LA FRASE

"DESEMPATAR LA VOTACIÓN DE LA LEY DE TIERRAS VOTANDO EN CONTRA DEL GOBIERNO LE HUBIERA DADO A LA CARRERA POLÍTICA DE LA VICEPRESIDENTA VILLARRUEL EL MISMO IMPULSO QUE LE DIO A LA MÍA EL VOTO NO POSITIVO DE LAS RETENCIONES." (JULIO COBOS)
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sábado, 28 de marzo de 2026

EXPRÓPIESE

 

En la reaparición pública de Adorni con su stand up cotidiano en el que se defendió de las acusaciones de corrupción en su contra como la almeja (enterrándose con la lengua), pasó casi desapercibido el anuncio que hizo de que el gobierno enviaría una serie de proyectos de ley para "garantizar la propiedad privada".  Pasó desapercibido hasta que anoche lo recordó el presidente en cadena nacional, en un mensaje en el que celebró que la justicia de Estados Unidos le diera la razón a la Argentina en el litigio iniciado por el fondo Burdford Capital, por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF.

En realidad, se trata de un conjunto de proyectos que ya habían sido anunciados cuando el Poder Ejecutivo convocó al Congreso a extraordinarias, y entre ellos en esa oportunidad merecieron más atención las modificaciones a la Ley 26737 del dominio de tierras rurales aprobada en el gobierno de Cristina para limitar la tenencia y propiedad de tierras en manos de extranjeros; y a la Ley 26815 de manejo del fuego, en éste caso para eliminar los cambios introducidos en 2020 por la Ley 27604 a instancias de un proyecto presentado por Máximo Kirchner, para limitar el uso de las tierras afectadas por los incendios a los fines productivos o de desarrollos inmobiliarios, por un plazo de 60 años desde su extinción. Casualmente cuando se ha presentado un proyecto de capitales israelíes para construir una ciudad-country en 100.000 hectáreas no determinadas aun de la Patagonia.

Pero también estaba incluido en ese conjunto de proyectos -y es el que interesa analizar aquí- uno para modificar la Ley 21499 de expropiaciones, limitando -según dijo Adorni- las causas por las que un bien puede ser declarado de utilidad pública para ser expropiado, aunque en rigor el jefe de gabinete -demostrando que del tema, como de tantos otros, entiende poco- dijo que no correspondía que el Estado resolviera eso "unilateralmente". Milei agregó que proponen que la expropiación sea "para situaciones excepcionales" (como si no hubiera sido siempre así), y para pagarles m{as indemnizaciones a los expropiados, lo que de mono alguno sorprende.

La pregunta sería en ese caso a quien le tendría que preguntar el Estado (garante del bien común) si algo es o no de utilidad pública para expropiarlo, o con quien lo tendría que discutir; cuando determinarlo es un acto propio del ejercicio de su soberanía exterior y supremacía interna para imponerse al interés particular; y el particular afectado por la privación de un bien lo único que puede discutir (en sede administrativa y judicial), es el precio, o sea el monto de la indemnización que se le debe pagar para desapoderarlo del bien.

Y no se trata de inventos chavistas ni nada por el estilo: la cuestión de la expropiación de bienes por causa de utilidad pública estaba ya en el artículo 17 de la Constitución Nacional original sancionada en 1853, y siguió estando hasta el día de hoy, con el mismo texto. Es decir que aun la muy liberal Constitución ideada por Alberdi -que en el mismo artículo protegía y protege la propiedad privada incluso de las necesidades del país ante una guerra: ("Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exija auxilios de ninguna especie")- admitía la expropiación de un bien por causa de utilidad pública.

Y la Constitución peronista de 1949 ratificaba el concepto (la expropiación procede por causa de utilidad pública declarada por ley, y previamente indemnizada) en su artículo 38, en el que consagraba la función social de la propiedad privada: "La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.". En el artículo 40 establecía las pautas para expropiar -si fuera necesario- los bienes afectados a los servicios públicos, y fijaba las pautas para la indemnización en ese caso en particular.

Lo que se trataría de modificar ahora -entre otros- es el artículo 1 de la Ley 21499 (1977) que dice lo siguiente: "La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.". Su antecesora la Ley 13264 (1948) establecía en su artículo 1: "El concepto de utilidad pública comprende todos los casos en que se persiga la satisfacción de una exigencia determinada por el perfeccionamiento social.".

