LA FRASE

"ME ENTERÉ POR LA PRENSA QUE CONTRATARON A LAS EMPRESAS DE MIS HERMANOS PARA LA MISA DEL PAPA, YO ME DEDICO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS QUE TIENEN TIEMPO Y VOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRIVADA SON ELLOS." (MARTÍN MENEM)
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miércoles, 28 de mayo de 2025

HABLAR AL PEDO ES GRATIS

 

Primero y como hacía los otros días Cristina en el acto del congreso de Cultura con el "Pacto de Mayo", un breve ejercicio de memoria en estos tiempos vertiginosos: recordemos que hace unos días el gobierno de Milei anunciaba con bombos y platillos que derogaría todas las normas que impiden a las personas usar libremente los dólares del colchón, sin tener que justificar su origen: "Tus dólares, tu decisión" fue el lema de la campaña. Incluso en la misma conferencia de prensa en la que estaban Caputo, el presidente del Banco Central y Adorni dieron precisiones de las modificaciones en los montos a partir de los cuales -por ejemplo- la UIF debía reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, o la AFIP exigir la justificación de determinadas operaciones o movimientos patrimoniales.

Unos cuantos días después, lo único que se oficializó fue el decreto 353 de Milei publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial que en su artículo 1° dice lo siguiente: "Dispónese la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina. A esos fines, se deberá dar cumplimiento a las normas que oportunamente dicte el Banco Central de la República Argentina.".

Por el artículo 2° del decreto se le daba intervención a la Unidad de Información Financiera para que "...en el marco de sus competencias definidas por la Ley N° 25.246 y sus modificaciones vinculadas con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva,...en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente, verifique la necesidad de adecuar su normativa a raíz de las disposiciones contenidas en este decreto." Hasta ahora la UIF (desguazada por este gobierno a través de las reformas dispuestas por la Ley 27739 y los Decretos 891/24 y 274/25) nada ha dicho ni hecho al respecto.

En el artículo 3° se le encomienda a la ARCA (sucesora de la AFIP, disuelta por el gobierno de Milei) que "...el marco de la desregulación a la que hace referencia el artículo 1° del presente decreto, implemente en diferentes etapas y de manera gradual, para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, una modalidad simplificada y opcional de declaración del Impuesto a las Ganancias de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones. Dicha modalidad deberá elaborarse tanto sobre la base de la información con la que cuente el organismo recaudador como por la que suministren oportunamente los contribuyentes, responsables y/o terceros, y únicamente estará disponible para los contribuyentes que obtengan rentas de fuente argentina en forma exclusiva.", y agrega: "Los sujetos que resulten comprendidos en dicha modalidad, según lo disponga la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quedarán exceptuados de cumplir con la obligación prevista en los párrafos segundo y tercero del artículo 3° de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 862 del 6 de diciembre de 2019 y sus modificaciones.". (las negritas son nuestras)

Este aspecto de la cuestión -además del apetito insaciable de dólares de Caputo, que es la verdadera razón de todos los anuncios- es posiblemente el único que en algún momento depare novedades, por una sencilla razón: les permitiría a los principales contribuyentes de Ganancias y Bienes Personales (es decir, esa casta que el gobierno dice combatir pero para la cual en realidad gobierna), evadir impuestos o rebajar la carga fiscal -ya de por sí exigua- que deben soportar.

Siempre en la misma línea de venta de humo, el decreto de Milei en su artículo 8° aclara que "Ninguna de las disposiciones del presente decreto ni de las normas que se dicten en su consecuencia liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones de las obligaciones impuestas por la legislación vigente orientada a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.". Lo cual es cierto, si siguen como hasta ahora: o sea, sin producir nada concreto en materia de normas, más allá de los anuncios en la conferencia de prensa de días pasados.

Como no podía ser de otro modo y pese a que -en realidad- el gobierno nacional no hizo concretamente nada para complementar los anuncios, desde el gobierno de Pullaro salieron rápidamente a respaldar esos anuncios, pero advirtiendo que tomarían medidas para evitar que esos dólares del colchón terminen financiando actividades delictivas, o ayudando a que las organizaciones criminales laven dinero de origen ilícito. 

Lo cual demuestra que en manera de venta de humo, Pullaro y sus funcionarios son pioneros, y podrían darle clases al gobierno nacional: en ésta nota de Aire de Santa Fe los ministros Olivares y Coccocioni explican que los controles los harán a través de la "SIDE" provincial montada en los inicios de la gestión Pullaro (ver al respecto más info acá), "No será pidiendo información a todos los organismos sobre una transacción. Vamos a actuar a partir de información criminal, de inteligencia criminal. Y, desde esos indicios, abarcaremos a personas que tengan parentesco, vínculos de amistad o contactos frecuentes; ante operaciones que la inteligencia criminal detecte." 

"A partir de esos indicios, se requerirá información. Y si surgen volúmenes económicos importantes de esas personas, se procederá al bloqueo económico.". Preguntado Olivares que significa eso contesta: "Tomar medidas para evitar que esas personas realicen compras de inmuebles, de vehículos u otro tipo de transacciones. Inclusive, podemos cortarles el suministro de energía eléctrica, llegado el caso. Esas son las competencias de la Provincia de Santa Fe..". (las negritas son nuestras)

O sea: el tremendo plan anti-lavado provincial quedaría en manos de la EPE, para que haga lo que suele hacer, pero con todos los santafesinos: cortar la luz. Sin control del sistema financiero ni las aduanas, sin injerencia en las declaraciones juradas y los pagos de Ganancias o Bienes Personales, con un limitado control de la constitución de las sociedades comerciales (a través de la Inspección General de Personas Jurídicas), sería interesante ver que hace el gobierno provincial cuando obtiene "información de campo" o de "informantes" sobre posibles movimientos sospechosos de dinero de origen ilícito; y sobre todo, como impide que los sospechosos compren casas, campos, empresas o autos cuando el gobierno nacional decretó un jubileo y no piensa preguntar de donde viene la plata.

Ya vimos en su momento en esta entrada y en esta otra lo que puede hacer la provincia cuando nos venden que en Santa Fe hay "extinción de dominio" de los "bienes de los narcos": rematarlos cuando así está ordenado por la justicia en una causa, cosa que el Código Penal de la Nación contempla desde 1921. O lo que hicieron con la ley "anti mafia" 27786, ese mamarracho gestado por la mente afiebrada de Patricia y apoyado por Pullaro enfáticamente yendo al Congreso a pedir en persona su aprobación.

