LA FRASE

"ME DICEN MIS FUENTES EN EL VATICANO QUE LE HARÍAN BORRAR AL PAPA SU DISCURSO SOBRE ECONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA EN PUERTO MADERO." (EDUARDO FEINMANN)
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domingo, 3 de julio de 2022

APUNTES EN LAPICERA

 

miércoles, 15 de junio de 2022

CUESTIÓN DE CONFIANZA

 

Que hay sectores del macrismo operando en los mercados para crear turbulencias financieras y sacar provecho de ellas, no caben dudas. Que el "reperfilador" Lacunza asusta a los traders con que el gobierno hará lo que hizo él cuando fue ministro (defoltear la deuda en pesos), tampoco.

Tampoco hay dudas que el sector financiero sigue teniendo la sartén por el mango, y el mango también; porque éste gobierno -como todos los anteriores- se lo han permitido. Y también es muy cierto que hay que ser muy necio para no ver una corrida especulativa que intenta forzar una aceleración del ritmo de devaluación de la moneda, que en éstas circunstancias sería fatal no ya para la economía, sino para la suerte del gobierno.

Pero no es menos cierto que el gobierno se ha colocado a sí mismo en una posición de debilidad (política y financiera) para resistir este tipo de maniobras, sea por medidas que tomó, o por otras que no quiso tomar. Un ejemplo: si se financia tomando deuda en el mercado local en pesos (lo que no está mal) y esa deuda se ajusta por el CER, algo debe hacer para resolver los altos niveles de inflación; y ese algo tampoco puede ser subir las tasas, porque eso engordaría el negocio de los bancos, en desmedro de los niveles de actividad económica.

También está la alternativa de pisar el gasto (que ya se reveló inviable en términos electorales el año pasado: nadie gana elecciones ajustando), o de financiarse vía impuestos de los sectores con mayor capacidad contributiva, algo que al gobierno claramente no le gusta, y solo amaga hacer (que no es lo mismo que hacer) cuando la dinámica de la discusión interna en el "Frente de Todos" lo fuerza a ello. Pasó con el impuesto a las grandes fortunas, pasa con el gravamen a las rentas inesperadas, y no pasó ni pasará con las retenciones; aunque el contexto inflacionario y fiscal haga aconsejable aumentarlas. 

Que el plan Guzmán de arreglo de la deuda (primero con los acreedores privados, luego con el FMI) era insustentable se dijo acá hace mucho, cuando muchos elogiaban la experticia del ministro en las negociaciones. El principal interrogante era -y sigue siendo- de que colchón iba a salir la lana (o sea, los dólares) para atender el pago de los vencimientos de la deuda renegociada, sin incurrir en nuevos endeudamientos que por lo demás el país tiene vedado, al no acceder (por suerte) a los mercados voluntarios de deuda.

Ya el acuerdo con el FMI implicó (aunque Guzmán lo negara hasta el final) un nuevo endeudamiento, para "calzar" las remesas de fondos con el endeudamiento contraído por Macri y poder pagar éste, sin mengua en las reservas del Banco Central, necesarias para contener cualquier corrida especulativa contra el peso, además de atender otras necesidades de la economía como las importaciones.   

Pero otra vez: nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa. Porque el mismo Guzmán que vendió su estrategia de "estabilizar y tranquilizar la economía" a partir de los acuerdos por la deuda (que harían bajar el riesgo país, recreando la confianza de los inversores), rifó 30.000 millones de dólares de dos años de alto superávit comercial, para dárselo al precio oficial a las empresas que -presuntamente- contrajeron préstamos en el exterior, "para que limpiaran sus balances" de esas deudas. Así que si ahora Pesce está flaco de municiones, a llorar al campito.

Y esa estrategia (la de generar confianza) está fracasando, como fracasó cada vez que se intentó en el pasado: "los mercados" solo tienen confianza en un gobierno afín o directamente propio (como fue el de Macri), y veces ni siquiera eso. La búsqueda de su confianza se parece mucho a aquello de Pugliese de "Les hablé con el corazón, y me contestaron con el bolsillo", y ya sabemos como terminó aquello.

Como no alcanzaba con denunciar los abusos especulativos de los empresarios con los aumentos de precios, tampoco alcanza con denunciar conspiraciones de la city, u operaciones del macrismo: hay que tomar medidas concretas, ya, para que no puedan tener éxito; porque el gobierno se ha colocado -por sus indecisiones y su tibieza- en una situación de debilidad política, en la que no resiste una corrida que provoque o fuerce una devaluación, que acelere aun más una inflación que es alta.

Un buen principio sería reconocer que la estrategia de seducción de Guzmán, como el "ofertismo" de Kulfas han fracasado en toda la línea, si no en los indicadores macroeconómicos (que por cierto no han "derramado"), en el propósito político de la seducción: restarle belicosidad o poder de fuego a las distintas fracciones del capital local y extranjero que apostaron por Macri, dos veces, y quisieran ver a la derecha de nuevo en el gobierno. Tuits relacionados:  

martes, 19 de abril de 2022

EL PODER Y LA INTERNA

 


Cuando hace poco en la cumbre de Eurolat Cristina dijo lo que viene diciendo desde hace años -e incluso lo ha escrito en "Sinceramente"- sobre el poder, casi todos lo leyeron en términos de la interna del oficialismo lo cual es en sí mismo revelador: si todos pensaron que hablaba de Alberto y le hablaba a él cuando habló de los problemas que generan las decisiones que no se toman cuando hay que tomarlas, es porque Alberto viene haciendo precisamente eso, dilatar la toma de decisiones que la realidad impone. 

Pocos días después, la Corte Suprema y su presidente, Horacio Rosatti, no hicieron sino una brutal demostración práctica de que Cristina tenía razón; ejerciendo con decisión todo el poder que les confiere la Constitución y mucho más, llegando al extremo de estrujar la Constitución como un trapo de piso para tomar por asalto el Consejo de la Magistratura. Claro que nadie puede pensar que Rosatti y los demás cortesanos hacen lo que hacen por motivaciones propias (aunque las haya, como el manejo de la caja de la justicia), porque sería como pensar que, en otros tiempos, las fuerzas armadas derrocaban gobiernos democráticos por sus propios motivos, y no como instrumentos de otros sectores más poderosos.

La Corte demostró -incluso con la revocación de la resolución del juez federal de Paraná y el pedido de que se lo enjuicie en el órgano que ahora preside Rosatti- que entiende bien la dinámica del poder, y que está dispuesta a ejercer ese poder cuando lo crea necesario; del mismo modo que entiende que hay poderes con los que no se tiene que meter: ahí tiene frizzada hace meses la causa sobre el DNU que congelaba las tarifas de los servicios de Internet y telefonía celular y los declaraba servicios públicos esenciales, y todo indica que terminará ratificando las cautelares que lo suspendieron. Otra vez: Cristina no hizo más que describir la realidad.

Mientras tanto el gobierno, que planteó la "autodepuración de la justicia"  y obtuvo tan brutal respuesta de la Corte, fue reduciendo paulatinamente la "guerra contra la inflación" a una propuesta de terapia de grupo, y finalmente ayer -en palabras del propio Alberto- a un "vamos viendo" como se encaran sus causas, y las posibles medidas para resolverlas. Mientras tanto, siguen adelante las audiencias públicas para aumentar las tarifas en el orden del 65 % (cuando se había jurado que la pauta no excedería del 20 %), y Massa cerró un acuerdo con la oposición en el Congreso para modificar la ley de alquileres, volviendo a los dos años de duración de los contratos, y a que los reajustes los decida el mercado: la Moncloa argentina en acción.  

Los anuncios de ayer sobre bonos para jubilados, monotributistas y trabajadores informales parecen más conectados a sostener a Guzmán en su cargo frente a las críticas internas, que a encarar seriamente una política de ingresos para los sectores populares que permita revertir el patrón regresivo en la distribución, que fue heredado del macrismo pero lejos de revertirse, se empeoró. De hecho, la semana pasada Moroni (el ministro que dijo que pese a la alta inflación, no veía problemas con los salarios) respondió al pedido de la CGT anticipando la apertura de algunas paritarias, para no tener que dar un bono extraordinario también a los trabajadores formalizados.

Es difícil hacer otra lectura cuando menos de una semana antes, el propio Guzmán primero y Cafiero después (dos personajes sin votos ni espesor político, que dependen exclusivamente de la lapicera presidencial) señalaron que hay un plan económico y un rumbo del gobierno, y que los que no lo compartan estaban invitados a retirarse; y cuando 10 días antes el albertismo convocado en Rosario llamaba a la unidad a los "díscolos" y Cecilia Todesca decía que para redistribuir, no se podía tirar plata desde arriba de un helicóptero.

También ayer el presidente y el ministro de Economía anunciaron el envío al Congreso de un proyecto de ley para gravar las "rentabilidades inesperadas" captadas por algunos sectores con la disparada de los precios internacionales por la guerra en Ucrania, una iniciativa que puede tener las mismas posibilidades de prosperar que el proyecto promovido desde el Senado por Cristina para gravar los activos no declarados de argentinos en el exterior; pero bienvenido que se intenten estas iniciativas que expresen la voluntad de hacer algo más que simplemente administrar la crisis. De paso y con el mismo sentido, podrían intentarse otras, como el juicio político a los miembros de la Corte por la bochornosa sentencia de diciembre del año pasado con la que prepararon el asalto al Consejo de la Magistratura: en todos esos casos, con probar no se pierde nada. 

Tampoco puede evitarse -dados el contexto y los antecedentes- pensar que el gobierno tiene herramientas concretas a su alcance para gravar ya, sin más, las "rentabilidades inesperadas" generadas por la situación internacional, como aumentar las retenciones; pero ha hecho explícita -otra vez, en boca de Guzmán diciendo cosas que en rigor correspondería decir al presidente- su intención de no utilizarlas para ahorrarse conflictos políticos con sectores poderosos, con los que no tiene ánimo de confrontar. Lo cual pone en contexto el proyecto impositivo anunciado ayer: ¿hay la intención real de concretarlo, o es un simple gesto dirigido a la interna de la coalición oficialista?

Y aquí volvemos, para concluir, a la cuestión del poder: éste se ejerce si hay decisión, y si no la hay y no se ejerce -como bien recordó Cristina- otro lo hará, porque la política (y el poder) no toleran el vacío. Y no parece, a esta altura de las circunstancias que un gobierno que transita la segunda mitad de su mandato vaya a cambiar su hoja de ruta, que no alteró ni siquiera ante la contundencia de los resultados electorales. 

Menos cuando hacerlo (es decir, ejercer el poder, que en esencia y en nuestra concreta estructura social y económica, es afectar intereses muy poderosos) puede significar desfilar por los tribunales, en el futuro; como le pasó y le pasa a Cristina. Tal vez allí haya que buscar las razones del estruendoso silencio presidencial frente al fujimorazo judicial, y decimos silencio por no decir -como algunos- complicidad; porque las desgracias judiciales futuras son cosas que le pasan a otros. Tuits relacionados: 

martes, 12 de abril de 2022

UNIDAD HASTA QUE DUELA. AL KIRCHNERISMO O AL BOLSILLO

 

A casi un mes de que el presidente anunció la guerra contra la inflación, el ministro de Economía aparece en los medios comentando sobre el tema -como si no tuviera nada que ver, o no fuera de su incumbencia- para decirnos que hay una decisión política de no aumentar retenciones; y que el gobierno seguirá su gestión pero con gente que esté consustanciada con el programa económico, y de acuerdo con las decisiones que se tomen en ese marco.

Es decir, una guerra en la que el gobierno dice que no está dispuesto a usar una de las principales armas de que dispone, y una unidad que consiste en no plantear disidencias a las medidas que se adopten, ni exigir cambios de rumbo. En otras palabras, más o menos lo mismo que dijo (o quiso decir) Vilma Ibarra el sábado en Rosario, en un tiro por elevación a Cristina.

Repiten como un mantra "Si no nos mantenemos unidos, vuelve la derecha", pero resulta que para mantenernos unidos, hay que tomar herramientas del arsenal conceptual y de la caja de herramientas de esa misma derecha: ayer el ministro dijo que la inflación seguía subiendo pese a que se estaban reduciendo el déficit fiscal y la emisión monetaria; y el sábado en Rosario Cecilia Todesca (de quien nos dicen a menudo que es de las que mejor comunican en el gobierno) decía que para redistribuir la riqueza no se podía tirar plata desde arriba de un helicóptero: justo, pero justo, vea señora, una imagen que usó el mismísimo Milton Friedman.

Nos cuentan que la unidad debe preservarse más allá de la diversidad de miradas que puedan existir en una coalición política como el FDT, pero ayer Guzmán dijo que para estar en el gobierno, hay que tener una sola mirada: la del presidente y su núcleo más cercano. Del mismo modo, Vilma Ibarra dijo que nadie se salva solo, pero al parecer en el gobierno creen que sí, que se salvan, sin Cristina ni el kirchnerismo; que o se subordinan, o se dejan de joder, palabras más, palabras menos. Y Moroni dijo hace poco que no veía problemas en los salarios, pese a los niveles de inflación.   

El año pasado perdimos -y feo- una elección porque el gobierno se enamoró de los números de la macroeconomía y apostó al reconocimiento social de la campaña de vacunación. De allí para acá, no solo la praxis de la gestión revela que no se ha hecho la más mínima autocrítica al respecto, sino que el discurso oficial parece no tomar nota de esa realidad, que se ha vuelto más apremiante aun que cuando votamos, al compás de los indicadores de la inflación.

Y el presidente reafirma su autoridad, pero a través de personeros (mediáticos o funcionarios del gabinete, para el caso es lo mismo), y la reafirma para seguirse equivocando; y anuncia por medio de voceros (como Guzmán) que aquello de "Si me equivoco, salgan a la calle y háganmelo saber" era una oferta limitada a la campaña electoral. Tuits relacionados:

miércoles, 23 de febrero de 2022

GUZMÁN ES UN SANATERO

 

Pese a que el presidente anunció hace semanas que el acuerdo con el FMI ya estaba cerrado, todavía eso no ha sucedido y -según dicen ahora- la causa serían exigencias del Fondo que antes nos habían dicho que no existiría; como las reformas a los regímenes previsionales. Por ejemplo los que rigen las jubilaciones de jueces y diplomáticos, aunque como bien dicen acá en La Política Online, ya fueron reformadas a principios del 2020 por la Ley 27546. 

Desde que comenzaron las tratativas con el Fondo, el gobierno y especialmente el ministro Guzmán dicen que el acuerdo no involucrará un ajuste del gasto público porque "vamos a pagar creciendo", e incluso el gasto subirá, para impulsar la economía. Explícitamente ha prometido el ministro -por ejemplo- sostener el régimen de movilidad de los haberes que se aprobó en enero del 2021, y que en sustancia y con algunos cambios menores, es el que rigió durante los mandatos de Cristina.

El otro capítulo de la discusión son las tarifas de los servicios públicos, y los niveles de subsidio a las mismas: hemos dicho acá que hablar de recortes en el gasto público, es hablar de recortar subsidios a las tarifas (o sea, subirlas de modo significativo), y recortar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, que son la mitad del gasto público nacional. Lo demás no mueve el amperímetro.

Y acá nos queremos detener: estamos discutiendo -o empezando a discutir, según trasciende- por las jubilaciones de jueces y diplomáticos, que ya fueron modificadas como se dijo, en enero del 2020. Y venimos de un año en el que perdimos una elección básicamente porque Guzmán -aun sin acuerdo con el FMI frenó el gasto en términos reales, y terminó teniendo un déficit fiscal menor al previsto en el presupuesto: recordar la polémica que se quiso armar al respecto con Cristina, que tenía razón; y recordemos que el acuerdo aun no cerrado con el Fondo incluye "un sendero progresivo de reducción del déficit fiscal" y menor "financiamiento al Tesoro vía emisión monetaria del Banco Central": para este año del 3,3 % de déficit fiscal previsto en el presupuesto rechazado por la oposición en el Congreso, pasaríamos al 2,5 %.

Pues bien, volvamos en el tiempo a los comienzos de la gestión de Alberto Fernández y Martín Guzmán, cuando el gobierno disfrutaba de su legitimidad de origen, no había sobrevenido la pandemia y nadie imaginaba que llegaría, y ni siquiera habían comenzado las tratativas con el FMI para renegociar la deuda que contrajo Macri. 

Volvamos a diciembre de 2019, cuando el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de emergencia, que terminaría siendo sancionado antes del fin de ese año como Ley 27541. Ley cuyo artículo 56 -aun hoy vigente- dice lo siguiente: "El Poder Ejecutivo nacional convocará una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia, para que en el plazo de ciento ochenta (180) días, revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales prevista en el artículo 2° del decreto 137/2005, el artículo 1° incisos b) y c) de la ley 26508, el artículo 1° del decreto 1199/2004 en el marco de las resoluciones MTEySS 268/2009, 824/2009 y 170/2010 y resolución SSS 9/2010, la ley 26913 según decreto 1.058/2014, el artículo 3° de la ley 27452, el artículo 5° punto II y artículo 14 de la ley 27260 texto según ley 27467, el artículo 2° de la ley 23848, el artículo 3° de la ley 27329, el artículo 7° de la ley 22929 conforme decreto 160/2005, el artículo 27 de la ley 24018, el artículo 6° de la ley 22731, los artículos 75, 94 y concordantes de la ley 19101, de los artículos 5° a 10 de la ley 13018 y 107 y siguientes de la ley 20416, y de los artículos 4° a 6° y 13 de la ley 23794, y de toda otra norma análoga que corresponda a un régimen especial, contributivo o no contributivo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.". (Las negritas son nuestras)

Antes de que alguien se apresure a decir que el artículo pudo haber sido incorporado en el debate parlamentario, diremos que estaba en el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo como artículo 51, con el mismo texto y el agregado de la suspensión por el plazo de ciento ochenta (180) días de la vigencia del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias, es decir el régimen de movilidad de los haberes previsionales, facultándose al Poder Ejecutivo a disponerlos por decreto. Así fue hasta que en enero del 2021 se sancionó la Ley 27609, que como se dijo repuso el régimen de movilidad de los gobiernos de Cristina, cuando además asumió Fernanda Raverta en ANSES.

¿A qué refieren las leyes y decretos que se mencionan en el artículo 56 de la ley de emergencia, propuesto como se dijo por Fernández y Guzmán en diciembre de 2019, o sea pre pandemia y pre tratativas con el FMI para renegociar la deuda?

El Decreto 137/05 (de Néstor Kirchner) es el régimen de movilidad de los haberes de los docentes cuyas jubilaciones fueron encuadradas en la Ley 24016, la Ley 26508 (2009, primer mandato de Cristina) es el régimen jubilatorio de los docentes universitarios), el Decreto 1199/04 de Kirchner estableció un suplemento de movilidad en los haberes de todos los jubilados; y la Ley 26913 (2013, segundo mandato de Cristina) y el Decreto 1058/14  establecieron las pensiones de los ex presos políticos.

La Ley 27452 estableció una reparación no contributiva para niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso o violencia familiar, la Ley 27260 y modificatorias (de Macri) establecieron la "reparación histórica a los jubilados" y la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), la Ley 23848 refiere a las pensiones de los ex combatientes de Malvinas y la Ley 27329, a la de los conscriptos que participaron de acciones en el TOAS. La Ley 22929 y el Decreto 160/05 (de Kirchner) refieren a las jubilaciones de los investigadores científicos y la Ley 24018 en su artículo 27 establece el régimen de movilidad de jubilaciones de ex presidentes, vicepresidentes, ministros de la Corte y miembros del Poder Judicial.

La Ley 22731 regula las jubilaciones del Servicio Exterior de la Nación (diplomáticos), la Ley 19101 regula los requisitos del retiro y movilidad de los haberes del personal militar de las FFAA, las Leyes 13018 y 20416 son de las jubilaciones del personal del Servicio Penitenciario Federal y finalmente la Ley 23794 refiere a las jubilaciones de los guardaparques de la Administración de Parques Nacionales.

¿Qué significan estos datos? Que en diciembre de 2019, recién asumidos, sin pandemia ni FMI, el presidente y su ministro de Economía entendían que había que contener el gasto público, y que para lograr ese objetivo había que revisar las condiciones de otorgamiento de jubilaciones y pensiones, y su régimen de movilidad; por su alto impacto en las cuentas públicas. Incluyendo no solo los regímenes que podrían considerarse con razón como de privilegio (como los de jueces y diplomáticos), sino otros concebidos durante el período kirchnerista para favorecer a colectivos vulnerables, o postergados.

Y si no avanzaron más allá de lo que dice el artículo, fue porque no le dieron las relaciones de fuerza, pero al interior de la propia coalición oficialista: solo así se entiende que el gobierno tardara un año en aprobar la misma fórmula de movilidad de los haberes que rigió en los gobiernos de Cristina, y no haya planteado reponerla ya de entrada, en la misma ley de emergencia. Ley en la que, por cierto, está planteado desdolarizar las tarifas de los servicios públicos y revisar íntegramente los contratos de concesión, los planes de inversiones de las privatizadas y los marcos regulatorios, cosa que tampoco se hizo. 

Moraleja: cuanto avance un posible acuerdo con el FMI en condiciones gravosas para el país y las mayorías populares depende más de nosotros y la presión que seamos capaces de ejercer, que de las íntimas convicciones de Alberto y de Guzmán ("Va pasar lo que ustedes quieran que pase", CFK, 9 de diciembre de 2015).    

sábado, 22 de enero de 2022

LA FRAZADA CORTA

 

Desde que el FMI es el FMI -el mismo de siempre, no el "bueno" que de vez en cuando nos quieren vender- y sin importar en qué país intervenga o se reclame su intervención, aplica el mismo manual con las tres o cuatro medidas que, al parecer, aplican para todas las situaciones. O para ser más precisos, que fracasan invariablemente cada vez que se aplican.

Como por ejemplo los ajuste fiscales vía reducción del gasto público y achicamiento de las funciones del Estado, pues rara vez se les ocurre que se puede conseguir el equilibrio fiscal aumentando los recursos del Estado, en especial con impuestos que pesen sobre los sectores con mayor capacidad contributiva.

El año pasado asistimos a una insólita (por el distinto volumen de los protagonistas involucrados) que quisieron armar entre Guzmán y Cristina sobre si había o no habido ajuste, por el lado de frenar el gasto público en términos reales (o sea, comparado con la inflación), y por el lado de apuntar a un déficit fiscal para el ejercicio considerablemente menor al planteado en el presupuesto, aun sin haber cerrado un acuerdo con el FMI: ver al respecto acá.     

Con los números finales del 2021 en la mano, queda claro que hubo ajuste, máxime cuando hasta en ésta nota de La Politica Online con fuente en el Ministerio de Economía, se advierte que los ingresos del Estado nacional crecieron, en términos reales, más que sus gastos, también medidos en términos reales (o sea considerando el efecto de la inflación), el año pasado. 

Y los números no fueron distintos (con un déficit menor aun) porque el gobierno aumentó el gasto tarde y poco, después del cachetazo de las PASO, e incluso luego de las elecciones; contra toda lógica política y con directa incidencia en el resultado electoral, mal que le pese a Guzmán, o se enoje por lo que dijo Cristina.

Llegados a éste punto, lo que sabemos -o nos cuentan- es que el acuerdo con el FMI está trabado, precisamente, por la mayor o menor velocidad del ajuste fiscal, o lo que es lo mismo, cuanto tarda el país en "converger hacia el equilibrio" en las cuentas públicas: el Fondo pide que sea en los dos próximos años, el gobierno quiere estirarlo hasta el 2027.

Y como pasa (casi) siempre, la discusión versa sobre los gastos, y no tanto sobre los ingresos. Y si hablamos de gastos públicos, del Estado nacional, más del 50 % son jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluyendo la AUH; y otra buena parte son los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. O sea que un ajuste que se note, más tarde o más temprano, debería pasar por ahí, con los costos sociales asociados: si el gobierno lo resiste y allí están las razones de que no haya acuerdo, bien por ellos, habrá que ver que sucede.

Sin embargo, poco se lee u oye que se discuta la otra parte del asunto, es decir los ingresos. Y discutir que pasará -en el marco de un posible acuerdo con el FMI- que va a pasar con los ingresos del Estado (sean impuestos, derechos de exportación u otros rubros) significa discutir lo que viene planteando Cristina desde el momento mismo en que Macri arregló con los fondos buitres primeros (2016) y pidió el préstamo al FMI después (2018): quien va a pagar esa deuda.

Porque hasta no venimos discutiendo si se paga o no (al menos al interior del oficialismo, ni siquiera hay cuestionamientos formales al modo en que fue contraída), y sabemos algo (poco) de lo que viene discutiendo sobre como pagarla. Nada sobre quienes, de eso no se habla.

Y así como el equilibrio o déficit de las cuentas públicas es una frazada corta en la que unos tiran por el lado de los gastos, y otros por el de los ingresos, la estabilidad política del gobierno y su suerte futura cuando deba revalidar su legitimidad en las urnas también lo es: de nada valdría que cierre un acuerdo con el FMI que "lleve tranquilidad a los mercados", baje el riesgo país o mejore la cotización de las empresas que operan en la bolsa, si es socialmente intragable, y políticamente corrosivo. A menos que en el gobierno sigan creyendo que la economía y las elecciones son asuntos separados.     

Tuits relacionados:  

martes, 18 de enero de 2022

EL FMI BUENO Y OTROS CUENTOS

 

Al parecer, el FMI no era "bueno", como nos contaron primero Dujovne, y después Guzmán: a juzgar por lo que cuentan acá en La Politica Online es el mismo de siempre, que exige ajustes para asegurarse que le paguen lo que le deben, sin importar costos ni consecuencias.

Pese a que siguen sin trascender mayores detalles de la negociación del gobierno con el Fondo, podemos saber lo principal, que era sabido desde siempre: el FMI pide mayor velocidad en el ajuste para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas en los próoximos dos años, y por el contrario el gobierno pretende posponer el cumplimiento de esa meta hasta el 2027, o sea el fin de la administración que suceda a la actual.

Como bien señala la nota, un ajuste drástico -mucho más drástico aun que el que llevó a cabo Guzmán al sobrecumplir las metas fiscales el año pasado- significaría abortar con una recesión autoinflingida el proceso de recuperación de la economía, antes de que empiece a "derramar" en una mejor distribución del ingreso, si es que se toman las medidas adecuadas para ello, claro está: el "derrame" nunca se produce solo, por simple gravitación de las cosas, o espontáneamente.

Y ajustar generando recesión en los dos años finales de su mandato -cuando incluso ha manifestado su intención de reelegir- sellaría definitivamente la suerte del gobierno de Alberto Fernández, comprometiéndola mucho más de lo que está.

O lo que es lo mismo: el FMI está pidiendo que el gobierno consume su suicidio electoral y político, minando aun más el consenso de que goza en la sociedad, facilitándole así las cosas a la derecha; primero para ganar las elecciones, y luego para gobernar con buena parte del trabajo sucio, ya hecho.

Es decir que ahora, cerrando la mano (negando renegociaciones, o flexibilizaciones de las metas de ajuste, o perdón de sobrecargos), el FMI está haciendo exactamente lo mismo que hizo en el 2018, cuando la abrió generosamente para darle a Macri un crédito abierto por 57.000 palos verdes, para lubricar su luego fallida reelección: jugar a favor de aquellas propuestas políticas que mejor tutelan los intereses permanentes que el Fondo defiende, que son en primer lugar los estratégicos del gobierno de Estados Unidos, y en segundo lugar (pero no muy lejos) los del mundo de las finanzas globales.

El que creyó ver otra cosa (así sea el ministro Guzmán, Massa, Béliz o el propio Alberto) estaba, simplemente, mirando otro canal. Las cosas siempre fueron así, para el que las quisiera ver, y cabe preguntarse, a esta altura de los acontecimientos -lo decimos hoy porque lo dijimos entonces- si no fue un error de gestión enfocarse como prioridad de gobierno en cerrar a como diera lugar (tanto que se cerró en plena pandemia) un acuerdo con los acreedores privados; con lo cuales -al fin y al cabo- se podían obtener quitas mayores de capital, y hasta incurrir en default, sin las consecuencias que eso puede traer cuando el acreedor es el FMI.

La región parece virar otra vez hacia los "progresismos" o gobiernos de signo popular (populista dirían otros), de acuerdo con las últimas elecciones (Chile, Bolivia, en cierto modo Perú) y las que están por venir (Brasil), de modo que lo que suceda en las presidenciales argentinas del 2023 vuelve a ser, otra vez, clave para los intereses estratégicos de los Estados Unidos.

Es imposible saber hoy como decantarán los acontecimientos, pero si se puede establecer que -una vez más- los supuestos básicos de la hoja de ruta trazada por Alberto y el núcleo duro del gobierno se han revelado falsos: el FMI es el mismo de siempre, y los Estados Unidos -sea con gobiernos demócratas o republicanos- tutelan lo que son sus intereses permanentes, con todas las herramientas de que disponen, y con los aliados más dispuestos a alinearse incondicionalmente con sus determinaciones de política exterior.  

Cualquier otra realidad que hayan imaginado Béliz, Massa y los demás articuladores con los diferentes estratos del poder en EEUU al interior del FDT, se ha revelado como lo que era: una venta de humo para ganar espacios en el posicionamiento interno en el mejor de los casos, o un intento de realineamiento exterior unidireccional del país inviable en términos políticos, sociales y -sobre todo- electorales. 

La pelota está ahora en el campo del gobierno, habrá que ver para donde la juega. Tuits relacionados: 

martes, 14 de diciembre de 2021

FIN DE LA POLÉMICA

 


En su carta pública dada a conocer dos días después de las PASO decía Cristina, entre otras cosas, lo siguiente: "También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica (Hola, Tincho, para vos también hay) y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. (Te entendemos perfectamente Cris, nos pasó exactamente lo mismo) La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas,  íbamos a ganar “muy bien” las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era “no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad”.". 

"Confío, sinceramente, que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el Presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su Ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. (Segundo llamado, Tincho, atendé. No la hagás esperar como Alberto) El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 -situación que no se verificó como es de público y notorio-. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI." (A Kristalina le gusta esto)".

"Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social. (En algún lado vimos esos datos. Ah, sí: acá) No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia." (Las comillas son textuales, las negritas son nuestras. Análisis completo de la carta, acá). 

Una semana después de la carta, Guzmán recorría los medios intentando refutar a Cristina, y demostrar que no hubo un ajuste, contra toda evidencia: la de los números del presupuesto, y la de los resultados electorales. Ver más info acá. Lo que vino después es conocido: se perdieron las elecciones generales de noviembre, por menos margen, pero se perdieron.

Ayer Guzmán fue al Congreso a exponer sobre el presupuesto 2022, y en su exposición reconoció que éste año el déficit fiscal será del 3,5 % del PBI, cuando en el presupuesto 2021 estaba planteado que fuera del 4,2 %. Lo que supone -acá y en cualquier lado- que hubo un ajuste, aunque al ministro no le guste la palabra.

Y que no se diga que los números mejoraron por recursos extras como los del "impuesto a las grandes fortunas", porque esas partidas también se sub ejecutaron: recién ayer también -es decir a 18 días de terminar el ejercicio: se anunció una ampliación de las becas del Progresar financiada con esos ingresos, finalidad que estaba prevista muchos meses antes, cuando el Congreso sancionó el impuesto.

Para que se entienda: atravesamos un año eleccionario sin tomar esa medida de impacto social, teniendo los recursos para financiarla, y después algunos se sorprenden por los resultados. Capaz que ese 0,7 % del PBI de ajuste adicional, sin acuerdo con el FMI a la vista (tanto que todavía no se firmó, ni se sabe cuando se hará), capaz que algo que tenga que ver con la derrota electoral, eh. Habría que verlo.

Ah: y como siempre, Cristina tuvo razón. 

jueves, 23 de septiembre de 2021

PARA GANAR HAY QUE QUERER

 

Cuatro meses antes de las PASO que arrojaron una derrota para el "Frente de Todos" en la mayor parte del territorio nacional, y bajo el título "¿El plan es perder?", decíamos nosotros en ésta entrada: " Pero la unidad es una condición necesaria y no suficiente para ganar las elecciones, y tampoco puede ser un compromiso de todos los sectores internos del FDT para, en caso de ganar las elecciones y controlar ambas Cámaras del Congreso, ejecutar el día después una profundización del ajuste. Porque como decía Néstor, "unidad sí, pero no para bajar banderas".

Y lo que se ve hoy, es un gobierno que está poniendo sus mayores esfuerzos en conseguir vacunas por un lado, y en cerrar el frente externo con sendos acuerdos con el FMI y el Club de París, por el otro. A eso apuntan el freno del gasto público (que crece por debajo de la inflación), la discusión por los subsidios, el aumento de tarifas y combustibles, las jubilaciones y salarios que pierden con la inflación  o le empatan sobre la hora sin recomponer el poder adquisitivo perdido en cuatro años de macrismo y uno de pandemia, el aumento con velocidad de caracol del SMVM. Que no nos guste llamarlo ajuste porque lo ejecuta el gobierno que votamos, no significa que no lo sea."

Con sus palabras, lo dijo Cristina en su ya célebre carta: "Confío, sinceramente, que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el Presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su Ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 -situación que no se verificó como es de público y notorio-. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI." 

"Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia.".

A más de 10 días de las elecciones, no se conocen anuncios económicos de importancia, salvo el magro aumento escalonado del SMVM. Pese a eso, y a los términos centrales de la carta de Cristina, el ministro de Economía parece seguir en sus trece, habiéndose quedado con la parte en la que ella dice que lo llamó para aclararle que no pidió su renuncia: lo debe haber interpretado, de un extraño modo, como un respaldo a libro cerrado del plan económico. De otro modo no se entiende.

Pero por fuera de los protagonistas, hay un país, y sobre todo sectores de la sociedad que demandan respuestas urgentes, ya, para ayer. No debates inconducentes -que además son planteados en términos de falta de respeto político, institucional y a la trayectoria de Cristina- sobre si hay o no hay ajuste fiscal en marcha.

Y buena parte de ese país se expresó de modo contundente, con su voto, aun en blanco, o no yendo a votar. Seis millones de personas dejaron de votar al FDT desde las presidenciales del 2019 a las PASO de hace unos días. Si eso no le dice nada al ministro de Economía, alguien (el presidente, ponéle) tendría que acomodarle los patitos, y explicarle como funciona esto de la democracia.

A menos que la idea no sea ganar en noviembre. Tuits relacionados: 

domingo, 5 de septiembre de 2021

PERO TIENE PINTA, DIGAMOS TODO

 

Vivimos tiempos extraños, en los que por ejemplo el oficialismo puede ganar una elección de medio término, con los salarios y las jubilaciones a la baja, perdiendo frente a la inflación. O en los que el ministro de Economía goza de buena imagen, sin que se termine de saber muy bien que es lo que, concretamente, hace. Tanto que en un tiempo desde sectores del gobierno se deslizó la idea de candidatearlo en éstas elecciones.

Aun aceptando que la economía se está recuperando -porque los números así lo marcan- no es sencillo identificar cuáles fueron las medidas decididas por Guzmán que ayudaron a que eso sea así, salvo la referencia al ordenamiento de las variables macroeconómicas, en especial el tipo de cambio. Incluso daría la impresión, por momentos, que la responsabilidad de que las actividades productivas mejores o no es exclusiva de Kulfas, y Guzmán no tiene nada que ver con eso.

Que el ministro tenga buena imagen en el oficialismo se entiende, aunque las razones no estén tan claras: por momentos el fenómeno pareciera más cercano a un club de fans de un rock star, que a la adhesión que puede despertar un dirigente político o funcionario; sentado que el caso es bien distinto al de otro que antes ocupó el mismo cargo, como Axel Kicillof; que hoy revalida adhesiones y las acrecienta, pero desde otro lugar y en la gestión.

Sin embargo, es más extraño que Guzmán no sea víctima de los dardos de la oposición, que se ocupa de señalar -incluso contra la evidencia de los datos- que la economía del país está destrozada. Probablemente el factor decisivo sea allí que Guzmán se puso como tarea primordial (si no excluyente) resolver el problema de la deuda, y para los que fueron oficialistas hasta diciembre del 2019, esas son buenas noticias: aunque se empeñen en enzarzarse en disputas estériles sobre quien endeudó más al país, celebran en la intimidad que la deuda que ellos contajeron sea pagada religiosamente, sin demasiadas investigaciones sobre su legitimidad o sus beneficiarios finales.

Hace un tiempo atrás analizábamos en ésta entrada los lineamientos generales del plan económico puesto en marcha por Guzmán, y a ella nos remitimos, en mérito a la brevedad. De lo dicho, nos interesa destacar esto, a propósito del apuro del ministro por cerrar el acuerdo con el FMI: "Algo parecido sucede con el FMI "bueno" de Kristalina: el diálogo es fluido, hay premura en cerrar el acuerdo, pero nada indica que el Fondo vaya a abandonar su política de exigir "condicionalidades" (vulgarmente llamadas "reformas estructurales"), para posibilitar un acuerdo que reprograme los vencimientos.

"Guzmán, sin que esas condicionalidades hayan sido explícitamente puestas por el FMI sobre la mesa, parece atenderlas, en tanto compromete un sendero de reducción del déficit fiscal hacia el futuro, que solo puede cumplirse omitiendo que estamos en una pandemia, y frenando el gasto público, lo que tiene efectos sobre el nivel de actividad; y -dolor monetarista- sobre la inflación, en éste caso por ejemplo cuando anuncia aumentos de tarifas, para reducir subsidios.". 

Más acá en el tiempo, unas tres semanas atrás, veíamos en ésta otra entrada los números de la ejecución del presupuesto nacional (que el propio Guzmán calificó como la expresión de su programa económico) en los primeros siete meses del año,  y como se dijo entonces, "En resumen: el gobierno nacional mejoró el resultado fiscal a fuerza de recomponer ingresos, pero sobre todo, de pisar gastos. Y entre esos gastos "pisados" (o sea que caen en términos reales, por debajo de la inflación) está las jubilaciones y pensiones (incluyendo las no contributivas), los sueldos de los empleados públicos (que tuvieron un aumento del 35 % pero en seis cuotas, de las que solo cuatro, que suman un 24 %, caen éste año, el otro 11 % se pagará el año que viene) y las transferencias a las universidades y las provincias; excluida la coparticipación, que creció.".

De allí que leamos sin sorprendernos ésta nota en La Política Online, que da cuenta de la bronca de los diputados del "Frente de Todos" (Máximo Kirchner incluido) por la demora en la reglamentación de la ley de zonas frías, que derivó en que los descuentos a los usuarios en las boletas de gas terminaran siendo irrisorios, en pleno año electoral. La misma nota da cuenta de que lo mismo sucedió con los prometidos cambios en Ganancias para los salarios más altos, y recalca además la negativa del ministro a subir el mínimo no imponible del impuesto, antes de las elecciones.

Hay una obsesión fiscalista que anticipa los términos de las exigencias esperables en un eventual acuerdo con el FMI, que es el hilo conductor de la política económica que administra Guzmán, para el que lo quiera ver. Y si quedaran dudas, hagan la prueba de revisar a diario el Boletín Oficial (nosotros lo hemos hecho) en busca de decisiones del ministro que impacten en la economía cotidiana, de la gente de a pie: solo encontraran medidas referidas a personal del ministerio (designaciones, ceses, suplementos) y la aprobación de los planes de acción de las empresas y sociedades del Estado, una exigencia burocrática de la Ley de Administración Financiera: no hay nada más.

Pero eso sí: hay que reconocer que juega bien al fútbol (al menos eso dicen los que lo han visto), y las chicas suspiran cuando lo ven en camisa. Algo es algo. 

martes, 17 de agosto de 2021

¿GUZMÁN TENDRÁ PLAZOS FIJOS?

 

Leemos en Infobraden el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre la ejecución del presupuesto nacional en los primeros siete meses del año, tanto en los gastos como por el lado de los recursos. Destacamos algunos párrafos, y las negritas son nuestras: 

* "En términos generales, en julio los gastos primarios del Estado tuvieron una caída real de 5,2 por ciento. Analizado por sectores, algunos rubros con peso específico relevante en el Presupuesto como jubilaciones y prestaciones sociales registraron retrocesos mayores, de 5,5% y 53,6%, respectivamente y otro como transferencias a provincias, que tuvo un desplome de 33,3 por ciento.".

* "En cuanto a las partidas previsionales, según la OPC su caída se explica porque “la movilidad de los haberes del régimen general, que en el acumulado de las últimas cuatro recomposiciones (septiembre y diciembre de 2020 y marzo y junio de 2021) no logró compensar a la inflación (36,8% versus 51,8 por ciento)”. El estudio agrega que eso también “tuvo impacto en la reducción de las pensiones no contributivas, que tuvieron un retroceso de 6,3% interanual”.".

* "La explicación para el derrumbe de los fondos a prestaciones sociales se entiende por la base de comparación del año pasado, cuando el Gobierno implementó medidas de asistencia ante la irrupción de la pandemia. Por eso, para la OPC el retroceso de 53,6% “es atribuible a la implementación del IFE y el ATP durante julio del año pasado, que implicó un desembolso de $77.385 millones”.".

* "Otros gastos que estuvieron “pisados” durante el ejercicio fiscal de julio fueron las transferencias a universidades (-11%) y los intereses (-9,8 por ciento). Ahora bien, considerando la película completa de los siete meses ejecutados entre enero y julio, se ve que el gasto corriente en términos reales tuvo un ajuste del 12 por ciento, lo que explica parte del mejor desempeño fiscal del 2021 en relación con el anterior.".

* "Como contracara, otros rubros del gasto público registran fuertes incrementos. El principal es la cuenta de subsidios económicos. En julio aumentó 50% de forma interanual ($143.000 millones) y en el acumulado del tramo enero-julio fue ese avance fue de 20 por ciento, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.".

* "Dentro de estos, los destinados a Energía presentaron una suba real de 59,4 por ciento. En detalle, las transferencias a Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, crecieron 75,3% en julio y 37,3% en todo lo que va de 2021. Este ítem representa el más abultado entre los gastos de subsidios que realiza el Estado. Por su parte, el fondeo a Ieasa (ex Enargas) avanzó 45,4% en julio y 91,9% en los primeros siete meses del año. "

* "Sobre Cammesa, la OPC explicó que se debió al “retraso de las tarifas, pero también debido al incremento de los costos de la generación eléctrica por subas vinculadas a los precios y cantidades de importación de los combustibles de invierno (GNL y gas oil) y al precio de compra del gas local”, analizó el organismo que depende del Poder Legislativo. "

* "Para el Plan Gas, por su parte, la suba de la ejecución de fondos también fue considerable, debido al relanzamiento de ese programa de estímulo a la producción que anunció el Gobierno nacional en los últimos meses de 2020. En julio tuvo un incremento presupuestario de 8,4% pero en el acumulado del tramo enero-julio fue de casi 118 por ciento. Por su parte, los que tienen como objetivo el transporte se redujeron 3,2 por ciento interanual.".

* "Por el lado de los ingresos, la mejora estuvo basada en los derechos de exportación, que crecieron a ritmo de 63% interanual, seguidos por el IVA (28,4%), Ganancias (27,6%), e impuesto al cheque (19,6 por ciento). Según la OPC, el impuesto a la riqueza ya recaudó unos $191.250 millones, de los cuales se ejecutaron uno de cada cuatro pesos, es decir poco menos de $46.000 millones.".

En resumen: el gobierno nacional mejoró el resultado fiscal a fuerza de recomponer ingresos, pero sobre todo, de pisar gastos. Y entre esos gastos "pisados" (o sea que caen en términos reales, por debajo de la inflación) está las jubilaciones y pensiones (incluyendo las no contributivas), los sueldos de los empleados públicos (que tuvieron un aumento del 35 % pero en seis cuotas, de las que solo cuatro, que suman un 24 %, caen éste año, el otro 11 % se pagará el año que viene) y las transferencias a las universidades y las provincias; excluida la coparticipación, que creció.

Aumentan en cambio los subsidios para sostener las tarifas y -sobre todo- a las generadoras de energía, cuyos precios (como el del gas) siguen dolarizados. Y no deja de llamar la atención que solo uno de cuatro pesos recaudados hasta acá por el impuesto a las grandes fortunas, se haya gastado, quedando algo más de 72.000 millones de pesos ociosos.

Y sobre todo llama la atención que, con estas cifras, haya quienes sostengan que hay que hacer lo que hace el gobierno nacional "y poner plata en el bolsillo de la gente"; pero no pidan reapertura de las paritarias para los trabajadores estatales nacionales, o no se pregunten si el ministro Guzmán tiene amarrocada plata en plazos fijos. A lo mejor habría que informarse un poco antes de hablar, porque los datos están disponibles en forma pública.

domingo, 9 de mayo de 2021

SANOS Y ENFERMOS