LA FRASE

"ME ENTERÉ POR LA PRENSA QUE CONTRATARON A LAS EMPRESAS DE MIS HERMANOS PARA LA MISA DEL PAPA, YO ME DEDICO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS QUE TIENEN TIEMPO Y VOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRIVADA SON ELLOS." (MARTÍN MENEM)
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miércoles, 6 de julio de 2016

"EVITAR PERJUICIOS MAYORES"


Mientras en todo el país florecen los fallos judiciales que hacen lugar a los amparos contra el tarifazo de luz y gas (a punto tal que el gobierno está apretando a la Corte para que frene la ola), en la provincia invencible de Santa Fe damos la nota, porque los jueces los rechazan.

Como por ejemplo pasó en Rosario, donde un juez provincial convalidó el aumento de las tarifas de la EPE rechazando el amparo promovido por la multisectorial, con argumentos como mínimo opinables; como por ejemplo que de dar marcha atrás con el tarifazo el perjuicio para los usuarios sería peor porque la distribuidora provincial de energía no podría prestar el servicio.

Se hizo cargo así del argumento de las autoridades de la empresa según el cual ellos tenían previsto en el presupuesto 1000 millones de pesos para comprar energía en el mercado mayorista éste año, y como consecuencia de la baja de los subsidios (en rigor, del aumento del precio que pueden cobrar las generadoras) deberían pasar a pagar 4800 millones en ese concepto, y no pueden absorber los mayores costos sin trasladarlos a las tarifas.

En efecto, si nos remitimos a los números del presupuesto provincial para éste año vemos que la EPE tiene asignados algo más de 1146 millones de pesos para compra de energía, que luego distribuye:


Sin embargo y tal como es costumbre en la EPE (pese a que lo suyo es dar luz), los números son oscuros, porque las partidas asignadas para la compra de electricidad (financiadas con sus ingresos por tarifas) son menores a las que tenían otorgadas para ese mismo fin en los presupuestos de años anteriores.

Vemos por ejemplo acá abajo las cifras del presupuesto 2015, con la salvedad de que pese a lo que dispone el artículo 94 de la Ley 12.510, pasado el primer semestre del año aun no está disponible la Cuenta de Inversión del año pasado, con lo que es posible que lo efectivamente gastado por la EPE en comprar electricidad, haya sido más: 


Los importes presupuestados para el 2015 (los ejecutados -como dijimos- seguramente serán mayores) tomaron evidentemente como base lo ejecutado en el rubro en el año 2014; cuando la EPE gastó exactamente $ 1.230.302.868,73 en la compra de electricidad.

De los números que estamos exponiendo surge que mientras el gasto total de la EPE crecería del año pasado a éste un 26,76 % y un 54,34 % respecto al 2014, su gasto en comprar electricidad al mercado mayorista para luego distribuirla a sus clientes bajaría un 7,33 %, en el mismo período.

¿Pensaban acaso que los subsidios a las tarifas lejos de bajar subirían, o anticiparon la recesión y caída de la actividad que provocaron las políticas de Macri? Aun en éste último caso, disminuyendo el consumo de los servicios, disminuyen sus gastos por compra de electricidad, que luego debería trasladar a las tarifas que cobra a los usuarios. 

Evidentemente hay algo que no cierra en las cuentas de la EPE, y que por lo menos permite poner en duda el argumento del gobierno provincial de que no puedan afrontar con sus propios recursos algún nivel de subsidios para evitar trasladar a los usuarios todo el peso del tarifazo nacional.

No sería de extrañar: ya veíamos en ésta entrada como el Estado provincial gasta en pagarle intereses al banco de Eskenazy por un préstamo de la EPE por cuatro veces el monto del subsidio que destina a morigerarles a los clubes de barrio el aumento de la luz.

viernes, 31 de mayo de 2013

LA REFORMA JUDICIAL SE QUEDÓ CORTA


Tendría que haber contemplado un procedimiento breve y expeditivo para pegarle una patada en el culo a jueces impresentables como éste; que dicta una resolución (completa acá) para la cual no tiene competencia -tal cual se lo señaló el fiscal, y desechó el criterio-, se expide de oficio sobre la inconstitucionalidad de la ley de cautelares sin que se lo hayan pedido, resuelve la cautelar sin notificar al Estado nacional y manda suspender las elecciones del Consejo de la Magistratura.

Si lo que se cuestionaba era el régimen electoral del Consejo a partir de la reforma, la competencia es del juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal (Servini de Cubría), porque se trata de una elección donde el país es distrito único, como la presidencial; a diferencia de la de diputados o senadores. 

Además en la resolución de la cautelar fija abiertamente posición sobre el fondo de la cuestión (prejuzgando y desnaturalizando el sentido de lo que es una medida provisional) al decir la reforma se opone claramente al artículo 114 de la Constitución Nacional, de un modo dogmático; sin aportar un sólo argumento.

En la crítica a la ley de cautelares (repetimos: hechas de oficio, sin que se hayan planteado) va más allá de lo que debe hacer un juez, y en el marco de una cautelar, para sustituir al Congreso, y opinar como debería haber sido la ley, a su criterio; aunque a él nadie lo haya votado. 

En realidad no debería sorprender, porque es el mismo juez que falló velozmente un amparo con cautelar incluida para impedir el cierre de Fibertel; y sistemáticamente en contra del gobierno, como por ejemplo eximiendo a algunos de pagar el impuesto a las Ganancias hasta tanto no se actualizara el mínimo no imponible, o discrepando con los topes a las asignaciones familiares; con lo cual pretendía sustituir a los dos poderes políticos electivos: el Congreso y el presidente de la nación.  

También es el juez del famoso caso el abuelito que quería comprar 10 dólares para regalárselos a su nieto, y que fallara en el 2001 más de 14.000 amparos en Mar del Plata (pero de todo el país) contra el "corralito", con lo cual algunos lograban saltar el cerco y sacar la plata de los bancos; mientras la gran mayoría se jodía.

Estos son los tipos que no quieren que la gente vote para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, del mismo modo que no quieren que en la justicia cambie nada, y todo siga igual.

De estos tipos (o de tipos comoéste) se cuelga una oposición patética, que tiene miedo que la gente vote; aunque la cautelar la haya pedido el Colegio de Abogados de Mar del Plata, y la suspensión es para la elección de consejeros en representación de los abogados.

La mentalidad es la misma, y demuestra que la reforma se quedó corta.     

martes, 28 de mayo de 2013

HUMEDADES Y SEQUÍAS


Con el asunto de los amparos y cautelares contra la reforma del Consejo de la Magistratura, a los medios se les terminan las metáforas húmedas: tormenta, vendaval, lluvia, catarata, chaparrón.

Lo cierto es que -como se anunciaba- bastó que Cristina promulgara la ley y se publicara en el Boletín Oficial, para que empezaran a llover las presentaciones.

Las de las corporaciones de jueces y abogados, hasta cierto punto se entiende: en la medida que la gente vote para elegir a los que los representen en el Consejo, perderán sus quintitas, o por lo menos, sus roscas y rosquetas serán más visibles.

Y hasta se puede admitir que algún planteo de inconstitucionalidad prospere (después de todo, los que los tienen que resolver son otros jueces) sobre la base de la idea de que a los representantes de jueces y abogados los tienen que elegir sus representados; o sea, ellos mismos.

Alguno podría suponer que oponerse al voto popular desde ese ángulo (que no surje de la letra de la Constitución) podría ir en contra de la igualdad ante la ley y el principio de la soberanía popular (CN, artículos 16 y 33), pero en todo caso no lo dirimiremos nosotros, sino los propios jueces.

Poco comprensible en cambio es que (a juzgar por los medios) todos los amparos y pedidos de inconstitucionalidad giren en torno a la elección popular de los consejeros, y que nadie plantee los aspectos abiertamente inconstitucionales que tiene la ley: aquéllos donde dispone que el presupuesto del Poder Judicial lo maneje la Corte Suprema y no el Consejo de la Magistratura, como dice claramente el artículo 114 inciso 2. de la Constitución.

Ocurre que donde se come no se manicurea, y nadie quisiera malquistarse con la Corte (que retuvo el manejo de la billetera judicial, rosqueando ese punto con el gobierno), porque será la que tendrá la última palabra en la materia; eventualmente por algún que otro per saltum que intentarán jueces, abogados u opositores: sí, los mismos que denostaban el per saltum, cuando se lo trataba de usar para destrabar la causa de la ley de medios. 

Y hablando de opositores: lo más incomprensible de todos es que sean los propios partidos y dirigentes políticos los que se opongan a que la gente vote, y amplíe su participación.

La oposición en el Congreso podría haber planteado otras cuestiones vinculadas a la ley, como por ejemplo que se distribuyeran los cargos del Consejo de la Magistratura (que ahora serían elegidos por el pueblo) por el sistema proporcional D'Hont que se usa en la Cámara de Diputados, o que las elecciones fueran separadas de las de legisladores, o cosas por el estilo. 

Pero no: mientras proclaman a quien quiera oírlos que el kirchnerismo es un ciclo concluido y que el gobierno recibirá una paliza en las elecciones, no quieren que la gente vote, en una elección que tomaría al país como distrito único (como una presidencial); y que incluso tienen la oportunidad de ganar, si el clima político en el país es el que ellos dicen.

Sin embargo, una vez más, optan por ir a la zaga de la agenda que marcan otros; en este caso las corporaciones tribunalicias; con las que entran en un intercambio de favores: la oposición les presta abogados gestores del Pacto de Olivos para presentar los amparos en la justicia (intentando activar los contactos que tienen allí), y los jueces y abogados les prestarían algún que otro nombre de "notable" para poner en una eventual lista única opositora, si los amparos no prosperan.

La reforma del Consejo de la Magistratura podrá tener muchos defectos, pero va en un sentido que es claramente correcto: abrir ese coto cerrado (engendrado en la reforma del 94'), con innegable poder hacia la estructura del Poder Judicial (otro coto cerrado), involucrando a la gente en el proceso.

Como se intentó hacer también con la reforma anterior (la del 2006) al otorgarle a los poderes políticos del Estado que surgen de la voluntad popular (el Ejecutivo y el Legislativo) la facultad de imponerse por sobre las lógicas corporativas, a la hora de pensar en que hacer con la justicia.

Al igual que entonces (cuando eligió alinearse con los Recondo, Cabral y compañía que defendían sus quintas y las de otros, como Clarín) la oposición elige el camino de la no política, buscando en los vericuetos tribunalicios lo que no ganó en las urnas ni en los debates en el Congreso, que son la consecuencia del resultado de aquéllas.

La misma lógica con la que se manejó cuando la discusión de la ley de medios, las retenciones móviles o las AFJP, entre tantos otros casos; y con algunas solitarias excepciones.

Lo que implica que podrá haber una lluvia de amparos contra la reforma, pero en el campo opositor sigue habiendo sequía de ideas.   

Aunque para la eventualidad que la justicia les rechace los amparos, armarían una Unión Democrática llevando como candidato a éste, que leyó La Nación de ayer en ayunas, tomándose un whiskicito (seguro que lo recomendó Pato Bullrich):


Pero ojo: aclara que la diferencia entre nosotros y el nazismo ("salvando las enormes distancias", diría la tribuna de doctrina), es que los nazis eran una dictadura sangrienta; en lo demás somos igualitos.

sábado, 4 de mayo de 2013

¿A LOS JUBILADOS O A LOS ABOGADOS?



Como nosotros creemos que es pertinente aclarar siempre el lugar desde el cual se habla, digamos que el "abogado especialista en temas previsionales" Eduardo Cóceres no viene de un repollo: el hombre el radical, afiliado, y fue candidato a concejal por la UCR.

Cosa que no le impidió ser Director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia durante el primer gobierno de Reutemann, por ejemplo.

El hombre empieza diciendo (acá pueden acceder al audio) un bolazo grande como una casa, y que es que la nueva ley impide dictar medidas cautelares: lean completo el texto y si encuentran donde dice eso, nos avisan.

En todo caso lo que hace es disponer que las cautelares no puedan durar más de seis meses, prorrogables por el juez por otros seis meses, salvo excepciones (las que tenía el proyecto original, más las que agregó el CELS para grupos vulnerables). 

Pero le preocupan sobre manera a Cóceres los juicios de los jubilados, y más específicamente aquéllos que reclaman un reajuste de sus haberes según el fallo Badaro (los que no cobran la mínima, y no tuvieron aumentos entre 2002 y 2006, que son más o menos el 7 % del total), porque para que prospere una cautelar, tendrían que demostrar que corre peligro su vida, o están pasando por una necesidad apremiante: esa es la esencia de la cautelar justamente Cóceres, si hay que priorizar derechos, o conciliar los derechos de los ciudadanos con la gestión del interés público a cargo del Estado, los derechos que se prioricen deben ser los de los que están en situaciones extremas.

Pero lo que más le preocupa al amigo Cóceres es el artículo 9 de la ley, que impide trabar embargos sobre las cuentas oficiales del Estado, para que los reclaman se les aplique el fallo Badaro por vía de una cautelar, empiecen a cobrar la jubilación reajustada, mientras siguen discutiendo en la justicia si les corresponde o no, y los retroactivos.

Además de que eso significaría quebrar al sistema previsional (como lo demostró Cristina al vetar la ley del 82 % móvil que votó el "Grupo A" en el Congreso, uno de cuyos puntos era generalizar "Badaro"), si lográs por cautelar lo que pedís en el juicio (o sea, el reajuste de haberes) ¿a quién carajo le va a interesar como sigue el juicio, y cuando termina?    

Por no mencionar que la mayoría de los abogados que llevan esas causas (¿acaso también Cóceres?) tienen pactos de cuota litis con sus clientes que llegan en algunos casos al 30 % de lo reclamado, y cuando empiezan a cobrar vía cautelares (embargos) aun sin fallo, la empiezan a embolsar.

Se entiende la preocupación de Cóceres: es difícil demostrar que necesitás con urgencia cobrar la plata que reclamás (requisito que pondría la nueva ley para que la cautelar no tenga plazos, por ejemplo), cuando le estás cediendo buena parte a tu abogado.       

Sin embargo la crítica de Cóceres merece otro enfoque adicional, y que ya ensayábamos acá ante el primer amparo contra la reforma; y tiene que ver con lo que pasa en Santa Fe con las mismas cuestiones.

El artículo 9 de la Ley 26.854 (que regula las medidas cautelares contra el Estado nacional), que tanto le preocupa a Cóceres, dice lo siguiente: "Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias. "

El artículo 8 de la Ley 7234 de Defensa del Estado en Juicio que rige en Santa Fe dice: "Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público Provincial, Municipal y Comunal, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósito en cuentas bancarias, títulos valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Provincia, los municipios y comunas, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte de los titulares de los fondos y valores respectivos.

Quienes en virtud de su cargo hubieren tomado razón de alguna medida judicial comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicarán al Tribunal la imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta ley.

En aquellas causas judiciales donde el Tribunal, al momento de entrada en vigencia de la presente, hubiere ordenado la traba de medidas comprendidas en las disposiciones precedentes, y los recursos afectados hubieren sido transferidos a cuentas judiciales, los representantes de los sujetos indicados en el primer párrafo que actúen en las causas respectivas, solicitarán la restitución de dichas transferencias a las cuentas y registros de origen, salvo que se trate de ejecuciones válidas, firmes y consentidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. "

¿Ustedes ven alguna diferencia?, a simple vista pareciera que ninguna; porque no la hay. Incluso la ley provincial va más lejos, porque manda levantar los embargos y devolver la plata a las cuentas públicas. 

Y por si fuera poco, acá les dejamos el artículo 16 de la Ley 10.456 de amparo que rige en Santa Fe: "En cualquier estado del trámite - previo traslado por dos días a la accionada- el Tribunal podrá disponer medidas cautelares suspensivas de los efectos del acto impugnado, ponderando adecuadamente los intereses comprometidos en auto fundado y siempre que no afecten el desarrollo de cometidos públicos sustanciales. En ningún caso las medidas de cualquier naturaleza que se adopten en función de esta disposición o con auxilio en normas del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, podrán ordenar el pago de prestaciones económicas sean o no de naturaleza alimentaria y cualquiera fuere la cualidad del actor, salvo supuestos de excepcional urgencia con peligro cierto a la vida del actor. 

Las medidas cautelares que se emitan, en ningún caso, podrán exceder los límites de la tutela efectiva de la situación jurídica del afectado directo. 

Las medidas cautelares de efecto suspensivo cesan automáticamente con la sentencia firme o a los noventa días de su despacho, salvo que sean revocadas con antelación.
" (los subrayados son nuestros)

O sea: lo mismo que dice la ley que acaba de sancionar el Congreso y cuestiona Cóceres, pero bastante peor porque -por ejemplo- la cautelar pueden durar como máximo la mitad del tiempo previsto en el orden nacional; no se puede prorrogar y no se puede pedir por esa vía el pago de prestaciones económicas (por ejemplo reajuste de haberes jubilatorios).

Para el final, les dejamos el artículo 34 de la Ley 11.330 (Código Contencioso Administrativo de la provincia): "La autoridad administrativa, dentro de los diez días de serle notificada una sentencia condenatoria, podrá solicitar al Tribunal la suspensión temporaria de su ejecución, o la sustitución de la forma o modo de su cumplimiento o la dispensa absoluta de su ejecución por graves motivos de interés u orden público, ofreciendo satisfacer la indemnización de los daños y perjuicios que ocasionare.

La suspensión, sustitución o inejecución puede disponerse, sin perjuicio de otros motivos de análoga gravedad, cuando:

a)   Créase un peligro de trastorno grave del orden público;
b)   Determinase la supresión o suspensión de un servicio público;
c)   Causare la privación del uso colectivo de un bien afectado a ese uso;
d)   Trabase la percepción de contribuciones fiscales; y,
e)  Por la magnitud del monto de la condena, provocase grave detrimento al tesoro público."(siempre el subrayado es nuestro)

Esta última ley fue sancionada en el primer gobierno de Reutemann, del cual Cóceres fue funcionario, pese a ser radical.

Es como mínimo sugerente Cóceres que no haya hecho mención alguna al respecto, y que no les haya sugerido a sus correligionarios de la Legislatura (que además gobiernan la provincia, junto con el socialismo) que la modifiquen (tampoco presentaron proyectos en ese sentid que se sepa), al igual que las otras (la de amparo, la de defensa del Estado en juicio) que antes citamos.

martes, 30 de abril de 2013

MÁS GIL QUE DOMÍNGUEZ


Ayer nomás nos ocupábamos acá de este muñeco Gil Domínguez, uno de los constitucionalistas de alquiler de Clarín, siempre listo para la consulta sobre cualquier proyecto del gobierno que los perjudique, para caerle encima con el sambenito de la inconstitucionalidad. 

Como vemos en la imagen que encabeza el post, una jueza le rechazó "in límine" (o sea, de una, sin entrar ni a analizar el planteo: lo sacó cagando, en criollo) el "amparo colectivo" que presentó (en nombre de todos nosotros, los argentinos) contra las leyes que regulan las cautelares contra el Estado nacional y crean nuevas Cámaras de Casación.

Y la jueza le dio por el mate a Gil con un argumento muy sencillo: cuando él presentó el amparo, las leyes no estaban vigentes, porque Cristina no las había promulgado, y no habían sido publicadas todavía en el Boletín Oficial, cosa que recién sucedió hoy con la de cautelares; no todavía con la de las Cámaras de Casación.

Es decir que por haber querido hacer de empleado del mes de Clarín en tribunales Gil (lo de Domínguez estaría de más) hizo un papelón que ni un ingresante de la carrera de abogacía haría.

Un papelón merecedor de que le saquen el título.

Otro caso de uno que -como diría Aníbal- dice que es constitucionalista, porque toma el tren en Constitución.

Pero guarda: acá (donde el bochazo de Gil aparece chiquitito) nos dicen que ahora que la ley de cautelares fue publicada, insistirán con amparos en su contra; en éste caso a través del celebérrimo Colegio Público de Abogados de Buenos Aires.