RÉMORAS MENEMISTAS

 

Terminal Puerto Rosario: Vicentín. https://t.co/xZGAe4ICQL

— La Corriente K (@lacorrientek) September 8, 2022

"Todos somos Vicentín". https://t.co/EQduEt2tic

— La Corriente K (@lacorrientek) September 8, 2022

Ustedes son chicos y no se acuerdan, pero en 2019 y siendo ya Perotti gobernador electo, Lifschitz le quiso renovar a Terminal Puerto Rosario (Vicentín) la concesión, que se vencía recién en 2032, hasta el 2057. Y después se enojan cuando les dicen narcosocialismo.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 8, 2022

Vicentín también tenía la concesión del puerto de Reconquista. El año pasado Perotti lo intervino porque desde 2014 no tenía "actividad portuaria registrada". Lo que si había era actividad no registrada, y mucha.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 8, 2022

La semana pasada el puerto de Rosario fue noticia por el descubrimiento de un importante contrabando de cocaína despachado desde allí hacia puertos del exterior; y porque al intervenir la justicia federal en la causa, no pudo acceder a los videos de seguridad ni a los registros de las operaciones en su totalidad, porque la empresa concesionaria se los entregó solo en forma parcial, y todo indica que hay complicidad de su parte en la maniobra.

La concesionaria que opera el puerto es Terminal Puerto Rosario (TPR), una sociedad controlada por el grupo Vicentín, a la cual en su momento contamos acá como Lifschitz -a semanas de dejar el cargo y con Perotti ya como gobernador electo- quiso prorrogarle la concesión hasta el 2057, pese a que recién se vencía en el 2032, o sea 13 años más tarde. Y lo hizo a través de su representante en el ente administrador del puerto, figura creada por la Ley nacional 24093 sancionada durante el gobierno de Menem.

Esa ley en sus artículos 11 y 12 transfirió diversos puertos a las provincias (entre ellos los de Santa Fe y Rosario) "...a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. Estos entes se organizarán asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el que hacer portuario, comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad. Las provincias en cuyo temario se encuentre emplazado el puerto y él o los municipios en cuyo o cuyos ejidos se halle situado el puerto también tendrán participación en los entes, de acuerdo a la modalidad que establezca el estatuto respectivo de cada puerto.". 

Es decir que si las provincias recibían esos puertos de la nación, no los podían administrar por sí mismas sino que debían privatizarlos o manejarlos a través de "entes públicos no estatales", en los que tenían solo un representante, y los demás eran del sector privado. En ese marco la provincia de Santa Fe dictó en 1993 (durante el primer gobierno de Reutemann) la Ley 110111 que creó los entes administradores de los puertos de Santa Fe y Rosario y un año más tarde la Ley 11229, que replicó el modelo (en éste caso sin obligación de hacerlo pues no fueron transferidos desde la nación) para los de Reconquista y Villa Constitución.

En el caso del puerto de Santa Fe hubo una experiencia fracasada por "tercerizarlo" en un operador privado, y otra gestión (la de Marcelo Voboriof durante los gobiernos del Frente Progresista) escandalosa por los negociados, y el total abandono de la actividad portuaria en desmedro de los negocios inmobiliarios y anexos. Hoy el puerto recobró su actividad específica, pero sigue administrado bajo el modelo de los "entes públicos no estatales", y esa actividad portuaria coexiste con los negocios de toda índole, incluyendo por ejemplo alquilarle al Estado bienes que son de su propiedad. 

En el del puerto de Rosario como se dijo, ya en 2002 TPR de hizo cargo de la operación según contrato de concesión otorgado por el ente administrador en 2002 (segundo gobierno de Reutemann) por 30 años; que es el que el gobierno de Perotti (a través de su representante en el ente) evalúa rescindir, si se comprueba su complicidad en las operaciones de narcotráfico.

Así como los anteriores acionistas de TPR antes de que tome control de la sociedad el grupo Vicentín también estuvieron implicados en causas por narcotráfico y lavado de dinero como veíamos acá, el hólding aceitero operaba el puerto de Reconquista a través de otra empresa de su propiedad (Ríos del Norte SA), hasta que el puerto y su ente administrador fueron intervenidos por un decreto de Perotti del 2020 prorrogado después, porque no registraban actividad portuaria comprobable desde 2004.

A esta altura del relato, vale recordar que la Ley 24093 antes mencionada fue parte del festival de privatizaciones y desguace del Estado ejecutado por el menemismo con el argumento de la ineficiencia y la corrupción estatales, en el marco del cual también virtualmente desapareció la Administración General de Puerto (AGP), y se otorgó a operadores privados el manejo del dragado de la hidrovía, en el que aun el actual gobierno planea volverlos a colocar, licitación mediante.

Porque -y esto hay que decirlo- como tantas reformas estructurales ejecutadas en los años 90' en el marco de las políticas diseñadas por el Consenso de Washington, esta pérdida de control estatal sobre nuestras vías navegables tampoco fue revertida, y subsiste hasta hoy: la Ley 24093 solo fue modificada por el macrismo en 2018, para empeorarla. Y sin cambios allí, las provincias poco pueden hacer para modificar el estatus jurídicos de los puertos que les fueron transferidos, como lo pudo comprobar Axel Kicillof cuando intentó impulsar en Buenos Aires una ley para ponerlos bajo control estatal.

Una discusión (como la del manejo de la hidrovía) pendiente pero necesaria, si queremos hacer, de una buena vez, un país en serio. Tuits y posteos relacionados:  

Sobre narcotráfico, Vicentín, el puerto de Rosario y el socialismo: https://t.co/sqb4uPqVKw

— La Corriente K (@lacorrientek) September 8, 2022

La relación entre el puerto de Rosario, Vicentín, el socialismo y el narcotráfico viene por lo menos desde el 2013, si no antes: https://t.co/TT7WK2Oqrq

— La Corriente K (@lacorrientek) September 8, 2022

INTERROGANTES PORTUARIOS

 

#PuertoProductivo

Desde que comenzó la gestión del gobernador @omarperotti el @PuertoStaFe es un generador de buenas noticias, porque con los embarques que se están haciendo en estos 5 meses de 2021, se está superando el nivel de cargas del año pasado.#SantaFeDePie pic.twitter.com/kLxZkT7CsV

— Silvina Frana (@silvinafrana) June 3, 2021

Como parte del desguace del Estado ejecutado durante el menemismo, en 1992 se sancionó a instancias de Cavallo la Ley 24093, que regula el funcionamiento de los puertos en el país; y a partir de la cual florecieron los puertos privados, y se transfirieron a las provincias la mayoría de los puertos que estaban en manos del Estado nacional, a través de la Administración General de Puertos (AGP).  

