LA FRASE

"EL QUE NO QUIERA QUE LO DEPORTEN, QUE SE VAYA A VIVIR A NORUEGA." (FERNANDO NIEMBRO)

domingo, 17 de diciembre de 2017

ES OFICIAL: GOBIERNAN EN PIJA


Si sí, no hay error: es esa obra, la de las coimas pagadas por Odebrecht.

La misma a la que Macri le asignó 45.000 millones de pesos de presupuesto por un DNU; alterando las bases de la licitación y el contrato, que disponían que el financiamiento de la obra estaría a cargo de la contratista.

Y la misma de la cual corrieron a IECSA (la empresa de su primo Calcaterra, que en realidad sigue siendo suya, porque nunca se la pagó) para que pase a manos de la italiana Ghella.

Que es de su papá Franco, o sea, de él. 

Esa es la obra que eligieron como emblema para que el gato busque la reelección.

Y en el fondo está bien: es la que mejor representa a esta banda que nos gobierna.

Ojo: todo esto es anterior a los sucesos del jueves pasado en el Congreso; que demostraron una vez más que discurrir en la Argentina sobre largas hegemonías políticas de tal o cual proyecto político es un ejercicio de masturbación intelectual.

EL FRACASO DE LAS METAS DE INFLACIÓN


En la edición del lunes pasado de "Y nadie hace nada" que hacemos por la FM Chalet 100.9 entrevistamos a Mariano Kestelboim (foto), para hablar sobre el fracaso de la política anti-inflacionario del gobierno; en especial de las "metas de inflación" del Banco Central comandado por Sturzenegger.

Conversamos con él sobre el rol que cumplen los economistas tradicionales y consultoras de la city que el BCRA consulta habitualmente en el "relevamiento de expectativas de mercado": alinearse con las proyecciones de los gobiernos que ejecutan políticas de corte ortodoxo y monetarista (de los cuales obtienen jugosos contratos), para bajar las expectativas de inflación.

Una política que a su vez -como nos explicaba- tiene por objeto central deprimir los reclamos salariales en paritarias, para forzarlos a la baja. Y lo mismo sucede con las jubilaciones, como él señala en la nota; cuando calcula que el año que viene la inflación (sumada al cambio de fórmula de ajuste que impulsa el gobierno) les hará perder a los jubilados uno de sus trece sueldos.

En el mismo sentido, así como en 2016 los salarios y jubilaciones perdieron frente a la inflación finalmente producida, este año van por el mismo camino -pese a las promesas oficiales- y según nos decía Kestelboim, todo indicaría que se repetiría el proceso porque además -y esto lo decimos nosotros- es el efecto buscado.

La suba de las tasas de interés y la apertura indiscriminada de las importaciones han sido hasta acá las herramientas utilizadas por el gobierno para intentar dominar la inflación, mientras la alimenta con los aumentos de tarifas y la liberación del precio de los combustibles. Como señalaba Mariano, no parecía una estrategia destinada a tener éxito. 

Acá abajo les dejamos el audio del reportaje:



sábado, 16 de diciembre de 2017

SI POR "HISTÓRICO" ENTENDEMOS NO HABER CUMPLIDO NINGUNA, ESTAMOS DE ACUERDO


GENTE QUE NO LEE LO QUE FIRMA


Tras ser aprobada por una cómoda mayoría en el Senado, la reforma previsional impulsada por Macri (léase meterles la mano en el bolsillo a los jubilados) no tuvo el tránsito sencillo en Diputados que todos auguraban, y luego de los bochornosos incidentes del jueves pasado es natural que algunos salgan a despegarse de ella.

Como vemos que hace el gobernador Lifschitz en esta nota de Rosario 12 en la que dice que la reforma "no estaba contemplada en el pacto fiscal", y sólo se hacía una "mención genérica" a la necesidad de fijar una nueva fórmula que ajustara las jubilaciones por encima de la inflación.

Como el hombre parece andar flojo de memoria y no recuerda que es lo que firmó aunque haya sido hace apenas un mes, se lo vamos a recordar transcribiendo abajo la parte pertinente de las cláusulas que firmaron los gobernadores (él incluido) con Macri en el llamado "consenso fiscal", y que tienen directa relación con la reforma previsional, y más abajo explicamos de que se trata:


1. El disparador inmediato del "consenso fiscal" fue aquel fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn que le dio la razón a Santa Fe (entre otras provincias) en que cesaran los descuentos de la parte que le correspondía de la precoparticipación que se destinaba a la ANSES. O sea que el socialismo fue uno de los que dio el puntapié inicial para desfinanciar el sistema nacional de seguridad social; poniendo en peligro su sustentabilidad, y dando así pie a los argumentos de la reforma macrista.

2. El otro disparador -según lo reconoce hoy hasta el propio gobierno y lo señala el pacto- fue la "reparación histórica" que consistió en reajustarles los haberes a algunos de los jubilados de mayores ingresos. Esa medida -lo dice el pacto- estaba contenida en la Ley 27.260 que aprobó el blanqueo de capitales (para el cual la "reparación" fue la excusa perfecta); que contó con el voto positivo del socialismo.

3. Expresamente el pacto que firmó Lifchitz y que ahora parece no recordar dice que sus cláusulas se redactan "en ese marco".

4. Convienen los firmantes en modificar el artículo 104 de la ley del impuesto a las Ganancias, que en lo que interesa ahora dispone lo siguiente: "Art. 104 - El producido del impuesto de esta ley, se destinará: a) El VEINTE POR CIENTO (20 %) al Sistema Unico de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las Obligaciones Previsionales Nacionales." (la negritas son nuestras). O sea que acordaron sacarle recursos al sistema de seguridad social.

5. En el mismo pacto se decide destinarle a la ANSES el 100 % del producido del impuesto al cheque, pero sin mencionar que ya venía recibiendo el 70 % de ese impuesto, o sea que solo recibirá un 30 % más. La diferencia entre el 20 % de la recaudación de Ganancias que le sacan a la ANSES y el 30 % del impuesto al cheque que le agregan es de por lo menos 68.000 millones de pesos, en contra, o sea recibirá menos recursos, como consecuencia del pacto fiscal.

6. Cuanto el pacto aborda el tópico de la reforma previsional, empieza por plantear la necesidad de introducir cambios en la fórmula de movilidad de los haberes aprobada por la Ley 26.417 (que con justicia debería ser llamada ley Boudou), "dadas las reformas propuestas en el régimen tributario y en la distribución de los recursos públicos", o sea, en criollo: hay que cambiar la fórmula, porque la ANSES tendrá menos recursos para pagar los aumentos, y uno de los componentes de la fórmula eran los recursos tributarios que le estaban afectados.

7. El pacto dispone aprobar una fórmula sustitutiva por la cual los haberes de los jubilados se ajusten trimestralmente por arriba de la inflación. Lo del "plus" del 5 % de lo que creciera el PBI lo agregó Pichetto en el Senado. Lo cual supone que ya en ese momento, al firmar el pacto, Lifschitz al igual que lo demás gobernadores sabían que estaban acordando una fórmula que era más perjudicial para los jubilados que la que está vigente.

