LA FRASE

"TRAS LAS RENUNCIA DE CHAÍN NO VAMOS A CUBRIR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PORQUE LA VAN A MANEJAR ENTRE CALCATERRA Y "NIKY" CAPUTO." (ROGELIO FRIGERIO)

viernes, 20 de enero de 2017

¿EL PRÓXIMO RAJE ES EL DE TODESCA?


Con la salida de Melconián del Banco Nación se siguen produciendo rajes en el gobierno presuntamente bajo la idea de “uniformar el estilo de gestión”, o en realidad eliminar toda posible disidencia sobre la marcha de la gestión, tal como pasó con Prat Gay e Isela Costantini.

Por otro lado vendría lo de Chaín en Obras Públicas: a alguno hay que echarle la culpa de la paralización de la inversión en infraestructura, y por esa razón Macri no vaciló en desprenderse de su otrora apuntador, previo hacerle hacer los deberes con el “hermano de la vida” Niky Caputo.

Ayer leíamos en Ambito Financiero que el ministro Triaca salió a cruzar las cifras del INDEC sobre puestos de trabajo perdidos en los tres primeros trimestres del 2016 (alrededor de 128.000, solo en el sector privado formal); diciendo que él “no tiene esos números”, y se maneja con las cifras del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).

Si bien en teoría tiene razón Triaca, también es cierto que no muestra los números del SIPA, y que ya el año pasado la pifió haciéndoe decir a Macri que el empleo crecía, cuando justamente esos números indicaban lo contrario.

Lo cierto es que al parecer la etapa del “sinceramiento” de las estadísticas públicas del INDEC podría estar llegando a su fin, sobre todo considerando que mientras el rumbo de la economía no cambie, el organismo solo será portador de malas noticias.

Al mismo tiempo ayer también salió publicado en el Boletín Oficial el Decreto 47 (completo acá), por el cual se modifican las responsabilidades y acciones a cargo de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC.

En una parte de ellas se dice que le corresponde  esa Dirección “Realizar la estimación oficial de la Balanza de Pagos y sus componentes: cuenta corriente y cuenta capital y financiera.”, pero se suprimió del texto vigente (aprobado en su momento por el Decreto 1359/04) éste otro parrafito: “para el diagnóstico macroeconómico”.

Es decir que la Dirección de Cuentas Nacionales aportaba esa información al Ministerio de Economía (cuando existía) para que se formulara el diagnóstico del rumbo de la economía teniendo en cuenta el balance de pagos (las divisas que entran y salen del país) en base a todos los factores que lo determinan: ingresos por exportaciones, pago de importaciones, remisión de dividendos, formación de activos externos (fuga de capitales), ingreso de inversiones extranjeras directas, pago de los servicios de la deuda, nuevas colocaciones de deuda que generan ingreso de divisas, ingreso de divisas por el canal financiero (inversiones de portafolio).

Todos aspectos cruciales en cualquier modelo económico, más en uno como el actual que pone el acento en el comercio exterior, la apertura a la penetración de capitales, el re-endeudamiento y la valorización financieros como supuestos dinamizadores del crecimiento. En este punto del análisis es necesario decir que hay quienes sostienen que una de las causas de la salida de Melconián fueron sus críticas al alto nivel de endeudamiento y su sostenibilidad en el tiempo, claro que no por heterodoxo: él era partidario de forzar más el ajuste para reducir el déficit, en lugar de financiarlo con deuda.

Además de suprimir la parte señalada en las funciones de la Dirección de Cuentas Nacionales del INDEC, el decreto firmado por Macri las traslada al Banco Central, en estos términos: “El Banco Central de la República Argentina, en el marco de su competencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley N° 24.156, será el organismo encargado de realizar las proyecciones de las distintas cuentas del balance de pagos y de la posición de inversión internacional.”.

El artículo que se menciona de la ley de administración financiera es el que establece que previo a cualquier operación de crédito público que origine la constitución de deuda externa debe informar el Banco Central “sobre el impacto de la operación en el balance de pagos”; es decir como incidirán los pagos de ese nuevo endeudamiento en los sucesivos movimientos de divisas, en éste caso al exterior.

Si bien la cuestión está relacionada al balance de pagos, no así al diagnóstico macroeconómico que se deriva del análisis de la balanza de pagos; que fue lo que acaban de sacarle ¿al INDEC o al ex Ministerio de Economía, hoy desguazado en dos partes?

No está claro si los cambios son parte de un recorte progresivo de funciones de Todesca (en cuyo caso habría que sumarle el cuestionamiento de Triaca), o tienden a aumentar el poder y la ingerencia de Sturzenegger en el diseño de la política económica; o están sentando las bases para que desde el Banco Central (que viene disimulando en sus balances cambiarios la colosal fuga de capitales posibilitada por las medidas del gobierno, fundamentalmente el endeudamiento y la desregulación de la cuenta capital) se diga que el modelo de endeudamiento es sustentable a mediano y largo plazo, lo cual obviamente incide por ejemplo en las futuras operaciones de endeudamiento, y en el “humor de los mercados” locales.

En cualquier caso queda claro que al partirse en dos la cartera que manejaba Prat Gay, el nuevo ministerio a cargo de Caputo se limita a gestionar más deuda, sin importarle un comino la incidencia futura que tenga ese mayor endeudamiento en la economía en su conjunto.

jueves, 19 de enero de 2017

RODEADO DE ESTRICTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, MACRI RECORRIÓ LAS ZONAS INUNDADAS


PODER DE SÍNTESIS

NOS TAPÓ EL AGUA


Las inundaciones que abarcan buen parte de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires nos devuelven la postal repetida de la misma situación, tantas veces vista: las quejas de los damnificados por la falta de asistencia estatal oportuna y del “campo” por las pérdidas que provoca el desastre, la polémica por la determinación de las causas del fenómeno y el revoleo de culpas y responsabilidades entre los responsables políticos de resolver el problema.

Problema sobre el cual hay más o menos consenso en cuanto a que es el resultado de factores concurrentes, a saber: las consecuencias del cambio climático producto a su vez en buena medida del accionar del hombre (por el desmonte para el avance de la frontera agropecuaria, prácticas inadecuadas de manejo de los suelos y la profundización del monocultivo de soja), y la desidia o ineficacia del Estado en ejecutar las obras de infraestructura para prevenirlo o mitigar sus consecuencias.

También hay que apuntar que hay consenso en la mayoría del sistema político ( y no sólo en la Argentina, sino en buena parte de los países de la región) de sostener el modelo de agro-negocios vigente, o por lo menos no profundizar las políticas para modificarlo o alentar formas alternativas de producción.

Claro está que eso ocurre por diferentes razones según el sector político de que se trate; y que van desde la base electoral de sustentación de cada uno, su modelo de país y el hecho objetivo de que el sector agropecuario es (al menos en economías como la nuestra) el principal proveedor de divisas genuinas, en una estructura económica cíclicamente impactada por el fenómeno de la restricción externa.

Dicho esto también corresponde señalar que hay matices en ese consenso, que van desde tratar de captar de algún modo las rentas extraordinarias que ese modelo genera y redistribuirlas, a la incoherencia de Macri que en la conferencia de prensa del martes se quejaba del cambio climático, luego de haber rebajado ya en 10 puntos las retenciones a las exportaciones de soja desde el inicio de su gobierno; generando así un horizonte de rentabilidad aun mayor para el producto que difícilmente pueda conseguirse con otras producciones alternativas; y que no hará sino profundizar la tendencia hacia el monocultivo.

El “campo” y sus entidades, en tanto, reclaman obras de infraestructura y subsidios estatales (como por ejemplo la bonificación de las primas de contratación de un seguro de riesgo agrícola) dejando de lado entonces su tradicional credo liberal que abjura del gasto público, y desentendiéndose además de su responsabilidad concreta en la generación del problema por sus propias prácticas productivas, que lo potencian y agravan sus consecuencias.

Cuando se apunta desde el sector que los mecanismos de las “emergencias agropecuarias” no sirven o resultan insuficientes para reparar los daños, no se dice que esos mecanismos (que consisten sustancialmente en el diferimiento o condonación del pago de impuestos) en efecto “no mueven el amperímetro” precisamente por la irrelevancia de la contribución fiscal del sector agropecuario, al conjunto de los ingresos del Estado en sus distintos niveles.

Pese a llorar todo el tiempo por “la elevada presión tributaria” el sector (al menos en Santa Fe) está exento de pagar Ingresos Brutos (principal impuesto provincial, que representa casi el 80 % de los recursos tributarios propios) desde 1992, y lo que paga en concepto de Inmobiliario Rural (gravamen directo sobre el patrimonio) es irrisorio porque no se corrigen los avalúos fiscales desde 1993. Suponemos que la situación no difiere mucho en las demás provincias hoy afectadas por las inundaciones, y está por verse (porque no hay información al respecto) como anduvo aquélla promesa de que eliminándole o rebajándole retenciones al sector, aumentaría su contribución por Ganancias: una especie de “teoría del derrame” fiscal.

Más allá de las cuestiones anecdóticas como el viaje de Vidal a México (que en todo caso deben señalarse porque exponen la incoherencia brutal del discurso político del oficialismo), es más provechoso concentrarse en evaluar la eficacia de las políticas públicas desplegadas desde el Estado en sus distintos niveles, para prevenir fenómenos como los de las inundaciones, o mitigar sus consecuencias.

Por lo pronto se advierte que el cambio de gobierno trajo aparejado también uno de actitud: la postura de Macri en la conferencia de prensa de esta semana (en la que no hubo ningún anuncio concreto para los damnificados por las inundaciones) contrasta con las decisiones concretas que tomaba Cristina en cada circunstancia similar; como por ejemplo duplicar en las zonas declaradas en emergencia el valor de las jubilaciones mínimas, las asignaciones familiares y la AUH. El presidente tuvo tiempo de jugar a ser empleado en el call center de la ANSES, pero al parecer no para replicar medidas similares.

Ya se ha analizado hasta el cansancio la exasperante inutilidad del rabino Bergman (ya no como funcionario sino en su menester específico: al parecer no sirve ni para rezar, o sus ruegos no son atendidos), pero poco se ha dicho que el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley también brilla por su ausencia; y no hay información oficial disponible sobre la inversión que hizo Buryaile (el ministro de Agroindustria) de los recursos del fondo específico de asistencia creado para el sector agropecuario por la Ley 26.509 (2009)

De acuerdo con los datos oficiales, el ministro Frigerio dispuso en 2016 de 2537,4 millones de pesos para obras de infraestructura hídrica para prevención de inundaciones, de los que gastó apenas 1357,2, o sea el 53,49 %; y Patricia Bullrich (cuya ministerio es responsable del sistema de protección civil y prevención de emergencias) dejó sin gastar más de 202 millones de pesos de los fondos que disponía con ese fin, el 21,39 % del presupuesto específico.  

El año pasado el gobierno envió al Congreso con gran publicidad un proyecto de ley (luego aprobado como Ley 27287) creando  el “Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil” del cual no se tuvieron más noticias; ni siquiera de la convocatoria de los Consejos Nacional y Federal que crea para este tipo de situaciones. Como la ley no establece ninguna fuente de financiamiento concreta del Sistema, tampoco da para ser muy optimistas respecto a su desenvolvimiento futuro.

En Santa Fe la situación no es muy distinta: tal como en Buenos Aires Vidal llegó a la gobernación haciendo campaña con las inundaciones del 2015 para pegarle a Scioli, aquí el Frente Progresista Cívico y Social accedió al poder tras 24 años de gobiernos del PJ enancado en parte en las críticas a las respuestas del Estado antes las inundaciones del 2003 y 2007, pero una vez en la gestión, el accionar no fue muy distinto al que criticaban como opositores, y nos remitimos para ello a una serie de datos puntuales:

* Contaron con los recursos del Programa de Protección de Inundaciones (PPI) consistentes en 55 millones de dólares provenientes de un préstamo autorizado por la Ley 11.515 (1997), pero desde el 2008 para acá invirtieron en obras de infraestructura para ese fin apenas el 51,98 % de los fondos disponibles, mientras pagaban religiosamente los intereses del préstamo todos los años; un dato que vale la pena recordar ahora, cuando la provincia -como tantas otras- se lanzó alegremente a tomar endeudamiento externo con la excusa de ejecutar obras de infraestructura.

En números redondos, de casi 397 millones de pesos asignados para obras contra inundaciones gastaron 206, mientras pagaban otros 131 millones en intereses y amortización del capital del préstamo.

* Entre 2008 y 2011 ambos años incluidos (es decir todo el mandato de Hermes Binner) el gobierno provincial no ejecutó un centavo de obras de infraestructura con los recursos del PPI, y recién en 2012 (primero año del mandato de Bonfatti) gastó el 7,54 % de las partidas disponibles. Solo a partir del 2013 (a seis años de comenzada la gestión del FPCyS) comenzaron a ejecutarse obras por éste programa.

* Los fondos asignados por el Estado provincial al estímulo fiscal de los productores que realizan planes responsables de conservación y manejo de suelos (garantizando por ejemplo el drenaje adecuado de los campos, incluso para preservar su capacidad productiva) que prevé la Ley 10.552 (1990) son irrisorios: de acuerdo al presupuesto para éste año serán 6 millones de pesos, en un presupuesto de casi 155.000 millones en total.

Como el estímulo fiscal consiste básicamente en la exención o devolución de lo pagado por Impuesto Inmobiliario Rural para aquellos productores cuyos planes de manejo de suelos sean aprobados, lo irrisorio de las cifras hace que a nadie le interese plantearlos; y cabe al respecto lo mismo ya dicho para la emergencia agropecuaria.

* Pero si los estímulos fiscales y las obras no funcionan o no se hacen, también brilla por su ausencia la autoridad regulatoria del Estado sobre el tratamiento de los excedentes de agua: Santa Fe tiene desde 1985 una ley de Comités de Cuenca (Ley 9830) y otra para resolver las situaciones conflictivas derivadas de obras para la evacuación de excedentes hídricos (Ley 12.081 de 2002).

Por ellas se exige la autorización del Estado para la realización de obras hídricas privadas, y la provincia, los municipios y los productores deben consensuar el manejo de las cuencias, y los planes de las obras necesarias para evitar los anegamientos. En el marco de un retiro sostenido del Estado de sus funciones básicas (aun en manos de quienes se dicen “progresistas”), ambas son letra muerta, no se conocen sanciones por su violación y en la materia impera la ley de la selva: cada productor se saca el agua del campo como se le antoja, aunque sea haciendo un canal para tirársela al vecino o sobre los caminos; agravando el problema.  

Tan poco han cambiado las cosas, que Lifschitz acaba de hacer lo mismo que Reutemann en las inundaciones del 2003: echar al responsable de las obras hídricas.

miércoles, 18 de enero de 2017

LA PROVINCIA INVENCIBLE


Córdoba nos mandará el agua para acá, pero nosotros aprovechamos que Vidal se fue a México y le invadimos la provincia.

Hasta que Lifschitz no ate el caballo en las rejas de la plaza principal de La Plata no paramos.

EN SANTA FE LOS CABALLOS DEL COMISARIO SON DE LA MESA DE ENLACE


En varias oportunidades hablamos acá de la "emergencia en seguridad" en Santa Fe: la Ley 13.297 aprobada en el 2013 y prorrogada desde entonces por decreto tanto por Bonfatti, como por Lifschitz.

Ley que fundamentalmente le permite al gobierno hacer contrataciones prescindiendo de los procedimientos legales obligatorios (como la licitación pública), y que el socialismo ha invocado hasta para las obras del Plan Abre (ver al respecto acá).

Incluso sin respetar los propios criterios establecidos por la ley para habilitar la contratación directa (sin licitación), a punto tal que por esa vía se hicieron contratos millonarios, en forma directa.

En el caso del decreto cuyas imágenes ilustran el post la "contratación" tiene que ver con la seguridad, porque se compraron caballos destinados al Cuerpo de Infantería de las Unidades Regionales I y II de la policía (Departamentos La Capital y Rosario).

Además de que en la gestión hubo "especificaciones técnicas" (¿habrán exigido que los equinos tengan las cuatro patas reglamentarias?) hay otra curiosidad, que tiene que ver con los adjudicatarios: si se observa el decreto, la compra se repartió entre 3 sin ningún fundamento visible, porque incluso difieren los precios unitarios pagados por cada animal, que oscilan entre $ 40.000 y 44.200 cada uno.

Dos de los tres proveedores de equinos para la policía santafesina son dirigentes de entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace: Franciso Mayoraz es de la Sociedad Rural de San Cristóbal, fue hasta hace poco presidente de CARSFE (la "filial" santafesina de CRA) y actualmente sigue integrando su comisión directiva: ver al respecto acá.

Y Claudio Berreta es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Venado Tuerto: ver acá.


ALDO FERRER SOBRE LA CORRUPCIÓN


"El debate actual sobre la corrupción es bienvenido y revelador de la importancia de la democracia y de la libertad de prensa para informar y resolver cuestiones de interés público. Se trata de un problema que tiene manifestaciones diversas, viene de lejos y se presenta prácticamente en todas partes. 

Tiene consecuencias importantes sobre las economías nacionales y las relaciones internacionales. Simultáneamente con la globalización de las redes de producción, comerciales y financieras, también se ha globalizado la corrupción, siendo sus manifestaciones más importantes el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

La cuestión tiene consecuencias graves sobre la actividad económica y el bienestar social y ocupa, por lo tanto, la atención del análisis económico. Es así necesario que la corrupción sea ubicada en contexto, para alcanzar interpretaciones correctas y respuestas efectivas. La resolución del problema requiere fortalecer las instituciones de la democracia y los órganos de control para identificar y reprimir los delitos vinculados a la corrupción. Los
orígenes, tipología, prevención y represión de la misma deberían ser objeto de un estudio contínuo. 

En el plano universitario, convendría establecer cátedras sobre la materia, prácticamente en todas las carreras, visto que la cuestión compromete múltiples esferas de la actividad social. Convendría también establecer estudios de posgrado para el tratamiento sistemático de los alcances globales de la cuestión, su historia, el análisis comparado de países, la tipología, la prevención y la represión.

Antecedentes

En la actualidad y en el pasado, se advierte que la corrupción no es un problema reducido a los países ricos, a los de desarrollo intermedio o los periféricos. Se presenta en todas partes. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, ocurrió en escándalos financieros recientes y, a lo largo de su historia, en la colusión de intereses públicos y privados, como sucedió con los célebres robber barons o con el aparato militar e industrial denunciado, en su último discurso, por el Presidente Eisenhower. 

En China, se reprime con la pena máxima, a sujetos incursos en el delito de corrupción y, en la República de Corea, un ex Presidente fue condenado a muerte por la misma causa. El problema se plantea tanto en economías de lento crecimiento, como las de América Latina, como en las emergentes de Asia, de más rápida expansión.

Las relaciones internacionales han sido frecuentemente portadoras de la corrupción de las grandes potencias como sucedió, por ejemplo, en el siglo XIX, en las dos célebres guerras del opio de Gran Bretaña, acompañada en la segunda por Francia, contra China, para abrir su mercado interno a las importaciones de opio. En la actualidad, de verificarse las sospechas, existe relación entre conflictos en Medio Oriente e intereses petroleros.

Tipología

Dada la diversidad de situaciones y formas en que se expresa el delito de la corrupción, puede intentarse una tipología del problema. Cabe distinguir, así, entre la corrupción cipaya y la vernácula. La primera, suele suceder en países de débil densidad nacional, en los cuales, se enajenan activos a intereses extranjeros, en el marco de operaciones dolosas. La segunda, tiene principalmente lugar, en los países avanzados y en los emergentes de rápido desarrollo, de sólida densidad nacional, en los cuales, los corruptos reciclan sus lucros en la propia economía nacional y el poder sigue concentrado en manos locales.

Se puede distinguir también, entre la corrupción circunstancial y la sistémica. La primera se configura en maniobras vinculadas a operaciones puntuales, su modalidad más notoria es la “coima” y consiste en el soborno, por un precio, de quien tiene autoridad de disponer de un activo o un servicio, que no le pertenece. La sistémica consiste, principalmente, en adoptar decisiones y políticas que generan rentas privadas espúrias, no necesariamente ilegales ni directamente redituables para quien las adopta, que perjudican el interés público. 

En el caso argentino son ejemplos notorios de corrupción sistémica, la imposición de un tipo de cambio sobrevaluado y la desregulación de los movimientos de capitales que culminaron en el endeudamiento hasta el límite de la insolvencia, generaron una masa gigantesca de rentas especulativas y fuga de capitales y deterioraron el aparato productivo y la situación social. 

En los países avanzados y en los emergentes, con fuerte densidad nacional, la corrupción es generalmente circunstancial ya que, en tales países, por definición, la política económica tiende a promover el desarrollo y a defender los intereses nacionales. En los países subdesarrollados, de débil densidad nacional, suelen coexistir ambas, siendo la sistémica, mucho más depredatoria que la segunda.

Una tercera categoría, diferencia entre la corrupción pública y la privada. La primera compromete a funcionarios públicos y la segunda a actores privados. Ambas son las dos caras de una misma moneda. Recuerdo, al respecto, una frase que le escuché en un discurso, en 1945, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, al dirigente socialista Carlos Sanchez Viamonte. Dijo: “a este país si hay alguien que lo compra es porque hay alguien que lo vende”. También existen casos de corrupción en transacciones entre particulares.

Puede distinguirse, por último, entre la corrupción globalizada inserta en redes delictivas trasnacionales (como, por ejemplo, el lavado de dinero) y la endógena, vinculada a hechos y políticas producidos dentro de las fronteras nacionales.

Malos entendidos

El estudio de la corrupción debería ocuparse, asimismo, de aclarar una serie de malos entendidos, como los siguientes: 

"La corrupción es la causa principal del subdesarrollo". En la realidad, todos los países industriales y emergentes, registran hechos notorios de corrupción. No hay evidencias cuantitativas concluyentes que, en esos países, el problema sea menor que en los subdesarrollados aunque sí, en estos, las consecuencias son mas notorias y nefastas por la pobreza y la desigualdad prevalecientes. Además, como en estos países es
donde tienen principalmente lugar la corrupción cipaya y la sistémica, sus consecuencias, sobre el desarrollo y el bienestar, son de más vasto alcance.

"La Argentina es un país particularmente corrupto". El problema es aquí mayor que en algunos países y menor que en otros, pero no es un problema que singularice a nuestro país. El accionar del Estado es inherentemente corrupto.Las evidencias revelan que existen
organizaciones del estado y funcionarios públicos, aquí y en el resto del mundo, transparentes y honorables.

"El empresario industrial argentino es más corrupto que el extranjero o que el productor agropecuario". La mayoría de los emprendedores argentinos (de la industria y del campo) y extranjeros, es seguramente honorable. Los casos de corrupción se pueden encontrar en una u otra parte.

La estrategia

Cuanto más se conozca el problema, más eficaces serán las medidas de prevención y represión de la corrupción. Probablemente nunca se lograra erradicar totalmente el problema. El objetivo alcanzable es reducirlo a la mínima dimensión posible.

Es preciso enfrentar el problema en todas sus manifestaciones. Cada tipo de corrupción puede ser atacado con medidas focalizadas. Por ejemplo, la corrupción cipaya y la sistémica deben ser enfrentadas con la solidez de los equilibrios macroeconómicos, la creación de espacios de rentabilidad para que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro interno sea la Argentina y políticas que defiendan el interés nacional. La corrupción circunstancial, vernácula, endógena, publica y privada, con la transparencia y la justicia. Y la corrupción globalizada movilizando a fondo la cooperación internacional.

Es preciso ubicar la lucha contra la corrupción en el marco de estrategias de desarrollo que movilicen el potencial del país, defiendan los intereses nacionales y promuevan la equidad y el bienestar. De otro modo, seguiríamos sometidos a los problemas que promovieron la corrupción, al mismo tiempo que frustraron el desarrollo de la Argentina y debilitaron el ejercicio de su soberanía."