Horas antes del anuncio del "plan colchón" de Caputo, Patricia Bullrich decía que iban a empezar a aplicar la "ley anti mafias" (un engendro que no resiste el más mínimo análisis de racionalidad jurídica) en Rosario por ser una "zona de investigación especial" por el accionar de las bandas narco criminales. Pues bien, esa ley en su artículo 15 invita "...a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones contenidas en la presente ley, en sus aspectos procesales y de colaboración interjurisdiccional.", cosa que Santa Fe -a tres meses de su sanción- todavía no hizo. 

lunes, 11 de marzo de 2024

NO LA VEN

 

* Lo que está pasando en Rosario demuestra los límites de hacer política en clave de show, y pendiente de los focus group: a Pullaro y su ministro Cococcioni les estalló en la cara el intento de utilización del modelo Bukele para ocultar que en rigor no hay política seria de seguridad, y sí muchos vínculos turbios con las mafias del crimen organizado, algo que por cierto no fue denunciado por la oposición provincial, sino por quien fuera su rival en la interna del actual oficialismo provincial, Carolina Losada; aunque luego se desdijera de todo a cambio de un cargo para su hermana en el gobierno provincial.

* Al inicio de su gestión Pullaro pidió -y obtuvo en tiempo récord- de la Legislatura las leyes que él entendía que necesitaba para enfrentar el problema: la emergencia en seguridad (que demostramos acá que solo sirve para currar haciendo contratos sin licitación pública) y la ley de narcomenudeo, para darle injerencia a la justicia y la policía provinciales en ciertas causas de narcotráfico: un medio seguro de habilitarles otra caja ilegal, y derivar recursos que son escasos, en la persecución de los perejiles y no de los dueños del negocio de la droga.  

* En campaña y en el gobierno Pullaro cuestionó a la justicia por su elevado costo de mantenimiento, en contraste con sus escasos avances en el combate al delito, en especial el vinculado al narcotráfico. Pues bien, esa justicia (que incluye al Ministerio Público de la Acusación) fue diseñada y fundamentalmente armada por los gobiernos del Frente Progresista de los que Pullaro y la UCR fueron parte entre 2007 y 2019, e incluso durante el de Perotti. 

Tanto así que el anterior gobernador vio rechazados varios pliegos que remitió a la Legislatura, y para poder superar la acefalía del MPA debió transar proponiendo a varios candidatos que ya habían ocupado esas mismas funciones en los gobiernos anteriores. Y por estos días la Legislatura tiene casi como única actividad evaluar la conducta de algunos de los fiscales estrellas designados en ese contexto, por sus vínculos con el delito organizado. 

* Otro tanto cabe decir de la Policía: si los últimos crímenes de Rosario dejan clara la huella de la complicidad policial (la trazabilidad de las balas reglamentarias instaurada en la gestión anterior permitió determinarlo), no está de más recordar que a propósito de la absolución judicial de algunos de los implicados en la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, el hoy gobernador dijo que muchos le iban a tener que pedir disculpas a la Policía, así, como institución: son mensajes muy fuertes que hacia el interior de la fuerza no pueden sino ser leídos como un aval del poder político para cometer delitos, sin ser molestados. 

En esto -como en muchas otras cosas- la mirada de Pullaro no difiere de la de Patricia Bullrich.; y se traduce en la práctica en reincidir en las viejas políticas de administración del delito en el territorio, pactando con las organizaciones criminales hasta que los límites se vuelven borrosos, y la lucha de estas por su control se lleva puestos al Estado, a la sociedad y a los ciudadanos. Que es lo que está pasando dramáticamente en Rosario.      

* Si los gobiernos provincial y nacional creen que las requisas carcelarias a lo Bukele sirven para combatir el delito, lo menos que pueden hacer es dar a conocer los avances y resultados. Porque hasta acá nada sabemos, ni de las presuntas amenazas al gobernador, ni de los hilos que conducen desde las celdas a las cárceles y a cada asesinato de inocentes le siguen detenciones al voleo, de presuntos sospechosos o autores materiales que a las pocas horas son liberados, por falta de pruebas. Suena más a solución de apuro urdida por la policía para descomprimir la presión social, que a otra cosa.

* Durante años la derecha en todas sus variantes -tanto en la nación como en la provincia- nos bombardeó con que el problema del delito era la blandura de las leyes, y es así que destrozaron el Código Penal con reformas para aumentar las penas, y los códigos de procedimientos haciendo más rigurosa la prisión preventiva, o aplicándola en cualquier circunstancia y para cualquier delito. El senador Enrico (que coexiste como tal mientras funge como ministro de Obras Públicas de Pullaro) fue especialista en la materia por años.

Y ahora nos venimos a enterar que el problema de la inseguridad está dentro de las cárceles y no afuera, y no serían ni los menores, ni los extranjeros, ni los piqueteros ni ninguno de los blancos sobre los que habitualmente disparan. O por lo menos hasta ahora no les han echado la culpa de los crímenes que azotan Rosario. Lo que sí están haciendo -contra toda evidencia en contrario- es volver a pedir leyes más duras, y facultades excepcionales sin que sepamos bien para que.

* Alguien podría preguntarse por qué Rosario, por qué el narcotráfico y la narcocriminalidad se han enseñoreado allí con índices de violencia que multiplican por varias veces los que exhiben los peores lugares del conurbano bonaerense, por comparar. Quizás la respuesta haya que buscarla no tanto por los ciclos de prosperidad o crisis económica; porque el narcotráfico los atraviesa indemne, en todos lados, y puede prosperar en ambos, acá y en todo el mundo. 

Tal vez algo tengan que ver -es una hipótesis a desarrollar- estar ubicada en medio del hinterland de uno de los complejos portuarios más grandes del mundo, en manos privadas hace más de 30 años y con débiles controles estatales; y cuenta con la experticia de toda una infraestructura de estudios jurídicos, contables, fideicomisos, fondos de inversión, bolsas y esas cosas, duchos en reciclar por décadas el dinero negro fruto de la evasión y el contrabando del principal polo exportador del país.   