Similares conceptos contiene la Ley 7534 (1975) de Santa Fe en su artículo 1: "El concepto de interés general comprende todo aquello que represente o tienda a lograr una satisfacción material o espiritual para la colectividad.", y la Constitución provincial reformada el año pasado dice en su artículo 21 (que reproduce exactamente el artículo 15 de la Constitución de 1962): "La propiedad privada es inviolable y solamente puede ser limitada con el fin que cumpla una función social. El Estado puede expropiar bienes, previa indemnización, por motivos de interés general calificado por ley."

Hasta los tratados bilaterales de inversión (TBI) firmados en abundancia durante la década del 90' al calor de las reglas del Consenso de Washington dejaron a salvo la facultad expropiatoria del Estado; algo que solo podía ocurrírsele a este gobierno de ocupación colonial que padecemos, y lo dejó plasmado en la Ley 27742 (ley de bases), más específicamente en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, en el artículo 200 inciso b): "El Estado nacional garantiza a los VPU adheridos al RIGI: b) La plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al VPU toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional, o de jurisdicciones locales o extranjeras;...".

Es decir que el Estado les asegura a determinados inversores que jamás serán expropiados -ni por él, ni por las provincias ni por los municipios- aunque exista una necesidad pública que así lo justifique; pudiendo llegar incluso (está implícito en el texto) a usar la fuerza para impedirlo, o intervenir una provincia a esos fines, estirando los preceptos constitucionales de los artículos 5 y 6 CN (hasta violarlos) en beneficio exclusivo del capital extranjero.

Expresiones tales como "utilidad pública", "satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual", "perfeccionamiento social", "satisfacción material o espiritual para la colectividad" o "interés general" son los que en doctrina se conoce como conceptos jurídicos indeterminados, que el constituyente y el legislador dejan deliberadamente abiertos para poder captar en forma dinámica todas las situaciones que pueden presentarse a través del tiempo, y que imponen que el Estado actúe expropiando un bien particular, que son múltiples y variadas y van desde evitar que una fábrica abandonada o vaciada por sus dueños cierre y se pierdan puestos de trabajo (de hecho así se ha hecho en el caso de la mayoría de las fábricas recuperadas), o para retomar el control de la petrolera estatal y alinearla con los objetivos del país y el desarrollo nacional en materia energética; como hizo el gobierno de Cristina en 2012 con la Ley 26741; que habilitó la recuperación del control de YPF por el Estado nacional.

Esta última mención no es casual en éste post, pero tampoco -creemos- en éste momento y en relación al litigio que el Estado nacional sostiene en Estados Unidos contra el fondo buitre  Burford Capital, por la expropiación del 51 % del paquete accionario de YPF. Un litigio en el que la Argentina contó hasta con el apoyo de del gobiernos de los EEUU, que no hace más que defender su propia ley de inmunidad soberana de los Estados en su territorio, y su prevalencia sobre cualquier estatuto societario; que es lo que viene sosteniendo la Argentina desde el inicio del litigio, y que el fallo del tribunal de apelaciones yanqui acaba de convalidar, dándole la razón y revocando el fallo de la jueza Preska, que ordenaba pagar una indemnización colosal a los demandantes, y transferirles las acciones de la petrolera.

Si no estuviéramos en manos de un gobierno infiltrado en todas sus líneas por los agentes del capital financiero internacional, si de allí no proviniesen todos los principales funcionarios del Ministerio de Economía (y ahora también de la cancillería), si las políticas de éste gobierno no hubieran alentado el desembarco en el país de fondos especulativos como el propio Burford Capital que litiga contra Argentina por la recuperación de YPF para participar del festival de ganancias fáciles de la bicicleta financiera (y que acaba de recibir un fallo adverso para sus intereses, pero favorable para el país), si funcionarios de éste mismo gobierno (como el ex Procurador del Tesoro Castro Videla o el diputado Fargossi) no hubiesen estado vinculados al fondo litigante como abogados, si ese mismo gobierno no estuviera desesperado por rifar los recursos naturales del país y el patrimonio público para hacerse de dólares para pagar la deuda y si no estuviera tratando de evitar que los latrocinios y saqueos de hoy no puedan ser revertidos mañana por un futuro gobierno, uno podría pensar que cuestionar en éste momento la potestad expropiatoria del Estado o pretender disminuirla en su potencia jurídica sería pura casualidad.

Pero en éste contexto no puede ser sino otra cosa, amén de la demostración palmaria de que el presidente tiene severos trastornos mentales y vive en una dimensión paralela; tanto que dijo que expropiar está mal y es un robo (cuando se paga una indemnización), luego de un fallo de un tribunal del país del cual es siervo incondicional que dijo todo lo contrario. Tuits relacionados: 

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miércoles, 9 de julio de 2025

STURZENEGGER Y ESTADO, ASUNTOS SEPARADOS

 

Si el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, el argentino gorila es el único animal que les da oportunidades a Federico Sturzenegger para destrozarlo todo, en tres gobiernos diferentes. Y el tipo no las desaprovecha: ante el inminente vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas a Milei en la ley bases, se fueron llenando las ediciones diarias del Boletín Oficial con decretazos que ejecutan otra fase del plan de la motosierra del topo que está -efectivamente, como prometió- destruyendo el Estado desde adentro.

Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto del Cáncer, el Instituto de la Agricultura Familiar, los fondos fiduciarios de Desarrollo Regional, Manejo del Fuego y Desarrollo Productivo. Antes habían corrido la misma suerte o parecida el Banco Nación, los medios públicos, el Plan Procrear, el Garrahan, el INTI, el INTA: nada se salva, nada se rescata, ni se mejora, ni se refuncionaliza. Todo es curro y cajas de la política, menos los curros reales, como la deuda para financiar la fuga de capitales: de hecho, el mismo lunes se publicó un DNU por el cual Milei autorizó emitir deuda por 50 billones de pesos, para rollear los títulos públicos en poder de los bancos.

Inútil es buscar en los decretazos salidos de la usina de calamidades de Sturzenegger algo parecido a un argumento racional en el que se sustenten las medidas: simplemente se alega la necesidad de desburocratizar el Estado, eliminar regulaciones que se califican como innecesarias, ampliar la libertad de los argentinos, dejar que el mercado resuelva los problemas porque lo hará más eficazmente, y paparruchadas similares, y no mucho más.

O algunos desatinos sueltos, como por ejemplo lo que pasó con la desregulación del sector eléctrico, instrumentada por el Decreto 450 publicado éste lunes en el Boletín Oficial. La norma se basa -según dicen sus considerandos- em el artículo 162 inciso b) de la Ley 27742 (ley de bases) que estableció como uno de los fines de la delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo "Asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales, la libre elección de proveedor;..." (las negritas son nuestras). A tono con ese disparate el decreto (que modifica las Leyes 15336 y 24065 que rigen el servicio público de electricidad en todas sus fases) dice la siguiente idiotez: "Que sin afectar el carácter local de la distribución de energía eléctrica, se fortalecen las herramientas regulatorias para que el usuario pueda libremente elegir su proveedor y se extienda la libre contratación en el mercado eléctrico.". O sea elegir quien te da luz en tu casa o empresa, como elegís que celular o zapatillas comprarte. 

Cuando Milei era apenas un panelista televisivo y llamaba la atención por sus dotes de showman, y ya siendo candidato, se viralizó el video de apertura, en el cual explicaba gráficamente lo que pensaba hacer con el Estado si llegaba al gobierno, y por eso -en buena medida- muchos lo votaron, sin detenerse a pensar un minuto en las posibles consecuencias: quizás les pareció que simplemente se trataba de un loquito arrancando papeles en un pizarrón, que los hacía reír, y no mucho más. Bueno, ahora estamos en el punto en el que la cosa se puso seria, y algunos empiezan a lamentar las consecuencias, aun habiendo acompañado al gobierno "dándole herramientas de gobernabilidad", como la ley bases.

Gente perspicaz -o autopercibida como tal- con años en la política como Pichetto, Cobos, Randazzo o Stolbizer, que descubren que no fue tan buena idea darle facultades extraordinarias a un demente, o dicen muy sueltos de cuerpo que jamás pensaron que realmente las fuera a usar. En ese sentido se parecen bastante a los que votaron a Milei con la idea de que "no va a hacer lo que realmente dice", en fin, casos de salud mental. O en el caso de la "oposición razonable" (que incluye a buena parte de los gobernadores), se trata de gente que comparte el rumbo del gobierno y cree -como Milei- que no había otro posible, pero ahora se empiezan a bajar del barco porque -como dijo Cristina- se dio vuelta el reloj de arena.

Porque de ser otra cosa (por ejemplo advertir que se equivocaron, o subestimaron hasta donde podía llegar el experimento libertario), la solución -como lo advierten los tuits de Germán Martínez y Julia Strada que cierran el post- es muy sencilla: rechazar en el Congreso todos y cada uno de los decretos dictados por Milei en uso de las facultades extraordinarias delegadas, conforme al procedimiento establecido por la Ley 26122, que es exactamente el mismo que rige para que el Poder Legislativo ejerza el control de los DNU's (decretos de necesidad y urgencia).     

Lo que supone que el Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa debe someterlo a consideración de la Comisión Bicameral Permanente (artículo 12 de la ley), y esta debe debe expedirse acerca de su validez o invalidez el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento (artículo 13). Si el Jefe de Gabinete no remite en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos ésta se abocará de oficio a su tratamiento (artículo 18). 

