LA FRASE

"YO GUARDÉ ESPERMA DE MILEI PARA ASEGURARME DE NO QUEDAR EMBARAZADA CUANDO HAYA QUE VOTAR ALGUNA LEY IMPORTANTE." (LILIA LEMOINE)
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jueves, 24 de marzo de 2022

BASTA. LEY DE ABASTECIMIENTO

 

En conferencia de prensa, el Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, denunció que a fines de la semana pasada “hubo un ataque especulativo con un conjunto de precios alimenticios cuyas subas fueron inexplicables, fuera de cualquier tipo de pauta acordada con la Secretaría”. "ataques especulativos infundados, no tolerables porque son contra los argentinos".  

Dió ejemplos de algunos incrementos: 15% en limpieza, 13% en frescos y 15% en productos de almacén, entre otros.  “……no hay aumento de costos que justifique esto. Esta secretaría inscribe su política de canasta en variables, lo que puede generar alguna tensión. Pero el dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el Fondo. ¿Qué es esto en tres días? Es un ataque especulativo que no es tolerable”, 

Ante éste panorama, explicó que a través del fideicomiso al trigo se "fijará la tonelada para la harina de consumo en $25.000, que es el valor que tenía el trigo antes de la guerra en enero" y destacó que "el Gobierno compromete entre US$ 350 millones y 370 millones" para mantener el precio. En ese marco, precisó “la bolsa de harina industrial de 25 kilos se venderá a $1.150”. 

Atribuyó los ataques especulativos a quienes quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a las rutas a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares solo por acopiar el cereal, de sus stocks por solo efecto riqueza. “Si seguimos así la Mesa de Enlace va a decidir que comemos y que no comemos los argentinos”. 

“El sector agropecuario primario nunca tuvo un proyecto de país. De la generación del ‘80 solo queda el Teatro Colón. Este país necesita de la industria”. Desde esta Secretaría planteé la suba de las retenciones y lo sostengoNo se puede defender un aumento del 50% de la riqueza a costa de la mesa de los argentinosel riesgo alimentario es realEn ese marco, aparecen especulaciones sorprendentes”. 

Tras el detalle de los importantes aumentos de precios en los últimos días, el funcionario afirmó que el "escenario requiere un aporte de todos" y dijo que “nadie le pide a las grandes empresas que pierdan plata, pedimos el cumplimiento de Precios Cuidados y que no haya por fuera de eso ataques especulativos”. Hay plazo hasta el lunes a retrotraer precios; intendentes y gobernadores van a verificar; no hay una estimación de costos que permita justificar esto. Si no lo hacen está la ley de abastecimiento”. 

¿El gobierno priorizará la comida de los argentinos? ¿O en su insistencia de consensos inviables le pedirá la renuncia al Secretario? 

jueves, 28 de octubre de 2021

"VENDER A PÉRDIDA"

 

Apenas Roberto Feletti dictó la Resolución 1050 disponiendo el congelamiento por tres meses de 1432 productos de consumo familiar, comenzaron las quejas de los empresarios con el argumento de que, de sostenerse la medida, los iban a obligar a trabajar a pérdida, vendiendo por debajo de los costos de producción: el titular de la CAC (Cámara Argentina de Comercio) fue particularmente enfático al respecto, al señalar que la medida llevaría incluso a la quiebra de algunas empresas.

Como es habitual -en tanto además son sus sponsors por vía de la pauta publicitaria- ningún medio les pidió que dieran números que demostraran que eso era cierto; siendo además que sus principales costos están estables, o licuados: los salarios siguen planchados y todo indica que volverán a perder contra la inflación por cuarto año consecutivo, las tarifas de los servicios públicos no tendrán aumento en todo el segundo semestre y el tipo de cambio oficial (al cual deben pagar las importaciones de insumos para producir) permanece estable. 

Las principales empresas alimenticias (que lideran los aumentos de precios) además en su gran mayoría exportan, y obtienen ingresos en divisas, contra costos de producción en pesos, lo que lejos de provocarles quebrantos, incrementa sus márgenes de ganancias. Nada de eso cambiará en los próximos tres meses, en los que regiría el congelamiento, pero los tipos ya están diciendo que perderán plata si lo acatan.   

Pero la reticencia de los empresarios a hablar de números cuando son los suyos propios es atávica: hace unos meses atrás decíamos nosotros en esta entrada: "Algún día habrá que discutir la rentabilidad empresaria con datos concretos, es decir los números en la mano, y no con llantos quejumbrosos sobre la excesiva presión impositiva; en lo que por otro lado, la Argentina dista mucho de estar entre los países cuando cobran más impuestos. Con los números en la mano, es más fácil entenderse: por ejemplo logrando que además de los balances, se acceda a información concreta y fidedigna sobre costos, precios de transferencia, rentabilidades de los tramos de las cadenas de valor que se trasladan en cascada a sus eslabones.

O sea todo aquello que se oculta y no se quiere mostrar, ni para discutir en paritarias -cuando lloran para dar menos aumentos de salarios-, ni para pedir créditos o subsidios del Estado, acceder al REPRO o en el marco de los procedimientos preventivos de crisis, aunque sea obligatorio. Si se le pregunta al empresario argentino promedio, siempre gana poco o está perdiendo, pero nunca muestra los números. De hecho, cada vez que se intenta reglamentar el artículo 14 Bis de la Constitución en la parte de los derechos de los trabajadores a la "...participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección..." se oponen más por el hecho de no dar acceso a la información de las empresas, que por tener que compartir parte de sus ganancias. 

Por eso cuando se les piden datos para -por ejemplo- determinar donde se originan los aumentos de precios, o analizar las estructuras de costos y conocer si los márgenes de rentabilidad son razonables o excesivos, empiezan con las analogías tremendistas, y no los quieren entregar. Excusas nunca faltan: que la inflación es un problema monetario derivado de la emisión para financiar el excesivo gasto público, que esos datos no sirven para nada sin "un plan económico creíble"; que siempre exige rebaja de impuestos, reducción del gasto público y "estímulos a la inversión": o sea permitir aumentar precios sin mayores controles.".

Del mismo modo que siempre amagan con ir a la justicia a plantear la inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento 20680 y nunca lo concretan, siempre agitan el fantasma de que los obligarán a perder plata, pero nunca oficializan -ni siquiera ante una justicia adicta- planteos en ese sentido, por una razón muy sencilla: dada la regla procesal "actor incumbis probatio" ( el que alega un hecho en su defensa debe probarlo), se verían obligados a demostrar con números concretos que, respetando los precios fijados por el Estado, pierden plata. Y para eso deberían mostrar sus costos reales, y márgenes de comercialización. 

Pero además y a modo de conclusión, el Estado puede obtener esos números a través de la Ley 26992, aprobada durante el segundo mandato de Cristina en 2014, justo cuando se introdujeron modificaciones sustanciales a la Ley de Abastecimiento, y se estableció por la Ley 26993 el sistema de resolución de conflictos para relaciones de consumo.

La Ley 26992 crea el "Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios", el que de acuerdo a su artículo 3° "...podrá recomendar a la autoridad de aplicación (La Secretaría de Comercio, aclaramos) el requerimiento de: a) Toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico. En este caso, toda aquella información relativa a la estructura de costos, rentabilidad o toda aquella que pueda afectar a la empresa, con relación a sus competidores, tendrá carácter reservado y confidencial, y será de exclusivo uso del Observatorio y/o de la autoridad de aplicación;...". (Las negritas son nuestras) 

Tuits relacionados: 

lunes, 25 de octubre de 2021

EL FLAGELO DE LOS FUNCIONARIOS COMENTARISTAS

 

En relación con el congelamiento de precios por tres meses de 1432 productos dispuesto por el Secretario de Comercio de la nación Roberto Feletti, leíamos ayer en Rosario 12 al Secretario de Comercio de la provinciaNosotros desde Santa Fe somos muy responsables con este tema y esperamos que tanto de parte del gobierno nacional como del sector empresario esté la posibilidad de volver a sentarse en una mesa”, dijo el secretario del área provincial Juan Marcos Aviano. Aquí esperan una pronta convocatoria al Consejo Federal de Comercio Exterior que revierta la aplicación a rajatabla de la Ley de Abastecimiento. Y aseguró que “nosotros esperábamos un acuerdo nacional y federal donde con la premisa de la competitividad, el abastecimiento y los precios de equilibrio se hubiese podido generar otro escenario de diálogo”.".

"Pero Aviano sí reconoce que “los precios que venían desacelerando en julio y en agosto ya en septiembre empezaron a dispararse ¿Impactó el resultado electoral de las PASO?”, se preguntó y dijo que si es así “habrá algunos que estarán jugando a la política y ahí nosotros no entramos”, aseguró. Por su parte, las empresas de alimentación radicadas en el territorio provincial aguardan los pronunciamientos de las distintas confederaciones nacionales a las que pertenecen.".

"El secretario de Comercio Interior de Santa Fe dijo que “estábamos esperando que se publique en el Boletín Oficial la resolución 1050 y ahora nos vamos a reunir en el Consejo Federal de Comercio Exterior”, y adelantó que “seguramente vamos a inspeccionar y fiscalizar de la misma manera que lo venimos haciendo con todas las normativas nacionales, con todos los programas ya que Nación no tiene fiscalizadores en el interior del país. Los que tiene cubren principalmente lo que es Capital Federal y gran Buenos Aires”, explicó Aviano a Rosario/12.".

"Aunque reconoció que el Estado nacional está en todo su derecho “y tiene todas las facultades para aplicar la Ley de Abastecimiento. El momento, para algunos corresponde y para otros no. Yo digo que en el marco de la provincia de Santa Fe nosotros esperábamos un acuerdo nacional y federal donde con la premisa de la competitividad, el abastecimiento y los precios de equilibrio se hubiese podido generar otro escenario de diálogo". Y aseguró que hay que tener en cuenta que “las cadenas más concentradas de la agroalimentación, acordaron en su momento ‘Super cerca’ que de a poco se fue cumplimentando, por ejemplo. Yo sigo dejando abierta la posibilidad de que esta resolución sea modificada en los próximos días esperando que se genere una mesa de diálogo”." (Las negritas son siempre nuestras) 

Daría la impresión que estaría haciendo falta que alguien (el gobernador Perotti, el ministro Costamagna, alguien) lo ubique a éste muchacho Aviano en su rol, que es el de autoridad de aplicación en la provincia de Santa Fe, entre otras, de la Ley de Abastecimiento 20680, en el marco de la cual Roberto Feletti dictó la Resolución 1050 antes citada.

Porque él -Aviano- no está para comentar la realidad, ni para "esperar" nada, menos si es que se modifique una resolución cuyo cumplimiento debe fiscalizar: él mismo reconoce en la nota que hubo una aceleración en los aumentos de precios a partir de septiembre, sin justificación. A todos nos gustaría que las cosas se resuelvan charlando, pero si algo demuestra que a veces no es posible, son precisamente los aumentos de precios de artículos de primera necesidad.

Tampoco es asunto de Aviano esperar a ver que hacen las empresas que actúan en Santa Fe, pero están agrupadas en cámaras empresarias nacionales: eso es un problema de ellos. El de él es controlar que los precios fijados se cumplan, máxime cuando reconoce que la nación carece de inspectores suficientes para fiscalizar las normas en todo el país, y por ese depende de la colaboración de las provincias.

Es tan cierto -él mismo lo reconoce- que la nación tiene todas las facultades para aplicar la ley de abastecimiento, como que la provincia también las tiene, y están precisamente puestas en cabeza de su Secretaría: veíamos acá en ésta entrada como en marzo del año pasado y con el dictado del Decreto 263, Perotti terminó con el verso de 12 años del socialismo, cuyos gobiernos se negaban a aplicar en Santa Fe la Ley de Abastecimiento, argumentando carecer de facultades para ello.

Y a los pocos días, en abril del año pasado, mediante otro Decreto, el 319, terminó con otro verso: el de los municipios y las comunas que decían que no podían fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Abastecimiento y otras leyes de defensa del consumidor, porque la provincia no les había delegado facultades. Todos (la provincia a través de Aviano, los municipios y comunas) pueden y deben garantizar que se cumpla la Resolución 1050 de Feletti, que expresamente comprende a la provincia de Santa Fe, como al resto del país; pero a diferencia de otros lugares (como las intendencias del conurbano en manos del FDT), acá la mayoría de los municipios y comunas se vienen haciendo bien los boludos.

Si Aviano se lanzó a hacer de Macaya Márquez del problema, como si no tuviera nada que ver o hacer al respecto, por las suyas, hay que acomodarle los patitos. Y si responde a una decisión del gobierno provincial, hay que rectificarla, y rápido: si queremos tener alguna chance de remontar en noviembre las PASO tenemos que hacernos cargo de éste tema, de importancia crucial para muchos santafesinos, su bolsillo y sus chances de llegar a fin de mes. 

Porque de lo contrario esfuerzos como el de "Billetera Santa Fe" (un golazo por donde se lo mire) se van a frustar por la actitud de los vivos de siempre, que la quieren seguir levantando con pala. U otras ideas interesantes como el Código de Defensa del Consumidor que por estos mismos días promociona Aviano quedarán como simples ejercicios teóricos, sin correlato con la realidad.

sábado, 23 de octubre de 2021

EL EJE DE CAMPAÑA

 

Hay consenso casi unánime en los análisis de los resultados de las PASO del 12 de septiembre que la situación económica fue la principal causa de la derrota del "Frente de Todos" en la mayoría de los distritos, con una recuperación de los datos macro, que no se nota en la existencia cotidiana de millones de argentinos.

Y dentro de la economía, el principal problema que persiste para jugarle en contra a las chances electorales del oficialismo es la inflación, en especial en alimentos y artículos de consumo de primera necesidad. Inflación que corroe el poder adquisitivo de los salarios, y se devora cualquier mejora que al respecto se pueda hacer, lo mismo para las jubilaciones y los diferentes planes sociales.

De allí que se esperaba que, después del piñazo de las PASO, el gobierno tomara medidas para frenar la inflación y recomponer el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, de lo que hasta acá hubo poco, como no sea el complemento en las asignaciones familiares (para los trabajadores registrados), y más recientemente la designación de Roberto Feletti en Comercio Interior.

El nuevo funcionario debutó, como es sabido, firmando una resolución que congela los precios de 1432 artículos de la canasta familiar por tres meses, con el apercibimiento de aplicar las sanciones de la Ley de Abastecimiento a los que violen esos precios máximos. Naturalmente eso generó la reacción en contra de las principales corporaciones empresarias (AEA, la COPAL, CAME) que amenazan abiertamente con provocar desabastecimiento, si las obligan a congelar precios, o incluso rebajarlos en algunos casos.

Así planteadas las cosas, el conflicto es más político que económico, y un desafío abierto a la autoridad del Estado para disciplinar al mercado, o imponerle regulaciones. El que no entienda éste aspecto central del asunto y se enrede en un debate teórico sobre las causas reales de la inflación, está mirando otra película: el gobierno debe dar muestras de autoridad en general, y en éste tema tan sensible en particular, para que no se lo lleven puesto, incluso más allá del resultado de las elecciones del 14 de noviembre.

La oposición, acaso no sorpresivamente, ha cerrado filas en defensa de los empresarios, aun cuando critique al gobierno por la inflación, que atribuye -en el credo monetarista- a la presuntamente excesiva emisión monetaria. Larreta -puesto cada día más en candidato presidencial- no vaciló en repetir la misma amenaza de las corporaciones industriales alimentarias: si hay congelamiento habrá desabastecimiento: entre los consumidores y las empresas, han tomado claramente partido por éstas últimas.

El gobierno debiera tomar nota de ello, y obrar en consecuencia; haciendo de éste tema y de la postura opositora, el eje principal -si no excluyente- de lo que resta de campaña hasta las elecciones generales: nosotros defendemos tu bolsillo, ellos defienden a los que te esquilman. Incluso lo ayuda el hecho de que, más allá del nicho electoral de voto seguro de la oposición, se hace complejo explicarles a las personas comunes que los productos de Arcor, Molinos o Ledesma cuestan cada día más caros, porque el gobierno emite billetes.

Claro que para eso la cruzada contra los aumentos de precios no debería ser una quijotada personal de Roberto Feletti, sino una iniciativa (de las más importantes, sin duda) del gobierno en su conjunto, cuyas principales figuras (el presidente, el ministro Guzmán) han guardado un estruendoso silencio, como si el tema no fuera asunto de su competencia. Y otros, como el ministro Kulfas, es mejor que no hubieran dicho nada. 

Nada garantiza que, aun teniendo éxito la medida, el gobierno logre revertir el resultado de las elecciones. Lo que es seguro es que si no hace nada al respecto, o incluso si cede a las extorsiones empresariales o deja que Feletti se inmole solo por la causa, no solo las volverá a perder, sino por números mayores. Tuit relacionado:  

jueves, 21 de octubre de 2021

¿ESTADO O MERCADO?

 

Se consigna en el Considerando de la RESOLUCION 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, (completa acá en el Boletín Oficial) y nunca está demás volver a recordar , “Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las Autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.” 


Es indiscutible el enfoque protectorio consagrado en la Constitución Nacional a favor de la parte débil de la relación de consumo (usuarios y consumidores), protección que debe potenciarse en situaciones de emergencia como la que atravesamos. ¿Habrá algún sector político, alguna parte del poder judicial, que pretenda negar lo consagrado por el artículo 42 de la Constitución y redoble su negacionismo ante una situación de pandemia y emergencia? 


También sería muy difícil argumentar legal y razonablemente, porqué no se acuerda con el siguiente aspecto contenido en el Considerando:   “Que es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, resultando un interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene individual y colectiva.” 


Y como todos pudimos comprobar diariamente en el marco de la emergencia pública por la que se atraviesa, en el Considerando de la Resolución acertadamente se expresa que  en el último tránsito de ésta, coincidente con un fuerte proceso de recuperación económica, se han advertido y verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal; los que resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción.” 


Y esas grandes empresas formadoras de precios que vienen desde hace mucho tiempo aplicando irracionales aumentos en perjuicio de la población, fueron convocados por el Gobierno a través de Roberto Feletti, desde hace pocos días nuevo Secretario de Comercio Interior.   


Con éstas empresas y sus flemáticos representantes, nadie puede sorprenderse de su falta de respuesta, de sus deliberadas indefiniciones, de su política comercial basada en desconocer sistemáticamente los derechos de los consumidores, quedándose con márgenes de ganancias siderales no consentidos ni posibles en ningún país “serio” del mundo, esos países “serios” que a los Ceos les gusta tanto referenciar. El porcentaje de rentabilidad de las grandes cadenas de supermercados en Argentina, resulta más de diez veces superior al que obtienen en los países centrales.  


Ante ésta realidad que solo puede ser negada por un lunático, y la convocatoria del Gobierno a los formadores de precios, hablábamos con los compañeros que era inútil continuar perdiendo el tiempo en reuniones de las que difícilmente se pueda obtener más que dilaciones, mientras continúan aumentando precios y succionando como una aspiradora cualquier incremento salarial o de asignaciones.  


Decíamos que el Gobierno inexplicablemente había estado mirando para otro lado, y que ya no había más tiempo, reiterando lo que siempre hemos sostenido: el Estado tiene las herramientas legales para frenar el despojo. Lo mismo se consigna en el Considerando:    


Que, consecuentemente, la Autoridad de Aplicación ha tenido numerosas reuniones de trabajo con los actores involucrados a fin de consensuar diversos mecanismos para asegurar el normal abastecimiento y comercialización y el establecimiento de precios al día 1° de octubre del presente año, sin que, a la fecha de la presente medida, se hayan obtenido avances significativos en la materia.”.   


“Que, pese a dichos esfuerzos por parte de la Administración, corresponde sin más dilaciones y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, disponer temporalmente, hasta el día 7 de enero de 2022, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general de determinados productos.” .


Es momento de elegir. O dejamos que la falacia del “libre mercado” se imponga, condenando a millones de argentinos a no comer o a comer menos de lo suficiente para que 50 empresas tengan rentabilidades extraordinarias, o el Gobierno se hace cargo de la situación a través de un Estado presente, utilizando las leyes y aplicando sanciones a quienes aumenten los precios violando la Resolución 1050.  

sábado, 16 de octubre de 2021

PRECIOS TESTIGO

 

Uno de los cambios más importantes en el gabinete nacional post derrota en las PASO fue la designación de Roberto Feletti en Comercio Interior, en reemplazo de Paula Español, una de las más inoperantes de los "funcionarios que no funcionan". Y una de las primeras medidas que anunció el nuevo secretario fue un congelamiento de precios por tres meses de más de 1200 productos de la canasta familiar, incluyendo obviamente los alimenticios. 

Hasta el día de hoy, las empresas no firmaron el acuerdo, y todo indica que no están dispuestas a hacerlo, con lo cual ya Feletti señalo que evalúa aplicar la ley de abastecimiento, que entre otras cosas faculta al gobierno a fijar precios máximos, o márgenes de utilidad.

La discusión es de suma importancia para el futuro del gobierno, y lejos de ser económica, es profundamente política, de disputa por el poder: o lo tienen las empresas y sus dueños, o lo ejerce el gobierno honrando el mandato popular, haciendo uso de sus facultades legales. No se trata, entonces, de un debate académico sobre las causas de la inflación, o las mejores medidas para atacarla: hace rato ya que excede largamente esa cuestión.

La inflación en la Argentina es alta desde los tiempos de Macri, y ni siquiera el frenazo en la actividad económica como consecuencia de la pandemia la hizo descender a niveles tolerables. Y la leve tendencia a la "desaceleración" evidenciaba desde abril (en realidad, un amesetamiento en niveles altos) se torció en septiembre, cuando la cifra de evolución de los precios medida por el INDEC fue del 3,5 %, con los alimentos liderando otra vez las subas.

Y según los dichos de Feletti, octubre pinta igual o peor, de allí la necesidad urgente de tomar medidas. De como reaccionen ambas partes (el gobierno y las empresas) frente a éstas dependerá el futuro no solo de los bolsillos de los consumidores y el poder adquisitivo de sus salarios, sino del propio gobierno de cara a las elecciones, y por el resto de su mandato.