De acuerdo con el artículo 12 de esa ley, en el caso de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe, la transferencia se efectuaría con la condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. Es decir, no se podían transferir de la administración del Estado nacional, a la administración de las provincias; sino que debía dejárselos en manos privadas.

En ese marco (que ni siquiera los gobiernos del kirchnerismo modificaron) en Santa Fe se sancionó en 1993 la Ley 11011 que creó los Entes Administradores de los Puertos de Santa Fe y Rosario, y con la misma estructura jurídica en 1994 (en ambos casos, primer gobierno de Reutemann) se sancionó la Ley 11229 para los puertos de Reconquista y Villa Constitución. 

El puerto de Reconquista cobró notoriedad a mediados del año pasado, cuando, en medio del escándalo Vicentín, Perotti lo intervino por inactividad manifiesta (no registraba operaciones desde 2004) e irregularidades en su funcionamiento: estaba en manos de Ríos del Norte SA, una sociedad controlada por el gigante aceitero que compitió en la licitación promovida durante el socialismo para quedarse con la concesión...con una UTE formada por Vicentín SAIC y Buyatti SAIC, es decir con ellos mismos.   

En el caso del puerto de Rosario, el Ente Administrador le otorgó la concesión de explotación de la terminal en el año 2000 (segundo mandato de Reutemann) a Terminal Puerto Rosario (TPR) con vigencia del contrato hasta 2032, pero a fines del año pasado y ya con Perotti electo nuevo gobernador de la provincia, la gestión de Lifschitz intentó prorrogarle la concesión por otros 25 años, hasta 2057. Como se ve, hay cosas que no cierran: con el mismo marco legal y el mismo modelo de negocios (puertos manejados por "entes públicos no estatales" con predominio de los sectores privados en los directorios), en un caso un hólding de empresas estuvo 16 años operando el puerto sin registrar operaciones (en blanco al menos), y en el otro a ese mismo hólding le fue tan bien, que buscaba extender su concesión durante 25 años, 13 años antes de que se venciera.

El puerto de Santa Fe no fue ajeno a estos negociados "con mano muerta" del socialismo en retirada: el hoy homenajeado Lifschitz, a menos de dos meses de la elección de su sucesor, le otorgó al ente el usufructo de los bienes (que de acuerdo con la ley son patrimonio de la Provincia) por 50 años y con retroactividad al 2014; pretendiendo de ese modo darle un barniz de legalidad a los desarrollos inmobiliarios privados situados en el puerto, que están muy flojitos de papeles: venden departamentos de lujo construidos sobre terrenos que son públicos, y no de los desarrolladores inmobiliarios privados.

Y ya en los meses finales de gestión del hoy fallecido antecesor de Perotti, hubo un intento por concederle por 30 años la explotación de la terminal de contenedores del puerto a una de las principales empresas contratistas beneficiada con obras públicas durante los gobiernos del socialismo, cuyo propietario es a la vez presidente de la delegación local de la Cámara de la Construcción. 

Los entes portuarios tienen en todos los casos un directorio integrado por un presidente que es el representante de la provincia designado por el gobernador, un representante designado por la municipalidad o comuna del lugar de su sede, y representantes de los sectores gremiales y empresariales ligados a la actividad portuaria. Las "fuerzas vivas" o el "círculo rojo" de cada lugar, digamos. 

No fue raro incluso que los gobiernos designaran a empresarios ligados a esos sectores, en su representación: acá en Santa Fe con los gobiernos del socialismo fue presidente del directorio (propuesto por la UCR) Marcelo Vorobiof, cuya gestión terminó con escándalos de corrupción, y causas en la justicia. El actual presidente (el segundo designado por Perotti en ese cargo porque el primero renunció) estuvo ligado durante muchos años al Centro Comercial de Santa Fe.

Sin embargo y con todo eso a favor, e incluso durante un gobierno "business friendly" como el de Macri, el puerto santafesino, manejado por el "círculo rojo" local casi a voluntad, no registró un solo embarque de cargas salido desde sus muelles, ni ninguna operación portuaria concreta entre 2014 y 2020. A partir de entonces -es decir, con el nuevo gobierno provincial- durante el año pasado se reactivó la actividad, al punto de verificarse embarques por 60.000 toneladas en todo el año, una cantidad que no se registraba desde hace muchos años. Y éste año, tal como lo señala el tuit de apertura de la Ministra de Infraestructura de la provincia, en los primeros cinco meses del año ya se superó ese nivel de operaciones; y desde enero el puerto santafesino volvió a despachar embarques de trigo.

Uno podría preguntarse que cambió, aparte del signo político del gobierno provincial. Porque el modelo productivo predominante en Santa Fe (con eje en la producción agropecuaria y la exportación de sus productos y derivados) es el mismo hace 140 años, el "círculo rojo" local sigue tallando, y no todo puede explicarse por el ciclo alcista de los commodities exportables, si no existen otros factores, o ventajas comparativas generadas desde la operatoria de la terminal, para que la prefieran a otras por las que exportar la producción. Reiteramos: en los años del macrismo, fuerza favorable al modelo agropexportador si las hay, del puerto de Santa Fe no salió ni un solo barco con destino al exterior.

Lo que sí floreció en todos esos años fueron los negocios inmobiliarios, a partir del "Master Plan" aprobado por la municipalidad, con la idea de ir desplazando progresivamente las actividades específicamente portuarias, al mismo tiempo que el "círculo rojo" local promovió frente a los distintos gobiernos, el traslado del puerto a un nuevo emplazamiento, a la vera del río Paraná. Un proyecto abortado por la coyuntura económica tanto como por su propia inviabilidad técnica, del cual nadie habla ya.

Así como en el caso del intervenido puerto de Reconquista se puede aventurar que operaciones había, pero eran en negro (el decreto de Perotti de intervención así lo deja traslucir), no puede pensarse que en Santa Fe pasara lo mismo, porque el puerto está a pocas cuadras del centro de la ciudad. Y durante años el único barco surto en la terminal era el famoso "Sampán", que fue recibido con bombos y platillos por Barletta y Vorobiof prometiendo "que sería el primero de muchos", y terminó como chatarra y desguazado: al menos el tren urbano (de la misma época inolvidable) se salvó de esto último, por ahora.