8. En la cláusula siguiente, los gobernadores que firmaron el pacto consintieron el tratamiento discriminatorio a los jubilados de la moratoria que ahora se repite con el "bono compensatorio", y la burla de compometerse a pagar un 0,2 % de mejora a los jubilados de la mínima "con aportes efectivos", porque les prometen el 82 % cuando hoy están cobrando el 81,8 % del Salario Mínimo Vital y Móvil.

9. Por si todo esto fuera poco, Lifschitz -como veíamos acá- acaba de mandar a sesiones extraordinarias de la Legislatura santafesina la aprobación del pacto fiscal. Y fue luego de la aprobación holgada de la reforma en el Senado, pero antes del escándalo en Diputados.

La cuestión es muy sencilla; en Senadores la reforma salió como por un tubo, y Lifschitz y el socialismo no tuvieron que pagar el costo de aprobarla, porque no tienen senadores.

En Diputados se empantanó por la reacción popular, y se terminó de empiojar con la brutal represión desatada por el gobierno de Macri en el Congreso. No era el marco adecuado para que su único diputado (Contiggiani) diera quórum y la aprobara; menos cuando el gobierno parecía tener los números para lograrlo, sin su ayuda.

Pero no nos quieran tomar por boludos., y hacernos creer que no leen lo que firman.  

"LOS QUE APORTARON Y LOS QUE NO APORTARON"


Demostrando que en política siempre se puede caer más bajo si uno se lo propone, el gobierno y una parte de los gobernadores del PJ se aprestan a intentar sancionar nuevamente la reforma previsional este lunes; firmando un segundo trato pampa en el que a semejanza del par de zapatillas de aquel lugar común de la crítica al clientelismo, unos entregan primero el aporte al quórum y a la aprobación de la ley, y corroborado esto los otros entregan su parte: el "bono compensatorio" de una ley que -según el gobierno- no solo no hará perder derechos y plata y poder adquisitivo a los jubilados, sino que se los hará ganar. 

Y lo harán apretados bajo la muy republicana amenaza de un DNU presidencial que apruebe la reforma, y antes del vencimiento de una montaña de LEBAC´s el martes; lo que refuerza la necesidad del gobierno de "dar una señal a los mercados" para evitar una disparada al dólar.

Es raro esto de "compensar" si no se pierde, pero lo cierto es que además el "bono" repite la misma discriminación del acuerdo original: distingue entre los jubilados "que hicieron aportes y los que no", en referencia en éste caso a los que accedieron al beneficio a través de las dos moratorias previsionales aprobadas durante los gobiernos kirchneristas en 2004 y 2014. En el pacto fiscal original, estos jubilados quedan afuera de la garantía del 82 % del salario mínimo vital y móvil para la jubilación mínima (hoy está en el 81,8 %, así que como se ve el esfuerzo no es muy grande que digamos), porque no hicieron "aportes efectivos"; en las propias palabras del acuerdo.   

Hace bastante tiempo ya decíamos nosotros en ésta entrada: "Desde el kichnerismo y en el marco de las políticas macroeconómicas implementadas en la post convertibilidad, se puso el acento en la ampliación de la capacidad de cobertura del sistema de seguridad social (tendiendo a universalizar sus beneficios tanto como fuera posible), y en paralelo con eso, en su sustentabilidad financiera. Desde la oposición en cambio (en espejo con la instalación del tema en la agenda de los medios hegemónicos, y con los planteos de la corporación judical) se pone el acento en la discusión sobre la tasa de sustitución, es decir el porcentaje que cobran los jubilados, medido sobre el sueldo que percibe quien desempeña en actividad su misma función, o corresponde al mismo sector de la fuerza laboral: a esa lógica responden la cuestión del famoso 82 % móvil (que el Grupo A impulsara en el Congreso sin atender a ninguna fuente cierta de financiamiento) y los juicios por el reajuste de los haberes previsionales.

La diferencia no es menor en términos de sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social, y (sobre todo) de equidad distributiva de los recursos disponibles; como tampoco de lectura del impacto de las políticas neoliberales de los 90' en el entramado social. En efecto, si al diseñar la política previsional se pone el acento (como lo hizo el kirchnerismo) en la ampliación de la capacidad de cobertura, se está reparando en parte el desmadre que produjeron en la sociedad los altísimos niveles de desempleo, informalidad y precarización laboral de las políticas neoliberales, sea al permitirle acceder a un beneficio jubilatorio a quien no podría lograrlo en condiciones ordinarias (programa de inclusión previsional, con 2,5 millones de nuevos jubilados), u otorgándole los beneficios de la seguridad social a los excluidos del sistema o informalizados (3,7 millones de beneficiarios de la AUH, por ejemplo).

Si por el contrario, se pone el acento en la tasa de sustitución (como lo hace la oposición al plantear el 82 % móvil), por más loables que sean las intenciones, se está congelando y perpetuando la inequidad laboral, salarial y distributiva con la que la sociedad argentina emergió de los 90' y de la crisis de la convertibilidad; y además se está poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera del conjunto del sistema." Las negritas son nuestras y vienen a cuento de que ahora desde el propio gobierno se reconoce que la "reparación histórica" que benefició a un grupo reducido de jubilados de los de más altos ingresos, afectó la sustentabildad financiera del sistema. 

Por otro lado, en este otro posteo señalábamos lo siguiente: "Es obvio que los niveles de las jubilaciones y pensiones distan mucho del ideal y que en un país con historia inflacionaria como el nuestro la queja por los bajo ingresos tiene siempre fundamentos; pero lo real es que la idea de ampliar la cobertura previsional chocó de frente muchas veces contra el paradigma de la "tasa de sustitución", en especial con el reclamo del 82 % móvil; convertido en una especie de fetiche. Mas aun entre quienes cobran jubilaciones que no vienen de las moratorias: "ganamos poco porque jubilaron a gente que no hizo aportes" es la queja habitual; como si las personas eligieran voluntariamente estar desempleadas, o trabajar en negro.

El famoso "82 % móvil" es un reclamo que tiene que ver con un combo de remembranzas bastante particular, con quiebres en la memoria histórica social: por un lado nos remite a un país de pleno empleo, estabilidad laboral y bajos niveles de empleo informal, sin mayores desigualdades salariales entre sectores de trabajadores. Y por el otro, tributa a la lógica de los sistemas de capitalización individual ("yo aporté más, tengo que cobrar más"), y a la perpetuación en la etapa de la pasividad de las asimetrías salariales que se agigantaron en los 90' y años posteriores; como consecuencia del modelo de desarrollo elegido." (otra vez las negritas son nuestras).

La discriminación en perjuicio de los jubilados de las moratorias (inmensa mayoría de los cuales son mujeres) descansa además sobre prejuicios hondamente arraigados en muchos sectores de la sociedad: "acá el que no trabaja es porque no quiere" (no porque no consigue, lo despidieron o lo negrearon durante años), "ser ama de casa no es un trabajo" y cosas por el estilo.

