LA FRASE

LA FRASE: "LO DE COMBATIR EL NARCOTRÁFICO CON GLOBOS ES BRILLANTE, OJALÁ SE ME HUBIERA OCURRIDO A MÍ EN PLENA CAMPAÑA." (JAIME DURÁN BARBA)

sábado, 2 de julio de 2016

UNA MOSCA BLANCA EN EL PODER JUDICIAL


Para que no se diga que metemos a todos en la misma bolsa, desde acá nos permitimos destacar este enorme escopetazo para el lado de la justicia: el juez Osvaldo Rappa procesó y embargó a 20 ejecutivos del banco BNP Paribás, trabándoles embargos sobre sus bienes por valor de 12.000 millones de pesos, en una causa por operar una "cueva" financiera en el microcentro porteño, a través de la cual se fugaron del país más de 1000 millones de dólares: unos 110 José López, más o menos.

Pese a lo cual no es noticia de tapa, ni mucho menos, ni ocupa a los programas de "periodismo de investigación". Hay que reconocer que el juez nada contra la corriente, y aparece como una mosca blanca dentro de la corporación: destaca en su resolución el trabajo de la PROCELAC a cargo de Carlos Gonella (el fiscal perseguido por pertenecer a Justicia Legítima), y en su trabajo investigativo junto a ese organismo lograron determinar que por medio del banco lograron fugar dólares del país importantes empresarios, algunos sindicalistas, un alto funcionario de la AFIP y hasta un juez.

Pero lo más relevante es que se metió con los ejecutivos del banco, por haber organizado y montado la "cueva" y la plataforma financiera para que los fugadores pudieran lograr su propósito.

Mientras el juez procesaba a los directivos del BNP Paribás, el gobierno de Macri acaba de permitirles a los bancos incrementar hasta un 15 % de su patrimonio sus tenencias en dólares y activos dolarizados, lo que está empujando la demanda del billete verde, y forzando al Banco Centrla a quemar reservas para contenerla, demostrando que detrás de todo -como siempre ocurre- están los bancos, los grandes ganadores de un primer semestre lleno de perdedores.

La operatoria develada en la causa es la mejor explicación de la ofensiva contra lo que se dio en llamar el "cepo cambiario", que no tiene precisamente que ver con agilizar el acceso a las divisas de los diferentes sectores de la economía con fines productivos, ni mucho menos.

El fallo contrasta con la inminente apertura de un nuevo blanqueo de capitales que beneficiará a los grandes fugadores de siempre; que para peor en éste caso no tendrán la obligación de traer de nuevo las divisas fugadas al país.

Y ni que decir que contrasta con la decisión del Banco Central comandado por Sturzenegger de desmantelar todas sus áreas dedicadas a la prevención de fraudes cambiarias y lavado de dinero, y de archivar más de 100.000 sumarios por infracciones a la Ley 19.359 (ley penal cambiaria) iniciados contra bancos y "cuevas" financieras de la city, muy posiblemente incluyendo entre ellas al propio BNP Paribás.

En la investigación la PROCELAC logró demostrar además que el banco proveyó a sus clientes de un "instructivo" para operar "productos off shore": cualquier semejanza con los Panamá paper´s y la matrioshka de sociedades pantallas de la familia presidencial, sería pura casualidad.

Ni que hablar si contrastamos esta decisión con la absolutas inacción del juzgado a cargo de la causa por las 4040 cuentas no declaradas en la filial suiza del HSBC, y la decisión de otros jueces de reponer en su cargo como CEO de la filial local del banco a Martino, el hoy asesor presidencial desplazado por la anterior conducción del BCRA por lo mismo que ahora llevó al procesamiento de los directivos del BNP Paribás: proveer una plataforma financiera a sus clientes para fugar capitales del país.

Lo lamentable es que nos permitimos no ser demasiado optimistas sobre la subsistencia de la resolución de Rappa en otras instancias judiciales, a las que previsiblemente apelarán los procesados: el hombre es un mal ejemplo para la corporación judicial, una auténtica mosca blanca que los deja en evidencia. Ojalá nos equivoquemos.

viernes, 1 de julio de 2016

"SI NO PODEMOS DARLES PAN, DÉMOSLES PRESOS", VERSIÓN RELOADED


UN EJEMPLO DE ACÁ CERCA DE COMO FUNCIONA LA PATRIA CONTRATISTA


Ahora que a raíz de los casos López y Lázaro Báez algunas almas bellas han descubierto que existe algo llamado "patria contratista" que lucra con la obra pública (aunque tengamos un presidente cuya fortuna familiar tenga ese origen), nos pareció propicio ilustrar como funciona con un ejemplo práctico, pero que tuviéramos cercano acá a la mano en Santa Fe. Que los hay, como no.

Y el ejemplo elegido (como pasa con todo representante de la patria contratista que se precie) atraviesa los gobiernos y los colores políticos: es la empresa Dycasa, beneficiada por el gobierno de Reutemann con la concesión por 15 años de la autopista Santa Fe-Rosario, a través del Decreto 2719 de 1994; de modo que cuando Hermes Binner llegó al gobierno en diciembre de 2007 aun estaba a cargo de la concesión, a través de AUFE, la sociedad que tuvo que conformar para explotarla.

En agosto del 2008 Binner dictó el Decreto 2049 por el cual se “readecuaba” la concesión,, aumentando el monto del peaje un 38 % de un saque y disminuyendo correlativamente las obligaciones de inversión en obras que la concesionaria tenía que hacer; para "recomponer la ecuación económica de la concesión", según se dijo entonces. Además por el mismo decreto se prorrogó de hecho la concesión hasta bien entrado el 2010, cuando había pasado más de un año del vencimiento.

En el mismo gobierno de Binner se le adjudicó a Dycasa la obra de la primera etapa del Cemafe, a través del Decreto 1664 de septiembre del 2010. La obra tenía un plazo de ejecución de 450 días corridos, es decir que debió haber estado finalizada más o menos para fines de noviembre del 2011; y la oferta adjudicada era de $ 42.375.274,19.

Sin embargo veíamos acá que recién hacia noviembre del 2014 (o sea, tres años más tarde de lo previsto) se pudo terminar esa primera etapa, pero a un costo que se había disparado a $ 117.061.091,83 (un 176,22 % de aumento del presupuesto oficial); a fuerza de “adicionales de obra; “trabajos extracontractuales”, “redeterminaciones de precios” y otras yerbas.

Ya en el gobierno de Bonfatti y en el marco del donminado “Plan Abre” (ver al respecto acá, de que se trata), en diciembre del 2014 se le adjudicaron a Dycasa dos obras más: 134 “soluciones habitacionales” en parque Avellaneda oeste de Rosario (por el Decreto 5128) y otras 148 “soluciones” más, en el mismo lugar (por el Decreto 5129).

La primera obra tenía un presupuesto oficial de $ 64.854.243,10, y le fue adjudicada a Dycasa por $ 75.213.474,51 (o sea un 15,97 % más cara); y la segunda contaba con un presupuesto de $ 71.479.300,88, y la empresa la cotizó a $ 82.967.362,44, es decir un 16,07 % por encima del presupuesto oficial (¿el famoso “Movicom” de Méndez?).

Ambas tenía un plazo de ejecución de 12 meses, con lo cual a diciembre del año pasado las 282 “soluciones habitacionales” tendrían que haber estado terminadas. Pero sin embargo tampoco en éste caso sucedió lo previsto en los pliegos.

En el caso de las primeras 134 “soluciones habitacionales”, en noviembre del 2015 (últimos días del gobierno de Bonfatti) hubo una primera “redeterminación de precios” a través del Decreto 4297, luego otra casi simultánea (por Decreto 4299) y en junio de éste año (es decir, seis meses más tarde del plazo original de finalización de las obras) hubo dos más, a través de los Decretos 1445 y 1446.

Como consecuencia de las cuatro “redeterminaciones de precios” las 134 “soluciones habitacionales” aun no finalizadas pasaron a costar $ 103.541.154,13, o lo que es lo mismo, un 37,66 % más que el contrato original y un 59,65 % más que el presupuesto oficial; en 18 meses.

Algo parecido ocurrió con las restantes 148 “soluciones habitacionales”: entre diciembre del 2014 y junio de éste año el contrato tuvo un adicional de obra (Decreto 1203 de abril de éste año) y cuatro “redeterminaciones de precios”: Decretos 4295 y 4298 del año pasado, y 1443 y 1444 de éste año; los últimos dos ya en el gobierno de Lifschitz.

Como consecuencia, la obra (aun no finalizada, seis meses más tarde del plazo previsto) pasó a costar $ 112.990.060,79, o sea un 36,18 % más cara que la oferta original de Dycasa, y un 58,07 % más que el presupuesto oficial., en un año y medio.

Resumiendo: ambas obras (artificialmente desdobladas además) tuvieron en conjunto un presupuesto oficial de $ 136.333.543,98, fueron adjudicadas a la misma empresa en un total de $ 158.180.836,95 y terminarían costando (al menos por ahora) $ 216.531.214,92.

La diferencia de más de 80 millones de pesos -constatada en solo dos obras públicas adjudicadas a una misma empresa- equivale a cuatro veces el importe del subsidio que el Estado provincial invertirá para que losclubes de barrio de la provincia paguen el 50 % de la tarifa de la luz.

HECHA LA LEY, HECHO EL DECRETO DE TRAMPA


¿Se acuerdan de la llamada "ley de tierras"?: fue la Ley 26.737 sancionada por el Congreso en diciembre del 2011 a poco de iniciado el segundo mandato de Cristina, para establecer límites a la propiedad de tierras rurales en poder de extranjeros en el país.

En el 2012 fue reglamentada por el Decreto 274, y establecía básicamente dos tipos de límites: un porcentaje que es del 15 % como máximo de tierras rurales que pueden estar en manos de extranjeros (sean personas físicas o jurídicas, es decir sociedades o empresas), y una cantidad no mayor de 1000 hectáeras en poder de cada titular de esas tierras dentro de los distritos de lo que se llaman las "zonas núcleo"; que son las de mayor valor productivo. Adicionalmente estableció que los propietarios extranjeros de una misma nacionalidad no pueden superar el 30 % del total de los extranjeros con tierras.

En el Boletín Oficial de ayer salió publicado el Decreto 820 (completo acá siguiendo el enlace) , por el que Macri modificó parcialmente la reglamentación vigente de la ley aprobada en su momento por Cristina a través del mencionado Decreto 274. Y el cambio -como todo en éste gobierno- vino com trampitas, a saber:

1) Personas físicas extranjeras excluidas de los límites a la tenencia de tierras rurales:

El artículo 4 de la Ley 26.737: “Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente ley, las siguientes personas físicas de nacionalidad extranjera: a) Aquellas que cuenten con diez (10) años de residencia continua, permanente y comprobada en el país;”; y la reglamentación de esa norma aprobada por el artículo 4 del Decreto 274/12: “A los efectos de la Ley Nº 26.737, la residencia permanente en el país será acreditada ante el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES mediante la pertinente constancia expedida por la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR, o autoridad que la sustituya en el futuro, de encontrarse comprendidos en los alcances del artículo 22 de la Ley Nº 25.871. A los efectos de que la residencia sea considerada continua, la persona deberá haber permanecido efectivamente en el país un mínimo de NUEVE (9) meses por cada año aniversario a computarse. A tal fin, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, proporcionará la información que requiera la autoridad de aplicación.” (las negritas son nuestras)

El agregado que nosotros resaltamos en negrita fue suprimido por el Decreto 820/16, lo que significa que ya no se le pedirá información a Migraciones sobre los movimientos de una persona entrando y saliendo del país (para corroborar la residencia efectiva en el país), ni se considerará que alguien -siendo extranjero- haya permanecido viviendo efectivamente en el país por lo menos 9 meses de cada año a computarse, para quedar excluido de los límites puestos por la ley a la propiedad de tierras. 

2) Limitaciones a la propiedad en la zona núcleo y equivalentes:

Dice el artículo 10 de Ley 26.737: “Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial. Esa superficie equivalente será determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales previsto en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo a los siguientes parámetros: a) La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren; b) La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación.”. Exactamente lo mismo decía hasta ayer el artículo 10 del Decreto 274/12.

El artículo 10 de la reglamentación modificada por el Decreto 820/16 dice entre otras cuestiones: "El régimen de equivalencias podrá ser modificado por el CONSEJO INTERMINISTERIAL, mediante resolución fundada, atendiendo cambios que pudieran producirse en la calidad de las tierras rurales, al crecimiento de los ejidos urbanos, a tierras rurales que sean complementarias o accesorias a un establecimiento que requiera habilitación industrial, a la implementación de proyectos de interés general o de relevancia local, regional o nacional, a la necesidad y/o conveniencia de compatibilizar las equivalencias fijadas respecto de cada provincia según tipo de explotación, municipio, departamento y provincia, o a otras razones que se consideren pertinentes.” (las negritas son nuestras) 

Con el agregado los criterios para fijar equivalencias en las zonas no comprendidas en la "zona núcleo" al límite de 1000 hectáreas se vuelven más elásticos, si por ejemplo el propietario aduce que las tierras rurales que posee son para implementar "proyectos de interés general o relevancia local, regional o nacional", o por cualquier otra razón. La Patagonia -por decir algo- no está comprendida en la zona núcleo.

3) Prevención del lavado de dinero:

El artículo 12 del Decreto 274/12 terminaba con éste párrafo: “En los casos en que se verifique la existencia de inmuebles rurales en cabeza de las personas comprendidas en el artículo 3º de la Ley Nº 26.737, cuyos titulares no lo hayan informado por medio de la declaración jurada, el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES pondrá en conocimiento de la situación a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), y a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.), a los efectos de que investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones impositivas y de prevención de lavado de dinero relativas a las personas y bienes involucrados. En el caso de que la titularidad corresponda a una persona jurídica, la investigación se extenderá a sus socios, administradores y representantes legales.” (otra vez las negritas son nuestras)

Con el nuevo artículo 12 aprobado por el Decreto 820/16 desaparece todo el párrafo; y en consecuencia la obligación del organismo de aplicación de denunciar esos casos a la AFIP y la UIF para que investiguen si se trata de casos de evasión o lavado de dinero.

4) Derechos adquiridos con anterioridad a la ley:

El artículo 17 de la ley 26.737 establece: “La presente ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación.” (no fue reglamentado, porque no era necesario)

El artículo 8 del Decreto 820/16 dispone lo siguiente: “A los efectos del artículo 17 de la Ley N° 26.737 se establece que las personas extranjeras que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 26.737 fueran titulares de dominio de tierras rurales en exceso de los límites fijados por dicha ley, (i) no estarán obligadas a transmitir dichas tierras rurales en exceso; y (ii) en caso de transmitir tierras rurales de su titularidad adquiridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.737, podrán luego adquirir el equivalente a dichas tierras rurales, en función de los límites establecidos según el tipo de explotación de que se trate, y del municipio, departamento y provincia en que se encontraren.” (siempre las negritas son nuestras)

Una cosa es que la ley respetara los derechos adquiridos con anterioridad a que se dictara (para que no se cuestionara su constitucionalidad por aplicarse retroactivamente), y otra es el derecho al mantenimiento de una determinada situación indefinidamente, pudiendo recomprar tierras por un equivalente al que vendió. 

En los fundamentos del decreto no existe la más mínima mención a fundamento alguno de todos estos cambios, lo que aumenta la sospecha acerca de quienes son sus destinatarios y beneficiarios concretos.

jueves, 30 de junio de 2016

CRISTINA Y UN PAR DE VERDADES

LAS FRASES DEL MES


1. "Estoy confiada en llegar a la secretaría de la ONU porque cuento con apoyos importantes, como el de Paul Singer, Panamá y todos los paraísos fiscales." (Susana Malcorra)

2. "Es al pedo poner a Cormillot en el gobierno para generar políticas contra la obesidad, para eso ya están Aranguren y Prat Gay." (Guillermo Moreno)

3. "Que no se olvide Macri que es presidente por apenas un 2 % de los votos, que se los aporté yo, convenciendo a los indecisos." (Elisa Carrió)

4. "Me sorprendió enterarme que internaron a Macri por un problema cardíaco: siempre pensé que era como Pinocho, de madera y con un corazón de fantasía." (Aníbal Fernández)

5. "Le dije a Mauricio que no trabajara tanto, le están haciendo falta unas vacaciones." (Juliana Awada)

6. "Afortunadamente la "arritmia núcleo" del presidente está cediendo." (Federico Sturzenegger)

7. "Cualquiera se daba cuenta que Macri tenía arritmia, con solo verlo bailar." (Diego Capusotto)

8. "Una pena que Víctor Sueyro ya no esté entre nosotros, para hacerlo grabar un spot sobre la luz al final de túnel." (Jaime Durán Barba)

9. "Sacamos la calefacción de la cárcel donde está Milagro Sala porque andaban todo el tiempo en remera." (Gerardo Morales)

10. "Cuando llegaron los oficiales de justicia a allanar la Oficina Anticorrupción yo me desnudé por completo, para que vieran que no tengo nada que ocultar." (Laura Alonso)

11. "Con esto de que Macri declaró terrenos en Salta por la sexta parte de su superficie se entiende lo del "fideicomiso ciego". (Aníbal Fernández)

12. "Nos parece muy buena la propuesta de Graciela Ocaña de vagones de subte solo para mujeres, pero acá en Santa Fe la vamos a mejorar: habrá colectivos solo para negros, sin distinción de sexos." (José Corral)

13. "Mucha gente tendría que aprender del Papa, que renunció al subsidio del Estado." (Juan José Aranguren)

14. "El hackeo de las boletas de gas y luz lo organizó Fuerza Bruta." (Elisa Carrió)

15. "Uno confía en el país y deja la plata acá, y así le pagan; al final tiene razón Melconián: hay que llevarla afuera." (José López)

16. "El blanqueo no obliga a traer la plata al país para evitarnos espectáculos bochornosos como el de los bolsos con dólares de López." (Alfonso Prat Gay)

17. "Indignados por el bochornoso espectáculo de los bolsos con dinero de López, decidimos acompañar favorablemente el blanqueo de capitales propuesto por el gobierno." (Margarita Stolbizer)

18. "Esperemos que con la detención de José López haya terminado la era de terror de la Triple A." (Hermes Binner"

19. "¿Y si lo ponemos a Massa en el Indec en lugar de Todesca?" (Mauricio Macri)

20. 
"Habría que ver si Perón no mandó a quemar las iglesias en el 55' para hacer desaparecer el botín." (Hernán Lombardi)

21. "En el segundo semestre no tendremos que dar marcha atrás con ninguna medida." (Marcos Peña)

22. "Cuando yo decía que en la política argentina el Papa se comporta como un puntero del conurbano no era para que el gobierno lo tomara al pie de la letra, y lo quisiera comprar con plata." (Alfredo Leuco)

23. "Vengo maravillada de Corea porque aprendí un montón de cosas, como por ejemplo que son dos: una del Este y otra del Oeste." (Gabriela Michetti)

24. "Apoyo la boleta electrónica pero tenemos que tomar medidas para que no alteren la elección los háckers de la Cámpora, como alteraron las boletas del gas y la luz." (Elisa Carrió)

25. "El voto electrónico no resuelve el problema del clientelismo, porque desde que todos los morochos tienen celular y les regalan netbooks, manejan los dedos mejor que cualquiera." (José Cano)

26. "Es cierto que son muchos años esperando salir, pero con lo caro que está todo y lo que salen el gas, la luz y el agua no sé si no me conviene volver a la cárcel." (Ricardo Barreda)

27. "Por el caso Monsanto, Buryaile dice que una empresa no puede estar por encima del Estado; yo creo que no hay que generalizar porque se puede tratar de Clarín, por ejemplo, y ahí la cosa cambia." (Oscar Aguad)

28. "Creo que están dadas todas las condiciones para el lanzamiento de la Superliga, mejor momento no podíamos pedir." (Daniel Angelicci)

29. "Si el gobierno anterior decía que se podía comer con 6 pesos por día ¿por qué yo no lo podría hacer con 8 dólares, en Estados Unidos? (Julio Cobos)

30. "Es verdad que lo invité al rey de España a los festejos del bicentenario de la independencia, pero no para pedirle perdón." (Mauricio Macri)

EL ASALTO AL PALACIO


Leímos acá y acá en El Cronista de ayer que el gobierno acelera su ofensiva para desplazar de su cargo a la Procuradora General Gils Carbó, y algunos jueces federales como Rafecas o Canicoba Corral, que considera “cómplices de la corrupción k”.

En el caso de Gils Carbó, al amparo del caso López lo que busca es acelerar el proyecto de ley modificatoria del Ministerio Público que presentó Garavano (que tuvo seriasobjeciones en el Congreso), a través del cual el mandato del Procurador General (hoy vitalicio como el de los jueces) se reduciría a 4 años. La reforma se aplicaría retroactivamente a Gils Carbó, como consecuencia de lo cual en agosto debería abandonar su cargo, si es que no renuncia antes.

Recordemos que la actual procuradora fue designada con acuerdo del Senado por 63 votos favorables, ninguno en contra y apenas 3 abstenciones, y que tienen inamovilidad en sus funciones “mientras dure su buena conducta” al igual que los jueces; y al igual que ellos solo puede ser removida mediante juicio político.

Precisamente éste mecanismo es el que está intentando activar Carrió en lugar de la ley “a medida para echarla”, acaso para que no le enrostren a “Cambiemos” sus críticas a Néstor Kirchner por el modo en el que se desplazó al procurador Sosa, cuando era gobernador de Santa Cruz. Para promover el juicio político de Gils Carbó se basa en una denuncia de...Marijuan, por la designación presuntamente irregular de fiscales subrogantes.

La procuradora es una piedra en el zapato del gobierno y de lo sectores del poder económico que lo apoyan, desde antes incluso de asumir su cargo: recordemos que siendo fiscal de Cámara fulminó por inconstitucional la ley que Macri le hizo sancionar a la legislatura porteña para que la CABA tuviera su propio registro de sociedades; algo que podría lograr ahora si le traspasan la Inspección General de Justicia, y que le permitiría a la ciudad ser una especie de “Panamá” criollo, con facilidades para la formación y registro de sociedades, con mínimos controles estatales.

También en su momento Gils Carbó se opuso a la homologación del APE (acuerdo preventivo extrajudicial) de Multicanal, a partir del cual se viabilizó su fusión con Cablevisión luego aprobada por el gobierno de Kirchner: una decisión que iba en contra del  gobierno de entonces, pero fundamentalmente de los intereses del grupo Clarín.

Recordemos además que la Procuración General tiene intervención necesaria previa en la mayoría de las causas que se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: de poco le valdría a Macri controlar el tribunal a través de los nuevos jueces, si en causas sensibles para el poder un dictamen previo de Gils Carbó deja en evidencia alguna truchada, aunque luego los cortesanos lo dejen de lado y fallen como necesite el gobierno.

En el caso de los jueces “indeseables” apelarían al método Oarbide: presionarlos con denuncias del oficialismo en el Consejo de la Magistratura para eyectarlos de sus cargos, u obligarlos a renunciar. Lo que demuestra cuan serias son las convicciones “republicanas” de radicales, cívicos y demás miembros de “Cambiemos”: lejos quedaron aquellos tiempos en los que abrazaban al Consejo como el bastión final de defensa de las instituciones, contra “el avasallamiento del kirchnerismo”, llegando incluso a ir a la justicia para impugnar reformas aprobadas por el Congreso a ley que lo reglamenta.

Tan lejos como las palabras de Macri en su discurso inaugural de mandato ante el Congreso, en el sentido de que no necesitaban “jueces macristas”, ni los iban a buscar, y que muy por el contrario iban a garantizarles a los jueces que hagan su trabajo tranquilos, sin interferencia del gobierno.

Muy por el contrario, queda claro hoy que los que no se sumen al “mani pulite” contra el anterior gobierno (el principal objetivo político del gobierno, por momentos el único) corren el riesgo de ver rodar sus cabezas. Si al gobierno realmente le interesara la lucha contra la corrupción, también intentaría desplazar a los jueces o fiscales (como Ercolini o Marijuan) que hacen dormir el sueño de los justos a causas como la de Papel Prensa, las denuncias de Hernán Arbizu por lavado de dinero o la de las 4040 cuentas de la filial suiza del HSBC; o no protegería con los legisladores del oficialismo en el Consejo de la Magistratura a impresentables como Bonadío, el Oyarbide de “Cambiemos”.

No se menciona entre los jueces apuntados a Casanello, que tiene causas urticantes para el PRO como las de las sociedades de Macri en Panamá o la “Time warp”, pero no pasará mucho tiempo antes de que entre en la mira: por ahora prefieren amedrentarlo en el ejemplo de sus colegas, por aquello de las barbas del vecino.

Lo que este operativo de pinzas demuestra es que las promesas de regeneración institucional con las que llegó “Cambiemos” al gobierno van quedando en el camino, como antes pasó con la “pobreza cero”, la “revolución de la alegría” o el segundo semestre: Macri está decidido a tener su propia servilleta de jueces, como en su momento la tuvo Corach; y que al propio Macri tan bien le vino en su hora para que la Corte de los milagros menemista lo hiciera zafar de la causa por el contrabando de autopartes.

Y el operativo funciona con las fuerzas concurrentes de los “prolijos” como Carrió o los “carniceros” como Angelicci o “Pepín” Rodríguez Simón: cuando se trata de subordinar a la política al proyecto político del gobierno (porque a eso y no a un propósito de regeneración moral obedece la cacería judicial de kirchneristas), desaparecen las internas y todos tiran para el mismo lado.

Macri llegó al gobierno reivindicando a Frondizi y va vimos hasta donde llega su “desarrollismo”. Luego inauguró la estatua de Perón, y en estos seis meses nos viene dando muestras sobradas de su sensibilidad social, y su protección de los intereses de los trabajadores y los sectores populares. Esta semana remató su intento de construir su propia “línea histórica” homenajeando a Illia, y pudimos ver (Grindetti, Melconián, Quintana, Aranguren y las propias declaraciones juradas y “fideicomisos ciegos” del presidente mediante) hasta que punto lo tomaron como referencia de honestidad y decencia.

Con esta bliztkrieg con la que pretende tomar por asalto el palacio de los tribunales (de la que es parte esencial la asunción de los dos nuevos miembros de la Corte) y aun a despecho de destrozar la sensibilidad de algunas almas de cristal que lo votaron, nos está demostrando hasta donde llegan sus convicciones republicanas, y su apego a las instituciones.