Lo que podría suceder es que en los años en los que el socialismo gobernó la provincia y la UCR la ciudad "dejó hacer" (en una interpretación benévola) al "círculo rojo" santafesino para privilegiar en el puerto local los negocios inmobiliarios o los permisos de ocupación de terrenos para empresas por un precio vil (que en muchos casos ni siquiera pagaban); mientras se seguía haciendo lobby para trasladar el puerto al Paraná, y valorizar los terrenos comprados en la zona donde se emplazaría por poderosos empresarios locales, entre ellos los dueños de "El Litoral": una posibilidad que no podríamos descartar.

UN FONDO SIN FONDOS

"En tiempos excepcionales y de fuertes interrogantes son necesarias ideas, acciones y respuestas: un grupo de entidades y empresas santafesinas, promueven esta iniciativa para dar visibilidad a las distintas problemáticas y necesidades que tienen las ONG con el objetivo de procurar que obtengan algún tipo de ayuda." (Ahora lo que más falta estaría haciendo es plata, pero a ustedes no se les saca una moneda ni poniéndolos de cabeza. O sea que la idea es "dar visibilidad" a los problemas de las ONG "para que obtengan algún tipo de ayuda...del Estado)

"En este contexto, difícil y complejo, como una gran red de contención, alimentada por el empuje de los emprendedores de la región, nace este Fondo Solidario de Empresarios por Santa Fe." (Ah, es una red. Como para pescar. Incautos, más que nada. El famoso "No les des el pescado, enséñales a pescar". De ahí lo de "emprendedores", entiendo)

"Integran este Fondo la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE), Casino de Santa Fe, Cervecería Santa Fe (CCU), Diario El Litoral, Grupo Boldt y Torre Puerto Santa Fe." (Ah, pero no faltó ningún garca, asistencia completa tuvieron. Igual, tochi al Grupo Boldt que aparece tres veces, contando al Casino y las torres. Te quedaste, Nahuel: metiste el diario y la Bolsa, te faltaron los otros medios y la constructora. ¿La hicieron trotando por el puerto y Alem a la lista?)   

"Los aportes del Fondo serán el dar visibilidad a entidades, organizaciones, emprendimientos, para incorporarlos a la red y ayudarlos a cumplir sus objetivos. La sinergia propuesta aportará el expertise propio de las organizaciones que lo integran, sus saberes, gestión, contactos." (Ahí está: "visibilidad", de guita ni hablemos. Porque además el que no aparece en "El Litoral", es invisible. Del "expertise propio" de los garcas que integran el "Fondo" mejor no hablemos: capan un mosquito en vuelo)

"El objetivo principal es que se conozcan problemáticas y necesidades que muchas veces quedan en segundo plano y sin la asistencia o atención que merecen." (¿Vos decís que ni siquiera en los medios salen? Cuando se enteren en "El Litoral" se caen de culo)

"Para ello, los proyectos que quieran formar parte de la iniciativa deberán inscribirse aquí . Por su parte, aquellas empresas que quieran sumarse, pueden hacerlo vía correo electrónico a empresariossolidarios@santafe.com.ar." (Tremenda iniciativa: un correo electrónico. Si con esto no logran hacer la diferencia deberían dejar de intentarlo)

"Luego, las postulaciones serán evaluadas y posteriormente, se pondrán en contacto responsables del Fondo para profundizar sobre la temática propuesta, sus necesidades y sus proyecciones." (O sea, un filtro para evitar grasadas. Porque tampoco es cuestión de "darle visibilidad" a cualquiera, una cooperativa de cirujas ponéle)

"En esta primera etapa, la intención es mostrar todos los proyectos sociales, culturales, económicos que representan la fuerza y el empuje de los privados en la región, y actuar como nexo para que otros puedan sumarse y conectarse con las instituciones que más lo necesiten." (Mostrar: sigue la vidriera para "dar visibilidad". Un pelín pretencioso el tema, como que solo a los que ustedes alumbran, existen. Igual, tampoco van a ser "todos" porque van a evaluar a cual le dan bola)

(Las negritas son nuestras, el original acá) 

JUGUEMOS EN EL BOSQUE, MIENTRAS PEROTTI NO ESTÁ

Una obra municipal para Rosario, licitada y pagada por la provincia hasta el último centavo.

Tan municipal, que el proyecto lo hizo la Dirección General de Parques y Paseos.

Un plazo original para terminarla, que luego se prorroga, una y otra vez.

Un presupuesto original que luego se infla, por "adicionales de obra" y otras yerbas.

Un contrato que no se termina, sino que se proyecta en la gestión de Perotti.

Y una empresa "amiga de la casa", tanto que es la misma a la que le otorgaron por 30 años la concesión de explotación de la terminal de contenedores del puerto de Santa Fe.

Así como también tiene a su cargo las obras paralizadas de la Ruta 1.

Decí que ya se van, pero dejaron su huella.

QUE BANDA, LA PORTUARIA

Leemos en El Destape sobre la intención del macrismo de finiquitar la concesión de la operación del puerto de Buenos Aires por 50 años, antes de la finalización del mandato de Mauricio Macri.

El negocio marcha a todo vapor en paralelo con las intenciones de traspasar el puerto (único que sigue bajo la jurisdicción del Estado nacional) a la ciudad; y por supuesto como no podía ser de otra manera, en el mismo está implicado un amigo del presidente: su “hermano de la vida” Niky Caputo, quien como representante de los intereses de Singapur (es cónsul honorario de ese país en la Argentina, designado por éste gobierno) viene bregando para que el puerto porteño sea desguazado para posibilitar negocios inmobiliarios; al tiempo que su operatoria sea concedida a una sola empresa (hoy son tres), para más datos, de Singapur.

Negocios privados con bienes públicos, en condiciones sospechosas, y por muchos años, trascendiendo los gobiernos: casi una radiografía del macrismo.

Pero el puerto de Buenos Aires no es el único en el que suceden este tipo de cosas: veíamos hace un tiempo acá como en el puerto de Santa Fe avanza el proceso de tercerización de la explotación de la terminal de barcazas y contenedores a favor de Mundo Construcciones, una de las principales contratistas de obra pública durante los gobiernos provinciales del socialismo, y de las gestiones municipales radicales de Corral y Barletta.

El proceso ¿licitatorio? partió de una “iniciativa privada” de la propia empresa que diseñó las bases del llamado, y por supuesto fue la única que se presentó, y la concesión sería por el término de 30 años: el mandato de ocho gobernadores, para ser más precisos. Decíamos en el posteo anterior sobre el tema que la oscuridad del proceso hace imposible saber si ya está terminado con la adjudicación resuelta por el Ente Administrador del puerto, y si el contrato involucra subsidios del Estado provincial a la concesionaria, algo que está expresamente prohibido por la Ley 11.011 de creación del ente.

Pero tampoco el de Santa Fe es el único puerto provincial con movimientos sospechosas sobre el final del mandato de Lifschitz: veíamos hace unos días acá en Punto Biz que el Ente Administrador del Puerto Rosario llegó a un acuerdo con la concesionaria que explota sus terminales (TPR, del Grupo Vicentín) para prorrogarle la concesión por 25 años más.

El tema es que la concesión original data del año 2002, y se vencería recién en el 2032, o sea que 13 años de su vencimiento, se la estaría prorrogando por otros 25 años, con lo que la empresa cuyo accionista mayoritario es ahora el Grupo Vicentín (de los mayores aportantes a la campaña de reelección de Macri, y subsidiado por el socialismo en los vuelos low cost de sus ejecutivos) operaría por un total de 55 años el puerto rosarino.

O sea, más incluso que los 50 años por los cuáles la provincia, en éste gobierno, el de Lifschitz, por Decreto 1011/19 le otorgó al ENAPRO (el ente administrador del puerto de Rosario) el usufructo de los bienes inmuebles sobre los que recae la concesión, que son de su propiedad, de acuerdo con la Ley 11.011. Antes había hecho lo mismo con el Ente administrador del puerto santafesino por los Decretos Nros. 70 y 849 de éste año (ver acá), en ambos casos con retroactividad al 2014; lo que posibilitó en ambos casos estos negociados con bienes públicos.

Si bien el artículo periodístico dice que el acuerdo con TPR no sería firmado por las actuales autoridades sino que se lo dejarían a las próximas, la pregunta es como alguien (el Ente) puede transmitir un derecho por más tiempo de aquel por el cual lo posee, y que urgencia hay (que no sea la avidez de negocios del Grupo Vicentín) por prorrogar la concesión hasta el 2057 .

¿Acaso habrán aportado generosamente también a la campaña del socialismo? Tuit relacionado: 

Y acá hay gente preocupada por el gabinete de Perotti.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 20, 2019

LAS AGUAS BAJAN TURBIAS

Leemos en Infobae que estaría firmado el contrato para las obras de dragado del canal de acceso al Puerto de Santa Fe, con la empresa belga Jan De Nul, a través de su filial argentina.

Se señala allí que el contrato lo firmó el Ente Administrador del puerto (EAP), sin que se den mayores precisiones respecto a los fondos con los que se solventarían los trabajos, o sea el pago a la contratista. Tampoco se dice si para seleccionarla se hizo una licitación o concurso público, o la contrataron en forma directa.

En relación con lo primero, de acuerdo con la Ley 11011 de creación del Ente en su artículo 11 inciso b), este debe destinar el ochenta y cinco por ciento (85 %) de sus utilidades líquidas como fondo de inversión para mejorar el funcionamiento y modernización del equipamiento de infraestructura portuaria, mejoras edilicias, muelles y accesos; con apercibimiento de que si así no lo hiciere, puede ser intervenido por el gobierno provincial de acuerdo con el artículo 18 de la misma ley.

Ley que además dice en su artículo 10 que “El Estado Provincial no concurrirá en apoyo económico del Ente, salvo autorización concedida por ley especial.”, cosa que no ha sucedido. Traducimos: si el Ente pretendía que el Estado provincial se hiciera cargo de pagar las obras de dragado, su directorio y su Presidente (que es el representante del Poder Ejecutivo) debieron haber solicitado una ley de la Legislatura provincial a esos fines, antes de firmar el contrato con los belgas.

La misma ley 11011 dice en su artículo 8 que el Ente Administrador puede otorgar contratos vinculados con la operación del puerto (como el dragado de los accesos) a condición de que lo haga “...mediante procedimientos que garanticen la publicidad, libre concurrencia e igualdad de posibilidades...”. Como dijimos antes, nada dice la nota respecto al cumplimiento de este requisito legal, para otorgarles a los belgas el contrato.  

Como tampoco sabemos que pasó con el supuesto (y recalcamos lo de “supuesto”) acto licitatorio realizado por el EAP para otorgarle a Mundo Construcciones la operación de la terminal de contenedores, para saber por ejemplo si -como se comenta en la ciudad- la concesión por 30 años involucra el compromiso (que sería ilegal) de algún nivel de subsidios del Estado provincial a la empresa, para cubrirle posibles quebrantos empresarios derivados de la explotación, o para garantizarle ciertos niveles de rentabilidad, más allá del movimiento efectivo que tenga la terminal.

Menos que menos sabemos si al concederle a la contratista de obras públicas (una de las más favorecidas con obras por socialistas y radicales, en la provincia y en la ciudad) la explotación de la terminal, el Ente le ha delegado funciones que le son propias como autoridad responsable de la administración del puerto, cosa que la misma Ley 11011 prohíbe terminantemente en su artículo 8 último párrafo.

Como ven, en el puerto de Santa Fe los interrogantes son muchos, y aunque hace ya rato que no está a su cargo Marcelo Vorobioff (el que decía que no era funcionario público, y de cuyo procesamiento “se olvidaron” radicales y socialistas), las aguas siguen bajando turbias. Y el nuevo puerto a la vera del Paraná, bien, gracias.

QUE LO URGENTE NO NOS TAPE LO IMPORTANTE

Más información, acá.

Y sobre todo, acá.

SE RÍEN EN LA CARA DEL ESTADO BOBO SANTAFESINO

¿Se acuerdan del caso del inmueble que es suyo, pero la provincia lo alquila pagando una torta de plata mensual en el puerto de Santa Fe, o en realidad uno de tantos en esa misma condición? 

Acá le contábamos el caso hace unos tres años, cuando una de las empresas del Grupo Boldt (licenciatario del casino de Santa Fe), Torre Puerto Santa Fe, ganó una licitación para alquilarle oficinas y cocheras a la provincia para el Ministerio de Obras Públicas, con un sobreprecio de hasta el 188,63 % sobre las demás ofertas, que fueron descartadas.

Ahora vemos que el contrato se vence el 31 de julio, y lo renuevan por un año, con un aumento del 30 % sobre un alquiler que ya era caro.

Pero eso no es lo peor: el inmueble que la provincia alquila y por el cual paga alquiler, es propiedad suya; como todos los que forman parte del puerto santafesino, porque le fueron transferidos por la nación al Estado provincial en 1993.

El ente portuario tiene el usufructo (es decir, el uso y goce) para alquilarlo él, pero le otorgó una "concesión" a Torre Puerto Santa Fe S.A. para que construyeran edificios sobre esos inmuebles de los que no es propietario (lo es la provincia), y obtenga por ellos una renta, alquilándoselos...al dueño, o sea la provincia.