* En ese contexto, por más que los gobiernos hablen de ir a fondo en la guerra contra los narcos, propuestas -que se reiteran y sostienen- como la dolarización, los blanqueos de capitales, las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), la eliminación de la financiación pública estatal a los partidos políticos (como propiciaba la ley ómnibus) o el boom inmobiliario con regulaciones a medida del capital inversor (algo en lo que el socialismo fue muy ducho en los 30 años que gobernó Rosario, y lo es hoy su segunda marca) no parecen medidas enderezadas a combatir el narcotráfico, sino más bien a favorecerlo y que prospere.

Más allá de lo que se opine sobre su histrionismo, cuando en el gobierno de Perotti en su paso por el Ministerio de Seguridad Marcelo Saín señaló algunas de estas cuestiones, la reacción corporativa en su contra de la política, los medios y la justicia fue casi unánime, inmediata y sin fisuras. Los narcos, en cambio, fueron más cautos, como si otros hablaran por ellos y no hiciera falta que se expresaran.

* En el mismo sentido y yendo a las causas sociales profundas en las que el tráfico de drogas prospera, el recorte de los fondos destinados a la urbanización de los barrios populares comprendidos en el RENABAP, la suspensión de la financiación nacional a la hora adicional de clases en las escuelas y el drástico corte de la asistencia del gobierno nacional a los comedores y merenderos comunitarios pusieron a vasta barriadas populares de Rosario y su conurbano más a merced delos narcos, que frente al retiro del Estado se afianzan como la financiera de los pobres-en un contexto en el que la pobreza crece exponencialmente-, a cambio de incorporarlos a la economía del delito.

El gobernador Pullaro, presto a reclamar en cuanta instancia pudo para que no se aumentaran las retenciones a las exportaciones que salen por los mismos puertos por los que entra la droga, nada dijo ni reclamó sobre estos recortes; y por el contrario se manifestó dispuesto a darle a Milei las facultades extraordinarias que reclama, y dijo compartir su mirada sobre el ajuste en las cuentas públicas.

* Mientras en Rosario crecían los asesinatos por sicariato narco, Patricia Bullrich retraía fuerzas federales afectadas a la ciudad para destinarlas a garantizar el cumplimiento de su absurdo e ilegal protocolo contra la protesta social, dejando en claro cuáles son las prioridades reales del gobierno nacional. 

Y cuando se le quema el rancho y se demuestra -una vez más- su fracaso, quiere comprometer en la caída a las Fuerzas Armadas, única agencia estatal con atribución para usar armas y emplear fuerza  letal no inficcionada aún por el narcotráfico; violando además las leyes de Defensa y Seguridad Interior, e intentando replicar experiencias que fracasaron en Brasil, México, Perú, Colombia y en cuanto país se intentaron. 

Tuits relacionados:

miércoles, 30 de agosto de 2023

UN CASO DE REHABILITACIÓN EXITOSA

 

Carolina Losada llegó a la política en 2021, en el marco de la "famosocracia", esa búsqueda de caras conocidas por fuera de las estructuras de los partidos, que son votadas antes que nada por ser famosas, y sin entrar a indagar demasiado sobre su ideología, sus proyectos o sus capacidades. De hecho en ésta última campaña de cara a las PASO provinciales su lema era "que gane el sentido común" como si tal cosa existiera hablando de política, y fuera unívoco para toda la sociedad.

Mal no le fue porque en su debut ayudó al triunfo del antiperonismo en la provincia y se alzó con una banca de senadora nacional sin vivir en Santa Fe desde hace muchísimos años, cosa que tampoco hace ahora. Y ese éxito la envalentonó como para decidirla a ir (con el apoyo de un sector de la UCR local) nada menos que por la gobernación santafesina dentro de la naciente Unión Democrática a.k.a. "Unidos para Cambiar Santa Fe".

Su eje de campaña entonces -dado que se le volvía a plantear la competencia interna con Maximiliano Pullaro, al que venció hace dos años por escaso margen- fue atacar a su rival interno, diciendo como si fueran novedades cosas que acá en Santa Fe sabemos todos, hace años: que Pullaro es un tipo oscuro, con claros vínculos con el narcotráfico y la corrupción policial, y que su gestión como ministro de Seguridad de Lifschitz fue un fracaso; pese a lo cual ahora promete tener -como candidato a gobernador- la solución a un problema que no supo, quiso o pudo resolver como ministro.

Nadie la desmintió porque no podían hacerlo porque lo que decía era la estricta verdad, sabida desde mucho tiempo antes, pero tampoco es que le importó mucho lo que dijera a demasiada gente: Losada perdió la interna con Pullaro, y perdió por bastante, y de no mediar un vuelco sustancial del electorado de acá al 10 de septiembre, Pullaro será el próximo gobernador de Santa Fe, la provincia estragada por el narcotráfico, en especial en Rosario y su zona de influencia.

A muchos santafesinos no les importó que tenga vínculos comprobados con el narcotráfico, o que su "zar antidrogas", el comisario Druetta, fuera condenado por narco: el antiperonismo fue más fuerte, y lo votaron sabiendo eso, o eligiendo no saber (desoyendo para eso icluso las advertencias que desde el mismo espacio lanzó Losada), que para el caso es lo mismo.

La pregunta es que harán ahora los votantes de Losada, que no fueron pocos y que es muy posible que la hayan elegido a ella y no a Pullaro en la PASO del "frente de frentes" precisamente por lo que de él decía Losada: ¿cómo asumirá esa gente estas fotos de familia entre los dos, haciéndose los boludos como perro que volteó la olla como si nada hubiera pasado, o como si no se hubiera dicho lo que se dijo, o reduciéndolo a una simple estrategia de campaña?

¿O será que en el fondo no los indigna tanto la corrupción policial, ni les preocupa tanto el narcotráfico y simplemente disfrazan de preocupación moral e indignación ciudadana lo que es nada más que gorilismo?

Tuit relacionado: 

jueves, 13 de julio de 2023

SOLUCIONES MÁGICAS

 

12 años gobernaron la provincia diciéndonos que no podían hacer nada con el narcotráfico, porque era delito federal. Ahora nos enteramos que en realidad ellos -ni siquiera los jueces federales, o algún otro juez- los pusieron presos a todos. Como si el tipo fuera un sheriff del lejano oeste, o algo así.

Pero resulta que ponerlos presos es peor que dejarlos sueltos, porque arman quilombo desde adentro de las cárceles, por el celular. Claro que en algunos casos -está comprobado- es desde cárceles federales, que ni siquiera están en la provincia; como los penales de Ezeiza, Marcos Paz o Rawson. 

