LA FRASE

LA FRASE: "NO ME FUI DEL PAÍS PARA EVADIR RESPONSABILIDADES, PASA QUE MALENA ME MANDÓ A COMPRAR ACEITE Y MANTECA Y ACÁ NO CONSEGUÍA BARATOS." (SERGIO MASSA)

sábado, 30 de julio de 2016

LA CASA ESTÁ EN ORDEN


Finalmente la sangre no llegó al río, hubo cumbre en Olivos entre Macri y Tinelli con fumata blanca: siguen siendo los mejores amigos, como siempre. O falseándose recíprocamente por mutua conveniencia, como siempre.

Un verdadero alivio para la democracia que se haya puesto punto final (¿punto final?) a un “conflicto” que desvelaba a los argentinos, mucho más que el precio del aceite, la escasez de manteca o el tarifazo de luz, gas y agua.

O al menos eso parece, a juzgar por el espacio que le dieron los medios, y la minuciosidad con la que nos informaron sobre “el trasfondo real” de la disputa: que si el manejo del fútbol y la AFA, que si el apoyo de Tinelli a la candidatura de Scioli, que si la embestida del gobierno contra Cristóbal López y el grupo Indalo del cual Tinelli es socio en Ideas del Sur.

Claro que como en todo armisticio que pone fin a un conflicto, uno de los problemas más difíciles de resolver es desmovilizar a los que se armaron: ahí andan los editorialistas de los grandes  medios pidiéndole a Macri que no cierre la grieta con Tinelli, o salames indignados como Del Moro o Casero, desilusionados con uno de los dos, o los dos. Y patrullas perdidas en las redes sociales, que estaban dispuesto a convertirse en comando civiles para incendiar "Ideas del Sur", cuando su amado líder firmó la paz con Marce.

Cuestiones todas que poco importan, porque -al menos para nosotros- poco importa el entuerto. Que en todo caso sirve para reflexionar sobre el rol político que juegan los medios, y en ese contexto, el rol político que juega Tinelli, desde hace muchos años y en todos (y con todos) los gobiernos.

Un rol que tiene todo el peso específico y el poder que el propio sistema político le ha reconocido, validándolo permanentemente en el entendimiento de que yendo al pie de Tinelli (que hace su negocio, como buen empresario que es) encuentra un punto de contacto con los gustos y consumos populares, y empatiza con buen parte de los votantes.

Y lo valida mucho más aun (para satisfacción del propio Tinelli, que hace como si le molestara) cuando le adjudica una capacidad de influencia política decisiva, incluso mayor de la que realmente tiene: De La Rúa atribuyéndole la caía de su gobierno no es muy distinto a la ofensiva cerril de los trolls del PRO acusándolo de “kirchnerista”, o de los nuestros que le atribuyeron la victoria de De Narváez sobre Néstor en las legislativas del 2009. Las cosas -por supuesto- son bastante más complejas en la realidad.

Sin ir más lejos recordemos lo que pasó allá por principios del 2014 (año del mundial) cuando el gobierno de Cristina intentó un acercamiento con Tinelli para ponerlo a manejar el “Fútbol Para Todos”, nada menos que en el año del mundial de fútbol: la cosa terminó mal por decisión final de Cristina, y se auguraba una escalada de conflictos catastróficos y teminales entre el conductor y el gobierno, que finalmente se diluyó en la nada: el gobierno se quedó con las transmisiones del fútbol, y Tinelli con su show; y cada uno miró lo que quiso; muchos las dos cosas.

El fenómeno Tinelli visto desde la óptica de la política lo que marca en todo caso es la ausencia de la política , o los huecos de representación que ésta va dejando, que hoy se traducen en la debilidad de articulación de construcciones y liderazgos alternativos que enfrenten con eficacia a Macri y su modelo.

Pasó con el Papa, que tiene por peso institucional y relevancia internacional mucho más volumen político que Tinelli, aunque seguramente menos rebote mediático. En la medida que la política ocupe ese hueco (como naturalemente debe ser) no harán falta Papas ni Tinellis que expresen la disidencia.

Por otro lado si algo tiene Tinelli es una aceitada intuición para detectar ciertas zonas del malhumor social, y utilizarlas en su provecho. Claro que con “ruidazos” generalizados en toda la geografía del país para protestar contra el tarifazo no hacían tampoco habilidades deductivas excepcionales para advertir que había allí un flanco para pegarle al gobierno, sin que éste pudiera hacer mucho para defenderse; salvo el papelón de hostigarlo en las redes sociales.

Pero la satirización de esa parte del ajuste no lo convierte a Tinelli en un crítico social, ni en un referente político, al menos con capacidad de proyectarse como alternativa. Tampoco es eso lo que busca, porque sabe muy bien de lo que no tiene que hablar, y por eso no habla: no habla de los despidos, ni de la inflación, ni de la apertura de las importaciones, ni de la fuga de capitales o los chanchullos del blanqueo, ni de la detención de Milagro Sala, el freno a los juicios por delitos de lesa humanidad o el intento de volver a imponer una flexibilización laboral.

Por supuesto que reclamarle que hable de algo de todo eso es pedirle peras al olmo, tanto como depositar en él la esperanza de ponerle coto a Macri; simplemente porque demostró que pudo utilizar para su provecho una bala que le entró al gobierno.

El amargo acuse de recibo presidencial de las burlas tinellianas pone en entredicho todas las expresiones de corrección política de Marcos Peña y el resto de los funcionarios sobre “el respeto a la libertad de expresión”, tanto como revela la pulsión autoritaria y controladora de Macri y su gobierno; que mientras accedían a la base de datos de la ANSES para diagramar su estrategia de campaña, le “sugerían” al conductor la conveniencia de retirar del show televisivo a la imitadora de Juliana Awada.

Tinelli no es Tato Bores, ni la revista Humor en los tiempos de la dictadura, ni mucho menos, ni se propone serlo ni de cerca. Pero precisamente por eso preocupa en un punto el empeño de Macri por “cerrar” ese flanco de cuestionamiento a su gobierno; como si se creyera con derecho adquirido a silenciar toda voz disidente que “no se avenga a trabajar en equipo”.  

viernes, 29 de julio de 2016

AFIRMAN QUE EL PAPA LE BAJÓ EL PULGAR A CARUSO PARA LA SELECCIÓN, Y HAY POLÉMICA


A LA HORA DE ENDEUDARSE SE PONEN RÁPIDO DE ACUERDO


Hace casi cinco meses atrás te contábamos acá como el gobierno provincial preparaba todo para salir a los mercados de capitales a endeudarse en 500 millones de dólares, y había elegido a las "calificadoras de riesgo" para que le dijeran que estaba apta para tomar deuda, y a los bancos que iban a oficiar como "colocadores" de los bonos, a emitirse en el exterior.

Hace casi dos meses y como era previsible, las calificadoras dijeron lo que se les pagó para que dijeran: que Santa Fe estaba en condiciones para endeudarse. No obstante pocos días después (hace un mes atrás) el Ministro de Economía de la provincia decía que no era un momento oportuno para tomar deuda, porque había mucha turbulencia en el mercado.

Parece que en apenas un mes las turbulencias cesaron (¿no ven acaso los informes optimistas sobre el futuro de la economía que abundan en los diarios por estos días?), y finalmente Lifschitz tomó la decisión de endeudarse en 500 millones de dólares, como lo demuestran las imágenes del decreto que ilustran el post, de ésta misma semana. Decreto del cual nos permitimos extraer algunos párrafos (lo que va en comillas) muy interesantes (las negritas son nuestras).

Párrafos que demuestran que el socialismo es como el tero: por un lado pega el grito (protestando contra el gobierno de Macri y sus políticas), pero por el otro pone los huevos (haciendo exactamente lo mismo que Macri, endeudándose a pasos acelerados). Y de la mano del JP Morgan, el HSBC y el Citigroup, compañía calificada si las hay. Van los párrafos del decreto y sus anexos:  

Que, la complejidad y alta especificidad del objeto a contratarse ameritaron que la propia Ley N° 13.453 en su artículo 4°, inciso e) reconociera que la selección de las entidades a contratarse para prestar dicho servicio fuera realizada mediante un proceso de selección especial exceptuado de lo establecido en el Título III Capítulo 1 de la Ley N° 12.510; “Que, en virtud de las mismas razones vertidas en el considerando inmediato anterior, se solicitó asistencia especializada del Agente Financiero de la Provincia para llevar a cabo tal proceso de selección; “Que dado lo expuesto, el Agente Financiero cursó las invitaciones a formular estas a entidades de primera línea y con experiencia previa en la materia... (o sea que los colocadores de deuda no fueron elegidos por el Estado y previa licitación, sino por el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. y a “ojímetro”, aunque los honorarios los pagará el Estado provincial)

Honorarios y gastos. El Emisor se compromete a pagar todos las honorarios, descuentos o comisiones por colocación relacionados con la Oferta (la "Comisión") por un 0,20% del monto del valor nominal de los Títulos que se vendan en la Oferta, de los cuales el 0,12% de ese valor nominal total se le pagará a J.P. Morgan, en su carácter de coordinador global, y el restante 0,08% en partes iguales a cada uno de los otros Colocadores Principales Conjuntos (excluyendo a J.P. Morgan) tras el cierre y con el producido de la Oferta,... (es decir que si logran colocar deuda por el total de los 500 millones de dólares autorizados, la comisión de los “colocadores” será de un palo verde)
  
El Emisor acuerda además que todos los pagos que se deban realizar en virtud de este documento se efectuarán en dólares, libres de cualquier deducción o retención por impuestos vigentes o futuros, contribuciones, imposiciones, derechos, o cargos o a cuenta de éstos, u otras deducciones o retenciones impuestas en cualquier jurisdicción desde la cual o a través de la cual se realicen los pagos, salvo que la ley aplicable exija dicha deducción o retención, en cuyo caso el Emisor pagará montos adicionales de manera que las personas que deban cobrar esas sumas reciban la cantidad que habrían recibido si no existiera esa deducción o retención... (es decir que el palo verde de honorarios/comisión de los colocadores es limpito de polvo y paja)

El Emisor reconoce y acepta que los Colocadores Principales Conjuntos han sido contratados exclusivamente como contratistas independientes para prestar los servicios establecidos en este documento. En la prestación de tales servicios, los Colocadores Principales Conjuntos actuarán únicamente en virtud de una relación contractual basada en la independencia de las partes con respecto a la Oferta (incluso en relación con la determinación de los términos de la Oferta) y no como asesores financieros o fiduciarios del Emisor o de cualquier otra persona. Asimismo, el Emisor reconoce que los Colocadores Principales Conjuntos no asesoran ni al Emisor ni a ninguna otra persona en materia legal, impositiva, de inversión, contable, o regulatoria en jurisdicción alguna. El Emisor deberá consultar con sus propios asesores en relación con estos asuntos y se encargará de realizar su propia investigación y evaluación independiente de las operaciones contempladas en la presente, y los Colocadores Principales Conjuntos no tendrán ninguna responsabilidad u obligación hacia el Emisor en ese sentido. (o sea que los contratan y les pagan para que “coloquen” la deuda buscando los inversores, no para que asesoren al Estado ni nada parecido. Una especie de brookers financieros de lujo, y caros además)

El Emisor reconoce que los Colocadores Principales Conjuntos son sociedades de servicios de títulos valores que participan en la negociación y las actividades de intermediación de títulos valores y la prestación de servicios de asesoramiento financiero y banca de inversión. En el curso ordinario de los negocios, los Colocadores Principales Conjuntos y sus filiales podrán, en cualquier momento, mantener posiciones largas o cortas, y podrán operar o efectuar otras transacciones, por su propia cuenta o por cuenta de clientes, en títulos de deuda o de participación del Emisor, sus filiales u otras entidades que puedan estar involucradas en las transacciones aquí contempladas. (es decir que los “colocadores” estarán de los dos lados del mostrador, y operarán con los títulos de deuda pública que “colocarán”, pudiendo incluso comprarlos en el mercado secundario haciendo una diferencia, y luego convertirse de ese modo en acreedores de la provincia para cobrar los bonos a su vencimiento)

Esta carta acuerdo, incluido el Anexo A, y cualquier reclamo, controversia o disputa que se suscite en relación con esta carta acuerdo, se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York, y no tendrán efecto sobre los conflictos de los principios legales. El Emisor se somete de forma irrevocable e incondicional a la jurisdicción exclusiva de cualquier tribunal estatal o federal radicado en el Condado y la Ciudad de Nueva York con relación a cualquier demanda, acción o procedimiento que surja de esta carta acuerdo o esté relacionado con ella. (en caso de conflicto, a llorarle a Griesa, o el que lo reemplace si es que alguna vez se jubila)

Toda sentencia definitiva emanada de una demanda, acción o procedimiento presentado ante cualquiera de esos tribunales será concluyente y vinculante para el Emisor y puede ser ejecutada por cualquier otro tribunal a cuya jurisdicción el Emisor esté o pueda estar sometido en virtud de la sentencia... (la provincia está renunciando al derecho de exigir que la sentencia de los jueces de Nueva York sea ejecutada en el país a través de tribunales argentinos)

El Emisor se compromete a eximir de responsabilidad y mantener indemne a los Colocadores Principales Conjuntos, sus filiales y sus respectivos funcionarios, directores, empleados, agentes y personas que realizan tareas de control (cada uno de ellos será una "Persona exenta de responsabilidad") ante cualquier pérdida, reclamo, daño, obligación y gasto, conjunto o solidario, a los que se pueda ver sometida cualquier Persona Exenta de Responsabilidad como consecuencia o en relación con las operaciones contempladas en la carta acuerdo a la que se adjunta el presente anexo A (el "Acuerdo"), o cualquier reclamo, litigio, investigación o procedimiento relacionados con lo anterior ("Procedimientos"), independientemente de si alguna de esas personas es parte en el mismo; se compromete asimismo a reembolsar a esas Personas Exentas de Responsabilidad los gastos legales o de otro tipo en los que incurrieren en relación con la investigación, la respuesta o defensa de lo antes expuesto,... (cualquier quilombo que el JP Morgan, el HSBC o el Citigroup tengan derirvado de la emisión y colocación de la deuda del gobierno provincial -por ejemplo alguna demanda de un bonista- corre por cuenta de Santa Fe, y los tipos se lavan las manos) 


¿Y CON LA GUITA QUÉ HICIERON?


Para la mayoría de los medios -ocupados en la reunión reconciliatoria entre Macri y Tinelli- pasó desapercibido el hecho, pero el miércoles por la tarde los medios comunitarios de todo el país se movilizaron al Enacom, para exigir el cumplimiento de las disposiciones de la ley de medios que quedaron en pie; sobre todo la asignación del 33 % del espectro a las entidades sin fines de lucro, el cese de los operativos persecutorios contra los medios caracterizados como "truchos" (como en los peores tiempos del nefasto COMFER) y el cumplimiento de los subsidios del Fomeca (Fondo de Fomento Concursable). En éste enlace pueden leer el comunicado completo de las entidades convocantes.

En ésta entrada de hace unos meses explicábamos nosotros en que consiste el Fomeca, como se conforma y a qué se destinan sus fondos: con el 10 % del gravamen que cobraba el AFSCA  a los medios comerciales sobre sus ingresos por publicidad, el Estado otorgaba subsidios a las organizaciones sociales del "tercer sector" (cooperativas, vecinales, asociaciones civiles, radios comunitarias, de los pueblos originarios) para el desarrollo de proyectos comunicacionales, en el marco de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Una política pública concreta para sostener la comunicación alternativa a los medios hegemónicos, y hacer que la "pluralidad de voces" sea algo más que un eslogan declamativo. Y una redistribución de la palabra redistribuyendo los ingresos que generan los medios comerciales, para financiar el desarrollo de los que no persiguen fines de lucro; que en la mayoría de los casos sin ese apoyo, no podrían subsistir. 

En septiembre del 2014 la Resolución 1048 de la AFSCA convocó a concursos abiertos de proyectos en todo el país para financiar con el Fomeca proyectos de entre 45.000 y 500.000 pesos cada uno, convocatoria ampliada después en distintas oportunidades: en julio del 2015 se convocaron nuevos concursos para la financiación de proyectos mediante subsidios de entre 60.000 y 340.000 pesos, y en septiembre y noviembre otras tandas de concursos con líneas que iban desde los 700.000 pesos hasta el 1.6000.000 pesos por proyecto.

Por esa razón al enviarse al Congreso el presupuesto 2016 (que sería aprobado como Ley 27.198) se asignaron los recursos necesarios a la AFSCA para el cumplimiento del programa:


Claro que con la llega del macrismo al poder "cambiamos": primero vino el Decreto 236 que intervino la AFSCA, y luego el DNU 267 que mutiló la ley de medios, en especial en las cláusulas desmonopolizadoras que afectaban los intereses de Clarín y otros grandes grupos de medios.

Sin embargo, no modificaron el artículo 94 que crea el gravamen a la publicidad, ni el 97 que establece como se distribuye su producido, incluyendo el inciso f) que destina el 10 % del total como dijimos, a la subvención de proyectos como los que financiaba el Fomeca. 

La nueva gestión encarnada ahora en el ENACOM no convocó a nuevos concursos, pero tampoco pagó los subsidios a los que ya estaban aprobados por la AFSCA, sea que fueran nuevos o que vinieran de antes y tuvieran desembolsos pendientes (el sistema funcionaba girando los fondos remanentes, contra la rendición de cuentas de los ya otorgados); pese a que el ENACOM tiene asignados por el presupuesto exactamente los mismos fondos, y para los mismos fines, como pueden ver acá:



Según los datos disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a mediados de éste año (exactamente al 30/6) el ENACOM llevaba gastado solo el 37,94 % del total de su presupuesto; pero en el programa “Administración y Gestión de Proyectos Especiales” (al que corresponden los subsidios del Fomeca) había gastado para entonces apenas el 0,01 %, poco más de 14.000 pesos en seis meses, para el desarrollo de los medios comunitarios y de organizaciones sin fines de lucro.

Comparemos la cifra con lo que gasta el Estado nacional en pauta publicitaria en los medios comerciales: solo la Jefatura de Gabinete y hasta el 24 de éste mes, llevaba gastados más de 489 millones de pesos (base devengado), o sea 34.111 veces lo que el gobierno de Macri destinó en el primer semestre a sostener la comunicación alternativa. 

Como no hay disponible en la web una ejecución analítica de los recursos públicos, es imposible saber si el ENACOM efectivamente les está cobrando a los medios comerciales el gravamen que establece la Ley 26.522 a sus ingresos por publicidad, o no.

De no hacerlo incurriría en un incumplimiento de los deberes de funcionario público, para subsidiar a empresas privadas eximiéndolas de hecho de una contribución legal. Pero si la está cobrando y no destina al menos el 10 % de lo que recauda a solventar los medios alternativos como establece la LSCA sino que los usa para otros fines, estaría incurriendo en malversación de caudales públicos.

Lo más probable es que la nefasta gestión de Aguad (por directivas de Macri) esté inmovilizando esos fondos (si es que está cobrando el gravamen a los medios comerciales), para provocar la asfixia presupuestaria de los medios alternativos y llevarlos a su desaparición porque con ellos no tiene la seguridad de contar para reforzar el blindaje que ya le otorgan los medios hegemónicos tradicionales.

jueves, 28 de julio de 2016

SI ESTA ES LA JUVENTUD QUE TE BANCA, COMO SERÁ LA QUE TE CRITICA, MAU


FUERTE INVERSIÓN DE LA PROVINCIA EN ZONAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES


¿Se acuerdan del "Parque Biblioteca de la Constitución", esa genial idea del Loco Lindo en la que la provincia iba a gastar más de 40 palos para hacer obras en un lugar que se inunda?

Por si no se acuerdan, acá hay información y acá material gráfico para ver como queda el lugar cuando el río sube: una verdadera belleza, vea.

Bueno, las imágenes del decreto que ilustra el post nos muestran que la ocurrencia nos va a costar un poco más, exactamente unos 26 y pico de millones más, que pone la provincia, a pedido de Corral.

Una pena que -teniéndolo dulce a Lifschitz para el mangazo- Corral no haya aprovechado la oportunidad para manguearlo por esa misma plata, pero para tapar baches.

De ese modo se hubiera ahorrado una parte del endeudamiento que piensa tomar, y a lo mejor también cederle un vocal del Tribunal de Cuentas al pignattismo, a cambio de que levanten las manos en el Concejo para votar el préstamo.


MACRI LO HIZO DE NUEVO


Pasó con la ley de medios, que se la cargó por un DNU apenas asumió el gobierno. Pasó también con la ley de tierras, que la "retocó" modificando el decreto reglamentario, para convertir en letra muerta buena parte de sus disposiciones.

Mirá si no iba a pasar lo mismo con el blanqueo, cosa que ya anticipábamos acá: hoy se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 895 (verlo completo acá), por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 27.260, exclusivamente en lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales. Y como en el caso de la ley de tierras, los muchachos se pusieron "creativos".  
Así por ejemplo la ley contempla en su artículo 38 la posibilidad de blanquear como propios bienes que se encuentren en posesión de otros (cónyuge, ascendientes o descendientes), o registrados a su nombre. El decreto establece que en esos casos no es necesario que el utilizado para blanquear resida efectivamente en el país: ¿quién no tiene un tío italiano que usar a esos fines, de apellido Macri o Calcaterra ponéle? 

El decreto además exime de impuestos a las transferencias de esos bienes del poseedor, depositario o titular registral al declarante en el blanqueo, sin que quede claro de donde saca el Poder Ejecutivo atribuciones para disponerlo, y que pasa por ejemplo si esas transferencias deben pagar algún impuesto provincial. 

En el caso de que lo que se blanquee sean tenencias en moneda o divisas (artículo 39 de la ley) no rige la condición de tener todo regularizado al vencimiento de la declaración jurada de Ganancias para el 2017, bajo apercibimiento de perder los beneficios del régimen; creando así en el reglamento un distingo en el trato que no contempla la ley.

El mismo artículo 39 de la ley establece que: “Las personas humanas o sucesiones indivisas podrán optar, por única vez, por declarar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo su CUIT personal, las tenencias de moneda y bienes que figuren como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio les correspondiere al 31 de diciembre de 2015, inclusive.” (las negritas son nuestras). El reglamento corre la fecha a la de la promulgación de la ley, que fue el viernes pasado, o sea permite "blanquear" movimientos no declarados con divisas producidos en estos meses de eliminación total de los controles a los flujos de divisas y capitales.

Lo mismo pasa con la condonación del impuesto especial por blanquear que la ley establece para los que suscriban los bonos públicos para inversiones que crea: el decreto los exime del doble del impuesto que les hubiera correspondido pagar, creándoles una especie de "crédito fiscal" por blanquear.

El decreto establece que la nómina de cargos públicos cuyos titulares a partir del 1° de enero del 2010 no pueden entrar al blanqueo (artículo 82) es de interpretación restrictiva, lo que supone que cualquier duda respecto a otros funcionarios o ex funcionarios públicos que puedan desempeñar funciones similares a la de los nombrados, debe resolverse permiténdoles entrar al blanqueo. El decreto aclara además que los funcionarios y sus parientes mencionados en el artículo 83 pueden acceder a otros beneficios de la ley, como por ejemplo la moratoria o al reajuste de haberes previsionales. ¿Habrá muchos morosos en el gabinete?

El decreto establece que para quedar afuera de la posibilidad de blanquear tener “proceso penal en trámite” por los delitos que enumera la ley en su artículo 84, es necesario que por lo menos el aqente fiscal haya prompovido la acción, o por lo menos ordenado medidas para impulsarla. Lo que supone que alguien denunciado por alguno de los delitos mencionados en la norma (los de los artículos 303 y 306 del Código Penal) pero nunca perseguido por la justicia, puede entrar al blanqueo; como por ejemplo todos los implicados en la denuncia de Hernán Arbizu por lavado de dinero, dado que el fiscal Marijuán no movió nunca el expediente, ni requirió diligencia alguna.

El recorte de atribuciones a la UIF ya fue analizado en otra entrada, pero vale la pena volver sobre el tema. El artículo 88 de la ley dice lo siguiente: “No habrá ninguna limitación en el marco del presente régimen a la capacidad actual del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas que pudiesen encuadrar en los artículos 303 y 306 del Código Penal. La Unidad de Información Financiera podrá, a su discreción, comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación.

El reglamento prevé que la facultad de la UIF de comunicar la información "...sólo podrá ejercerse previa resolución fundada del Presidente de la Unidad de Información Financiera y siempre que concurran indicios graves, precisos y concordantes de; (i) la comisión del delito tipificado en el Artículo 303 del Código Penal mediante activos provenientes de los delitos enumerados en el párrafo 1 incisos a), b), c), f), g) y k) del Artículo 6° de la Ley N° 25.246...", o sea una vez terminada su labor y solo cuando compruebe que se está ante un caso de lavado de activos, salvo que sospeche financiación del terrorismo, en que debe hacerlo de forma inmediata. ¿Consultarán con Pato Bullrich antes de proceder en uno u otro sentido?

Pero lo más importante es que el reglamento garantiza la total protección de los evasores, de toda posibilidad de ser perseguidos por lavado de dinero: establece que la UIF no puede trasladar información a otros organismos del Estado (AFIP, CNV, Banco Central) por hechos que estén tipificados por la ley penal tributaria, el régimen penal cambiario o la legislación aduanera; y entre los delitos del Código Penal a los que remite no se encuentra ninguno de los que podríamos denominar "de corrupción en la Administración Pública", o cometidos en su perjuicio.  

O sea en términos prácticos, casi nunca la UIF va a comunicar nada sospechoso proveniente del blanqueo; por no decir que va en sentido contrario de la reforma del Código Penal introducida en el 2011 por la Ley 26.683, para considerar al lavado como un delito autónomo que no exige probar el delito precedente.