LA FRASE

"VOLVEMOS A LA CALLE A PROTESTAR PORQUE ES IMPRESIONANTE COMO SE DISPARÓ EL HAMBRE EN EL PAÍS EN ESTOS TRES O CUATRO DÍAS DEL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ." (RAÚL CASTELLS)

sábado, 14 de diciembre de 2019

LA CULPA SE REPARTE ENTRE MACRI Y ALFONSÍN


Tal como da cuenta la imagen de apertura, ayer salió publicado en el Boletín Oficial el Decreto 33 (completo acá), por el cual Alberto Fernández convoca a extraordinarias al Congreso, para tratar entre otros asuntos el "Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica"; inciativa que incluiría algunas de las medidas más importantes del gobierno en los primeros días de gestión, en materia económica y social.

Como se dice allí, el proyecto no está acompañado al anexo del decreto (lo cual no quiere decir que no esté redactado), pero en varios medios anticipan lo que suponen que sería parte de su contenido: facultades al Poder Ejecutivo para revisar las tarifas de los servicios públicos, dictar regulaciones cambiarias y vinculadas al mercado de divisas, y atribuciones impositivas para modificar alícuotas de algunos impuestos, como Bienes Personales.

Además del contexto político dado por el cambio de gobierno, la cuestión está vinculada la problemática de las facultades delegadas del Congreso en el presidente, regulado en la Constitución Nacional en su artículo 76, a partir de la reforma de 1994.

La emergencia económica (en realidad, "emergencia pública y del régimen cambiario", en su última versión) tuvo vigencia en el país hasta que en enero del 2018 Macri decidió no solicitar su prórroga al Congreso. Al respecto decíamos nosotros en ésta entrada que "El problema es que la ley de emergencia, más allá de su título, no es una especie de certificación legal de la salud o enfermedad de la economía, sino una cuestión de índole más práctica; que tiene que ver con el artículo 76 de la Constitución Nacional, y las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Congreso para regular determinados aspectos de la economía.

El artículo 76 (incorporado en la reforma de 1994) dice textualmente en su primer párrafo: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca."; y es un verdadero engendro que trajo más problemas, que soluciones. La fórmula del artículo 76 no pudo ser peor porque además incluye (como un caso de transferencia admitida de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo) las "materias determinadas de administración": si son materias determinadas de administración, le corresponden por derecho propio al presidente; que es el responsable político de la administración general del país, según la misma Constitución (artículo 99 inciso 1.).

Pero el problema de base es que este artículo fue injertado sobre un molde (el de la Constitución de 1853) que responde a los cánones del liberalismo económico del siglo XIX, que venía haciendo agua hace ya mucho tiempo; y sobre el que la reforma del 94' no avanzó demasiado, sino en aspectos cosméticos. La realidad discurrió por otros carriles, y el Estado se vio forzado a regular la economía (ya desde los años 30', y con sectores liberal-conservadores en el poder); de un modo cada vez más complejo y creciente, y necesitado de una velocidad de respuesta (ante los cambios constantes del contexto circundante) incompatible con los tiempos de la discusión parlamentaria: ya en 1949 en la reforma constitucional impulsada por el peronismo, la atribución de fijar el tipo de cambio pasó del Congreso al Poder Ejecutivo, por ejemplo.".

Precisamente por eso Macri decidió no prorrogar en su momento la emergencia: decíamos en ésta otra entrada que para un gobierno de esa índole, no era necesaria porque su tendencia natural era a desregular. En los términos de aquel posteo: "¿Se entiende entonces por qué a Macri no le interesaba prorrogar esta ley? Las tarifas de los servicios públicos esenciales fueron ya redolarizadas (el precio del gas en boca de pozo que es el 70 % de la factura se fija en dólares, y en dólares se paga la importación de combustibles para producir energía, para lo que también se usa el gas), y las empresas quedan liberadas para parársele de manos al gobierno y suspender sus servicios, si no accede a sus reclamos. Y para ponerles freno a Caputo, Mindlin y Joe Lewis se necesitará una ley del Congreso, que seguramente Macri vetaría. 

Durante el kirchnerismo se planteaba un debate absurdo sobre la prórroga de la ley, bajo la zoncera "si la economía anda tan bien, no necesitamos una ley de emergencia". Bueno, ahora ya no tenemos la ley, y la economía está peor que nunca, y más vulnerable que nunca a cualquier tipo de shock externo.".

Bueno, ahora estamos en ese punto: el país sumido en una profunda crisis económica, y el presidente y su gobierno sin todas las herramientas necesarias para conjurarla, por un diseño absurdo del (presunto) distingo de roles entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, hecho evidentemente por alguien que no tenía la menor idea de como gestionar el Estado moderno, y los desafíos concretos que eso conlleva.

Y si para eso tiene que tomar medidas drásticas como pesificar tarifas, subir retenciones, aumentar Bienes Personales, restringir el giro de utilidades y dividendos al exterior o endurecer el cepo, necesitará que el Congreso lo autorice expresamente en los términos del artículo 76 de la Constitución. 

Cada una de esas medidas afectará intereses, y generará reacciones y cuestionamientos (recordemos la polémica por la prórroga de las facultades delegadas durante el gobierno de Cristina), pero son indispensables. Si vuelve la emergencia (que es imprescindible), volverán las quejas de los repúblicos, que son el coro que disimula el malestar de los factores de poder y grupos de interés, cuando sus intereses se vean afectados: no dejemos que nos vendan buzones.

Dicho esto porque ya han adelantado que no darán quórum para el tratamiento del tema, y están convocando a marchar "en defensa de la república" y coso. 

De la crisis económica tiene la culpa Macri, del desaguisado jurídico que hace que el Poder Ejecutivo corra siempre atrás de los acontecimientos del mundo real, en especial en materia económica, Alfonsín; aunque a más de uno le moleste que se lo recuerden.

viernes, 13 de diciembre de 2019

MANTÉNGALA ASÍ HASTA QUE SE LO LLEVE LA PARCA, ABUELO


JUGUEMOS EN EL BOSQUE, MIENTRAS PEROTTI NO ESTÁ



Una obra municipal para Rosario, licitada y pagada por la provincia hasta el último centavo.

Tan municipal, que el proyecto lo hizo la Dirección General de Parques y Paseos.

Un plazo original para terminarla, que luego se prorroga, una y otra vez.

Un presupuesto original que luego se infla, por "adicionales de obra" y otras yerbas.

Un contrato que no se termina, sino que se proyecta en la gestión de Perotti.



Decí que ya se van, pero dejaron su huella.

CUANDO UN RECLAMO AYUDA


En campaña Alberto hablaba de su gobierno y la relación con los gobernadores como "un gobierno con 24 presidentes", o algo por el estilo, y de la idea de ir fijando capitales alternativas en las diferentes provincias del país. La idea era no solo rescatar el concepto del federalismo como idea matriz de la gestión de gobierno, sino hacia el interior del "Frente de Todos", coparticipar a los gobernadores oficialistas del sistema de toma de decisiones, en un reconocimiento a la realidad política existente en el peronismo.

Claro que esa búsqueda de una convivencia armoniosa entre el Estado nacional y las provincias no estará exenta de tensiones, porque hay intereses contrapuestos que deben armonizarse, y lo explicamos con un ejemplo: el nuevo ministro de Educación de la nación acaba de anunciar la reinstalación de la paritaria nacional docente suprimida por Macri por decreto, y ese puede ser un punto de conflicto con los gobernadores (sin distinción de signo político), porque supone fijar un salario mínimo para un sector de sus empleados (los docentes) y recibir apoyo financiero del gobierno nacional en algunos casos para poder pagarlo; por fuera de los esquemas de negociación salarial que cada uno de ellos tiene en sus provincias, con el conjunto de gremios estatales provinciales.  

Del otro lado, vemos que el gobernador de La Pampa le reclama al gobierno nacional que reponga el Fondo Federal Solidario o fondo soja, creado por Cristina por el DNU 206/09 y compuesto con el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados; y que revise el aumento de la coparticipación a la CABA decretado por Macri al inicio de su gobierno.

La Pampa es, sin dudas, una de las provincias mejor administradas de la Argentina; y el peronismo la viene gobernando sin interrupciones desde 1983, como consecuencia de eso. Sus gobernadores -como los Rodríguez Saá en San Luis- han sabido combinar márgenes de independencia respecto a los gobiernos nacionales incluso del propio peronismo, con una defensa férrea de los intereses provinciales y un acompañamiento que se podría decir crítico (es decir, no automático y en todas las decisiones) de los procesos nacionales expresados en los gobiernos kirchneristas, esto último muy visible en el caso pampeano.

Nadie debiera asombrarse ni sorprenderse por eso si parte de la base que son los votantes de esos gobiernos y esas provincias los que respaldan esa línea política votándolos en forma continuada para ejercer el gobierno provincial, y acompañando también en forma reiterada las alternativas políticas que ofrece el peronismo para el orden nacional. La exigencia de federalismo en ese caso no es solo una cuestión conceptual, sino una estricta correspondencia con las exigencias de la propia base electoral, que se comporta distinto a -por ejemplo- la del "cordobesismo" de De La Sota y Schiaretti.

En el caso de La Pampa las dos propuestas del gobernador Ziliotto (que alguien podría interpretar como un reclamo) son sumamente sensatas, y bien haría el nuevo gobierno nacional en tomarlas en cuenta. Respecto a la coparticipación del fondo sojero, es evidente que Ziliotto advierte que con este nivel de tipo de cambio y las urgencias financieras del Estado nacional, se vendrá un aumento de retenciones a las exportaciones de las producciones agropecuarias con mayor margen de rentabilidad por la devaluación, y quiere que su provincia participe de los beneficios que eso genere: nada que reprochar al respecto, conforme a lo antes indicado.

Pero para el gobierno de Alberto coparticipar parte del fondo sojero (que se verá sin dudas acrecentado si se aumentan las retenciones), tal como lo hizo en su momento Cristina, sería una medida muy inteligente en términos políticos: dando por sentado que el aumento de las retenciones generará reacción en las patronales del campo (cuyos sectores más belicosos han amenazado con volver a las rutas si eso sucede), sería astuto sumar músculo político para afrontar la arremetida, comprometiendo a los gobernadores con la medida, porque se verán en parte beneficiados con ella; en especial en las provincias cuya economía gira en torno a la producción agropecuaria, como La Pampa, aunque si se aplicaran los criterios de distribución de la coparticipación para el fondo sojero (como hizo Cristina en su momento) .

Porque de lo contrario lo que ocurre es que el costo político de aumentar la presión impositiva sobre los sectores más beneficiados con la devaluación y los nichos de rentabilidad que generó (como los sectores más concentrados del modelo de agronegocios) recae exclusivamente sobre el Estado nacional, mientras las provincias se oxigenan en ese frente, por ejemplo evitando aumentar el Inmobiliario Rural.

Y que decir en esta misma línea de pensamiento, del reclamo de Ziliotto de revisar el aumento de la coparticipación de la CABA decidido por Macri: si bien esos fondos adicionales destinados al distrito más rico del país y con mayor nivel de recursos fiscales per cápita salieron de la parte de la coparticipación que corresponde al Estado nacional, si se diera marcha atrás en la decisión (algo perfectamente posible y justo, además), podrían engrosar la masa coparticipable destinada a las provincias aliviando su situación financiera; o recuperarlos el Estado nacional para aliviar la suya, con el apoyo político de los gobernadores de las provincias, que se reflejaría en el Congreso aun cuando la medida pueda disponerla el presidente por decreto, como hizo Macri. Tuit relacionado:

jueves, 12 de diciembre de 2019

TWEETS POLÉMICOS

EN SANTA FE NO HAY HAMBRE


¿Se acuerdan de la emergencia alimentaria? No ¿no?

Parece que fue hace tanto tiempo, y sin embargo pasaron apenas dos meses desde que el Congreso aprobó la ley, y acá en Santa Fe Lifschitz adhirió por decreto después de dos años de negarse a enviar un proyecto a la Legislatura declarándola por ley, como le pedían las organizaciones sociales.

Bueno, ahora, dos meses después (es raro lo que el socialismo entiende por emergencia" dicen que refuerzan las partidas del Ministerio de Desarrollo Social para eso, aunque en realidad es mentira: modifican el presupuesto en forma compensada, y lo que les dan a algunas municipalidades lo sacan de la partida de subsidios destinados a entidades sociales.

Lo curioso es que el decreto dice que la ayuda estará destinada a las ciudades "con mayor densidad poblacional, con gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad y criticidad social"; pero no está Santa Fe.

¿No hay acaso hambre en la capital de la provincia, algo que amerite que le tiren parte de los fondos como a las otras municipalidades o Rosario, que se lleva el 73,51 % de la asistencia?

Y que decir del "aporte extraordinario" para que la gente pueda comprar algo "para la mesa navideña de los hogares": 4,8 millones rasposos, casi lo mismo que un stand de la provincia en Expoagro, a valores del 2009. Y encima hay que devolver esa suma al Banco Municipal de Rosario, porque la anticipó (con guita que la provincia deposita) en las Tarjetas de Ciudadanía precargadas.

¿Qué qué tiene que ver con todo esto el Banco Municipal?

Que desde el 2014 viene prestando el servicio de administrar las cuentas de la Tarjeta Unica de Ciudadanía en las que se acredita la plata que la provincia destina a la compra de alimentos a los sectores más vulnerables, y se lo acaban de prorrogar hasta marzo del año que viene, porque le dejan a la nueva gestión resolver la licitación en marcha:



Eso sí: como en ese caso, nunca sabremos por que no se terminan las licitaciones en tiempo y forma, y sobre todo quienes se presentaron y quienes estaban en condiciones de ganar.

SEGURO IRÁN POR AHÍ


Hasta que Alberto Fernández oficializó la nómina de integrantes de su gabinete, todas las miradas estaban puestas en el Ministro de Economía. Desde entonces, los cañones parecieron concentrarse en Sabina Frederic, la designada Ministra de Seguridad: acaso un indicio de los tiempos por venir en el discurso opositor y en la línea que baje el dispositivo mediático, que vienen a ser más o menos la misma cosa.

La seguridad es una clara preocupación ciudadana, y haríamos mal en minimizarla, como le suele pasar a la progresía nacional: la gente quiere vivir en paz, sin que la roben o sin que su vida corra riesgo, y se lo merece. Espera que un gobierno le garantice (entre otras cuestiones acuciantes) esa, y nada hay de malo en que lo espere.

Sin embargo, también es -sobre todo para los grandes medios, y para el discurso político de las derechas- una herramienta discursiva a la que acudir cuando todo falla, incluso las denuncias de corrupción.

El fracaso del macrismo en materia económica ha sido tal, que es muy posible que no sea ése el ángulo que elijan para atacar al gobierno de Alberto desde el principio, y al menos por un tiempo. Ni hablar si se acierta con las medidas para salir de la crisis, y la economía empieza a dar señales de recuperación, que la gente pueda notar en su vida cotidiana. Veremos entonces como los hechos de inseguridad ocuparán la primera plana de los diarios, y serán instalados como la preocupación excluyente de la gente.

Sin embargo, eso no significa que no existan, y que en consecuencia el nuevo gobierno pueda exculparse de hacer algo al respecto, De allí la importancia de abordar la problemática de la inseguridad sin miedos ni complejos, articulando respuestas concretas y designando gente idónea para llevarlas a cabo; que tenga a su vez la fortaleza política necesaria para imponer las determinaciones del mando civil al instrumento armado de la seguridad (las fuerzas policiales, la Gendarmería y demás fuerzas federales).

Ese es otro complejo que, en materia de seguridad, las fuerzas nacionales y populares deben superar; no existe ninguna posibilidad de construir y ejecutar una política eficaz de seguridad pública sin la necesaria participación de las fuerzas de seguridad y policiales, a las cuáles el Estado les confía el monopolio legal de la fuerza que detenta en un Estado de derecho. No hay tal cosa como "seguridad sin policías".

Dicho esto, el asunto entonces es conducir políticamente a las fuerzas, encuadrarlas en una lógica de respeto a los derechos humanos, cortar de cuajo todo brote de autoritarismo represivo o violencia institucional, ser implacables con la corrupción interna o la complicidad con el delito. Todas cuestiones que no hay que tener temor de abordar, porque si se abandonan la derecha se apropia de ellas, y las devuelve en forma de discurso y prácticas legitimadoras de la "mano dura"; con el argumento de que solo de ese modo se consiguen resultados efectivos en materia de seguridad.

Lo cual es falso, y se puede comprobar no solo con las estadísticas sobre la evolución del delito y la violencia, sino con el hecho de que, si la "mano dura" y el "gatillo fácil" hubieran resuelta alguna vez el problema de la inseguridad, hoy no estaríamos hablando de eso, como un tema presente y preocupante.

Pero esta reflexión nos lleva a otra, y es plantear la necesidad de no embarcarnos en discusiones inútiles y desgastantes, como "garantismo versus mano dura", que están planteadas desde el vamos sobre ejes falsos: no podemos discutir si rige o no la Constitución Nacional, o si la tenemos que aplicar o no. Porque por reducción al absurdo, por ese camino llegaremos pronto a legitimar la tortura (Patricia Bullrich ya lo hizo con el fusilamiento), como método válido de investigación del delito.

La apuesta de Alberto Fernández designando al frente de un área tan crítica a una académica, que viene del campo de la investigación en las ciencias sociales, es arriesgada en el contexto en el que habitualmente se discuten estas cuestiones; que parece pasar exclusivamente por quien la tiene más larga, o quien porta el arma de más grueso calibre, o puede impostar voz de mando con mayor eficacia.

Pero al elegir así, ha puesto las cosas en su lugar adecuado, porque la violencia es un fenómeno social, cuya manifestación más visible es el delito (el delito violento, precisamente, del otro, el de "cuello blanco", jamás se habla), y en consecuencia no puede ser abordado desde la chapucería "pistolera" con el que se lo ha tratado muchas veces, en especial en estos últimos cuatro años, con las consecuencias por todos conocidas. La demanda ciudadana por seguridad exige respuestas eficaces del Estado, y esas respuestas solo las pueden dar quienes han estudiado y se han preparado para darlas, no los improvisados efectistas.

Y nada de lo dicho implica desconocer que para un gobierno que se reivindica como parte de la tradición política nacional y popular argentina, las causas sociales de la violencia tenderán a desaparecer cuando desaparezcan la desigualdad y la injusticia; pero tampoco hay que caer en el simplismo de asimilar pobreza con delito, comprando -sin advertirlo- parte del discurso estigmatizador de determinados sectores sociales, que es la plataforma conceptual sobre la que se despliegan luego políticas de control social, que nada tienen que ver con terminar con la inseguridad. 

Tuit relacionado: