"LA PLATA A SANTA FE NO VUELVE"

Leemos en Diario Uno: "A la provincia de Santa Fe, sólo por Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo –que superan en la actualidad los 310 mil beneficiarios–, llegarán cada mes alrededor de 38 millones de pesos más, por lo cual la cifra total mensual alcanzará los 105.438.000 pesos.

La AUH aumentará desde el 1 de junio próximo a 460 pesos por hijo, mientras que hasta este mes el valor era de 340 pesos, un 35,3 por ciento menos. El jefe de la Unidad de Atención Integral de Ansés Santa Fe, Humberto Galarza, ratificó los números correspondientes a la provincia y expresó: “Son cifras muy importantes, porque serán 40 millones más en la provincia sólo en AUH”.

Y agregó: “Se trata de 1.300.000 pesos por día que se inyectan al mercado y es bueno señalarlo, ya que siempre hay dirigentes que discuten la inversión de la Nación en la provincia”.

En el mismo sentido, Galarza insistió: “Ésta es una de las medidas públicas que más aporta económicamente a la provincia, porque el dinero no sólo sirve para el sector que más lo necesita sino a todo el mercado. Sin dudas ese dinero va al gasto, son 1.300.000 pesos que se volcarán al consumo a diario”. "

La aclaración del amigo "Beto" Galarza resulta muy oportuna porque por acá se escucha a diario el discurso de radicales y socialistas (replicado por los medios hegemónicos a escala local) de que "Santa Fe aporta tanto...y no le vuelve nada, la plata no llega, se queda en Buenos Aires", o peor aun, "se va en subsidios a los negros del conurbano", y otras sandeces por el estilo.

Además de que el planteo expresa una idea de país absolutamente retrógada que condenaría a las provincias más pobres a perpetuarse en el atraso, encierra también una idea bastante rudimentaria respecto a como se despliega en el territorio el gasto público del Estado nacional, del cual el destinado a la seguridad social en sus diversas facetas (como la AUH o las jubilaciones) representa alrededor de un 38 %; siendo por lejos el rubro más significativo.

Al  respecto hace un tiempo ya decíamos nosotros: "Cuando se plantea la discusión por la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias, hay un aspecto que suele dejarse frecuentemente de lado: el Estado nacional no es una entelequia abstracta, que opera en un plano superpuesto de la realidad; sino que despliega su accionar en el mismo territorio en que las administraciones provinciales ejecutan el suyo, y eso implica desplegar a lo largo y a lo ancho del país sus recursos. Y esos recursos impactan también en el contexto económico y social de cada provincia..."; verdad que no por sencilla debería dejar de repetirse, atento la reiteración de planteos como el que venimos objetando, y que escuchamos a diario.

Esos recursos que se inyectarán a la economía local a partir de los anuncios de Cristina (1,3 millón de pesos más por día, según el cálculo del responsable de la ANSES local) beneficiarán por ejemplo al comercio, dado que se trata de sectores con alta propensión al consumo, y que aplican sus ingresos a la satisfacción de las necesidades más elementales; en lugar de estar preocupados -por ejemplo- por poder acceder a dólares blue.

Una cuestión que omiten los propios empresarios locales, por ejemplo los del Centro Comercial de Santa Fe, que siempre encuentran un motivo para quejarse y centralizar sus críticas en el gobierno nacional, hasta por los feriados largos.  

El incremento del consumo como consecuencia de la mayor disponibilidad de recursos por los sectores populares también revitaliza las arcas del Estado por vía de la recaudación, tanto del Estado nacional a través del IVA (que además se coparticipa a la provincia y a las municipalidades), como del Estado provincial, que captura parte de la mayor facturación por ventas de los negocios, a través de Ingresos Brutos, tributo que representa más del 70% de sus recursos propios, de origen tributario.

Y resta considerar un elemento muy importante, ya analizado en detalle en éste post, cuando el anterior aumento de la AUH: los aumentos en las asignaciones familiares que dispuso el gobierno nacional son posibles porque la ANSES sigue contando con todos sus recursos propios, sea los de las contribuciones a la seguridad social (aportes personales de los trabajadores y contribución patronal de los empleadores) que aumentan por la baja de la informalidad laboral y el crecimiento de los salarios de los trabajadores registrados; y por la parte de la recaudación de impuestos coparticipables afectada específicamente a la seguridad social.

Una aclaración que es imprescindible hacer en Santa Fe, cuyo gobierno (en manos de socialistas, radicales y sus aliados) decidió en la gestión de Binner hacerle juicio a la Nación (contratando para eso en forma directa al estudio jurídico de Ricardo Gil Lavedra) para recuperar la parte de ese 15 % de la masa coparticipable que va a financiar la seguridad social. Y eso pese a que Binner (siendo diputado nacional) votó a favor de la Ley 26.078, que prorrogaba la afectación.

Tal como dijimos muchas veces en éste blog, si la demanda de Santa Fe prosperara (hasta ahora está frizzada en la Corte Suprema, con dictamen desfavorable de la Procuración General al reclamo del gobierno provincial) se generalizaría al conjunto de las provincias, y significaría privarle a la la ANSES del 22,26 % de sus recursos, tomando en cuenta las cifras del Presupuesto nacional 2013.

Lo que implica que no sólo los aumentos en las asignaciones familiares que anunció Cristina el miércoles no hubieran sido posibles, sino que a los valores vigentes hasta entonces habría que restarles un 22,26 %, porque la ANSES tendría menos recursos para hacer frente a sus gastos.

Por esa razón y para concluir, repetimos lo que hicimos en el último aumento de la AUH en septiembre del año pasado, poniendo un simpático cartelito, que pueden colocar en la luneta del auto por ejemplo:

ASIGNACIÓN UNIVERSAL GRACIAS A BINNER $ 264

ASIGNACIÓN UNIVERSAL GRACIAS A CRISTINA $ 460 

Ojo: el socialismo ya puso en práctica esta política en Santa Fe, y con relación a los empleados públicos; porque hace más de tres años (desde este decreto de Binner) que no reajusta el valor de las asignaciones familiares que perciben.

Como consecuencia de lo cual, un trabajador estatal santafesino percibe por hijo $ 112, o lo que es lo mismo, el 24,34 % del valor fijado ahora por el gobierno nacional para la AUH.

Un interesante modo de aportar a la redistribución del ingreso, claro que en un sentido diverso al que se marca acá para el impacto de las medidas anunciadas por Cristina: "Esa orientación de la ayuda social tendrá como efecto una reducción de la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres. En 2012, los primeros ganaron 12,6 veces más por hogar que el primer decil. Con los incrementos de la AUH, asignaciones familiares y demás, la diferencia se achicará a 10,7 veces, según una estimación de la Anses en base a datos oficiales."

UNA HIPÓTESIS

El aumento del desempleo en el primer trimestre (del 7,1 al 7,9 % en el orden nacional) es, sin dudas, una muy mala noticia; y acá Artemio lo analiza en su contexto: no hay destrucción neta de empleos (en buena parte por las medidas que el gobierno vino tomando para sostenerlo), pero la economía no genera nuevos empleos que permitan absorber el aumento de la población demandante, es decir el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA).

Algunos análisis (la mayoría) lo atribuyen a la caída de la construcción, (una actividad claramente pro-cíclica: crece cuando la economía crece, generando empleo; y a la inversa, decae cuando se deprime, perdiendo puestos de trabajo) por lo que llaman el "cepo" cambiario; lo cual puede ser cierto para los nuevos emprendimientos (refacciones o construcciones desde el pozo) o para las obras en marcha, pero no para la venta de los inmuebles construidos y disponibles en el mercado inmobiliario.

Asumiendo la parte correcta del análisis (la que tiene que ver con la caída de nuevos emprendimientos, o la merma en los que están en desarrollo), no debe obviarse el importante aporte que hace a los números de la construcción (y la correlativa generación de empleo) la obra pública.

Y en ese contexto, observamos que el 0,8% (menos de un punto) de aumento del desempleo en el orden nacional, se eleva al 1,5 % (casi el doble) en el aglomerado Gran Santa Fe; donde pasa del 6,6% en el primer trimestre del año pasado, al 8,1 % en el mismo período del 2013.

Al respecto y como dato complementario de interés para el análisis, leemos a Ludmila Losi en la revista Posta: "...los datos de la provincia de Santa Fe dan cuenta de una dinámica significativamente más pronunciada que la del promedio del país durante el año 2012.

A nivel nacional el despacho de cemento portland, uno de los insumos más relevantes de la industria construcción, registró una caída acumulada anual del 8.2%, mientras que para Santa Fe esta disminución fue de casi el doble de puntos porcentuales alcanzando una contracción del consumo de este insumo del 15.3% en comparación con el año anterior.

El indicador de empleo sectorial medido en cantidad de trabajadores registrados en diciembre de 2012 contra diciembre del 2011 presentó una caída del 7.9% a nivel nacional y del 13% para la provincia de Santa Fe. Resulta posible observar como el empleo en la construcción registró una dinámica similar a la del consumo de cemento, es decir, los indicadores de Santa Fe registran casi el doble de la caída registrada por el total nacional.

Al analizar el rol de la obra pública, según la cuenta Inversión Real Directa del esquema ahorro-inversión financiamiento ejecutado del año 2012 de la Provincia de Santa Fe, se registra una caída del 22.1% mientras que la cuenta Inversión Real Directa a nivel nacional arrojó una caída del 2.1% según la cuenta inversión de la administración nacional."  

Lo que expone Losi para el año 2012 fue relevado por nosotros en ésta entrada; en la que dábamos cuenta de la distribución del gasto público provincial durante todo el año pasado, y el primer mes de éste año. Reproducimos el cuadro respectivo, del cual surge que "Construcciones" (la obra pública) descendió al 2,04% su participación porcentual en el total del gasto:

Pero más relevantes aun para apoyar la tesis de como ha incidido el paráte de la obra pública provincial en los niveles de empleo en el Gran Santa Fe, son las cifras que corresponden al gasto en ese rubro en el primer trimestre del año, es decir el período en el cual el desempleo trepó un punto y medio en la zona.

Cifras que revelamos hace unos días en éste post, del cual nos permitimos también extraer el cuadro respectivo; que muestra que "Construcciones" bajó ya al 1,34 % del total de los gastos de la administración del Frente Progresista:

El aglomerado Gran Santa Fe comprende la ciudad, Santo Tomé y Recreo, localidades todas del Departamento La Capital; que fue particularmente afectado por la paralización de la obra pùblica a cargo del gobierno provincial.

Contra los anuncios del socialismo, nosotros relevábamos en esta entrada lo que pasaba con las principales obras planificadas para la zona, como el nuevo hospital Iturrape, el CEMAFE, la ruta 1, la nueva sede del ISEP (Instituto de Seguridad Pública), la del Instituto 12 de periodismo y varios centros de atención primaria de la salud (CAPS), como los de los barrios Acería y San José: la mayoría detenidas, con grandes demoras o directamente sin comenzar, como la del Instituto 12.

Y lo mismo sucede con otras obras como la del zanjón Larrea, donde directamente se cayó la licitación.

Sin desconocer el paráte de la construcción privada, nos parece una explicación bastante plausible de por qué el aumento del desempleo en el Gran Santa Fe duplicó la media nacional en el primer trimestre del año.

Claro que no hay que esperar unanimidad de opiniones al respecto, como podemos ver (imágenes extraídas de éste post de Barricada):

ARTEMIO, EL PROFESOR DE VOLEY Y LA DÉCADA GANADA, O EMPATADA, POR LO MENOS

En algo estamos de acuerdo con Iglesias: en la parte ésa que dice que cometió un error al aceptar el debate.

MAJUL TIENE PESADILLAS: SUEÑA QUE LES VOLVEMOS A ROMPER EL OCOTE

(*)

La Argentina parece un país de pesadilla. (imagináte: tiene periodistas como vos) Periodistas extranjeros llaman a las redacciones para preguntar si el Gobierno va a meterse en las cajas de seguridad de los clientes de bancos. (¿por qué, tienen guita en cajas acá?, al final la oposición tenía razón: nos transformamos en un paraíso fiscal) Piden detalles sobre el desmantelamiento de las bóvedas que Lázaro Báez tenía en su búnker de las afueras de Río Gallegos. (debe ser porque no pueden creer que se haya publicado semejante boludez, están escasos de guionistas de humor) Quieren chequear la veracidad del plan del Gobierno para intervenir al Grupo Clarín. (o sea, hacer lo que no hicieron Lanata ni Morales Solá, aunque Joaco no lo necesitaba, porque lo inventó él) Se interrogan sobre el silencio de los artistas populares como Susana Giménez y Marcelo Tinelli. (¿de dónde son esos periodistas, de Miami?, imagináte la CNN o la BBC preguntando eso) Indagan si es verdad que cada palabra crítica puede ser castigada con una inspección o una denuncia de la AFIP. (y vos le contestás, por supuesto, que sí, y ahí los tipos dicen: "Mirá vos, igual que Obama entonces") Y, últimamente, han agregado una pregunta inquietante: ¿es posible que el oficialismo esté pergeñando un fraude para triunfar, sea como fuere,en las próximas elecciones de octubre? (sí, son de Miami, ahí son expertos en el tema, si no preguntále a Al Gore; una pregunta ¿en las primarias de agosto el kirchnerismo no haría fraude?, porque así se notaría más el de octubre, por la diferencia de resultados, viste)

El 13 de enero de este año, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna denunció que a las dos últimas competencias nacionales el oficialismo las ganó con un "altísimo nivel de fraude".  (y luego dijo que los extraterrestres habían aterrizado en el Obelisco, total, nadie le preguntó nunca de donde sacaba lo que dice) Fernando Pino Solanas repitió lo mismo tiempo después. (o sea, pelotudeces de viejos chotos, que sacan pocos votos en las elecciones) Que se entienda: ni Lavagna ni Solanas ni los que creen que se fraguaron votos están diciendo que la Presidenta no venció. Pero sugieren que no pasó del 50% de los votos.  (claro, y Binner sacó el 40 %, porque si no igual no debería haber habido balotaje, porque con el 45% y 10 puntos de diferencia le alcanzaba) El domingo, por la tele, le pregunté al diputado nacional Gustavo Ferrari, jefe de campaña de Francisco de Narváez (¿que sería candidato a que, a renovar su banca...de diputado, como Ferrari?) , por qué advirtió que se estaría preparando el "más grande acto de la corrupción de la democracia" con la posible alteración del resultado electoral. (básicamente, porque tiene encuestas, y les estaría yendo como el orto, por ende empiezan a abrir el paraguas) El martes me dio una explicación más detallada. (o sea que en el programa de tele, te contestan cualquier bolazo, y te parece bien, o estuviste dos días pensando lo que dijo y seguías sin entender, o invitás siempre a los mismos a la tele y a la radio, o todo junto) Preguntó: "¿No le parece raro que hayan modernizado e informatizado todos los sistemas de documentación menos el del voto?" En efecto, ahora los sistemas del DNI, la certificación de domicilio y el padrón electoral están a la altura de los más avanzados del mundo.(bien por Randazzo entonces, algo bien hizo parece) Sin embargo, el Gobierno no promueve ni impulsa el voto electrónico o el de boleta única, que haría más sencillo y transparente tanto el acto de elegir como el recuento de votos. (ufff, preguntále a Capriles: en Venezuela tienen las dos cosas, boleta única y voto electrónico) También rechazó el proyecto de que el escrutinio estuviera a cargo o fuera controlado por la justicia electoral. "El gobierno es juez y parte. Realiza el acto (electoral) y además lo controla", me explicó Ferrari. (que es un burro que no sabe que el único escrutinio que tiene valor legal para establecer los resultados es el definitivo, que lo hace la justicia electoral) 

Los sistemas de "boleta única" son más prácticos y mejores. (preguntále a Víttori sino, que imprime las boletas en AGL) Hay una sola boleta para todos los candidatos (obvio, si no no sería boleta única) y no una para cada partido, (ah, ¿vos creías eso?: "boleta única es porque hay una sola boleta para cada partido"?) como sucede ahora. La boleta única reduciría la posibilidad de trampa, porque los partidos chicos no tendrían por qué andar desesperados garantizando la existencia de su lista de papel el día de la elección. (y tampoco tendrían que andar desesperados pidiéndoles a los caceroleros que les hagan de fiscales) Con la boleta múltiple hay una posibilidad de fraude mayor. (a ver explicáte un poco, porque parecés Lavagna: la Ley Sáenz Peña terminó con el fraude hace 101 años, sin la boleta única) Una trampa directamente proporcional al nivel de organización y de recursos de la fuerza política que compite. Y siempre son mejores la organización y los recursos del partido oficialista, que maneja el dinero del Estado. (obvio, nunca podría haber un fraude organizado desde la oposición, y fuera del Estado, estamos esperando la parte en que la columna deja de repetir obviedades) "Así, el partido que esté mejor organizado el día de la elección es el que, al final, va a tener más votos, aunque no haya ganado la contienda", aseguró Ferrari. (una lumbrera, no entra la posibilidad de que estén mejor organizados el día de la elección porque saben que ganan, y por eso consiguen más fiscales) 

La falta de boletas de los partidos más chicos (sobre todo en las urnas) es uno de los fraudes típicos de cualquier elección de los países menos civilizados. (tan poco civilizados que sus votantes son tan pelotudos que no reclaman porque faltan las boletas del partido que quieren votar) Cuando el elector busca la boleta del partido que prefiere y no la encuentra, suele votar a otro o en blanco. (confirmado: es un terrible pelotudazo entonces) La gran mayoría de los votantes no hace ninguna denuncia, porque sabe que la Justicia llegará después del acto comicial. (ah, eso es porque lo escucha al diputado Ferrari, y no sabe que el único escrutinio que vale, es el de la justicia) Lo mismo pasa con la falta de fiscales. Si el fiscal de un partido que compite no está en la mesa donde se vota, la probabilidad de que otros fiscales de otros partidos se "arreglen" para hacer desaparecer las boletas de la organización que no pudo enviar a su autoridad es muy alta. (como también es muy alta la posibilidad de que, si son 10 fiscales, 9 sean de la oposición y uno del oficialismo -que siempre es uno-, o sea que se afanan votos entre ellos, o no pueden afanar votos precisamente porque hay fiscales de otros partidos, que es básicamente la idea de los fiscales partidarios en la mesa) En especial en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. También puede suceder que los fiscales presentes "acuerden" ubicar las boletas de sus partidos de una manera más visible que las otras. (uuuy, terrible maniobra, Marcelino Ugarte, Ruggerito y Barceló nunca hubieran llegado a tanto, de todos modos se desbarata fácil: repartís los votos antes, casa por casa, y se lo llevan en el corpiño, o la media)

La autoridad clave del día de la elección es el presidente de mesa. (sí, desde hace 101 años, ¿que es ésta nota, un curso de Instrucción Cívica?) Es quien firma la urna y el acta de escrutinio. (junto con todos los fiscales presentes, nabo, ¿nunca fuiste autoridad de comicio?, claro los periodistas zafan de laburar un domingo) En las dos elecciones generales anteriores, el Gobierno se las arregló para que cientos de presidentes de mesa fueran cuadros del Frente para la Victoria. (si estamos hablando sin contar las PASO, una de las dos las habría perdido, en el 2009, o sea que serían unos bolas terribles: arman fraude para perder) ¿Cómo lo hizo? Mandó las convocatorias a direcciones "equivocadas" adrede. El individuo "sorteado" para presidir una mesa nunca las recibió. Luego, las autoridades hicieron lo que dice la norma: convocaron al primer ciudadano que se presentó a votar en la escuela indicada. ¿Y quiénes fueron los primeros de la fila en muchas escuelas del país? Los militantes del Frente para la Victoria que, por supuesto, ya estaban avisados sobre la ausencia del presidente convocado. (tremendo, un mecanismo de relojería, lástima que si se les presentaba un jubilado que va a hacer la cola para votar a las seis de la mañana porque está al pedo, se va todo al carajo porque lo tenían que poner de presidente de mesa. Igual, el problema de que en el PRO todos se levanten a las 11 siguiendo el ejemplo de Macri, no se lo achaqués al gobierno) 

En la última elección presidencial de octubre de 2011 sólo la provincia de Buenos Aires contó con 35.000 mesas. "En la provincia, una fuerza política, para que no le roben votos, tiene que tener un ejército de cerca de 100.000 personas entre fiscales y presidentes de mesa", calculó otro jefe de campaña de un partido mayoritario. (¿cuál la UCR, que sacó el 11 %?) "Uno por mesa, en tres turnos diferentes. Uno fresquito, antes de las 8 de la mañana, que controle todo antes de la apertura de las urnas y de las mesas. Otro durante el día, con un montón de boletas del partido que representa en el bolsillo. (va a necesitar un bolsillo grande, a menos que sea fiscal de Carrió) Y un tercero que permanezca con los ojos bien abiertos después del cierre del comicio (ahí está el problema: los que estuvieron antes tenían los ojos cerrados todo el tiempo, y les choreaban los votos, empezando por los del bolsillo), para (sería "cuando", no"para", porque por más que el tipo cierre los ojos, los empiezan a contar igual) se empiecen a contar los votos. Ahora multiplicá 3 turnos por 35.000 mesas". (y tenés más fiscales que los votos de Carrió, Altamira, Duhalde, Rodríguez Saá y Pino Solanas juntos) Punteros del Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) que trabajaron en elecciones anteriores (para De Narváez, y juntos) aceptan que en San Isidro, Merlo, Moreno, La Matanza y San Martín hay fiscales armados que defienden los votos de sus organizaciones como si fuera la vida de un hijo. (la famosa defensa del voto joven debe ser, de todos modos con o sin armas, si los votos no están, no tienen nada que defender) Uno de ellos me contó que todavía se sigue diciendo que Raquel Satragno, más conocida como Pinky, habría ganado en La Matanza. (sí, lo dice Pinky, y en La Matanza cuando lo escuchan agregan "menos mal") Y que Graciela Fernández Meijide habría triunfado por sobre Carlos Ruckauf. (o sea que en ambos casos los que habrían hecho fraude son los que ahora están con De Narváez, y el diputado Ferrari, por eso lo saben) "Lo que pasa es que los muchachos hicieron su trabajo y dieron vuelta las urnas", especuló.(si las dan vuelta, se les caen los votos, a menos que estén cerradas)  A todos los expertos electorales les preocupa el voto joven. "Como el voto no es obligatorio, tenemos miedo que hagan «elegir» de mentirita a muchos que figuran en el padrón", contaron. (¿Y como sería "hacer elegir de mentirita", podrías explicarlo un poco, o sos tan salame que repetís en público las pelotudeces que te dicen en privado?ah, hacen como que fueron a votar los pibes que no van, pero eso lo pueden hacer con todo el padrón tontín, ¿o alguna vez viste que sancionaran a los mayores que no van a votar?) Todas estas sospechan explican por qué De Narváez, José Manuel de la Sota y Roberto Lavagna se sacaron una foto con Hugo Moyano y Gerónimo Venegas. (ah, era por eso) "Hugo y el Momo son los únicos que nos pueden garantizar un ejército de 100.000 tipos para evitar que nos roben la elección", aseguró uno de los organizadores. (¿y en el resto del país quien podrá defenderlos, el Chapulín Colorado, Catamarca la tienen cubierta con Barrionuevo y Jujuy con Micheli?)

(*) La negritas sin nuestras, el original acá.

PARA SEGUIR DISIPANDO EL HUMO

El domingo pasado planteábamos acá (donde ya planteábamos que se venía un aumento de la AUH, aunque no imaginábamos que del 35 y chirolas) la existencia de dos agendas políticas fuertemente contrapuestas: por un lado la que instalan los medios en torno a las denuncias de corrupción y el obsceno show de Lanata, más la farandulización de toda discusión política en torno a temas serios y complejos, como las reformas a la justicia; y por el otro, la que tiene que ver con cuestiones más concretas, cotidianas, cercanas a la preocupación del hombre común: empleo, salarios, consumo, inflación.

Los anuncios de Cristina ayer por la tarde (ver video de apertura), hechos en medio del bizarro despliegue mediático de bóvedas que arman y desarman como si estuvieran hechas con Rast, los espasmos de Lanata contra su propio equipo cuando le recuerdan algunos límites y el show de denuncias de Carrió (que tiene una mesa de entradas de tribunales en su casa), no pudieron marcar un contraste más extremo: casi como dos realidades paralelas.

Y encima, los anuncios de mejoras en las asignaciones familiares (en el caso de la AUH, un aumento del 35,3 %, muy por encima de cualquier estimación de inflación oficial o privada), vinieron acompañados con la convocatoria a la militancia para organizar y controlar el movimiento de los precios; lo cual (como muy bien señala acá Oscar Cuervo) eriza la piel de la derecha.

Una excelente decisión (la de aumentar las asignaciones), y otro tanto se puede decir de convocar a las organizaciones políticas y sociales para asegurarse de que los empresarios y formadores de precios, no se apropien de las mejoras anunciadas ayer por el gobierno.

Sin reemplazar al Estado, sino marchando junto con él, y para los que empezarán seguramente a hablar de patrullas SS, milicias populares o estalinismo, convendría recordarles algo: en el núcleo del discurso que sustenta el show de Lanata, está el considerar a los de la Cámpora (en la que simplifican la crítica a la militancia juvenil) un conjunto de advenedizos devenidos en millonarios, que viven en Puerto Madero y se rascan el higo todo el día.

Pero resulta que, cuando se convoca a la militancia a hacer algo concreto, útil o productivo (como fue la asistencia a los inundados en La Plata, o ahora a controlar la evolución de los precios), el problema son las pecheras, o el estalinismo. La conclusión es clara: el problema no son ni los departamentos en Puerto Madero, ni las pecheras, ni los controles: el problema lo tienen con que los pibes participen en política, militen, se comprometan y se organicen; con sentido solidario.

Sin ir más lejos, considerando que le achacan al gobierno la inflación (como si la causara, como puntualizó ayer Cristina), bien podrían haberse organizado hace tiempo para hacer lo mismo (controlar los precios) los cacerolos (así como ahora irían a fiscalizar las elecciones), para darle a su protesta un sentido más solidario y productivo.

Pero volvamos a lo más importante, que fueron los anuncios de ayer: cerradas las principales paritarias (que inyectarán vía aumentos de sueldos más de 15.000 millones de pesos adicionales al consumo), luego del reajuste de las asignaciones (que aporta otros 17.000 palitos adicionales al mercado) vendrá la actualización semestral de las jubilaciones, la suba del salario mínimo y -casi con seguridad- algún anuncio vinculado a Ganancias, como por ejemplo que no incida en el aguinaldo.

Medidas que implican no sólo la ratificación del rumbo trazado a partir de aquél 25 de mayo del 2003 (y del que el kirchnerismo no se apartó nunca en estos 10 años), sino que son muchísimo más eficaces para disipar el humo de las denuncias de Lanata, que cambiar los horarios del Fútbol Para Todos.         

SOBRE TSUNAMIS Y BRUTALES PRIVATIZACIONES

Leemos en Infobae al ex ministro de Educación de Macri, planteando que "el aumento de alumnos en escuelas privadas después del 2003 se da en una magnitud nunca vista en la historia escolar argentina, a los que se suma que, por primera vez en la historia, las escuelas públicas directamente pierden alumnos...", lo que califica como un "tsunami privatizador", o una "brutal privatización de la educación".

Y luego de descalificar la eficacia que pueden haber tenido las leyes dictadas en la última década para fortalecer el funcionamiento del sistema (como la ley de educación nacional o la de financiamiento educativo", sostiene que fueron inocuas porque "desde 2003, otras áreas sociales aumentaron su financiamiento aun en una magnitud mayor que la educación sin necesitar de leyes. Y, lo más cruel, el gobierno nacional -que fue quien propuso la ley y se adjudicó el éxito de su sanción- fue el estamento que menor esfuerzo financiero hizo, aumentando el presupuesto educativo en apenas un punto porcentual, recayendo todo el esfuerzo en las provincias.".

Nos deja huérfanos sobre su propio diagnóstico respecto a las causas del fenómeno que apunta, y se limita a decir que descree que responda al aumento del poder adquisitivo de ciertos segmentos de la población, que al mejorar su situación económica optarían por enviar a sus hijos a la escuela privada; apelando (contrafácticamente) al ejemplo inverso de décadas pasadas, concretamente la Argentina de los años 60', o anterior.

Obvio resultaría señalar que ese país que Nadorosky añora (donde la escuela pública tenía un prestigio y predicamento social enorme) hace rato no existe ya, precisamente como consecuencia de la implementación de políticas sí que devastadoras de lo público y lo estatal en general; que el proyecto político del cual el propio columnista fue parte en la CABA intenta replicar en pequeña escala, así como desde el 2003 para acá se intenta recomponer lo destruido, en una marcha no exenta de errores, pero con innegables aciertos.

Y pese a que, cuando refiere a "otras áreas sociales" que crecieron en la asignación de recursos sin necesidad de leyes se autoexime de mayores precisiones, es inevitable pensar en la seguridad social, que se lleva hoy por hoy entre el 35 y el 40 % del total del gasto del Estado nacional: se llega a esa impresionante cifra como consecuencia del plan de inclusión previsional (Ley 25.994), del régimen de movilidad de los haberes (Ley 26.417) y de la Asignación Universal por Hijo (DNU 1602/09, ratificado por el Congreso); es decir, por leyes; además de -claro- la firme voluntad política de cumplirlas.

En el caso de la Ley 26.075 de financiamiento educativo vuelve a errar el ex ministro de Macri: la Nación aportó el 40 % del esfuerzo financiero para alcanzar la meta de invertir el 6 % del PBI en educación (hoy sobrepasada al 6,51 %), siendo que gestiona el 22 % del total de la matrícula del país, a través de las universidades públicas; con lo que su compromiso con la meta trazada fue mayor a sus responsabilidades institucionales.

Pero queda por analizar lo que Nadorosky dejó trunco, y que son las causas por las que parte de la matrícula escolar migra de la escuela pública a la privada, incluso sin cuestionar sus cifras de las que no cita fuente. 

Aun así, es curioso que no las desagregue de modo de -por ejemplo- medir el impacto de la AUH a partir del 2009, dado que afirma que la escuela primaria pública no aumentó su matrícula, y la media lo hizo sostenida en un 40 % por el aumento de alumnos de la escuela privada de ese nivel; lo que así dicho, parece poco serio.

Que ciertos sectores de la clase media (a medida que se depauperizaron en la última década, y pudieron retomar ciertas pautas de gasto y consumo antes vedadas por la crisis) prefieren enviar a sus hijos a la escuela privada, es un dato sociológico objetivo que cualquiera puede corroborar, con ejemplos concretos y cercanos en su círculo de relaciones sociales.

E incluso lo propio hacen algunos sectores populares: recordemos la polémica aquí en Santa Fe cuando se dieron de baja beneficiarios de la AUH porque concurrían a escuelas privadas que cobraban cuotas más bajas. 

Es un fenómeno complejo y que puede obedecer a muchas causas, entre las que se deben mencionar (porque así es percibido por los padres, a la hora de sopesar los motivos a la hora de decidir a que escuela enviar a sus hijos) el mayor grado de conflictividad sindical de la docencia en la escuela pública, que en los establecimientos privados y ciertas prácticas sindicales arraigadas, que muchas veces impiden imaginar herramientas alternativas para conjugar la defensa de los intereses profesionales, con la de la escuela pública.

Y esa mayor conflictividad sindical de la escuela pública no tiene tanto que ver con  la mayor combatividad de la dirigencia gremial del sector, sino con las diferentes condiciones en las que la fuerza laboral docente discute salarios y condiciones de trabajo: mientras la docencia pública goza de una paritaria nacional (precisamente establecida por la ley de financiamiento educativo) y de estabilidad en el empleo (protegida constitucionalmente), los docentes privados siguen siendo de los pocos sectores excluidos en la Argentina del derecho de participar en la discusión en paritarias con sus patrones (aunque puedan hacerlo en algunas provincias, como Santa Fe, y limitados a lo salarial), y el SADOP impulsa una ley nacional contra los despidos arbitrarios.

De modo que la menor conflictividad gremial de la escuela privada (factor gravitante sin dudas en las decisiones de los padres sobre la escuela que eligen para sus hijos) obedece más a factores de disciplinamiento de los reclamos de los trabajadores -de los que la escuela pública carece-, que a diferencias objetivas entre uno y otro subsistema.   

Por no descartar (para intentar explicar la migración de matrícula a la escuela privada) pautas culturales y creencias arraigadas respecto al status social que confiere enviar los hijos a la escuela privada y que estos egresen de allí, a la hora de buscar trabajo; pautas que funcionan también sobre las suposición de que la educación que allí se imparte, es de mejor calidad: un aserto desmentido tanto por los operativos de evaluación de la calidad educativa (que arrojan deficiencias en todo el sistema, con prescindencia de su modalidad de gestión), como por el desempeño de los egresados del propio sistema privado.

Y si no veamos lo que sucede con el gobierno del PRO en Buenos Aires (del que Nadorosky fue parte), lleno de egresados del Cardenal Newman y universidades privadas; comenzando por el propio Macri.  

Y finalmente Nadorosky omite un elemento central para comprender todo esto asunto (insólitamente, porque habla del gasto de las provincias en educación), que es el régimen de subsidios estatales a la educación privada; que es de exclusiva responsabilidad de las provincias, y respecto al cual nada tiene que ver el gobierno nacional, sus leyes o sus políticas.

Un sistema profundamente injusto e inequitativo, por el cual el Estado subsidia la escolarización privada de las clases medias, incluyendo buena parte de ellas que podrían sostenerla con sus propios recursos; y que se lleva anualmente una importantísima cantidad de recursos de los Estados provinciales, tal como demostráramos con cifras acá en el análisis comparativo de caso de los casos de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. 

Sistema que no existe por ejemplo en el nivel universitario (del cual nada dice Nadorosky), y que hace que familias que envian a sus hijos a la escuela primaria y secundaria privada (pagando a veces altas cuotas, pero que no cubren el costo educativo total, fundamentalmente subsidiado por el Estado), luego los envían a las unversidades públicas, porque no pueden (o no quieren) costear totalmente la educación de sus hijos en ese nivel, de sus propios bolsillos.

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