Porque en la cárcel de Piñero acá ya están instalando los inhibidores de señal de los celulares, que se contrataron con el INVAP en octubre del año pasado por el Decreto 2198/22 de Perotti.

No importa: el aprendiz de Bukele éste -y otros salames que repiten la misma idiotez, incluso de los nuestros- dicen que van a resolver el problema construyendo una cárcel especial para "tres mil detenidos de alta peligrosidad". Como si fuera un pelotero inflable, que soplás un ratito o conectás un compresor y listo, ya tenés cárcel nueva desde el primer día.

Ni entremos a preguntar quienes serían esos 3000 delincuentes, por qué 3000 y no más menos y donde están hora: sueltos, presos, en el exterior, en el país, en la provincia. Porque si están presos y son narcos, están en una cárcel federal: ¿Los van a sacar de ahí para trasladarlos al pelotero, digo a la cárcel de máxima seguridad que van a construir especialmente para ellos?

Y si están sueltos, ¿los van a meter presos ellos, sin orden de ningún juez, en base a una lista que armaron ellos? 

Eso sin contar que por años los escuchamos a ellos mismos protestar porque tenían que alojar presos federales en cárceles provinciales, y la nación no les pagaba por el alojamiento. O porque las causas por narcotráfico no avanzaban porque los juzgados federales eran pocos, no se cubrían las vacantes y estaban abarrotados de trabajos.

Pero resulta que se avanza en la creación de cargos en la justicia federal, y después de trabar por años los concursos para cubrirlos, paralizando el Consejo de la Magistratura, ellos (y sus esbirros judiciales, como Rosatti) hacen fracasar la sesión del Senado donde se iban a votar los pliegos para cubrir las vacantes, con la excusa de que iban a nombrar a una jueza que la podía favorecer a Cristina en la causa Hotesur.

Y resulta también que, después de años de reclamar que se construyera en Santa Fe una cárcel federal, se está haciendo en Coronda, y está a punto de terminarse, para alojar -entre otros- a los detenidos por delitos federales. Como los narcos, ponéle.   

Con lo cual uno podría preguntarse: ¿esta idea brillante del Guantánamo santafesino -que repetimos: a algún tarado se le ocurrió, y varios la repiten como loros- es simplemente chamuyo de campaña, o piensan gobernar la provincia -si les tocara- con éste nivel de pelotudez?  

Y no se trata -finalmente- de desconocer los enormes problemas de inseguridad que tiene l provincia, sino simplemente de desenmascarar a estos chantas que -cuando les tocó gobernar- chocaron la calesita, y ahora resulta que tienen la solución mágica para todos los problemas. Tuits relacionados: 

lunes, 20 de marzo de 2023

AL FINAL NO ERA TAN URGENTE

 

Santa Fe venía siendo noticia nacional por los hechos de violencia en Rosario, hasta que tirotearon el supermercado de los suegros de Messi, y se convirtió en noticia internacional. En ese momento, a todos les importaba lo que pasaba acá, y todos tenían la solución precisa para el problema; sin dejar de señalar que además manifestaban estar re preocupados por la cuestión: así como hay turismo rural, de eventos, grastronómico o religioso, Rosario inauguró la modalidad del turismo político y periodístico.  

Fue cuestión de esperar unos días, nada más, para comprobar las sospechas previas: en realidad la cuestión les chupa un huevo, y lo importante era caranchear política o mediáticamente con las muertes por hechos de violencia; para sacar rédito electoral o de ráting. Y sino repasemos los hechos:

* La creación de nuevos cargos de jueces y fiscales para la justicia federal en la provincia y particularmente en Rosario sigue a ritmo de tortuga, y ya hay quienes señalan que cuesta mucha plata -de hecho la oposición en el Congreso mandó a calcular el costo-, como si alguna política pública pudiera implementarse sin invertir.

* Aun en el hipotético caso en que la ley salga y los cargos se creen, a sus titulares hay que designarlos por concurso, y esos concursos correrían la misma suerte que todos los que actualmente están en trámite en la justicia federal, porque los tramita el Consejo de la Magistratura presidido por su majestad Horacio I: la parálisis absoluta (al menos hasta que haya otro gobierno "amigo"), en medio de las disputas políticas y judiciales por la conformación del órgano.   

* El proyecto de ley de emergencia en seguridad que envió Perotti a la Legislatura duerme el sueño de los justos en algún cajón hace casi 70 días, y no hay prevista otra citación al nuevo ministro del área para explicar sus alcances. El proyecto no tiene ni siquiera despacho de comisión, como si en todo ese tiempo no hubiera pasado nada, o la situación hubiera mejorado.  

* También sigue demorada la implementación del sistema procesal acusatorio en la justicia federal en Santa Fe, aun cuando -si se nos pide opinión a nosotros- en Santa Fe se implementó en los tribunales provinciales desde 2007, y hasta acá ha sido un fracaso en términos de subir los porcentajes de condena, y agilizar los procesos. 

* Si bien los casos de narcotráfico son competencia de la justicia federal, la narcocriminalidad asociada (por ejemplo los asesinatos) debe ser investigada por el MPA (Ministerio Público de la Acusación) provincial y sus hechos  juzgados por la justicia santafesina. Y en ése sentido, tampoco se puede decir que las causas avancen, o los homicidios se esclarezcan aunque a veces sean cometidos a plena luz del día.

* Finalmente buena parte de la política santafesina (especialmente la oposicición al gobierno de Perotti y al peronismo encarnada en el "Frente de frentes" súbitamente pareció perder su interés por todas estas cuestiones, o por lo menos ahora está más focalizada en el desarrollo de los concursos para cubrir los cargos directivos en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal. 

Basta ver los medios y las redes sociales para darse cuenta que para radicales, socialistas y otros especies del gorilaje local es más importante -por ejemplo- saber quien va a suceder a Baclini como Fiscal General, o quiénes serán los fiscales regionales, que tomar medidas eficaces para disminuir los índices de delito y violencia. 

Como si les preocupara más (como pasó entre 2007 y 2019) cubrirse el propio culo, que la tranquilidad de los santafesinos. O como si después de todo lo que pasa en Rosario ya no fuera tan urgente.

sábado, 4 de marzo de 2023

ESTAR A LA ALTURA

 

Que la inseguridad en general y el delito violento en particular son problemas graves para las sociedades contemporáneas, y que en la provincia y en especial en Rosario ha alcanzado niveles preocupantes son verdades que no admiten discusión. Lo que tampoco parece admitir discusión es que la política -salvo honrosas excepciones- no está a la altura del desafío.

