SIGUEN ACUMULANDO MÉRITOS PARA EL NOBEL DE ECONOMÍA

 

El martes pasado dábamos cuenta en éste posteo de algunos detalles de lo que el gobierno de Pullaro intenta vender como una hábil estrategia de su parte para conseguir que la Nación cancele deudas que tiene con Santa Fe, en especial por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones. Un intento de prestidigitación conceptual para engañar a la audiencia respecto de una verdad que se va imponiendo por su propio peso: las cuentas no le cierran y está echando mano a recursos extraordinarios para que le cuadren, como pedir un anticipo financiero al gobierno nacional.

En ése contexto, el lunes pasado Pullaro y su ministro de Economía Olivares firmaron el Decreto 2277, cuya imagen encabeza el post; que es exactamente igual en su contenido y fundamentación al Decreto 1742 que los dos firmaron el pasado  27 de agosto que explicamos en su momento en ésta entrada. Lo que hacen ambos es ampliar las fuentes financieras del presupuesto provincial, en algo más de un billón de pesos (exactamente $ 1.010.000.0000.000) para financiar ampliaciones de las partidas del presupuesto, casi en su totalidad para atender el pago de sueldos y los compromisos asumidos con los diferentes gremios en el marco de las paritarias. 

Ambos decretos (dictados bajo la expresión "Dése cuenta a las Honorables Cámaras Legislativas", por lo cual son virtuales DNU) están fundados en el artículo 27 de la Ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, que permite al Poder Ejecutivo "...disponer la incorporación al presupuesto de autorizaciones para gastos no previstos o para los cuales los créditos aprobados hubieren resultado insuficientes, para atender hechos de fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado.", con la obligación de que "Estas disposiciones deberán ser comunicadas al Poder Legislativo con los antecedentes que sustentan la decisión adoptada, antes de ser puestas en ejecución.". 

Al comentar el Decreto 1742 decíamos nosotros que es bastante risible decir que las paritarias (establecidas en leyes provinciales) o el pago de los salarios sean "gastos no previstos" o "hechos excepcionales" de modo de poder invocar esas disposiciones de la ley, pero lo que si es excepcional es el contexto en el que los decretos aparecen: una fenomenal caída de los ingresos públicos de Santa Fe (como de la nación y el conjunto de las provincias), que obligan a su gobierno a echar mano de otras fuentes para financiar sus gastos; y allí es donde entran lo que se denominan "fuentes financieras", que son básicamente de dos tipos: la disminución de inversiones financieras preexistentes, o el incremento de la deuda pública y otros pasivos.

Lo primero supone que el gobierno se estaría comiendo sus ahorros, o los de otros gobiernos (recordar los famosos plazos fijos de Perotti de los que tanto hablaban socialistas y radicales cuando eran oposición) para atender gastos; mientras lo segundo significa que se endeuda a corto plazo (deuda exigible, a cancelar en el transcurso del ejercicio) o pedalea pagos por servicios, obras o suministros prestados, y destina esos fondos -por ejemplo- a pagar sueldos; lo cual solo es posible si no se trata de recursos afectados (o sea destinados a gastos específicos), pues lo contrario sería malversar caudales públicos. Se comprenderá que una es muy diferente de la otra: si malo es consumir el ahorro para atender gastos corrientes, peor es hacerlo endeudándose, como lo pueden comprobar dolorosamente mes tras mes millones de argentinos.

Del modo en que están redactados ambos decretos (1742 y 2277) no se puede inferir cuanto hay de cada cosa en la "ampliación de las fuentes financieras" que disponen; a lo que hay que sumar que ambos fueron dictados después del 30 de junio de éste año, última fecha respecto de la cual hay disponibles públicamente datos de las cuentas públicas provinciales. Sin embargo y si se analiza la información disponible para el primer semestre, todo indicaría que lo que principal y mayoritariamente hacen ambos decretos es financiar mayores gastos, con incremento de la deuda exigible: entre los meses de enero y junio de este año el gobierno de Pullaro echó mano de ese recurso (en términos netos) por  unos 970.519 millones de pesos.

Para tener en cuenta: el presupuesto original votado por la Legislatura (Ley 14.424) contemplaba en concepto de "fuentes financieras" 361.675 millones de pesos, resultantes de sumar 107.483 millones en concepto de "inversiones financieras" (plazos fijos y otros ahorros) y 254.192 millones en "incremento de la deuda pública y otros pasivos". Es decir, que solo en los dos decretos analizados Pullaro ya ha triplicado esas cifras, y solo en el primer semestre (antes de dictar ambos decretos) apeló al endeudamiento a corto plazo para financiar gastos, por casi tres veces el monto detallado a esos fines en el presupuesto.

Como se dijo al principio, el origen de todos estos enjuagues es la brutal caída de los recursos tanto nacionales provenientes de la coparticipación federal (que además Pullaro comprometió en parte pidiendo un anticipo financiero que tiene que devolver con intereses), como los propios de la provincia (fundamentalmente Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente Automotor), por la caída de la actividad económica y la recesión; que son resultantes directas del plan económico de Milei y Caputo.

Si alguno dijera que Pullaro no tiene la culpa porque gobierna una provincia y no la nación, habría que recordarle que en estos tres años él y sus legisladores le arrimaron a Milei votos y ausencias decisivas (la última de ellas, para salvar al DNU 70/23 de su caída en Diputados) en el Congreso nacional, para llevar adelante su plan de destrucción de la economía nacional, y la sociedad argentina. Y si nos equivocamos en alguna cuenta o análisis de la situación financiera de Santa Fe, no sería nada que no se aclare publicando en tiempo y forma sus cuentas públicas, con toda la información necesaria para que cada uno saque sus propias conclusiones. 

Tuits relacionados:

...que administra la provincia y como cuida los pesos de los santafesinos. Cuando algún día vuelva a publicar las cuentas públicas (hace cuatro meses que no lo hace, y la última publicación fue luego de seis meses sin hacerlo) veremos qué hay de cierto.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 27, 2026

POSTULARÍAN A PULLARO Y OLIVARES PARA EL NOBEL DE ECONOMÍA

 

Leíamos el viernes pasado en el portal de Mino: "El Gobierno de Santa Fe encontró una alternativa para avanzar en el cobro de las deudas que mantiene la Administración de Javier Milei con la Provincia: recibir un adelanto de coparticipación, renegociar las condiciones de devolución y utilizar parte de esos fondos para compensar obligaciones pendientes. La estrategia permitió reconocer créditos netos por $142.742 millones a favor del Estado santafesino y obtener $110.000 millones correspondientes al déficit de la Caja de Jubilaciones.".

"El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó en diálogo con AIRE que la clave estuvo en cambiar las condiciones de una operación que, inicialmente, implicaba devolver durante 2026 los $400.000 millones recibidos como adelanto. La Provincia propuso utilizar ese dinero para descontar las acreencias que mantiene con el Estado nacional, en lugar de reintegrar la totalidad del monto. Lo que hemos logrado es que el Gobierno nacional nos mande primero los fondos y de ahí ir descontando lo que nos deben”, resumió el funcionario.".

"Entre julio y agosto, Santa Fe recibió $400.000 millones que, en principio, debía devolver durante el mismo año. Una vez acreditados los fondos, el Gobierno provincial abrió una nueva instancia de negociación para descontar las deudas nacionales. Del adelanto de $400.000 millones, la Provincia devolverá $90.000 millones durante 2026. Los $310.000 millones restantes quedaron sujetos a las compensaciones acordadas y a las condiciones de cancelación del saldo. Después de aplicar las compensaciones, quedó un saldo de $167.258 millones del adelanto. Según explicó Olivares, la Provincia podrá "cancelarlo en cuotas" desde 2027, con una tasa de interés del 1,25% mensual, o "negociar nuevas compensaciones con créditos" que tenga a su favor. El ministro sostuvo que el acuerdo permite que la Nación comience a cumplir con esa obligación durante el mismo ejercicio en que se genera el déficit. También remarcó que el objetivo es "sostener la Caja de Jubilaciones provincial y evitar su transferencia al sistema nacional".".

La verdad que uno no sabría por donde empezar a analizar tanta brillantez estratégica, pero acaso lo mejor sea hacerlo por el final: es una pena que ningún periodista (nunca) les pregunte a Pullaro y sus funcionarios para que querría el gobierno de Milei quedarse con la Caja de Jubilaciones de la provincia cuando ni siquiera se digna a financiar parte de su déficit (aun habiéndose comprometido a hacerlo), y al mismo tiempo que no pone un centavo en mantener las rutas nacionales (tanto que el propio Pullaro le pidió que se las transfiera), reduce los subsidios al transporte, eliminó el Fondo de Incentivo Docente y dejó de transferir fondos para obras públicas que tuvieron que ser paralizadas. 

Eso sin contar con que el propio Pullaro y sus funcionarios hicieron una reforma previsional ajustadora con recorte de derechos, precisamente con el argumento de que de ese modo evitaban tener que transferir la Caja; y cabe preguntarse además como esa transferencia sería jurídicamente posible; cuando la Constitución provincial reformada a fines del año pasado dice en su artículo 24 precisamente lo contrario: "El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. Las jubilaciones y pensiones son móviles. La administración está a cargo de un órgano intransferible." (las comillas son del texto y las negritas son nuestras)

Sobre el anticipo financiero que pidieron a la nación y en mérito a la brevedad, nos remitimos a lo dicho en su momento acá: dijeron sucesivamente que nunca lo habían pedido, que se los habían ofrecido pero no lo agarraron, que lo tenían en cuenta por si lo necesitaban y ahora resulta que lo pidieron, lo usaron, y era parte de una estrategia elaborada hace más de dos años, para empezar a cobrarse las acreencias que Santa Fe tiene contra la nación: elija cada uno su propia aventura. 

De los propios dichos de Olivares surge que, luego de practicada su contabilidad, creativa, aun quedarían más de 167.000 millones de pesos que la provincia le tendría que devolver a la nación el año que viene, en cuotas y con intereses: rara forma de cobrarse una deuda, con la propia plata. Cuáles son concretamente las "condiciones de cancelación del saldo" -en palabras del propio Olivares- es imposible saberlo: en su momento (cuando negaban haber pedido el anticipo) vimos  en ésta entrada que por el Decreto 1284 del 26 de junio pasado Pullaro autorizó al ministro a llevar adelante las tratativas y firmar todos los convenios necesarios para obtener y devolver anticipos financieros de la nación.

Pues bien, según la propia documentación oficial disponible en Internet (que no es mucha ni fácil de conseguir) el convenio lo firmó el mismísimo Pullaro el 21 de agosto, solo refiere a unb monto de 100.000 millones de pesos en concepto de anticipo financiero, a devolver en cuatro cuotas con intereses entre septiembre y diciembre de éste año:

 

Si los dichos de Olivares son ciertos, debe existir en algún lado otro convenio en el que queden puestos por escritos, para que cualquiera los pueda corroborar, y para saber si también lo firmó el propio Pullaro, o lo hizo su ministro enmendándole la plana al gobernador. Si esas condiciones están establecidas en alguna resolución de Olivares (dictada al amparo del Decreto 1284/26) es imposible saberlo, porque el Ministerio de Economía de la "segunda provincia con mayor transparencia fiscal del país" (según informe reciente del macrista Laspina y los comedores de billetera del CIPPEC) no las publica en la web. Así nos privamos de saber (por ejemplo) si el convenio compromete a la provincia a seguir suspendiendo sus acciones en el reclamo que lleva adelante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde los tiempos del gobierno de Perotti por la deuda de ANSES con el financiamiento del déficit de la Caja, o directamente a desistir de él. 

Recordemos que esa suspensión la convino Pullaro en un convenio firmado (y anunciado con bombos y platillos como la solución final al problema) en abril de éste año, por el cual la nación iba a pagar 120.000 millones de pesos, pero del que solo pagó la primera de las 12 cuotas pactadas, y que esa cifra era la mitad del financiamiento nacional del déficit de la Caja de Jubilaciones previsto por el propio gobierno provincial en el presupuesto: 240.000 millones, sobre un déficit total proyectado de 330.218 (el resto lo absorbería el Tesoro provincial de Rentas Generales).

Y ahora Olivares nos plantea como una estrategia genial, para poder cobrar la tercera parte del déficit de la Caja de Jubilaciones proyectado para éste año, o menos de la mitad de los aportes nacionales para financiarlo que él mismo calculó en el presupuesto a esos fines, o la parte que faltaba pagar de un convenio que la nación firmó en abril de éste año y dejó de cumplir en junio...pedir un anticipo financiero de 400.000 millones de pesos (que dijeron que no habían pedido) y de ahí ir descontando la deuda, sin que sepamos que pasa con la acumulada por falta de transferencias para la Caja desde 2022 en adelante, que pasará con el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones el año que viene (a menos que mágicamente desaparezca ¿acaso con otra reforma previsional?) y con el juicio que empezó Perotti, Pullaro "ratificó" (al pedo, porque nadie pensaba desistirlo) primero y le encomendó llevar adelante al estudio de Cassagne, después (más al pedo aún, porque para eso la provincia tiene a la Fiscalía de Estado y sus abogados).

Un anticipo financiero que -como dijimos en su momento- consiste en que la nación le presta a la provincia su propia plata (los recursos de la coparticipación federal), antes de que se devengue y llegue automáticamente por goteo a la provincia, como si fuera un anticipo de sueldo de un empleado que no llega a fin de mes, pero cobrándole intereses: parece que en éste caso Olivares no pensó en un "programa de protección de ingresos" como en el caso del "desendeudamiento de los agentes públicos". Tanto es así que el saldo que quedaría (según palabras del propio Olivares) luego de las "compensaciones" acordadas entre las partes seguirá devengando intereses, y seguirá siendo descontado de futuras remesas de coparticipación.    

¿Se postularán Olivares y Pullaro al Nobel de Economía como Milei y Reidel?. Tuits relacionados y posteo recontrarelacionado: 

Como Santa Fe era acreedora neta de la nación, se inventaron una deuda pidiendo un anticipo financiero del que cobrarse lo que no les pagaban, pero la diferencia la devuelven con intereses y descontada de la coparticipación. Seguro van a pedir el Nobel de Economía para Olivares.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 23, 2026

¿Algún periodista le va a preguntar a Olivares o a Pullaro bajo que marco legal y con qué interés concreto la Nación querría que le transfieran la Caja de Jubilaciones provincial cuando no acepta financiar parte de su déficit, ni siquiera habiéndose comprometido a hacerlo?

— La Corriente K (@lacorrientek) October 23, 2026

Dice Olivares que si no agarraban 110.000 palos para el déficit de la Caja a descontar del anticipo financiero de 400.000 de la Nación (a devolver de la coparticipación con intereses) iban a tener que transferir la Caja a la Nación, que no cumple el convenio. En serio, eso dice.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 23, 2026

Vamos a dejar por acá este artículo 24 de la Constitución de Santa Fe sancionada a fines del año pasado para que lo tengan a mano cuando Pullaro, Olivares o cualquier salga a decir giladas de que tienen que hacer cosas para evitar transferir la Caja de Jubilaciones a la Nación: https://t.co/4NOviBvbKI

— La Corriente K (@lacorrientek) October 24, 2026

Dice Pullaro que le pidió a Milei que le transfiera a la provincia las rutas nacionales porque no pone un peso para mantenerlas, y no le paga el déficit de la Caja de Jubilaciones porque quiere que se la transfieran con déficit y todo a la nación. O sea todo eso al mismo tiempo.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 24, 2026

PRINCIPIO DE REVELACIÓN

Tal como da cuenta la imagen de apertura, fracasó la sesión de Diputados impulsada por distintos bloques opositores para tumbar el DNU 70/23 ya rechazado en el Senado, por la oportuna (para el gobierno) ausencia de legisladores que responden a algunos gobernadores, entre ellos Pullaro. Volvió a funcionar así en la práctica la coalición oficialista ampliada que sostiene -desde la política y las instituciones- al experimento libertario desde diciembre de 2023. La famosa Moncloa argentina del 70 % (es decir, con la exclusión del kirchnerismo) de la que hablaba Larreta, cuyos diputados -por cierto- tampoco concurrieron a dar quórum, demostrando así hasta donde llega su postura opositora. 

Y no es casual que esa coalición volviera a formarse para sostener un DNU que, en la discusión pública, quedó reducido a la derogación de la ley de tierras de Cristina, porque también en un punto el gobierno trató de que así fuera: centrando el debate en ese punto ocultaba el resto de los artículos de la norma, que son igual de perniciosos o incluso peores. En su momento (el mismo día que el DNU vio la luz) nosotros lo reseñábamos en sus aspectos fundamentales en éste posteo; y con la salvedad de que todo lo inherente a los cambios en la legislación del trabajo  (ley de empleo, contrato de trabajo, paritarias, asociaciones sindicales, trabajo agrario, casas particulares, teletrabajo, derecho de huelga) luego fue introducido en la nefasta reforma laboral (votada con amplio respaldo en ambas Cámaras), lo demás mantiene vigencia.  

El decretazo derogó de un plumazo una treintena de leyes, y entre ellas (además de la ley de tierras), las de abastecimiento, compre argentino, empresas del Estado, estatuto de los viajantes de comercio, sociedades del Estado, góndolas, papel para diarios, vitivinicultura, industrias azucarera y algodonera, olivicultura, sanidad animal, transporte aerocomercial, laboratorios públicos de producción de medicamentos, turismo, hotelería y agencias de viajes y tiempos compartidos. 

Introdujo profundas modificaciones en las leyes que regulan las tarjetas de crédito, las sociedades comerciales, el Código Aduanero, la industria de la yerba mate, el Código Aeronáutico, el Código Civil y Comercial (derogando la ley de alquileres), las empresas de medicina medicina prepaga, las obras sociales, el seguro de salud, el ejercicio de la medicina, odontología y profesiones asociadas, la actividad farmacéutica, los servicios de comunicación audiovisual (la ley de medios), Argentina Digital (los servicios TIC´s), la ley del deporte, los registros del automotor y la carta orgánica del Banco Nación, entre otras cuestiones.

Una virtual reforma constitucional decidida entre gallos y medianoche sin debate público en el Congreso, sin participación de la ciudadanía, sin siquiera exponer claramente en el propio decreto las razones y los fundamentos de los cambios y derogaciones de modo detalle; limitándose a alegar genéricamente supuestas razones de necesidad y urgencia, sin explicar tampoco -de un modo claro y que resista el menor análisis- que problemas vino a resolver el DNU, y por que las medidas que dispone son la solución.

Cada uno de los 366 artículos tiene detrás nombres y apellidos de beneficiarios concretos de sus disposiciones: grupos, empresas, fondos, intereses concretos que lucran con ellos y los pusieron allí con precisión quirúrgica: Galperín, Elsztein, los bancos, Rocca, Magnetto, Eurnekián, Blackrock, las privatizadas, Coto, Funes De Rioja, la COPAL, la AEA, la UIA, Musk, Thiel y otros más. Solo un idiota podría comerse el cuento de que se trata de ideas geniales que se le ocurrieron a Sturzenegger y a las que Milei les puso la firma.

Privilegios de minorías (poderosas, pero minorías al fin) cuya subsistencia no resistiría un debate público en el Congreso ni en ningún otro lugar, y por eso apelaron a un bando dictatorial impropio de un Estado democrático para imponerlos. El DNU sentó además las bases (que luego ampliaría la ley que lleva ese nombre) para el remate a precio vil entre los amigos del régimen, de las empresas públicas y el patrimonio común de los argentinos.  Así las cosas (en la política y en los negocios) nada hace pensar que la cosa vaya a cambiar -en lo institucional al menos- en lo que queda del gobierno de Milei. 

Razón por la cual la derogación del DNU -con todo lo que ello implica- debe ser el primer y principal compromiso de campaña de todos quienes se postulen como candidatos a presidente desde la oposición, y su primer acto de gobierno en caso de ser electos: es el único modo de dejar en claro desde el primer día que encarnan una verdadera alternativa para el país, y de empezar a marcarles la cancha desde el principio a los que realmente mandan. Y si se tratase de un gobierno peronista, proceder de otro modo sería sellar la suerte de otro fracaso que defraude las expectativas ciudadanas desde el principio, repitiendo la fallida experiencia del FDT.

Tumbar el DNU sería -como hizo Néstor al asumir con un país en llamas- recuperar autoridad para la política y las instituciones, revalorizar el voto popular y recuperar la investidura presidencial, deshilachada por Milei. Es también pegarle al chancho para que aparezcan los dueños y salgan de atrás de las bambalinas a defender -si pueden- sus privilegios a la luz pública y sin eufemismos, dando el debate en los términos de una democracia que en el fondo odian.

O para decirlos en términos del propio Milei, para que todo (las ausencias de ayer, los eventuales reclamos de mañana si el DNU es derogado) sirva como principio de revelación de los lugares que ocupan (y los que debieran ocupar) la política y las corporaciones en nuestro proceso democrático. Así dejamos de discutir con los payasos como Pullaro y todos los que -como él- fungen como forros de auxilio del experimento libertario cada vez que es necesario, y empezamos de una buena vez a hacerlo con los dueños del circo. 

Posteo y tuits relacionados:  

A esto hay que ampliarlo, y ponerle nombres propios (Galperín, Neuss, Magnetto, Blaquier, etc) y denominaciones comerciales (bancos, prepagas, low cost, desarrolladoras inmobiliarias, alimenticias): https://t.co/PCvemUTkPR

— La Corriente K (@lacorrientek) October 15, 2026

Inés Perado de Senlace.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 15, 2026

Gringa trabajadora de manos callosas perseguida por exfoliarse distinto, @rinconet

— La Corriente K (@lacorrientek) October 15, 2026

UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL

No diga "gorilismo visceral y enfermizo", diga "resistencia emocional al kirchnerismo": https://t.co/gIsapUyeKM

— La Corriente K (@lacorrientek) October 13, 2026

Leemos a Hernán Lascano en La Política Online: "El gobernador de Santa Fe dice que no hay que volver al populismo que derrochó recursos del Estado y que tiene una matriz de corrupción muy fuerte. Un minuto después, en un desvío del mismo discurso, dice que si se hubieran mantenido las variables de recaudación y las trasferencias por coparticipación del año 2023 la provincia este año tendría en sus arcas 765 mil millones de pesos más que lo que tiene actualmente. En diciembre de 2023 terminó el gobierno de Alberto Fernández. Desde entonces gobierna Javier Milei que es cuando, lo dice Maximiliano Pullaro, empezó el acentuado declive de los ingresos santafesinos. La preocupación del gobernador radical es el retorno del kirchnerismo aunque en realidad se refiere a cualquier variante peronista. Lo dice en esos términos y explicita que si tiene que optar entre una gestión de signo peronista o la libertaria se queda con esta última sin la mínima duda.".

"De hecho la opción se está materializando. Al abrazarse a la gestión libertaria, que es la opción que dice le conviene políticamente para reelegir y para que sus socios de la coalición Unidos mantengan las ciudades y pueblos que gobiernan, opta por una gestión que le paraliza la actividad en la provincia, le tumba por eso los ingresos fiscales por recaudación y le retacea como afirma las transferencias federales. Hablando en un acto el martes en la Municipalidad de Santa Fe le puso los números que están arriba: 765 mil millones de pesos menos de ingresos solo en lo que va del año. Son 510 millones de dólares a valor corriente.".

"El Ministerio de Economía de Santa Fe reconoce que lo que más planchó la recaudación son los problemas de actividad que ocasiona el plan económico de Milei. En marzo de este año la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) registró el cierre de 310 empresas y 8.200 puestos de trabajo perdidos desde diciembre de 2023. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo indica, según La Nación de este sábado, que en el mandato de Milei 32.290 empresas bajaron sus persianas y que de ese total 15.475 sociedades lo hicieron en el año en curso. En la misma declaración del martes Pullaro admite que eso lo afecta en carne viva, lo reconoce diciendo que el quebranto privó a su gestión de 765.000.000 de pesos, pero su mayor preocupación según explicita es que vuelva el populismo.".

"Pullaro sabe de la resistencia emocional al kirchnerismo del electorado en Santa Fe y por eso lo ubica en el centro del ring como contendiente, así sean los libertarios los que hunden a una provincia con su consumo paralizado y con transferencias que salvo las automáticas no llegan desde el primer día. Y desde esa convicción al gobierno que lo desangra le tiende puentes, le vota la mayoría de sus iniciativas en el Congreso y lo acompañará con la suspensión de las Paso nacionales que Milei busca desactivar para complicarle al peronismo una resolución competitiva de su candidato presidencial. Puede parecer un síntoma como para peinarse las ideas. Pero Pullaro que tiene grandes chances de retener el gobierno busca apoyos por derecha. Y ahí le rinde pegarle al populismo, como define a todo el panperonismo, aunque el modelo de Milei, cómo él mismo lo reconoce, le planche el consumo, le hunda la recaudación, no le transfiera dinero propio y le pinte de rojo las cuentas provinciales.".

No vayan a creer que Lascano es alguien crítico de la gestión de Pullaro, por el contrario: hace un tiempo escribió una delirante nota sobre el presunto modelo provincial contrapuesto al que ejecuta MIlei, que nosotros analizamos en ésta entrada. Pero hasta a él -insospechado de peronismo ni nada que se le parezca- se asombra del nivel de disociación de un discurso (el del gobernador) que reconoce y reseña los daños que el experimento libertario está causando en la provincia (como en todo el país), pero al mismo tiempo se pone como imperativo político impedir que el peronismo vuelva a gobernar, para lo cual incluso podría coincidir en una alianza electoral explícita con los libertarios.

Lo que a Lascano le causa cierta perplejidad no es ni más ni menos que la enésima reiteración del gorilismo visceral de la UCR (el partido de Pullaro) y buena parte del espectro político argentino, condenado desde 1945 al rol de "no ser en sí", sino en referencia a la bestia negra de la política nacional, o el hecho maldito del país burgués del que hablaba Cooke. Pullaro, los radicales en general y buena parte de la oposición -en términos formales- al gobierno de Milei se verían "obligados" a coincidir con él y salvarle las papas en el Congreso con tal de no aparecer votando nada en el mismo sentido que el peronismo/kirchnerismo; como casi con seguridad se podrá comprobar otra vez esta misma semana (por si hiciera falta) con el intento de tratamiento del DNU 70 en Diputados. 

Alguien podría decir (y no le faltaría razón) que los que acompañan políticamente al gobierno de Milei pese a los desastres que producen sus políticas es porque en el fondo coinciden con ellas, y con la idea de país que expresan. Tan cierto como que también todos (Milei y sus segundas marcas) no son más que fusibles del poder "real" de la Argentina, cuyos intereses gestionan y defienden; a lo que habría que sumar en el caso de los radicales que obran de tal modo aleccionados por dos fracasos de gobiernos propios (los de Alfonsín y De La Rúa) que han intentado explicar exclusivamente como consecuencia de los golpes de mercado.

Pero nunca hay que subestimar la influencia del gorilismo como identidad política persistente de buena parte de la sociedad argentina, y que como hemos dicho antes, en un punto merecería ser abordada desde la perspectiva de la salud mental. Ese fenómeno de patología política que es el antiperonismo genera una dirigencia cautiva de un electorado que le exige en forma permanente profesión de fe del credo gorila, y que no les perdonaría nunca renuncios en la cruzada que da sentido a sus vidas; de allí que no pueden permitirse coincidir en nada con el peronismo, ni siquiera cuando puedan pensar o sostener exactamente lo mismo que éste, en un tema puntual.

Por supuesto que también hay razones pragmáticas como las que destaca Lascano en la nota y tienen que ver con la defensa de las posiciones conquistadas (como el gobierno de la provincia), razones que hacen que lo que vale para Pullaro y la UCR sea extensible a sus aliados en la Unión Democrática santafesina como el socialismo: no sería extraño verlos deglutirse el batracio libertario, con tal de revalidar electoralmente el gobierno de la provincia (y la parte que en él les toca del reparto de cargos), y aventar todo riesgo de retorno del peronismo.  

Pero si decimos que buena parte de la oferta del sistema política argentina es cautiva de la obsesión antiperonista, eso supone que una parte importante de la sociedad -como se dijo antes- es la que la mantiene cautiva de ese modo de pensar y actuar, porque vive su propio cautiverio: auto-condenada a votar una y otra en contra de sus propios intereses, con tal de no hacerlo jamás por el peronismo, en ninguna de sus variantes.

Por supuesto que nadie les está pidiendo que se hagan peronistas, ni siquiera que nos voten, lo que ya a esta altura sería una pérdida de tiempo que bien puede emplearse con más provecho en otras audiencias más dispuestas. Simplemente se trata de requerirles que, si no pueden resistir la compulsión de autolesionarse, no nos lastimen a todos en el proceso, para después de haber conseguido su objetivo central -frenar a la bestia negra de sus pesadillas- desentenderse de las consecuencias.

APRENDAN DE PULLARO

 

Es al pedo, @serdelfino, a la hora de hacer huevadas Pullaro marca tendencia: https://t.co/AbPqLUxzdC

— La Corriente K (@lacorrientek) August 25, 2026

Leíamos días pasados en el diario de Nahuel que Weretilneck, el gobernador de Río Negro, acordó con el gobierno de Milei que le transfieran a su provincia la responsabilidad de reparar las rutas nacionales 22 y 151 que son cruciales para logística de la explotación petrolera con epicentro en Vaca Muerta, y están literalmente destrozadas. Nos informa el diario que el esquema replica el que en su momento acordó el gobierno nacional con Pullaro para la transferencia a Santa Fe del mantenimiento y la reparación de la ruta A012, que circunvala Rosario y los puertos del sur provincial.

En su momento analizábamos nosotros en esta entrada el acuerdo al que llegó Pullaro, que generaba más dudas que certezas. Tanto que hubo un pedido de informes del bloque de diputados del PJ en la Legislatura para conocer los detalles del convenio, las obligaciones concretas que asumía la provincia, quien financiaría los arreglos que hay que hacer en la ruta y si la cuestión se discutiría en la esfera legislativa (como reclama la oposición) o no.

Del análisis del convenio surge que por su cláusula primera los trabajos cuya realización asume la provincia a través de Vialidad Provincial exceden los de mera conservación, porque pueden incluir la reconstrucción parcial y total de las calzadas principales y laterales incluidos los accesos a las mismas; siendo a su vez que la provincia aportará el financiamiento para las obras en la ruta, sin reembolso alguno por parte de Vialidad Nacional o el Estado nacional; y queda expresamente establecido que, si durante la vigencia del acuerdo la provincia dispusiera implementar un esquema de concesión de obra pública por peaje sobre los tramos de la ruta transferidos, dicha medida quedará sujeta obligatoriamente a la previa adhesión de Santa Fe al Decreto N* 253/26 de Milei; analizado en su momento acá como lo que es: la legalización del bolsiqueo que viene haciendo Caputo de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos que debería destinarse a mantener y reparar las rutas. 

Por la cláusula quinta del convenio Vialidad Nacional delega en su par de la provincia las facultades de declaración de utilidad pública de los bienes sujetos a los fines de obtener las liberaciones de superficie necesarias para la obras, pero con la condición de que las expropiaciones se hagan por la ley nacional; que en estos momentos está en trance de modificación en el Congreso en el marco de la “ley de inviolabilidad de la propiedad privada” (limitando las facultades del Estado para expropiar), y no por la ley de expropiaciones de la provincia como lo exige el artículo 28 de la Ley 4908 (Ley de Vialidad de la Provincia) para las expropiaciones que lleve a cabo Vialidad Provincial.

De acuerdo con la Cláusula sexta, Vialidad Nacional se reserva las facultades de aprobar o rechazar los trabajos que haga la provincia sobre la ruta (aunque no los pague), y si bien por la Cláusula séptima delega formalmente en Vialidad Provincial el ejercicio del poder de policía y control sobre la traza de la ruta, queda expresamente estipulado que la totalidad de las sumas recaudadas no ingresará a las arcas provinciales; sino que deberá ser transferida y pasar a formar parte del Tesoro Nacional. O sea: la provincia se va a comer las puteadas por las multas, pero no va a ver un peso de lo que se recaude por ellas.

Por la Cláusula décima, si Vialidad Nacional resultare obligada a responder por cualquier clase de reclamo originado en la gestión de Vialidad Provincial sobre la ruta, esta la resarcirá íntegramente en un plazo de noventa (90) días corridos; y ante eventuales incumplimientos por parte de la provincia en relación a las tareas acordadas, la Nación se reserva el  derecho a rescindir el convenio sin derecho a reembolso alguno ni reintegro de lo invertido; lo mismo en todo supuesto de rescisión anticipada (no hay previsto ninguno por culpa de la Nación). 

Según la Cláusula décimo quinta, Vialidad Provincial manifiesta que en la jurisdicción provincial el perfeccionamiento del convenio se encuentra sujeto al dictado del Decreto que lo ratifique, o sea que no debería según eso ir nunca a la Legislatura, como por otra parte ha sucedido. De hecho al momento de subir estas líneas, ni siquiera existe un decreto de Pullaro ratificándolo, como cumplir con lo que el gobierno provincial se comprometió con la Nación al firmarlo . 

Se supone que tal proceder estaría basado en lo que dice el artículo 11 de la Ley 4908 (Ley de Vialidad Provincial) en su inciso f); “Los convenios especiales a que se refiere el Artículo 37 y los 2 primeros párrafos del Artículo 38 del Decreto-Ley Nacional de Vialidad 505/58, podrán efectuarse por intermedio del Poder Ejecutivo.” Pero de ser ése el caso, conviene recordar que lo que dicen esas normas nacionales citadas (que son de la Ley de Vialidad Nacional), en la parte que interesa por tener relación con el convenio firmado por el gobierno de Pullaro, es que si  las provincias convienen con la Nación hacer obras en rutas nacionales que atraviesan su territorio, los fondos que empleen a esos fines los debe aportar la Nación, o si los aporta la provincia le deben ser reintegrados.

El convenio firmado por el gobierno provincial no cumple con ninguna de las dos condiciones, y quizás por eso ni siquiera está ratificado por decreto, y mucho menos ha sido enviado a la Legislatura para su aprobación. Lástima que Weretilneck aprendió de Pullaro, pero como hacer todo mal.

QUE BUENO QUE LA GENTE RECAPACITE

 

Iban a poner que esa ley se aprobó en el gobierno de Cristina y los radicales votaron en contra, pero les avisaron a tiempo, @serdelfino: https://t.co/m7FmNKt4Um

— La Corriente K (@lacorrientek) August 26, 2026

Leemos en el diario de Nahuel: "El Poder Ejecutivo de Santa Fe promulgó la Ley N° 14.474 por el cual la provincia adhiere a la norma nacional N° 26.944 que establece el marco normativo para la responsabilidad del Estado en la República Argentina. Así en Santa Fe, los planteos contra el Estado provincial y/o municipal serán tramitados ante el fuero Contencioso Administrativo. La ley nacional fue sancionada y promulgada en 2014, rige de manera directa en el ámbito del Estado nacional y ahora -reforma constitucional mediante- Santa Fe se suma al igual que los municipios a los alcances de esta decisión.".

"La norma sancionada, en los hechos, incorpora expresamente como materia contencioso administrativa a las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita o inactividad ilícita de la Provincia, los Municipios y los entes descentralizados. Hasta hoy este tipo de demandas en Santa Fe recaen en los juzgados de responsabilidad extracontractual, en el interregno hasta tanto se constituya el colegio de jueces en lo Contencioso Administrativo, será tarea de los juzgados civiles.".

En efecto, el martes pasado Pullaro promulgó la Ley 14.474 (que adhiere a la Ley nacional 26944 sobre responsabilidad del Estado) por el Decreto 1733, y el tema fue incluido en la reciente reforma de la Constitución de la provincia en el artículo 9, en éstos términos: "La Provincia y los municipios son responsables por los daños que ocasionen. La ley determina los supuestos y el alcance de la responsabilidad del Estado y los casos en que corresponda la obligación de reembolso de sus funcionarios o agentes.".

Veíamos en su momento en ésta entrada que no estaba claro que el proyecto original de reforma del oficialismo planteara una responsabilidad más amplia Estado; y dijimos entonces: "Respecto al actual artículo 18 (refiere al que regía en el texto constitucional de entonces la responsabilidad del Estado) se propone "Adecuar lo relativo a las normas aplicables en materia de responsabilidad del Estado, que será regulado por una ley especial.". La norma vigente dice que "En la esfera del derecho público la Provincia responde hacia terceros de los daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en el ejercicio de las actividades que les competen, sin perjuicio de la obligación de reembolso de éstos. Tal responsabilidad se rige por las normas del derecho común, en cuanto fueren aplicables."."

"Es decir, no hay responsabilidad del Estado por actos lícitos (como una ley o un decreto del gobernador) que causen daños indemnizables. ¿Qué significa en este contexto "adecuar", por que no -otra vez- "ampliar" los supuestos de responsabilidad estatal con obligación de indemnizar?". Finalmente en la convención constituyente se llegó al texto del artículo 9 de la carta magna provincial en la redacción que tiene hoy, que alcanza todos los supuestos de responsabilidad del Estado.

Y el otro dato interesante es que cuando se discutió desde noviembre de 2013 en el Congreso nacional la Ley 26.944 a la que ahora Santa Fe adhiere (y que tuvo su origen en un mensaje del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Cristina), los partidos que hoy conforman el oficialismo provincial de "Unidos" votaron en contra, y la votación en general fue bastante ajustada como pueden ver acá en la parte pertinente del acta: 

Votaron en contra la UCR, el socialismo, el PRO, el PDP, el GEN y la Coalición Cívica (hoy formalmente fuera de "Unidos", entonces en el Frente Progresista), con el argumento de que el proyecto enviado por Cristina limitaba la responsabilidad del Estado y no garantizaba adecuadamente los derechos de las potenciales víctimas de su obras lícito o ilícito.

Entre los diputados santafesinos (cuyos votos en contra fueron mayoría pues solo votaron a favor los del Frente Para la Victoria) votaron en contra Mario Alvarez (UCR), los socialistas Omar Barchetta, Alicia Ciciliani y Juan Carlos Zabalza, el "lilito" Carlos Comi, Carlos Favario del PDP y Fabián Peralta del GEN.

Es bueno ver que con el paso del tiempo la gente recapacita y cambia de opinión y lo que ayer le parecía malo, hoy le parece bueno. Porque el texto de la Ley 26944 (propuesta por Cristina y aprobada durante su gobierno) no cambió en una coma desde entonces.

Y no es el único caso: ahí anda Pullaro reclamando junto con los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos para que no se derogue la llamada ley de zonas frías (que aumenta los subsidios a las tarifas en invierno en determinados puntos del país),claro que sin decir que la ley fue de autoría de Máximo Kirchner, porque como sabemos, en su opinión el kirchnerismo fue lo peor que le pudo haber pasado al país.

PULLARO DESCUBRE QUE EL AGUA MOJA

 

Leemos en el portal de la radio de Mino: "La posibilidad de un evento de El Niño con alta intensidad llevó al Gobierno de Santa Fe a enviar a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, con la posibilidad de extenderla por otros seis meses. El mensaje, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno Fabián Bastia, será uno de los temas que el oficialismo intentará aprobar en las sesiones ordinarias de este jueves. La propuesta busca otorgar al Poder Ejecutivo herramientas extraordinarias para acelerar obras, simplificar procedimientos administrativos y disponer recursos frente al riesgo de inundaciones y excesos hídricos asociados al fenómeno climático.". Seguidamente analizaremos con base en la nota el contenido del proyecto (las comillas son cita textual del mensaje del Ejecutivo, y las negritas, nuestros comentarios)

"Uno de los ejes centrales del proyecto es la posibilidad de aplicar mecanismos excepcionales de contratación. Las compras de bienes, servicios y equipamiento, así como las obras públicas vinculadas a la emergencia, podrán realizarse mediante procedimientos especiales y de carácter urgente, que serán reglamentados por el Poder Ejecutivo." (Si por "mecanismos excepcionales de contratación" se entiende no hacer licitaciones públicas, ya están previstos en la Ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado y en la Ley de Obras Públicas 5188. La primera lo establece en su artículo 116 en estos términos: "Toda compra o venta por cuenta de la Provincia, así como todo contrato sobre locaciones, arrendamientos, trabajo o suministros, se debe hacer, por regla general, previa licitación o concurso público. No obstante, puede contratarse por: a) Licitación o concurso privado, cuando el valor estimado de la operación no exceda el importe que establezca la Ley de Presupuesto; b) Subasta o remate público, previa fijación del precio máximo o mínimo para la operación de compra o venta respectivamente, solo si la operación se haya autorizado por el Poder Ejecutivo o la máxima autoridad de los Poderes Legislativo o Judicial; c) Contratación directa, en los siguientes casos y bajo las condiciones que se establecen a continuación:...(enumera 9 supuestos, uno de los cuáles es "Urgencias o emergencias originadas en circunstancias imprevisibles plenamente justificadas. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno;..."). 

La segunda (Ley de Obras Públicas) dispone lo mismo en su artículo 20: "Las obras públicas a que se refiere el Artículo Nro. 1 que no se realicen por administración, se adjudicarán mediante licitación pública: Quedan exceptuadas de este requisito y podrán ser adjudicadas mediante licitación privada, concurso de precios o contratación directa, de acuerdo con las normas que se establezcan en la reglamentación:" (Enumera 8 supuestos, uno de los cuales es "Las que no permitan los trámites de la licitación por ser urgentes, impostergables o exigidas por circunstancias imprevistas que demandaran una pronta ejecución;...")."

"También prevé que, cuando exista un único proveedor capaz de realizar un trabajo indispensable y la urgencia lo justifique, la contratación pueda hacerse de manera directa." (Supuesto expresamente contemplado en la Ley 12510 artículo 116 inciso 5: "Exclusividad comprobada del oferente y carencia de bienes sustitutos. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición debe quedar documentada en el expediente la demostración de tal exclusividad,". Y en la Ley 5188 artículo 20 inciso b) para las obras públicas: "Las que no hagan posible la concurrencia, por resultar determinante para la adjudicación la capacidad artística o técnico-científica; la destreza, habilidad o experiencia particular del ejecutor de la obra; de que ésta se halle amparada por patente o privilegio; o que los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona;...")

"Aunque habilita procedimientos más ágiles, el proyecto mantiene controles posteriores. El Tribunal de Cuentas deberá revisar los actos y contrataciones realizados durante la emergencia dentro de un plazo máximo de diez días hábiles y comunicar sus observaciones a ambas cámaras legislativas. Además, todas las decisiones adoptadas bajo el régimen excepcional deberán ser informadas a la Legislatura." (La obligación de que el Tribunal de Cuentas controle los actos administrativos referidos a la hacienda pública ya existe en la Ley 12.510 en sus artículos 205, 206 y concordantes. El plazo de control es para el Tribunal, no para agilizar ningún procedimiento, porque del artículo 205 surge claramente que una vez comunicados al Tribunal los actos pueden ser puestos en ejecución de inmediato sin esperar su pronunciamiento. Así que la propuesta del mensaje retrasa los procedimientos, no los agiliza. La obligación de comunicar todos los actos administrativos del Poder Ejecutivo a la Legislatura existe desde 1989 por la Ley 10.401, y la comunicación de las eventuales observaciones legales del Tribunal de Cuentas a la misma está en el artículo 209 de la Ley 12.510)    

"Otro de los puntos relevantes del proyecto es la posibilidad de imponer restricciones transitorias sobre bienes privados cuando resulte necesario ejecutar obras destinadas a proteger a la población o restablecer vías de comunicación." (La Ley 7534 de 1975 de expropiaciones establece en su artículo 15 la ocupación temporaria de urgencia: "Por razones de necesidad y urgencia, vinculadas con un peligro grave e inminente para la colectividad que ponga en juego la solidaridad recíproca de los miembros de ésta e impidan toda forma de procedimiento, el titular del Poder Ejecutivo o la autoridad administrativa a quien éste faculte debidamente mediante decreto motivado, puede disponer, bajo su responsabilidad, la ocupación temporal de bienes inmuebles, debiéndose constatar previamente el estado de conservación de los bienes que son objeto de la misma."

También la Ley 13.740 (Ley de Aguas) en su artículo 127 faculta al Poder Ejecutivo "...a regular límites administrativos al dominio particular y privado del Estado; a imponer cargas o gravámenes, en particular servidumbres administrativas, al dominio particular, privado o público del Estado y a imponer servidumbres u ocupaciones temporarias de urgencia al dominio particular, privado o público del Estado, de oficio o a solicitud de interesados.")

"La iniciativa también autoriza al Ejecutivo a constituir servidumbres administrativas previstas en la legislación provincial para facilitar la ejecución de trabajos vinculados con la emergencia." (Ya el propio proyecto reconoce implícitamente que el gobernador no necesita que lo autoricen a hacer algo para lo cual ya está autorizado desde el año 2000 por el artículo 25 de la Ley 11730, que además de las servidumbres autoriza expropiaciones con el mismo fin. 

Y el proyecto en su conjunto es absolutamente inútil o innecesario, desde que la Ley 13.740 en su artículo 122 dice que "El Poder Ejecutivo a instancias de la Autoridad de Aplicación (el Ministerio de Obras Públicas), podrá declarar la Emergencia Hídrica, con comunicación a los demás Poderes del Estado a los fines pertinentes, sin perjuicio de lo establecido en la ley nro. 8094 (Ley de Defensa Civil), su reglamentación o las normas que en un futuro la reemplacen. La misma Ley 8094 en su artículo 5 inciso d) faculta al Poder Ejecutivo a "Declarar en "estado de emergencia" a parte o la totalidad del territorio de la Provincia y disponer su cesación.", cuando sea necesario para "...evitar, anular  o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza, o cualquier desastre de otro origen, puedan provocar sobre la población y sus bienes y contribuir a restablecer el ritmo normal en la zona afectada." (artículo 1 de la misma ley)) 

"El proyecto crea el Fondo de Emergencia Hídrica, que estará integrado por: partidas presupuestarias provinciales; aportes del Tesoro Nacional; otros recursos que se obtengan para afrontar la emergencia. Además, autoriza al Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y trasladar automáticamente los saldos no ejecutados al ejercicio siguiente." (Si el mensaje dice eso, no crea ningún "Fondo", es decir la afectación de recursos específicos a fines determinados, tal como lo define la Ley 12.510 en su artículo 32 inciso d): "...los que por Leyes especiales de carácter provincial sean extraordinarios y estén destinados a atender gastos de carácter no permanente". La misma Ley en su artículo 28 inciso g) ya faculta expresamente al Poder Ejecutivo a disponer "Modificaciones compensadas en los créditos presupuestarios;...". Y lo faculta a más aun en su artículo 27, precisamente para situaciones como las que se invocan en el mensaje: dice el artículo: "El Poder Ejecutivo puede disponer la incorporación al presupuesto de autorizaciones para gastos no previstos o para los cuales los créditos aprobados hubieren resultado insuficientes, para atender hechos de fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado.")

Conclusión: estamos ante otro caso de sobreactuación de activismo para los medios de un gobierno acostumbrado a la emergencia. Tanto que si prospera el proyecto, será la décima emergencia (contando por temas, no por leyes) sancionada en lo que va del mandato de Pullaro; incluida una (la de la Ley 14.238 de diciembre de 2023) que estableció una nueva marca al declarar al territorio de la provincia en emergencia por inundaciones y por sequía, al mismo tiempo. (Más información, acá y acá.)

A menos que en una provincia azotada por las inundaciones a lo largo de su historia Pullaro haya descubierto que el agua moja, o que las normas son inútiles o fueron pensadas por tarados y nunca contemplaron situaciones derivadas de ese tipo de fenómenos.

FEDERALISMO DE ROTONDAS

 

Que rápido hicieron la licitación para contratar a la empresa que hace los trabajos. Eso es eficiencia administrativa, @serdelfino https://t.co/pDLx4S7MZM

— La Corriente K (@lacorrientek) July 23, 2026

Cuando en abril de éste año Milei dictó el Decreto 253 por el cual "delegaba" en algunas provincias el mantenimiento de rutas nacionales en sus territorios, decíamos nosotros en esta entrada: "El decreto pretende convalidar el bolsiqueo que viene haciendo Caputo hace 28 meses de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, que estaban destinados a mantener las rutas nacionales y provinciales conforme al propio convenio federal vial (Decreto Ley 505/58) que se menciona en el Decreto 253. Del impuesto y de los recursos que representa nada se dice en el decreto de Milei, ni se dispone -por ejemplo- coparticiparles a las provincias la parte que actualmente se queda la Nación, para que con esos recursos mantengan y reparen las rutas que se les "delegan": lo único que pueden hacer es licitarlas para que sean explotadas por privados (o por entes públicos como las Vialidades provinciales), a cambio del cobro de peaje, en el entendimiento de que solo con esos recursos debería bastar para que las rutas sean mantenidas en buen estado, cosa que como sabemos desde los 90', no es cierta ni mucho menos.".

"Eso sin contar que durante un tiempo habrá transferencia a las provincias de las rutas (por la firma de los convenios con Vialidad Nacional) pero no cobro de peaje, porque habrá que hacer las licitaciones para elegir a los concesionarios, y las rutas seguirán como están: destrozadas. Es decir que el Decreto 253 es la legalización del abandono de las rutas nacionales, consentida por los gobernadores amigos y aliados del gobierno nacional, o peor aún, pedida por ellos; aunque públicamente reclamen por su deterioro. Por otro lado la delegación a las provincias que dispone el decreto establece que por la sola firma de los acuerdos con Vialidad Nacional se exime a la nación de toda responsabilidad por los accidentes derivados del mal estado de las rutas, la que pasa a las provincias; aun cuando no hayan llamado aun a licitación para otorgar las concesiones (que pueden durar hasta 30 años); lo que significa que cualquier tragedia vial que suceda mientras tanto (como las que están sucediendo cada vez con más frecuencia) será responsabilidad de la provincia en cuestión ante eventuales demandas de los damnificados por el mal estado de las rutas, y no de la nación.".

Salvo la referencia a las concesiones para el cobro de peaje (y habrá que verlo), las consideraciones expuestas aplican perfectamente al anuncio -ruidosamente festejado por el gobernador Pullaro y sus funcionarios- del convenio celebrado por el gobierno provincial con la nación para la transferencia por 20 años de la ruta nacional A012 que circunvala Rosario y otras ciudades del sur santafesino, en la zona de acceso a los puertos. Un Pullaro que -recordemos- primero festejó como un gol el Decreto 253 y luego pidió el VAR para que lo revisen, y fue más cauto cuando le dijeron que en los corredores viales "cedidos" entonces no estaba ése, que es el único que le interesa a él. Porque es el que les interesa a las cerealeras, de las que se comporta como gestor.

Hasta el momento de subir estas líneas no hay disponible convenio ni nada parecido para ver que obligaciones concretas asume la provincia por la cesión de la ruta, y que obras hará en ella; aunque la propaganda oficial da cuenta de que el día después de la firma de los convenios se iniciaron los trabajos, a través de una empresa privada seleccionada por una licitación realizada el año pasado. Lo cual es como mínimo curioso, porque la Ley 5188 (Ley de Obras Públicas de la provincia) dice en su artículo 5 lo siguiente: "Las Obras Públicas deberán realizarse en bienes que sean propiedad de la Provincia o en los que ésta tenga posesión o disponga del uso."; requisito que solo se habría cumplido ahora con la firma del convenio entre Pullaro y el gobierno nacional, y siempre y cuando se convenga en que no se requiere que lo ratifique la Legislatura.

¿Cómo es entonces que hay desde el año pasado una empresa adjudicataria de una obra esperando para iniciarla a que ocurriera un hecho incierto (que la nación aceptara transferir la ruta a la provincia), teniendo paralizados mientras tanto equipos y personal y asumiendo costos financieros sin reclamar nada? ¿O es todo pura sanata, como se podría comprobar con el hecho de que la obra como tal (intervención en el corredor vial Ruta Nacional A012) no figuraba en el presupuesto del año pasado ni figura en el de éste año, porque no podría figurar, al tratarse de una ruta nacional? ¿No habrán sorteado la obligación de hacer otra licitación, con la excusa de adjudicárselos en forma directa a Posse (esa es la empresa) como "trabajos complementarios" o "extracontractuales", para poder cumplir con el anuncio de propaganda de Pullaro?

Eso sin mencionar que -salvo que la nación haya transferido la ruta con los correspondientes recursos para arreglarla, cosa que con Milei y Caputo es harto dudoso- que se estaría violando la parte pertinente del inciso 2. del artículo 75 de la Constitución Nacinal, que dice : "No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.". (las comillas son del texto y las negritas, nuestras)

¿Con qué recursos financiará la provincia las obras que el gobierno de Pullaro está propagandizando, y no estaban contempladas en el Presupuesto aprobado por la Legislatura? Si es con recursos de Rentas Generales del Tesoro tendrá que sacarlos de otras finalidades, que deberán esperar su turno, porque las cerealeras mandan...a Pullaro. Si es con la parte del impuesto a los combustibles líquidos que se transfiere a las provincias, por un lado es otra forma de convalidar que la Nación no use su parte a esos fines, para los que el impuesto fue creado. Y por otro lado esos recursos son considerados "recursos propios de libre disponibilidad" para Vialidad provincial (que sería la que tenga a su cargo la obra): los que decidan poner ahí, faltarán en el mantenimiento y la construcción de otras rutas provinciales. 

Ni hablemos ya si la provincia (que debió tener previsto el financiamiento de la obra al licitarla, artículo 6 Ley 5188) se endeudó o endeuda para hacerla: sería generar un compromiso a afrontar por los futuros gobiernos provinciales, por un gasto que debió haber hecho el gobierno nacional. El año pasado la Legislatura santafesina autorizó por la Ley 14.410 a Pullaro a endeudarse en 150 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el financiamiento del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario; pero la ley que autorizó la toma de deuda no menciona ninguna obra en particular.

Y en la Ley 14424 (Presupuesto 2024) se lo autorizó a endeudarse en 50.000 millones de pesos emitiendo bonos en el mercado interno, en base al esquema montado por las cerealeras y la Bolsa de Comercio de Rosario para prestarle plata a la provincia y cobrarle interés por ella, para que les hiciera las obras que ellas necesitaban, y se negaron y siguen negando a pagar de su propio bolsillo: veíamos hace poco en ésta entrada como la idea de un fideicomiso creado con aportes del sector exportador para financiar las obras (lanzada como globo de ensayo por un funcionario provincial de tercera línea) murió antes de nacer, ajusticiada por el propio Pullaro, para no enfrentarse con las cerealeras. 

Y finalmente cabe preguntarse que pasa cuando se cumpla el plazo de 20 años de la cesión de la ruta del que hablan los anuncios (reiteramos: no está disponible aun el texto del convenio). Así dicho y sin más explicaciones, suena como si la provincia fuera un concesionario privado que administrará el mantenimiento y conservación de la ruta durante ese lapso de tiempo, pero que encima no va a cobrar peaje. A menos que estén pensando hacerlo para recuperar la inversión, en cuyo caso se cae el argumento de Pullaro de "contribuir a bajar los costos de la producción".