Sin perjuicio de lo apuntado, es interesante hacer notar que hay otro aspecto de la reforma que ha pasado casi desapercibido, oscurecido por la discusión en torno a la fórmula de ajuste de los haberes: de prosperar el proyecto enviado por el gobierno al Congreso un trabajador que se jubile perderá de su haber inicial como pasivo unos 20 puntos en promedio, respecto a la actual tasa de sustitución con los haberes de quien está en actividad en la misma función; que ronda el 62 % promedio, y que creció hasta allí desde el 46 % durante los años del kirchnerismo.

Esa es una de las cuatro recomendaciones centrales formuladas por el FMI al gobierno sobre el sistema previsional; y atendidas por éste; y supone un saqueo al bolsillo de los futuros jubilados mucho mayor que el de la fórmula de ajuste, e imposible de cuantificar ahora. Por otra parte, es una forma indirecta de subir la edad jubilatoria: cuando los trabajadores vean que al jubilarse pasarán a cobrar un 40 o 42 % de su salario en actividad, seguramente pospondrán el acceso a la pasividad, con los previsibles efectos en el mercado de trabajo y la tasa de desempleo, en especial de los sectores juveniles. 

Además de las objeciones que se le han hecho a la reforma previsional desde la óptica de que a la hora de recortar gastos, el gobierno elige perjudicar a los más débiles, están también estas otra cuestiones; que se insertan en el contexto de un retorno de las ideas noventosas que estallaron en la crisis del 2001, de la mano de la recomposición de la misma alianza política (que incluye al peronismo o parte de él) de entonces, y el intento de borrar de la memoria la experiencia kirchnerista, en todos los planos; con el agravante de que ambas moratorias previsionales tuvieron un amplísimo consenso entre todas las fuerzas políticas, al momento de ser aprobadas.

viernes, 15 de diciembre de 2017

TWEETS POLÉMICOS


"NO CUENTEN CON NOSOTROS"


 La imagen de apertura corresponde al comunicado de prensa subido desde la cuenta oficial de Twitter del Ejército Argentino, respecto a la participación de unidades de transporte de la fuerza utilizadas ayer en el operativo de seguridad montado en el Congreso.

Está aclarando en qué carácter estaban allí: para transportar a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), afectados a su vez al operativo de seguridad de la cumbre de la Organizacióm Mundial del Comercio (OMC).

Y tal como lo señalan, lo fundan en el artículo 27 de la Ley 24.059 de seguridad interior, que señala lo siguiente: "En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior.".

Sin embargo, el comunicado está diciendo mucho más que eso: luego de una jornada bochornosa por la represión brutal descargada por las fuerzas de seguridad federal al mando de Patricia Bullrich contra los manifestantes, y hasta contra personas en situación de calle que viven en los espacios públicos aledaños, el Ejército Argentino se desmarca y está señalando claramente que ellos no participaron de la represión, ni tuvieron responsabilidad alguna al respecto.

Pero también están avisando que no los tengan en cuenta para esos menesteres, y no por convicciones democráticas, sino para evitar caer en el mismo barro al que arrastró el gobierno a las fuerzas de seguridad; muchos de cuyos integrantes -por cierto- se revuelcan gustosos en él.

Una aclaración muy importante, en momentos en que en el gobierno se analiza la posibilidad de modificar el Decreto 727/06 reglamentario de la Ley 23.554 de Defensa Nacional, para involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior; en "hipótesis de conflicto" como la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo.

Para que una institución regida por los principios de la más absoluta verticalidad como el Ejército decida desmarcarse en público de tal modo de lo que es una decisión de los más altos niveles políticos del Estado (el presidente Macri) como reprimir a mansalva a los manifestantes ayer, es porque el vínculo de la fuerza armada con ese poder político está absolutamente desmadrado.

Lo que no debería extrañar si se repara en el contexto en el que el comunicado se emite, marcado por la crisis en la Armada por las responsabilidades emergentes de la desaparición del submarino ARA San Juan y sus tripulantes; y el tristísimo papel desempeñado en todo el entuerto por el inútil ministro de Defensa Oscar Aguad.

Otro ejemplo más de la degradación constante de la autoridad que la Constitución le confiere a Macri en su carácter de presidente (en éste caso como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas); como consecuencia de sus propias decisiones. 

¿VAMOS LLAMANDO A LA BRIGADA DE EXPLOSIVOS, LUIS?


(*)

El Presidente Mauricio Macri sostiene que si la reforma previsional no sale de Diputados tal como la aprobó el Senado, la inercia del aumento del gasto social se transformará en una bola de nieve que hará explotar a la economía. (Ah mirá vos, hubiéramos pensado que ese riesgo se corría con la deuda externa y las LEBAC´s. Todos los días se aprende algo) Lo explicó el martes, con sinceridad brutal, el propio Jefe de Estado como nadie de su gobierno lo había hecho antes. (¿Vos decís que hasta ahora nos estuvieron mintiendo con lo del segundo semestre y los brotes verdes, Luis?) Le dijo, primero, al individuo con el que estaba hablando que el total del gasto social se está volviendo cada vez más alto, más rígido y menos controlable. (No se estaría notando che) Por lo pronto, agregó, ahora mismo representa el 76 por ciento del total del gasto primario. Esto es: sin contar los intereses. (Que es lo que verdaderamente le preocupa: pagar la deuda puntualmente, para que le sigan prestando)

Con una lapicera y un papel en la mano (¿Los dos en la misma? qué difícil para escribir) explicó que de ese 76 por ciento, 57 corresponde a la llamada Seguridad Social. La diferencia entre el 76 y el 57 por ciento se explica así: por el 8.1 por ciento que se destina a la Educación, un 4.3 por ciento a la Salud, un 2.3 por ciento a la Promoción Social y un 2.2 por ciento a Vivienda y Agua. El 24 por ciento que resta del presupuesto se usa para pagar las obras públicas, los subsidios a la energía y el transporte y las remuneraciones de toda la administración del gobierno nacional. (¡Pará, pará, pará!: ¿vos decís entonces  que "el plan de obras más ambicioso de la historia" no mueve el amperímetro del gasto, y que los otros dos rubros que eran "la gran bola de nieve" que atacaron estos años -los subsidios y los sueldos de los empleados públicos- tampoco, o sea que los tarifazos fueron al pedo? Dolor Aranguren) El líder de Cambiemos afirma que en ningún país del mundo con una economía sana el gasto social crece de manera exponencial como en la Argentina. (Salvo en los países que además de una economía sana tiene los más altos grados de desarrollo humano, como Suecia, Noruega o Finlandia)

¿Y en que se basa para decir que el gasto en Seguridad Social está creciendo de manera descontrolada?, le preguntó el individuo con el que estaba dialogando el Presidente.  (¿Eras vos o Sirvén? por lo de "individuo" pareciera que fuera él, que te viene desplazando en la entrepierna presidencial) Entonces Macri lo puso en contacto con los altos funcionarios que tienen en la cabeza esos números. (Seguro que no fue con Dujovne, que ya sabemos que no saca cuentas) Y los agentes públicos mostraron estadísticas oficiales. (Y sí, de eso hablaban. No le iban a mostrar el padrón de socios de Boca o el último focus group de Durán Barba) Dicen las estadísticas, por ejemplo, que el gasto en seguridad social representó, entre 2010 y 2015, el 44 por ciento de todo el presupuesto primario. (Ah mirá vos, y eso que decían que el kirchnerismo pagaba jubilaciones de miseria y se había robado todo. O sea que en el mejor de los casos se robó el 56 % restante) Pero en 2016 ya había trepado al 48 por ciento y para 2017 va a terminar cerrando en un 54 por ciento. (¿No habrá tenido algo que ver la reparación histórica, no?) Dicen también, las planillas excel del Presupuesto 2018, que el gasto en Seguridad Social trepará hasta el 57 por ciento. "A este ritmo nos estrellamos más temprano que tarde" reflexionó. (La bomba de tiempo de los jubilados que todavía no llegaron a cobrar los 9000 y pico que dijo él hace un año y medio en lo de Mirtha Legrand)

¿Pero por qué se aceleró tanto el gasto? Macri le adjudica la responsabilidad a Cristina Fernández (Cuando no, para variar) quien decidió incluir en el sistema a más de 4 millones de personas que no habían hecho los aportes para jubilarse. (No burro, no lo decidió ella: fueron dos leyes del Congreso, la primera votada en el 2004 cuando el presidente era Néstor, y la segunda en el 2014 y la votaron hasta los diputados del PRO) Los técnicos de la secretaría de Hacienda y de la ANSES lo explican de una manera didáctica. El sistema previsional tenía, hasta la inclusión compulsiva (Claro, porque los incluyeron de prepo, sin que tuvieran que ir ellos a hacer los trámites) de los trabajadores que no habían aportado, (Porque no habían estado trabajando porque no conseguían empleo o los echaron, o porque los tenían en negro, sorete. Y los aportes los tiene que hacer el patrón) tres millones y medio de beneficiarios. Sus haberes se calculaban con una fórmula casi exclusivamente vinculada a la recaudación de la ANSES.  (Pero entonces el PRO reclamaba el 82 % móvil, sin importarles si el ANSES tenía o no los recursos para pagarlo) Pero a partir de la inscripción de los nuevos beneficiarios sin aportes, (A los que les descontaron de las jubilaciones las cuotas de la moratoria, burro) en vez de seguir distribuyendo los pagos sobre el número total de todos los jubilados, lo que hubiera afectado a los "viejos", se decidió seguir haciendo la cuenta original y pagarle a los recién inscriptos con plata de "otra caja". (Incomprensible y sanatero lo que acabás de decir: a todos les paga el ANSES, de la misma "caja", desde siempre. Por eso se llama sistema solidario, y de reparto) Es decir: en vez de repartir porciones más chicas de la misma torta, se decidió "comprar otra" imprimiendo billetes o endeudando al Estado. (Cosa que ahora, como sabemos, no está pasando. Y fijáte vos que pudieron hacerlo mientras -a la inversa de lo que decís- desendeudaban al Estado, sin lo cual ahora Macri no podría endeudarlo brutalmente) Entre 2010 y 2015 ese nuevo escenario le costó al Poder Ejecutivo aproximadamente 65 mil millones de pesos adicionales. (O sea 13.000 millones por año, en el presupuesto nacional, nada. Menos de la deuda que les perdonaron a las distribuidoras de electricidad, y muchísimo menos de lo que pagan por intereses de las LEBAC´s desde que asumió Macri. Para ser más precisos, serían unos 17 días de intereses de LEBAC´s) Pero hoy ese "gasto" se elevó hasta representar casi el 100 por ciento del déficit primario. Es decir: unos 400 mil millones de pesos. (¿Y cómo hacés para determinar que el déficit lo determina eso si el presupuesto se rige por el principio de la universalidad de las cuentas, jeño?)

Los altos funcionarios económicos del gobierno de Cambiemos informan que durante 2017, los haberes de los jubilados habrán terminado unos cuántos puntos por encima de la inflación real, (Que no es la que fijaron ellos como meta, y si ocurre, será gracias a la fórmula que inventó Boudou) y advierten que si no se aprueba la reforma que incluye el cambio de fórmula en el cálculo, no habrá manera de bajar un punto del déficit fiscal, que es la meta a la que se comprometieron en el Presupuesto. (O sea que la fórmula en realidad es para que pierdan contra la inflación, y para ahorrarse guita. Se entiende entonces por qué para aprobarla ocuparon el Congreso con gendarmes) El Presidente habla de situación de riesgo porque el incumplimiento podría interrumpir los préstamos al Estado, (Ahí está el huevo y no lo pise: si le cortan el chorro de la deuda, dura una semana en el gobierno) u obligar a pagar tasas más altas que a su vez aumentarían el déficit (Te tenemos malas noticias, Luis: eso ya está pasando, desde que asumió Macri) y no solo pondrían patas para arriba al sistema previsional o al gasto social, sino a toda la economía. El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne admite que, si se aprueba la reforma, en marzo, en comparación con el sistema de cálculo todavía vigente, el sistema se empezará a ordenar. (A costa de mocharles un 9 % todos los meses el sueldo a los jubilados, o lo que es lo mismo un sueldo completo a lo largo de todo el año, pero bueno, son detalles)

Pero en la secretaría de Hacienda insisten en que, cuando 2018 finalice, los haberes jubilatorios se terminarán ubicando por encima del 5 por ciento de la inflación acumulada. (Claro, como este año los salarios le iban a ganar por goleada a la inflación, según prometió Dujovne) "Ni siquiera tomamos en cuenta el nivel del costo de vida que planteamos en el Presupuesto, sino un promedio del que pronostican las consultoras privadas" (Que son unos chantas que se alinean con las proyecciones del gobierno a cambio de contratitos, y luego van "corrigiendo" las previsiones) me explicó un alto funcionario del área. Según sus cuentas, con el nuevo cálculo, los jubilados y también quienes reciben la asignación por hijo, recibirían, en marzo del año que viene, un aumento del 5.7 por ciento, en junio del 5.6 por ciento, en septiembre del 4.7 por ciento y en diciembre del 4.2 por ciento, lo que representaría un incremento del 22 por ciento contra una inflación de casi el 17 por ciento. (Aunque fuera cierto, recuperarían cinco puntos de los nueve que le mochan de una con el cambio de fórmula. Si no ¿dónde está el ahorro que buscan para que no "explote la economía", jeño?) Si esta reforma sale como desea el gobierno, la ANSES empezará a trabajar en la futura viabilidad del sistema previsional. (La vuelta de las AFJP, digamos todo) El nivel de equilibrio es de 2.5 aportantes para cada jubilado. Sin embargo, ahora mismo, en Argentina es de 1.1 aportante por cada beneficiario. (Falso: hay 12.500.000 trabajadores registrados en el SIPA contra 6.800.000 jubilados y pensionados.

Cada especialista propone una fórmula distinta. Pero en general coinciden en impulsar un registro voluntario de inscripción en el sistema jubilatorio por encima de la edad estipulada, que hoy es de 65 años para los varones y 60 para las mujeres. (O sea, una suba disfrazada de la edad para jubilarse, lo que aumentará el desempleo juvenil y perjudicará el mercado del trabajo) Hay quienes sostienen que lo primero que habría que hacer es equiparar los derechos, basados en la igualdad de géneros y las estadísticas que sostienen que las mujeres son más fuertes, se enferman menos y mueren después que los hombres. (O sea, a ellas subirles en 10 años la edad jubilatoria, y no en 5. Perfecto, sigamos) Hay otros que afirman que un individuo sano podría trabajar hasta el mismo instante en que el cuerpo o el cerebro no le respondan, porque la actividad es mucho mejor que no hacer nada. (Pasále el consejo al presidente, que se vive rascando los huevos. O sea que la idea es trabajar hasta que uno se muera, digamos) Funcionarios intermedios del gobierno informan que hay cientos de actividades que tienen regímenes especiales y jubilaciones de privilegio que dan vergüenza ajena. (¿Cuáles "cientos", Luis, podrías dar alguna precisión al respecto?)

También afirman que cuando la administración de Cristina Fernández lanzó la moratoria para inscribirse sin haber realizado aportes, (Otra vez: fueron dos leyes, una sancionada cuando ella no era presidenta ni legisladora. Y la idea de la moratoria es esa, que entren los que no pudieron aportar. Como los blanqueos de capitales son para los que no pagaron impuestos, evadieron y no declararon bienes al fisco. Pero esos no traen problemas parece) se anotaron señores millonarios (Como en los blanqueos, que son para ellos justamente) que aparecen inscriptos como monotributistas y señoras con varias propiedades y autos de alta gama que se presentaron como amas de casa sacrificadas y con derecho a la jubilación. (Ah, el mismo cuento que cuando les sacaron a los jubilados la cobertura del 100 % de los remedios del PAMI porque detectaron a tres o cuatro que tenían yates. Igual, te comento que son todos votos de "Cambiemos" esos) Hasta la diputada Mirta Tundis, una de las dirigentes más coherentes y quien se opone de manera terminante a la reforma que propone el oficialismo, me dijo que revolearon nuevas jubilaciones a la marchanta, sin el necesario y previo informe socio ambiental para saber si se trataba de alguien al que de verdad le corresponde o de un impostor. (Son jubilaciones, Luis, no pensiones graciables, la situación económica del beneficiario no tiene nada que ver. Si Mirta Tundis te dijo realmente eso, es una chanta que vende que sabe de seguridad social) Por encima de la alerta presidencial, sería bueno volver a discutir una reforma tributaria para que paguen mucho más los que acumulan más riqueza (Lo cual implicaría retirar la que el presidente acaba de enviar al Congreso, porque va por el camino exactamente contrario. Igual, para eso habrá que esperar otro gobierno: éste está formado por los que más tienen, por si no te enteraste) y los grupos de presión sean denunciados por los funcionarios del Estado que consideran sus reclamos abusivos. (Lo cual es un problema cuando los grupos de presión son el gobierno)

En este contexto, el anuncio de la baja del gasto político parece música para los oídos de los votantes de Cambiemos, (Ah sí, esa gente que detesta la política, como los que gobiernan. Pero hacen política para cagarnos a todos) pero los que saben de presupuesto no se engañan: el impacto que tendrá en el déficit será mínimo, para no decir nulo. (Que le avisen a Vidal, que está haciendo cáscara con un ahorro de 600 millones por dar de baja cargos políticos en un presupuesto de más de 630.000 millones)  Macri, quien acaba de ganar las elecciones, sigue repitiendo que para ordenar la economía tendrá que seguir haciendo cosas antipáticas. (O sea, no está dispuesto a cambiar nada de lo que vino haciendo hasta ahora digamos. Es lógico, si igual ganó) Es un dilema que lo acompaña desde que asumió, hace más de dos años. Gradualismo y votos, o reforma a fondo, y que sea lo que Dios quiera. (¿"Que sea lo que Dios quiera" es la nueva manera de decir "que se pudra todo mal, y yo me voy a Panamá" o algo por el estilo?)

(*) Las negritas son nuestras, el original acá.

jueves, 14 de diciembre de 2017

AJUSTE INTERRUPTUS


Y chocaron la calesita nomás: un gobierno de mierda ejecuta un plan económico de mierda, que necesita de leyes de mierda para aplicarse, y esas leyes solo pueden obtenerse mediante prácticas políticas de mierda. Hay que admitir que los procederes del macrismo tienen cierta lógica.

Un impresionante dispositivo de seguridad que puso al Congreso de la nación bajo el control operacional de la Gendarmería, y generó una represión que todavía seguía con la cacería de manifestantes por las calles de los alrededores al momento de subir estas líneas, acaso como violento descargo del despecho del gobierno por el fracaso de la sesión en la que trataba de imponer a como de lugar, la poda a los salarios de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. Estuvimos a punto de ser Venezuela, para terminar siendo el Perú de Fujimori.

Mientras fuera del recinto se gaseaba, baleaba y apaleaba manifestantes, trabajadores de prensa y diputados opositores, adentro "Cambiemos" trataba de conducir una bochornosa sesión en la que llegaron al quórum de modo irregular, sentando en sus bancas a un par de "diputruchos" que aun no habían prestado juramento. Lo peor del menemismo y del gobierno de la Alianza, junto en el mismo frasco: una metáfora del "cambio" que se instaló en la Argentina a partir de diciembre del 2015.

Después de llevar la teoría del "beneficio de la duda" y el "criterio de verdad" de su testimonio para las fuerzas de seguridad que esbozaron Bullrich y Michetti un paso más adelante (culpando a los diputados heridos por poner sus cuerpos en el trayecto de las balas y gases de los gendarmes), Elisa Carrió mocionó para levantar la sesión, aduciendo que no estaban dadas las condiciones para seguirla. Trató de ese modo de cubrir el intento de perpetrar un delito (adentro del recinto, afuera se perpetraron varios), pero ya era tarde: habían dejado las huellas por todos lados.

Antes, la formación amplia de "Cambiemos" tomó su lugar en la orquesta para intentar ejecutar la partitura del ajuste: radicales (ansiosos por más de una década sin cagar a los jubilados), PRO, cívicos, "peronistas de Perón" sueltos que responden a algunos gobernadores y Martín Lousteau con su bloque, estrenando su afiliación radical como debe ser: legislando en contra de los sectores populares, rodeado de gendarmes. Al final y parafraseando a la izquierda, se comprobó que el PRO y él eran -efectivamente- lo mismo.

Si esta coalición amplia se mantiene para la próxima intentona, es posible que Macri termine logrando imponer el mamarracho previsional, que es el proyecto prioridad cero de su gobierno: ajustar a los más débiles, para generar excedentes fiscales para pagar deuda; y dar así la señal a los acreedores para que le sigan prestando y no desconecten el respirador del crédito exterior, sin el cual su gobierno colapsaría al instante. Sin esa necesidad apremiante no se entienden el impresionante operativo represivo, ni el nivel de truchada aleve de la sesión caída.

Lo que es menos probable que pase es que el gobierno -aun logrando sancionar la ley- salga indemne de todo esto; y no siga dejando jirones de su legitimidad renovada en las elecciones de octubre en el camino. La conferencia de prensa posterior de Marcos Peña merecerá figurar en la antología del encapsulamiento en una realidad paralela, de un gobierno que "no disputa la calle" pero la llena de gendarmes, y que demostró -una vez más- estar dispuesto a dialogar a los garrotazos.

Claro que como dijo alguien, las bayonetas (es decir, los instrumentos de la violencia y la represión estatal) sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas: si el gobierno insiste en profundizar sus políticas de ajuste -y todo indica que lo hará, porque no parece haber "Plan B" al respecto- no puede seguir indefinidamente echando mano del recurso de la represión frente a la previsiblemente creciente protesta social. De lo contrario se irá debilitando cada vez más, y su continuidad terminará dependiendo de que no se le acuartelen los gendarmes, prefectos o policías.  

Alguna respuesta deberá dar al nuevo marco político, aunque sea para descomprimir tensiones: Emilio Monzó (uno de los "macristas rescatables" para muchos de este lado de la grieta) debe renunciar de inmediato, porque no supo ni quiso ni pudo evitar que se intentara consumar un fraude parlamentario, y porque la seguridad en el recinto y en el Congreso es su responsabilidad: haberla dejado en las manos de los efluvios etílicos de Patricia Bullrich fue de una gravísima irresponsabilidad, como quedó demostrado.

Pero no centremos en él las objeciones principales, que tienen un solo nombre y apellido: Mauricio Macri. El peor problema de este gobierno de impresentables incapaces de reconocer límites, actuar racionalmente y parar la pelota para no poner en riesgo la paz social es el mayor impresentable de todos, que  es el presidente; sin cuya decisión nada de esto hubiera pasado: no habría intento de mochar los sueldos de los jubilados y demás afectados por la medida, ni se hubiera pergeñado una parafernalia represiva para garantizar que el Congreso lo consagrara con forma de ley, como fuera.

Para la oposición el episodio arroja una victoria no menor: fue la actuación decidida de algunos legisladores (del Frente Para la Victoria, la izquierda, el Movimiento Evita y otros bloques) y la movilización popular lo que determinó un freno aunque sea transitorio al ajuste. La unidad en la lucha y en la calle construyó más límites para Macri que miles de alquimias en las mesas de arena sobre con quien sí y con quien no construirla, porque para los palazos, balas y gases de los gendarmes no hubo "bolillas negras": todo el que los enfrentaba la terminó ligando, sin importar de donde viniera.

En el caso particular del peronismo, una muestra más -y van- de que la anhelada "unidad con todos adentro" es absolutamente imposible: lo era para Perón (y era Perón) en 1974, y lo es hoy, con toda el agua corrida bajo los puentes desde entonces. Hay peronistas que desde hace rato juegan otro partido, con otros colores, y no tienen demasiado interés en cambiar de camiseta; salvo -claro está- cuando este régimen que nos gobierna se descomponga definitivamente como inevitablemente lo hará (el único interrogante es cuando), y entonces vuelvan presurosos en auxilio "del que más mide" como si no hubiera pasado nada, y hubieran estado desde un primer momento en la trinchera opositora.

La unidad "lo más amplia posible", se tiene que seguir construyendo desde mañana mismo con todos los que cumplen el pre requisito esencial para ingresar a ella: oponerse con firmeza y decisión y por todos los medios posibles en el marco de esta democracia que el gobierno se empeña en degradar a diario, a las políticas que siempre que se aplicaron, contribuyeron a hambrear al pueblo argentino, y humillarlo con pérdida de derechos y represión.

EXPLOSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PROVINCIAL EN 2018: VOLARÁ POR LOS AIRES


Sobre el presupuesto provincial 2018 (aun no disponible en Internet) leíamos en La Capital: "De acuerdo a lo que marca el presupuesto, en 2018 habrá una explosión de obras públicas, siempre y cuando no se subejecute lo programado y se terminen realizando menos de las planificadas, como a menudo suele ocurrir a costillas del aumento de los gastos corrientes. La inversión de capital (construcciones y equipos), con un monto presupuestado de $29.369 millones, alcanza una incidencia del 15,4% sobre el presupuesto total de la provincia, guarismo que se posiciona entre los más altos de los registros históricos. El nivel global previsto en construcciones para el ejercicio 2018 asciende a un monto de $19.847 millones." (las negritas son nuestras)

Así dicho, parece un montón de plata; aunque el cronista ya nos está advirtiendo sobre la necesidad de no dejarse engañar por lo presupuestado, porque puede diferir en mucho de lo efectivamente ejecutado, cosa que acá en Santa Fe sabemos de memoria.

Y otro factor a tener en cuenta es cuanto se había previsto en ese mismo rubro ("Construcciones", es decir, la obra pública propiamente dicha) para éste año: exactamente 19.802 millones de pesos.

Lo que supone que la "explosión" significará un apabullante 0,02 % por encima de lo previsto para este año en la obra pública provincial, es decir, un crecimiento bastante por debajo de la inflación. 


Pero decíamos antes (y lo dice la nota) que había que ver cuanto de la obra pública prevista en el presupuesto, se termina finalmente realizando; para lo cual nos es de suma utilidad el cuadro de abajo, que expone los gastos del Estado provincial al 30 de septiembre pasado (última fecha disponible):


Explicamos: transcurridos los 9 primeros meses del año (el 75 % del ejercicio) se ejecutaron casi 8113 millones de pesos en obras públicas; es decir el 40,97 % de las previstas en el presupuesto.

De mantenerse la tendencia en los últimos tres meses del año (todo hace pensar que incluso pudo haber empeorado, al pasar las elecciones), la proyección anual daría una inversión de unos 10.817 millones de pesos, es decir el 54,63 % de la obra prevista en el presupuesto: un poco más de la mitad.

En términos de porcentaje de incidencia de la obra pública sobre el gasto total de la provincia, estamos hablando del 6,87 %: menos de la mitad del 15,4 % que se promete para el año que viene.

¿Podrán el año que viene cumplir la meta de inversión en obra pública, que es casi la misma de éste año, en un contexto de ajuste como el comprometido por las provincias en el pacto fiscal; o estaremos ante otro dibujo? 

¿CHOCAN LA CALESITA?


El empeño del gobierno de Macri por confirmar todas y cada una de las predicciones que hicimos desde el kirchnerismo en la campaña electoral del 2015 sobre lo que sería su gobierno (y aun peor, dejándonos cortos) es digno de mejor causa; tanto como su obsesión por repetir la historia del último gobierno del que fue parte la UCR, imaginando claro está, que esta vez el final será distinto.

Tras dos años de un gobierno de mierda en todos los sentidos, lograron el milagro (algo de mérito tuvieron, no se los neguemos) de que en las elecciones les fuera bien, y decidieron ir por todo; mostrando definitivamente su verdadero rostro, por si a alguno le quedaban dudas, o lo tenía borroso.

Con una oposición fragmentada y dividida, le soltaron el último bozal que le quedaba a la perrada de Comodoro Py para que se lanzara a la cacería desenfrenada de kirchneristas para meterlos presos; en la creencia que de ese modo suplían el consenso social para las medidas que pensaban tomar, que con razón suponían podía flaquear, incluso entre sus propios votantes, a los que pensaban agredir junto con los demás: ahí está el ejemplo de los jubilados para comprobar el aserto.

Confiados en sus pactos con la burocracia sindical entreguista de la CGT y el peronismo "dador voluntario de gobernabilidad" de los gobernadores, Pichetto, Bossio y demases, apretaron el acelerador a fondo: lanzaron una reforma laboral que iba más allá de los puntos acordados con los gordos (de por sí bochornosos), y que significaba en los hechos desmontar todo el derecho laboral argentino, descerrajaron otra tanda de tarifazos que se hará sentir en los bolsillos los meses venideros, redoblaron la fuerza del pedal de la bicicleta financiera sin conseguir al mismo tiempo dominar la inflación, y recrudecieron la represión a la protesta social; pasando de la muerte de Santiago Maldonado al fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, con banca explícita a las fuerzas de seguridad asesinas por parte de la vicepresidenta y la ministra de Seguridad.

Y la remataron con la reforma previsional que les mete la mano en los bolsillos a los jubilados no solo por la nueva fórmula para calcular los aumentos, sino por la poda de 20 puntos de la tasa de sustitución del haber base inicial, respecto al que percibe el trabajador en actividad en el mismo cargo: que lejos quedó aquella promesa del 82 % móvil. Todo en línea (aunque tengan la caradurez de negarlo) con el manual de instrucciones del FMI.

Tal como le señalaba con clarividencia Néstor Kirchner a Patricia Bullrich en ese video del 2001 que se ha viralizado en estos días, la derecha argentina (la misma de siempre) vuelve a mostrar no su peor, sino su única cara: fuertes con los débiles, con los que sobreactúan autoridad; y débiles con los poderosos, ante los que siempre se agachan, aunque no obtengan resultados.

Como prueba de eso y pese a haber ofrecido todo tipo de concesiones, la cumbre de la OMC pasó por el país sin pena ni gloria ni resultados concretos (excepto el bochorno internacional de las deportaciones), y el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur sigue sin firmarse, y no se sabe si finalmente se firmará. Otro exitazo de la brillante política exterior del gobierno de Macri.

En el medio de todo eso, ningunearon y basurearon a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, Tonelli se les cagó de risa en la cara a los jubilados, diciéndoles que con la nueva fórmula iban a perder plata pero no poder adquisitivo, y Carrió pasó de dejar trascender que no votaría la reforma, a defenderla enfáticamente en todos lados y acusar a los jubilados de golpistas: mejor así, que quede pegada para siempre a éste desastre y no pueda pretender luego abandonar el Titanic antes que se estrelle, como hizo con el gobierno de De La Rúa.

Ayer en la sesión de la comisión de seguridad social de Diputados el macrismo mostró su peor rostro, en la persona de Nicolás Massot: un conjunto de chetos patoteros, malacostumbrados desde la cuna a hacer lo que les plazca, sin que nadie se les oponga o les ponga límites: Esta gente es así, no reconoce siquiera los límites más elementales (los que marcan la Constitución y las leyes) porque así han sido criados; por eso hay que enseñarles que hay límites, y si no aprenden, hay que ponérselos.

Vaya uno a saber que terminará pasando hoy en el Congreso con la reforma previsional. Es posible que con Banelcos, represión y carpetazos de por medio el gobierno consiga imponerla, pero será una victoria a lo Pirro: no hay nadie (salvo un subnormal como Fernando Iglesias, o una ininmputable como Carrió) que defienda en público el engendro; que provocó reacciones tales, que han logrado el milagro de sacudir la modorra de la conducción de la CGT, que amenazó con un paro general para el viernes si la reforma se aprueba. Mejor tarde que nunca, pero era por abajo, Daer.

Si se comprueba que finalmente terminan chocando la calesita y el proyecto naufraga, a nadie más que a su propia torpeza y desenfreno (comenzando por Macri, el principal torpe y desenfrenado, siempre) podrán echarle la culpa.

Y todo el entuerto ha tenido la rara virtud de ahorrarnos un montón de discusiones a futuro dentro de la oposición, y en especial en el peronismo: si finalmente el proyecto prospera será porque parte de los opositores del PJ le dieron quórum, votos o las dos cosas; de lo contrario no hay modo.

Con lo que si eso pasara -esperemos que no- habrá que anteponer el "vos votaste a favor de cagar a los jubilados, y yo no" como respuesta a toda cuestión.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

INTERROGANTE


Lifschitz firmó el pacto fiscal, que incluye en su cláusula 8º apartada a) impulsar una ley que modifique el mecanismo de actualización de los haberes de los jubilados y pensionados; teniendo en cuenta la inflación y un 5 % de lo que crezca el PBI (o seas si crece un 1 %, el plus es del 0,05 %).

Esa era la fórmula original propuesta por Macri, modificada primero por los gobernadores y luego en el Senado por Pichetto, pero como quedó sigue siendo una garcha.

El mismo Lifschitz acaba de mandar a extraordinarias (ver decreto de apertura) a la Legislatura la aprobación del pacto fiscal, que incluye la modificación del artículo 104 de la ley del impuesto a las Ganancias; de modo tal que ya nada de su producido será destinado a la ANSES, para pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la AUH.

Por la misma fórmula que van a retocar se ajustan hoy las pensiones no contributivas que paga Desarrollo Social, la AUH (de acuerdo a la Ley 27.160 sancionada en el gobierno de Cristina) y las pensiones de guerra de los ex combatientes de Malvinas.

Cuando mañana se trate el tema en la Cámara de Diputados de la nación ¿cómo va a votar el único diputado que le quedó al Frente Progresista santafesino, el locuaz ex ministro Luis Contiggiani, a favor o en contra?

Recordemos que a estos muchachos del socialismo no los favorecen los antecedentes de sus posturas en el Congreso cuando se discuten cuestiones de la seguridad social.  

PD: La pregunta es extensiva a los legisladores provinciales que tienen que opinar sobre el pacto que firmó Lifschitz en la Legislatura; en especial a los opositores.

Y más especialmente aun a los senadores del "Nuevo Espacio Santafesino" del PJ, que formaron un monobloque (Rodenas) aparte en la Cámara de Diputados de la Nación, pese a haber ido en la misma lista del Frente Justicialista Santafesino en las elecciones pasadas.

BIODIÉSEL: OTRO EJEMPLO DE COMO FUNCIONA EL MODELO MACRISTA


Él biodiésel ha cobrado notoriedad en tiempos macristas por las restricciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea al ingreso a sus mercados de nuestras exportaciones del producto; y los reiterados fracasos del gobierno de Macri (viajes presidenciales incluidos) en lograr que las levanten: un doloroso aprendizaje para los improvisados que nos gobiernan sobre como funciona realmente ese "mundo" al que quisieron volver, que no es justamente como ellos lo describen.

Ahí están a la vista los pobres resultados de la cumbre de la OMC "contra el proteccionismo" ("vaciada" y ninguneada por Trump), que tuvo más notoriedad por las deportaciones de activistas que por sus resultados concretos.

Pero también el biodiésel tiene su capítulo hacia el interior de nuestra economía, con su consecuencia en las políticas públicas: en el Boletín Oficial de hoy apareció publicado el Decreto 1025 (completo acá), por el cual Macri fija en un 8 % la alícuota de los derechos de exportación (retenciones) del producto, y deroga a su vez el Decreto 1719 dictado por Cristina en el año 2012; que las fijaba en base a una fórmula que contemplaba el precio de referencia fijado por el gobierno al producto para el mercado interno (vinculado a la política de combustibles), los costos totales de producción, más la tasa de retorno sobre el capital invertido en la producción.

El decreto firmado por Macri y publicado hoy dice que "...se hace necesaria una armonización entre los derechos de exportación del biodiesel y el de su principal materia prima, el aceite de soja, para alcanzar una convergencia entre los mismos, conforme las pautas del Decreto N° 1343 de fecha 30 de diciembre de 2016.", como si fuera lo mismo exportar materias primas, que productos industrializados derivados de las mismas con agregado de valor. 

En este caso la "convergencia" consiste en aplicarle a las exportaciones de biodiésel la misma rebaja de 0,5 % en las alícuotas de las retenciones que se aplicarán a la soja a partir del 1º de enero del año que viene; como si la baja en los derechos de exportación (al igual que la devaluación de la moneda) lograran por sí el milagro de mejorar las perspectivas de comercialización, o abrir los mercados que hoy están cerrados. 

Contra toda evidencia en contrario (las exportaciones están estancadas y el déficit comercial será récord éste año), el gobierno de Macri sigue insistiendo en la misma tesitura. 

Y el beneficio de la rebaja en las exportaciones -también como es norma en éste gobierno- no viene acompañado con ningún compromiso en contrapartida de la industria del sector: el decreto de Macri deroga de un plumazo el dictado por Cristina en el 2012, cuyo artículo 4 establecía que podían  gozar de los beneficios de una tasa menor de retenciones los productores de biodiésel que " mantengan o incrementen la planta de personal teniendo como base de referencia el mayor número de empleados registrados durante el mes de diciembre de 2011, y que no apliquen suspensiones sin goce de haberes.".

Un compromiso que el gobierno de los CEO's ha eliminado desde hoy.

PRECEDENTES


Con la causa del dólar futuro aprendimos que se puede enjuiciar penalmente la política económica, y alegar un presunto perjuicio al patrimonio del Banco Central y defraudación a la administración pública por 55.000 millones de pesos por los contratos de Vanoli.

En estos dos años transcurridos desde que asumió Macri se pagaron por el mismo Banco Central más de 400.000 millones de pesos en intereses de las LEBAC's (o sea, más de siete veces más), sin lograr el objetivo de hacer bajar la inflación.

Con el memorándum de entendimiento con Irán aprendimos que también se puede enjuiciar la política exterior del país, declararla inconstitucional y usarla como fundamento en un proceso por traición a la patria; pese a no existir guerra alguna con un país extranjero.

En el acuerdo firmado el año pasado por la cancillería con el Reino Unido (con el que sí estuvimos en guerra, y tenemos una disputa de soberanía)  ni siquiera se menciona la cuestión de la soberanía de Malvinas (contrariando la cláusula constitucional que le impone al Estado sostener el reclamo en forma permanente), y el gobierno acepta no cumplir la ley que manda a sancionar a las empresas que operan en las islas extrayendo sus recursos naturales, con licencias otorgadas por los kélpers. 

El memorándum con Qatar para enviar fuera del país recursos del Fondo de Garantía de la ANSES (lo que estaba prohibido por ley, hasta que éste gobierno lo habilitó) a un oscuro fondo de inversión en un paraíso fiscal; y fue firmado por la vicepresidenta, que no tiene ninguna competencia para disponer al respecto. 

Con la "doctrina Irurzun" de la prisión preventiva para todos aquellos ex funcionarios que -aun habiendo dejado sus cargos- conservan "poder residual" para entorpecer las causas en las que se los investiga, fueron detenidos sin condena ni proceso Boudou, De Vido, Baratta y Zannini, y se pidió el desafuero de Cristina.   

Macri -siendo presidente- fue acusado de defraudación en perjuicio de la administración pública por el intento de condonar la deuda de su familia por la privatización del Correo Argentino, y Arribas (el jefe de la AFI) investigado por lavado de dinero proveniente de coimas por fransferencias que recibió de los "gestores" de Odebrecht; y los dos tienen todo el poder que les dan sus respectivos cargos para influir en el Estado de las causas.

El día que acompañaba a Cristina en la conferencia de prensa por su pedido de desafuero por Bonadío, allanaron propiedades de Daniel Scioli; por una causa en su contra por presunto conflicto de intereses y negociaciones incompatibles con la función pública.

Lo mismo de lo que están acusados Aranguren, Caputo, Dietrich y medio gabinete del gobierno actual; pero a ellos no les allanaron nada.

A Echegaray lo involucraron en la causa Ciccone por haberle dado un plan especial de pagos de la deuda con la AFIP para pagar la deuda y evitar la quiebra; y lo acusan también de haber favorecido del mismo modo a Lázaro Báez y Cristóbal López, por sus empresas.

En estos momentos hay una puja interna en el gobierno entre Abad (de la AFIP) y el vicejefe de gabinete Mario Quintana, porque uno se niega a darle el plan especial de pago de las deudas con la AFIP a OCA que el otro reclama; para tenerlo agarrado de los huevos a Moyano.

Boudou está preso por -presuntamente- haber comprado una empresa con deudas con la AFIP y a punto de quebrar como Ciccone, a través de testaferros y un oscuro fondo de inversión.

O sea la manera como un tal Rosner (ex gerente de SOCMA, Papel Prensa y el Grupo Clarín) compó los medios y todas las empresas del Grupo Indalo de Cristóbal López y De Sousa; y más o menos parecido a como Marcelo Mindlin de Pampa Energía compró las empresas de Calcaterra, el primo de Macri que antes se las había comprado a él sin pagarle un solo centavo en dinero en efectivo. 

O del mismo modo que un ex empleado de Mac Air (la empresa de aviación de los Macri) la "compró" a nombre de Avianca, empresa a la cual le otorgaron (a través de una filial que es la que sucedió a la Mac Air) una enorme cantidad de rutas de navegación aérea, en este gobierno. 

Con el argumento de la "cosa juzgada fraudulenta" reabrieron causas archivadas por sobreseimiento o inexistencia de delito contra Cristina y otros ex funcionarios kirchneristas, como la de Hotesur, la de la denuncia de Nisman o la investigación sobre su patrimonio.

Un argumento que el día de mañana perfectamente podría aplicarse a los sobresimientos de Macri por los Panamá paper's, de Arribas por las coimas de Odebrecht, de Michetti por el robo en su casa de dinero sin declarar que no pudo justificar y el memorándum con Qatar, y de Federico Sturzenegger por el megacanje del gobierno de De La Rúa.

Decí que cuando volvamos vamos a tener tantos quilombos que arreglar que van a dejar estos inútiles, que no nos va a quedar tiempo de acordarnos de algunos precedentes, para echarles mano y meterlos presos a todos.