Como nosotros creemos que es pertinente aclarar siempre el lugar
desde el cual se habla, digamos que el "abogado especialista en temas
previsionales" Eduardo Cóceres no viene de un repollo: el hombre el
radical, afiliado, y fue candidato a concejal por la UCR.
Cosa que no le impidió ser Director de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la provincia durante el primer gobierno de Reutemann, por ejemplo.
El hombre empieza diciendo (acá pueden acceder al audio) un bolazo grande como una casa, y que es que la nueva ley impide dictar medidas cautelares: lean completo el texto y si encuentran donde dice eso, nos avisan.
En todo caso lo que hace es disponer que las cautelares no puedan durar más de seis meses, prorrogables por el juez por otros seis meses, salvo excepciones (las que tenía el proyecto original, más las que agregó el CELS para grupos vulnerables).
Pero le preocupan sobre manera a Cóceres los juicios de los jubilados, y más específicamente aquéllos que reclaman un reajuste de sus haberes según el fallo Badaro (los que no cobran la mínima, y no tuvieron aumentos entre 2002 y 2006, que son más o menos el 7 % del total), porque para que prospere una cautelar, tendrían que demostrar que corre peligro su vida, o están pasando por una necesidad apremiante: esa es la esencia de la cautelar justamente Cóceres, si hay que priorizar derechos, o conciliar los derechos de los ciudadanos con la gestión del interés público a cargo del Estado, los derechos que se prioricen deben ser los de los que están en situaciones extremas.
Pero lo que más le preocupa al amigo Cóceres es el artículo 9 de la ley, que impide trabar embargos sobre las cuentas oficiales del Estado, para que los reclaman se les aplique el fallo Badaro por vía de una cautelar, empiecen a cobrar la jubilación reajustada, mientras siguen discutiendo en la justicia si les corresponde o no, y los retroactivos.
Por no mencionar que la mayoría de los abogados que llevan esas causas (¿acaso también Cóceres?) tienen pactos de cuota litis con sus clientes que llegan en algunos casos al 30 % de lo reclamado, y cuando empiezan a cobrar vía cautelares (embargos) aun sin fallo, la empiezan a embolsar.
Se entiende la preocupación de Cóceres: es difícil demostrar que necesitás con urgencia cobrar la plata que reclamás (requisito que pondría la nueva ley para que la cautelar no tenga plazos, por ejemplo), cuando le estás cediendo buena parte a tu abogado.
El artículo 9 de la Ley 26.854 (que regula las medidas cautelares
contra el Estado nacional), que tanto le preocupa a Cóceres, dice lo
siguiente: "Los jueces no podrán dictar
ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su
destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado,
ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias. "
El artículo 8 de la Ley 7234 de Defensa
del Estado en Juicio que rige en Santa Fe dice: "Los fondos, valores y demás medios de
financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público
Provincial, Municipal y Comunal, ya sea que se trate de dinero en efectivo,
depósito en cuentas bancarias, títulos valores emitidos, obligaciones de
terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado
para atender erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Provincia,
los municipios y comunas, son inembargables y no se admitirá toma de razón
alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte de los
titulares de los fondos y valores respectivos.
Quienes en virtud de su cargo hubieren tomado razón de alguna medida judicial
comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicarán al Tribunal la
imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en
esta ley.
En aquellas causas judiciales donde el Tribunal, al momento de
entrada en vigencia de la presente, hubiere ordenado la traba de medidas
comprendidas en las disposiciones precedentes, y los recursos afectados
hubieren sido transferidos a cuentas judiciales, los representantes de los
sujetos indicados en el primer párrafo que actúen en las causas respectivas,
solicitarán la restitución de dichas transferencias a las cuentas y registros
de origen, salvo que se trate de ejecuciones válidas, firmes y consentidas con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. "
¿Ustedes ven alguna diferencia?, a simple vista pareciera que
ninguna; porque no la hay. Incluso la ley provincial va más lejos, porque manda levantar los embargos y devolver la plata a las cuentas públicas.
Y por si fuera poco, acá les dejamos el artículo 16 de la Ley
10.456 de amparo que rige en Santa Fe: "En cualquier estado del trámite -
previo traslado por dos días a la accionada- el Tribunal podrá disponer medidas
cautelares suspensivas de los efectos del acto impugnado, ponderando
adecuadamente los intereses comprometidos en auto fundado y siempre que no
afecten el desarrollo de cometidos públicos sustanciales. En ningún caso las
medidas de cualquier naturaleza que se adopten en función de esta disposición o
con auxilio en normas del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial,
podrán ordenar el pago de prestaciones económicas sean o no de naturaleza
alimentaria y cualquiera fuere la cualidad del actor, salvo supuestos de
excepcional urgencia con peligro cierto a la vida del actor.
Las medidas cautelares que se emitan, en ningún caso, podrán exceder los
límites de la tutela efectiva de la situación jurídica del afectado
directo.
Las medidas cautelares de efecto suspensivo cesan automáticamente con la
sentencia firme o a los noventa días de su despacho, salvo que sean revocadas
con antelación." (los subrayados son nuestros)
O sea: lo mismo que dice la ley que acaba de sancionar el Congreso y cuestiona Cóceres, pero bastante peor porque -por ejemplo- la cautelar pueden durar como máximo la mitad del tiempo previsto en el orden nacional; no se puede prorrogar y no se puede pedir por esa vía el pago de prestaciones económicas (por ejemplo reajuste de haberes jubilatorios).
Para el final, les dejamos el artículo 34 de la Ley 11.330 (Código
Contencioso Administrativo de la provincia): "La autoridad administrativa, dentro de los diez días de serle notificada
una sentencia condenatoria, podrá solicitar al Tribunal la suspensión
temporaria de su ejecución, o la sustitución de la forma o modo de su
cumplimiento o la dispensa absoluta de su ejecución por graves motivos de interés
u orden público, ofreciendo satisfacer la indemnización de los daños y
perjuicios que ocasionare.
La suspensión, sustitución o inejecución puede disponerse, sin perjuicio de
otros motivos de análoga gravedad, cuando:
a) Créase un peligro de trastorno grave
del orden público;
b) Determinase la supresión o suspensión
de un servicio público;
c) Causare la privación del uso colectivo
de un bien afectado a ese uso;
d) Trabase la percepción de contribuciones
fiscales; y,
e) Por la
magnitud del monto de la condena, provocase grave detrimento al tesoro
público."(siempre el subrayado es nuestro)
Esta última ley fue sancionada en el primer gobierno de Reutemann, del cual Cóceres fue funcionario, pese a ser radical.
Es como mínimo sugerente Cóceres que no haya hecho mención alguna al respecto, y que no les haya sugerido a sus correligionarios de la Legislatura (que además gobiernan la provincia, junto con el socialismo) que la modifiquen (tampoco presentaron proyectos en ese sentid que se sepa), al igual que las otras (la de amparo, la de defensa del Estado en juicio) que antes citamos.