GARRAPATAS

 

Como diría Scalabrini Ortiz, estos asuntos de la economía son tan sencillos que los puede entender cualquiera, pero si los explican e igual no se entiende es que te están cagando. https://t.co/v9p4Z5MzZ4

— La Corriente K (@lacorrientek) March 25, 2023

El canje compulsivo de bonos en dólares que tenía en su cartera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES por bonos duales en pesos todavía sigue haciendo ruido al interior del FDT. porque al igual que otras medidas anteriores del mismo tenor (la recompra de 1000 millones de dólares de deuda y el canje de deuda con los bancos por las LELIQS) nunca son debidamente explicadas por el gobierno; como si hubiera algo que ocultar.

Al respecto, de lo más completo que hemos leído es ésto de Horacio Rovelli en "EL Cohete a la Luna", de lo cual nos quedamos con éstos párrafos: "El problema real es que el Ministerio de Economía está privatizando deuda externa (títulos que tienen los distintos estamentos del Estado) a precio vil (La lámina del AL 30, que vence en el año 2030, de 100 dólares, se cotiza en torno a los 25 dólares), y se permite que quienes los compren (bancos, aseguradoras y fondos de inversión) giren sus utilidades a través del CCL con esos títulos. Obviamente esa operatoria de venta a precio vil y fuga frenará los distintos paralelos, pero a costa del Estado nacional que deberá pagar al valor nominal (100 dólares la lámina) a su vencimiento.".

"El problema fiscal es el constante subsidio de Macri y de Alberto Fernández al capital concentrado. Por ejemplo, el BCRA le paga, este año 2023, una renta a los diez bancos privados más grandes de no menos de 5 billones de pesos (unos  20.000 millones de dólares) y, sin embargo, el FMI exige que el BCRA no puede prestarle más al Tesoro para el corriente año 2023 que el 0,6 % del PIB ($ 883 mil millones a precios de septiembre 2022, año en el que se elaboró el presupuesto nacional).". 

"Y son esos mismos bancos, más las compañías aseguradoras y los fondos de inversión, los que propician que el Estado se desprenda de títulos en dólares para comprarlos ellos. Títulos que, cuando se convirtieron en el canje que realizó el 31 de agosto 2020 el por ese entonces ministro Martín Guzmán, cotizaban en torno a los 46 dólares la lámina de 100 dólares y se lo van a vender a los nombrados a 25 dólares promedio y el Estado nacional a medida que venzan debe rescatarlos al 100 % de su valor. De esa manera y por decreto (DNU), los organismos públicos nacionales deben desprenderse de sus títulos en dólares que totalizan unos 35.000 millones nominales, para hacer frente a los pagos externos y normalizar los valores del contado con liqui y el MEP.".

Ahora agregamos nosotros a lo apuntado por Rovelli que la medida de mostrar que estás dispuesto a gastar los bonos en dólares, se toma en medio del terremoto financiero internacional, y en la avanzada que te armaron acá desde el lunes pasado, a través del dólar MEP y del blue, porque no hay reservas suficientes en el BCRA; y "los mercados" tienen la capacidad de provocar una corrida cambiaria y que se vaya todo a la mierda. Entre el MEP, el CCL (Contado con Liquidación) y el "blue" mueven unos 200 millones diarios; y con el canje de bonos el gobierno quiere mostrar que tiene entre 31.000 y 32.000 millones de bonos en dólares para jugar, lo que tuvo efecto enseguida, bajando las cotizaciones. 

Pero claro, se empapeló al FGS, y se le dio a Economía el libre manejo de todos los bonos en dólares, lo cual es peligroso. Eso sin contar el interrogante sobre si esas tenencias en bonos serán suficientes para contener la avanzada cambiaria del mercado por una devaluación hasta que lleguen las elecciones; en un contexto en el que la sequía complica la entrada de dólares genuinos a las reservas del Banco Central, que incluso con superávit comercial sosteido no se han visto fortalecidas en éstos años. 

También existe la posibilidad de resolver -como plantea Rovelli- el problema fiscal por el lado de recomponer los ingresos del Estado afectando rentas de los sectores que han ganado con la crisis, o adoptar medidas regulatorias sea a través del Banco Centra interviniendo bancos, financieras y sociedades de bolsa que están incendiando el mercado, o aplicando el artículo 141 de la 26.831 que regula los mercados de capitales, y señala lo siguiente: "La Comisión Nacional de Valores podrá interrumpir transitoriamente la oferta pública de valores negociables u otros instrumentos financieros u operaciones, cuando se encuentre pendiente la difusión de información relevante o se presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen aconsejable y hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción.".

Claro que entonces entramos en otro terreno, que es de la política y sus límites: no parece ser Sergio Massa el adecuado para avanzar en ese sentido, ni tampoco parece que el gobierno tenga la más mínima intención de ir por ese lado. De hecho, en casi 40 años de democracia el sistema político en su conjunto (incluido el kirchnerismo) nunca tuvo la decisión ni el músculo necesario para avanzar en la modificación sustancial de la Ley 21.526 de entidades financieras aprobada por Videla y Martínez de Hoz en plena dictadura.

Aunque sí el kirchnerismo fue en sus gobiernos el único en darle algunos arañazos a los intereses del sistema financiero con los canjes de deuda del 2005 y 2010 con quitas sustanciales del capital, la Ley 26425 que liquidó las AFJP, las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central -aumentando sus capacidades regulatorias- de la Ley 26739 de 2012, y la ya citada Ley 26831 de los mercados de capitales. 

Sin embargo, en esta versión deascafeinada en la que no "volvimos mejores", el BCRA no usa todo su poder regulatorio, nunca se intentó siquiera reponer el texto original de la Ley 26831 mutilada en 2018 -como pasó con la ley de medios- por la Ley 27440 en el gobierno de Macri, y ahora se está poniendo en riesgo la solvencia del FGS, aunque se diga que el canje de bonos le generará en el mediano plazo una ganancia contable.

Y mientras tanto no se avance en alguna de esas direcciones. recomponiendo el poder regulatorio del Estado para poner en cintura a un sistema financiero cuya contribución a la economía real (vía crédito y financiamiento a la producción) deja bastante que desear, jugando con las reglas de ellos -es decir, las del mercado- lo único que queda es ensayar estos pases mágicos para ir saltando de una crisis (real o potencial, lo mismo da) a otra, hasta que el estallido no se pueda contener. Un estallido generado por ellos (los bancos, las sociedades de bolsa, las financieras), para su propio beneficio, como siempre. Tuits relacionados:  

Recompra deuda. Canje de deuda a los bancos. Canje de títulos en dólares por títulos en pesos al FGS. Así dicho y sin mayores explicaciones pareciera que Massita sigue engordando a las garrapatas financieras esperando que chupen tanto que exploten. A menos que alguien aclare.

— La Corriente K (@lacorrientek) March 22, 2023

Recompra de deuda. Canje de bonos a los bancos. Canje forzoso de títulos al FGS. La gestión Massa-Rubinstein-Macdur (a.k.a. lavagnismo sin Sandalio) sumando decisiones inexplicables, o potenciales curros.

— La Corriente K (@lacorrientek) March 22, 2023

LA CHANCHA, LOS VEINTE Y LA MÁQUINA DE HACER CHORIZOS

 

Si ceden a ésta apretada es la vergüenza final: https://t.co/olRnYc7FUA

— La Corriente K (@lacorrientek) October 21, 2022

 Leemos acá en La Política Online que, con el trasfondo de la discusión del presupuesto 2023 en el Congreso hay una puja por el mecanismo de reintegro de lo pagado por las empresas en concepto de impuesto a las Ganancias, como consecuencia del ajuste por inflación de los balances. 

Señala el artículo: "En el Presupuesto del 2022 que se cayó por el rechazo de la oposición a votarlo, se prorrogaba el sistema que rigió hasta el 2021 que permitía deducir de ganancias el ajuste por inflación en tres años consecutivos. Esto permitía al Estado morigerar el impacto fiscal de las medidas y a las empresas productoras que toman deuda en el exterior, como las petroleras, les facilitaba la operación.".

"Cuando se cayó el presupuesto el ajuste por inflación pasó a debitarse en una sola cuota. Esta opción beneficia a los bancos y son los que despliegan por estas horas un intenso lobby sobre los diputados para que no incluyan en el Presupuesto la modificación que permita el regreso de las tres cuotas. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que según sus cálculos mantener el sistema actual de un sólo debito en lugar de prorratearlo en tres años le genera una pérdida al fisco de unos 300 mil millones de pesos.". 

"La diferencia entre los sectores económicos se da porque el impacto del ajuste por inflación tiene efectos diferentes según el tipo de balance que tengan las compañías. Aquellas en la que el activo monetario es mayor al pasivo monetario (como los bancos), están más expuestos en sus balances al impacto de la inflación y esto les genera una pérdida que pueden deducirla del impuesto. Les sirve anticipar el pago y ganarle a la inflación.".

"Las compañías que tienen más pasivos monetarios que activos monetarios y que realizan inversiones intensivas y tomas préstamos en el exterior, como las petroleras, están obteniendo una ganancia producto de la inflación y deberían pagar más. Por eso, prefieren prorratear en tres cuotas el pago porque les gravan las ganancias generadas por efecto de la inflación.".  

Hace muchos años atrás y a propósito del reclamo empresarial por el ajuste por inflación de los balances de las empresas, decíamos en ésta entrada: "Según nos comentaba nuestro amigo Diego Rubinzal (al que consultamos sobre el tema) el ajuste por inflación para las empresas en Ganancias es algo muy complejo porque la ley ya lo contempla para ciertos aspectos que tienen que ver con rubros que componen el patrimonio o activo de las empresas, y el pasivo.Y también nos decía que el ajuste generalizado por inflación terminaría favoreciendo a las empresas que están más "líquidas", es decir que más allá de su situación patrimonial, tienen gran flujo de facturación constante.".

"No hace falta ser Diego Rubinzal para darse cuenta que en esa situación están muchas de las empresas que tienen posición dominante en el mercado, y por ende captan niveles de facturación importante, que se traducen obviamente en utilidades significativas. Y que además en muchos casos son formadoras de precios, y pueden a su vez (como compradores con poder privilegiado de negociación) minimizar sus costos, fijando precios para los insumos que necesitan. Algo que un trabajador no puede hacer con su salario, o sus bienes patrimoniales.".

Como vemos entonces, los causantes y beneficiarios de la inflación quieren provechar sus consecuencias, para seguir obteniendo beneficios, y que el Estado (o sea, todos nosotros) sea el pato de la boda. De éstas cuestiones también se habla (o debiera hablarse) cuando se dice que la inflación es consecuencia o resultado de la puja distributiva; o por lo menos con estas cuestiones algunos podrían tener más en claro quien gana y quien pierde en esa puja: de accederse al lobby de los bancos, el Estado resignaría 300.000 millones de pesos en recaudación, que bien podrían destinarse a mejorar jubilaciones, la AUH o los demás programas sociales, por decir algo.

En el caso de los bancos, son los eternos beneficiarios, con todos los programas económicos, en todos los gobiernos y sin importar las circunstancias de crisis o bonanza por las que atraviese el país. De hecho, en estos tiempos están haciendo pingües ganancias prestándole al Estado a tasas siderales, en un marco macroeconómico en el que las tasas suben como estrategia para intentar -sin éxito hasta acá- frenar la inflación. 

Y ahora además quieren licuar el costo fiscal que les significan esas ganancias, acumuladas en ése contexto, con la excusa de la inflación, y haciéndole perder una masa importante de recursos al Estado, justo cuando todos -el gobierno, la oposición, los empresarios, el FMI-hablan de garantizar el equilibrio fiscal o la reducción del déficit, pero solo atacando los gastos públicos, sin hablar de los ingresos. 

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Claro, lo que genera confianza es un buen lavado de dinero con cuentas truchas en un banco suizo, tu especialidad. O sacar créditos a lo pavote del Banco Nación que no pensás pagar o que te den una concesión de un servicio público y prestarlo como el orto: https://t.co/hgD0PPMhe6

— La Corriente K (@lacorrientek) July 23, 2020

Tal parece que para los empresarios y banqueros la palabra "confianza" es clave: siempre insisten en la necesidad de que los gobiernos y sus políticas -por ejemplo- generen confianza para invertir, o para que ellos decidan hacer negocios en un lugar.

Como banquero, es lógico que el HSBC Martino valore la confianza: sin la confianza de sus clientes que le entregan su dinero para que haga con él prácticamente lo que se les antoje con tal de que los beneficie a ellos en el proceso (esa es la magia de la "confianza" en el negocio bancario), un banco no podría existir directamente. Cuando no hay confianza en los bancos, los ahorristas empiezan a retirar masivamente sus ahorros de ellos y todo se derrumba.

A menos, claro, que el Estado los rescate (a los ahorristas y a los bancos), para que puedan reanudar su relación, desconfiando (ambos) del Estado, y confiando los ahorristas, en los banqueros que los estafaron. Tanto importa la confianza en esos casos, que se termina convirtiendo en credulidad, pero funciona. Para los bancos al menos.

Los productores que le vendieron grano a Vicentín seguramente confiaron en el prestigio de la empresa, porque es eso: una empresa privada y no el Estado, al cual le desconfían (o sea, no le tienen confianza), y por eso por ejemplo evitan pagarle impuestos. Por esa confianza es que muchos fueron estafados por Vicentín, y en lugar de reclamarle a la empresa que los estafó, hacen banderazos contra la idea del Estado de expropiarles la empresa a los estafadores. Aquí la confianza se parece bastante a un acto de fe, con su correspondiente auto de fe inquisitorial contra el demonio estatal.

El Banco Nación, al prestarle ingentes sumas a Vicentín en condiciones sospechosas, también confió en que la empresa las devolvería. O no, y simplemente quienes lo manejaron durante el gobierno en el que les dieron esos préstamos (el de Macri) confiaban en que a cambio de ellos, financiarían generosamente su campaña electoral, e incluso podrían lavar parte del dinero destinado a esos fines. Todo indica que esa confianza en particular, no se vio defraudada: hoy están en primera fila para defender a sus financistas de campaña.   

Hace muchos años, en los 90', vino un gobierno que desconfiaba del Estado y de su capacidad para gestionar eficazmente los servicios públicos, y los privatizó: confiaba en que serían mejor prestados por empresas privadas. Y confió en determinadas empresas para que presten determinados servicios, como Edesur. Tres décadas después, salvo alguna excepción que se nos escapa, queda claro que no había muchas razones para confiar, y que los que entonces desconfiaban de la solución elegida, tenían razón.

Cuando un servicio público se presta en condiciones desastrosas (por el Estado o por empresas privadas) se defrauda la confianza del usuario que los paga, y que en muchos casos es cautivo, porque no puede elegir otra empresa: en la concesión de servicios públicos la regla es que los contratos conceden el monopolio de explotación, al menos en un área o zona determinada, y en los llamados servicios "indivisibles", como la electricidad.

Cuando el Estado concede la explotación de un servicio público a una empresa privada, firma con ella un contrato de concesión, que establece derechos y obligaciones para las partes como todo contrato, y cuales son los casos en que el incumplimiento de esas obligaciones puede llevar a la resolución del contrato, y la revocación o extinción de la concesión, revirtiendo la prestación del servicio a su dueño o titular originario: el Estado. De allí que hablar de "estatización" en esos casos es casi una licencia poética.

Ahora bien, si tenemos contratos, escritos y firmados voluntariamente por las partes, y una de ellas no los cumple, colocándose en la situación de que esos contratos se rescindan, ¿no sería esa rescisión, precisamente, una consecuencia de la violación a la confianza depositada en que los cumpliría, en lugar de un acto que genere desconfianza?

Deudores quebrados fraudulentos, empresas que no invierten y no cumplen sus contratos, bancos que estafan a sus ahorristas, y pretenden salir indemnes, sin que el Estado haga nada. Aunque ese Estado sea acreedor, poder concedente o regulador, según los casos; y aunque sus defraudaciones a la confianza perjudiquen a cientos o miles de personas, que confiaron en ellos.

Y si el Estado se decide a hacer algo, genera desconfianza, según Martino. Es raro como funciona la confianza en algunos casos, y a algunos niveles: se parece bastante a una patente de corso, o a un pedido de inmunidad por delitos.

CUANDO PASE EL TEMBLOR

Cuando pase la pandemia (porque algún día pasará, nada es eterno) hay unas cuantas cositas de las que tendríamos que ocuparnos.

Por ejemplo de saber quienes están comprando ahora, en medio de la debacle y la cuarentena, dólares MEP o "contado con liqui". O sea, que el presidente de la CNV Cosentino deje de hacerse el boludo y le brinde el listado al Banco Central, o que el presidente del BCRA Pesce la obtenga por él mismo, en lugar de andar pasándose la pelota uno al otro.

Y más que eso, de regular de una buena vez el mercado de capitales, de modo que no se convierta en un mecanismo de fuga de divisas, a través de las operaciones con bonos y acciones en dólares. O de impulsar una nueva ley de entidades financieras, que reemplace a la 21526 aprobada en 1977 por la dictadura, de hechura de Martínez De Hoz.

O de conocer por fin a quienes les pagamos deuda en el arreglo con los fondos buitres en abril del 2016, o cobrarle algo del préstamo del Banco Nación a Vicentín, ponéle.

También podríamos ir redondeando -si es que lo empezamos- la renegociación de los contratos con las privatizadas de servicios públicos que contempla la Ley de Emergencia 27541, como dice la norma: "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020.".

De paso también podríamos avanzar en cobrarles impuestos a los titulares de las miles de cuentas no declaradas en paraísos fiscales que la OCDE detectó en 2017 enviándole la información al gobierno de Macri, que por supuesto nada hizo al respecto. Y ya que estamos, ver si algunas de ellas corresponden a gente que ingresó al blanqueo y no las declaró, así caen los beneficios del blanqueo de acuerdo al artículo 85 de la Ley 27260, y pagan todos los impuestos que correspondan.

Otro temita pendiente del que nos tendríamos que ocupar son los nombramientos de ñoquis VIP del macrismo hechos al amparo del Decreto 788/19, que Alberto mandó a suspender, revisar y en su caso anular por el Decreto 36/19, ya que se venció con holgura el plazo de tres meses que puso para hacerlo.

En esa misma línea, podríamos asegurarnos que ya no queden macristas enquistados en cargos políticos en las estructuras del Estado, o representando a la ANSES en los directorios de las empresas donde tiene acciones a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 8FGS).

O estar completamente seguros que no hubo empresas que cobraron los créditos del FOGAR o los préstamos subsidiados para pagar sueldos en medio de la pandemia, y con esa plata compraron bonos, acciones o dólares para fugarla. 

Como quien no quiere la cosa, ver que onda con las causas judiciales que involucran a Macri y sus funcionarios, desde el Correo (alguien que se asegure que pague la deuda, ponéle) a las autopistas, pasando por los parques eólicos o los negocios vendiendo bienes del Estado a precio vil, empiecen por donde quieran. 

Y si no es demasiado pedir, ordenar que le paguen de una buena vez por todas a Boudou la asignación que le corresponde como ex vicepresidente, de acuerdo con la Ley 24018. O aprobar de una buena vez por todas una ley prohibiendo que los que tengan cuentas en paraísos fiscales accedan a cargos públicos, o a cualquier beneficio otorgado por el Estado, sean subsidios, exenciones de impuestos, créditos o contratos.

Si quieren empezar con algo de todo esto antes de que haya pasado la pandemia, no nos vamos a enojar. Es más, en algunos casos si no lo hacen, nos van a comer los piojos a todos. Tuit relacionado: 

Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué nos estamos enterando de la nómina de los principales fugadores de capitales durante el macrismo por una nota de Verbitsky y no por una conferencia de prensa del gobierno, ya que la información salió del Banco Central.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 17, 2020

NOS GANARON POR CANSANCIO

El domingo analizábamos en ésta entrada la situación que se le planteaba al gobierno por la negativa de los bancos a implementar el programa de créditos a tasa menor a la del mercado a las Pymes, para poder pagar sueldos y recomponerse en medio de la crisis.

Decíamos entonces: "...y en ese marco se podría -por ejemplo- imponerles a los bancos que presten el dinero que el Central les liberó de los encajes no remunerados a tasa cero (0) a las Pymes, sin más garantía que la palabra del gobierno; y aun así no perderían dinero: saldrían derechos en todo caso, en ese exclusivo segmento de sus negocios. Y si se entiende que para proceder en tal sentido al gobierno le faltan facultades: ¿qué mejor excusa para gatillar un DNU que la resistencia feroz de los bancos a auxiliar a las Pymes en medio de la pandemia? Es decir, en lugar de "advertir" o "apuntar", o "indignarse", disparemos, y listo."

Bueno, un día después el DNU salió, aunque no exactamente en el sentido indicado: en el Boletín Oficial de ayer se publicó el Decreto 376 (completo acá), que modifica su similar 332/20, en lo que tiene que ver con la asistencia del gobierno a las Pymes, empresas en general y algunas categorías de monotributista, frente a los estragos que causa la crisis. 

Lo que hizo el gobierno con el nuevo decreto es correr a los  bancos del medio, y asumir directamente el problema, con recursos públicos: el DNU establece un "Salario Complementario" abonado por el Estado a los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, sin distinción del tamaño de las empresas (antes era para las que tenían hasta 100 empleados); siempre que cumplan algunos requisitos, como por ejemplo acreditar una caída ostensible de las ventas y la facturación desde el 12 de marzo (antes era desde el 20 en que comenzó la cuarentena).

Además establece créditos a Tasa Cero (o sea con el costo financiero subsidiado en un 100 % por el Estado) para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas) y para trabajadoras y trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete y el Banco Central. 

El decreto dispone que el monto del "Salario Complementario" será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes. El decreto anterior segmentaba la ayuda por tamaño de las  empresas o cantidad de empleados de cada una.

Finalmente prorroga hasta el mes de octubre inclusive (en el Decreto 332 era hasta el 30 de abril) las medidas para las actividades, empresas y trabajadoras y trabajadores independientes que siguieran afectados por las medidas de distanciamiento social, aun cuando el aislamiento social preventivo y obligatorio haya concluido: un reconocimiento de que la crisis pegó fuerte, y la recuperación será lenta.

El DNU 376 expresa por un lado la decisión del gobierno de cortar por lo sano, abrir la billetera y volcar recursos a los sectores más golpeados del entramado productivo y laboral (lo que es un acierto, y debió haberse hecho de ese modo desde el principio), tal y como están haciendo muchos otros gobiernos a lo largo y ancho del mundo, sin distinción de colores políticos. Algunos incluso han puesto a su cargo la nómina salarial completa de las empresas.

Queda, sin embargo, la clara sensación de que el gobierno no tiene la decisión de ir a fondo contra los bancos, para obligarlos a comprometerse a aportar algo para ayudar a salir de la crisis; o si se quiere: otro ejemplo más de que el Estado asiste y ayuda allí donde el mercado no quiere o se niega. O de que los bancos nos ganaron por cansancio.

Como para medir con éste ejemplo los dichos del ministro Guzmán en el reportaje que le hizo Verbitsky sobre posibles reformas a la ley de entidades financieras, que viene desde la dictadura. Tuits relacionados:  

Esto tiene dos caras: una buena, porque la medida es acertada y necesaria. La otra mala, porque se llega a ella porque los bancos no le dieron bola al gobierno, y no pagaron ningún costo por eso. https://t.co/fyG73upI95

— La Corriente K (@lacorrientek) April 20, 2020

¿Esto no debería ser la noticia principal del diario apenas uno lo abre?: https://t.co/stJmRQuNNK

— La Corriente K (@lacorrientek) April 20, 2020

En lugar de flashear cosas después del reportaje de Verbitsky a Guzmán (como la posible reforma a la ley de entidades financieras) reparemos en el dato de que el Estado tuvo que salir a auxiliar a las Pymes porque no pudo lograr que lo hicieran los bancos. Y lo bien que hizo.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 20, 2020

POR FIN

Hasta ahora,  los Bancos continuaban con el gran negocio instalado durante la gestión macrista: pagar bajas tasas de interés a los depositantes y cobrar altas tasas por la tenencia de Leliqs.

Si bien el gobierno actual logró hacer descender en un gran porcentaje la tasa de referencia, es decir la tasa pagada a los Bancos por las Leliqs, haciéndola bajar 25 puntos hasta llegar al actual 38%, las entidades bancarias se cubrieron de la baja de intereses dispuesta por el Banco Central recurriendo a la herramienta elemental de hacer descender en igual medida el interés pagado a los depositantes. 

Así durante las últimas semanas, pagaban por los plazos fijos un interés en algunas entidades menor al 20%, ya que como informaba el BCRA la tasa promedio era del 18,48% en plazos fijos para ahorristas minoristas.

Cobran 38% de interés y pagan menos del 20%, y así ganan una diferencia o spread sideral, en algunos casos de casi un 20%. Con la plata de los depositantes, claro, y con el enorme trabajo de recibir el dinero por una ventanilla y cobrar el interés de las Leliqs por la otra. Una actividad agotadora.

Por Comunicación A6980 del Banco Central, se implementa un nuevo piso para .la tasa mínima que los Bancos deben pagar en plazos fijos minoristas de hasta un millón de pesos.

La tasa deberá ser al menos el 70 % de la tasa de política monetaria vigente, y siendo la actual tasa de referencia del 38%, la retribución para los plazos fijos no podrá ser inferior al 26,6 por ciento.

Es decir unos cuantos puntos más de interés de lo pagado hasta ahora por los Bancos a los depositantes, para evitar así entre otras cosas, la destrucción del ahorro en moneda local y que se siga produciendo el retiro de depósitos en pesos para dolarizar las tenencias.

Dolarización que se efectúa –más allá de las compras en el mercado negro- a través de operaciones como el contado con liquidación o con el dólar bolsa,  provocando subas ficticias de la moneda extranjera y fuga de divisas, como explicamos en ésta entrada.

Un poco tarde llega la medida, ya que a causa de las enormes ganancias que obtienen los Bancos pagando muy bajos intereses a sus clientes, el stock de plazos fijos privados disminuyó en más de 110.000 millones de pesos desde que se inició la cuarentena obligatoria. Pero por fin una medida que era imprescindible llegó.

Restaría ahora que desde la Comisión Nacional de Valores hagan uso del artículo 141 de la Ley 26.831 suspendiendo las operaciones de contado con liquidación y dólar bolsa, para detener el ataque contra el peso argentino a través de la suba artificial del precio del dólar.

EN LUGAR DE APUNTAR, DISPAREMOS

Sobre las nuevas medidas del gobierno para las Pymes, leemos en La Politica Online: "Alberto pidió que se los acercara y ante la repetición de preguntas sobre la insuficiente asistencia a las pymes, reconoció que las medidas lanzadas no funcionaron como esperaba y le apuntó a los bancos y su poca disposición para otorgar los créditos al 24% para pago de sueldos. "Estoy indignado, pero con Martín (Guzmán) y (el presidente del Banco Central Miguel) Pesce vamos a poner las cosas en orden", prometió. Según supo LPO, el presidente prepara un nuevo paquete de medidas similares para anunciar el lunes."

"Necesitamos que los Bancos trabajen de Bancos y dejen de hacer negocios prestando plata al Banco Central. Si quieren financiar al Estado que lo hagan para obra pública, pero no con letras como las Leliq, por las que cobran una tasa exorbitante y después pagan 24% un plazo fijo", se indignó Alberto ante un reclamo sobre el rol de las entidades financieras realizado por José Luis Ramón, líder del bloque aliado Unidad para el Desarrollo. Hemos hecho todo para que los Bancos entiendan que este no es un momento para ganar, si no para apoyar. Pero no entienden", advirtió." (Las negritas son nuestras)

El tema es, querido Alberto, que no parece que hayan hecho todo. Es más, si nos atenemos estrictamente a las decisiones institucionales del gobierno que aparecen publicadas en el Boletín Oficial (sean tuyas o del Banco Central) tendríamos que decir que no han hecho nada: no hay bancos sancionados u obligados a prestar, ni nada parecido. Por el contrario, cuando escaló el "dólar bolsa" el Banco Central volvió a permitir suba de tasas para tentar a los inversores, y tampoco ha repudiado las LELIQs, o nada parecido: sigue pagando puntualmente los intereses, que se llevan unos 55.000 millones de pesos por mes, sin que nadie proteste porque el BCRA tenga que emitir moneda a esos fines.

Y eso que facultades para actuar no le faltan: de acuerdo con la Ley 24144 (Carta Orgánica del Banco Central) modificada en el 2012 por la Ley 26739, el Central puede (artículo 4) "Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que, en su consecuencia, se dicten" (inciso a), "Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito;" (inciso b).

En sentido concordante, su directorio (artículo 14) puede "Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones crediticias del banco" (inciso c); "Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero" (inciso g); "Revocar la autorización para operar de las entidades financieras y cambiarias, por sí o a pedido del superintendente" (inciso h); "Regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados;" (inciso r) y "Establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales." (inciso w).

Incluso con la libérrima Ley 21526 de entidades financieras que viene de los tiempos de Martínez de Hoz y ha permanecido casi intocada en democracia, el Banco Central puede (de acuerdo a su artículo 41) sancionar a los bancos por "...las infracciones a la presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades."; sanciones que van desde el llamado de atención, hasta la revocación de la autorización para funcionar. 

Como se ve, facultades no faltan para actuar, y en ese marco se podría -por ejemplo- imponerles a los bancos que presten el dinero que el Central les liberó de los encajes no remunerados a tasa cero (0) a las Pymes, sin más garantía que la palabra del gobierno; y aun así no perderían dinero: saldrían derechos en todo caso, en ese exclusivo segmento de sus negocios.

Y si se entiende que para proceder en tal sentido al gobierno le faltan facultades: ¿qué mejor excusa para gatillar un DNU que la resistencia feroz de los bancos a auxiliar a las Pymes en medio de la pandemia? Es decir, en lugar de "advertir" o "apuntar", o "indignarse", disparemos, y listo. Tuit relacionado: 

Este por las dudas para que llegue usen delivery, no lo manden por los bancos que se lo quedan: https://t.co/SM9YxKix39

— La Corriente K (@lacorrientek) April 18, 2020

BITÁCORA DE LA CUARENTENA

Si no entramos a meter guita en la economía y a disciplinar a los poderosos nos vamos a tener que meter los videos motivacionales de Alberto en el culo

— La Corriente K (@lacorrientek) April 10, 2020

Alberto Fernández supo construir un liderazgo (más social que político) en circunstancias difíciles, en medio de la pandemia; con todo lo provisorio que una afirmación de ese tipo puede tener en la Argentina: muchos de los sectores sociales que aprueban el modo como conduce la crisis (en especial los que no lo votaron) pueden cambiar rápida y bruscamente de opinión, al calor del hartazgo social por la cuarentena y los trastornos que ocasiona.

La discusión que se pretende instalar desde ciertos sectores sobre el mejor modo de seguir adelante trabaja sobre ese flanco, porque la cuestión en sí no admite debate: debería estar claro que la salud no se negocia, y que la estrategia seguida por el gobierno ha sido la correcta: así lo demuestran los números, y la comparación con lo que está pasando en el mundo, incluso en los países desarrollados.  

Tampoco se discuten los efectos de la crisis sobre la economía: está claro que no es "economía o salud" porque aun en aquellos países cuyos gobiernos o autoridades (como Trump, Johnson o Bolsonaro) resolvieron flexibilizar las restricciones, las economías se están cayendo tan a pedazos como las de los que adoptaron criterios más sensatos, como Argentina.

El asunto debiera ser entonces como tratar de conciliar, del mejor modo posible, ambos extremos; y cuando los principales grupos económicos del país están presionando para flexibilizar la cuarentena, aunque no lo digan, le están exigiendo al gobierno que adopte el modelo que en el mundo ha generado un gran número de contagiados y muertos, que el capitalismo salvaje estima como tolerables en holocausto a la preservación de sus ganancias. Eso está tan claro como que si el gobierno les hiciera caso y los resultados fueran los lógicamente esperables, los aprovecharían para horadarlo con su poder de fuego mediático.

La conducta de nuestro establishment económico en medio de la crisis (conducta que es todo menos inesperada) da de lleno en la línea de flotación del sistema de creencias políticas del presidente, que antes de todo esto soñaba con alguna forma de concertación o pacto social, para que el país transitara el post macrismo: eso, que era ilusorio entonces considerando nuestros antecedentes históricos, parece ya absurdo hoy; cuando en medio de una epidemia nuestros grandes empresarios solo piensan en despedir, recortar salarios, dejar de pagar impuestos, o tener en marcha sus empresas a como de lugar, aunque muera gente.

La crisis demanda, por su naturaleza y alcance, una acción enérgica, rápida y extendida del Estado; máxime cuando nuestra autoproclamada clase dirigente da muestras de desertar -una vez más- de toda forma de compromiso social. Y para que esa acción del Estado sea eficaz y oportuna, se necesitan recursos: lo que debiéramos estar discutiendo entonces es de donde los saca.

Porque no puede endeudarse más ni es aconsejable, ni podrá hacerlo en mucho tiempo, y le dicen al gobierno (y a veces parece que éste lo asiente) que no puede emitir, porque generará inflación; como si la inflación ya no estuviera instalada entre nosotros. En consecuencia no hay muchas más alternativas a la vista que recaudar impuestos, de aquellos que pueden y deberían pagarlo, pero que no están dispuestos a hacerlo por las buenas: ya alinearon todo su aparato comunicacional enajenador de conciencias con ese objetivo, y la peluquera de barrio porteño sale a cacerolear para que no le toquen el 1 % de su patrimonio a Rocca, Galperín o Pérez Companc.

La ejemplaridad del liderazgo presidencial en los albores de la crisis se basó en el rol ordenador de la autoridad del Estado como encarnación jurídica de la representación de los intereses generales: el presidente daba la talla, y estaba a la altura de las circunstancias y de las exigencias de las responsabilidades de su cargo; más si se lo comparaba con su paupérrimo antecesor. 

Desde entonces, esa autoridad y ese liderazgo han sido desafiados a diario por los intereses facciosos, casi siempre con impunidad: la respuesta concreta e institucional del aparato del Estado a esos desafíos puntuales ha sido en general floja, el que quiso aumentar precios los aumentó, el que quiso despedir despidió y los bancos que se negaron a dar los préstamos instrumentados por el gobierno, siguen poniendo miles de reparos para otorgarlos.

Ni que decir que los anuncios que se hicieron para la población más vulnerable (como el IFE) y aun cuando no se diga que fueron insuficientes, deben concretarse aun, y no son pocos los que penan con los rechazos de la ANSES, mientras Macri puede cobrar ya su jubilación como ex presidente (la que se le sigue negando a Boudou), si de ejemplaridades hablamos. No hay espacio para más "errores" o distracciones, porque la crisis nos va a llevar puestos.

En éste marco el Ministro de Economía no puede estar ausente o ser Ministro de Deuda como si gobernara el macrismo, y seguir pensando que es posible y prioritario reestructurar nuestra deuda, cuando todo ha volado por los aires, en el país y en el mundo. Del mismo modo, el Ministro de Desarrollo Productivo no puede estar simplemente para anunciar medidas, y luego desentenderse de su ejecución concreta, como pasa con los controles de precios o los créditos a las empresas para pagar sueldos.

Y así como los sueños de una concertación social amplia se perdieron en las respuestas cerriles de nuestro empresariado más poderoso frente a la pandemia (mientras el denostado sindicalismo da muestras de madurez), la misma suerte están destinados a correr los sueños de una amplia concertación política: la oposición "realmente existente" volvió a lo suyo, a lo de siempre; y le preocupan más los argentinos que quedaron varados en el exterior que los que viven acá, o fungir de amanuenses legislativos de los más poderosos, para evitar que haya cualquier intento de reforma impositiva que siquiera roce sus intereses.

Todo lo dicho no debe ser interpretado en contra del gobierno al cual militamos, votamos y seguiremos apoyando, sino a su favor: la dinámica de la crisis le impondrá al presidente y su equipo dar respuestas cada vez más inmediatas en tiempos apremiantes, y no parece lógico que, si hasta acá no han rehuído las responsabilidades, se nieguen a sí mismos el uso de todas las herramientas legales e institucionales que tienen para darlas, o a ampliarlas en la medida de lo necesario.

Como por ejemplo sostener que, aunque caiga la recaudación y el Estado necesite recursos, el Poder Ejecutivo nada tiene que decir en materia impositiva, porque es materia exclusivamente reservada al Congreso: ¿quién va a recaudar esos impuestos, y disponer su inversión en los fines y funciones del Estado?   

El gobierno debe ser muy claro y firme al respecto aunque eso implique granjearse la pérdida de apoyos que -esta claro- nunca tendrán, como los de los grandes empresarios, o que son volátiles, como los de algunos sectores de la clase media; porque además lo necesita para gestionar en la crisis. Acaso sea llegado el momento de apretar el acelerador con cambios más de fondo, que si no se hacen ahora quien sabe cuando se harán; basándose más en apoyos reales y concretos de estructuras disponibles, y de los sectores de la sociedad que se verían beneficiados con ellos. 

Mañana puede ser tarde: si la autoridad presidencial y la legitimidad del gobierno son desafiados (como lo están siendo) en momentos de crisis, es ilusorio pensar que sean respetados cuando vuelva la normalidad. Tuits relacionados:

No hay que sacarle el 1 % de sus 9000 millones de dólares a Paolo Rocca para que el tipo no despida 1450 tipos que igual ya los despidió. ¿Es así o nos perdimos algo? https://t.co/8wSuWLiu5b

— La Corriente K (@lacorrientek) April 10, 2020

Si no lo arreglamos con un tirón de orejas deberíamos dejar de intentarlo. https://t.co/FPLYjvepMH

— La Corriente K (@lacorrientek) April 10, 2020

...que presten esa plata al 0 % de interés, con ese mismo fin. En ese segmento del negocio saldrían derechos, y conservarían las abultadas ganancias de los demás segmentos que manejan. Es lo menos que pueden hacer en medio de la crisis.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2020

A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS

Disculpen si alguno se ofende, pero en este contexto es criminal seguir emitiendo moneda para pagarles a los bancos 55.000 millones por mes en intereses de las LELIQS, como bien señala acá @ClaudioScaletta: https://t.co/fsodvFy1cP

— La Corriente K (@lacorrientek) March 29, 2020

Perdón por ser insistentes y reiterativos, pero no nos vamos a cansar de decirlo: estamos viviendo días excepcionales, que demandan del Estado y del gobierno respuestas excepcionales. La crisis del coronavirus crea enormes dificultades, pero al mismo tiempo abre una "ventana de oportunidad" para medidas audaces que no son un salto al vacío, sino que se imponen por el peso de la coyuntura.

Que el gobierno y el presidente vienen capeando con dignidad el temporal no caben dudas, y que eso genera un vasto consenso social en torno a la figura y la autoridad de Alberto Fernández tampoco. Lo acaba de confirmar prorrogando la cuarentena, pese a las presiones de los sectores del poder económico para que la levantara; priorizando la salud, sobre los negocios o la economía. 

Precisamente eso crea una plataforma firme en la cual pararse para tomar decisiones duras y drásticas; frente a los factores de poder que son más que "los vivos de siempre", y que no suelen medirse en sus planteos y exigencias, porque el presidente sea más o menos popular: decíamos el sábado acá a propósito de los despidos de Techint y la especulación de los remarcadores de precios y desabastecedores que "El gobierno ha demostrado hasta acá estar a la altura de los desafíos que plantea la emergencia sanitaria. Es hora de que tome nota de los otros desafíos que le están planteando y actúe en consecuencia, frente a la pandemia de hijos de puta.".

Bueno, lo hicieron. Ahora hay que curtirlos https://t.co/g1naYCXNmo

— La Corriente K (@lacorrientek) March 29, 2020

Menos tiempos verbales futuros ("haré", "no permitiremos", "tomaremos"), y más pasados: "hicimos", "sancionamos". Nos están tomando por boludos.

— La Corriente K (@lacorrientek) March 29, 2020

Mientras el gobierno se ha mostrado firme y decidido en tomar medidas que pueden resultar antipáticas pero son necesarias (como el "aislamiento social obligatorio"), no se puede decir lo mismo -al menos hasta acá, el discurso de anoche parece preanunciar una nueva etapa- de sus acciones para frenar otros comportamientos predatorios, o para alterar de un modo decisivo las prioridades en la asignación de los recursos del Estado con los que se venía manejando hasta que la crisis estalló.

Decíamos ayer acá que "El desafío entonces es para la política: no se trata solo de que los Estados gasten en forma contracíclica para superar la pandemia y torcer el rumbo de la recesión, y para eso emitan o tengan déficit. Eso sucede desde hace tiempo, en los propios países centrales que nos exigen al resto que no lo hagamos, por aquello de "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago".

Se trata de encontrar el modo de ir más allá en la intervención pública (como no se hizo en los países centrales luego de la crisis financiera global del 2008), regulando, interviniendo de modo directo e incluso poniendo directamente bajo el control de los Estados, resortes fundamentales de la estructura económica. De lo contrario el virus pasará, o encontrarán la cura a la enfermedad, pero las estructuras económicas y sociales que crean las condiciones objetivas para que cause daño (por ejemplo desfinanciando la salud pública, o privatizando la seguridad social) quedarán intactas, hasta la nueva crisis.".

Pero que jeño, loco, como no lo nombran Ministro de Economía. Seguro que acto seguido pide no emitir para no generar inflación.

— La Corriente K (@lacorrientek) March 29, 2020

Y lo que está pasando es que un Estado exhausto y quebrado, que debe rascar en el fondo de la olla para comprar respiradores, o inyectar recursos al fondo de la pirámide social para que les llegue algo a aquellos a los que la crisis golpea con más fiereza en su existencia cotidiana, sigue gastando miles de millones de pesos en pagarles a los bancos los intereses de las LELIQS (en contra de las promesas de campaña del hoy presidente), o pagando puntualmene los intereses de los vencimientos de la deuda; cuando el default de la deuda global (no ya el de la Argentina) se impone como la única solución racional posible, para empezar a salir del fondo del pozo. 

Señalar estas cuestiones no implica cuestionar el liderazgo de AF, ni su capacidad para pilotear la crisis, sino por el contrario advertir que si no se abordan ciertas cuestiones, ésta se agravará, lejos de comenzar a resolverse. Paolo Rocca es simplemente el mascarón de proa del poder económico, que ha tomado sobre sí el rol de hacer punta y medir la respuesta del Estado, y si esta no es contundente y categórica, detrás de él vendrán los demás, a imitar su ejemplo.

Si Paolo Rocca puede pagarles la doble indemnización a los 1450 despedidos significa que tiene resto para aguantar la crisis, sin despedir a nadie. De lo contrario hubiera pedido el procedimiento preventivo de crisis, que lo obliga a mostrar los números de la empresa. Duro con él

— La Corriente K (@lacorrientek) March 29, 2020

8 millones de inscriptos al IFE a 10.000 pe por pera son 80.000 palos, si no saco mal la cuenta. Solo de intereses de Leliqs pagamos 55.000 palos todos los meses. Algo estamos haciendo mal.

— La Corriente K (@lacorrientek) March 29, 2020

Cuando las ideas del neoliberalismo están en crisis en todo el mundo al compás de la pandemia, es inadmisible tolerar que sus corifeos locales aparezcan ahora preocupados por la economía, el PBI, los empleos, la inflación o los salarios, como si nos hubieran dejado un país en marcha y creciendo, sin deudas ni retroceso en sus indicadores sociales; un paraíso en el cual aterrizó el coronavirus como un visitante inesperado e indeseado. Sobre nuestros silencios y vacilaciones se construye su avance insidioso, apostando al cansancio social por la alteración de la vida cotidiana que supone la crisis, más aun cuando se acaba de anunciar la prórroga de la cuarentena.

No hay margen para seguir tolerando que haya servicios públicos esenciales en manos de empresas privadas prebendarias, inescrupulosas y jamás dispuestas a invertir; ni un sistema financiero manejado por bancos apalancados en enormes márgenes de ganancias (aun con el recorte de tasas), que se resisten a implementar las líneas de crédito a tasas subsidiadas que se habilitaron por la emergencia; como tampoco hay margen para que los formadores de precios sigan haciendo su agosto en medio de las necesidades apremiantes de la gente, sin ser duramente sancionados.

Es acá, es ahora, es oportuno y es necesario; cuando hasta la oposición (o buena parte de ella) admite que en tiempos de crisis, debe haber unidad de conducción para sortear los escollos; y cuando la imagen del presidente es altísima, y hasta los que no lo votaron lo apoyan. Después será tarde para lágrimas.

Oficializar el default, suspender el pago de los intereses de las LELIQs, tomar el control de los servicios públicos privatizados, reforma financiera. Si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más, y somos boleta.

— La Corriente K (@lacorrientek) March 29, 2020

Gente que bancó cuatro años de macrismo destruyendo empleo, salarios, jubilaciones, la seguridad social, la industria y las Pymes, tasas altísimas y tarifazos por las nubes, de golpe preocupada por la evolución de la economía si se prolonga la cuarentena quince días. Asco dan.

— La Corriente K (@lacorrientek) March 29, 2020

Una plaga, como el coronavirus, se puede comparar con una guerra, por los efectos que causa en la economía y en la sociedad: algún día termina, pero queda la tarea (y los costos) de reconstruir los daños que ha causado; y como repartir los esfuerzos que eso significa. Hay allí un terreno de disputa y de intereses encontrados, como siempre pasa en la política y la economía; y la presente crisis no será la excepción.

En el video de abajo (en especial en los primeros tres minutos, más o menos) uno que sabía algo de estos asuntos explica lo que pasa en esos casos, y como se puede salir del laberinto para que no te hagan pagar los platos rotos. Cambiando los tiempos y las situaciones (saquen guerra, pongan pandemia) los conceptos tienen plena vigencia:

EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA USURA BANCARIA

Durante la gestión macrista, los bancos y las financieras no tuvieron ningún control por parte del Estado, mientras se dejaba sin efecto cualquier normativa que impusiera límites a las tasas de interés y a las comisiones y cargos bancarios.

Las consecuencias de la deliberada falta de regulación, fueron catastróficas para el grueso de la población. En el marco de la inflación macrista récord, que llegó al 53,8% solo en el año 2019 (la inflación más alta de los últimos 28 años, gran logro del mejor equipo), las tasas de interés llegaron a niveles astronómicos.

Se tornaban así impagables los créditos personales, los préstamos prendarios (por ejemplo para la compra de un automóvil), y por supuesto los créditos hipotecarios.

Si tomamos el segmento de los consumos ordinarios y masivos, como el caso de las tarjetas de créditos, los bancos de primera línea aplicaban una tasa de interés anual exótica, que sumada a los cargos y comisiones, tenía un costo financiero total superior al 200%.  Si ésto era lo que se pagaba en un banco de primera línea, los intereses que cobraba el nicho de las financieras, eran por supuesto superiores y mayores incluso que la usura privada.

Tengamos en cuenta un dato insoslayable del mercado: la población de menores ingresos no califica para operar en entidades bancarias, por lo que ante la necesidad de crédito está condenada al abuso de financieras y empresas no financieras emisoras de tarjetas, con tasas que en algunos casos superaban el 25% mensual. Mensual. Más cargos, gastos y comisiones. Todo en el marco de una situación económica desesperante generada por la economía macrista, que llevaba a mucha a gente a endeudarse sin límite para cubrir necesidades elementales, como comida o medicamentos.

Ante éste despojo institucionalizado por el macrismo, en éstos días el Banco Central dictó una resolución necesaria, a través de la Comunicación A 6911, por la cual la tasa de interés en las operaciones de crédito no podrá superar el 55% anual, es decir la cuarta parte de las tasas que se cobraban hasta ahora.

En el mismo sentido, el BCRA y por Comunicación A 6912, dispuso  que por 180 días hábiles, las entidades financieras no deberán comunicar aumentos en las comisiones a los usuarios de servicios financieros, ni podrán establecer nuevas comisiones.

En una política del Gobierno Nacional orientada –como debe ser-  a la protección de los usuarios de servicios financieros, éstas medidas se suman a la Comunicación A 6909  dictada anteriormente durante el mes de febrero, por la cual el Banco Central prohíbe el uso del débito directo interbancario y el débito inmediato (DEBIN) recurrente para el cobro de cuotas vinculadas a cualquier préstamo, y establece que cuando un cliente solicite la reversión de un débito directo, “no se podrá rechazar el pedido bajo  ningún concepto y deberá darle curso indefectiblemente sin importar el monto dentro de las 72 horas hábiles”.

Esta medida es fundamental para evitar el abuso de las financieras, ya que a causa de los créditos que otorgaron, aprovechaban a gusto éste sistema de débito directo. Así por ejemplo, caían sobre una cuenta bancaria donde se percibía una jubilación, succionando el dinero de la cuenta sin contemplación de límite alguno, dejando ese mes al jubilado a la intemperie. Delicias del libre mercado macrista.

Siguiendo en el campo de la protección del consumo popular, y en relación a jubilados y pensionados que  cobran el haber mínimo, y a titulares de asignaciones, a partir del 1 de marzo rige la aplicación del régimen de reintegros para sectores vulnerables, que instrumentó la  AFIP mediante la Resolución General 4676.

El régimen de reintegros se aplica sobre las compras que realicen como consumidores finales en comercios minoristas y/o mayoristas, en la medida que se cancelen con TARJETAS DE DÉBITO, asociadas a cuentas vinculadas a los beneficios de jubilación, pensión y/o asignación.

El reintegro es del 15% sobre el monto total de las compras mensuales con un tope de reintegro de $ 700 ,  lo que equivale a un importe máximo de compras por mes de $ 4.667. El tope se eleva a $ 1.400 para quienes perciban dos o más asignaciones universales por hijo, asignaciones por embarazo y hasta una pensión por fallecimiento que no exceda el haber mínimo.

Las entidades financieras deben acreditar en la cuenta bancaria en la cual se percibe el beneficio, el monto correspondiente al reintegro dentro de las 24 horas hábiles de efectuada cada operación de compra.

Seguramente en relación al mercado y al consumo,  aún quedan aspectos por modificar, normativa que derogar o cuestiones a regular, pero las medidas antes detalladas son acertadas y benefician a un sector mayoritario de la población.