Nadie puede dudar a esta altura que la situación económica, en especial en cuanto influye en las preocupaciones y la vida cotidiana de la gente, es la principal de las causas de la pobre cosecha electoral del "Frente de Todos" en las PASO. Y los cambios en Comercio Interior parecen un tardío reconocimiento de esa realidad.

Sin embargo, la cosa no puede quedar ahí, en un simple cambio de figuritas: si el gobierno tiene la convicción de que Feletti va por el camino correcto tiene que respaldarlo, con toda firmeza, sobre todo si las empresas amenazan resistir las medidas; y no soltarle la mano al primer apriete. Porque de lo contrario se van a llevar puestos algo más que nuestros salarios, o la gestión del nuevo funcionario: hay un desafío abierto a la propia autoridad del Estado, y a la gobernabilidad; y hay que ser ciego para no verlo.

Y si no lo respalda además, estará dando un mensaje al interior de la coalición oficialista: que los cambios son simplemente cosméticos, para hacer como que se atienden los reclamos, o para habilitar presuntos espacios de decisión que en rigor no son tales, como para acallar las quejas, y nada más.

Hasta aquí, en todos los encuentros empresariales con o sin el gobierno enfrente como interlocutor (el Coloquio de IDEA, la reunión de CEO's esta semana), los tipos piden. Fundamentalmente, la reforma laboral, pero además que se acuerde con el FMI, algún beneficio particular para sus empresas (como el congelamiento de las tarifas de electricidad que acaba de obtener Madanes Quintanilla para ALUAR, reducción o eliminación de impuestos.

Lo que nunca hacen, en cambio, es ofrecer: o sea, decir en concreto que están dispuestos a ceder ellos, para llegar a acuerdos. Es decir que daría la impresión (nos podemos equivocar, como no) que los únicos acuerdos que están dispuestos a suscribir, son aquellos en los que el gobierno cede a todos sus reclamos, sin que ellos tengan que dar nada a cambio. Tuits relacionados: 

domingo, 21 de marzo de 2021

COMIDA PARA PIOJOS

 


No vamos a descubrir el agujero del mate puntualizando la importancia de contener la inflación, y en especial las subas de precios de los alimentos, para tener no ya justicia distributiva, sino tranquilidad social. Tampoco estamos diciendo nada extraño si puntualizamos la importancia política y electoral de hacerlo: entre otras razones, y en nuestra modesta opinión, muy por encima del resto, la gente vota con el bolsillo, y con el estómago.

Estas cuestiones no debieran tener discusión, aun cuando después se admitan sí discusiones sobre las causas de las subas de precios de los alimentos, y las medidas más eficaces para contrarrestarla. A condición, claro, que el debate no se limite exclusivamente a eso, y no se haga nada concreto como resultado. Porque si no se hace nada, la realidad sigue siendo la misma. Por ejemplo los alimentos siguen subiendo de precio.

Puede parecer exagerado que, frente a eso, se diga que el gobierno no está haciendo, básicamente nada. Y no se diga que no porque "está tratando de alinear expectativas inflacionarias a la baja", "trazando un mapa de los aumentos" o sanatas por el estilo; porque aunque no fueran sanata, suenan a tales.

Debe suponerse que son concientes de la importancia del problema -en todas sus dimensiones de importancia, conforme a lo señalado antes-, y de los efectos devastadores de que la comida (bien básico y esencial si los hay) sea cada vez más inaccesible para muchos argentinos. De hecho, este gobierno comenzó su gestión, cuando aun no existía la pandemia, lanzando un plan de lucha contra el hambre.

Podría pensarse que no le encuentran la vuelta al asunto, aunque estén tratando. O por el contrario, que saben lo que hay que hacer (por ejemplo, y entre otras cosas, subir retenciones para desacoplar los precios internos de los internacionales, de los alimentos que exportamos), pero no lo hacen, porque también saben que les traería problemas con sectores poderosos (como el agropecuario y el polo exportador del sector), con los que no tienen la intención de confrontar.

Pero esa decisión -al igual que la de confrontar, con cualquier sector- no está exenta de costos: como consecuencia de haber cedido a las presiones de no aumentar retenciones, hoy el gobierno no tiene plantado un conflicto con el campo privilegiado, pero tiene a cambio subas constantes de precios de los alimentos, que impactan en el bolsillo de la parte gruesa de su base electoral, y si no se corrige la situación a tiempo, empezarán a impactar en su humor electoral. En la vida hay que elegir. 

Lo mismo cabe para la aplicación de las leyes de abastecimiento o defensa de la competencia, herramientas legítimas con que cuenta el Estado para hacer frente a las maniobras especulativas o los abusos de posición dominante en el mercado (que vaya si los hay, en especial en la industria alimenticia). Por supuesto que a los empresarios no les gustan porque limitan su tendencia a maximizar ganancias, pero precisamente por esa razón fueron dictadas: para que no se guíe todo por la mano invisible del mercado.

En el gobierno (al menos en su núcleo duro, los que toman las decisiones) parecen no creer en esas herramientas, o al igual que pasa con las retenciones, prefieren apelar al diálogo y la búsqueda de consensos, esperanza que hasta acá se reveló vana, y potencialmente suicida, en términos políticos y electorales.

Los tiempos del Consejo Económico Social y de las reuniones y mesas sectoriales con empresarios son muy distintos que los de la puja distributiva en danza, que se está llevando puesto el poder adquisitivo de los salarios. Y vistas las cosas desde otro ángulo, con alimentos en alza empujando la inflación, no hay recuperación salarial posible, a menos que se apuesta a frenar la inflación con el ancla salarial y la cambiaria, mientras además se aumentan tarifas y combustibles.

Esa receta, además de ser injusta en términos de equidad distributiva, está en las antípodas de lo que el pueblo votó en octubre del 2019: precisamente una receta parecida fue la que eyectó al macrismo del poder.

Y sin recuperación salarial no hay recuperación del consumo, y sin recuperación del consumo no hay recuperación económica posible, sostenida y con inclusión. Por más que se alcancen ciertos "equilibrios macroeconómicos". No debería ser tan difícil de entender, de hecho no lo es. En consecuencia, no debería ser tan difícil decidirse en serio a hacer algo al respecto; vistos los riesgos de no hacerlo. 

Quizás -solo quizás, es una conjetura propia, a falta de hechos que autoricen a suponer algo distinto- algunos estrategas electorales del gobierno supongan que tienen un voto "duro" consolidado, que resiste todos los avatares de la coyuntura, sin demandar razones concretas para hacerlo. Núcleo que le permitiría triunfar frente a una oposición fragmentada y radicalizada en posturas "bolsonaristas"; con el solo artilugio de hacer alguna concesión al "voto flotante", como los cambios en Ganancias.

Una estrategia que falló cuantas veces se intentó, incluyendo en el final del kirchnerismo. Porque nunca es conveniente, en términos electorales, tomar la hoja de ruta del adversario, o  abandonar la propia; menos cuando ni siquiera existen elementos coyunturales que podrían justificarlo -como pasaba con los propios cambios en Ganancias en tiempos de menor desempleo, mayor consumo y mayor poder adquisitivo de los salarios-; y que hoy, lisa y llanamente, no existen.

lunes, 22 de febrero de 2021

APLAUSÓMETRO

 


Cuando los índices de inflación arrojaban -mes a mes- que lo más subía era el precio de los alimentos, el gobierno amenazó con subir las retenciones, o poner cupos a las exportaciones. Luego de reunirse con la Mesa de Enlace, no hizo ni una cosa ni la otra.

Como si se hubiera convencido de que los agrogarcas tenían razón cuando aducen que no son ellos los causantes de los aumentos, asumió el compromiso de "revisar juntos" las cadenas de producción y comercialización para detectar en donde se generaban éstos. 

Algo parecido hizo en la reunión con un conjunto de empresarios muy poderosos, formadores de precios, que hasta "ofrecieron" abrir sus estructuras de costos, y compartir la información. En esa reunión -se supo luego- muchos de esos empresarios propusieron un aplauso para el ministro Guzmán, vaya uno a saber por qué, aunque se puede imaginar.

La semana pasada -en las que los aumentos siguen como si nada, y nada sabemos de como andan los "análisis de costos y de las cadenas"- se supo que el gobierno cambió la actitud, e imputó en el marco de la Ley de Abastecimiento 20680 a un conjunto de grandes empresas productoras de alimentos y artículos de limpieza, por faltantes injustificadas de producción y mermas en el nivel de la producción, en un contexto de suba constante de precios de sus productos. Cursadas las intimaciones, deberían venir las respuestas, y si no son satisfactorias, las sanciones.

Entre las empresas imputadas -y la citamos al solo título de ejemplo- está Aceitera General Deheza (AGD), la empresa de Miguel Acevedo, el presidente de la UIA. Como todas las aceiteras, firmó el compromiso con el gobierno para conformar un fideicomiso en el que los exportadores aportan recursos para subsidiar la venta de la producción al mercado interno, un modelo que el gobierno quiere replicar para otros sectores como el maíz, para evitar tener que aumentar las retenciones, o fijar cupos a la exportación.

Para que se entienda: las empresas exportadoras que pactaron ese mecanismo para evitar que el gobierno tome otras medidas más drásticas para atacar la inflación en alimentos, no lo están cumpliendo, y en consecuencia falta aceite, y sigue aumentando. 

Y no son cualquier empresa, sino las formadoras de precios, las que se reunieron con el gobierno, aquellas cuyos dirigentes (como Acevedo) encabezan los principales sellos gremiales del empresariado, y algunas de las que más aplaudieron a Guzmán. Ya sería hora de que en el gobierno se preguntaran por qué.

Y para que se entienda también: las constataciones de la Secretaría de Comercio por infracciones a la Ley de Abastecimiento son de noviembre y diciembre del año pasado, y enero de éste año. Es decir, mientras los precios de los artículos de la canasta familiar subían sin cesar, y mientras el gobierno "analizaba" que hacer al respecto, y seguía insistiendo en la convocatoria al diálogo con los empresarios de los distintos sectores.       

Conclusión: dejando de lado la discusión sobre cual sea la estrategia más adecuada para combatir la inflación y cuáles son las medidas más adecuadas a esos fines, lo que sigue pendiente de revisión en un contexto más amplio es el modo de relación del poder político con las corporaciones económicas, considerando la conducta de cada uno, y cuan dispuestos están a cumplir acuerdos y compromisos. Una revisión imprescindible cuando se está hablando de "pacto social", Consejo Económico Social y cosas por el estilo.

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lunes, 27 de abril de 2020

EXPERTO EN HACERSE EL BOLUDO


Emilio Jatón construyó una carrera en los medios periodísticos de la ciudad con el modelo Santo Biasatti: poner cara seria en el noticiero del meidiodía, hablarle al "uomo cualunque" mirando a la cámara con registro "que barbaridad señora", y no definirse nunca en nada. Le dio excelentes resultados, tanto que lo proyectó a la política, donde aprovechó su alto nivel de conocimiento público, para terminar ganando por amplio margen la elección que lo consagró intendente. Y como un método que da resultados no incentiva a cambiarlo, sigue por la huella: es un especialista en hacerse el boludo, para pasarla bien.

Como se puede comprobar ahora con el tema de los controles de precios en medio de la pandemia, y los roles que al respecto le caben al municipio. Al respecto, leemos (y lo leemos) en el diario de Nahuel: "Lo vengo diciendo hace tiempo: es el momento de la solidaridad y la responsabilidad; hay que terminar con las avivadas. Quienes aumentan los productos están perjudicando al otro, al vecino, al ciudadano santafesino. Por eso, desde hoy, en la web de la Municipalidad está disponible un formulario en el que cada santafesino puede denunciar los aumentos de precios. Vamos a trabajar en conjunto”.

Jatón indicó que los municipios fueron facultados por los gobiernos nacional y provincial a controlar los precios. “Esta semana ya firmamos el decreto y vamos a empezar a controlar a partir de denuncia que haga el vecino pero también, si es necesario, lo haremos de oficio. Por eso les pedimos que si ven abusos de precios nos lo hagan saber a través de la página web, para que los inspectores municipales vayan a labrar las actas correspondientes. Luego, vamos a informar cada una de esas situaciones a la provincia que es la que tiene la autoridad para sancionar”.

O sea, que barbaridad señora vea, yo se lo dije, esto no puede ser, estamos con usted, déjenos su denuncia en la página o el whatsapp de la Municipalidad (como si fuera el del canal 13), y veremos que hacemos. En esa línea (jugadísima) nuestro alcalde dictó el lunes pasado el Decreto 76, en cuyos considerandos podemos leer: "Que en los niveles de gobierno local es donde mejor se perciben las necesidades y problemas de sus habitantes para poder resolverlos con mayor eficiencia, y por ello resulta razonable que, en el marco de la emergencia sanitaria declarada, este Departamento Ejecutivo preste colaboración al Gobierno Provincial en tareas de control público referidas a la comercialización de bienes y servicios, a los fines de velar por los derechos de los usuarios y consumidores de la ciudad."

"Que, no obstante, siendo esta autorización legal una técnica transitoria de distribución de atribuciones, que no implica renunciar a la competencia ni mucho menos desentenderse de la responsabilidad originaria que el órgano titular de esa competencia tiene, es prudente que la Municipalidad de Santa Fe intervenga únicamente durante la vigencia de las medidas adoptadas en relación con la pandemia declarada, de acuerdo a los recursos humanos y técnicos con los que disponga." (las negritas son nuestras) 

Es decir, por un lado dice que es en el nivel de gobierno local donde están dadas las mejores condiciones para atender de inmediato las necesidades de los vecinos, pero por el otro que en el caso de los controles de precios, solo lo va a hacer mientras dure la emergencia; no sea cosa que alguien se confunda, y crea que esa es una función o responsabilidad permanente del municipio, en todo caso y como diría Binner, "mejor que lo resuelva la mano invisible del mercado".

En consonancia con lo dicho en los considerandos, el decreto en su artículo 1 habilita las vías para que los ciudadanos denuncien desabastecimiento o aumentos de precios (teléfono, sitio web, whatsapp), y en el artículo 4 instruye al Secretario de Producción y Desarrollo Económico para que notifique a los comerciantes sobre los mecanismos de control a realizar. Algo así como "ojo, mirá que los vamos a inspeccionar, eh".

El decreto de Jatón menciona como antecedente el Decreto 319 de Perotti, del cual hablamos en su momento acá, diciendo que con esa norma se les acababan las excusas a los intendentes para no controlar precios, porque les otorgaban amplias facultades para ello, incluyendo las de "determinar preventivamente, cuando exista peligro grave, sea actual o inminente, para la salud o seguridad de la población, las medidas que resulten necesarias para la defensa efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios" y "disponer, en caso de reiteración de faltas durante la sustanciación del procedimiento respectivo, la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales.". De las dos el decreto de Jatón nada dice, porque no está dispuesto a utilizarlas

Como tampoco nada dice de lo que está establecido en otro decreto de Perotti, que es el 327, en su artículo 3, que es lo siguiente: "En los casos en que los presuntos infractores a las disposiciones vigentes sobre precios máximos o las que se dicten en el futuro acrediten fehacientemente, mediante la pertinente factura de compra, haber adquirido los bienes a un precio de costo mayor a los mismos la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, por sí o con intervención del Municipio o Comuna correspondiente instaurarán los procedimientos ante quien corresponda en la cadena de comercialización." (las negritas son nuestras) 

No sea cosa que se le enoje el COTO.

jueves, 16 de abril de 2020

EL RIESGO DE IR UN DECRETO TARDE


Sobre los controles de precios en la provincia, leemos el boletín diario de la opinión de la oposición provincial en el diario de Nahuel: "Dirigentes del radicalismo presentaron una nota formal que firmó el presidente del Comité Provincial de la UCR,  Carlos Fascendini,  para pedir de audiencia al gobernador Omar Perotti referido a la situación de las municipalidades y las comunas ante la crisis que ha desatado el Covid-19. Entre los tópicos a abordar figura la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de dejar en manos de los gobiernos de los pueblos y las ciudades del interior el control de los precios, una tarea que le corresponde a la Dirección Provincial de Comercio Interior.(Desde acá celebramos que hayan cambiado de postura, porque los 12 años que gobernaron la provincia pensaban lo contrario: que no le correspondía, porque no tiene facultades para eso. A lo mejor lo descubrieron ahora, después de que el 15 de marzo pasado Perotti lo dejó bien claro por el Decreto 263)

"Los radicales entienden que salvo en los grandes centros urbanos, son comercios minoristas los que podrán ser controlados por los jefes comunales y los intendentes que, con lo dispuesto por la Casa Gris, quedarán en un brete entre los consumidores y el último eslabón de las cadenas comercialización." Apuntaron a que se garantice la vigilancia en el control de los formadores de precios, que por su despliegue en el territorio provincial no están generalmente en la órbita municipal o comunal." (Pero muchachos, estuvieron lentos: de lo contrario hubieran leído ayer acá que el 8 de abril Perotti dictó el Decreto 327, en el que expresamente dispone que "...faculta a la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología para que por sí, o con intervención del Municipio o Comuna correspondiente, instaure los procedimientos de control ante quien corresponda en la cadena de comercialización, cuando verifique que los presuntos infractores a las disposiciones sobre precios máximos acrediten fehacientemente haber adquirido los bienes a un precio de costo mayor a los mismos, mediante la pertinente factura de compra. ")

"Entre otros elementos a considerar, en la oposición se repite que son muy pocas las municipalidades con recursos humanos capacitados para estas tareas y salvo Santa Fe y Rosario- menos aún las que cuentan con alguna oficina de defensa del consumidor. Advierten que con la decisión de las autoridades provinciales actuales de eliminar los Nodos regionales también se terminaron los contratos de abogados contratados en esos cinco núcleos para la descentralización, que seguían las causas iniciadas por los consumidores." (Ha visto, para algo tenían que servir los nodos: era para eso. Justo esos tipos eran los que hacían los controles de precios que nos decían que no se podían hacer, porque no tenían facultades. Acá no entiende el que no quiere. Mentira: los nodos nunca dependieron de Comercio Interior, sino de la Secretaría de Regiones, Municipios y comunas. Buen intento de defender ñoquis, pero tienen que seguir intentándolo mejor) 

(Las negritas y los subrayados son nuestros. Si Perotti va muy rápido con los decretos y no le pueden seguir el ritmo avisen, y le pedimos que baje un cambio para que lo alcancen.) Tuit relacionado: 

jueves, 9 de abril de 2020

SE ACABARON LAS EXCUSAS


Los aumentos incesantes de precios en medio de la crisis del coronavirus son una preocupación para muchas familias, que vuelven espantadas cada vez que van al supermercado: si la inflación siempre fue un problema entre nosotros, con mayor razón ahora cuando muchos vieron ajustados sus ingresos por la crisis. También es recurrente el justificado reclamo al Estado -en sus distintos niveles- para que haga algo para evitar abusos, o proteger de ellos a los ciudadanos a los ciudadanos.

Hace unos días atrás contábamos en ésta entrada como, en el marco de las medidas que viene adoptando para paliar la crisis y sus efectos en la población, el gobierno de la provincia resolvió por un decreto de Perotti instruir a la Secretaría de Comercio Interior implementar taras de inspecci{on, vigilancia, control y sanción de aquellas conductas que, en infracción a las leyes nacionales de comercialización, perjudicaran el normal suministro y a precios razonables de insumos críticos en la emergencia.

Decíamos entonces que el decreto daba por tierra con el discurso del socialismo en cuanto a que la provincia carecía de facultades en la materia, como para controlar que en su territorio se apliquen -por ejemplo- las leyes de abastecimiento y de defensa del consumidor.

Otro tanto sucede con los municipios y comunas: muchos de ellos se niegan a quedar mal con los empresarios (supermercadistas, distribuidoras) sean locales o de grandes cadenas nacionales, sea porque aportaron a las campañas electorales, o porque los amenazan con irse a otro lado si "los persiguen".

Frente a eso, Perotti decidió -por el decreto cuyas imágenes ilustran el post- darle otra vuelta de tuerca al asunto, para terminar con las ambigüedades: faculta a los municipios y comunas a "...ejercer en sus jurisdicciones las funciones de control e inspección en materia de comercialización de bienes, incluyendo controles de precios, conforme a las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor, de Lealtad Comercial y de Abastecimiento y las pautas establecidas por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerío de Desarrollo Productivo de la Nación o las que en el futuro se emitan durante la vigencia de la emergencia sanitaria, con relación a hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas, supermercados mayoristas y demás establecimientos comerciales...".




Según señala el decreto, las facultades otorgadas a los muncipios y comunas implican: (a) recibir denuncias de quien invoque un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o judicial; (b) realizar inspecciones y controles de precios en establecimientos comerciales; (c) labrar actas de infracción por triplicado mediante inspectores autorizados al efecto, donde conste, en forma concreta y precisa, el hecho verificado y la disposición supuestamente infringida; (d) formular imputación a los presuntos infractores, requerir descargo y ofrecimiento de prueba en un plazo no mayor al de cinco (5) días hábiles administrativos; (e) determinar preventivamente, cuando exista peligro grave, sea actual o inminente, para la salud o seguridad de la población, las medidas que resulten necesarias para la defensa efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios y (f) disponer, en caso de reiteración de faltas durante la sustanciación del procedimiento respectivo, la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales.

O sea, desde hacer las inspecciones hasta clausurar comercios, pasando por levantar actas e imponer multas, todas las facultades. Incluso contempla que los Municipios y Comunas se queden con el 25 % del producido de la recaudación de las multas que impongan.

A ver si, aunque más no sea por ese incentivo económico, los intendentes (¡hola Jakin!, ¿qué tal, Jatón?) se animan a hacer cumplir las leyes, en defensa de la población. Ojalá nos desmientan, pero hasta tanto eso ocurra, somos escépticos: ya vimos lo que pasó con las vueltas que dieron los "progresismos" municipales gobernantes para cerrar los casinos, bingos y shoppings en medio de la pandemia: lo tuvo que terminar haciendo el gobierno de provincia, por decreto de Perotti.

Y todo antes del anunciado decreto de Alberto Fernández sobre el tema, que recién salió hoy en el Boletín Oficial (completo acá); y tal como pensábamos, habla de la Ley de Abastecimiento 20680, y no de Defensa de la Competencia. A ver si al presidente le hacen caso, si no le quieren dar bola al gobernador. Tuits relacionados: