LA FRASE

"QUIERO DESMENTIR QUE LOS 50 KILOS DE COCAÍNA QUE DESAPARECIERON DE UN ESCUADRON DE GENDARMERÍA ESTÉN EN LA MUNICIPALIDAD DE PARANÁ." (SERGIO VARISCO)

lunes, 16 de julio de 2018

EL SOCIALISMO SE ENAMORA DE LAS OBRAS


Varias veces hemos dicho acá que el socialismo se quejaba (durante el kirchnerismo, ahora no) de los "superpoderes" del Jefe de Gabinete nacional para cambiar las partidas del presupuesto luego de que las aprobara el Congreso; y contábamos que en Santa Fe el gobernador tiene las mismas atribuciones o incluso mayores: por ejemplo no tiene límites cuantitativos, puede aumentar los gastos si aumentan los recursos e incluso en los últimos años modifica partidas de gastos de capital, para usarlas para gastos corrientes.

Y también usa los "superpoderes" para modificar el plan de obras públicas, sacando partidas de una para dárselas a otra, que es lo que está haciendo el decreto cuya imagen encabeza el post.

Pero además hemos contado lo que demoran las obras en terminarse respecto a los plazos contractuales previstos, y lo que terminan costando por imperio de las "redeterminaciones de precios", los "adicionales de obras", "trabajos extracontractuales" y otras yerbas.

Lo que es el colmo es que por esa vía sigan afectando fondos para obras que el gobernador ya inauguró (lo que supondría que están terminadas), y para las que -por esa razón- en el presupuesto del año no había partidas.

Como es el caso del CEMAFE y el nuevo edificio del Instituto 12 de profesorado, como pueden ver en la imagen de abajo, que corresponde al anexo del decreto. 

En el primer caso le agregan a la obra (reiteramos: inaugurada) 10 millones de pesos (recuadro azul=, y en el otro 200.000 pesos (ídem). 

Es como que se enamoran, y no las pueden dejar ir. O que las terminamos pagando varias veces su valor.


DE VENEZUELA A PANAMÁ


El viernes pasado fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 529 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (completa acá), por la cual se eleva de 10 millones de pesos a 50 millones el capital de las sociedades anónimas para que queden sujetas a fiscalización estatal permanente.

La cifra no se actualizaba desde el 2006, y como consecuencia de eso 3.204 sociedades en todo el país estaban sometidas a un régimen más estricto de contralor estatal de su actividad por la Inspección General de Justicia (IGJ); y la medida de garavano se sustenta en la necesidad de profundizar la “reducción de costos planteadas por el sector privado”, y “el eventual efecto negativo que en concepto de mayores costos, cargos y burocracia pueda implicar para los administrados. ” el control estatal.

De acuerdo con el artículo 299 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales hay S.A. que quedan sometidas a la fiscalización estatal permanente (más allá de cuanto sea su capital) en razón de su objeto, por ejemplo las que hacen oferta pública de sus acciones, las que realizan operaciones de capitalización o ahorro, las que explotan concesiones de servicios públicos, de economía mixta o con participación estatal mayoritaria, y las controlantes o controladas de cada una de esas. Luego están las que sin ser de ninguna de las nombradas, superan el capital social que establece el Poder Ejecutivo, como lo ha hecho ahora llevándolo de 10 a 50 millones.

Cuando una sociedad no está sometida a la fiscalización  estatal permanente, el control del Estado queda limitado a su contrato constitutivo, posteriores reformas y variaciones de capital (artículo 300 de la ley); en cambio cuando sí lo está, el control estatal es más intenso porque abarca todo su funcionamiento, hasta su disolución y liquidación, incluyendo asambleas, renovación de autoridades y otros actos de la vida societaria.

Claro que la fiscalización prevista por la ley de sociedades no excluye otros controles establecidos por leyes especiales (como la ley de entidades financieras en el caso de los bancos, por ejemplo), y que aun no siendo permanente la fiscalización la IGJ puede intervenir de oficio si lo cree conveniente en resguardo del interés público, o a pedido de socios que representen por lo menos el 10 % del capital (artículo 301 de la ley de sociedades).

Sin embargo, la sola idea de que la sociedad esté sometida a la fiscalización estatal permanente obra en sí como control y obliga a sus autoridades a extremar los cuidados porque sus actos deben ser necesariamente comunicados a la autoridad de contralor; cosa que no sucede cuando la fiscalización no es permanente.

Precisamente es a eso a lo que apunta la modificación introducida ahora por el gobierno cuyos integrantes tienen todos cuentas off shore y participaciones en sociedades constituidas en paraísos fiscales; y que en el mega DNU “desburocratizador” de enero pasado prácticamente trató de vaciar de competencias a la Inspección General de Justicia. 

Íbamos a ser Venezuela, y en cambio ahora vamos camino a ser Panamá.

domingo, 15 de julio de 2018

TOTAL TRANQUILIDAD


El gobierno brasileño seduce a las automotrices (todas empresas multinacionales) para que radiquen sus plantas e inversiones allá con exenciones impositivas, generando una "competencia" para que nuestro gobierno haga lo mismo, y los tipos paguen cada vez menos impuestos (las retenciones ya se las sacaron).; que es lo único  que dejan en el país, además de los sueldos (siempre que no suspendan o despidan).

Es muy tranquilizador saber que el encargado de defender los garbanzos de esos puestos de trabajo argentinos que están en riesgo es el ministro de la Producción, que no solo es empleado de las automotrices, sino consultor de varias empresas brasileñas.

A nosotros nos da como una paz interior ¿a ustedes no les pasa? 

JUSTO LO QUE HACÍA FALTA


No se conforman con haber alentado que un montón cayeran en la trampa mortal de los préstamos indexados por UVA, y ahora se encuentran con que las cuotas son cada vez más altas, cubren una porción cada vez mayor del sueldo y encima lo que pidieron prestado no les alcanza para comprar nada, por la disparada del dólar y de los precios de las propiedades.

Inmunes al fracaso, extendieron el maravilloso sistema al PROCREAR, cuya ejecución delegaron en los bancos para -por supuesto- hacerlo mierda también.

Y una vez que estrolaron las alternativas para que la clase media acceda a su vivienda propia, ahora quieren indexar también las cuotas de los planes de vivienda social, que se construyen con los recursos del FONAV; cosa que tampoco los sectores populares que pueden acceder de ese modo a la vivienda, puedan pagar las cuotas.

¿Se levantan todos los días pensando que nueva hijaputez les quedó por hacer?

SÁNDWICHES DE VACA Y POLLO


"Lo de Manrique me hace acordar a un amigo que me propuso durante largo tiempo poner un negocio juntos. Un día le pregunté de que se trataba y me dijo que sería un negocio para vender sándwiches de pollo y de carne vacuna. Como seguía sin entender le pedí que me explicara un poco más y me contestó que era muy sencillo, que él ponía un pollo y yo una vaca. Él un pollo y yo una vaca, y así. Yo ponía todo y él nunca arriesgaba nada." (Juan Domingo Perón, 1973)

Tuits e imágenes relacionados:


Más información, acá y acá.

sábado, 14 de julio de 2018

MIRÁ VOS EL TANO RATAZZI


Le gustaba el dólar a 26 pesos, pero si se lo dejan más alto, no se va a enojar.

Pero a los proveedores les reconoce los costos de los insumos de producción que tienen que importar con un dólar a 20 mangos.

El colchoncito de diferencia se lo embolsa él, que además exporta sin retenciones, y sin la obligación de liquidar las divisas en el país.

El capitalismo de riesgo y la verdadera burguesía nacional emprendedora que necesita éste país.

ELIGE TU PROPIO FMI


Se conoció ayer (por el propio FMI) la "letra chica" del acuerdo que negoció en gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional durante los meses de mayo y junio pasados, y como lo muestra la imagen de apertura, cada uno eligió subrayar lo que le pareció relevante: Ambito eligió priorizar aquello que el Fondo pidió y el gobierno de Macri no concedió (como poner freno a la baja de las retenciones y posponer la baja de las contribuciones patronales previstas en la reforma tributaria), y silenciar lo que siempre estuvo dispuesto a otorgar, aun cuando el Fondo no se lo pidiera.

En éste último apartado entran las medidas más oprobiosas para el conjunto de los argentinos, de fatales consecuencias para el país si se llevan a la práctica: la liquidación del Fondo de Garantía de ANSES e incluso de tierras en poder del Estado para pagar sentencias previsionales, un fuerte ajuste en el sector público incluyendo la obra pública, las transferencias a las provincias y los salarios de los empleados estatales nacionales, nuevos tarifazos en los servicios públicos críticos.

El borrador fue difundido vencido el plazo que imponen las normas del propio FMI para que se conozcan sus recomendaciones y tratativas, y no es casual: es política y socialmente intragable, y económicamente destructivo.

El tenor del acuerdo -que no sorprende para nada- hace quedar muy mal al gobierno (que dijo que éste FMI "era distinto", porque ponía el acento en proteger a los más vulnerables y ya no exigía ajustes), tanto como a la "oposición responsable"; que hace pocos días no dio quórum en el Congreso para sesionar y rechazarlo de plano, y esta misma semana dijo -por boca de Pichetto- que no aprobar el presupuesto y prorrogar el de éste año por decreto de Macri "sería una muy mala señal para el FM".

En paralelo a la difusión del acuerdo y en el marco de las discusiones del gobierno con esa misma "oposición responsable" para aprobar el presupuesto (que ha de sistematizar el brutal ajuste pactado con el Fondo), se supo que la poda será mayor de lo previsto, orillará los 300.000 millones de pesos, y la mitad de ese paquete corresponde a recortes del gasto de las provincias.

Como se recordará, el desembolso de los demás tramos de la asistencia financiera del FMI hasta llegar a los 50.000 millones de dólares comprometidos (que aunque llegaran todos juntos, no podrían resolver la escasez estructural de dólares de la economía argentina) está sujeto a que el gobierno logre imponer el ajuste, cumpliendo las "condicionalidades".

Que el cumplimiento del acuerdo con el Fondo no soluciona ningún problema de los existentes y, lejos de ello, los agrava, es cosa sabida; tanto como que el desafío que tiene por delante Macri es de naturaleza estrictamente política, y no menor: demostrar que puede imponer un ajuste brutal, sin perder el control del proceso político e institucional del país.

Pero el desafío de la oposición no es menor: si quiere conservar mínimas chances de ser considerada por la mayoría de los argentinos que están padeciendo las políticas del gobierno de Macri como una alternativa, deberá rechazar de plano y de un modo contundente el acuerdo, y tratar por todos los medios a su alcance de impedir que se ponga en práctica.

Sin complejos de ser tildada de desestabilizadora, para cumplir el rol para el cual la ciudadanía la ha votado (oponerse al gobierno y controlarlo), y sabiendo que de lo contrario no habrá modo de evitar compartir los costos políticos del brutal ajuste. Se juega en ello no ya su chance electoral, sino las condiciones de desenvolvimiento de un eventual gobierno futuro que suceda a Macri.

Para el FMI, la difusión de los términos del acuerdo va más allá de cumplir sus procedimientos formales, y tiene el fin de poner blanco sobre negro sus exigencias, y delimitar hacia el staff del organismo y los países que lo sostienen, cuáles son sus reales responsabilidades en el desarrollo ulterior de los acontecimientos.

Como vienen las cosas hasta acá y con los indicadores económicos que muestran una profunda desconfianza en el gobierno de Macri (desplome de las acciones y bonos argentinos, disparada de los seguros contra defáult, riesgo país persistiendo en niveles altos), todo indicaría que el Fondo elige "esperar para ver" si Macri logra hacerles tragar a los argentinos la amarga medicina del ajuste.

En caso contrario, los dólares que ya puso serán los últimos, y estarán destinados (contra lo que se prometió) a financiar la salida de los "amigos" de sus posiciones en pesos al dólar, ante el previsible estallido posterior.   

SI LA QUIEREN PRIVATIZAR, BLANQUÉENLO



Si alguno leyera la tapa de Clarín del jueves (a la que corresponde la imagen de apertura) sin ver la fecha de la edición del diario, podría pensar que estamos en 2012, cuando el gobierno de Cristina tomó la decisión de expropiar el 51 % de las acciones de YPF; o en 2013 cuando los medios del Grupo comenzaron la ofensiva final contra el kirchnerismo usando como principal arma al programa de Lanata.

Porque las idioteces que se dicen a propósito del fallo de la justicia norteamericana ante el reclamo del fondo buitre Burford por la expropiación de YPF son más o menos del nivel de las que se decían entonces a propósito de los reclamos de Paul Singer, cuando el propio Lanata viajaba por el mundo financiado por él para encontrar “la ruta del dinero k”, y hacer que Cristina pagara con su patrimonio el reclamo contra la Argentina.

En medio de una corrida cambiara que ya lleva meses y le ha costado al país 19.000 millones de dólares de las reservas en fuga de capitales, y un endeudamiento con el FMI de otros 15.000 millones (ya recibidos) y potencial de hasta 50.000 palos verdes, arman un escándalo por un reclamo que está planteado por 3000 millones de la misma moneda, recién comienza y está capitaneado por alguien que pagó 800 millones por el juicio probable de los Eskenazy contra el Estado porque no les expropiaron las acciones de ellos; ya que como es sabido el gobierno tomó el control del 51 % que correspondía al grupo Repsol.

El fallo conocido esta semana lo único que hace es admitir que el litigio iniciado por Burford siga en los tribunales de Estados Unidos, a lo que el país se oponía por entender que debía sustanciarse ante los tribunales nacionales; e incluso al Estado argentino le quedan aun recursos legales que utilizar: apelar ante un panel (plenario) de jueces de la corte de apelaciones del distrito, o ante la Corte Suprema de los EEUU para revertir la decisión; o pedir un “discovery” para determinar las condiciones en las que el fondo inversor compró el litigio (en la quiebra de dos empresas del grupo Eskenazy, abierta en España), del cual a su vez ya vendió una parte a otro fondo.

El cuestionamiento se basa en que -de acuerdo al estatuto social de YPF- el Estado argentino al expropiar la compañía debió ofrecerles comprarles sus acciones a todos los accionistas y no solo a Repsol, lo cual supondría el absurdo de que una norma estatutaria se imponga a una decisión soberana como expropiar, que además tiene fundamento constitucional.

Los propios tratados bilaterales de inversión firmados por la Argentina en los 90’ en los cuáles aceptó también la jurisdicción del tribunal del CIADI al cual adhirió por la Ley 24.353, así lo reconocen y el firmado con España y aprobado por la Ley 24.118 no es la excepción: lo único que exigen en esos casos es que la expropiación responda a causa de utilidad pública, y sea previamente indemnizada, que no es ni más ni menos que lo que disponen el artículo 17 de la Constitución nacional, y la Ley de Expropiaciones 21.499. Por esa razón Repsol retiró su demanda del CIADI cuando el Estado argentino le pagó la indemnización por el 51 % expropiado a través de la Ley 26.741 (2012).

El fallo de esta semana fue dictado por la corte de apelaciones del distrito sur de Maniatan, pero no tiene ningún punto de conexión con los reclamos por los bonos de la deuda que cayeron en default, en los que el país había aceptado la jurisdicción extranjera; y aun una eventual sentencia condenatoria debería ser ejecutada por intermedio de los tribunales argentinos, siempre que no viole nuestro orden público (artículo 27 CN y artículo 2600 del Código Civil y Comercial).

Si al gobierno le interesara verdaderamente resolver los problemas y no hacer papelones, tiene argumentos de sobra para defender la postura del país en el litigio; a menos que quiera que en realidad lo pierda, como pareciera que es el caso del reclamo de Met Life ante el CIADI por la recuperación de los activos de las AFJP, que podría basarse en que el propio Estado argentino sostuvo en su acuerdo con el FMI que los fondos fueron “incautados”. 

No sea cosa que en éste caso nos encontremos en un supuesto similar, y el absurdo fallo yanqui les sirva de excusa como para desprenderse de YPF: estas insólitas declaraciones de la impresentable Laura Alonso no hacen sino alimentar los temores.

No viene mal recordar -ante tanto disparate que se oye y lee por estas horas- que la ley de expropiación de YPF tuvo un amplísimo apoyo: 208 votos a favor en Diputados, el 81 % de la Cámara, incluyendo a todo el bloque de la UCR y algunos diputados de la Coalición Cívica. Dicho esto porque los medios hablan de “la responsabilidad de Cristina y Kicillof” por haber expropiado solo las acciones de Repsol en YPF, sin ofertarles a los demás accionistas comprárselas.

La propia Carrió se abstuvo, pero no votó en contra como era su norma durante el kirchnerismo, ante todo proyecto originado en el Poder Ejecutivo. Carrió, la misma que por estas horas anda planteando denuncias por posibles coimas a funcionarios argentinos en la compra de las acciones que le hiciera el Grupo Eskenazy a Repsol, por la cual llegó a tener el 25 % del capital social de la petrolera; como si eso tuviera algo que ver con lo que se está ventilando ahora, y como si alguien fuera tan ingenuo como para pagar una coima para que otro (los supuestos funcionarios coimeados) hagan algo que no pueden hacer: venderles lo que era de otro, por ejemplo.

viernes, 13 de julio de 2018

MINIATURAS


Justo que suspenden la elección en la CGT, lanzaban la lista Verde Oliva, para disputarle la conducción al triunvirato.


Y hablando de la CGT y el triunvirato, como dicen en el fútbol: equipo que gana, no se toca.


La concha de la lora, lo que es ser una intelectual y tener esa capacidad de predecir lo que va a pasar, cuando todo es tan confuso.


Es al pedo, volvimos al mundo, generamos confianza, y vuelven al país las grandes marcas internacionales.



Es bueno saber que no a todo el mundo le va mal, y pese a la crisis, hay quienes saben aprovechar la oportunidad para salir adelante.


Y pata terminar, otra buena noticia: menos boludos que vamos a tener que rescatar cuando volvamos.

BURRIODISMO




Las transferencias automáticas que reciben las provincias de la nación son las que llegan sin depender de una decisión del gobierno federal.

La principal de todas es la coparticipación de los impuestos federales, en la parte que les corresponde de acuerdo con las leyes respectivas (la Ley 23.548, y la de cada impuesto en particular).

Por esa razón no dependen de la ley de presupuesto de cada año, a punto tal que no figuran en el presupuesto que cada ejercicio aprueba el Congreso.

Y otras transferencias automáticas (como el Fondo Federal Solidario o fondo sojero) van por el mismo camino, porque antes figuraban en el presupuesto, y ahora no.

O sea que no dependen de que el presupuesto sea aprobado por el Congreso, o que el presidente prorrogue el vigente por decreto, como lo faculta la Ley 24.156 en su artículo 27.

Artículo que por otro lado dice que al prorrogarlo "estimará los recursos", igual que cuando hace el proyecto que manda al Congreso: no hay ninguna diferencia.

Pero aun si las transferencias automáticas dependieran de que se apruebe el presupuesto o se prorrogue, sería ridículo que los gobernadores festejen que Macri prorrogue el presupuesto por decreto, sin ajustar las partidas por la inflación; porque de ese modo el año que viene recibirían alrededor de un 35 % menos de recursos, en términos reales.

O son muy boludos, o Liliana Franco es muy burra.

LE PEGARON AL CHANCHO, QUE APAREZCA EL DUEÑO


La investigación del periodista Juan Amorín sobre el financiamiento trucho de la campaña de “Cambiemos” en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año pasado, conocida a través de “El Destape” debe ser el hecho periodístico más impactante desde que Horacio Verbitsky revelara en Página 12 el blanqueo de la familia presidencial, lo que le valió no escribir más en el diario.

Solo el impresionante blindaje mediático de que goza la gobernadora Vidal (principal responsable de la maniobra en su condición de presidenta del PRO en la provincia) y el resto del gobierno, pudo lograr que la investigación no se difunda más, y que los responsables no estén dando explicaciones de lo que ya a estas alturas es claramente inexplicable: millones de pesos “aportados” por más de 1000 donantes que niegan haberlos hecho (incluyendo algunos candidatos de la propia alianza “Cambiemos”), detectados en más de 80 municipios bonaerenses, en una lista que sigue creciendo día a día (la gente revisa la nómina de aportantes y se sorprende al encontrarse) hablan de un plan sistemático, orquestado y organizado desde el aparato político del oficialismo.

Un plan que supondría además el uso de los datos personales de los afectados a través de la base de información de la que disponen la ANSES y otros organismos oficiales, a la cual accedió desde el principio de la gestión de Macri la Jefatura de Gabinete “para el diseño de políticas públicas específicas”; que en realidad es para el armado de las estrategias comunicacionales y electorales del oficialismo, lo que ya supone de por sí la violación de la Ley 25.326 de protección de datos personales.

Si se tira del hilo de la investigación de Amorín, se van descubriendo un sinnúmero de violación de normas legales, y de delitos perpetrados para consumar la maniobra: se habrían falsificado firmas de los damnificados y fichas de afiliación (la mayoría figuran a su vez como afiliados al PRO) o usurpado identidades, lo que supone los delitos contemplados en los artículos 292  y 296 del Código Penal y 33 de la Ley 17.671; y si la finalidad de las maniobras era “blanquear” aportes de origen ilícito, también puede existir lavado de dinero tanto por parte del que aporta, como del que lo recibe (artículo 303 incisos 1) y 3) del mismo Código).

Pero además y casi con certeza, la operatoria ha violado la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos si es que -por ejemplo-  través de la apropiación de la identidad de aportantes que ni siquiera sabían que se estaba utilizando su nombre, se canalizaron aportes de aquellos que no pueden aportar a las campañas de los partidos de acuerdo con el artículo 15 de la ley: entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales,  (como fondos reservados de la AFI, de los que además está exenta de rendir cuentas), provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires, empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación (Edenor, Edesur, cualquiera de las generadoras), las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires, personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar (los bingos de Angelicci), gobiernos o entidades públicas extranjeras, personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país (los fondos buitres); personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores o asociaciones sindicales, patronales (la AEA, la UIA) y profesionales (el Colegio de Abogados porteño).

También es posible que la estafa tenga por objeto burlar los límites de montos de lo que pueden aportar las personas físicas y jurídicas que sí pueden hacerlo y que establece el artículo 16 de la ley; o disfrazar el aporte de personal de existencia ideal (por ejemplo empresas) a las campañas, algo que prohíbe su artículo 44 Bis.

Hasta allí, las posibles implicancias legales del caso, respecto al cual ya hay una causa tramitando en la justicia federal, de la que no esperamos demasiado atento que el blindaje mediático del que gozan las principales figuras del gobierno, no es nada comparado con el judicial. Pero en tiempos de turbulencia económica y con jueces argentinos en el medio, todo puede pasar.

El asunto que hasta acá ha pasado más desapercibido son las implicancias políticas del caso: no estamos hablando de aportes fraudulentos o de origen oscuro en cualquier campaña electoral ni en cualquier elección, sino en la de la provincia de Buenos Aires, el año pasado; es decir: la elección en la que el oficialismo enfrentó a Cristina, que ganó las PASO, obligando a Vidal a echar el resto de cara a las generales, y al gobierno a implementar un combo de medidas “populistas” para revertir el resultado, por sus obvias proyecciones nacionales.

Ahora sabemos que además en esa elección Cristina compitió contra una coalición que contó con ingentes recursos de campaña, de dudoso origen. Sería muy interesante que la justicia siguiera el hilo de la investigación de Amorín, para llegar a los aportantes reales de la campaña de “Cambiemos”, es decir los que financiaron el operativo para cerrarle el paso, creyendo que de ese modo pondrían punto final a su carrera política.

Aunque todos podemos tener una idea de por donde pudo venir la mano, sería bueno confirmarlo, y comprobar -por ejemplo- si el aporte fue recompensado por el gobierno con algún que otro favor, que se yo, alguna fusión aprobada, la eliminación de una tasa a las máquinas tragamonedas que se destinaba a financiar el turf, la aprobación de aumentos de tarifas sin compromisos de inversiones, la condonación de multas por incumplimientos de los contratos o el acceso a dólares baratos en medio de la corrida cambiara, cositas por el estilo.

Eso sin mencionar que a la luz de la denuncia de Amorín y de las truchadas que se pudo constatar, se entiende el apuro del gobierno de Macri por impulsar en el Congreso la reforma a la legislación electoral antes de las presidenciales del año que viene, para poder blanquear los aportes empresarios a las campañas: de lo contrario las maniobras deben ser muy burdas, y en algún momento se terminan notando. 

Tanto apuro, que ayer María Eugenia Vidal (en su primera declaración pública sobre el tema) intentó justificar los chanchullos diciendo que la ley vigente "tiene lagunas y deficiencias". Tuits relacionados:
"ARTICULO 32. — Fondos electorales. La alianza electoral deberá abrir una cuenta corriente única en el Banco de la Nación Argentina o bancos oficiales en las provincias que los tuvieren, a nombre de la alianza y a la orden conjunta del responsable económico y del responsable político de campaña. 

Dichas cuentas deben informarse al juez federal con competencia electoral y registrarse en el Ministerio del Interior. Por esta cuenta ingresarán todos los aportes tanto públicos como privados y será el medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña. La misma deberá cerrarse a los treinta (30) días de realizada la elección.

De efectivizarse aportes públicos de campaña con posterioridad al cierre de la cuenta, los fondos se depositarán directamente en la cuenta única de cada partido político integrante de la alianza y de acuerdo a la distribución de fondos suscripta para su conformación e inscripción en la justicia electoral." (las negritas son nuestras) 

jueves, 12 de julio de 2018

FUERTE APUESTA A LOS CAPITALES DE RIESGO, QUE CONFÍAN EN EL PAÍS


EL PRENDE Y APAGA DE CORRAL



Los santafesinos venimos asistiendo las últimas semanas al culebrón del alumbrado público entre Corral, la EPE y la Secretaria de Energía de la provincia: que no se lo descontés más a los vecinos en la boleta, que lo pago yo, que voy a pelear cada foco, que te dejo la factura en mesa de entradas, que la voy a revisar porque es mucho, y así.

Un papelón que ya se prolonga demasiado, sin que seamos cuanto paga la municipalidad por el alumbrado público, o cuanto cuesta mantenerlo. Y eso que todo arrancó con Corral diciendo que la CAP (Cuota de Alumbrado Público) era una “caja negra de la EPE.

Sin embargo, lo que si existe y al menos hasta cierto punto se puede saber, es lo que hace la Municipalidad con los recursos que tiene en su propio presupuesto aprobado cada año por ordenanza del Concejo municipal, para atender el problema del alumbrado público. El programa se denomina precisamente “Mejora de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica”, y está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas municipal.  

En la página web del municipio está disponible el informe de los gastos de las diferentes áreas hasta el 31 de mayo pasado (verlo acá), y dentro de él el programa en cuestión. Hurgando en el documento encontramos lo siguiente:

* El Programa tenía originariamente asignados fondos por algo más de 78 millones de pesos, y Corral lo incrementó a más de 82 millones (ver recuadro pertinente en la imagen de apertura); pero en los primeros cinco meses del año ejecutó menos de 27, exactamente el 32,66 % de lo presupuestado para todo el año.

* Del total de lo gastado hasta fines de mayo en “Mejora de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica”, el 68,14 % se fue en pagar los sueldos del personal de la Dirección de Electromecánica de la Municipalidad.

* En los primeros cinco meses del año Corral (a través de los “superpoderes”) redujo en un 21,35 % las partidas que el Concejo había votado en el programa para gastar en “Bienes de Uso”, es decir en obras (por ejemplo colocación de columnas de alumbrado público), o maquinaria y equipo (camionetas o grúas para reponer artefactos dañados o descompuestos).

* No obstante esa poda, “Bienes de Uso” es el 33,64 % del total de los fondos asignados al programa, pero hasta el 31 de mayo pasado (último dato disponible) solo había representado el 8,07 % del total de lo gastado en el mismo.

* Eso es consecuencia de que hasta esa fecha solo se había ejecutado el 7,83 % de los fondos previstos para obras, maquinarias y equipos necesarios para el alumbrado público: como pueden ver en el cuadro que encabeza el post, la gestión de Corral no gastó en esos fines ni un solo centavo de los recursos afectados de origen municipal (la CAP), ni de los que provienen de la nación; y solo una quinta parte de los que vienen de la provincia, transcurrida casi la mitad del año.

VOLVER AL FUTURO


Cuando los populismos gobiernan, la crítica más frecuente del neoliberalismo es que sacrifican el futuro de las sociedades o lo comprometen seriamente, para despilfarrar recursos otorgando beneficios para el presente, con tal de perpetuarse en el poder. Cuando gobiernan ellos, les exigen a las sociedades sacrificios y privaciones en tiempo presente, con la promesa de que son el único modo de lograr un futuro venturoso.

No hace falta apelar a la memoria histórica para advertir que ese futuro nunca llega: basta con recordar las promesas del pasado inmediato del gobierno de Macri que nos ajusta en éste presente: “el segundo semestre”, “lo peor ya pasó”, “la lluvia de inversiones”, “la luz al final del túnel”.

Aun cuando se vive en presente y la tentación de subordinarlo todo a la coyuntura actual es dominante, la dimensión del futuro en la política siempre incide en las percepciones, y obviamente en las decisiones electorales. Y cuando hablamos de futuro, nos referimos tanto a las expectativas personales o familiares, como a las condiciones estructurales necesarias para el desarrollo del país.

El kirchnerismo pudo ganar cómodamente en 2007 y 2011 apelando, respectivamente, al contraste con el pasado inmediato (la crisis de la implosión de la convertibilidad), o a exhibir lo hecho desde el gobierno: no prometimos, hicimos. En el 2015 eso ya no era suficiente, y Macri pudo ganar prometiendo futuro: “vas a estar mejor cada día”, “pobreza cero”, “no vas a perder nada de lo que te dieron”;  machacando con eficacia sobre legítimas aspiraciones sociales: la importancia del ahorro, la posibilidad de mayor progreso, el acceso a la vivienda propia.

Nosotros colaboramos también, dando por sentado que ciertos cambios que se introdujeron a partir del 2003 eran “irreversibles”: si nada de eso estaba en riesgo, no había riesgo en cambiar, para mejor. Luego, sobre el final y ante la certeza de la derrota,  vino la “campaña del miedo”; que podemos saber hoy que no solo fue precisa, sino que se quedó corta, pero esa es otra historia.

Si volvemos a la crítica tradicional de las derechas políticas y económicas a los populismos, es falso que el kirchnerismo no construyó futuro, en cualquier dimensión que se lo mire de entre las que se señalaron; aunque pueda haber pecado de postergar por más tiempo del previsto el uso de los instrumentos que sirvieron para salir de la emergencia, sin hacer “sintonía fina” en algunos campos, como las políticas sociales, el modelo de desarrollo industrial o el régimen de los servicios públicos.

Pero por otro lado apostó claramente al futuro con el compromiso estatal de sostener la inversión en educación, ampliar la inclusión previsional, fomentar y sostener la ciencia y la investigación, desarrollar el plan satelital y el plan nuclear, incrementar significativamente la generación de energía y la más importante de todas las políticas para hacer posible un mejor futuro: desendeudó considerablemente al país, generando (como pasó con el primer peronismo) una transferencia de recursos que antes se iban por la canaleta de los intereses del endeudamiento, a todas esas otras políticas públicas que mencionamos. 

Y además fue particularmente insistente (en especial Cristina) en que confiáramos en nuestras capacidades como sociedad, y apostáramos a ellas; algo que conviene recordar hoy, cuando el discurso del gobierno pretende horadar nuestra autoestima haciéndonos sentir culpables por tener derechos, o querer gozar de un menor nivel de vida.

Esas políticas tuvieron efectos sociales, culturales, familiares y personales: los jubilados de la moratoria pudieron planificar pensando que por primera vez tendría un ingreso que aunque no fuera el ideal, era regular, las familias cuyos hijos accedieron a las netbooks de Conectar Igualdad pudieron sentir que sus hijos tenían las mismas oportunidades que los de otros, las nuevas universidades cobijaron a una generación de estudiantes que eran los primeros de sus familias en llegar a ese nivel de educación, el PROCREAR hizo realidad para muchos argentinos de la clase media el sueño de la casa propia.

Se cumplía así el axioma de que con un mejor presente, en el que las condiciones materiales de existencia permiten vivir sin angustias, la gente piensa en un mejor futuro posible; sin caer en el pozo depresivo de verse condenada irremediablemente a la reproducción de la pobreza, o la frustración de las expectativas de progreso. Claro que el balotaje dejó en claro que no todos lo procesaron del mismo modo, a la hora de definir su voto.

Por contraste, lo que les está pasando ahora a millones de argentinos, en los tiempos de la fallida “revolución de la alegría”, es el brusco empeoramiento de las condiciones objetivas en que se vive; que genera angustia en el presente, e incertidumbre (esa que Esteban Bullrich nos quiso vender como algo positivo) y preocupación por el futuro. 

La magnitud y la velocidad de la crisis angostan las etapas, y hace difícil discernir una de otra: para muchos argentinos de a pie, hoy el futuro es ver como llegar a fin de mes; y el jubilado que contaba con la certeza de su ingreso regular y dos aumentos al año consagrados por ley (algo que nunca había sucedido hasta entonces) se pregunta hoy si en el futuro el sistema podrá seguir pagando regularmente los beneficios. 

Además de fracasar estrepitosamente en el presente (siempre que se la cosa se vea desde nuestra óptica, claro: ellos han satisfecho cabalmente los intereses que representan) y ya no poder excusarse en el pasado, el macrismo no puede hoy ofrecer futuro; sea por las condiciones objetivas de su modelo y su propia funcionalidad, o porque además su palabra al respecto está devaluada: cada uno podrá recordar cuantas veces nos dijeron que lo peor había pasado, para luego y de inmediato, volver a decírnoslo, como si recién llegaran al gobierno. Ni hablar de que nos volvieron a poner los grilletes de un endeudamiento fenomenal que es lo que más seriamente condiciona toda perspectiva de futuro.

La oposición necesita conectar con el humor social para ganarse el voto, y para eso debe ofrecer una esperanza, aun cuando su propuesta programática y su obligación inmediata (si gana) sería prioritariamente una inmensa tarea de reparación social y reconstrucción económica, productiva e institucional luego de la devastación macrista; tarea que exigirá medidas drásticas y eventualmente sacrificios, claro que con una repartija completamente distinta de las cargas, algo que con seguridad disparará conflictos.

Hay que ser inteligentes para unir ambas cuestiones en una propuesta coherente, y no poner tanto el acento en “volver” a diciembre del 2015 (aunque en algunas cuestiones sea el primer y elemental paso, como lo fue salir de la crisis en el 2002), como en convencer de que sin esos pasos imprescindibles no hay futuro; porque este depende no tanto de las condiciones personales de cada uno, como de las condiciones objetivas que el país es capaz de ofrecerle, desde el Estado y las políticas públicas. Si se lo sabe aprovechar, acaso para muchos argentinos sea esa la mayor enseñanza que deja el nuevo fracaso de otro experimento neoliberal.

miércoles, 11 de julio de 2018

EL MEJOR PERONISMO...


...al parecer es el que ayuda a los antiperonistas a cagar a la gente, sacándole los derechos que les dio el peronismo para joderles la vida.

CORRAL EN TIEMPOS DE AJUSTE Y PELEAS


Está disponible en la página web de la Municipalidad la ejecución del presupuesto hasta el 31 de mayo pasado, tanto en los recursos como en los gastos (ver acá). El período comprendido (los primeros cinco meses del año) es interesante para analizarlo porque por un lado es anterior a la corrida cambiaria, los anuncios de recortes del gobierno nacional en sus transferencias a las provincias y municipalidades, y al acuerdo con el FMI que contempla mayores ajuste en el gasto público.

Pero por el contrario en ese mismo período ya se estaba dando la puja de Corral con el gobierno provincial, que luego escalaría con la polémica por la CAP (Cuota de Alumbrado Público), y la factura de la luz de la Municipalidad.

Lo primero que llama la atención en el documento es lo que pasó con los recursos afectados (es decir los que tienen un destino específico, generalmente la obra pública) hay datos interesantes, a saber:

* Los recursos afectados especiales de origen provincial presupuestados eran $ 181.123.186,20, de los que al 31/5 se recibieron $ 21.992.308,97; es decir un 12,14 %, o un proyectado anual de 29,14 %: ¿se notan allí las consecuencias del conflicto entre el gobierno provincial y el municipal, y como fueron mermando las transferencias para obras, por ejemplo del Acuerdo Capital?

* Los recursos afectados especiales de origen nacional presupuestados eran un total de $ 1.242.548.497,66, de los que en los primeros cinco meses del año se recibieron apenas $ 224.752.813,84; o el 18,09 %, y un proyectado anual del 43,41 %; consistente con los fondos nacionales para obra pública que efectivamente llegaron el año pasado (los números en detalle, acá).

Y hablando de obra pública, veamos cono funcionó la cosa por el lado de los gastos en ese rubro hasta el 31 de mayo pasado:

* La Secretaría de Recursos Hídricos administra distintos programas de obras (Programa de Infraestructura, Programa Mejora de las Condiciones Sanitarias -cloacas-, Programa Red de Drenaje Urbano -desagües- y Programa de Estaciones de Bombeo, Terraplenes y Defensas); para los cuáles había presupuestados en Bienes de Uso (es decir Construcciones + Maquinaria y Equipo) $ 374.731.408,84, de los que se ejecutaron al 31 de mayo $ 61.612.487,14: apenas el 16,44 %.

* Otro tanto pasa con la Secretaría de Obras Públicas, que tiene a su cargo los Programas Mejora de la Red Vial (bacheo), Mejora de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica y Mejora Urbana (plazas y espacios públicos), para los que estaban presupuestados en Bienes de Uso $ 225.084.434,21, y en los primeros cinco meses del año se ejecutaron $ 69.811.904,62, o sea solo el 31,01 %.

* Finalmente la Agencia Santa Fe Hábitat ejecuta los Programas Mejoramiento Urbano Integral (cordón cuneta algo de pavimento o mejorado en calles de tierra) y Vivienda Social, con $ 451.277.145,85 presupuestados en Bienes de Uso, de los que al 31 de mayo se habían ejecutado $ 128.685.581,73 (el 28,51 %).

* Sumando los programas de obra pública a cargo de las tres áreas relevadas (que concentran por lejos el grueso de la obra pública municipal), sobre un total de $ 1.051.092.988,90 presupuestados en "Bienes de Uso" se ejecutaron apenas $ 260.109.973,49, o sea el 24,74 % en los primeros cinco meses del año; o lo que es lo mismo, un 59,39 % proyectado para todo el 2018, antes de los anuncios de recortes de la nación en la obra pública, y del acuerdo con el FMI.

* El controversial Programa “Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo” tenía ejecutado al 31 de mayo apenas el 18,09 % de lo presupuestado; y del total de lo ejecutado el 68,64 % corresponde a “Servicios No Personales” (los sueldos de los cooperativistas) y apenas un 7,36 % en Bienes de Uso (obras), lo cual da la idea de que por estos momentos  el programa está estrictamente limitado a mantener la estructura punteril montada por Corral en distintos barrios de la ciudad, con esta cobertura.

* El Programa “Gestión Integral de Residuos” había ejecutado al 31 de mayo apenas el 25,09 % de sus créditos presupuestarios, y en la partida “Servicios No Personales” (con la que se pagan los contratos de las empresas recolectoras de residuos) apenas el 23,49 %, lo que daría un proyectado del 56,37 % a fin de año. Como se trata de servicios ininterrumpidos, todo parece indicar que la Municipal estaría retrasando pagos a las empresas generando deuda flotante, como viene ocurriendo desde el principio de las gestiones de Corral.

* La partida “Servicios de la Deuda” tenía un 79,96 % del crédito presupuestario ejecutado en los primeros cinco meses del año, solo en el apartado específico; es decir sin contar su apertura en todas las áreas del Departamento Ejecutivo que no la tenían prevista, con lo cual se sigue convirtiendo en la segunda partida más voluminosa del gasto municipal después de los sueldos del personal; fruto del creciente endeudamiento corriente que es también un sello distintivo de las administraciones radicales en la ciudad desde 2007.

* Sumado lo gastado en esa partida ("Servicios de la Deuda") en todas las reparticiones municipales al 31 de mayo pasado, fueron $ 558.344.213,24, o sea el 27,49 % del gasto total del municipio en ese lapso.

EMPLEO NO REGISTRADO


Se conoció días pasados una denuncia sobre la presunta “infiltración” de agentes de la AFI “camuflados” como empleados públicos en dependencias del CONICET, es decir que no conformes con vaciarlo, lo estarían espiando; vulnerando así las disposiciones de la Ley 25.520 que le impide a los organismos de inteligencia hacer inteligencia interna.

Rápidamente desde la casa de los espías salieron a desmentir la denuncia, precisando que no agentes registrados en otros organismos del Estado como empleados de éstos.  

Lo que no dijeron es que los empleados de la AFI (y no solamente los que cumplen tareas de inteligencia, es decir, los espías propiamente dichos) tampoco figuran en los registros de ésta, al menos de acuerdo al presupuesto nacional, según pueden ver en ésta otra imagen:


Como se ve, si estuviéramos a lo que dice la ley de presupuesto aprobada por el Congreso, la AFI cuenta con solo dos (2) empleados, que para mayores precisiones serían los directores: Gustavo Arribas (el “Señor 5”, en la jerga) y Silvia Madjalani, la número dos del organismo.

Los demás agentes no figuran, y no es que no cobren sueldo, como se puede inferir de esta otra planilla, también sacada de los anexos del presupuesto:


A menos que Arribas y Madjalani le cuesten cada uno al Estado más de 750 millones de pesos al año, la AFI tiene otros empleados, que cobran sueldos con cargo al presupuesto nacional; pero leyendo este no podemos saber cuantos son, ni sus categorías de revista.

Lógicas consecuencias del Decreto 656 de mayo del 2016, por el cual Macri modificó el decreto reglamentario de la ley de inteligencia firmado por Cristina luego de la reforma que se hiciera en su gobierno; de modo tal que ahora los gastos secretos o reservados de la agencia de inteligencia estatal son mucho mayores (como siempre había sido, hasta los cambios que impuso CFK): más información, acá.

El mismo decreto en el cual se aprobó el nuevo escalafón para el personal de la AFI, esos mismos que ni siquiera figuran en el presupuesto nacional, y que además quedarán exentos del congelamiento de vacantes en el Estado, según el decreto publicado ayer.

martes, 10 de julio de 2018

RELACIONADAS


Capaz que una cosa tiene que ver con la otra, eh; es un posibilidad que no habría que descartar.

¿EL GOBIERNO SE METE EN LA INTERNA DE LA CGT?



Con el ojo puesto en el decretazo del ajuste en el Estado, tuvo poca repercusión (salvo ésta notade Ismael Bermúdez en Clarín) que en la misma edición del Boletín Oficial de ayer se publicó el Decreto 633 (completo acá), que entrará a regir en 30 días pero que impactará de lleno en las negociaciones paritarias, y en la interna de la CGT.

En los primeros artículos del decreto se establece el criterio a seguir con los aportes patronales especiales que deben destinarse a financiar algunos regímenes jubilatorios espaciales, que el mismo decreto enumera en el anexo a título enunciativo (personal que realiza tarea penosas, riesgosas o insalubres, estibadores portuarios, dragado y balizamiento, ferroviarios, industrias del vidrio y de la carne, petroleros y gas privado, servicios eléctricos, SMATA, entre otros): en esos casos dispone que los empleadores deberán hacer los aportes que contempla cada régimen especial, pero al mismo tiempo aclara que “...si bien la presente medida puede entenderse como un incremento de los costos laborales para estas actividades, los empleadores comprendidos en ellas gozan actualmente del beneficio y tratamiento particular de la Ley N° 27.430, por la que se vieron reducidas progresivamente las contribuciones con destino al régimen de seguridad social general.”.

La norma citada es la que aprobó a fines del año pasado la reforma tributaria, y que significará a futuro un importante desfinanciamiento de la seguridad social, al reducir e incluso eliminar las cargas patronales sobre los salarios de cierto monto; pese a lo cual todos los considerandos del decreto dicen que sus medidas apuntan a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

Pero la norma contiene otras medidas: tras señalar en sus fundamentos que “...en la dinámica de la negociación colectiva se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, cuando éstos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio.”, acto seguido y en su artículo 4  dispone que “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo, con excepción de aquellos supuestos contemplados en los artículos 103 bis, 106 y 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y las situaciones en las que pudiese corresponder tal excepción, encuadradas en el procedimiento regulado por los artículos 98 a 105 (ambos inclusive), de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias y normas reglamentarias.

Las normas que se mencionan refieren a ciertos rubros que no quedarían alcanzados por la medida, como los viáticos, los salarios disminuidos que se pagan a los trabajadores suspendidos o con empresas en procedimiento de crisis , o beneficios sociales como los montos para adquisición de ropa de trabajo, reintegro de gastos de medicamentos, traslado o sepelio.

Si bien el decreto hace mención al concepto de “salario” definido por la LCT, tampoco es muy preciso a la hora de definir cuáles serían los rubro de aumentos pactados en paritarias por los sindicatos y las cámaras empresarias que no serían homologados, porque si bien algunos de ellos (incluso el propio Estado con sus empleados) pudieron haber pactado el pago de sumas no remunerativas en los haberes mensuales, ha sido más frecuente el caso de los que negociaron bonos compensatorios por la pérdida del salario frente a la inflación del año pasado, o para compensar que cierran paritarias dentro del “techo” impuesto por el gobierno.

Por si quedaran dudas al respecto, el mismo artículo 4 del decreto aclara lo siguiente: “La medida precedente alcanza a los planteos administrativos que formulen los interesados al invocar la existencia de una homologación tácita del instrumento convencional, en los términos del artículo 6° de la Ley N° 23.546 (t.o. 2004).”.

En  esa situación podrían encontrarse -por ejemplo- las paritarias de Camioneros y la Bancaria, pendientes de homologación, y con sendos bonos pactados en cada una de ellas. 

Si se repara a su vez en la nómina de los gremios a los que en el mismo decreto se les garantizan los aportes patronales adicionales (sin correlativo descuento para los trabajadores en sus salarios) para regímenes jubilatorios especiales, es difícil no pensar que el gobierno se está metiendo abiertamente en la interna de la CGT de cara a la renovación de autoridades del 22 de agosto (el decreto empezaría a regir unos días antes); de modo tal que los “dóciles” lleguen al mismo pudiendo mostrar logros derivados de su “buena conducta”, mientras los “ariscos” (como Sergio Palazzo o Pablo Moyano) no tengan homologadas sus paritarias.