Y cuando de acuerdo a las normas que rigen las contrataciones del Estado, le piden a la empresa que acredite el pago del Impuesto Inmobiliario de la propiedad para poder alquilársela (de acuerdo a las normas, la provincia no se hace cargo de pagar el impuesto cuando es inquilina), se excusan diciendo que no lo pagan, porque en realidad el inmueble...es propiedad del Estado.

Más Estado bobo, imposible de conseguir. Se le (y se nos) cagan de risa en la cara.

PREGUNTAS SOBRE LA TRANSICIÓN

¿A nadie le hace ruido que en la noche de una elección en la provincia que gobierna, y siendo el escrutinio provisorio responsabilidad del Poder Ejecutivo, @MiguelLifschitz no haya salido a decir media palabra, aunque sean expresiones de compromiso sobre el acto cívico?

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer ¿el socialismo piensa seguir adelante con la licitación de rutas por casi 100 millones de dólares, sin financiamiento seguro y con toma de deuda privada avalada por la provincia sin pasar por la Legislatura, o cortan con ese curro?:https://t.co/bHtx2QyaK0

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer ¿el socialismo seguirá adelante con la nueva privatización del agente financiero de la provincia a favor del Grupo Eskenazy por 10 años?: https://t.co/PVi4ZeqdXf

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer ¿Lifschitz piensa finalmente sacar un decreto dejando sin efecto formalmente la consulta popular por la reforma constitucional? Porque quizás no lo sepan, pero la "suspendió" de palabra, sigue vigente el Decreto 4208/18 que la convocó.

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer, ¿Lifschitz piensa seguir licitando y adjudicando obras entre los amigos, aunque se ejecuten íntegramente en el próximo gobierno, y redeterminando precios de contratos de obras ya terminadas?

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer, ¿Lifschitz piensa seguir adelante con e`l proceso de privatizar la operatoria de cargas del puerto de Santa Fe por varios años a una de las empresas contratistas de obra pública más favorecidas por él y por Corral: https://t.co/uhOPBMPUh5

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer, ¿el gobierno provincial piensa seguir adelante con los ascensos con varios años de retroactividad a los policías, en especial a los que tienen que llegar al grado de Directores y Directores Generales, condicionando así las decisiones del nuevo gobierno?

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer ¿el socialismo volverá a intentar tomar por asalto el Ministerio Público Fiscal con sus militantes, para ponerlos allí a buen resguardo de la pérdida de conchabos políticos, y asegurarse que no los investiguen?: https://t.co/aULUHalI7H

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer, ¿el gobierno provincial piensa seguir adelante con el absurdo despilfarro de la costanera de Jatón en el puerto de Santa Fe, tirando 30 millones de pesos en franca violación de la ley de creación del ente portuario?:https://t.co/gHEcTlx8Pq

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer, ¿continuarán el Gabinete Joven y los Nodos succionando el presupuesto provincial, o desaparecerán escondidos dentro de un masivo pase a planta permanente?

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer, ¿aparecerá mágicamente otro convenio con la Municipalidad de Rosario que jamás pasará por la Legislatura, indexando el subsidio provincial a los hospitales municipales de Rosario, o avalando las deudas en dólares del municipio?

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer ¿aparecerán nuevos "fideicomisos financieros otorgados al Banco Municipal de Rosario por la provincia como los de la autopista, las becas a deportistas, el Laboratorio de Fármacos, la Tarjeta Unica de Ciudadanía y otros tantos, para salvarlo de la quiebra?

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

Tras la derrota de ayer ¿aparecerá algún convenio misterioso con la Municipalidad de Santa Fe, firmado por Corral con la mano muerta, que le asegure financiamiento provincial extra a la gestión de Jatón, por ejemplo con los fondos de la ley de financiamiento educativo?

— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de junio de 2019

SEGUROS DE RIESGO ELECTORAL

¿Un gobierno tiene derecho a gobernar hasta el último día de su mandato, sin limitarse porque se trata de un año electoral? Por supuesto. ¿Un gobierno puede tomar cualquier decisión en medio de una campaña electoral con resultado incierto, aunque condicione a la futura administración y medien seis meses entre las elecciones y la fecha del traspaso del mando? Ahí la cosa es más discutible, en términos políticos.

¿Es necesario ampliar la planta potabilizadora de agua de la ciudad de Santa Fe? Por supuesto, desde hace mucho tiempo. Pero licitarla a seis meses del final de una gestión, cuando hace 12 años que gobernás y a poco días de una elección, suena un poco raro.

Más raro aun suena que en el presupuesto le hayás asignado fondos por algo más de 470 millones de pesos, de los que solo pensabas ejecutar este año unos 30 millones (pagar los avisos de licitación, poner el cartel de obra y alambrar el predio, poco más); y al licitarla se presente una (1) sola oferta, de una UTE integrada por la empresa más favorecida (por escándalo) con contratos de obra pública del socialismo en estos 12 años con sus tres gobiernos: PECAM.

Que encima cotiza por la obra casi 2131 millones de pesos: 4,53 veces el presupuesto oficial. Y no digan que cotizó la obra entera, porque lo que está en el presupuesto con financiamiento aprobado por la Legislatura (requisito que exige la ley de obras públicas de la provincia para licitar) es solo la primera etapa: 

Más raro es que al mismo tiempo que cuestionás al principal candidato opositor por su supuesta responsabilidad en la privatización del Banco provincial, vuelvas a licitar la contratación del agente financiero en pleno proceso electoral, el único oferente vuelva ser otra vez el Grupo Eskenazy, y le estén por renovar el contrato por otros cinco años, con opción a cinco más, si es que ya no se lo han renovado; cuando casi con seguridad ya se sepa para entonces quien será el nuevo gobernador de la provincia a partir de diciembre, y tu candidato hace campaña prometiendo crear un banco público estatal.

Ni hablemos de lo raro que es que en ese mismo marco (en pleno proceso electoral, con unas PASO donde te fue muy mal, con elecciones a días vista y con una transición de seis meses entre gobiernos por delante), llevés adelante una licitación para privatizar la operatoria de la terminal de cargas del puerto de Santa Fe (o sea, privatizar lo que hoy es “público no estatal”), y se presente -otra vez- una sola oferta, de una empresa de las más favorecidas con obra pública provincial y municipal en los últimos años (ver más información al respecto acá).

A lo mejor alguien piensa que es una demostración importante de confianza en tu candidato, y en el resultado de las elecciones. Desde acá y considerando que arrancan 193.000 votos abajo y todas las encuestas les vienen dando que pierden, suena a una especie de seguro por si quedan a la intemperie, por perder el manejo del aparato del Estado provincial.

Más o menos lo mismo que intentó hacer Corral con el “Master Plan” para “la puesta en valor” de la terminal de ómnibus de Santa Fe, y le pisaron el negocio porque en éste caso el candidato del oficialismo provincial a la intendencia fue el más votado en las PASO. Imagen y tuits relacionados:

A seis meses de terminar el gobierno, el socialismo licita la construcción de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas y la única oferta presentada es de PECAM, @serdelfino. No se que piensa usted pero desde acá se ve como un seguro de retiro por si pierden las elecciones.

— La Corriente K (@lacorrientek) 4 de junio de 2019

Una sola oferta para privatizar el puerto de Santa Fe, @serdelfino. De Mundo Construcciones. Por si falla lo de PECAM. Quién no contrata dos seguros para estar más tranquilos?

— La Corriente K (@lacorrientek) 4 de junio de 2019

Yo estando en el gobierno en año de elecciones, suspendo todo proceso de privatización hasta ver quien gana y que quiere hacer con el agente financiero de la provincia o el puerto de Santa Fe, @serdelfino. Yo, eh. Más si hago campaña diciendo que estoy en contra de privatizar.

— La Corriente K (@lacorrientek) 4 de junio de 2019

Ya se ponen de moda los seguros de retiro electoral, @serdelfino: Corral quiere privatizar la terminal de ómnibus y dársela al Caco Priano (devolución de favores mediáticos?), y Lifschitz lo cruza para que no lo dejen afuera a Jatón. Se pone lindo el final de campaña.

— La Corriente K (@lacorrientek) 4 de junio de 2019

HABLEMOS DE PRIVATIZACIONES

Si a alguno se le ocurriera privatizar total o parcialmente Aguas Santafesinas (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) necesitaría de una ley de la Legislatura, porque así lo establecieron las leyes aprobadas en el último gobierno peronista: 

* En el 2006, durante el segundo gobierno de Jorge Obeid, la Legislatura de la provincia dictó la Ley 12.516, autorizando al Poder Ejecutivo a rescindir la concesión de los servicios de agua potable y cloacas con la empresa Aguas Provinciales, y a constituir una sociedad que prestara el servicio en su reemplazo.

Por Decreto 193/06 Obeid constituyó Aguas Santafesinas (ASSA), con un capital que está en un 51 % en manos del Estado provincial, un 39 % en manos de las Municipalidades comprendidas dentro del ámbito de la concesión de la empresa y el otro 10 % en manos de los trabajadores de la misma, bajo un programa de propiedad participada.

La primera Municipalidad en suscribir acciones de ASSA de las 15 en las que la empresa presta los servicios fue Rafaela, cuando el intendente era Omar Perotti. La única de las 15 que aun no lo ha hecho es Rosario, gobernada por el socialismo desde 1989.

* En el año 2006, es decir también durante el segundo gobierno de Obeid, la Legislatura de la provincia a instancias de un proyecto del Poder Ejecutivo sancionó la Ley 12.700, que derogaba a la Ley 11.727 sancionada en 1999 durante el segundo mandato de Reutemann; parar transformar a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en una sociedad anónima, autorizando su privatización. Al mismo tiempo, la ley del 2006 repuso la vigencia de la Ley 10.104 de 1986 que creó la EPE como ente autárquico en el ámbito del Estado santafesino.

En 2017 el gobierno de Lifschitz contrató a una consultora para elaborar un proyecto de transformación de la EPE en sociedad anónima, que podía contratar con terceros privados o tercerizar sus servicios, bajo el esquema de los contratos de participación pública privada, como los aprobados en el orden nacional en el 2016, a instancias de Macri.

Al mismo tiempo proponía un marco regulatorio de la prestación de los servicios de generación, transporte y distribución de electricidad que es, en sustancia, el mismo contenido en la Ley 11.727 de privatización sancionada durante el gobierno de Reutemann. Con esa base, el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley que nunca llegó a la Legislatura, dada la repercusión negativa que tuvo el tema.

Y si se repitieran los resultados de las PASO en la elección general para las distintas categorías de cargos, el que resulte electo gobernador tendría mayoría en una de las Cámaras, pero en la otra no. En cambio si alguno quisiera incorporar capitales privados a la empresa ferroviaria de la provincia (si es que algún día llegara a funcionar) o a Santa Fe Gas y Energía Renovables S.A.P.E.M. no necesitaría ni siquiera un decreto del gobernador, porque así lo dispusieron las leyes sancionadas durante los gobiernos del socialismo:

* En el año 2011 y durante el gobierno de Hermes Binner, la Legislatura de la provincia sancionó la Ley 13.242, en base a un proyecto presentado por el entonces diputado Pablo Javkin, hoy candidato del Frente Progresista Cívico y Social a la intendencia de Rosario.

La ley creaba la Empresa Mixta Ferrocarriles de Santa Fe (EFESA), una sociedad mixta que tendría a su cargo la prestación de servicios ferroviarios de pasajeros y de carga en el ámbito provincial. Nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo desde entonces ni puesta en práctica, pero contemplaba que el Estado tendría como máximo el 50 % del capital de la sociedad creada, quedando el resto en manos de capitales privados.

* En 2016, ya durante el gobierno de Miguel Lifschitz, la Legislatura aprobó a instancias de un proyecto del Poder Ejecutivo la Ley 13.527, creando Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M., una sociedad con participación estatal mayoritaria destinada a “...la producción, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos y sus derivados directos e indirectos; ...la prestación del servicio público de transporte, distribución y subdistribución de gas por ductos y redes en sus diversas formas tales como gas natural a baja, media o alta presión (GNP), gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL), gas sintético (propano- aire); .el transporte, la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) por redes y/o fraccionado, a granel y/o envasado, por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceras personas...”.

De acuerdo con la ley, del 49 % del capital accionario de la nueva sociedad que no estuviera en manos del Estado, un 15 % correspondería a sociedades privadas con fines de lucro. Actualmente la empresa construye el gasoducto de la costa en del tramo que llega hasta San José del Rincón, pero a través de la misma empresa que construyó las redes ya tendidas para Litoral Gas, la licenciataria privada del servicio: Brumont S.A.. 

