esquema de concesión y mantenimiento.". Si uno supiera que generalmente no tiene la menor idea de lo que dice, creería que además de endeudar al Estado para hacer obras para privados, después de terminadas les van a dar esas mismas obras a otros privados para que -con el cuento de mantenerlas- cobren peaje.".

(Post relacionado completo 2, acá.) Tuits relacionados:

miércoles, 28 de agosto de 2024

MODELOS

 

La semana pasada anduvo Milei por Rosario en el acto por el aniversario de la Bolsa de Comercioa y al parecer, defraudó a los anfitriones porque no habló de nada de lo que ellos -y sus financistas- esperaban: rebaja o eliminación de retenciones, obras en los puertos, reprivatización de la hidrovía, devaluación, esas cositas. Lo cual dio lugar para que aparecieran disparates como los de ésta nota de Hernán Lascano en La Política Online, en los que se contrapone a su figura y peor aun, su modelo- con el que representaría Pullaro; que habló en la ocasión.

Diciendo cosas que ya venía esbozando uno de los lenguareces del gobierno provincial (el diputado Cuvertino), y que antes se han oído en distintos lugares: la idea de que existiría un modelo ejemplar a seguir (el de la Región Centro que integran Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), contrapuesto al "Amba-céntrico" que hoy encarna Milei: mientras el primero representa los valores del trabajo, el esfuerzo, la producción, las exportaciones,el valor agregado y hasta el conocimiento científico y la investigación, el otro es una mera aspiradora de recursos del interior, que se pierden por la canaleta de los subsidios, los planes sociales, los punteros políticos y los "barones del conurbano". Aclaración: esta última retahíla de lugares comunes berretas es casi textual del discurso del gobernador en la velada.

No hace falta mucho esfuerzo intelectual para detectar la similitud con los disparates del ingeniero Huergo en Clarín en pleno conflicto con las patronales del campo por las retenciones móviles de la resolución 125: la idea de un eje representado por el núcleo sojero de la pampa húmeda opuesto al conurbano bonaerense, que sería un reservorio parasitario de electorado clientelar deliberadamente mantenido en la pobreza al servicio del populismo, y no mucho más. Por entonces -y antes, y aun hoy- se hablaba de "la mitad del país que trabaja para mantener a la otra mitad".

Frente a Milei y en su provincia, Pullaro evitó reclamarle al presidente por los aportes para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones, la poda en los subsidios al transporte, la eliminación del incentivo docente o el corte de las transferencias nacionales para ejecutar obras públicas. Prefirió en cambio pedir que le transfieran las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial en la zona de los puertos por donde sale del país la producción agrícola, para tomar a su cargo -y de los santafesinos- su mantenimiento y reparación. Tampoco reclamó por la disolución del ente de control estatal de la hidrovía, y con ella la pérdida del lugar que la provincia tenía en su directorio.

Es decir, convalidó con su silencio en un caso y con su pedido explícito en el otro, los reclamos de CIARA y los grandes grupos exportadores, así como antes pidió una y otra vez -junto con sus pares de la Región Centro- por la eliminación de las retenciones, con la enjundia con que no pidió que no se repusiera Ganancias sobre los salarios más altos, o no se eliminaran los subsidios nacionales a las tarifas de los servicios públicos.

Tanta coincidencia no debería llamar la atención: la propia existencia misma de la denominada "Región Centro" no tiene tanto que ver con la geografía, la historia y hasta la misma conformación económica tradicional de las provincias que la conforman, como con la absoluta coincidencia entre la reforma constitucional del 94' que introdujo la regionalización de las provincias argentinas, con la explosión del boom sojero basado en el paquete tecnológico y la siembra directa aplicadas a la producción agropecuaria exportable.

Yendo más allá en el tiempo, ésta idea de que la Argentina se agota en "el país de los ganados y las mieses" que ensalzaba Lugones ha perdurado como una de las constantes más inalterables de nuestra matriz cultural, junto con la idea de que el peronismo vino a irrumpir para arruinar las cosas, en lugar de -como sucedió- surgir para expresar lo que ya no era contenido ni social, ni política ni económicamente dentro de los estrechos marcos del modelo de la economía pastoril. 

Y hoy tampoco alcanza para contener a los 47 millones argentinos, con el boom sojero y sus derivados industriales: de lo contrario no se entiende como Santa Fe -por decir algo- tiene indicadores de pobreza por encima de la media nacional, o no hay migraciones internas masivas como las de la década del 40', pero en sentido inverso: desde el conurbano bonaerense, hacia las provincias "modelo" de la Región Centro. A menos -claro está- que se crea, como lo hacen los que han leído mal a Germani, que Perón trasladó artificialmente industrias a la vera del Riachuelo para contar con una masa de maniobra humana disponible para intentar un 17 de octubre, cada vez que necesitara revalidar su poder. 

Lo curioso es que Milei (que es más porteño que el subte, y no ha pisado el conurbano bonaerense desde que es presidente, salvo para dormir en Olivos cada noche) no solo añora esa Argentina presuntamente dorada y exitosa, sino que coincide absolutamente con la idea de los que están detrás de los planteos de Pullaro y sus colegas gobernadores de la Región Centro -que reclaman un protagonismo político perdido desde que la misma reforma del 94' reforzó la centralidad del conurbano al establecer la elección directa para presidente- en hacer del país poco más que una economía de enclave, sustentada en el extractivismo de los recursos naturales, sin planificación estatal del desarrollo ni control estratégico sobre ellos: otra vez -aunque en éste caso lo disfracen- la contrafigura del país que imaginó y ejecutó Perón en sus gobiernos. 

La similitud no es mera ocurrencia nuestra: está plasmada en las coincidencias habidas hasta acá entre Milei por un lado, y Pullaro y varios más como él por el otro, en sostener a rajatabla el mega DNU 70 y apoyar la ley bases incluyendo el RIGI, esa versión moderna -si de Santa Fe hablamos- de "La Forestal". Otra vez: coincidiendo no solo entre sí sino como anillo al dedo, con los intereses económicos más concentrados del país y -sobre todo- del exterior.

De allí que si de lo que se trata es de discutir o contraponer modelos de país (algo que sin dudas es necesario en estos tiempos aciagos) empecemos por no falsear el debate y no solo llamar a las cosas por su nombre hablando cada uno por sí y no para traficar la hoja de ruta de otros. Con la centralidad de la política -que en democracia debe expresar los intereses de la sociedad, sintetizándolos cuanto sea posible- definiendo el diseño de ese modelo, y sus implicancias: hacia donde, para quienes y para qué.

Con todos adentro -sin tirar gente por la ventana- con todas las provincias y regiones, sus recursos, potenciales y posibilidades, apostando a la construcción de un país en serio. No un simple conjunto de "economías regionales", enclaves extractivistas o un rosario de terminales portuarias para la exportación. Tuits relacionados:

lunes, 29 de abril de 2024

QUIOSQUEROS

 

El gobierno de Pullaro viene instalando el tema de la reforma previsional en la provincia, a partir del déficit de la Caja de Jubilaciones. Y esa reforma viene -sí o sí- con recorte de derechos para los trabajadores activos y los jubilados provinciales: aumento de la edad, eliminación de los regímenes de compensación de edad y años de servicios, del 82% móvil, aumento de los aportes personales, o todo eso junto.

Y para desarmar la posible oposición a la reforma, acude a cuanto argumento efectista (y posiblemente efectivo en algunos sectores) tiene a mano: la semana pasada el propio Pullaro recorrió los medios repitiendo que no es posible que los quiosqueros santafesinos paguen con sus impuestos el déficit de las jubilaciones de los empleados públicos.

Claro que se abstuvo de entrar en mayores precisiones sobre quienes deberían pagar ese déficit en su reemplazo, como así de proponer otras alternativas para financiarlo, o mejorar las cuentas públicas. Como por ejemplo aumentarles los impuestos a los sectores con mayor capacidad contributiva: los quiosqueros por ejemplo (como toda la actividad comercial) pagan Ingresos Brutos, que representa entre un 75 y un 80% de los recursos tributarios propios de la provincia, pero el mayor polo exportador del país que está radicado en ella, no.

Del mismo modo que el sector agropecuario no paga Ingresos Brutos desde 1992, y lo que paga de Inmobiliario Rural por sus propiedades valorizadas en dólares en medio del boom sojero de las últimas décadas, es un valor simbólico, que parece un chiste. Tampoco le pareció oportuno al gobernador explayarse sobre otros gastos del Estado provincial que también son financiados -entre otros- por los quiosqueros con sus impuestos, como por ejemplo los más de 177.000 millones de pesos que se destinarán este año a subsidiar la educación privada.  

Sin embargo, hay otros gastos que Pullaro no tiene problemas en financiar: el artículo 50 de la Ley 14245 (Presupuesto provincial para éste año) lo autorizó a endeudarse con el sector privado (no organismos multilaterales de crédito) "...para el financiamiento total o parcial de proyectos de inversión pública y/o adquisición de bienes de capital y/o la atención de las necesidades financieras que demandará la cancelación de los servicios de la deuda del ejercicio...". O sea, para hacer obras, comprar bienes de capital (por ejemplo patrulleros, ambulancias o maquinaria vial), o para pagar la deuda que contraiga durante el ejercicio: deuda para pagar deuda, digamos.

Ese endeudamiento -según la ley- puede ser con plazos de amortización que van desde uno a 10 años (lo que incide obviamente en los intereses), es decir que puede afectar a futuros gobiernos. Y autoriza a afectar en garantía de su pago los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos.

Pues bien, mediante el Decreto 510 del 19 de abril pasado (cuyas imágenes cierran el post) el gobernador decidió gastar todo ese monto de endeudamiento (reiteramos: de 50.000 millones) para hacer obras viales de acceso a los puertos provinciales, en beneficio del sector exportador. Y tan ingeniosa idea es apologizada en esta publinota de El Litoral en la que la autoría intelectual de la misma se le atribuye a la Bolsa de Comercio de Rosario, lo cual debe ser cierto: solo a ellos se les pudo haber ocurrido.

Se dice incluso en la nota que la provincia acaba de licitar y adjudicar (antes de endeudarse) obras de acceso a "...las plantas de Renova, LCD, Cofco, Aca y AGD." (todas pymes locales, como se sabe) y que "La Bolsa rosarina actuará para captar recursos financieros de la región, ya sea de empresas o de particulares, para la adquisición de los títulos.". Para que se entienda: los sectores ligados al complejo agroexportador van a canalizar parte de sus excedentes en prestarle plata al Estado provincial para que éste les construya rutas de acceso a los puertos, y así se quedan con la ruta, los puertos, las exportaciones y el cobro de la deuda.

Que va a recaer también -aunque el gobernador se olvidara de mencionarlo- sobre los quiosqueros santafesinos. PD: acá el ministro de Obras Públicas y simultáneamente senador Enrico dice que esas obras será ejecutadas mediante "...un esquema de concesión y mantenimiento.". Si uno supiera que generalmente no tiene la menor idea de lo que dice, creería que además de endeudar al Estado para hacer obras para privados, después de terminadas les van a dar esas mismas obras a otros privados para que -con el cuento de mantenerlas- cobren peaje.

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lunes, 28 de noviembre de 2022

LA SARTÉN POR EL MANGO, Y EL MANGO TAMBIÉN

 

Tal como señala la imagen de apertura, hoy empieza a regir la segunda edición del "dólar soja", materializado en el DNU 787 publicado este mismo lunes en el Boletín Oficial (completo acá). La medida era más cantada que la marcha peronista desde que se la impuso por primera vez en septiembre, y significa una segunda capitulación del gobierno -frente a la escasez de reservas del Banco Central- frente a los sectores agroexportadores que retenían las divisas a la espera de lo que finalmente terminó pasando: otra devaluación a medida del sector que tiene la sartén del dólar por el mango, y el mango también.

Según se calcula, el beneficio que se les concede supone una emisión adicional de 210.000 millones de pesos que irán directamente a los bolsillos de los sojeros, sin que ningún monetarista proteste por ello: al parecer, hay emisiones buenas y malas. Con la primera versión del "dólar soja" (instrumentada por el DNU 576), sumarán 460.000 millones de pesos transferidos desde el Banco Central al complejo agroexportador, en menos de tres meses: al parecer, en algunos casos el presidente sí parece dispuesto a usar la lapicera.

Entre los considerandos del decreto se señala que "...la REPÚBLICA ARGENTINA es un relevante exportador mundial de las manufacturas de la soja, productos con baja incidencia directa en la cadena de abastecimiento nacional; de allí que esos alimentos y materias primas no generen impacto directo en la canasta familiar ni en las mediciones del índice mensual de inflación.", lo cual además de discutible (por aquello de las rentabilidades comparadas que bien se demostró en 2008 con el conflicto por las retenciones móviles), se contradice con otro punto del mismo decreto, que señala que "...todo estímulo exportador a los sectores mencionados redunda en ingresos fiscales incrementales a través del cobro de derechos de exportación como tributos nacionales y provinciales."; pues bien se sabe que uno de los sentidos de las retenciones es desacoplar los precios internos, de los internacionales, para no importar inflación.

Aunque pensándolo bien, no hay tal contradicción: el mismo gobierno que le genera al sector una devaluación a medida y una colosal transferencia de ingresos a su favor, ha jurado en todos los tonos e idiomas posibles que no le aumentará las retenciones, con lo cual la esperada mejora de los ingresos fiscales vendría por el incremento de las exportaciones, no de la presión impositiva sobre el complejo agroexportador. Por otro lado, esos sectores (los exportadores) no pagan ningún impuesto en las provincias, porque en todas ellas -por ejemplo- están exentos de Ingresos Brutos, por los pactos fiscales concluidos en los 90'.     

El análisis estrictamente económico de la cuestión podría concluirse señalando -como lo hicimos acá- que "...este gobierno se autolimitó desde el comienzo de su mandato (cuando logró que el Congreso sancionó la ley de emergencia) en su capacidad de poner altos derechos de exportación (retenciones), e incluso ha persistido (con Guzmán y ahora con Massa al frente de la gestión económica) en las políticas "ofertistas" para con los sectores exportadores, como si ganar mercados internacionales dependiera del nivel de los derechos de exportación que el país aplica a sus ventas externas, y no de la demanda de los productos que el país exporta."

"O como si dependiera del nivel del tipo de cambio -que en todo caso incide en la rentabilidad de los que exportan-, como pareciera sostenerlo el gobierno al administrar devaluaciones sectoriales (el "dólar soja", ahora el que beneficiaría a las "economías regionales"), que obviamente en una economía bimonetaria como la nuestra y sin desacople vía retenciones, solo alimentan la inflación. Los resultados de esa política están a la vista: en un contexto de alta inflación persistente, los precios de los alimentos y bebidas (bienes de consumo esenciales de la canasta básica, inelásticos a las variaciones de la demanda por esa razón) rankean alto, por encima incluso del promedio general inflacionario.". 

Si se repiten las medidas, es necio esperar que no se repliquen los resultados, como pasa con otras concesiones "ofertistas" al capital, como los recientes aumentos autorizados en el bioetanol, que impactarán en los precios de los combustibles, retroalimentando una inflación que se dice querer bajar; y profundizando el deterioro del poder de compra de los salarios y jubilaciones. 

Por otro lado, las medidas compensatorias brillan por su ausencia: del famoso "bono" o suma fija que -por ejemplo- reclamó Cristina no hay noticias, o sigue "en estudio": para esos casos la lapicera presidencial parece quedarse súbitamente sin tinta; y el anunciado congelamiento de precios está en veremos por la presión de las alimenticias, amén de que, sin lo primero (el bono o alguna forma de recomposición de los ingresos populares) lo segundo (el congelamiento), aun de concretarse y cumplirse, solo sacaría una foto transitoria de un patrón regresivo de distribución del ingreso, que no se modificaría.

Decíamos más arriba que hasta acá llegábamos con el análisis estrictamente económico de la medida, que seguramente podría ampliarse. El análisis político -de algún modo sugerido al principio cuando señalamos que se trata de otra capitulación más del gobierno frente a las fracciones más concentradas del capital- se limita a una simple y sencilla pregunta: ¿alguien supone que por éste camino se puede ganar una elección, revirtiendo la derrota del año pasado?