De acuerdo con el artículo 20 de la misma ley, si se vence ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate, y si ambas Cámaras (que lo tratan por separado) lo rechazan, el decreto queda derogado (artículo 24 de la ley).

Como la misma Ley 26122 aclara -por si hiciera falta- en su artículo 25, el mecanismo de control que establece no obsta a que el Congreso en uso de sus facultades ordinarias derogue las normas de carácter legislativo (es decir los DNU's y los decretos delegados) emitidos por el Poder Ejecutivo. Lo que significa que rechazar y derogar todos y cada uno de los decretazos de Milei y Sturzenegger (pronunciamiento de las Cámaras que además el presidente no puede vetar, porque son resoluciones y no una ley) no es excluyente con tratar en Diputados el DNU 70/23 y rechazarlo como ya hizo el Senado por amplia mayoría, y derogar la ley de bases en su totalidad, sin conformarse con que se hayan vencido las facultades extraordinarias que le daba al presidente.

Pero ya, ahora, no esperar al 2027, antes de que los daños que está haciendo éste gobierno sean irreparables. Menos lamentaciones y arrepentimientos o asombros en las redes sociales, y más culo en las bancas y manos levantadas en el Congreso. Tuits relacionados:

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jueves, 20 de febrero de 2025

HAY QUE SACARLE LA NAVAJA AL MONO

 

En el Boletín Oficial de hoy apareció publicado el Decreto 116 (completo acá), por el cual Milei dispone transformar el Banco Nación en una Sociedad Anónima (SA), basándose en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 27742 (ley de bases), que faculta al Poder Ejecutivo Nacional "...a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente: a) La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.".

Aquí aparece la primera trampa que ejecuta el gobierno porque el mismo artículo 3 establece cuáles son los organismos del Estado nacional que quedan excluidos de esas facultades, e incluso menciona expresamente los que no pueden ser disueltos. Pero entre ellos no está el Banco de la Nación Argentina, que era hasta la fecha un ente autárquico según el artículo 1° de la Ley 21799.

Por eso no le alcanzan las disposiciones del artículo 4 de la ley de bases, que refiere a las empresas y sociedades contempladas en el inciso b) del artículo 8° de la ley 24.156, además de lo previsto en el artículo 7° de la misma ley de bases, que declaró sujetas a privatización” en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I de la ley.

Y la otra trampa es que el Decreto 116 menciona en sus considerandos el artículo 48 del DNU 70/23 (el mega DNU con el que Milei rechazado por el Senado y jamás tratado en Diputados), que dispuso que "Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas.".

Si bien el Banco Nación es un ente autárquico como se dijo antes, el artículo 48  del DNU continúa de éste modo: "Esta disposición (la transformación de las empresas  sociedades del Estado en SA) comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas...." (las negritas son nuestras)

Para acto seguido señalar que "Las Sociedades Anónimas transformadas estarán sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.". Recordemos que el mismo DNU 70/23 en su artículo 40 derogó la Ley 20705 de Sociedades del Estado, cuyo artículo 5 disponía que esas sociedades no podían ser declaradas en quiebra, y solo mediante autorización legislativa podría el Poder Ejecutivo resolver su liquidación.

Cosa que a una sociedad anónima regida por la Ley de Sociedades 19550 (como será a partir de ahora el Banco Nación) perfectamente le puede pasar: ser liquidada, o declarada en quiebra. Si éste último riesgo parece lejano para el principal banco del país (el decreto mantiene además la garantía del Estado nacional sobre sus operaciones contemplada en la Ley 21799), no el primero, o la transferencia a manos privadas de todo o parte de su paquete accionario: Milei busca lograr así por la ventana lo que le fue negado por la puerta al discutirse la ley bases.

Y allí radica precisamente el problema: mientras subsista el DNU 70/23 y no se complete su rechazo por el Congreso tratándolo en Diputados, y mientras subsistan las delegaciones de facultades extraordinarias que le otorgan al presidente los artículos 1,2, 3 y 4 -sobre todo- de la ley de bases (Ley 27742) el riesgo de que éstas cosas pasen aumenta en forma exponencial. Más con semejante poder en manos de alguien como Milei, acorralado como está. 

Por estas horas y a propósito del escándalo de la criptomoneda que devino en una estafa piramidal promocionada por el mismísimo presidente de la república se pudo oír y leer a  "opositores razonables" que votaron a favor la ley bases y la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo contenida en ella decir que por esa razón (el escándalo) los presidentes deben ser controlados (Margarita Stolbizer), o que Milei es un "indigente mental" (Emilio Monzó).

Pues bien, ahora tienen la oportunidad de poner el voto donde ponen la lengua, y acompañar los proyectos que acaba de presentar Unión por la Patria en ambas Cámaras del Congreso para revocar la delegación de facultades extraordinarias a Milei de la ley bases, como así también acompañar el pedido de tratamiento del DNU 70/23 en Diputado para completar su derogación o anulación. 

Lo que no excluye que -al mismo tiempo- apoyen el pedido de juicio político al presidente del bloque de diputados de UxP., que sería la forma de terminar con estos riesgos, definitivamente.

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miércoles, 14 de agosto de 2024

Y MIENTRAS TANTO...

 

Mientras nos entretienen con los escándalos conyugales de Alberto, y nos prometen nuevos videos en los que se hace el pito duro, pasaron cosas. Como por ejemplo:

* El martes pasado se publicaba en el Boletín Oficial el Decreto 699, por el cual se declaraba servicio público "las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional.", para acto seguido disolver el órgano de control de la llamada hidrovía, creado por el Decreto 556/21 (en el que tenían participación las provincias ribereñas) y abrir un nuevo proceso de privatización; lo que se concretó luego mediante el Decreto 709, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial.

El decreto descarta la alternativa del canal Magdalena en perjuicio de la provincia de Buenos Aires y en beneficio de los intereses del puerto de Montevideo, y el único que protestó -al menos en público- fue Axel Kicillof, porque advirtió que la iniciativa va en contra de los intereses estratégicos de la nación, y además es parte de la política de asfixia en todos los frente de la provincia que gobierna, como ya se vio con la decisión de no localizar la planta de GNL de YPF en Bahía Blanca.

* Se siguen sumando envíos al exterior de remesas de las divisas en oro del Banco Central, y pedidos de informes de Sergio Palazzo y la Asociación Bancaria al BCRA, sin respuesta. Todo indica que las operaciones han violado la carta orgánica del banco, y que Caputo no puede dar cuenta de ellas serían parte de una negociación ruinosa con bancos y fondos de inversión para obtener un "repo" que recomponga las reservas.

* El gobernador de Santa Cruz -uno de los "dialoguistas" que apoyó la ley bases- reclama por el virtual abandono por parte de YPF de la explotación petrolera en su provincia, con la consecuente merma de ingresos por regalías. Al mismo tiempo el derretimiento de la nieve inunda la sala de máquinas de la represa Cepernic (una de las que se estaban construyendo con financiamiento chino), y el abandono de la obra por el gobierno nacional tras su paralización total provocaría que los destrozos sean imposibles de reparar, frustrando así la concreción de una obra clave para el desarrollo del país.

La estrategia de YPF es consistente además con lo que está haciendo en Neuquén, malvendiendo concesiones a precios viles en distintos yacimientos, para que lo aprovechen algunos vivillos como Javier Iguacel (el ex director de Vialidad Nacional y luego secretario de Energía de Macri), que se quedó con algunos a través de una empresa fantasma (acaso del propio Macri), creada después de que se abriera la licitación.  

* Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 718, por el cual se prorrogan por un año a título precario las concesiones para operar las represas del Comahue (Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila) a las empresas privadas que actualmente las operan, y se vuelve a llamar a licitación para transferir su operación a manos privadas, por 30 años. Una de las beneficiarias es Central Puerto SA, de la familia Caputo y en la que el Toto de la Champions conserva acciones.

* El mismo día se publicó el Decreto 713, por el cual se reglamentan diferentes aspectos de la ley bases, como el régimen de concesiones de obra pública y servicios públicos (lo que incluye el peaje en las rutas nacionales), la renegociación y rescisión de los contratos públicos en ejecución (con excepción, casualmente, de los de concesión de servicios públicos) y los acuerdos transaccionales para poner fin a litigios administrativos o judiciales en los que el Estado nacional sea parte.

Precisamente éste último punto es el que le interesó personalmente a Mauricio Macri (al punto de conversarlo personalmente con Milei en una charla que tuvieron en Olivos) para poder finalmente zafar de pagarle al Estado la deuda que mantiene desde hace años por la fallida concesión del Correo, y evitar así la quiebra de SOCMA. Claro que solo con malicia propia de un delincuente como él se puede interpretar que las nuevas normas aplican al caso, que se trata de un concurso de acreedores, y que su propuesta (consistente en auto-condonarse el 98,8 % de la deuda) sería beneficiosa para los intereses del Estado nacional.

* El mismo Decreto 713 reglamenta un régimen de "iniciativa privada", reflota los nefastos -y fallidos- contratos de "participación pública-privada" creados por la Ley 27328 aprobada durante el gobierno de Macri, y declara expresamente que en todos esos casos -incluyendo los procesos de privatización para conceder la explotación de obras o servicios públicos- no rigen ni la Ley 21499 de expropiaciones, ni la Ley 269944 de medidas cautelares judiciales contra el Estado; además de contemplar la posibilidad de que -por acuerdo de partes- se prorrogue la jurisdicción en tribunales extranjeros, para resolver eventuales litigios.

Es decir, se ha legislado la absoluta indefensión del Estado nacional frente a los intereses privados, desconociendo además una herramienta contemplada en la Constitución Nacional como la expropiación. Pensemos además que aun falta reglamentar el oprobioso RIGI.

* Mientras tanto el Congreso nacional -que permanece en Narnia, ajeno a todas éstas cuestiones- se apresta a discutir en Diputados la declaración de la educación como servicio esencial, en lo que constituye una burda reglamentación del derecho de huelga de los docentes hasta suprimirlo, que se da de patadas con los convenios de la OIT firmados por la Argentina. Eso, mientras los docentes universitarios e investigadores comienzan un plan de lucha en defensa de sus licuados (o tronchados por la motosierra de Milei) salarios. 

Todo esto ocurre mientras se siguen conociendo indicadores tenebrosos de la recesión económica (la industria en todos sus bloques profundiza la caída) y de su impacto en el empleo y los salarios; y no hay el meno indicio de la anunciada "recuperación en V". Si no es un plan sistemática de saqueo, entrega, hambre y empobrecimiento, se le parece bastante.

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martes, 6 de agosto de 2024

ARRANCÓ EL REMATE

 

(El texto completo del Decreto 695 que reglamenta los capítulos de privatizaciones, disponibilidad y cese de empleados públicos y cambios a la ley de procedimientos administrativos de la ley de bases, acá en el Boletín Oficial de ayer).

Y en el Boletín Oficial de hoy, sigue el desguace del Estado: por el Decreto (DNU) 699 se declara servicio público"a las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional.", para renglón seguido disolver el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (vulgarmente denominada hidrovía), que fuera creado por el Decreto 556 de 2021, con participación de las provincias ribereñas. 

Estrenando el uso de las facultades extraordinarias que le concediera la ley bases, Milei preparan así una nueva privatización, bajo el asesoramiento del Comando de Ingenieros del Ejército de los EEUU. Y deja pagando a los opositores "colaboracionistas" como Pullaro, que reclama un lugar en el ente de control para Santa Fe, cosa que tuvo en el gobierno anterior.

Para terminar, también en el Boletín Oficial de hoy, el Decreto  696 dispone finalmente la disolución formal del INADI.

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martes, 9 de julio de 2024

COMPORTAMIENTO Y CRISIS DE LA CLASE EMPRESARIA

 

Leíamos al siempre interesante Ricardo Aronskind en ésta nota de El Cohete a la Luna (cuya lectura íntegra recomendamos): "Por ahora, la gran conversación sobre cómo seguir se está dando exclusivamente en el campo de la derecha: las grandes corporaciones, los organismos financieros internacionales, los emisarios de los países centrales, los liderazgos de los partidos gobernantes (La Libertad Avanza y el macrismo) y sus aliados (UCR y pichettismo), sus economistas y sus difusores mediáticos.".

"Les pasa lo que les viene pasando desde el golpe cívico-militar de 1976: se ponen de acuerdo fácilmente cuando se trata de despojar de conquistas a los sectores populares (salarios, jubilaciones, derechos adquiridos), o cuando se trata de capturar o generar negocios a costa del desmantelamiento del Estado, sus capacidades regulatorias y sus empresas. Las complicaciones empiezan cuando están solos consigo mismos en el gobierno, con todo el tablero de mando a su disposición, para hacer básicamente lo que quieren con el país.".

"¿Cuál debería ser la configuración permanente de los negocios en la Argentina? ¿Qué precios, qué rentas, debería tener cada sector? ¿Cómo y en base a qué criterios se define eso? ¿Combustible barato o caro? ¿Alimentos baratos o caros? ¿Tarifas baratas o caras? ¿Dólar barato o caro? ¿Salarios miserables o razonables? ¿Impuestos como en el primer mundo o como el cuarto? Las capas sociales que se apropian los ingresos más altos del país, por ejemplo, están unánimemente a favor del “equilibrio fiscal”, pero no están dispuestas a aportar un peso para que esa meta se logre. Los recursos tienen que salir de “los otros”.".

"Es interesante observar que, en la Argentina actual, todos los intereses empresariales –locales y extranjeros– parecen estar de acuerdo en otro punto más: rechazar la idea de someterse voluntariamente a un diseño más general, que compatibilice las distintas aspiraciones y que sea al mismo tiempo consistente y sostenible en el tiempo.".

"Justamente ese diseño, básicamente favorable a sus intereses pero dándoles proyección en el tiempo, sólo puede implementarse y ordenarse desde del Estado. Paradójicamente, los grandes intereses corporativos se han entusiasmado con un personaje que apunta –por ignorancia y alienación ideológica– a generar un profundo deterioro de las instituciones públicas, que son las que deberían sostener y encauzar las grandes líneas de acumulación del capital en el país. Esa característica caótica de los grandes intereses corporativos, de preferencia por el tironeo y el manotazo más que por una articulación económica racional, es uno de los principales obstáculos para que la Argentina capitalista se pueda estabilizar, así sea por un tiempo.".

"Los desacuerdos que estallan entre el gobierno con diversos sectores, llámense bancos, agroexportadores, industriales, proveedores de servicios públicos o acreedores externos, no pueden resolverse exclusivamente atacando a los asalariados y los sectores medios. Simplemente, no alcanza y no cierra económicamente. Tarde y mal algunos empresarios se dan cuenta de que sus propios negocios están estrechamente asociados a una cierta distribución del ingreso y a un cierto grado de regulación estatal, que por cuestiones puramente ideológicas y clasistas prefieren rechazar.".

Es tan cierto lo que describe Aronskind, que lo hemos leído antes, escrito por otros, con iguales o similares palabras: por Dardo Cúneo en su célebre obra de la que tomamos prestado el título del post, por Aldo Ferrer cuando enumeraba los elementos constitutivos de lo que llamaba la "densidad nacional" (entre ellos, una élite empresarial y económica con visión nacional y de desarrollo del país), entre muchos otros.

También podemos reconocer en el cuadro que bien pinta Aronskind el tristemente célebre "empate catastrófico" entre los proyectos en pugna por imponerse en el país desde hace décadas, sin que ninguno de ellos consiga consolidar una hegemonía permanente y estable, con el resultado de crisis recurrentes, y un piso cada vez más bajo de desarrollo económico, integración social y autonomía soberana del país, desde el que recomenzar. Y el actual ciclo no es la excepción, sino la profundización de la regla, con ribetes ridículos.

Por supuesto que no se puede pedirle todo a la élite económica, ni esperar de ellos lo que no están dispuestos a dar: precisamente allí radica uno de los déficits conceptuales de la política argentina, que está en el origen de todas las concesiones y claudicaciones conciliatorias que, lejos de conseguir su objetivo de aplacar a los dioses del mercado, solo consiguieron exacerbarlos hasta que su lucha por los despojos del país nos termina llevando puestos a todos, una y otra vez.

De hecho, asistimos (y nada menos que el día en que conmemoramos la declaración de independencia) a una farsesca representación de la rendición incondicional de buena parte de la política frente a los poderes corporativos, disfrazada como un gran acuerdo nacional, con perdón (o no) de Lanusse. El pomposamente llamado "Pacto de Mayo" que se termina firmando en julio no es más que el refrendo por parte del sistema institucional de las añejas ideas del Consenso de Washington, que ya se ensayaron el país con los resultados conocidos.

Tan obtusa es nuestra presunta élite empresarial (ese unicornio azul que el propio peronismo buscó por década para ensayar el pacto social) que no solo no reaccionó en bloque en su autodefensa frente a la amenaza del RIGI contenida en la ley bases (que permite entre otras cosas a los inversores extranjeros fagocitarse empresas nacionales a precio de ganga), sino que reclama replicar la entrega a la escala y la medida de cada sector interno, reclamando su lugar al sol en la granja feliz colonial, a las autoridades del virreynato.

Una vez más, la pelota está del campo de la política, que debe cumplir el rol para el cual existe: representar los intereses generales (o por lo menos los de las grandes mayorías) para los que, en democracia, votamos. Sin hacerlos al costado (junto con el sentido mismo del voto) en nombre de "lo que piden los mercados", como si estos fueran la única voz que debe y merece ser oída. Buscar en nuestra historia el registro de lo que pasó cada vez que se hizo eso es, sencillamente, encontrarse con el racconto de nuestras recurrentes crisis: una cosa sigue a la otra, como la sombra al cuerpo.

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jueves, 13 de junio de 2024

ES PREGUNTA


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martes, 11 de junio de 2024

PRUEBA DE FUEGO

 

La votación de mañana en el Senado de la Nación sobre la denominada ley bases es una prueba de fuego para la democracia argentina, de las más difíciles que le ha tocado atravesar en algo más de 40 años de turbulenta historia, después de la salida de la dictadura.

Y no es una exageración de nuestra parte, ni mucho menos: si se ha abundado hasta acá en los nefastos efectos que tendría la ley en caso de ser aprobada, que eso finalmente se termine concretando -aun con cambios cosméticos que no alteren su esencia perniciosa- nos pondría en otra cuadro de situación, del que solo pueden esperarse mayores desgracias.

Si de analizar contextos se trata, el actual no podría ser menos propicio para que el engendro pergeñado por el círculo rojo y vehiculizado por el gobierno de Milei termine logrando sanción definitiva: las encuestas -ese elemento inasible en el que el gobierno se basa para sostener su optimismo- comienzan a dar cuenta del deterioro de la imagen del presidente y su gestión, y los resultados concretos de sus políticas -medidos incluso por las propias estadísticas oficiales- son alarmantes.

O dicho de otro modo, el gobierno no tiene ningún logro actual y concreto para exhibir como para presionar al Congreso y exigirle que le de un cheque en blanco para rifar el país, que de eso se trata la ley, palabras más, palabras menos. Ni que decir de la pretensión de ser investido con facultades extraordinarias de un presidente que demuestra a diario no estar en sus cabales, y ni siquiera en condiciones de ejercer las facultades ordinarias que a su cargo le confiere la Constitución.

Para peor, Milei parece empecinado en detonar sus propios objetivos, insultando y amenazando al sistema político sin cuya colaboración no podrá lograr nada, dados los escuálidos números de su representación parlamentaria. A menos que, por una extraña aplicación de lo que él llama el principio de revelación, esté tratando de demostrar que ciertos sectores de la oposición -en especial los radicales- son capaces de soportar cualquier humillación, sin dejar por ello de ser colaboracionistas.

Por otro lado hay un contraste muy impactante entre la falta de apoyos visibles y explícitos a la ley, con los rechazos que ha generado, que se visibilizarán en lo que promete ser una gigantesca movilización frente al Congreso este miércoles. Hasta los propios factores del poder económico que han escrito la ley y esperan su sanción, empezaron a tomar discretamente distancia de Milei y su gobierno (en los medios y en los mercados financieros), precisamente porque no puede garantizarles resultados, ni en la marcha de la economía, ni en su plan político.

De allí que la ley -con todo y su importancia y poder de daño- trasciende su propia discusión para proyectarse como un parte aguas desde el cual se leerá la fortaleza o debilidad del gobierno, por los que mandan de verdad, aunque no tengan roles institucionales asignados por el voto ciudadano. Y dirá mucho también sobre la naturaleza y profundidad de la democracia en el país.

Que no obstante todo el cuadro descripto la ley avance y pueda lograr ser sancionada también en el Senado es indicativo -como se ha dicho antes acá- no solo de quienes son sus verdaderos impulsores y cual es su poder de fuego, sino de las íntimas convicciones de buena parte de la dirigencia política argentina de que -contra toda evidencia histórica y empírica- las ideas que expresa no son solo las correctas, sino las únicas que pueden sacar al país de la crisis.

Desde ese lugar, Milei aparece apenas como el instrumento de ambos (el establishment político que paradojalmente no es acusado de casta, y el poder económico) para absorber todos los costos del mega ajuste y el loteo del país a precio vil, para conseguir gobernabilidad. El encargado de hacer el trabajo sucio que otros han de usufructuar en el futuro.

Mañana en las calles podría quedar patentizada la miopía de esa visión, tanto más si la movilización es contundente: si pese a ello la ley avanza quedará claro que para buena parte del sistema político argentino la opinión de la gente no cuenta, o no es el factor más relevante a tener en cuenta ´para construir las políticas públicas en democracia.

Precisamente quedará expresada una idea de lo que se entiende por sistema democrático, o cuáles son sus límites invisibles: aquel en el que una presunta élite se arroga para sí el privilegio de determinar lo que más le conviene al país, aunque una buena parte de sus habitantes demuestre que está en desacuerdo, o aunque esas mismas ideas hayan concluido en su aplicación concreta en rotundos fracasos, cada vez que se aplicaron. 

Algo que parece sospechar íntimamente el propio Milei, aunque de la boca para afuera derroche optimismo ciego. De lo contrario no se entiende que tanto él como sus funcionarios repitan a cada rato como un conjuro "si sale bien", como si fueran Tu Sam advirtiendo que la prueba puede fallar. 
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