De privatizar el banco provincial y el puerto de Santa Fe ya hablamos acá y acá, pero resumimos: en esas privatizaciones avanzó el socialismo durante estos 12 años, basándose en leyes del gobierno de Reutemann. Lo mismo que en la autopista Santa Fe-Rosario, con una ley vencida. Tuit paparulo relacionado: 

@PaloOliver "Perotti es responsable de las privatizaciones"https://t.co/sy4L3qlA6o pic.twitter.com/c9Cr0D4FF0

— Agencia DERF (@AgenciaDERF) 17 de mayo de 2019

TRIBUNAL DE CUENTAS Y CLIMA DE NEGOCIOS

Tres meses atrás les contábamos en esta entrada que Lifschitz había dictado un decreto "retroactivo" al 2014, para remediar los cinco años de "olvido" de renovarle al Ente Administrador del puerto de Santa Fe, el usufructo de los bienes inmuebles en los que está emplazado; cuyo dominio es de titularidad del Estado provincial.

Decíamos entonces: "El nuevo Código Civil y Comercial de la nación (aprobado en el 2014, para entrar a regir desde el 1º de agosto del 2015) extiende el plazo posible de constitución del usufructo de bienes inmuebles a favor de una persona jurídica, a 50 años como máximo; disponiendo además que al constituirlo debe fijarse su plazo de duración, dentro de ese máximo (artículo 2152, inciso b.). 

Como pueden ver, el decreto nada dice al respecto, y pretende “retrotraer” todo al 2014, cuando se venció el anterior usufructo y no se tramitó en tiempo y forma su renovación, por las autoridades del Ente de entonces (Vorobiof), como tampoco lo hicieron los que las sucedieron, hasta hoy.

Pero omite dos circunstancias relevantes: 1) En el medio se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial, con los cambios señalados, y más importante, 2) no se cumplió con el decreto reglamentario de la ley en cuanto a presentar por parte del Ente “...una memoria amplia y precisa, donde deberá detallarse, el estado de los inmuebles a ese momento y precisando las accesiones y disminuciones que hubieren tenido lugar...”. 

Esto último coincide (sugestivamente) con el período de mayor desarrollo de los negociados inmobiliarios en el puerto, al amparo del denominado “Master Plan”. Debe ser casualidad."

Como ven en el decreto de apertura, advertida la omisión del plazo de constitución del usufructo por el Tribunal de Cuentas, formuló un "reparo administrativo", para que se precise que se trata de eso (un usufructo), y para que se fije el plazo por el cual se lo constituye, a favor del Ente.

Y sin decir agua va, el gobernador en el decreto (dictado a tres días de las PASO9) le clavó el máximo permitido por el Código Civil y Comercial: 50 años, o lo que es lo mismo, por lo que le queda a él de mandato, y lo que duren los mandatos de sus 12 sucesores, si es que algún día no se reforma la Constitución, cambiando la duración del mandato del gobernador.

Si eso no es generar reglas de juego claras para favorecer el clima de negocios, vaya uno a saber que lo será: imagináte la de curros que podrá armar el "círculo rojo" santafesino con los bienes del puerto, en 50 años, al estilo del nuevo shópping que está construyendo el grupo Boldt, a través de una de sus sociedades controladas.

¿No creerán que de este modo les facilitan escriturar los departamentos de lujo construidos en terrenos públicos a los que compraron en los "desarrollos inmobiliarios" VIP promovidos en tiempos de Vorobiof, no? Una especie de donación encubierta, digamos.

"PEROTTI PRIVATIZÓ EL BANCO PROVINCIAL"

Cuando se anunció que el gobierno de la provincia volvía a licitar la contratación de su agente financiero, dijimos acá: "Alguno podría preguntarse si eso es facultad del gobernador, o requiere de algún tipo de aprobación por parte de la Legislatura, a la que se le habrían mandado mientras tanto los otros proyectos mencionados en los anuncios. Y tal como pasó con la nueva privatización por concesión de la autopista Santa Fe-Rosario (a la que el socialismo le dio continuidad porque, en palabras de Binner, “fue la mejor privatización que hizo Reutemann”), le buscaron la vuelta jurídica para no darle participación al Poder Legislativo. 

Para volver a otorgarle a un banco privado la condición de agente financiero de la provincia esquivando la intervención de la Legislatura, dijeron en 2009 y dicen ahora que no se trata de una privatización, pero lo hacen con base en las normas del proceso de privatización de los años 90’, más concretamente el artículo 11 de la Ley 10.582 modificado por la Ley 11.387 que dice que: “El Banco será el Agente Financiero del Gobierno Provincial, lo que convendrá con el Poder Ejecutivo en condiciones razonables de mercado, que deberán establecerse en el Pliego de Bases y Condiciones para su privatización. Realizará las funciones de recaudador de sus rentas, custodio y pagador de sus valores y habilitado pagador de la administración pública.”.

Si esa era la norma aplicable (que permitía evadir el paso del proceso por la Legislatura), mientras exista el NBSF S.A. debería ser el agente financiero provincial; amén de señalar que el artículo 99 de la Ley 12.510 que se invoca solo habla del cobro de los impuestos y recursos provinciales, no del pago de sueldos a los agentes estatales, o el asesoramiento a la provincia en las colocaciones de deuda, como ha ocurrido..."

Respecto a las condiciones de la licitación, dijimos entonces: "“Sólo serán considerados aquellos antecedentes relacionados con la prestación de los mencionados servicios a Estados Provinciales de la República Argentina y que sean de fecha anterior al 31 de diciembre de 2018. La prestación de los servicios a una misma provincia en distintas oportunidades será considerada como un único antecedente.” (O sea que un banco, por más solvente que sea, si no era agente financiero de algún gobierno provincial -como el Nuevo Banco de Santa Fe de los Eskenazy- antes del último día del año pasado, no puede participar. Ni siquiera podría participar el Banco Nación, que es el agente financiero del Estado nacional)."

"En un proceso licitatorio que durará tres meses desde la apertura de las ofertas hasta la firma del contrato se le da el mismo plazo al eventual ganador para que desarrolle la misma estructura que tiene hoy en la provincia el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., si no la tuviera." (las negritas son nuestras)

Ahora, con las evidencias a la vista de que se presentó una sola oferta (la de Eskenazy y el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., actual agente financiero), y que los funcionarios nos dicen que "se vieron obligados" a volver a contratar un banco privado "porque se privatizó el banco en los 90'", tenemos en claro que cuando dicen "Perotti privatizó el banco en los 90'" simplemente están chicaneando: jamás tuvieron la intención de hacer realmente algo distinto en la materia.

Ni hablemos de la transparencia del proceso: ellos mismos están reconociendo expresamente que en la licitación pusieron requisitos que eran difíciles de cumplir, a menos que uno sea Eskenazy. Y hablando de transparencia, procesos licitatorios y ofertas únicas: 

También en éste caso advertimos como venía la mano, cuando dijimos en ésta entrada: "“¿Por qué se elige una convocatoria a propuestas en lugar de una licitación? -Estamos llamando a selección de propuestas de concesión. Nosotros tuvimos una licitación desierta en 2016; aprendimos que algunas condiciones eran difíciles de cumplir y durante 2018 ya con la terminal habilitada recibimos una propuesta privada de un grupo santafesino. Entonces decidimos esta convocatoria respetando las premisas de libre concurrencia, publicidad e igualdad de condiciones, pero sin dilatar los tiempos.” (o sea, no hacen licitación porque recibieron una propuesta de unos amigos, y no es cuestión de cagarles el negocio. Y de paso, hicieron más fáciles las condiciones, porque son amigos, y no era cuestión de hacérselas difícil.) " 

"“- En la oferta que Uds. tienen en consideración y que es la que dispara todo este procedimiento, ¿hay empresas que estén involucradas en la administración del Ente?- No. Esa oferta no está hoy y va a tener que competir con todas las demás. (¿Y si no está como va a competir, no era que el año pasado recibieron una oferta de un grupo santafesino?)

- Yo estoy citando lo que Uds. informaron, que habían recibido una propuesta. - Nosotros recibimos una propuesta, que no es parte de lo que hicimos pero que es lo que nos alienta a buscar un concesionario que explote la terminal de contenedores. La oferta que recibimos la trajo la compañía Mundo Construcciones, que tiene relaciones comerciales con nosotros pero no tiene relación con el Ente. De hecho estamos en una licitación para construir una costanera en el puerto, y si Mundo Construcciones se quiere presentar, puede hacerlo.” (O sea, recibieron la oferta de una de las empresas contratistas que más obras ganaron con el socialismo y como quedaba feo aceptarla de una, hacen el camelo de algo parecido a una licitación, para que no se note tanto. ¿De qué otro modo hay que interpretar que la empresa “no tiene relación con el puerto” pero sí “tiene relaciones comerciales con nosotros”? (*))"

"(*) Entre otras, tuvo a su cargo el edificio de la escuela técnica 508, la reconstrucción de “La Redonda”, la nueva cárcel de Rosario, el desagüe Llerena, la cárcel de Piñero, el camino de acceso a Alto Verde, el desagüe Larrea, la arquitectura interior del CEMAFE (de palpitante actualidad), la “puesta en valor” de la plaza 25 de Mayo y la reconstrucción del paseo costero en el Campo de la Gloria en San Lorenzo. " (las negritas son nuestras. Mundo Construcciones tuvo a su cargo -además de esas obras- el "Museo de la Constitución", la primera etapa de la remodelación de la peatonal San Martín y junto con PECAM, la "Lázaro Báez" del socialismo, la obra del nuevo hospital Iturraspe).

Para variar, el presidente del Ente Administrador del puerto mintió, y Mundo Construcciones no tuvo que competir con nadie porque no hubo otras ofertas, porque al pliego lo armaron ellos, el año pasado, cuando le "arrimaron la propuesta".  ¿De esta "privatización de la privatización" del puerto de Santa Fe también le van a echar la culpa a Perotti?. Tuit relacionado:

Licitación del banco, un solo oferente, Eskenazy. Licitación del puerto, un solo oferente, Mundo Construcciones, del club de constructoras amigas, socia frecuente de Pecam. Es rara la transparencia socialista, @serdelfino

— La Corriente K (@lacorrientek) 3 de mayo de 2019

LA COSTANERA DE JATÓN, FLOJITA DE PAPELES

La primera vez que hablamos acá de "la costanera de Jatón" fue en esta entrada, en la que contábamos que la obra viola el artículo 10 de la Ley 11.011 de creación del Ente Administrador del puerto de Santa Fe, que dice que "El Estado Provincial no concurrirá en apoyo económico del Ente, salvo autorización concedida por ley especial.". 

Después de eso, vimos acá que el Ente llamó a concurso para contratarla, con la presencia en el acto de apertura del Ministro de Gobierno de la provincia; pese a que días antes Lifschitz por decreto y en uso de los "superpoderes", le había sacado las partidas que tenía asignadas en el presupuesto provincial. 

Y ahora, después de que el Ente llamó a concurso para adjudicar las obras, recién ahora se preocupan de tratar de emprolijar los papeles, sin conseguirlo: la obra sigue violando la ley del puerto.

Porque viendo el decreto cuya imagen abre el post, uno se pregunta: ¿por qué se habla todo el tiempo de una obra pública provincial que se ejecutará por “administración delegada municipal” si la Municipalidad de Santa Fe no tiene ninguna injerencia en su ejecución o contratación, porque todo eso lo decide el Ente Administrador del puerto; y así lo decidieron para marginar a Corral de la obra y poder usarla en la campaña de Jatón?

¿Por qué se habla en el decreto de que será el Ente del puerto el que ejecute las obras, si está claro que las va a contratar con terceros, si es que ya no las contrató (el importe que pagará la provincia coincide con la oferta de COCYAR, a la que ni siquiera se menciona), y por eso el monto a transferir por la provincia se corresponde con la oferta adjudicada en el concurso? (*)

¿Qué va a pasar si -como es habitual en la obra pública, más en Santa Fe- las obras cuestan más de lo previsto, de la diferencia se va a hacer cargo el Ente, o le mandará la factura a la provincia para que levante el muerto?

¿Están previstas posibles “redeterminaciones de precios”, y en tal caso, quién las pagará?

¿Quién contempló que la obra se contratara con un 20 % de anticipo financiero, antes de arrancar, el Ente o la provincia; y si fue el Ente, por qué la provincia le financia ese “regalito” a la empresa contratista?

¿Qué catzo tiene que ver “la costanera de Jatón” con mantener “...el destino comercial, la actividad portuaria específica aún en caso de destino multipropósito y el uso público de los mismos..." del puerto de Santa Fe como dice el artículo 1 de la Ley 11.011 que se cita en el decreto?

¿Sabrán los vecinos de Fray Luis Beltrán que se quedarán sin desagües porque Lifschitz decidió emplear las partidas que estaban destinadas a eso en el presupuesto provincial a financiar “la costanera de Jatón” por la bicoca de 100.000 pesos por metro?

Si 30 millones de pesos te parecen poca plata, pensá que el año pasado la EPE gastó 8 millones en subsidiar la tarifa de la luz a los electrodependientes, y se hizo compensar por el Tesoro provincial de ese gasto.

(*) La empresa que hará la obra y a la que nadie nombra es COCYAR, la misma que está haciendo para la Municipalidad de Santa Fe la obra de Avenida Freyre, y para la provincia la obra del edificio del IAPOS en calle Rivadavia, la de los derrumbes y accidentes.