LA FRASE

"QUE YO ESTÉ ASESORANDO A LA DIPUTADA GRANATA NO TIENE NADA QUE VER CON QUE EN SANTA FE ESTÉN POR IMPLEMENTAR LA TOLERANCIA CERO AL ALCOHOL AL VOLANTE." (PATRICIA BULLRICH)

jueves, 23 de enero de 2020

POR LA VUELTA


Ayer se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 92 (completo acá), por el cual el gobierno modifica el Decreto 457/07 que estableció la paritaria nacional docente, y en su momento fue mutilado por Macri mediante el Decreto 52/18, comentado en ésta entrada.

En ese momento decíamos que el decreto de Macri se desentendía de las obligaciones que, en materia de educación, le impone la Ley 26206 de Educación Nacional, como por ejemplo contribuir al financiamiento del sistema educativo; desaparecía el Ministerio de Trabajo de la Nación cono autoridad encargada de garantizar el funcionamiento de la paritaria nacional docente, las obligaciones de las partes de negociar de buena fe y aportar información necesaria para la discusión, el piso mínimo salarial docente en todo el país se degradaba al vincularlo con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil que el macrismo había decidido hibernar.

Sobre ese cuadro de situación y de acuerdo con los compromisos asumidos por el propio Alberto Fernández con los gremios docentes, el decreto tiene un claro sentido reparatorio: el Estado nacional vuelve a comprometerse con el sistema educativo, el decreto plantea como un eje central de la discusión de la paritaria docente la fijación de un piso salarial mínimo común en todo el país, y las provincias recuperan protagonismo en la discusión a través de la participación del Consejo Federal de Educación.

También resuelve las cuestiones de representatividad de los gremios docentes en la paritaria, que Macri había conflictuado al disponer que fuera un representante por cada gremio o central, sin importar la cantidad de afiliados que tuviera cada uno.

Claro que los cambios no serán exentos de tensiones, sobre todo al interior de la discusión salarial de cada provincia, con sus demás sectores de agentes públicos, pero cabe suponer que volviendo el esquema que funcionó durante los gobiernos de Néstor y Cristina, volverá también el apoyo financiero del gobierno nacional a aquellas provincias que no puedan solventar, con recursos propios, ese piso salarial mínimo que se fije.

Recordemos en tal sentido que Macri, al vaciar de contenido la paritaria nacional docente y finalmente colocarla en estado vegetativo, suprimió el programa de compensación salarial que existía a esos fines en el Ministerio de Educación, como derivado de la Ley 26075 de financiamiento educativo, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Este decreto publicado ayer permite empezar a recorrer el camino inverso, y bienvenido sea. 

miércoles, 22 de enero de 2020

TWEETS POLÉMICOS

UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA


Leemos en El Cronista que sería inminente la firma por Alberto Fernández del decreto que deroga al Decreto 721/16 de Macri que, modificando a su vez uno de Alfonsín, les devolvía a los comandos de las Fuerzas Armadas que éste último les había sacado en los tiempos de la restauración democrática, para producir designaciones en cargos militares de jerarquías intermedias, cambios de destino, bajas y retiros obligatorios, ascensos a suboficiales, licencias y resolución de reclamos contra las sanciones disciplinarias.

El decreto de Macri lo comentamos en su momento en ésta entrada, señalando que "En el caso de los militares el decreto de Macri retrocede peligrosamente en el piso común de nuestra construcción democrática colectiva desde la dictadura, y más allá del signo político de los gobiernos de turno; como ya lo había demostrado al introducir la "ley de derribo" en la emergencia en seguridad, tornando borrosa la frontera entre la defensa nacional y la seguridad interior, y volviendo a comprometer a las fuerzas armadas en ésta última.

Los riesgos de la autonomización de las fuerzas armadas del poder político -de por sí serios en cualquier circunstancia- se agravan cuando se los mira en el contexto de los drásticos cambios que el gobierno está introduciendo en la política exterior y sus alineamientos internacionales; lo que incluye una activa "cooperación" con las agencias de seguridad de los EEUU, desde la DEA al FBI, pasando por el Pentágono y el Comando Sur.".

A casi cuatro años de distancia, huelga decir que la cuestión tiene una acuciante actualidad, tanto que hace poco y a propósito de los acontecimientos de Bolivia, Chile y Ecuador, desarrollábamos en extenso en éste otro posteo la preocupación por el hecho de que los gobiernos democráticos de la región (incluido el nuestro) debían adoptar las diligencias del caso para asegurarse un efectivo control político de sus fuerzas armadas, como elemento de estabilización democrática. 

De confirmarse la noticia, sería un primer e importante paso en la dirección correcta del nuevo gobierno para desandar el camino emprendido por el macrismo en la relación entre el poder democrático y las fuerzas armadas, en un momento crucial. No es casual que Alberto Fernández parezca dispuesto a darlo cuando ha confiado en Agustín Rossi la conducción del Ministerio de Defensa, conociendo lo que piensa el "Chivo" en estos asuntos.

Restarán después, si el decreto se firma, otros que vayan desmontando la estructura jurídica armada por el macrismo para convertir a nuestras Fuerzas Armadas en meros apéndices de la estrategia de política exterior de los Estados Unidos para la región (fuente de muchas de sus convulsiones políticas), y comprometerlas en tareas de seguridad interior, rompiendo en éste aspecto el consenso democrático trabajosamente construido desde 1983.

Así por ejemplo habrá que derogar los Decretos 683 y 703 del 2018, que modificaron el Decreto 727/06 de Neśtor Kirchner, que reglamentaba la Ley 23.554 de Defensa Nacional; y los Decretos 1691/06, 1714/09 y 2645/14 firmados por el propio Néstor y por Cristina en sus dos mandatos, fijando la "Directiva de Defensa Nacional", es decir los roles asignados al instrumento militar de la defensa nacional y sus posibles hipótesis de conflicto, y organización funcional.

Con esos decretos Macri modificó la "Directiva de Defensa Nacional", fijando nuevas hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas, y permitiendo su participación en tareas de seguridad interior. En sus momento ambos decretos de Macri fueron analizados en ésta entrada, y en ésta otra.

Y además el gobierno tendría que derogar la Resolución 1531/19 del Ministerio de Defensa cuando lo conducía (y lo chocaba) Oscar Aguad, por la cual se modificara el organigrama de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, vaciando de contenido y funciones al Estado Mayor Conjunto: ver mas información al respecto, acá.     

O sea, seguir en relación con las Fuerzas Armadas el mismo camino ya iniciado en relación con las fuerzas de seguridad federales, derogando los "protocolos" de la gestión Bullrich; y con la intervención a la AFI para reorganizar los servicios de inteligencia: reconquistar para el poder civil, representado por el gobierno electo por el pueblo, el gobierno pleno de instrumentos que tienden a autonomizarse y seguir su agenda propia, en desmedro de la calidad democrática y el normal funcionamiento de las instituciones.

martes, 21 de enero de 2020

TWEETS POLÉMICOS

BUENOS SÍ, BUENUDOS NO


Todos los días nos enteramos de un nuevo caso de funcionario macrista atrincherado en su cargo, negándose a abandonarlo: el caso de Jorge Macri en la presidencia del BAPRO acaso sea el más difundido, pero no es el único.

Al parecer, lo mismo pasa en la Unidad de Información Financiera (UIF), donde el ex FMI Mariano Federici resiste, y se hace notar: como da cuenta el tuit de apertura, acaba de dictar (con mano muerta, porque está de salida) una resolución prorrogando por seis meses las sanciones contra Hezbollah, organización a la que el gobierno de Macri caratuló como terrorista, algo que ni siquiera hizo la ONU.

La medida, por supuesto, responde a las directivas estratégicas de los verdaderos mandantes de Federici: los gobiernos de los Estados Unidos e Israel, país que en unos días va a visitar Alberto Fernández. Por supuesto que la medida le "allanará" la visita y acaso le evite las previsibles presiones del premier israelí Netanyahu, pero ése no es el punto, o sí.

Cuando el gobierno de Macri -a instancias de la administración Trump- dictó la norma calificando a Hezbollah como una organización terrorista, el entonces candidato y hoy presidente Alberto Fernández la cuestionó, y con razón: no solo significaba apartarse del criterio sentado por las Naciones Unidas, sino hacer tomar partido al país en una disputa ancestral, cuando la Argentina mantiene relaciones diplomáticas, comerciales y culturales pacíficas con todas las partes involucradas; e incluso ha reconocido a los dos Estados: el de Israel (en el gobierno de Perón, siendo uno de los primeros países en hacerlo), y el palestino, en tiempos de Cristina éste último.

La decisión de Macri (refrendada luego por la UIF al imponer las sanciones que ahora prorroga) fue un peligroso exabrupto en un país que ha sufrido en su territorio dos atentados criminales aun no esclarecidos, presuntamente vinculados al conflicto en Oriente Medio.

El gobierno de Alberto comenzó el proceso de nominación del nuevo titular de la UIF; una creación del GAFI, para servir a los propósitos de política exterior de los EEUU, con la excusa de combatir el terrorismo o el lavado de dinero. En ese proceso, la impresentable de Elisa Carrió (agente free lance de la embajada) ha impugnado al propuesto, tras cuatro años de silencio mientras el organismo se convertía en parte central del dispositivo de persecución de los opositores políticos del gobierno de Macri.

En realidad el ahora "autónomo" Federici hizo bastante más que eso: mirar para otro lado mientras se consumaba el mayor blanqueo de capitales de la historia, sin obligación de traer los fondos al país y ampliado por decreto para que entren parientes (presidenciales y de vaya uno a saber cuantos más) que no estaban contemplados en la ley aprobada por el Congreso; y eximir de sanciones a los lavadores (estos sí comprobados) del HBSC, entidad de la que venía su segunda en el organismo, a la sazón sobrina de Macri. 

Sin desconocer que el gobierno debía cumplimentar los procedimientos establecidos en la Ley 25246 para reemplazar a Federici al frente del organismo, nada obstaba a que se le hubiera pedido la renuncia, apenas asumido Alberto; porque de lo contrario pasa lo que pasa: el tipo opera con agenda propia, y se jacta de tomar la decisión sin consultar con el gobierno, como si fuera un Estado dentro de otro, y lo que hace no impactara en la política exterior del país. 

Otro ejemplo de como la diferencia entre ser buenos y ser buenudos es aprovechada del otro lado de la grieta, donde no dan puntada sin hilo. 

lunes, 20 de enero de 2020

TWEETS POLÉMICOS

LAS COSAS POR SU NOMBRE


Decíamos acá hace menos de dos semanas que la conferencia de prensa de la ministra Silvina Frana dando a conocer los datos de las deudas con empresas contratistas de obra pública que dejó el socialismo a la nueva gestión provincial habían pegado en la línea de flotación del relato progresista.

Decíamos también que en la respuesta  esas cifras, hubo una conferencia de los diputados del Frente Progresista (varios de ellos, ex funcionarios del gobierno de Lifschitz) en la cual reconocieron que los números que dio Frana eran exactos, pero ellos tenían "diferencia de interpretaciones" sobre las consecuencias de esas cifras. Textualmente señalamos: "O sea, hicieron una conferencia de prensa en la que empiezan reconociendo que hay deuda, y es la que dice el gobierno que es. Bien: si nos ponemos de acuerdo en eso, podemos pensar en como ponernos de acuerdo en el modo de pagarla, con una ley de emergencia como la que rechazaron, ponéle. Hablando se entiende la gente.

Y finalmente dijimos que "...si por el contrario, empezamos con las "interpretaciones" extrañas y queremos "maquillar" los números mezclando peras con manzanas para que nos den bien, la cosa se complica.". Que es exactamente lo que hace el ex Administrador de Vialidad Provincial Seghezzo, en esta nota de El Litoral; donde empieza diciendo que, cuando Silvina Frana vincula la cancelación de la deuda con las empresas contratistas a la aprobación de la ley de emergencia que el socialismo ya rechazó en la Legislatura, lo que está buscando es "un cheque en blanco para que Perotti maneje la caja, y no tener que pasar por la Legislatura en cuatro años...".

Pues bien, en el proyecto de ley que ellos rechazaron se declaraba la emergencia por dos años, y el Senado recortó ese plazo a un año y medio, de modo que nunca estuvo planteado por el Gobernador no tener que volver a pasar por la Legislatura en cuatro años.

Dice también Seghezzo que el gobierno provincial está incurriendo en un innecesario estiramiento de los pagos de la obra pública, al igual que lo hizo con el cronograma de sueldos de los empleados. Es curioso que estando afuera de la administracion (como ñoqui de la Legislatura, más precisamente) tenga mejor conocimiento de los números de la provincia, que los que la están gobernando. 

Tan curioso como que el diario no le haya pedido una sola cifra para que fundamentara lo que dice antes de publicarlo, o no lo hubiera averiguado por sus propios medios, o preguntándole al actual gobierno. ¿Es mucho pedir que hagan periodismo?

Reconoce Seghezzo que hay pagos pendientes a las empresas contratistas (lo que debería bastar par dar por concluido el tema, y pasar a otro asunto), pero dice que la culpa es de Perotti por no haberse acercado a dialogar con las anteriores autoridades, durante la prolongada transición de seis meses. Para que se entienda: ellos dejaron de pagar las obras públicas y otras obligaciones, incluso antes de las elecciones, pero si Perotti hablaba con ellos antes de asumir, las pagaban.

¿No hubiera sido eso una forma de cogobierno, no hay responsabilidad de ellos en haber abultado la deuda pública con los intereses que estaban y están corriendo, cuando -supuestamente- tenían en sus manos las herramientas para evitarlo y pagar las deudas? ¿O no tenían esas herramientas porque es verdad que dejaron una provincia fundida, aunque ahora lo nieguen? Otra pregunta ausente en la nota, que quedó flotando en el aire porque el diario se limitó a actuar como vocero de prensa del ex funcionario.

Seghezzo compara el monto de la deuda de Vialidad con sus contratistas (unos 1000 millones de pesos) con el tamaño total del presupuesto provincial para éste año, omitiendo decir que las restantes partidas del presupuesto (que armaron y aprobaron ellos, contra los deseos expresos de Perotti) no contemplan fondos para pagar esas deudas, con lo cual no es un problema de montos. Lo mismo vale cuando compara la deuda con el monto de las obras presuntamente terminadas (¿contará la Ruta 1 entre ellas?): bueno sería que las empresas estuvieran reclamando deudas, por obras que no se hicieron.

También menciona que el artículo 53 del presupuesto 2020 (reiteramos: que armaron y aprobaron ellos, contra la voluntad del entonces gobernador electo) le permitiría a Perotti compensar las deudas que la provincia tiene con las empresas contratistas, con la que éstas tienen a su vez con la provincia por impuestos; lo cual amerita al menos dos reflexiones: ese artículo fue incluido recién en el presupuesto de éste año, y no estaba en los anteriores. O sea que el 20 de noviembre del año pasado (cuando lo mandó Lifschitz a la Legislatura) ya estaba sabiendo que le dejaba al nuevo gobierno un choclo de deudas a pagar; cosa que ahora pretenden negar, o minimizar.

Y por otro lado ¿nos está diciendo acaso Seghezzo que las empresas contratistas, a las que la provincia les debe miles de millones de pesos (solo 1000 millones en el ámbito de Vialidad Provincial) le están debiendo una cifra similar a la provincia por impuestos impagos? ¿Y cómo llegamos a eso, que hizo al respecto el socialismo durante 12 años de gobierno, determinó deudas de oficio, las reclamó administrativamente o por vía de apremio judicial, instrumentó planes de pago, o simplemente miró para el costado y dejó que se acumularan las deudas?

Si fuera éste el último caso, y dado que Seghezzo -como todo el socialismo- es suspicaz y ve en todo corrupción, salvo en su gestión "("ni un caso de corrupción", destaca en su descargo), ¿cuál fue la contraprestación de las empresas contratistas por hacer la vista gorda con sus deudas impositivas, aportar para las campañas?

Dice además que en el presupuesto se le dio al nuevo gobierno la autorización para pasar hasta el 40 % de las partidas de gastos de capital, a gastos corrientes. Lo que no dice es que esa atribución no estaba en el proyecto que mandó Lifschitz a la Legislatura, y que no le sirve de nada a Perotti para cancelar las deudas con las empresas contratistas, porque precisamente las obras públicas no son gastos corrientes, sino de capital.  

Lo mismo vale para lo que dice Seghezzo de la autorización contenida en el presupuesto para que el actual gobierno se endeude para hacer obras: fue agregada en la Legislatura a cambio de eliminar el dibujo del presupuesto que hizo Lifschitz incluyendo 22.000 millones de pesos de fondos nacionales que llegarían a la provincia, sin que se supiera cuando y como. Y por otro lado ¿qué tiene que ver endeudarse para hacer nuevas obras, con tener recursos y herramientas para pagar las deudas por obras viejas terminadas o en ejecución, que el socialismo dejó de pagar hace meses?