LA FRASE

"TODAS MIS DENUNCIAS SON ARCHIVADAS PORQUE DICEN QUE NUNCA APORTO UNA PRUEBA, ASÍ NO SE PUEDE, NO ES CONFIABLE LA JUSTICIA EN ÉSTE PAÍS." (GRACIELA OCAÑA)

domingo, 16 de febrero de 2020

CON PAUTA/SIN PAUTA


Con doce (12) años de abundante pauta publicitaria provincial:

* Se supo que 195 empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo fueron trasladados al Ministerio Público de la Acusación, o sea el órgano de los fiscales que deben investigar los delitos.

Entre ellos, candidatos del socialismo en elecciones provinciales y municipales, la hija de la actual esposa del gobernador y diputada provincial, el yerno de la ex intendenta de Rosario Mónica Fein, la hermana de quien fuera candidata a vicegobernadora de Bonfatti el año pasado, la sobrina del ex ministro Superti, novios/as, hijos y sobrinos varios.

* Antes se había conocido que designaron al hijo de Barletta y ex socio en el estudio del abogado defensor de Tognoli (el ex jefe de policía preso por vínculos con el narcotráfico) como secretario general del MPA (Ministerio Público de la Acusación), o sea uno de los cargos más importantes del organismo que nuclea a los fiscales judiciales.


* En el medio, antes y después, hubo un desembarco masivo de funcionarios políticos de las tres gestiones provinciales del socialismo, sin escalas, de sus cargos en el Poder Ejecutivo a la justicia y el Ministerio Público de la Acusación: fiscales, jueces, y hasta un ex Fiscal de Estado (Barraguirre) aterrizó en la Procuración, en la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Al diario de Nahuel Caputo (antes, de Gustavo Víttori (a) "el Loco Lindo") nunca se le ocurrió enterarse, y hacer una nota diciendo que de ese modo se violaba la división de poderes o la independencia de la justicia, o que el socialismo buscaba asegurarse la impunidad posibles hechos de corrupción de sus gobiernos (que duraron 12 años), poniendo fiscales adictos, que no investigaran nada que pudiera involucrar a sus funcionarios.

Ahora, con sesenta (60) días sin pauta publicitaria del gobierno provincial:

* El mismo diario "denuncia" que el ministro Saín obtuvo licencia en su cargo del Organo de Investigaciones del MPA, y eso supone un riesgo: que cuando deje su cargo vuelva, y desde allí deba investigar su propia gestión (que lleva apenas 60 días), o la de cualquier funcionario del gobierno de Perotti (que lleva también 60 días), por posibles delitos que no cometieron, o al menos el diario no los menciona.

Tuit relacionado: 

PREVISIONALES


Varias veces dijimos acá que las opciones que se planteaban al kirchnerismo en materia previsional tras la crisis del 2001 y la implosión de la convertibilidad eran limitadas, y optó claramente por la reparatoria: enmendar en parte los estragos que las políticas neoliberales hicieron en el mercado del trabajo, interrumpiendo trayectorias laborales de las personas, impidiéndoles acceder a la jubilación, desfinanciando la seguridad social con la estafa de las AFJP y altos niveles de empleo en negro y deprimiendo los salarios con contratos basura y flexibilización laboral.

En esa primera etapa (que ahora el actual quiere en parte recrear, en otro contexto), se privilegiaron las moratorias previsionales para ampliar la tasa de cobertura del sistema, y la recomposición por decreto (como ahora) para mejorar el poder adquisitivo de los haberes más bajos. De esa decisión (acertadísima en el contexto) viene el hecho de que la enorme mayoría de los jubilados actuales perciban la mínima.

En una etapa posterior y tras fracasar Néstor Kirchner en el intento de poner fin "consensuadamente" al sistema de AFJP (con un año de plazo, solo el 11 % de los trabajadores que habían ingresado optaron por volver al sistema de reparto), y con la crisis financiera internacional de fondo, Cristina -por consejo de Amado Boudou- tuvo la visión estratégica de recuperar para el sistema público de reparto, los recursos aportados por los trabajadores y usufructuados por las AFJP. 

También entonces y a partir de los fallos "Badaro" y "Eliff" de la Corte, puso manos a la obra para mejorar la movilidad de los haberes, con la fórmula también diseñada por Boudou, que permitió que -salvo en algún año de caída de la actividad- las jubilaciones le ganaran a la inflación y también (aun cuando no fuera ése el objetivo), mejorara la tasa de sustitución respecto al haber de actividad del trabajador. En ambos períodos, la transferencia de ingresos a sectores que consumen gran parte de ellos (además de un acto de estricta justicia) tuvo efectos positivos para la economía en su conjunto, que ya por sí justificarían el acierto de las medidas.

Tal como recuerdan los tuits de apertura, el camino no estuvo exento de escollos: tanto la liquidación del sistema de AFJP, como en su tiempo las moratorias previsionales y luego la ley de movilidad del 2008, tuvieron críticas; algunas insólitas como las de la izquierda reivindicando el 82 % móvil, que no hace sino sacralizar en la etapa de pasividad, la enorme desigualdad del mundo laboral durante los 90 y bastante después, por lo ya expuesto en cuanto a las políticas flexibilizadoras de las relaciones del trabajo.

Esa oposición (toda, incluso algunos actuales oficialistas) sumó fuerzas en el Congreso para aprobar un inviable 82 % móvil, sin financiamiento genuino, y que apostaba a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: cualquier vínculo conceptual con lo que vendría en el macrismo, con la "reparación histórica", la (otra vez) desfinanciación del sistema por la baja de aportes patronales, la licuación del valor del FGS en dólares, la clausura de las moratorias y la implantación (como caramelo para endulzar el blanqueo de capitales) de la "pensión universal del adulto mayor", no son pura casualidad. Invitamos a leer acá, con provecho para entender el tema, los fundamentos del Decreto 1482/10 de Cristina, por el cual vetaba en su momento el 82 % móvil.

La frutilla del postre vino en 2017 con la derogación de la fórmula Boudou y su reemplazo por otra, cuyos efectos llegan hasta hoy, cuando opera el arrastre de la altísima inflación del período macrista, en un contexto de endeudamiento sideral y virtual quiebra del Estado. Es sobre esa realidad sobre la que está operando el gobierno, y en ese contexto surgen los anuncios del viernes; que generaron la insólita reacción de los macristas y aledaños, ahora en la oposición, defendiendo el engendro como si no hubieran hecho nada, o su política de seguridad social hubiera sido una maravilla. 

Y cuidado: no son pocos quienes desde la izquierda hacen circular las planillas con lo que hubieran ganado con la fórmula macrista aquellos jubilados que verán sus ingresos rezagados frente a la inflación del período, así como en su momento reclamaban soluciones para los (pocos) jubilados que encuadraban en los fallos "Badaro" y "Eliff", aunque cumplirlos en forma literal (con índices de ajuste inverosímiles diseñados por la Corte de modo pretoriano) significara la quiebra del sistema previsional de reparto, para el conjunto. Extravíos conceptuales difíciles de explicar, desde una perspectiva de izquierda.

Dicho todo esto a modo de introducción, los anuncios del viernes marcan que el gobierno piensa perserverar en la fórmula del primer kirchnerismo (recomponer prioritariamente los haberes más bajos), al mismo tiempo que reintroduce la cobertura integral de los medicamentos más importantes que usan los jubilados, lo que constituye un aumento indirecto de sus haberes, que debe ponerse en la balanza para sopesar las decisiones. Disgresión: si es cierto -como dicen- que la medida tiene un costo fiscal de 30.000 millones de pesos, haber eliminado la cobertura integral de medicamentos de PAMI debe anotarse en las decisiones más nefastas y cuasi criminales del macrismo.

Aun así, no seríamos honestos si no dijéramos que no se termina de entender por qué razón no se comprende a buena parte de ese 13 % (mágico número hablando de jubilaciones, y con Pato Bullrich en escena) del total de los jubilados cuyos haberes ajustarán a la baja; ya que no podrían ser simplemente las restricciones fiscales, o el punto no ha sido debidamente explicado: hay sectores con capacidad contributiva disponible para afectar impositivamente, y contribuir a financiar mejoras más profundas; como los bancos, las privatizadas y el campo privilegiado. O recuperar la coparticipación que Macri le regaló a la CABA por decreto, por ejemplo. Si no explicamos eso, no vale quejarse por las críticas de la izquierda en ese punto (porque en lo de la coparticipación, defienden a Larreta) porque dan en el clavo.

Menos cuando -según se anuncia- la reposición de la cobertura integral de medicamentos por PAMI no distinguirá a los beneficiarios por niveles de ingresos, y al mismo tiempo el gobierno enviará por fin al Congreso el proyecto de ley modificando los bochornosos regímenes jubilatorios de privilegio (en más de un sentido) de jueces y diplomáticos, que si es como cuentan y muestran acá, parece sumamente sensato y justo.

La pregunta que nos hacemos no es, ni más ni menos, que la misma que se viene haciendo Cristina desde los tiempos de campaña: quien va a pagar los costos de la fiesta macrista. Y no es técnica, sino profundamente política, porque remite a lo que Artemio López caracteriza con gran acierto en ésta columna suya en Perfil, como los dilemas que enfrenta Alberto. Tuits relacionados:

sábado, 15 de febrero de 2020

TWEETS POLÉMICOS

UN CASO DIGNO DE ESTUDIO


Varias veces abordamos acá el caso de los préstamos UVA, uno de tantos disparates económicos que perpetrara el macrismo en los cuatro años en los que asolara estas pampas.

En su momento, cuando era oportuno y sin pretensión de originalidad (mucha gente habló y escribió al respecto) advertimos que se trataba de una trampa, armada para negocio de los bancos, en un país cuya historia económica está marcada a fuego por los altos niveles de inflación, y por ensayos similares que terminaron como éste: en desastre para los que se atrevieron a entrar, no obstante las advertencias. Con los números en la mano, mostrábamos acá que la apuesta era suicida, aun cuando los pronósticos de inflación del gobierno de Macri acertaran. 

También dijimos que no se nos escapaba el hecho de que mucha gente tomó esos préstamos porque los vio como la única posibilidad de acceder a la vivienda propia (un sueño imposible para millones de argentinos), y que era natural que, como cualquier grupo social damnificado en sus intereses, pidieran respuestas del Estado, y de la política.

Sin embargo, también señalamos que el país -y por ende el gobierno- tenían innumerables problemas mucho más graves y extendidos que el de los deudores UVA, sin ir más lejos y sin salirnos del problema de la vivienda, el de los millones de argentinos que alquilan, y destinan buena parte de su salario a pagar para tener un techo que los cobije a ellos, y a sus familias.

Problemas que demandaban y demandan una atención más urgente e inmediata, e incluso respecto de los cuales el gobierno que sucedió a Macri debe dar respuestas, porque fue parte de sus compromisos de campaña, como recomponer el poder adquisitivo de los haberes de los trabajadores (formales e informales), los jubilados y los beneficiarios de planes sociales.

Dicho todo esto, no seríamos honestos con nosotros mismos si no señaláramos que la actitud de muchos de los deudores de préstamos UVA (generalizar sería injusto), es un caso digno de estudio por la sicología social, u otra ciencia que pueda abordarlo, y nos ayude a comprender.

En las condiciones reales de acceso al crédito en nuestro país, no es difícil suponer quienes accedieron a este tipo de préstamos, por calificar para ellos conforme a los requisitos que establecían los bancos, grandes beneficiarios finales del sistema: familias de clase media, con ingresos medios/altos según el promedio de los trabajadores, en blanco y con cierto margen de ahorro disponible para pagar las cuotas, aun cuando estuvieran al mismo tiempo pagando un alquiler.

Y gente que a su vez confió en la palabra de Macri y en su programa económico, en cuanto a que iba a terminar con la inflación, o que en su gobierno no iba a ser un problema. Si eso es así (y todo indica que lo es), es muy posible que confió al extremo de haberlo votado, de donde la correlación "deudor de préstamos UVA/votante de Macri" debe ser alta, por no decir altísima.

¿A qué viene esto? A que tratándose la cuestión de un problema entre privados (como bien definió Alberto, aunque les moleste a muchos), con consecuencias o proyecciones sociales, la única posibilidad de "arrimar una solución" es que el Estado ponga plata de todos (incluso de los que pagan IVA cuando compran en el almacén, aunque vivan abajo de un puente), para compensar a los bancos porque sus deudores no les paguen la deuda, en los términos que convinieron.

Cualquier otra solución (como modificar por ley o "acto del príncipe" los contratos, sin compensarlos) sería judicializada, y ya sabemos la suerte que correría en éste país un reclamo judicial del poder económico (los bancos) contra el Estado. El que diga lo contrario miente, o no lee los diarios.

Así las cosas, no es dudoso lo que, en éste estado de cosas y con las prioridades más urgentes que atender que brotan por todos lados, debe hacer el gobierno. Otra cosa sería incluso injusta.    

Y en ese contexto, que los damnificados por su propia decisión (tomada por las razones que fuera, pero suya), al ingresar a un sistema cuya perversidad y poder de daño fue advertido y era visible, se enojen con el actual gobierno y se consideren decepcionados con él, y no con el anterior, es como mínimo -reiteramos- un caso digno de estudio.

viernes, 14 de febrero de 2020

TWEETS POLÉMICOS

ENCUENTRE LAS DIFERENCIAS


(1) "Facúltase al Poder Ejecutivo a declarar la rescisión de los contratos de suministros, de obras, locación de servicio y consultoría, celebrados con anterioridad al ..., por razones de emergencia, previo dictámen favorable de la Comisión Provincial de Emergencia Económica y Reforma del Estado.

A los efectos de esta ley, se considera que la emergencia declarada por la misma constituye causal de fuerza mayor, sin que las rescisiones importen contraprestaciones o indemnizaciones a cargo de la Administración, como así tampoco ninguna consecuencia para las partes contratantes."

"Las rescisiones previstas en el Artículo precedente no procederán en aquellos casos en que sea posible la continuación del contrato, previo acuerdo entre comitente y contratista que se inspiren en postulados doctrinarios y jurisprudenciales en la aplicación de la legislación vigente y, teniéndose en cuenta el principio de sacrificio compartido por ambas partes contratantes.

(2) "Facúltase al Poder Ejecutivo a reprogramar plazos y a resolver contratos de suministro, obra, locación de servicios y consultoría celebrados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, por razones de emergencia. Se considera que la emergencia declarada por esta ley constituye causal de fuerza mayor, sin que las resoluciones importen contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, como así tampoco ninguna consecuencia para las partes contratantes."

"Las resoluciones previstas en el artículo precedente no procederán en los casos en que sea posible la continuación del contrato, previo acuerdo de partes que se sostenga en el principio del sacrificio compartido."

"Facúltase al Poder Ejecutivo a renegociar contrataciones, siempre que ello implique una mejora respecto de la situación existente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley."

(3) "Facúltase al Poder Ejecutivo, en virtud de la declaración del artículo 1°, a renegociar contrataciones comprendidas en razón de su objeto en las Leyes Nros. 12510 y 5188, siempre que ello implique una mejora respecto de la situación existente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley.

Dicha renegociación deberá ser precedida de un acuerdo de partes que se sostenga en el principio del esfuerzo compartido."

"En caso de no lograrse la renegociación a la que hace referencia el artículo anterior, y por la misma razón, facúltase al Poder Ejecutivo a reprogramar plazos y resolver contratos de suministro, obra, locación de servicios y consultoría; y en general todos los incluidos por razón de su objeto en las Leyes Nros. 12510 y 5188."

(4) "Los precios cotizados en las contrataciones son invariables. No obstante, cuando circunstancias externas, extraordinarias e imprevísibles, sobrevinientes a la ejecución del contrato, alterasen la equivalencia de las prestaciones tornándola excesivamente onerosa para cualquiera de las partes, las Jurisdicciones o Entidades contratantes evaluarán la conveniencia de renegociar el contrato sobre la base del principio del sacrificio compartido o disponer su rescisión sin culpa de las partes. Los acuerdos de renegociación deberán ser acordados por la autoridad competente que aprobó la contratación y deberán contemplar las siguientes condiciones mínimas, según corresponda:

a. Modificación de las prestaciones en más o en menos, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias del contratante.

b. Ajuste equitativo de los precios del contrato sobre la base del principio del sacrificio compartido.

c. Adecuación de los pagos a las disponibilidades de fondos de la Jurisdicción o Entidad contratante.

d. Prórroga del plazo de ejecución, sin aplicación de penalidades, cuando el contratista probare la incidencia directa de la mayor onerosidad sobreviniente de la prestación en la situación de mora contemplada en este apartado.

e. Renuncia del contratista a reclamar cualquier otra compensación o indemnización derivada de las circunstancias que motivan el acuerdo de renegociación del contrato.

Para tener derecho a la revisión o rescisión del contrato sin culpa de las partes, el contratista deberá presentar la solicitud correspondiente dentro del plazo de quince (15) días de verificadas las circunstancias que hubiesen tornado excesivamente onerosa la prestación a su cargo."

(1) Textos repetidos idénticos en los artículos 46 y 47 de la Ley 10472 (1989) y 10798 (1992)

(2) Textos de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 11696 (1999)

(3) Textos propuestos en el proyecto de ley de "necesidad pública" enviado por Perotti a la Legislatura, y que la oposición y las empresas contratistas de obra pública rechazan por tener "superpoderes" para rescindir unilateralmente contratos sin pagar indemnizaciones, o afectar el derecho de propiedad. 

(4) Texto de la reglamentación del artículo 138 de la Ley 12510, aprobada por Lifschitz en 2016 mediante el Decreto 1104, y aun hoy vigente en la provincia. El artículo que pretendió reglamentar simplemente dice: "Los precios pactados son invariables, excepto que ello signifique una economía para el Estado.". No habla (como hace el decreto) de que haya que reconocerles mayores costos a las empresas, o perdonarles incumplimientos contractuales.

Por si no se entendió: Lifschitz gobernador aprobó por decreto, algo mucho peor para la provincia en su relación con las empresas proveedoras, que lo que Lifschitz diputado le niega a Perotti, aprobar por ley.

(Las negritas son nuestras, en todos los casos. Si no encuentran las diferencias, vayan directamente a ellas. Y si siguen sin encontrarlas, es porque no las hay). Tuit relacionado:

jueves, 13 de febrero de 2020

NOBLEZA OBLIGA


En varias oportunidades hemos cuestionado acá las definiciones (o in) del gobierno en materia económica, por supeditar todo a la renegociación de la deuda, sin entrar en el disparate de los "econochantas" y operadores periodísticos que viven reclamando "un plan integral", como si de eso dependiera todo. 

Pero, nobleza obliga, el paso del ministro Guzmán ayer por el Congreso dejó mucha tela para cortar, y definiciones muy contundentes, que es de esperar se traduzcan en políticas concretas, tanto a la hora de renegociar la deuda, como de definir cuestiones centrales: salarios, jubilaciones, tarifas, inversión pública. Acá en Infobae hay una  reseña más o menos completa de los más importante de sus dichos. 

Nosotros acá nos quedamos con un par de cuestiones que nos parecen relevantes, a saber:

* El realismo a la hora de admitir que es inviable en términos económicos, políticos y sociales un ajuste que tienda a forzar el superávit fiscal en lo inmediato, cuando no es posible obtenerlo; y el correlativo señalamiento de que las "metas" prometidas tradicionalmente en esa materia fueron incumplibles, o dolorosas.

* Descartar de plano que la austeridad fiscal sea aconsejable en términos de recesión, lo cual va totalmente en línea con lo que dijo el sábado Cristina desde Cuba: en los ciclos de baja es el Estado el que inyecta en la economía recursos que los privados no están dispuestos a aportar. 

La afirmación supone (o exige) corregir la marcha de la administración en lo inmediato, al menos si nos atenemos al bajísimo devengamiento de las partidas presupuestarias del Estado nacional en el mes de enero.

* Plantear la insostenibilidad (palabra de moda) del endeudamiento en divisas de las provincias, que contribuyen de ese modo a agudizar la restricción externa, siendo que a su vez no generan divisas para el repago, con sus propios recursos. Una insensatez que el macrismo alentó, y a la que debe ponérsele fin.

* El cuestionamiento a la fórmula de movilidad previsional del macrismo por ser "contracíclica", de resultas de lo cual cuando hubo crecimiento en ese período (solo el año 2017), se optó por no compartirlo con los jubilados, y modificar a la baja la fórmula de ajuste de los haberes. Claro que esa afirmación (correcta) pone al gobierno ante la disyuntiva de lograr, al finalizar el período en el que la ley de emergencia lo autoriza a fijar los aumentos por decreto, una fórmula de ajuste distinta, que cumpla con esas premisas.

Y desde acá nos parece que no puede ser otra que la que en su momento diseñara Amado Boudou y luego recogiera la Ley 26.417 aprobada durante el gobierno de Cristina: las jubilaciones se ajustaban semestralmente, pero tomando en cuenta la evolución del RIPTE (el promedio de la variación de los salarios de los trabajadores registrados), o los recursos de la ANSES (aportes y contribuciones, más parte de la recaudación tributaria afectada, menos las transferencias del Tesoro) divididos por el universo de beneficiarios del sistema, lo que fuera mayor; fórmula con la cual los jubilados en todos los años entre 2008 (cuando la fórmula fue aprobada) y 2015 le ganaron a la inflación, aumentando su poder adquisitivo. 

TWEETS POLÉMICOS


miércoles, 12 de febrero de 2020

A REPERFILAR SE HA DICHO



En el Boletín Oficial de hoy apareció publicado el DNU 141 (completo acá), por el cual el gobierno "reperfila" los vencimientos y pagos del bono Dual emitido por Macri, el 97 % del cual fue suscripto en dólares; dicho esto para los que se apuraron a decir "el gobierno defolteó deuda en pesos".

La decisión llega luego del fracaso de dos licitaciones sucesivas para que los tenedores del bono los canjearan por otros títulos, y en medio de las negociaciones con los acreedores externos por la reestructuración de la deuda. De hecho, en la misma edición del Boletínse publica la Ley 27544, que aprueba los principios de sustentabilidad de la deuda emitida en moneda extranjera.

En los considerandos del decreto, el presidente detalla las razones por las cuales difirió los pagos del capital al 30 de septiembre, y suspendió el curso de los intereses que transcurran hasta entonces, limitándose a pagar los que ya corrieron.

Se señala allí que "...el elevado nivel de endeudamiento en moneda local contraído por la administración saliente y su cronograma de vencimientos altamente concentrado en el primer semestre, dificulta en las actuales condiciones de mercado la refinanciación de los “Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual Vencimiento 2020”." y que "...el cumplimiento de las condiciones originales de pago de este instrumento comprometería los pilares de la consistencia macroeconómica necesarios para continuar con el proceso de normalización de la deuda en moneda local y generaría tensiones monetarias que afectarían la sostenibilidad global."


En relación con lo primero (el pavoroso nivel de endeudamiento que dejó Macri) era harto sabido desde antes de que Alberto Fernández asumiera el gobierno, y en relación con lo segundo, la afirmación debe ponerse en su contexto: no se trata tanto de restringir la emisión monetaria por un principio dogmático propio del neoliberalismo, como de no hacerlo para que ese dinero así creado vaya a manos de sectores con capacidad de ahorro, que podrían volcarlo al mercado paralelo del "blue", haciendo disparar su cotización y su diferencia con el dólar oficial.

El DNU deja exentos del "reperfilamiento" a los tenedores individuales (personas físicas), con montos inferiores a los 20.000 dólares, y que aun conserven los bonos en su poder y no los hayan negociado, de modo que los principales perjudicados por la medida son los fondos de inversión.

En tanto la mayoría de la suscripción fue en dólares, y los principales tenedores son fondos de inversión, la medida marca un posible anticipo del modo en el que el gobierno encarará el tramo decisivo de la negociación de la deuda emitida en divisas, o cuales serían las bases de la reestructuración que propone. Si esto es así, la pregunta es por que no se apeló de entrada a éste mecanismo, en lugar de intentar dos canjes voluntarios (y no compulsivos), logrando sendos rechazo del mercado.

Acaso tenga que ver con el hecho de que el gobierno admite conceptualmente que la deuda, en sus condiciones originales de emisión y en el actual contexto, es impagable; pero insiste (con bastante de voluntarismo) en seguir "dando señales a los mercados" para no predisponerlos mal, de cara a la negociación.

Lo cual nos remite a lo dicho en su momento acá, hace apenas dos semanas: "La deuda pública del país es impagable: lo dice el Papa, lo dice el FMI, lo admitió implícitamente Macri (el gran endeudador serial) al "reperfilar" la que estaba nominada en pesos y era pagadera en el país, lo vienen asumiendo los mercados con la evolución de los bonos, lo consiente hasta la propia prensa del sistema financiero, desde hace tiempo. Esa discusión es estéril, porque está saldada.

Eso supone que ningún acreedor, en su sano juicio y con los datos de la realidad económica a la mano, puede pensar que cobrará su acreencia tal como figura en los papeles, en los plazos originales, sin quitas del capital ni los intereses, sin reprogramaciones de los vencimientos. Esa es otra discusión saldada, y resta determinar "cuanto" de cada cosa aceptarán ceder, o mejor dicho, cuanto deberán ceder, si quieren cobrar algo. Eso es así porque la Argentina (post Macri) está en el punto en el que la deuda pasa a ser más que un problema del deudor, uno del acreedor, y mayúsculo."

LA IDEA ERA QUE NO SE NOTARA, MUCHACHOS


"El Poder Ejecutivo pide contratar en forma directa no solo temas alimentarios. Sino medicamentos con laboratorios, insumos hospitalarios, equipamiento policial, el servicio de tarjeta alimentaria que hoy gestiona el Banco Municipal de Rosario. (El mensaje del Gobernador y el texto de la ley dicen expresamente que no pide contratar en forma directa. (Que loco que lo primero que se les ocurre es el contrato del Banco Municipal por la tarjeta alimentaria, que se hizo por contratación directa)

"El Poder Ejecutivo pide luz verde y libertad total para renegociación directa de contratos de todo tipo (no solo de obra pública). Como viene el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo hasta se podría renegociar el contrato del agente financiero, el contrato de captura de apuestas de lotería, el servicio 911, el servicio alimentario de los hospitales.... es decir, contratos que fueron realizados en grandes licitaciones y donde hay muchos recursos en juego."

"Y hasta rescindir esos contratos. Si combinamos la posibilidad de rescindir contratos con la de contratar directamente estamos ante un permiso de hacer cosas que en ningún momento de la historia de la Provincia alguien hizo. (A lo mejor lo que quieren es que la ley diga cuáles contratos no pueden ser renegociados, que son los que mencionan, porque les interesan a ellos) Yo si fuera ellos no nombraría esos contratos en particular, porque se notan mucho los intereses: el agente financiero (Eskenazy, tres veces renovado como único oferente), la lectura de las apuestas de la Lotería (Boldt, desde 1984 como único oferente), el 911 (Telefonica, en licitación que armaron a su medida y sigue prorrogado de hecho hasta hoy porque perdía la licitación), la comida de los hospitales (las dos mismas empresas en Santa Fe y Rosario desde 2012))

"El proyecto de ley si uno lo lee con detenimiento prevé que se pueda tercerizar parte de la tarea de fiscalización o recaudación de impuestos que hace el API. Esto no es un tema menor y solo de privatización, es ver a quien se le permite conocer datos impositivos de los santafesinos. Y una universidad manejando ese tema no vemos la razón o al menos nadie explicó el por qué." (¿En serio hay que explicar cuando se contrata a una Universidad? No quieren que se contrate a una Universidad para mejorar la recaudación porque eso le daría acceso a la base de datos fiscales. Tendrán miedo que los divulguen. Lo raro es que ellos contrataron a la UNR para las licencias médicas de los docentes. Ahí no tuvieron miedo de que revoleen las historias clínicas.)

"En diciembre cuando vino el proyecto anterior el gobierno decía que necesitaba endeudarse en $15.000 millones para recomponer el Fuco. Ahora parece que ya se recompuso más de la mitad el Fuco ... entonces ¿qué dice este proyecto nuevo? Endeudarse en $15.000 millones para recomponer el Fuco y también para aguantar el congelamiento de tarifas y el boleto gratuito.... Nadie pone en duda la importancia de lo tarifario y el boleto escolar gratuito pero atender esos gastos no se hace con deuda sino discutiendo seriamente un financiamiento sustentable. El peronismo siempre hizo una oposición responsable en los últimos años y repetía siempre que el endeudamiento solo debía ser para gasto de capital y ahora vemos que se quiere endeudar para gasto corriente." (Se endeudaron con Eskenazy para bancar el fallido proyecto de reelección de Lifschitz, pero no quieren que Perotti se endeude para mantener las tarifas congeladas y aprobar el boleto educativo gratuito. Lo que es tener claras las prioridades.)

En seguridad hay dos artículos que combinados significan ni más ni menos que se haga una purga policial pero como al ministro Saín le parezca conveniente. No hay nada objetivo. Sino que dice "el ministro puede pasar a disponibilidad a quien quiera, así el agente policial haya hecho algo o no" y luego otro articulo dice que "si un agente estuvo 30 días en disponibilidad se lo puede pasar a retiro obligatorio"." (Chocolate por la noticia, claro que hay que purgar la policía. De las cúpulas corruptas entongadas con los narcos que pusieron ustedes. Que los defienden dice mucho más de ustedes, que de la ley)

"¿Qué es eso sino una purga totalmente discrecional? ¿Y quien paga los costos de esa purga? Todos los santafesinos porque pasan a cobrar una jubilación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Y ese gasto no entra en lo que Anses está comprometido a financiar el déficit de la caja." (La defensa de la gorra ya es inverosímil pero no sorprende. Arrancó con Tognoli. Parece que para estos muchachos en la cana está todo bien y no hay que tocar nada. Ahora descubren que la ANSES no financia todo el déficit de la Caja, cuando se pasaron 12 años diciendo lo contrario, y lo pusieron en el presupuesto)

(Las negritas son nuestras. El texto lo están haciendo circular los asesores del Frente Progresista (o sea, los ex funcionarios del gabinete de Lifschitz) en la Cámara de Diputados entre el periodismo amigazo, tal vez con la idea de que lo repliquen en sus medios).

Posteos con información necesaria para entender:







PD: Que no te tomen por boludo hablando de "superpoderes", "facultades extraordinarias", y esas huevadas. No están defendiendo las instituciones, simplemente los negocios que hicieron desde el gobierno, y los aportantes de campaña. De eso hablan cuando dicen "contratos con muchos recursos en juego".

martes, 11 de febrero de 2020

TWEETS POLÉMICOS