LA FRASE

"ME ENTERÉ POR LA PRENSA QUE CONTRATARON A LAS EMPRESAS DE MIS HERMANOS PARA LA MISA DEL PAPA, YO ME DEDICO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS QUE TIENEN TIEMPO Y VOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRIVADA SON ELLOS." (MARTÍN MENEM)
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miércoles, 19 de junio de 2024

TIRADOS DE ABOGADOS

 

La nación le está debiendo a la provincia de Santa Fe los aportes para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones. El año pasado las transferencias venían demoradas, y desde que asumió Milei, directamente no llegaron más: un elemento que el gobierno de Pullaro menciona poco cuando habla del déficit, porque prefiere enfocarse en las reformas al régimen jubilatorio. De allí que no extrañe que la provincia haya iniciado algún tipo de reclamo para cobrar lo que se le debe, y de paso contribuir a disminuir el déficit de la Caja. 

Ya es más raro que contrate a un estudio jurídico privado a esos fines, cuando de acuerdo al artículo 82 de la Constitución de la Provincia para esos fines está Fiscalía de Estado; que tiene un montón de abogados de planta permanente para eso, incluyendo una delegación en Capital Federal para litigar -por ejemplo- en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Más raro todavía es que contrate en forma directa -es decir, sin ningún tipo de licitación o concurso- a un determinado estudio de abogados. Quizás no sea tan raro que el estudio elegido sea justamente el de los autores -en las sombras- del DNU 70 de Javier Milei, y de buena parte de la ley bases, y también en su momento de todo el marco regulatorio de las privatizaciones del menemismo (más antecedentes de Cassagne, acá): 

Pero lo más raro de todo es que le vayan a pagar al estudio de Cassagne (que de ellos se trata) 30 millones de movida, más una cuota mensual, más un porcentaje de lo que la provincia logre cobrar, por un juicio que ya se inició y se está tramitando en la Corte Suprema nacional, como lo reconoce el propio contrato de la provincia con el estudio, que está anexado al decreto; como pueden ver en la imagen siguiente.

Decir que en realidad le están pagando para que presenten un recurso contra el DNU 280/24 de Milei (que modificó el presupuesto, suspendiendo las transferencias a las Cajas provinciales) es tomarnos por boludos, porque el decreto fue dictado el 27 de marzo, o sea hace casi tres meses. Medio tarde se acordaron de recurrirlo. 


Pero que le están pagando al estudio de Cassagne para que siga un juicio que ya inició la provincia-como corresponde- a través de la Fiscalía de Estado no lo decimos nosotros: lo dice en primer lugar el propio contrato que van a firmar con el estudio.

Y lo dijo también el propio Pullaro en abril pasado, cuando dictó el Decreto 527, ratificando el juicio que ya había iniciado Perotti en su gobierno (pueden ver que el número de expediente es el mismo: CSJN 1970/2023), cosa que no hubiera sido en realidad necesaria porque el Fiscal de Estado necesita un decreto del gobernador no para iniciar un juicio, sino para desistirlo (artículo 4 de la Ley 11875).

Que era en realidad -según dicen las malas lenguas- lo que en realidad quería hacer el actual Fiscal de Estado de la provincia y de allí el decreto de Pullaro. Claro que ahora el hombre vuelve por sus fueros, y recomienda que le tiren un centro a Cassagne, que por supuesto lo va a cabecear gustoso. Y no precisamente gratis: 


jueves, 5 de abril de 2018

MAESTRÍA EN TARIFAZOS


"A partir de 1966, actuó como docente en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA, bajo la dirección de los Profesores Miguel S. Marienhoff, Jorge Tristán Bosch, Manuel María Diez y Pedro Aberastury que, por entonces, eran los juristas de mayor jerarquía y prestigio en Argentina e Iberoamérica.

Más tarde alcanzó la titularidad de la Cátedra de esa misma Universidad y en otras facultades de  Universidades privadas (Universidad Católica Argentina, del Salvador y del Museo Social Argentino). Desde 1972 hasta 1983 dirigió la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración. A su vez, fue Decano de la facultad de Derecho de la Universidad del Museo Social Argentino.

Su actuación en el sector público (1966-1976) ha sido intensa y variada, habiendo sido abogado del Estado, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Industria y Minería, Subsecretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Industrial y, finalmente, Subsecretario de Minería, lo cual le permitió adquirir una valiosa experiencia que siempre combinó con el ejercicio de la Cátedra, estudios y trabajos de investigación. Al finalizar su labor en el sector público se dedicó al ejercicio de la profesión en el ámbito privado de la abogacía, como socio del Estudio Sáenz Valiente, Padilla & Cassagne (1977-1983). En 1983 fundó el Estudio Cassagne & Asociados (1983-1991), una organización jurídica de magnitud que alcanzó un alto nivel de excelencia y especialización.

Completa su experiencia empresaria y profesional el hecho de haber sido socio fundador del Estudio Cárdenas, Cassagne & Asociados en el año 1991, y ha integrado a partir de 1992 el Directorio, como Presidente o Síndico, respectivamente de empresas distribuidoras de gas y de electricidad en el área metropolitana y en el Gran Buenos Aires. Fue Presidente del Directorio (1992-1998) de la Compañía Distribuidora de Gas Natural en Buenos Aires (Metrogas). En 1999 fue designado Presidente del Directorio de Aguas Argentinas S.A. y miembro del Directorio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina). Síndico de Edenor (1992-2001) y de Edesur (2001-2003), habiendo integrado también el Directorio de Telefónica Argentina (2000-2003).

Integrante de las más importantes asociaciones empresarias, tales como la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial Argentina, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la International Law Association, la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, la Cámara Española de Comercio, entre otras y, fue designado Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación.

Ha sido y es asesor de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), participando en diversos seminarios y reuniones en los que se abordó el tema de la libertad de expresión y los mecanismos para protegerla. " (las negritas son nuestras, sacado de acá).