LA FRASE

"UNA PENA QUE ESTE MUCHACHO JONES HUALA NO SIGUIERA LOS PASOS DE CUMBIO, Y DESPUÉS DE HABER SIDO FLOGGER SE AFILIARA AL PRO Y PASARA A TRABAJAR EN LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND." (MARCOS PEÑA)

miércoles, 20 de septiembre de 2017

LOS VAN A VOLVER A CAGAR


En el primer año de su gobierno Macri pudo conseguir la aprobación de leyes cruciales para su programa de gobierno gracias al apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, y de los legisladores que respondían en ambas Cámaras a los gobernadores de las provincias, en especial los del PJ.

Así pasó con el acuerdo con los fondos buitres, el blanqueo de capitales (que contenía la “reparación histórica” a los jubilados y el desguace del fondo de ANSES) y el régimen de “participación pública-privada”; con el cual el gobierno confiaba -y confía- apuntalar la inversión en infraestructura sin que el Estado tenga que poner plata.

Cada uno de los apoyos brindados al oficialismo fue justificado por los “dadores voluntarios de gobernabilidad” (por usar una expresión que Pichetto sucribiría) con supuestas ventajas o concesiones que conseguían del gobierno nacional, a cambio; cosa que nosotros señalamos acá que demostraba poca astucia de su parte, y muy errados no estuvimos, como se puede comprobar con las discusiones que se están abriendo por estos días a partir del aterrizaje del proyecto de presupuesto 2018 en el Congreso nacional.

Así por ejemplo el acuerdo con los fondos buitres fue visto por muchos gobernadores (incluyendo al nuestro, del “progresismo” sui géneris) como necesario para salir a tomar deuda en los mercados de capitales; proceso que era incluso alentado desde el gobierno nacional, que lo hizo y en abundancia.

Ahora, a la vuelta de la esquina de dos años de endeudamiento desenfrenado, el gobierno impulsa una ley de responsabilidad fiscal que le pone tope al endeudamiento de las provincias, pero también al aumento de su gasto público y en especial del gasto corriente (por ejemplo los salarios), al ritmo de las “metas de inflación”: una formA de transferirles a las provincias parte del peso del ajuste, de la reducción de los salarios reales (objetivo clave del programa de “Cambiemos”) y por ende, del conflicto social.

El apoyo de buena parte de la oposición (peronista y de otros palos, como el socialismo) al blanqueo de capitales y el desguace del fondo de ANSES se justificó en el compromiso del gobierno de Macri de financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales, algo que como se puede ver acá no se está cumpliendo, en gran medida por las razones indicadas en su momento acá: la nación les exige a las provincias “armonizar” sus sistemas previsionales, lo que en buen romance significa un recorte real a las jubilaciones en los haberes base, la tasa de sustitución del salario en actividad y los mecanismos de reajuste.

Tan poco afecto es el gobierno de Macri a cumplir con lo pactado, que ni siquiera tiene pensado cumplir con las deudas a las que está obligado porque así lo manda la justicia; como lo puede comprobar acá el socialismo luego del fallo de la Corte Suprema por el 15 % de la masa precoparticipable que se destinaba a la ANSES.

Cuando los gobernadores armaron un scrum que trascendió las fronteras partidarias (hasta se sumaron algunos oficialistas) para reclamar una mejor coparticipación del impuesto al cheque (cuya eliminación se viene prometiendo desde que fue creado), la respuesta del gobierno nacional es prorrogarlo y destinar el 70 % de su recaudación a la ANSES, para financiar las prestaciones previsionales nacionales; promoviendo así un enfrentamiento provincias versus jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones familiares.

La tan meneada reforma tributaria se vino haciendo en cuotas hasta acá, aumentando el sesgo regresivo de la estructura impositiva, y haciendo que las provincias resignen recursos: disminución de las retenciones a la soja que alimentan el Fondo Federal Solidario para obras de infraestructura (caerán otros cinco puntos a partir de 2018), cambios en Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta que los harán desaparecer progresivamente y se prepara el ajuste por inflación de los balances empresariales, para licuar en parte la carga tributaria por Ganancias.

Por contraste, recursos extraordinarios como el impuesto especial a los que ingresaron al blanqueo o el que se cobraría por el revalúo resultante del ajuste por inflación de los balances, no se coparticipan; y mientras el gobierno vuelve a instalar por su red de medios adictos la idea de las “provincias inviables” que no pueden sostenerse sin ayuda del Estado nacional, la pieza central de la reforma tributaria sería la eliminación de Ingresos Brutos, que representa entre un 70 y un 80 % de la recaudación propia de la mayoría de las provincias.

Pero como si todo esto fuera poco o no hubiera sucedido ni estuviera pasando, sigue la venta de humo: vemos acá como el gobierno sale a vender el “PlanPatagonia”, tan fantasmal y falto de precisiones como su antecesor, el “Plan Belgrano: apenas un conjunto de buenos deseos, a ser financiado eventualmente con el esquema de la “participación pública privada”, que hasta acá viene siendo otro sonoro fracaso; y con muchos proyectos valorizados simbólicamente en un peso, como si se tratara de una mueble viejo amortizado por depreciación en un balance.

Lo mismo ocurre con las obras planteadas en el presupuesto bajo el mismo esquema, o con eventual financiación nacional:, pocas, tirando a nada, y todas destinadas a los gobernadores y provincias del palo; sin lugar siquiera para los opositores“amigables” como Urtubey. Un mensaje claro de Macri que no lo ve el que no quiere: allí donde algunos soñaron con ser personajes principales de un nuevo esquema de reparto del poder en la Argentina, son apenas actores secundarios que y cumplieron su rol útil, y si se confirman algunos resultados de las PASO serán reemplazados por otros más afines.

Y exactamente lo mismo le va pasar a la CGT que vendió paz social y resignación de las protestas a cambio de fondos para las obras sociales (que hoy ya no manejan a través de alguien de su confianza, como al principio) un blanqueo laboral que es una invitación a seguir desfinanciando a futuro la seguridad social, el levantamiento de las intervenciones a algunos sindicatos y el mantenimiento del modelo sindical, entendiendo por tal que el gobierno archive cualquier idea de algo parecido a la “ley Mucci” de Alfonsín; algo que nunca estaría dispuesto a hacer porque correría el riesgo de tener que enfrentar direcciones sindicales más combativas.

¿Será la moneda de cambio de tantos favores algún guiño sindical a la flexibilidad laboral, que de hecho ha empezado en algunos sectores como petroleros, mecánicos y la construcción?

Porque no crean ni uno ni otros (gobernadores, sus espadas en el Congreso, los dirigentes de la CGT) que el gobierno se desviará de sus objetivos, o cumplirá los pactos que cierre: más temprano que tarde los va a cagar como lo vino haciendo hasta ahora, porque está en su naturaleza, como la fábula de la rana y el escorpión; y cuando plantean un ajuste (que de la boca para afuera niegan), es ajuste para todos, pero sobre todo para las provincias.

Porque hay que generar los excedentes que permitan pagar la deuda que alegremente contrajeron todos, que pesa cada día más en las cuentas fiscales de la nación y de las provincias que se endeudaron, y que debe ser honrada para mantener aceitada la rueda del endeudamiento, que es el único elemento estructural que sostiene al modelo de Macri.

Y mientras todo esto sucede frente a sus narices a una velocidad que no parecen estar en condiciones de seguir, muchos están ocupando viendo que hacer con Cristina y como correrla de la cancha para el 2019, siendo como es la única con peso propio que se le planta a Macri, el que se los está fumando en pipa.

martes, 19 de septiembre de 2017

LOS COSTOS DEL CASO MALDONADO


En el Boletín Oficial de hoy salió publicada la Decisión Administrativa 774 del Jefe de Gabinete Marcos Peña (completa acá), por la que se introducen modificaciones al presupuesto nacional de éste año.

Entre ellas y como ven en la imagen de apertura, amplía en 300 millones de pesos la partida destinada a publicidad oficial, para solventar la pauta que el gobierno reparte en medios, portales y redes sociales.

Evidentemente sostener las delirantes hipótesis oficiales sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado y las maniobras para confundir los hechos, tiene sus costos.

LOS SUPERPODERES DE CORRAL: TRANSFORMAN OBRAS EN DEUDAS


El análisis de los datos de la ejecución del presupuesto municipal de éste año hasta el pasado 31 de agosto sigue dejando datos de interés para entender como viene funcionando en la práctica y más allá de los anuncios de campaña la gestión de José Corral

Ya vimos en ésta entrada y en ésta otra lo que pasaba respecto a la llegada de fondos nacionales, y al funcionamiento de las “cajas negras” solventadas con los recursos del programa “Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo; ejemplos ambos que nos permitieron medir la gran distancia que va de los dichos, a los hechos.

De acuerdo con la ordenanza de presupuesto sancionada por el Concejo, la Municipalidad de Sana Fe tiene previsto gastar este año un total de $ 5.069.677.811,00, pero “superpoderes” mediante, Corral elevó esa cifra a $ 5.254.991.275,88.

En los primeros 8 meses del año el gasto total devengado fue de $ 2.857.182.014,52, lo que supone un 56,36 % de lo aprobado en el presupuesto, y un 54,37 % de lo “retocado” por Corral a partir de allí. Proyectando anualmente las cifras, nos daría un porcentaje de ejecución del 84,54 % respecto a lo votado por los concejales, y de un 81,55 % en relación al presupuesto vigente; y aquí surge ya una primera conclusión: o las cifras del presupuesto fueron infladas artificialmente por Corral, o la Municipalidad viene ajustando fuertemente los gastos, o una combinación de ambas cosas.

Veamos lo que pasa con algunas partidas de las que nos hemos ocupado en otras ocasiones (por ejemplo acá) como “Bienes de Uso” y “Servicios de la Deuda y Amortización de Otros Pasivos”. Mientras la primera expresa la inversión municipal en gastos de capital para mejorar la infraestructura (Construcciones y Maquinaria y Equipo, básicamente), la segunda contabiliza la cancelación de deudas contraídas por la municipalidad, por todo concepto.

En “Bienes de Uso” y a partir del proyecto enviado por Corral que hablaba del “plan de obras públicas más ambicioso en la historia de la ciudad” se aprobaron en la ordenanza de presupuesto $ 1.849.441.604,00, que luego el intendente rebajó levemente por los “superpoderes” a $ 1.827.244.098,78.

En los primeros 8 meses del año (es decir al 31 de agosto pasado, último dato disponible) se habían ejecutado en ese rubro $ 537.436.702,45, lo que significa un 29,06 % de lo previsto en el presupuesto original, o un 29,41 % de lo contemplado en el “retocado” por el DEM.

 Si se proyecta anualmente ese nivel de ejecución, daría un porcentaje del 43,59 % de lo previsto originariamente, y de un 44,11 % sobre lo reformulado, lo que arroja la segunda conclusión: a este ritmo de avance, Corral terminará ejecutando bastante menos de la mitad de la obra pública y la inversión prevista o prometidas en el presupuesto.

También resulta muy interesante lo que ocurre con “Servicios de la Deuda y Amortización de Otros Pasivos”, rubro para el cual se previeron en el presupuesto $ 468.191.809,00; pero que apenas la ordenanza fue promulgada, Corral aumentó a $ 592.385.530,19; es decir un 26,52 % más, de movida.

En los primeros 8 meses del año se ejecutaron en éste ítem $ 542.481.177,54, que representan un porcentaje de ejecución del 115,87 % sobre el presupuesto aprobado, lo que proyectado anualmente daría nada menos que un 173,80 %.

Pero si se considera lo gastado por la gestión de Corral en cancelar deudas hasta el 31 de agosto pasado en relación a la partida específica que existe a esos fines tal como quedó “inflada” por él mismo, el porcentaje es igualmente llamativo: se gastó el 91,57 %, lo que da ría una proyección anual del 137,35 %, y acá aparece la tercera conclusión: si el ritmo de cancelación de deudas no merma en los últimos cuatro meses del año, la gestión municipal deberá volver a reforzar esta partida, echando mano de otras para solventar el refuerzo.

La anomalía no se explica por el pago de intereses de deudas anteriores ya contempladas en el presupuesto, o autorizadas por el Concejo: en el rubro “Pago de Intereses” se aprobaron fondos por $ 68.562.891,00, luego disminuidos por Corral a $ 68.289.653,59; pero al 31 de agosto solo se habían devengado $ 29.923.523,58, o sea el 43,82 % sobre lo aprobado y el mismo porcentaje sobre lo reformulado; cifras que proyectadas anualmente darían un 65,73 %, lo que nos deja la cuarta conclusión: mientras Corral aparecería cancelando deudas por mucho más de lo previsto en el presupuesto, no llegaría a los dos tercios del pago de intereses contemplados allí.

En el presupuesto original “Servicios de la Deuda y Amortización de Otros Pasivos” representaba el 9,23 % del gasto total de la municipalidad (lo que no es poco), pero en la ejecución efectiva hasta el pasado 31 de agosto viene representando nada menos que el 18,98 %, un porcentaje preocupante porque supone que la gestión de Corral destina casi uno de cada cinco pesos que gasta, a pagar deudas.

Y si bien viene bajando (llegó a representar más del 36 % de lo pagado al 30 de abril) sigue siendo alto, y el avance de las ejecuciones mensuales demostraría que se trata de deudas corrientes del año pasado, que se transformaron en flotantes al pedalearlas para éste año, cuando se empiezan a cancelar.

Mientras tanto, con “Bienes de Uso” (es decir con la inversión en obras e infraestructura) el proceso es exactamente el inverso: en el presupuesto aprobado por el Concejo representaba el 36,48 %, pero en lo ejecutado hasta el 31 de agosto fue el 18,81 %, o sea la mitad.

Si lo vemos de otro modo, al plantear el presupuesto Corral prometió gastar 3,95 pesos en “Construcciones” (obra pública) o “Maquinaria y Equipo” por cada peso gastado en pagar deudas, pero en los 8 primeros meses del año la relación es casi de 1 a 1, e incluso lo pagado por deudas fue más que lo invertido en gastos de capital.

Lo que nos deja con la quinta y última conclusión: Corral no solo les mintió a los concejales y a los santafesinos en cuanto a las obras (exagerando notoriamente los recursos que iban a venir desde el gobierno de Macri con ese fin), sino con las deudas de la municipalidad, ocultando en el presupuesto deuda de años anteriores con proveedores y contratistas que viene pedaleando año tras año, y que escamotea de la discusión pública.

DEJÁTE DE JODER


Una de las grandes dificultades de discutir cualquier cosa en la Argentina es que la mayoría habla y argumenta desde la nada, en el aire, sin apoyo en una puta cifra, data o estadísticas que le de más o menos credibilidad a lo que dice. 

Y eso es justamente lo que pasa con el famoso asunto de "la industria del juicio laboral", por lo cual es bienvenida ésta nota de El Cronista en la que se tiraron algunos números; aun cuando hubiera sido deseable que se contara también que pasa con la siniestralidad, es decir si a partir de la sanción del régimen de ART en 1996 hay más o menos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; ya que ese fue el argumento con el que Cavallo vendió el sistema en el menemato.

Sin embargo, las cifras que sí da la nota nos permitieron a nosotros hacer algunos cálculos que nos parece llevan a conclusiones muy interesantes. Veamos (las comillas son textual del artículo, las negritas son siempre nuestras): 

"La serie histórica correspondiente al período enero de 2010-junio de 2017 refleja que en el período se iniciaron 623.235 demandas, el 95% de ellas contra las aseguradoras del régimen y el resto contra las empresas empleadoras, de las cuales sobre litigiosidad el 58,9% todavía aguardan una definición por parte de la Justicia." (O sea que 6 de cada 10 juicios nunca se terminaron y aun están sin definirse, sea porque apelan los trabajadores, sea porque lo hacen las empresas o las ART. Cabría preguntarse entonces de donde saca Macri los datos para pegarles a los jueces laborales diciendo que fallan siempre para el mismo lado. Por otro lado esa cifra en siete años y medio considerados -es decir 90 meses- da un promedio anual de 83.098 juicios, sobre un universo de 12.152.200 trabajadores registrados en el SIPA al 31 de mayo de éste año, que antes de diciembre del 2015 eran incluso más. Lo que supone que solo uno de 146 trabajadores hace un juicio por accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir el 0,68 % del total. Después veremos como queda la cosa si incluimos al 35 % de trabajadores en negro) 

"Si se tiene en cuenta que el costo promedio de cada juicio del sistema (resuelto en primera instancia) alcanza los u$s 13.600 (unos $ 235.600), el stock acumulado de demandas sin sentencia judicial representaría hasta junio pasado un costo de u$s 4988 millones." (O sea que el promedio demandado en los juicios laborales equivale a menos de 15 sueldos promedio en la ciudad de Buenos Aires, a abril de éste año. Una bocha de plata. De cualquier modo, esos 4988 palos verdes al tipo de cambio de ayer son 86.691 millones de pesos, divididos por 90 meses del relevamiento da algo más 963 millones de pesos por mes. Esa cifra dividida por los trabajadores registrados en el SIPA da $ 79,26 por trabajador, por mes. Si sumamos los trabajadores en negro, la cifra baja a $ 51,52 por cada trabajador. Tremendo el "costo laboral" de la "espada de Damocles" del terrible "pasivo contingente")

"Entre los actores del sector estiman que las reservas de las aseguradoras para financiar los juicios sin sentencia rondarían los u$s 1900 millones, con lo que apenas estaría cubierto el 40% del pasivo contingente que el sistema acumuló desde 2010." (Aquí caben dos posibilidades: o el sistema de ART es una garcha porque no les exige a las aseguradoras tener reservas para afrontar las contigencias que cubren y para las cuáles cobran una prima, o el Estado no controla que lo hagan. En ninguno de los dos casos es responsabilidad de los trabajadores, y no se entiende que los empresarios sigan defendiendo un sistema que los esquilma; a no ser que las primas suban porque sube la siniestralidad, en cuyo caso deberían probar mejorando las medidas de prevención para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales)

"El relevamiento de la SRT puso de relieve que si bien la reforma del régimen implementada en 2012 logró terminar con la denominada "doble vía" (que habilitaba el cobro de la indemnización del sistema y el inicio de un juicio por vía civil contra el empleador), no consiguió frenar la litigiosidad." (Es decir que lo que por entonces se presentó como la panacea para resolver todos los problemas del sistema -especialmente la litigiosidad elevada- no era tal; razón de más para desconfiar de cuanta reforma propongan estos mismos intereses sobre el tema; más cuando no dan cifras sobre la siniestralidad y lo invertido en prevención)

"Al contrario: mientras que en 2012, antes de los cambios que significaron un significativo incremento de los montos de las indemnizaciones, se iniciaron 64.213 demandas, ese nivel trepó en forma ininterrumpida durante los años posteriores a la reforma. En 2013 la cantidad de nuevos juicios alcanzó a 77.890 presentaciones y en 2014 se iniciaron 84.902 demandas. Pero la gran escalada en la ola de juicios se registró en 2015 y 2016 con 104.602 y 120.205 demandas iniciadas respectivamente." (Con la misma cuenta que hicimos antes, en el 2012 iniciaban un juicio laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional uno de cada 189 trabajadores, o sea el 0,53 %, y el año pasado las cifras ascendieron a uno cada 101 y el 0,99 %, respectivamente; pese a que se eliminó "la doble vía" para -supuestamente- terminar con "la industria del juicio". Si incluimos en el cálculo a los trabajadores informales, las cifras significan que el año pasado -en plena cresta de la "ola de juicios"- habrían iniciado demandas por estas cuestiones uno de 156 cada trabajadores, o sea el 0,64 % del total. Déjense de joder)

lunes, 18 de septiembre de 2017

ANTICIPADAS EN VENTA



CON SUERTE LLEGAN A LA MITAD


En varias oportunidades vinimos haciendo el seguimiento de la ejecución del plan de obra pública del gobierno provincial, tan ampliamente publicitado como "sin  precedentes", y que generaría un verdadero "shock". Ver por ejemplo esta entrada y esta otra, analizando siempre los datos oficiales.

Cuando la semana pasada se conocieron los números del empleo del INDEC en los grandes aglomerados urbanos del país, el ministro de Trabajo de la provincia Genesini atribuyó la baja del desempleo en el Gran Santa Fe y el Gran Rosario a "la gran inversión de la provincia en obra pública".

Sin embargo, los propios datos oficiales indicarían otra cosa.

La imagen de apertura corresponde a los datos de la ejecución del presupuesto oficial al 31 de julio, último dato disponible.

Las cifras marcan que la provincia invirtió en los primeros siete meses del año algo más de 5723 millones de pesos en "Construcciones" (obra pública), que equivalen al 6,41 % del gasto total; una cifra que está por encima de las paupérrimas marcas de los gobiernos socialistas en la materia desde el 2007, pero aun por debajo del promedio del gobierno de Jorge Obeid (2003-2007).

Sin embargo, hay más aun: si proyectamos la cifra anualizada (aunque en los últimos últimos meses del año la ejecución suele mermar, pues se echa mano de las partidas de "Construcciones" para tapar otros agujeros) arrojaría hacia fin de año una inversión total de 9811 millones de pesos.

Considerando que en el presupuesto provincial que Lifschitz envió a la Legislatura y ésta sancionó se contemplaban casi 19.802 millones de pesos en "Construcciones", estaríamos hablando para todo el año de un nivel de ejecución del 49,54 % de lo presupuestado, es decir menos de la mitad.

Un shockcito. digamos.  

SERIA, FIRME Y CONCRETA


Parafraseando a los spots de campaña del gobierno, Cristina viene haciendo lo que hay que hacer: después de la carta abierta a los votantes opositores, empezó una ronda de reportajes en medios hostiles, y ayer encabezó un acto al modo tradicional en Florencio Varela, para lanzar el tramo final de la campaña de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Pero la referencia va más allá de lo metodológico, o de las estrategias de una campaña que se avizora difícil, con todas las encuestas en contra: tiene que ver con el contenido y las definiciones políticas del tramo final de una campaña de "Unidad Ciudadana" que comenzó cediéndole el protagonismo a las víctimas de las políticas de Macri.

En el acto de ayer agradeció los apoyos que vinieron del sindicalismo de la CGT (Daer, Caló y Schmid, en ese orden) no ya a ella en lo personal -tanto que les costó decirlo así, sin subterfugios- sino a la única propuesta política que hoy por hoy existe con envergadura como para erigirse en oposición -en sus propias palabras- seria, firme y concreta al macrismo.

Después de haber elegido como compañero de fórmula a alguien que se fue en malos términos de su gobierno (aunque tuviera la dignidad de no medrar políticamente con eso), ayer lo puso en el centro de la convocatoria, y reconoció ese hecho. 

Como se dijo acá entonces y lo confirmó la propia Cristina, la famosa carta abierta era menos un llamado a la unidad de la dirigencia opositora, que a la de los votantes que no comulgan con el modelo de Macri: si alguno quiere ver allí la confesión implícita de que con el kirchnerismo solo no alcanza es porque la hay, ¿pero no es acaso eso lo que le venían pidiendo?

Valoró especialmente el apoyo de Gioja, el presidente del Consejo Nacional del PJ; que por cierto habla muy bien del sanjuanino: con clara conciencia histórica de lo que está en juego, dijo lo que había que decir, y desautorizó de plano a Pichetto, sin nombrarlo siquiera. 

Bien por él entonces: la política se divide entre los que tienen conciencia del rol histórico que les toca jugar y de su propia valía pero en función de los intereses del conjunto, y los que viven en la palmera, y se miran el propio ombligo todo el tiempo. Si pensamos en las respuestas a la carta de Cristina los nombre salen solos, allá ellos.

Es evidente a esta altura de las circunstancias que hay muchos que lamentaron la derrota de Scioli en el 2015 no tanto y no solo porque posibilitara la llegada de la derecha al gobierno, sino porque suponían que ganando el FPV también Cristina entraba en el ocaso de su vida política, y ya no sería factor.

Y se nota precisamente porque hoy, 22 meses después del balotaje, y con Macri haciendo estragos en el país, siguen poniendo el foco en la autocrítica de las razones de la derrota, y gastando más energía en diferenciarse de Cristina, que en oponerse en serio al gobierno. 

Ella en cambio y volviendo al principio, está ocupada "haciendo lo que hay que hacer": ponerle cuerpo al intento por construir un muro de contención política que impida el avance de Macri, y que sea la base de una construcción más amplia de cara al 2019 (en la que incluso ofreció resignar su rol personal), pero sin alterar el orden natural de las cosas, que es el que impone las urgencias, y por ende las prioridades: sin 2017 no hay 2019; y si el gobierno se consolida este año en las urnas tratará de introducir cambios estructurales tan profundos, que si prosperan modificarán por completo el escenario en el que se llegue a las próximas elecciones presidenciales. 

Eso es precisamente lo que -a su modo, y con el cuchillo de la reforma laboral en la garganta- entendieron algunos de los dirigentes de la CGT; y lo que entendió Gioja, de allí que no debe sorprender que en esa percepción encontraran un punto natural de coincidencia con Cristina, que simplemente tuvo el mérito no menor de estar plantada siempre en el mismo lugar: enfrente del gobierno de Macri, y de sus políticas.

El acto de ayer en Florencio Varela y en especial el discurso de Cristina son parte inescindible de "lo que hay que hacer", en un punto en el que nos interesa detenernos: lo que dijo CFK al caracterizar al gobierno de Macri, y al momento que vive el país.

Cristina habló de una "democracia precarizada", como telón de fondo necesario de la precarización de las relaciones laborales, y de las condiciones de vida de las grandes mayorías populares; y lo dicho tiene importancia y potencia singulares, por quien lo dice y más en estos tiempos de "post verdad" y campañas políticas diseñadas exclusivamente pensando en los formatos, sin que importen los contenidos.

En modo conteste con su auto-reivindicación como una militante política (cuando el nabo de Novaresio la quería convertir en "empresaria", equiparándola a Macri), Cristina sale a recorrer la provincia, a buscar el contacto con la gente pero por sobre todas las cosas, a decir, a llamar a las cosas por su nombre y sin medias tintas.

Aquella vieja idea de que los ajustes no cierran sin represión cobra ominosa actualidad palpable en ésta Argentina de recorte de derechos (actuales y futuros), represión de la protesta social, presos políticos y un desaparecido por las fuerzas de seguridad del Estado.

No se trata de decir que lo que está haciendo es lo único que puede hacerse en estas cinco semanas de campaña que quedan, pero sí lo más importante. Habrá que ver si alcanza, pero la única lucha que se pierde es la que se abandona.