LA FRASE

LA FRASE: "YO NO TUVE NADA QUE VER CON EL INCENDIO EN EL 13 Y TN, LO MÍO ES EL HUMO, NO EL FUEGO." (JORGE LANATA)

domingo, 7 de febrero de 2016

"QUEREMOS QUE A MACRI LE VAYA BIEN"


sábado, 6 de febrero de 2016

MORENO EN SANTA FE


Tal como estaba anunciado pasó por Santa Fe el compañero Guillermo Moreno, en su recorrida por todo el país promoviendo las afiliaciones al PJ de cara a las elecciones internas del 8 de mayo; y en el marco del lanzamiento de "La Néstor Kirchner", la agrupación nacional que está conformando.

Hecho que -dicho sea de paso- ni fue siquiera mencionado por el compañero en su discurso, porque optó por priorizar la lectura política de la realidad nacional y del peronismo, y la convocatoria a la militancia a afiliar y afiliarse para dar la pelea por el PJ, frente a los que quieren convertirlo en el furgón de cola del macrismo.

La concurrencia colmó la expectativas en un auditorio del SADOP desbordado de gente que salía hasta la calle, que fue cortada. Un sábado de verano en Santa Fe y con un calor a tono, no muchos podrían haberlo lograsdo. Moreno lo hizo.


Como tampoco muchos se animan a dar la cara frente a la militancia y debatir mano a mano, exponiéndose a las inquietudes y preguntas de los compañeros. Moreno también lo hizo.

Y cuando terminó la charla y el debate, aceptó gustoso posar por más de una hora para la foto con los compañeros y compañeras, incluidos nosotros:


Pero lo más importante del paso de Moreno por Santa Fe fue su discurso, que además de levantar a la militancia reunida (jóvenes y no tanto) brindó un panorama bastante claro de la disyuntiva que se le plantea al peronismo de ahora en más. Como siempre, "polémico": tómelo o déjelo, pero nunca intrascendente, o sin compromiso.

Acá abajo van los audios (gentileza de los compañeros de Solar de Radio) con la presentación de Maximiliano Ahumada, la participación de Ider Peretti (presidente de la CGE) y finalmente, del propio Moreno:

EL APORTE PATRIÓTICO DEL CAMPO


Las imágenes que ilustran el post están sacados de los cuadros del presupuesto provincial 2016 en los que se exponen las cifras esperadas de recaudación de los diferentes impuestos provinciales, y de los que provienen de la coparticipación federal. La primera refiere a los que van directo a Rentas Generales, y la segunda a la parte que tiene alguna afectación específica.

Como ven, Ganancias (en sus diferentes afectaciones), IVA (nacionales ambos) e Ingresos Brutos (provincial) se llevan la mayor parte; siendo el primero directo (grava las manifestaciones de riqueza o capacidad económica), e indirectos los otros dos (vinculados al consumo, el nivel de actividad y también la inflación).

Entre otros impuestos directos aparecen la Patente Automotor (provincial) y Bienes Personales (nacional), al igual que el Inmobiliario, que se divide a su vez en Urbano y Rural.

En éste último caso hay un 50 % del producido de la recaudación que se destina a los municipios y comunas porque así lo dispone la Constitución de la provincia; porcentaje que en el caso de la Patente alcanza al 90 % (la provincia solo se queda con el 10 %). Ese 50 % es el que exponen los cuadros como recurso, porque la otra mitad para la provincia es un "gasto": la coparticipación a municipios y comunas.

Recordemos que el campo no paga en Santa Fe Ingresos Brutos (está exento desde 1992), sus contratos están casi todos exentos de Sellos y tampoco paga Bienes Personales por los campos en sí, porque el impuesto exime a los bienes "afectados a actividades productivas".

En consecuencia "el" impuesto que paga es Inmobiliario, del cual la provincia espera obtener $ 864.344.000 este año, en un un presupuesto votado por la Legislatura que prevé $ 103.668.618.000 de recursos totales. Y recordemos también que los avalúos fiscales están sin tocarse desde 1993. 

Lo que supone que el campo le aporta a Santa Fe apenas el 0,83 % de los recursos de su presupuesto, o un poco más si se considera la parte de Ganancias que corresponda a la actividad, que no se puede discriminar con éstas cifras.

Cuando apenas asumido el gobierno de Macri eliminó las retenciones a los productos de las economías regionales y a las producciones alternativas a la soja, y redujo las de ésta en cinco puntos, los voceros del sector (el propio Macri incluso) dijeron que lo iban a compensar con un mayor nivel de actividad, pagando otros impuestos; en teoría más justos.

Como los números lo demuestran, hay un amplísimo campo de reformas tributarias para encarar en las provincias, para que esas promesas se empiecen a hacer realidad. 

Habrá que ver si se animan o los dejan, o si vuelven los tractorazos.


GENTE QUE NECESITA UN APUNTADOR, Y GENTE QUE NO

  
Al parecer hay un grupo de actores y actrices descontentos con la nueva ley que ampara sus derechos, sancionada por el Congreso a fines del año paso. Al respecto leemos: “En nuestro carácter de actores, actrices y directores, nos manifestamos absolutamente de acuerdo con el reconocimiento a favor de nuestra profesión en carácter de trabajadores con derecho al acceso a sistemas de salud, asignaciones familiares, desempleo, riesgo de trabajo y el derecho indispensable a contar con nuestra jubilación, al igual que otros trabajadores.
De la misma manera, valoraríamos que en todo momento se contemple la particularidad de la prestación de nuestra tarea, por lo que consideramos que la nueva Ley del Actor no representa las reales necesidades de los actores trabajadores argentinos.
Si bien entendemos que la nueva Ley significa un avance a favor de gran parte del colectivo de actores y actrices argentinos, advertimos que puede resultar perjudicial para otros tantos, como así también, configurar situaciones de enorme precariedad respecto a su alcance al no considerar las especiales características que se dan en torno a la actividad artística, en todas sus dimensiones y ramas en las cuales nos desenvolvemos.
Parte de esta preocupación se basa en la inminente disminución de salarios a los que se verán afectados la gran mayoría de los actores-trabajadores a partir de los aportes que establece la Ley y que no consideran un tratamiento especial a raíz de la discontinuidad de la actividad. Asimismo, existe inquietud respecto de cómo afecta la nueva normativa al desarrollo del teatro independiente, ámbito que queda en situación poco clara y, por ende, se abre una potencial contingencia a solventar por pequeñas salas y compañías artísticas que también integramos como actores. (las negritas son nuestras)
La Ley 27.203 (a la que se refiere el reclamo) fue sancionada a fines del año pasado por unanimidad en ambas Cámaras, es decir sin votos en contra; en base a un proyecto enviado por Cristina a pedido de la Asociación Argentina de Actores, es decir el sindicato que nuclea a buena parte de los trabajadores del sector.

Del comunicado de éste grupo de actores y actrices que se oponen a ella o piden cambios, surge que están de acuerdo con gozar de los beneficios de la Ley (asignaciones familiares, cobertura de salud y por accidente de trabajo, jubilación) pero no pagar los costos: es obvio que cualquier proceso de “blanqueo” salarial conlleva que el empleador empiece a hacer la contribución patronal por su nómina, pero que también los trabajadores sufran en sus sueldo un descuento, que se destina a solventar el pago de las jubilaciones actuales, y a posibilitarles a ellos mismo jubilarse en el futuro: así funciona el sistema intergeneracional de reparto. A menos que lo que estén reclamando es una jubilación de privilegio, o sea sin aportes.

Pero lo más llamativo es que digan que la nueva ley no contempla las particularidades de la actividad (sometida a períodos prolongados de inactividad no imputables al trabajador), no sólo porque fue propuesta por su sindicato, sino por que expresamente contempla esas particularidades.

Así por ejemplo en su artículo 11 que a la hora de determinar los aportes y contribuciones a la seguridad social toma en cuenta “las remuneraciones imponibles devengadas” (si no cobran, no deben hacer aportes), porque sus servicios son expresamente caracterizados por la ley como discontinuos a esos fines (artículo 12) porque se prestan “en forma alternada o intermitente durante todo el año calendario, con diferentes empleadores”.

Y por la misma razón, a los efectos de acreditar los servicios con aportes para jubilarse, el artículo 13 de la ley computa un (1) año de servicios, siempre que durante el mismo cuenten con al menos cuatro (4) meses de trabajo efectivo, o su equivalente en ciento veinte (120) jornadas efectivas de trabajo anual; sean continuos o discontinuos, siempre que se les hayan pagado los sueldos, y efectuado por ellos los aportes respectivos.

Y de acuerdo al mismo artículo, cuando los servicios acreditados fueran menores se bonifican en función de los aportes realizados y se considera como remuneración del período un promedio de las remuneraciones sujetas al aporte de ley dividido por el importe del aporte mensual que corresponda al Salario Mínimo, Vital y Móvil; al cual la remuneración no puede ser nunca inferior.

Siempre dentro del reconocimiento de las particularidades de la actividad, la ley faculta al Poder Ejecutivo (artículo 13) a disponer como se financia la cobertura de salud por los períodos en los que no se ingresen aportes y contribuciones (porque no tienen trabajo) y a determinar las condiciones bajo las cuáles se les otorga la cobertura de ART (artículo 15), pudiendo gozar incluso de alícuotas diferenciales de aportes. En paralelo, el artículo 14 faculta a la ANSES a establecer las normas sobre reconocimiento y cómputo de servicios.

A los fines jubilatorios, la ley permite en su artículo 18 que los actores y actrices puedan acreditar los servicios anteriores a su entrada en vigencia por todos los medios probatorios que fije la reglamentación, y condona los intereses resarcitorios y punitorios devengados por la falta de aportes; o las multas impuestas por la misma causal.

Más allá de que es imposible disociar el reclamo de las presiones de las cámaras empresariales del sector para tumbar la ley (por algo parece encabezándolo nada menos que Adrián Suar, que está de los dos lados del mostrador y algunos de los firmantes se identifican como "directores"), el reclamo por la situación del teatro independiente, tiene que ver con que en esos casos algunos actores son patrones de otros, y sea que tengan o no fines de lucro, si los hacen trabajar, les tienen que reconocer los derechos que de ellos se derivan. Así lo establece claramente el artículo 3 de la ley.

Y si no, ver acá el repaso de los "perjuicios" que ocasionaría la nueva ley: la gran mayoría son vistos con los ojos de la patronal, que a veces -como se dijo- también son los propios actores o actrices, que están de los dos lados del mostrador. Lo que sí se advierte (en todos los "protestantes") es una enorme resistencia a blanquear ingresos.

Lo que no queda para nada claro (atento, reiteramos, al altísimo grado de consenso que tuvo la ley al ser sancionada) es quiénes serían los “otros tantos” actores y actrices que se verían perjudicados con ella. Sobre todo cuando la inmensa mayoría de sus colegas la respalda, y le pide al gobierno su urgente reglamentación y puesta en práctica, "sin alterar su contenido de fondo y en total acuerdo con lo votado en el Parlamento.": ver acá.

¿Esta gente necesitará un apuntador porque tiene problemas con el libreto?



viernes, 5 de febrero de 2016

VIENE EL NAPIA


LA EXPECTATIVA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE. LO PRIMERO SON LOS PUESTOS DE TRABAJO


Corral está a pleno lanzado ya en su campaña para gobernador en el 2019, de la mano del presidente Mau. Tanto que casi no le queda tiempo para ocuparse de las cuestiones de la ciudad, como por ejemplo las más de 600 personas que siguen evacuadas por la creciente.

Ahora anduvo de gira por San Carlos Centro y zona de la mano de dos correligionarios de la UCR: el agrogarca entrerriano De Benedetti (uno de los ex agrodiputados de célebre paso por el Congreso, cuando la UCR le alquiló las listas a la Mesa de Enlace) hoy director de Banco Nación, y el no menos celebérrimo Placenzotti, de recordado paso por Vialidad Provincial en la gestión de Binner. (Una preguntonta al pasar: ¿qué hace esta noticia publicada en el portal oficial de la Municipalidad de Santa Fe?)

Y se manifestó muy optimista sobre las posibilidades de "despegue productivo" del país, poniendo como ejemplo a la fábrica Lerithier, que da trabajo a 500 empleados. ¿Creerá que "despegaron" recién ahora y crearon todos esos puestos de trabajo en los casi dos meses de gestión de Macri, no habrán tenido algo que ver las políticas del gobierno anterior de aliento al consumo y al mercado interno?

Como sea, la semana pasada Corral tuvo que "despegar" para Buenos Aires para hablar con Isela Costantini, la brasileña que Macri hizo nacionalizar argentina para que se pudiera hacer cargo de Aerolíneas Argentinas; a pedirle que haya más "despegues" de vuelos para la región, porque se perdieron los que hacía (por convenio con la aerolínea de bandera) Sol Líneas Aéreas, como consecuencia de la decisión de la nueva conducción de Aerolíneas de rescindirlo); que puso en serio riesgo 300 puestos de trabajo de empleados primero despedidos, y luego reincorporados; pero en la cuerda floja.

Va a estar complicada la gestión, porque con la política de "liberación de precios" que acaba de decidir Macri, las aerolíneas se concentrarán exclusivamente en los tramos más rentables; y ya anticipó Costantini que su meta es lograr el "déficit cero" en Aerolíneas. Pero las expectativas son lo último que se pierde.

Y ya que está lanzado a recorrer la provincia y se ha ofrecido a "mediar" y oficiar como "gestor" entre la provincia y el gobierno nacional (hola, Lifschitz) también podría ocuparse del caso de los 152 trabajadores despedidos de la curtiembre SADESA en Las Toscas, porque según explican los industriales del sector "...de poco sirve ese aliciente (la eliminación del 5 % de retenciones a las exportaciones industriales, aclaramos)  luego de que bajaran el doble (10 puntos porcentuales) las retenciones al cuero crudo, que ahora a los ganaderos les conviene vender afuera. Es lo que llevó al cierre de la curtiembre de SADESA en Las Toscas, donde 150 operarios quedaron en la calle, y lo que se cierne como una espada de Damocles sobre todas sus competidoras.". Que "despegue" rápido, porque hay muchas otras curtiembres en Santa Fe que corren el mismo riesgo que SADESA.

Y ya que está podría ver si puede hacer algo para evitar el cierre de la fábrica de pastas Galletti en Candiotti (acá, al lado de la ciudad), donde corren riesgo otros 40 puestos de trabajo.

Riesgo que -aunque no lo digan acá en el portal de la radio de la UNL ni tampoco en el ¿ex portal? del ahora funcionario provincial "Coni" Cherep, está directamente vinculado al encarecimiento de los costos del trigo y la harina, por la eliminación de las retenciones, la devaluación y la apertura irrestricta de las exportaciones que decidió "su" gobierno, o sea el de Macri.

NO CONFUNDIR EL JABÓN CON EL HILO, AUNQUE LOS DOS SEAN PARA LA ROPA


El ministro Prat Gay fue al supermercado, y se sorprendió por los precios del asado. Tanto que anunció que dará intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Dejemos de lado que nos quiere hacer creer que es "un hombre común, como cualquiera", que compra asado en el súper y pide dos pizzas, al menos hasta el tarifazo. Y dejemos también de lado que en ningún momento se le haya ocurrido asociar los aumentos de la carne con las medidas que tomó su gobierno: devaluación (anunciada y luego concretada), eliminación de retenciones a las exportaciones de carne, y apertura total de éstas, sin previo cupo para el mercado interno. Analicemos lo de Defensa de la Competencia.

La Comisión es la autoridad de aplicación de la Ley 25.156, cuyo artículo 1º dice: "Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general." (las negritas son nuestras) 

Luego el artículo 2º enumera en sus distintos incisos las prácticas restrictivas de la competencia:  "Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto; Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento; Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos; Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste; Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra o de venta de bienes, de prestación de servicios o de producción; Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución; Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien; Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero; Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales; Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate; Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o servicios."

Y el artículo 4 nos dice cuando hay abuso de posición dominante: "A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en perjuicio de éstos." (las negritas son nuestras)

¿Podemos decir con certeza que el aumento de la carne obedece a cualquiera de esas situaciones, de manera que se trate de un problema de "cartelización" o distorsión de la competencia? ¿Se ponen de acuerdo los carniceros y los supermercados par5a aumentarla? Parece raro. 

Sin embargo, hay otra ley que el ministro no mencionó, que es la Ley 20.680, que dice en su  artículo 1: "La presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional— que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la poblaciónEl ámbito de aplicación de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directamente o indirectamente a los mismos." (las negritas son nuestras) 

Esa ley establece en su artículo artículo 4 lo siguiente (en la parte que acá interesa): "Serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo 5° y, en su caso, en el artículo 6°, quienes:

a) Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;

d) Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;

h) No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo, la producción de mercaderías y prestación de servicios con niveles de precios máximos y mínimos, o márgenes de utilidad fijados, salvo los eximentes justificados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias propias de cada caso;"

El artículo 3º nos dice lo que puede hacer en esos casos la autoridad de aplicación: 

a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas;

b) Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción, a excepción de las cuestiones relativas a infracciones a los deberes formales previstos en la ley 11.683, t. o. 1998, y sus modificaciones;

e) Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; dicha información tendrá carácter reservado y confidencial, y será de uso exclusivo en el marco de las competencias asignadas a la autoridad de aplicación.

Asimismo, podrá requerir información sobre los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta;" (siempre las negritas son nuestras)

El ministro no puede desconocer la existencia de esa ley, porque la autoridad de aplicación corresponde a la órbita de su ministerio: es la Secretaría de Comercio Interior, y la ley es la "polémica" Ley de Abastecimiento; modificada en un recordado debate legislativo en el 2014 por la Ley 26.991, que pasó a denominarla "Ley de regulación de las relaciones de la producción y el consumo". Parece que tuviera algo más que ver con los aumentos de la carne y otros producto de la canasta familiar ¿no?

Claro que si uno dijo en campaña que la iba a derogar porque "no comparte su filosofía" y está en contra de los controles de precios y todo eso (ver video del final), y luego designa al frente de la Secretaría de Comercio a un miembro de la familia dueña de la cadena de supermercados "La Anónima", y como consecuencia de eso deroga las normas que les exigían a las empresas presentarle al Estado información sobre la conformación y evolución de sus costos para justificar los aumentos de precios, no se le puede pedir que la aplique para combatir la inflación. Y quizás -simplemente quizás- haber sacado la carne del listado de "Precios Cuidados", algo haya tenido que ver.

Por supuesto que si Prat Gay quiere aplicar a fondo la Ley de Defensa de la Competencia allí donde existen claros abusos de posición dominante y prácticas restrictivas de la competencia (como en el acero con Techint, en el aluminio con Aluar, las cementeras y otros insumos difundidos), no nos vamos a oponer. Ni hablar si se decide a hacerlo en el caso del papel para diarios. 

Pero como decía Panigazzi, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa; o como dice el dicho popular: tanto el jabón como el hilo son para la ropa, pero no son lo mismo, ni cumplen la misma función. 

Entre los aumentos de precios que le preocupan, también mencionó Prat Gay lo de los medicamentos. Su gobierna está haciendo tratativas para ingresar a la OCDE y -más sigilosamente, porque depende de acuerdos en el Mercosur- por suscribir los TTP que propicia Estados Unidos.

¿Ignora acaso que esos ámbitos exigen a los países miembros el respeto irrestricto de las "patentes medicinales", y les imponen derogar las leyes (como la que tiene la Argentina) que obligan a prescribir los medicamentos por la droga genérica o principio activo que contienen, y no por su denominación comercial?