El presidente en su discurso en el Congreso el miércoles pasado apenas mencionó el tema (si lo hizo) al pasar, y al día siguiente luego de la balacera al supermercado de la familia de la esposa de Messi agregó que "algo más habría que hacer"; mientras su ministro de Seguridad (que días antes le había dicho al gobernador Perotti que el problema lo debería resolver él con su policía) sentenció que los narcos habían ganado, es decir que daba la pelea por perdida.

Hay legisladores nacionales por Santa Fe -del oficialismo y de la oposición- que no se dieron por enterados de la capitulación, porque están pidiendo "sitiar Rosario" con fuerzas federales, o una intervención federal "a las fuerzas de seguridad de la provincia", como si eso estuviera contemplado en la Constitución, o fuera compatible con la subsistencia de un gobierno provincial electo por los santafesinos.

Eso, por no mencionar a los Pato Bullrich y Pullaros de la vida que caranchean con la muerte, como si cuando les tocó gestionar la seguridad, hubieran tenido un desempeño brillante; o Amalia Granata, que sin haber gestionado nada más que su propia bombacha se paseó por barrios calientes de Rosario con un chaleco antibalas. O el intendente Javkin, que vino haciendo un show con su pedido de que le pasen la conducción de las fuerzas policiales, pero que no puede explicar los vínculos de su administración con la banda de "Los Monos" en el reparto de la ayuda social.

El gobierno nacional no insistió -hasta el hecho que cobró notoriedad internacional porque afectó a la familia de Messi- con su propia reforma judicial en la parte que reforzaba la administración de la justicia federal en la provincia y sobre todo en Rosario, a punto tal que el tema ni siquiera fue incluido en su momento en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, y ahora lo van a tratar a tambor batiente, presionados por los acontecimientos. 

Que decir de los opositores, que en su táctica de extorsionar al gobierno para que desista del juicio a la Corte ni siquiera propusieron dar quórum para tratar algo que ellos mismos pidieron en su momento, cuando firmaron la presentación conjunta de todos los legisladores nacionales por Santa Fe. O la propia Corte, que en la persona de Rosatti (presidente del tribunal y del Consejo de la Magistratura) montó hace unos meses un show en Rosario para apoyar a los jueces y fiscales federales, mientras traba los concursos que servirían para cubrir algunas vacantes.

En fin, todos hacen como que les preocupa el tema -porque saben que tiene impacto social y electoral-, pero en el fondo nadie parece estar muy dispuesto a hacer la parte que le toca, y menos aun, a colaborar con los demás en busca de una solución. Alguien (en su momento el ahora Jefe de Gabinete Agustín Rossi, hace poco el diputado Busatto) dijo por ahí que la magnitud del problema requiere de un amplio consenso entre las fuerzas políticas más allá de especulaciones electorales, y no podríamos estar más de acuerdo.

Pero tampoco somos ingenuos: no se trata simplemente de sentarse en una mesa -aunque haya que hacerlo- y el problema está resuelto, porque cuando hablamos de seguridad (como pasa con la economía, la educación, el trabajo o la salud) no todos pensamos y decimos lo mismo, ni proponemos solucionar del mismo modo, los mismos problemas. De hecho, hace algunos años, allá por 2009 durante el primer mandato de Cristina distintas fuerzas políticas sucribieron el "Acuerdo de Seguridad Democrática" cuyos puntos constituían un buen punto de partida para una política de seguridad democrática y efectiva. 

Ese marco incluía -por ejemplo- una democratización de las fuerzas de seguridad para asegurar un efectivo control de su funcionamiento por el poder civil de elección popular; conceptos sobre los cuales la política -en Santa Fe y en todo el país- fue y vino varias veces, con sentidos contradictorios: baste repasar los barandazos en la materia de la gestión de Perotti desde Saín hasta Brilloni, o las propuestas de la derecha que proponen replicar acá las políticas efectistas de Bukele en El Salvador, como si la cosa se solucionará montando uno o varios Guantánamos, y listo.

Lo mismo vale para los vínculos entre el crimen organizado (en especial el narcotráfico), el lavado del dinero de origen ilícito, y los sectores de la economía formal (bancos, financieras, fondos de inversión, puertos, estudios jurídicos y contables, medios de comunicación) dispuestos a reciclarlo: cuando alguien (por ejemplo el ex ministro Saín) se animó a poner el tema en discusión, le tiraron encima con todo el aparato institucional y mediático, hasta sepultarlo. Y recién hace poco se animaron -otra vez, presos de las circunstancias apremiantes- a tomar una decisión burocrática como instalar una delegación de la UIF en Rosario.   

¿Habrá que esperar a que lo tiroteen en persona al propio Messi para que la política se ponga, de una buena vez, a la altura del desafío? Tuits relacionados: 

lunes, 27 de febrero de 2023

DESCUBREN QUE EL AGUA DEL LAVADO MOJA

 

La semana pasada se supo por boca del Jefe de Gabinete Agustín Rossi, que el gobierno nacional había respondido al pedido del gobernador Perotti para crear una delegación de la UIF (Unidad de Información Financiera) en la ciudad de Rosario. Primero el miércoles se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 85/23 (completo acá) que modificaba la reglamentación de la Ley 25246 de lavado de dinero; y luego el viernes pasado se publicó la Resolución 31 de la UIF (completa acá), que es la que efectivamente crea la nueva delegación.

Varias veces nos hemos ocupado acá de la problemática del lavado de dinero, y señalamos que abrigamos dudas respecto a la eficacia de las normas y los instrumentos diseñados para combatirlo, generados a partir de la pertenencia de la Argentina al G20, y el acatamiento de las normas y directivas del GAFI. Nuestro escepticismo se funda precisamente en que el lavado de dinero de origen ilícito (sea proveniente del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas o -sobre todo- la evasión impositiva) no sería posible sin la cooperación de entidades centrales del modelo del capitalismo globalizado; como los bancos, fondos de inversión y los denominados paraísos (en rigor, guaridas) fiscales.

La medida adoptada la semana pasada, además de responder a un pedido puntual de Perotti, se inscribe en un contexto de desborde de la violencia criminal sin control en Rosario, vinculada al narcotráfico y a la disputa de bandas por el territorio; algo que no es novedoso ni reciente, ni mucho menos. De allí que sorprende leer los fundamentos del Decreto 85 del presidente primero, que se reproducen en la Resolución 31 de la UIF, después. Veamos algunos: (las comillas son cita textual de las normas, las negritas son nuestras): 

"...en los últimos años, se han incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas con operaciones realizadas en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe." (O sea, el organismo responsable de controlar el lavado de dinero ya había advertido que en Rosario se había incrementado significativamente el reporte de operaciones sospechosas de serlo, y nada había hecho al respecto)..."...dicha ciudad es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee ante la Unidad de Información Financiera." (Chocolate por la noticia: está enclavada en el corazón de una de las regiones más importantes económicamente del país, pero hasta ahora -al parecer- no merecía que allí se instale una delegación de la UIF)  

"...la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, actualmente se erige como una localidad de vital importancia, no sólo en cuanto a cantidad de población y volumen de comercio, sino fundamentalmente, por su actual lucha frente a la criminalidad organizada en general y a los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, previstos en la Ley N° 23.737, uno de los delitos precedentes del delito de lavado de activos más significativos, en particular." (Siguen los descubrimientos sensacionales: en Rosario hay mucha gente, mucho flujo comercial y graves y serios problemas con el narcotráfico...desde hace décadas)  

"...de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina, aprobada mediante el Decreto N° 653/2022, surge: i) una gran cantidad de organizaciones criminales con asiento en la Ciudad de Rosario; ii) una actividad criminal y niveles de violencia por encima de la media nacional; iii) que constituye, además, uno de los principales puntos de destino nacionales del tráfico de droga; y iv) en materia de narcocriminalidad, el rol destacado de los transportes fluviales (a través del Río Paraná, Hidrovía Paraná-Paraguay) o aéreos (vuelos irregulares) tanto para explicar el ingreso al país de la sustancia, como su desplazamiento por el territorio nacional y, eventualmente, su posterior exportación ilícita." (O sea, ya hace un año la propia UIF hizo un relevamiento de riesgos de lavado por disponerlo un decreto presidencial, y ese relevamiento arrojó como resultados lo que cualquiera puede comprobar, con solo leer los diarios todos los días. Es al pedo, contar con inteligencia para conseguir información privilegiada es una gran ventaja, ahora se entiende lo que pasó con el atentado a Cristina)  

"Que, además, este tipo de delincuencia se viene fortaleciendo merced a los estrechos vínculos con los que cuentan las estructuras criminales, a su capacidad para movilizar enorme cantidad de fondos u otros activos y a los métodos para ocultar el origen ilícito de su patrimonio." "Que, en ese sentido, los flujos financieros y, principalmente, el lavado de activos asociado a los delitos previstos en la Ley N° 23.737 viene alcanzando un protagonismo cada vez mayor y más complejo," (Tremendo: los narcos se fortalecen porque manejan cantidades fenomenales de guita de origen ilícito, que no pueden justificar, y por eso buscan como lavarla. O sea que si había un lugar en el que investigar posible operaciones sospechosas de lavado de dinero, era Rosario...que no tenía delegación de la UIF hasta el viernes pasado)

viernes, 10 de febrero de 2023

A SEGURO LO LLEVARON PRESO

 

Cuatro ministros de Seguridad en 38 meses de gestión son un indicativo claro de que el tema se volvió el más conflictivo para la gestión de Perotti. Ni hablemos si en la contabilidad agregamos los jefes de policía provinciales o de las unidades regionales (en especial en Rosario) que se llevó puestos el agravamiento de los índices de inseguridad, y el crecimiento del delito violento, en especial en la ciudad del sur.  

Diagnósticos se han hecho muchos, desde todas las miradas posibles: ortodoxas, heterodoxas; antes de que Perotti asumiera el gobierno, y ya en él. Lo que no cambia es que el problema se agrava, y la solución no aparece la vuelta de la esquina, al menos si por solución entendemos una disminución de los índices, o la percepción de que la situación tiene algún tipo de control. 

Sin caer en alarmismos sensacionalistas ni exigir o pretender soluciones mágicas, la inseguridad en Santa Fe y en especial en Rosario y sus alrededores ha adquirido la gravedad de un fenómeno sin comparación posible en todo el país: ni siquiera el complejo conurbano bonaerense muestra los indicadores rosarinos en materia de delito violento, o la virulencia que allí alcanza el delito organizado en todas sus formas. De allí que acierta Perotti al reclamar mayor cooperación del gobierno nacional para resolver el problema (fuertemente cruzado por el narcotráfico, que es delito federal); del mismo modo que no ha acertado hasta acá en la búsqueda de soluciones en la parte que le toca.

Las quejas de los santafesinos que padecen la inseguridad son válidas y merecen una respuesta porque nadie tiene por que soportar no vivir tranquilo. Otra consideración merecen los reclamos de la política, en especial de aquellos que tuvieron responsabilidades de gestión y tampoco pudieron resolver el problema, porque si lo hubieran hecho seguirían siendo aun gobierno en Santa Fe.

Ayer mismo a la tarde, mientras Perotti definía los cambios, la justicia condenó a un jefe policial rosarino por haber cobrado durante años coimas del narcotráfico para hacer la vista gorda con sus negocios en la seccional a su cargo: el hombre fue ascendido en su carrera dos veces a cargos de mayor jerarquía entre 2017 y 2019, con las firmas de Lifschitz y Pullaro, que ahora parece haber protagonizado -a estar por sus dichos- una gestión ejemplar en la materia cuando fue ministro de Seguridad.

En ésta misma semana y a su turno, el juez de la Corte Suprema provincial Erbetta y la fiscal que lleva el caso del músico asesinado al azar en Rosario para enviar un mensaje mafioso, formularon en los medios fuertes críticas a la Policía, su formación, su organización, su desempeño y su conducción: las críticas son tan certeras, como el hecho de que tampoco el Poder Judicial, y dentro de él el MPA, han hecho demasiado -en la parte que les toca- para mejorar la situación. Lo dicho antes: diagnósticos sobran, lo que faltan son las soluciones.

Otro ejemplo: cuando Saín en su paso por el Ministerio de Seguridad señaló que los altos índices de violencia en especial en Rosario se explicaban por vínculos non sanctos entre el narcotráfico, el lavado de dinero de origen ilícito, estructuras empresariales vinculadas y bolsones de corrupción enquistados en el aparato judicial, la fuerza policial y el sistema político, muchos se enojaron con él; pero nadie pudo desmentirlo. Incluso el tiempo le dio la razón en casos como el de la financiera Oldani o el puerto de Rosario (que aun está en manos de una empresa del grupo Vicentín), más conocido por los cargamentos de droga que de cereales. 

De hecho, al día de hoy nadie tiró de la piola de sus dichos, para comprobar hasta donde eran o no ciertos, y si había algo que hacer al respecto; más allá de la valoración que se haga de su persona y su gestión, para lo que cabe lo mismo que se dijo para los gobiernos del Frente Progresista: si hubiera sido buena, aun estaría en funciones.

La política santafesina está entrampada hace meses en una discusión bizantina sobre la ejecución o no de los fondos asignados en Seguridad (ver en ésta entrada más información al respecto), mientras los proyectos de reforma policial enviados por Perotti y Saín ni siquiera fueron considerados nunca en las comisiones de la Legislatura, aunque más no sea para decir -con los fundamentos del caso- que no sirven para nada. Y mientras los rosarinos son sacudidos por una ola de crímenes organizados, la oposición discute si es o no necesario declarar la emergencia en seguridad, como se hizo tantas veces cuando la situación -según ellos mismos- no era tan grave: o el instrumento no sirvió nunca y debe dejar de usarse, o la solución depende de la cara del cliente, o de quien gobierne.

De la policía santafesina todo lo que se pueda decir a esta altura es poco, pero lo concreto es que a 10 meses de finalizar Perotti su gestión de gobierno, parece poco probable que se encaren allí reformas estructurales para las que no hay ni tiempo ni -sobre todo- consenso político; porque ni siquiera existió nunca la decisión desde la reforma encarada por Obeid entre 2004 y 2006, de cumplir a fondo con el espíritu de las leyes sancionadas entonces; ni en los oficialismos ni en las oposiciones de todo el período: parte de las capitulaciones de la política santafesina frente este grave cuadro de situación ha sido, desde Binner para acá, admitir el autogobierno policial, con la esperanza de que dejarle las manos sueltas a la corporación serviría para mejorar los indicadores del delito. No pudo haber error mayor.   

Tuits relacionados: 

lunes, 12 de septiembre de 2022

RÉMORAS MENEMISTAS

 

La semana pasada el puerto de Rosario fue noticia por el descubrimiento de un importante contrabando de cocaína despachado desde allí hacia puertos del exterior; y porque al intervenir la justicia federal en la causa, no pudo acceder a los videos de seguridad ni a los registros de las operaciones en su totalidad, porque la empresa concesionaria se los entregó solo en forma parcial, y todo indica que hay complicidad de su parte en la maniobra.

La concesionaria que opera el puerto es Terminal Puerto Rosario (TPR), una sociedad controlada por el grupo Vicentín, a la cual en su momento contamos acá como Lifschitz -a semanas de dejar el cargo y con Perotti ya como gobernador electo- quiso prorrogarle la concesión hasta el 2057, pese a que recién se vencía en el 2032, o sea 13 años más tarde. Y lo hizo a través de su representante en el ente administrador del puerto, figura creada por la Ley nacional 24093 sancionada durante el gobierno de Menem.

Esa ley en sus artículos 11 y 12 transfirió diversos puertos a las provincias (entre ellos los de Santa Fe y Rosario) "...a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. Estos entes se organizarán asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el que hacer portuario, comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad. Las provincias en cuyo temario se encuentre emplazado el puerto y él o los municipios en cuyo o cuyos ejidos se halle situado el puerto también tendrán participación en los entes, de acuerdo a la modalidad que establezca el estatuto respectivo de cada puerto.". 

Es decir que si las provincias recibían esos puertos de la nación, no los podían administrar por sí mismas sino que debían privatizarlos o manejarlos a través de "entes públicos no estatales", en los que tenían solo un representante, y los demás eran del sector privado. En ese marco la provincia de Santa Fe dictó en 1993 (durante el primer gobierno de Reutemann) la Ley 110111 que creó los entes administradores de los puertos de Santa Fe y Rosario y un año más tarde la Ley 11229, que replicó el modelo (en éste caso sin obligación de hacerlo pues no fueron transferidos desde la nación) para los de Reconquista y Villa Constitución.

En el caso del puerto de Santa Fe hubo una experiencia fracasada por "tercerizarlo" en un operador privado, y otra gestión (la de Marcelo Voboriof durante los gobiernos del Frente Progresista) escandalosa por los negociados, y el total abandono de la actividad portuaria en desmedro de los negocios inmobiliarios y anexos. Hoy el puerto recobró su actividad específica, pero sigue administrado bajo el modelo de los "entes públicos no estatales", y esa actividad portuaria coexiste con los negocios de toda índole, incluyendo por ejemplo alquilarle al Estado bienes que son de su propiedad. 

En el del puerto de Rosario como se dijo, ya en 2002 TPR de hizo cargo de la operación según contrato de concesión otorgado por el ente administrador en 2002 (segundo gobierno de Reutemann) por 30 años; que es el que el gobierno de Perotti (a través de su representante en el ente) evalúa rescindir, si se comprueba su complicidad en las operaciones de narcotráfico.

Así como los anteriores acionistas de TPR antes de que tome control de la sociedad el grupo Vicentín también estuvieron implicados en causas por narcotráfico y lavado de dinero como veíamos acá, el hólding aceitero operaba el puerto de Reconquista a través de otra empresa de su propiedad (Ríos del Norte SA), hasta que el puerto y su ente administrador fueron intervenidos por un decreto de Perotti del 2020 prorrogado después, porque no registraban actividad portuaria comprobable desde 2004.

A esta altura del relato, vale recordar que la Ley 24093 antes mencionada fue parte del festival de privatizaciones y desguace del Estado ejecutado por el menemismo con el argumento de la ineficiencia y la corrupción estatales, en el marco del cual también virtualmente desapareció la Administración General de Puerto (AGP), y se otorgó a operadores privados el manejo del dragado de la hidrovía, en el que aun el actual gobierno planea volverlos a colocar, licitación mediante.

Porque -y esto hay que decirlo- como tantas reformas estructurales ejecutadas en los años 90' en el marco de las políticas diseñadas por el Consenso de Washington, esta pérdida de control estatal sobre nuestras vías navegables tampoco fue revertida, y subsiste hasta hoy: la Ley 24093 solo fue modificada por el macrismo en 2018, para empeorarla. Y sin cambios allí, las provincias poco pueden hacer para modificar el estatus jurídicos de los puertos que les fueron transferidos, como lo pudo comprobar Axel Kicillof cuando intentó impulsar en Buenos Aires una ley para ponerlos bajo control estatal.

Una discusión (como la del manejo de la hidrovía) pendiente pero necesaria, si queremos hacer, de una buena vez, un país en serio. Tuits y posteos relacionados:  

lunes, 18 de octubre de 2021

LOS BOLSOS DE SHANAHAN

 


Leíamos ayer en Rosario 12: "Una investigación que se inició con el seguimiento a una serie de bunkers en Villa Banana terminó con el allanamiento a una financiera de España al 800, propiedad del ex titular del Puerto de Rosario Gustavo Shanahan. Los federales llegaron a esta "cueva blanca" - tal el nombre del operativo- siguiendo a los vendedores de estupefacientes, a quienes les vendían moneda extranjera. El detenido es un conocido actor de la city rosarina, ex director del Puerto de Rosario y del complejo de barrios cerrados Los Pasos del Jockey Club de Rosario." (las primeras negritas son del original y las otras nuestras)

Hace 10 años atrás, allá por el 2011 y durante el gobierno de Binner,  escribimos acá: "Y otro caso interesante para analizar desde esa perspectiva es el de los barrios privados que está construyendo un fideicomiso del Jockey Club de Rosario denominado Proyecto Urbanístico S.A.; que se lanzó en el 2007 y del cual tienen acá detalles. Se trata de ocupar casi 200 hectáreas linderas al country del Jockey Club de Rosario.".

"A principios de este año se realizó un acto en la Municipalidad de Rosario, con la presencia del intendente Lifschiz y Binner, para formalizar el traspaso de las obras complementarias comprometidas por el fideicomiso: una escuela y un centro de salud, con las que el socialismo pretende cohonestar la privatización del desarrollo urbano de la ciudad; que es lo que verdaderamente importa en este caso. El señor remarcado con el círculo es Gustavo Shanahan, que era hasta hace poco (el acto fue en febrero) el presidente del directorio de Proyecto Urbanístico S.A., el fideicomiso del Jockey Club de Rosario que desarrolla la construcción de los barrios privados.".

¿Por qué decimos "era"? Porque el Jockey Club se vio obligado a separarlo de su cargo porque -al parecer- el amigo Shanahan tuvo un problemita con unos chequecitos rebotados. Y su separación de la administración del fideicomiso, derivó en que se pidiera su raje de otro lugar, al que pertenece: el ENAPRO (Ente Administrador del Puerto Rosario),..".

"El ENAPRO es un ente público no estatal, en el que participan la provincia de Santa Fe (que designa a su presidente), la Municipalidad de Rosario y los sectores empresariales privados vinculados a la actividad portuaria. Es quien gestiona la administración y explotación del puerto, aunque en realidad ha concedido esa explotación a una empresa privada: hoy, Terminal Puerto Rosario (TPR) S.A.; una empresa que estuvo al borde de la quiebra y logró licuar sus deudas mediante una propuesta altamente favorable para que el grupo Vicentín (de la poderosa aceitera del norte provincial) se la quedara por monedas." (las negritas son nuestras)

"Hete aquí que el amigo Shanahan, antes de ser funcionario del  ENAPRO (y por ende, encargado de controlar  a la concesionaria TPR S.A.) era uno de los directores de Terminal Puerto Rosario (TPR) S.A.; probablemente al mismo tiempo que mandaba cheques que rebotaban en el fideicomiso del Jockey Club, para construir cuatro barrios privados en una zona aledaña al arroyo Ludueña. Y en su condición de miembro del directorio de TPR S.A. (la concesionaria encargada de la operación del puerto Rosario), firmó con la provincia de Santa Fe y el ENAPRO, un convenio;...".

"Por ese convenio, se le ceden al gobierno de la provincia los terrenos necesarios para la construcción del Puerto de la Música; la "obra emblemática" del socialismo, y que aun no pudo comenzarse; justamente porque los obreros del puerto temen perder sus trabajos si avanza, porque se afectaría la actividad portuaria. En su primera versión, la empresa TPR S.A. (es decir el concesionario privado) tomaba a su cargo las obras para garantizar que el puerto de Rosario no se viera afectado operativamente por la construcción del Puerto de la Música, incluyendo la construcción de un nuevo muelle sobre el río Paraná; a cambio de lo cual le prorrogaban la concesión (que dura hasta el 2032) por siete años, hasta el 2039.".

"Por eso en representación del ENAPRO está en la firma del convenio su entonces presidente Jaime Ferré, que luego se alejaría del organismo y sería reemplazado por Angel Elías. Y Ferré se fue por una razón muy sencilla: se firmó un segundo convenio con el ENAPRO y la provincia (representada por el mismísimo Binner), liberando a la concesionaria TPR S.A. de la obligación de construir el muelle (obligación que pasaba a recaer en el Estado provincial), pero a cambio le mantenían (y mantienen) la prórroga por siete años de la concesión, sin contraprestación. Todo sea por seguir a todo trance con la obra del Puerto de la Música, que además está muy floja de papeles, porque no consiguió todavía la autorización del gobierno nacional (más concretamente un decreto de Cristina) que exige el artículo 8 de la Ley 24.093.". (Salvo indicación en contrario, las negritas son nuestras)

Dos años después, en el 2013, contábamos acá como el amigo Shanahan confesó que los catalanes que manejaban en sus tiempos TPR (Terminal Puerto Rosario) lavaban a través de ella dinero proveniente del nacrotráfico. O sea que los 34 millones de pesos hallados ahora en bolsos en su "cueva" no deben sorprender: la cosa viene de lejos, tanto como los vínculos del socialismo con estos personajes, aunque después se enojen si les dicen "narcosocialismo".

Y si no recordemos que en el 2011 Binner le quiso prorrogar hasta el 2039 a TPR (donde entonces Shanahan era ejecutivo) la concesión del puerto de Rosario que recién vencía en el 2032, del mismo modo que Lifschitz en el 2019 (cuando estaba a punto de dejar el gobierno, porque habían perdido las elecciones), se la quiso prorrogar nuevamente a la misma empresa, pero ahora controlada por el Grupo Vicentín, hasta el 2057, o sea por 25 años más de la concesión original. Tuits relacionados de éste mismo año: