LA FRASE

LA FRASE: "COMO EL VIAJE DEL HOMBRE A LA LUNA, LO DEL SATÉLITE FUE UN FRAUDE; LO ORGANIZÓ FUERZA BRUTA. (ELISA CARRIÓ)

martes, 2 de septiembre de 2014

LOS GOBIERNOS RADICALES, EN CAMBIO, SIEMPRE TERMINAN BÁRBARO


¿Se puede seguir avanzando en la lectura de ésta columna después de semejante título y semejante comienzo?

En el que además de comparar a Cristina con Hitler, nos enteramos que el gobierno caído en el 2001, era peronista.

Y encima si seguís, te encontrás con que (según Romero) en el 55', la oposición fue empujada por el peronismo a pedir un golpe militar.

O esto otro: "El primer peronismo no terminó con un cataclismo, sino por largo desgaste.".

Acá van las imágenes del "largo desgaste":



ESFUERZOS POR DETENER LA GANGRENA


En tiempo récord (tras múltiples dilaciones, había sido indagado el viernes pasado) el juez procesó a Chorobiof por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública (acá en el diario del Loco Lindo, la resolución).

Siete meses para decidir si era o no funcionario público, contrastan con apenas un día hábil luego de indagado para procesarlo. Y los medios que ocultaban toda referencia al escándalo ahora publican completa la resolución del juez, a horas de dictada.

Un notorio cambio en el tratamiento del tema, que tiene que ver con una estrategia política bien definida de los gobiernos (el provincial y el municipal) del Frente Progresista, para hacer control de daños: le soltaron la mano a Chorobiof, y se lo amputan como un miembro engangrenado; para que el mal no se siga propagando.

Estrategia ya adelantada -como siempre- en ésta vergonzosa columna del "Coni" Cherep; que marca lo que será de acá en más la línea comunicacional del oficialismo provincial y municipal en la materia: tratar de convencer a los santafesinos que Chorobiof actuó solo, se la llevaba para él y no era parte de un esquema de reparto de poder entre los socios del Frente; en el cual el puerto santafesino era una "cajita" reservada a la UCR.

Nos querrán decir ahora que Santa Fe es una provincia ejemplar porque -entre otras cosas- la justicia actúa rápidamente, en forma absolutamente independiente y el gobierno se desprende con celeridad de los funcionarios sospechados. 

Cosa que además de ser falsa (recordemos la actitud del propio Chorobiof, y la de sus valedores Barletta, Corral, Binner y Bonfatti todos estos meses; negando lo evidente); pretende que nos olvidemos de casos sonados recientes como los de Tabares o Chemes (también implicado en la causa del puerto, y con indagatoria y casi seguro procesamiento en breve), y hagamos como si no hubieran existido.

También nos están diciendo (por boca de Cherep y otros periodistas para-estatales) que todo es parte de un complot político de ciertos sectores del peronismo; para hacer caer el proceso de traslado del puerto a su nuevo emplazamiento: cuidado con ese argumento chicos, porque Boluda y sus socios tienen sus propios problemitas; y si llegan a explotar públicamente, lo de Chorobiof será un caso de menudeo, en comparación.

No menor será el impulso mediático-político para despegar del escándalo a los otros miembros del directorio del ente portuario, muchos de los cuáles están más sucios que una papa; porque también acostumbraban a juntar sus negocios particulares, con los contratos del organismo al que pertenecían.

Una realidad que no hubiera sido posible si el Ente no funcionara como lo hizo: con total ausencia de controles políticos e institucionales por parte del gobierno provincial; que lo convirtió en una especie de zona franca, y no precisamente para fomentar las exportaciones.

Un verdadero agujero negro del que poco se sabía y se sabe aun hoy, manejado -por decirlo en términos de Binner- por la mano invisible del mercado, y las pezuñas más visibles de Chorobiof y otros cultores del mercado, acostumbrados al negocio privado con los bienes públicos. 

Radicales y socialistas -al igual que las peores versiones del peronismo santafesino- parecen creer que así deben ser las cosas, siempre; pero el hecho de haber consentido la perpetuación de ese estado de cosas por una cuestión de comunión ideológica no disminuye en absoluto la responsabilidad política de los gobiernos de Binner, Barletta, Corral y Bonfatti.

Mientras la justicia avance en determinar otro tipo de responsabilidades (que hoy parece acotar a Chorobiof) que les pudieran caber, es precisamente éste aspecto -el de las inocultables responsabilidades políticas, el de la discusión de un modelo de gestión- el que debe merecer nuestra mayor atención futura; si queremos evitar que estas cosas se repitan.    

SUBIENDO EL PISO DE PROTECCIÓN


Tal como lo señalaba ayer Cristina al cerrar la reunión del Consejo del Salario, con el aumento del 31 % que lo llevará en enero a $ 4.716, el Salario Mínimo Vital y Móvil acumulará un 2389 % de aumento desde junio del 2003; cuando Néstor Kirchner lo rescató de la hibernación durante la década menemista.

Un porcentaje que supera con holgura cualquier indicador oficial o privado de inflación acumulada durante ese período, y que se trasunta en el poder de compra del SMVM, medido en su capacidad de adquisición de bienes esenciales para el consumo: en enero nosotros reflejábamos acá esa variable con el valor existente entonces, cosa que habrá que actualizar con el nuevo aumento; pero el signo del proceso recorrido desde el 2003 es clarísimo, en términos de una constante recuperación del poder de compra del salario. 

El aumento de ayer va en línea con lo que vino pasando en los últimos años en cuanto a retocar el SMVM unos puntos por encima del promedio de las principales paritarias de los trabajadores formalizados; y se suma en éste año al aumento del 41 % de la AUH, y los aumentos bimestrales en las jubilaciones y pensiones (justo ahora en septiembre empieza a regir el segundo tramo), de acuerdo con la ley de movilidad sancionada en 2008.

Marcas clarísimas de la mejor institucionalidad construida en estos años por el kirchnerismo: paritarias, movilidad jubilatoria (en base a una ley del Congreso) y actualización del SMVM en su ámbito natural del Consejo del Salario con participación de sindicatos y representaciones empresarias; instituciones que funcionaron con regularidad en la década ganada luego de años de ser desconocidas o postergadas por políticas neoliberales.

Lo que no implica que los acuerdos estén exentos de discusiones, ni mucho menos: en la previa del anuncio de ayer dábamos cuenta acá como los empresarios resistían otorgar un aumento por encima del promedio de las paritarias; porque la mejora en éste caso sale de su propio bolsillo y no del del fisco; como ocurre cuando apoyan el reclamo de parte de los trabajadores formalizados por el impuesto a las Ganancias, con el ánimo de colar el propio por el ajuste por inflación de los balances, para aliviar sus cargas fiscales. 

El aumento del mínimo beneficia directamente a un número menor de trabajadores dentro del sector de los formalizados (acá La Nación habla de 113.000, y acá Página 12 de 300.000), pero a un número mucho mayor dentro de los trabajadores en negro; y es en el segmento del mercado informal del trabajo (que afecta a uno de cada tres trabajadores del país) donde el aumento impacta, ordenando a la alza las remuneraciones que perciben los que están por fuera del esquema de las paritarias.

Otro indicador (junto con el aumento de la AUH y la moratoria previsional) de las prioridades que se ha trazado el gobierno, en su política de ingresos. 

Pero además y como lo hemos dicho muchas veces, el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil impacta también en otros dispositivos legales protectivos del trabajador, que lo consideran como una variable a tener en cuenta, a saber:

* La Ley 26.598 (2010) que derogó el artículo 141 de la Ley de Empleo 24.013; que prohibía tomar en cuenta el Salario Mínimo, Vital y Móvil para fijar el importe de las indemnizaciones por despido; volviendo a posibilitar este modo de cálculo que está fijado en numerosos convenios colectivos de trabajo; de modo que aumentar el mínimo encarece los despidos, cuestión vital en la presente coyuntura socio-económica.

* La Ley 26.941 sancionada en mayo de éste año, que toma en cuenta el valor del SMVM para fijar los importes de las multas por infracciones a las leyes laborales conforme el régimen general establecido por la Ley 25.212; tales como falta de pago de haberes en término, violación de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje, incumplimiento de las obligaciones del empleador en materia de higiene y seguridad del trabajo, violación de las normas sobre descansos obligatorios, vacaciones, licencias, feriados o duración de la jornada de trabajo, prácticas discriminatorias en perjuicio de los trabajadores, obstrucción a la labor de inspección y policía del trabajo y violación o fraude en las diferentes modalidades de contratación; entre otras.

Del mismo modo, si el Congreso aprueba el proyecto de ley sobre Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo (sobre el que -a diferencia de los cambios a la ley de abastecimiento- hay amplio consenso), el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil impactará en la competencia para resolver reclamos de los consumidores del COPREC (servicio de conciliación previa) y de los auditores de consumo creados por la nueva ley (ver sobre ambos acá); que es de 55 SMVM en el primer caso, y de 15 en el segundo.  

TWEETS POLÉMICOS


lunes, 1 de septiembre de 2014

FORTÍSIMA AUTOCRÍTICA DEL SOCIALISMO POR LA DESIGNACIÓN DE TOGNOLI


Sobre los avatares de la reforma policial en Santa Fe, leemos en el diario del Loco Lindo: "En el gobierno han tenido dificultades para la puesta en marcha como se planeaba en un principio de la Policía Comunitaria o también llamada de proximidad en Rosario, donde no lograron persuadir a los ingresantes a este nuevo cuerpo concebido con otro perfil: un agente que está en la calle y se vincula con los vecinos a través de la prevención del delito. En Rosario se inscribieron 2.581 aspirantes pero sólo quedaron unos 170. Como no cuentan con más efectivos se le complicó al Ministerio de Seguridad expandir la presencia de la Policía Comunitaria a otros barrios. 
Otra decepción fue la posibilidad de sumar policías retirados a la fuerza, una medida que apuntó a poder lograr que efectivos que hacen tareas en puntos fijos puedan salir a patrullar las calles. A pesar de que el gobierno les mandó una carta personalizada al domicilio de cada policía retirado y lo dispuso a través del decreto Nº 1650/14 sólo lograron que se anotaran 125 sobre un total de 2.600 que estarían en condicionar de retornar a la actividad.
La reestructuración de la Policía anunciada en noviembre pasado por el gobernador Antonio Bonfatti encontró escollos en la compleja coyuntura y en la escasa predisposición de la fuerza a ser permeable a los cambios,....
A pesar de que el gobernador lo anunció en noviembre del año pasado, aún no se concretaron los cambios en las estructuras de las unidades regionales de la Policía. El objetivo era eliminar las 19 unidades regionales que existen actualmente y contar con áreas más pequeñas. La idea es que haya cinco unidades, una por cada nodo regional, donde ya fueron designados los delegados políticos de seguridad. A la par, como lo anunció Lamberto, estaba previsto que se designaran jefes policiales en 51 localidades de la provincia, pero aún no lo lograron instrumentar.". (las negritas son nuestras)

Pobre Lamberto, parece Pierre Nodoyuna: no le sale nada; y eso que equipo no le falta, eh.

Sin embargo, no todas son malas, porque también leemos esto: "En octubre se llevarán a cabo los concursos para los ascensos 2012, una apuesta que según remarcaron en la cartera de Seguridad romperá con décadas de oscuridad en la asignación de cargos dentro de la Policía. Son legendarias las anécdotas que cuentan que históricamente muchos de los ascensos se compraban y estaban hasta tarifados. Así quedó derogado el Régimen de Promociones Policiales de 1992, basado en juntas de calificaciones integradas exclusivamente por personal policial.". (las negritas son nuestrs)

Una desgarradora y descarnada autocrítica del socialismo por haber mantenido -bajo los gobiernos de Binner y de Bonfatti- las Juntas de Calificaciones aunque fueron derogadas en el 2006 por la Ley 12.521, durante el último gobierno de Obeid.

Sobre todo por reconocer que de ese modo Binner ascendió a Tognoli para colocarlo en la jerarquía necesaria para que después Bonfatti lo designara como jefe de la policía de la provincia:


Y por ese mismo mecanismo y en un solo decretazo, lo ascendieron y designaron como jefe a Cristian Sola, cuando Tognoli tuvo que renunciar por el narcoescándalo (ver más información acá).

Lo que no sabemos es en cuanto se compraron o estuvieron tarifados ambos ascensos.

YA SE LES ESTÁ HACIENDO COSTUMBRE




Esto del gobierno provincial de contratar el alquiler de un helicóptero en forma directa, sin licitación, ya se está haciendo costumbre.

Como se está haciendo costumbre contratarlo primero de palabra, y después arreglar los papeles.

Y más costumbre todavía, alquilárselo a la empresa Ecodyma, que es constructora de obras públicas; no fabricante o vendedora de helicópteros.

Acá tenés el primer caso de "traéme el helicóptero que lo necesito de una, después arreglamos los pelpas"; en ese entonces por $ 433.000.; caso que trajo revuelo en la Legislatura. 

Acá tenés el -para nosotros- más cuestionable, y pasó medio desapercibido: contratación directa sin licitación del mismo helicóptero, de la misma empresa, por más de 9 millones de pesos.

Y ahora el tercer caso (igual al primero), en el decreto que muestra la imagen de apertura; fresquito, de hace apenas unos días.

Ojo: no vayan a creer que sólo pasa en el rubro alquiler de helicópteros.

Así como acá contaba Barricada lo de las cuchetas para que duerman los gendarmes en Rosario por más de un millón de pesos, el pasado 1º de agosto por el Decreto 2349, le pagaron $ 4.290.000 a la empresa Evaluación de Recursos S.A. (?) por haber venido haciendo la operación y mantenimiento de la red de medición de las cuencas de los arroyos Saladillo y Ludueña en Rosario, desde el 1 º de febrero del 2013, o sea un año y medio antes.

Acá las partecitas más importantes del decreto respectivo:





PAOLO ESTÁ PREOCUPADO


¿Serán los empresarios argentinos -como decía Borges de los peronistas- incorregibles?

Envalentonado por el reverdecer del discurso neoliberal (ahí anda Cavallo por los medios, como si hubiera nacido ayer), Paolo Rocca decidió abandonar su habitual perfil bajo para expresar su preocupación por la situación económica.

Leemos en Infobae su receta para superar las dificultades: "restablecer el diálogo con la comunidad financiera internacional" (pagarles a los buitres, en criollo) para que las empresas argentinas puedan volver a los mercados a tomar deuda (deuda que quizás en el futuro otro gobierno estatizará o licuará "pesificando"), "recrear condiciones para otorgar mayores niveles de certidumbre a la economía local" (apertura indiscriminada de la economía, devaluación), e indicó que eso se lograría "corrigiendo desequilibrios macroeconómicos y aliviando la presión tributaria" (bajando impuestos y ajustando el gasto público).

Nada nuevo, nada original o que no se haya hecho antes en el país; con los resultados conocidos. Que no fueron malos para Paolo Rocca y sus empresas, por supuesto.

Casi en simultáneo y por intermedio de su empleado Jaime Campos, Rocca y los demás miembros de la AEA fogonearon el comunicado empresarial contra la ley de abastecimiento, que amenazan impugnar en la justicia.

Como dato de color, estos mismos empresarios que enfocan sus cañones contra el Estado protochavista, no dedicaron siquiera un párrafo o una línea del comunicado, a criticar el paro organizado el miércoles y jueves pasado por el troscomoyanismo: al parecer, los piquetes de la izquierda y sus aliados Moyano y Barrionuevo, no les estarían preocupando mucho que digamos. 

Probablemente porque (tal como se dijera acá) no les estaban dirigidos, y hasta les pueden resultar funcionales, en tanto buscan esmerilar al gobierno que los quiere poner en cintura con los cambios en la ley de abastecimiento; o si prosperara el reclamo por Ganancias, podrían colar el suyo de ajustar los balances por inflación.

Roca se queja pero mal no le ha ido a sus empresas: veíamos acá como la devaluación de enero le reportó ganancias exhorbitantes a Siderar (la nave insignia del grupo Techint), fundamentalmente por la expansión de la industria petrolera; ya que proveen tubos sin costura que son utilizados por ella: probablemente el agresivo plan de inversiones de YPF controlada por el Estado, algo tenga que ver con eso.

Rocca apunta como una dificultad la situación de la industria automotriz (a la cual la misma Siderar destina el 10 % apenas de su producción, el resto en su mayoría la exporta), pero no dice que sus propios colegas de las automotrices que comparten con él sillones en AEA, vienen saboteando el Proceauto: tanto que están planteando que no sea prorrogado a su vencimiento. 

Sin embargo, hay más cosas interesantes que dijo Paolo Rocca: "El hombre que en numerosas ocasiones fue blanco del gobierno nacional (Axel Kicillof llegó a amenazar con "bajar el precio de la chapa para fundir al señor Paolo Rocca") señaló que Techint Ingeniería y Construcción está afectada desde el año pasado "por la postergación o suspensión de algunos grandes proyectos de infraestructura privados derivadas de las dificultades económicas y cambiarias de la Argentina".

"Pese a su inquietud por la realidad económica nacional, Rocca dio un dato tranquilizador respecto de las fuentes laborales: "La adjudicación de la provisión de caños de conducción para el Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA) para nuestra planta productora de tubos con costura nos permitirá mantener los niveles de empleo hasta fines de 2015".

Un gasoducto que vino demorado -entre otras cosas- porque la licitación se declaró desierta cuaando el Estado nacional descubrió maniobras de cartelización entre dos empresas del grupo Techint ; que abusando de su posición dominante en el mercado del acero, elevaron inustificadamente los precios que cotizaron para la obra; por lo cual se terminó dividiendo la adjudicación de los tubos sin costura, de la obra civil propiamente dicha. Antes -y por las mismas razones- hubo que dividir la obra total en tramos: ver acá.

Rocca aduce que sus empresas están afectadas en sus niveles de venta porque otros empresarios privados postergaron decisiones de inversión por las "dificultades económicas y cambiarias" de la Argentina: es decir, esperan otra devaluación, y la eliminación de toda restricción al acceso a las divisas, o a girar utilidades al exterior.

Sin embargo el mismo Rocca nos cuenta que no teme que sus empresas deban producir despidos, porque el nivel de demanda de tubos sin costura creado por la obra del gasoducto del NEA (es decir, una obra pública, con multimillonaria inversión del Estado nacional) asegura los empleos existentes.

Una obra que estuvo a punto de caerse por las maniobras especulativas del grupo Techint abusando de su posición dominante en el mercado del acero; grupo que -con razón- se opone a los cambios impulsados por el gobierno a la ley de abastecimiento y de defensa de la competencia. 

Resumiendo entonces lo que pretendería Rocca es que el gobierno disminuya la presión impositiva bajando impuestos, la compense disminuyendo el gasto público menos en la parte destinada a la compra de tubos sin costura a Siderar para construir el gasoducto del NEA, que devalúe otra vez para que Siderar vuelva a tener ganancias exhorbitantes como desde enero y que rectifique la política económica volviendo a los mercados de deuda y generando una mayor apertura; mientras desiste de todo intento de regular las distorsiones a la competencia en el mercado interno, o en el proceso de formación de los precios por abuso de posición dominante.

Y que el Estado no se meta en sus negocios, pero le garantice un cierto nivel de inversión pública en áreas donde son únicos o preponderantes proveedores, para compensar los negocios que se le caen porque otros privados no quieren invertir; hasta que la economía no rumbee para el lado que plantea Rocca; mientras que al mismo tiempo satisface las exigencias de los fondos buitres para poder salir del default trucho de Griesa, y que las empresas puedan volver a endeudarse; tomando una deuda que llegado el caso, absorba el mismo Estado.  

No es tan difícil de entender, si en el gobierno no acceden es porque son unos cerrados que están obstinados en que sigamos aislados del mundo; y en crear un clima anti.empresas.