LA FRASE

"VOLVEMOS A LA CALLE A PROTESTAR PORQUE ES IMPRESIONANTE COMO SE DISPARÓ EL HAMBRE EN EL PAÍS EN ESTOS TRES O CUATRO DÍAS DEL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ." (RAÚL CASTELLS)

sábado, 14 de diciembre de 2019

LA CULPA SE REPARTE ENTRE MACRI Y ALFONSÍN


Tal como da cuenta la imagen de apertura, ayer salió publicado en el Boletín Oficial el Decreto 33 (completo acá), por el cual Alberto Fernández convoca a extraordinarias al Congreso, para tratar entre otros asuntos el "Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica"; inciativa que incluiría algunas de las medidas más importantes del gobierno en los primeros días de gestión, en materia económica y social.

Como se dice allí, el proyecto no está acompañado al anexo del decreto (lo cual no quiere decir que no esté redactado), pero en varios medios anticipan lo que suponen que sería parte de su contenido: facultades al Poder Ejecutivo para revisar las tarifas de los servicios públicos, dictar regulaciones cambiarias y vinculadas al mercado de divisas, y atribuciones impositivas para modificar alícuotas de algunos impuestos, como Bienes Personales.

Además del contexto político dado por el cambio de gobierno, la cuestión está vinculada la problemática de las facultades delegadas del Congreso en el presidente, regulado en la Constitución Nacional en su artículo 76, a partir de la reforma de 1994.

La emergencia económica (en realidad, "emergencia pública y del régimen cambiario", en su última versión) tuvo vigencia en el país hasta que en enero del 2018 Macri decidió no solicitar su prórroga al Congreso. Al respecto decíamos nosotros en ésta entrada que "El problema es que la ley de emergencia, más allá de su título, no es una especie de certificación legal de la salud o enfermedad de la economía, sino una cuestión de índole más práctica; que tiene que ver con el artículo 76 de la Constitución Nacional, y las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Congreso para regular determinados aspectos de la economía.

El artículo 76 (incorporado en la reforma de 1994) dice textualmente en su primer párrafo: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca."; y es un verdadero engendro que trajo más problemas, que soluciones. La fórmula del artículo 76 no pudo ser peor porque además incluye (como un caso de transferencia admitida de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo) las "materias determinadas de administración": si son materias determinadas de administración, le corresponden por derecho propio al presidente; que es el responsable político de la administración general del país, según la misma Constitución (artículo 99 inciso 1.).

Pero el problema de base es que este artículo fue injertado sobre un molde (el de la Constitución de 1853) que responde a los cánones del liberalismo económico del siglo XIX, que venía haciendo agua hace ya mucho tiempo; y sobre el que la reforma del 94' no avanzó demasiado, sino en aspectos cosméticos. La realidad discurrió por otros carriles, y el Estado se vio forzado a regular la economía (ya desde los años 30', y con sectores liberal-conservadores en el poder); de un modo cada vez más complejo y creciente, y necesitado de una velocidad de respuesta (ante los cambios constantes del contexto circundante) incompatible con los tiempos de la discusión parlamentaria: ya en 1949 en la reforma constitucional impulsada por el peronismo, la atribución de fijar el tipo de cambio pasó del Congreso al Poder Ejecutivo, por ejemplo.".

Precisamente por eso Macri decidió no prorrogar en su momento la emergencia: decíamos en ésta otra entrada que para un gobierno de esa índole, no era necesaria porque su tendencia natural era a desregular. En los términos de aquel posteo: "¿Se entiende entonces por qué a Macri no le interesaba prorrogar esta ley? Las tarifas de los servicios públicos esenciales fueron ya redolarizadas (el precio del gas en boca de pozo que es el 70 % de la factura se fija en dólares, y en dólares se paga la importación de combustibles para producir energía, para lo que también se usa el gas), y las empresas quedan liberadas para parársele de manos al gobierno y suspender sus servicios, si no accede a sus reclamos. Y para ponerles freno a Caputo, Mindlin y Joe Lewis se necesitará una ley del Congreso, que seguramente Macri vetaría. 

Durante el kirchnerismo se planteaba un debate absurdo sobre la prórroga de la ley, bajo la zoncera "si la economía anda tan bien, no necesitamos una ley de emergencia". Bueno, ahora ya no tenemos la ley, y la economía está peor que nunca, y más vulnerable que nunca a cualquier tipo de shock externo.".

Bueno, ahora estamos en ese punto: el país sumido en una profunda crisis económica, y el presidente y su gobierno sin todas las herramientas necesarias para conjurarla, por un diseño absurdo del (presunto) distingo de roles entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, hecho evidentemente por alguien que no tenía la menor idea de como gestionar el Estado moderno, y los desafíos concretos que eso conlleva.

Y si para eso tiene que tomar medidas drásticas como pesificar tarifas, subir retenciones, aumentar Bienes Personales, restringir el giro de utilidades y dividendos al exterior o endurecer el cepo, necesitará que el Congreso lo autorice expresamente en los términos del artículo 76 de la Constitución. 

Cada una de esas medidas afectará intereses, y generará reacciones y cuestionamientos (recordemos la polémica por la prórroga de las facultades delegadas durante el gobierno de Cristina), pero son indispensables. Si vuelve la emergencia (que es imprescindible), volverán las quejas de los repúblicos, que son el coro que disimula el malestar de los factores de poder y grupos de interés, cuando sus intereses se vean afectados: no dejemos que nos vendan buzones.

Dicho esto porque ya han adelantado que no darán quórum para el tratamiento del tema, y están convocando a marchar "en defensa de la república" y coso. 

De la crisis económica tiene la culpa Macri, del desaguisado jurídico que hace que el Poder Ejecutivo corra siempre atrás de los acontecimientos del mundo real, en especial en materia económica, Alfonsín; aunque a más de uno le moleste que se lo recuerden.

viernes, 13 de diciembre de 2019

MANTÉNGALA ASÍ HASTA QUE SE LO LLEVE LA PARCA, ABUELO


JUGUEMOS EN EL BOSQUE, MIENTRAS PEROTTI NO ESTÁ



Una obra municipal para Rosario, licitada y pagada por la provincia hasta el último centavo.

Tan municipal, que el proyecto lo hizo la Dirección General de Parques y Paseos.

Un plazo original para terminarla, que luego se prorroga, una y otra vez.

Un presupuesto original que luego se infla, por "adicionales de obra" y otras yerbas.

Un contrato que no se termina, sino que se proyecta en la gestión de Perotti.



Decí que ya se van, pero dejaron su huella.

CUANDO UN RECLAMO AYUDA


En campaña Alberto hablaba de su gobierno y la relación con los gobernadores como "un gobierno con 24 presidentes", o algo por el estilo, y de la idea de ir fijando capitales alternativas en las diferentes provincias del país. La idea era no solo rescatar el concepto del federalismo como idea matriz de la gestión de gobierno, sino hacia el interior del "Frente de Todos", coparticipar a los gobernadores oficialistas del sistema de toma de decisiones, en un reconocimiento a la realidad política existente en el peronismo.

Claro que esa búsqueda de una convivencia armoniosa entre el Estado nacional y las provincias no estará exenta de tensiones, porque hay intereses contrapuestos que deben armonizarse, y lo explicamos con un ejemplo: el nuevo ministro de Educación de la nación acaba de anunciar la reinstalación de la paritaria nacional docente suprimida por Macri por decreto, y ese puede ser un punto de conflicto con los gobernadores (sin distinción de signo político), porque supone fijar un salario mínimo para un sector de sus empleados (los docentes) y recibir apoyo financiero del gobierno nacional en algunos casos para poder pagarlo; por fuera de los esquemas de negociación salarial que cada uno de ellos tiene en sus provincias, con el conjunto de gremios estatales provinciales.  

Del otro lado, vemos que el gobernador de La Pampa le reclama al gobierno nacional que reponga el Fondo Federal Solidario o fondo soja, creado por Cristina por el DNU 206/09 y compuesto con el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados; y que revise el aumento de la coparticipación a la CABA decretado por Macri al inicio de su gobierno.

La Pampa es, sin dudas, una de las provincias mejor administradas de la Argentina; y el peronismo la viene gobernando sin interrupciones desde 1983, como consecuencia de eso. Sus gobernadores -como los Rodríguez Saá en San Luis- han sabido combinar márgenes de independencia respecto a los gobiernos nacionales incluso del propio peronismo, con una defensa férrea de los intereses provinciales y un acompañamiento que se podría decir crítico (es decir, no automático y en todas las decisiones) de los procesos nacionales expresados en los gobiernos kirchneristas, esto último muy visible en el caso pampeano.

Nadie debiera asombrarse ni sorprenderse por eso si parte de la base que son los votantes de esos gobiernos y esas provincias los que respaldan esa línea política votándolos en forma continuada para ejercer el gobierno provincial, y acompañando también en forma reiterada las alternativas políticas que ofrece el peronismo para el orden nacional. La exigencia de federalismo en ese caso no es solo una cuestión conceptual, sino una estricta correspondencia con las exigencias de la propia base electoral, que se comporta distinto a -por ejemplo- la del "cordobesismo" de De La Sota y Schiaretti.

En el caso de La Pampa las dos propuestas del gobernador Ziliotto (que alguien podría interpretar como un reclamo) son sumamente sensatas, y bien haría el nuevo gobierno nacional en tomarlas en cuenta. Respecto a la coparticipación del fondo sojero, es evidente que Ziliotto advierte que con este nivel de tipo de cambio y las urgencias financieras del Estado nacional, se vendrá un aumento de retenciones a las exportaciones de las producciones agropecuarias con mayor margen de rentabilidad por la devaluación, y quiere que su provincia participe de los beneficios que eso genere: nada que reprochar al respecto, conforme a lo antes indicado.

Pero para el gobierno de Alberto coparticipar parte del fondo sojero (que se verá sin dudas acrecentado si se aumentan las retenciones), tal como lo hizo en su momento Cristina, sería una medida muy inteligente en términos políticos: dando por sentado que el aumento de las retenciones generará reacción en las patronales del campo (cuyos sectores más belicosos han amenazado con volver a las rutas si eso sucede), sería astuto sumar músculo político para afrontar la arremetida, comprometiendo a los gobernadores con la medida, porque se verán en parte beneficiados con ella; en especial en las provincias cuya economía gira en torno a la producción agropecuaria, como La Pampa, aunque si se aplicaran los criterios de distribución de la coparticipación para el fondo sojero (como hizo Cristina en su momento) .

Porque de lo contrario lo que ocurre es que el costo político de aumentar la presión impositiva sobre los sectores más beneficiados con la devaluación y los nichos de rentabilidad que generó (como los sectores más concentrados del modelo de agronegocios) recae exclusivamente sobre el Estado nacional, mientras las provincias se oxigenan en ese frente, por ejemplo evitando aumentar el Inmobiliario Rural.

Y que decir en esta misma línea de pensamiento, del reclamo de Ziliotto de revisar el aumento de la coparticipación de la CABA decidido por Macri: si bien esos fondos adicionales destinados al distrito más rico del país y con mayor nivel de recursos fiscales per cápita salieron de la parte de la coparticipación que corresponde al Estado nacional, si se diera marcha atrás en la decisión (algo perfectamente posible y justo, además), podrían engrosar la masa coparticipable destinada a las provincias aliviando su situación financiera; o recuperarlos el Estado nacional para aliviar la suya, con el apoyo político de los gobernadores de las provincias, que se reflejaría en el Congreso aun cuando la medida pueda disponerla el presidente por decreto, como hizo Macri. Tuit relacionado:

jueves, 12 de diciembre de 2019

TWEETS POLÉMICOS

EN SANTA FE NO HAY HAMBRE


¿Se acuerdan de la emergencia alimentaria? No ¿no?

Parece que fue hace tanto tiempo, y sin embargo pasaron apenas dos meses desde que el Congreso aprobó la ley, y acá en Santa Fe Lifschitz adhirió por decreto después de dos años de negarse a enviar un proyecto a la Legislatura declarándola por ley, como le pedían las organizaciones sociales.

Bueno, ahora, dos meses después (es raro lo que el socialismo entiende por emergencia" dicen que refuerzan las partidas del Ministerio de Desarrollo Social para eso, aunque en realidad es mentira: modifican el presupuesto en forma compensada, y lo que les dan a algunas municipalidades lo sacan de la partida de subsidios destinados a entidades sociales.

Lo curioso es que el decreto dice que la ayuda estará destinada a las ciudades "con mayor densidad poblacional, con gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad y criticidad social"; pero no está Santa Fe.

¿No hay acaso hambre en la capital de la provincia, algo que amerite que le tiren parte de los fondos como a las otras municipalidades o Rosario, que se lleva el 73,51 % de la asistencia?

Y que decir del "aporte extraordinario" para que la gente pueda comprar algo "para la mesa navideña de los hogares": 4,8 millones rasposos, casi lo mismo que un stand de la provincia en Expoagro, a valores del 2009. Y encima hay que devolver esa suma al Banco Municipal de Rosario, porque la anticipó (con guita que la provincia deposita) en las Tarjetas de Ciudadanía precargadas.

¿Qué qué tiene que ver con todo esto el Banco Municipal?

Que desde el 2014 viene prestando el servicio de administrar las cuentas de la Tarjeta Unica de Ciudadanía en las que se acredita la plata que la provincia destina a la compra de alimentos a los sectores más vulnerables, y se lo acaban de prorrogar hasta marzo del año que viene, porque le dejan a la nueva gestión resolver la licitación en marcha:



Eso sí: como en ese caso, nunca sabremos por que no se terminan las licitaciones en tiempo y forma, y sobre todo quienes se presentaron y quienes estaban en condiciones de ganar.

SEGURO IRÁN POR AHÍ


Hasta que Alberto Fernández oficializó la nómina de integrantes de su gabinete, todas las miradas estaban puestas en el Ministro de Economía. Desde entonces, los cañones parecieron concentrarse en Sabina Frederic, la designada Ministra de Seguridad: acaso un indicio de los tiempos por venir en el discurso opositor y en la línea que baje el dispositivo mediático, que vienen a ser más o menos la misma cosa.

La seguridad es una clara preocupación ciudadana, y haríamos mal en minimizarla, como le suele pasar a la progresía nacional: la gente quiere vivir en paz, sin que la roben o sin que su vida corra riesgo, y se lo merece. Espera que un gobierno le garantice (entre otras cuestiones acuciantes) esa, y nada hay de malo en que lo espere.

Sin embargo, también es -sobre todo para los grandes medios, y para el discurso político de las derechas- una herramienta discursiva a la que acudir cuando todo falla, incluso las denuncias de corrupción.

El fracaso del macrismo en materia económica ha sido tal, que es muy posible que no sea ése el ángulo que elijan para atacar al gobierno de Alberto desde el principio, y al menos por un tiempo. Ni hablar si se acierta con las medidas para salir de la crisis, y la economía empieza a dar señales de recuperación, que la gente pueda notar en su vida cotidiana. Veremos entonces como los hechos de inseguridad ocuparán la primera plana de los diarios, y serán instalados como la preocupación excluyente de la gente.

Sin embargo, eso no significa que no existan, y que en consecuencia el nuevo gobierno pueda exculparse de hacer algo al respecto, De allí la importancia de abordar la problemática de la inseguridad sin miedos ni complejos, articulando respuestas concretas y designando gente idónea para llevarlas a cabo; que tenga a su vez la fortaleza política necesaria para imponer las determinaciones del mando civil al instrumento armado de la seguridad (las fuerzas policiales, la Gendarmería y demás fuerzas federales).

Ese es otro complejo que, en materia de seguridad, las fuerzas nacionales y populares deben superar; no existe ninguna posibilidad de construir y ejecutar una política eficaz de seguridad pública sin la necesaria participación de las fuerzas de seguridad y policiales, a las cuáles el Estado les confía el monopolio legal de la fuerza que detenta en un Estado de derecho. No hay tal cosa como "seguridad sin policías".

Dicho esto, el asunto entonces es conducir políticamente a las fuerzas, encuadrarlas en una lógica de respeto a los derechos humanos, cortar de cuajo todo brote de autoritarismo represivo o violencia institucional, ser implacables con la corrupción interna o la complicidad con el delito. Todas cuestiones que no hay que tener temor de abordar, porque si se abandonan la derecha se apropia de ellas, y las devuelve en forma de discurso y prácticas legitimadoras de la "mano dura"; con el argumento de que solo de ese modo se consiguen resultados efectivos en materia de seguridad.

Lo cual es falso, y se puede comprobar no solo con las estadísticas sobre la evolución del delito y la violencia, sino con el hecho de que, si la "mano dura" y el "gatillo fácil" hubieran resuelta alguna vez el problema de la inseguridad, hoy no estaríamos hablando de eso, como un tema presente y preocupante.

Pero esta reflexión nos lleva a otra, y es plantear la necesidad de no embarcarnos en discusiones inútiles y desgastantes, como "garantismo versus mano dura", que están planteadas desde el vamos sobre ejes falsos: no podemos discutir si rige o no la Constitución Nacional, o si la tenemos que aplicar o no. Porque por reducción al absurdo, por ese camino llegaremos pronto a legitimar la tortura (Patricia Bullrich ya lo hizo con el fusilamiento), como método válido de investigación del delito.

La apuesta de Alberto Fernández designando al frente de un área tan crítica a una académica, que viene del campo de la investigación en las ciencias sociales, es arriesgada en el contexto en el que habitualmente se discuten estas cuestiones; que parece pasar exclusivamente por quien la tiene más larga, o quien porta el arma de más grueso calibre, o puede impostar voz de mando con mayor eficacia.

Pero al elegir así, ha puesto las cosas en su lugar adecuado, porque la violencia es un fenómeno social, cuya manifestación más visible es el delito (el delito violento, precisamente, del otro, el de "cuello blanco", jamás se habla), y en consecuencia no puede ser abordado desde la chapucería "pistolera" con el que se lo ha tratado muchas veces, en especial en estos últimos cuatro años, con las consecuencias por todos conocidas. La demanda ciudadana por seguridad exige respuestas eficaces del Estado, y esas respuestas solo las pueden dar quienes han estudiado y se han preparado para darlas, no los improvisados efectistas.

Y nada de lo dicho implica desconocer que para un gobierno que se reivindica como parte de la tradición política nacional y popular argentina, las causas sociales de la violencia tenderán a desaparecer cuando desaparezcan la desigualdad y la injusticia; pero tampoco hay que caer en el simplismo de asimilar pobreza con delito, comprando -sin advertirlo- parte del discurso estigmatizador de determinados sectores sociales, que es la plataforma conceptual sobre la que se despliegan luego políticas de control social, que nada tienen que ver con terminar con la inseguridad. 

Tuit relacionado:

miércoles, 11 de diciembre de 2019

TWEETS POLÉMICOS

EL ÚLTIMO FAVOR


Hace un mes atrás les contábamos en ésta entrada que Lifschitz le había "reperfilado" a la Municipalidad de rosario una deuda por anticipos de coparticipación que mantiene con la provincia, del orden de los 1350 millones de pesos; que originariamente debería haber candelado en cuotas éste mes.

De acuerdo con el Decreto 3240 del 31 de octubre, la refinanciación llevaba a que la Municipalidad pasara de pagar tres cuotas 337,5 millones de pesos cada una, a un generoso plan de pagos con cuotas de 9,3 millones de pesos cada una, que arranca en julio del año que viene: la diferencia, por supuesto, sale de las arcas de la provincia.   

Pues bien, como pueden ver en la imagen del decreto que abre el post (fresquito, del lunes pasado) Lifschitz lo volvió a hacer: a dos días de dejar el gobierno, le vuelve a otorgar a la Municipalidad un anticipo de coparticipación por 700 millones de pesos; a descontar en 18 cuotas de casi 39 millones de pesos cada una, desde el mes de julio del año que viene. Otra vez: la financiación del despilfarro socialista en Rosario sale de los bolsillos de todos los santafesinos.

Y es peor aun: como surge del decreto y sus anexos, 568 de los 700 millones "anticipados" a Rosario salen de partidas destinadas originariamente en el presupuesto de la provincia, a pagar deudas con proveedores y contratistas.

Para que se entiende: mientras en la discusión del presupuesto que va a ejecutar Perotti pero envió él a las Cámaras, Lifschitz y los legisladores del Frente Progresista le negaban facultades amplias para otorgar anticipos de coparticipación a los municipios y comunas, los entrega con generosidad a los amigos, o del mismo signo político.

Y sin asegurarse (como puso en el presupuesto) que la provincia tuviera disponibilidades financieras para hacerlo: por el contrario con una deuda flotante pedaleada para el año que viene con proveedores y contratistas que fuentes del propio gobierno calculan en unos 8150 millones de pesos (más que el Ministerio de Desarrollo Social completo), le saca al pago de la deuda de la provincia con sus acreedores 568 millones de pesos, para darle oxígeno a la gestión de Javkin, tras el desastroso paso de Mónica Fein por el Palacio de los Leones. Presupuestívoros los muchachos.


LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS



Posiblemente después de cuatro años de balbuceos incoherentes del primate que nos gobernó hasta ayer, los argentinos nos desacostumbramos a que un presidente nos hable claro, demostrando que sabe lo que quiere y para donde va. Y acaso por la alegría y la emoción de la inolvidable jornada de ayer, muchos hayan pasado por alto el discurso de Alberto Fernández en el Congreso.

Un discurso en el que trazó toda una hoja de ruta para los próximos cuatro años, y un descarnado panorama de la realidad del país. Nosotros elegimos destacar los párrafos que nos parecieron más relevantes, considerando el contexto político en el que el discurso fue dicho (las comillas son textuales, los comentarios en negritas).

Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Necesitamos que toda la Argentina Unida le ponga un freno a esta catástrofe social. Uno de cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad.” (No hay, ni puede haber, problema más prioritario y acuciante que éste, que el nuevo gobierno debe encarar desde el primer día. Macri lo agravó a extremos insostenibles, y no hizo nada para resolverlo, a punto tal que ni siquiera ejecutó la ley de emergencia alimentaria sancionada por el Congreso)

"Queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares: por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas. La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. La cultura del trabajo se garantiza creando trabajos formales con todos los beneficios de la seguridad social. Por eso pondremos en marcha acciones que faciliten que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo.”

“Hoy el desempleo afecta a casi un 30 por ciento de los jóvenes y, aún en tasas más altas, a las mujeres jóvenes. Hay más de 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Debemos garantizar el derecho al primer empleo, a través de becas solventadas por el Estado para que jóvenes se capaciten y trabajen en empresas, PyMEs, organizaciones sociales y de la economía popular y la agricultura familiar.(No se nos puede ocurrir misión más peronista para el Estado, que esa: compensar, igualar, dar oportunidades reales, y hacerlo apelando a las organizaciones libres del pueblo, y todos los sectores que se quieran sumar al esfuerzo de la reconstrucción nacional tras la devastación macrista)

Faltaría a la verdad y a la responsabilidad, si no compartiera con Ustedes el exacto escenario en el que hoy asumimos. Tiene cifras y datos contundentes, emanados de la administración saliente. Y es la información indispensable para comprender los desafíos que tendremos que asumir como sociedad. Si no hiciera esto, no podría explicar por qué va a llevar algún tiempo lograr aquello que todos queremos. La inflación que tenemos actualmente es la más alta de los último 28 años. Desde 1991 la Argentina no tenía una inflación superior al 50 %. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. El valor del dólar pasó de $ 9 a $ 63 en solo cuatro años. La Argentina no para de achicar su economía. El PBI de 2019 es el más bajo de la última década. La pobreza actual está en los valores más altos desde 2008. Retrocedimos más de diez años en la lucha por reducir la pobreza.”

“El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009. La deuda externa en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004. La indigencia actual está en los valores más altos desde 2008. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: retrocedimos 13 años. El empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009. La cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado en 2007: retrocedimos 12 años. Se cerraron 20 mil empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales. El PBI industrial cayó un 12,9 %, comparando el primer semestre de 2019 contra el mismo período de 2015. 23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018 respecto de 2015. En estos 4 años se perdieron en la industria más de 141 mil empleos registrados del sector privado. En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 42 meses consecutivos de destrucción.(Vale para los dos párrafos anteriores: hablemos claro desde el principio, y con los números en la mesa. Nada de "bases firmes para crecer a largo plazo", ni cosa parecida. Fueron un desastre gobernando, y dejan un desastre en el país. No hay un solo motivo que justifique el carnaval bizarro de despedida de Macri, por un tercio políticamente psiquiátrico de la sociedad argentina)

En este contexto, he decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al Presupuesto Nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente han sido asumidos. Un presupuesto adecuado solo puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de nuestras deudas haya sido completada y, al mismo tiempo, hayamos podido poner en práctica un conjunto de medidas económicas, productivas y sociales para compensar el efecto de la crisis en la economía real.” 

“Para reordenar a la economía necesitamos salir de la lógica de más ajuste, más recesión y más deuda que se ha impuesto en los cuatro años que hoy acaban. Necesitamos aliviar la carga de la deuda para poder cambiar la realidad. Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar, hay que crecer. Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo.” (Para los dos párrafos anteriores: el país está de hecho en default, la deuda es impagable y una suspensión de los pagos, o una reprogramación de los vencimientos e incluso una quita del capital se imponen por su propio peso, más allá de la intención del gobierno. Y sin atender ese problema y liberar recursos para crecer, no hay salida a la crisis, y los acreedores nunca cobrarán. Por eso el presupuesto diseñado por el macrismo que eleva a niveles insólitos el pago de los servicios de la deuda sobre el total de los gastos del Estado nacional, es insostenible financiera, económica y políticamente)

“El Gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares imprescindibles para pagarla. Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez. Nosotros queremos resolver el problema y para eso necesitamos que todas las partes trabajemos responsablemente. No vamos a repetir la triste historia de misiones de técnicos imprudentes que prometen planes que no pueden cumplir y toman decisiones que luego terminan comprometiendo el destino de millones de argentinas y argentinos. Seriedad en el análisis y responsabilidad en los compromisos que se asumen para que los más débiles dejen de padecer. Bajo esas premisas asumiremos toda negociación de nuestra deuda.” (Como se dijo hace poco acá, los acreedores son corresponsables del problema de la deuda, porque financiaron un esquema económico insostenible, de endeudamiento para la fuga. Es hora de que asuman en sus balances, las consecuencias de esa irresponsabilidad)

Una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia. Sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática. Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno.(Contundente reafirmación de lo dicho por Cristina días pasados en Comodoro Py: basta de lawfare y persecución judicial a los opositores. La Argentina -esto lo agregamos nosotros- no tolera un día más con presos políticos del régimen que se fue del poder)

En el mismo sentido de transformación profunda, he decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado. Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. En el marco de la derogación de dicha medida, que significó un lamentable retroceso institucional, también he tomado otra decisión: dichos fondos reservados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina.” (Esto junto con la reorientación de la pauta oficial corta de raíz el financiamiento espurio de operaciones políticas y mediáticas, sin las cuales el dispositivo opositor al nuevo gobierno deberá buscar otras formas de horadarlo. A hacer política en serio muchachos)

Queremos poner a la Argentina de pie. Y en ese objetivo también tienen que estar incluidas nuestras fuerzas armadas. Para eso tienen que estar capacitadas y equipadas, alistadas y adiestradas, para el cumplimiento de la misión principal y las misiones secundarias. Queremos una política de Defensa autónoma, defensiva y cooperativa, articulando principalmente con los países de la región, con quienes ya no tenemos hipótesis de conflicto. Como Comandante en Jefe quiero decirles con claridad a nuestras fuerzas armadas: tenemos una enorme oportunidad para mirar al futuro y hacer de la política de Defensa una verdadera política de Estado, con un consenso amplio de las fuerzas políticas y un fuerte compromiso con nuestra Constitución Nacional.(Nada de nuevas hipótesis de conflicto, ni "nuevas amenazas", ni la vuelta de la doctrina de la seguridad nacional por otros medios: las Fuerzas Armadas son custodios del orden constitucional, y de la integridad territorial del país, que es ni más ni menos que la función para la cual fueron creada; y sobre la que había un amplio consenso democrático, que Macri vino a romper. Ni falta hace aclarar la importancia que tienen estas definiciones en el actual contexto político de América Latina)

Nuestra ética política reivindica los valores de la solidaridad y la justicia. A todos los argentinos nos afecta la crisis. Quiero dirigirme un momento también a quienes están en una mejor situación económica. A los argentinos que por su esfuerzo o por el motivo que fuera tienen una situación más placentera.En un contexto de gravedad extrema, de emergencia, debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre, no se le puede pedir sacrificios a quien no puede llegar a fin de mes. Debemos salir de esta situación con solidaridad, para que cuando se encienda la economía todos los sectores, sin excepción, puedan verse beneficiados. Pero hasta eliminar el hambre le pediremos mayor esfuerzo solidario a quien tenga más capacidad de darlo. Comenzar por los últimos, para llegar a todos.(Peronismo puro y duro, eso es lo que votó la gente, y eso es lo que vuelve al gobierno. Así de clarito, así de rotundo. Y al que no le gusta, que se joda)

martes, 10 de diciembre de 2019

CORTÁLA CON TANTA DULZURA




TWEETS POLÉMICOS

Y VOLVIMOS NOMÁS


Cuando los primeros rayos del sol de hoy iluminen la plaza histórica donde ya no estarán las vallas que separaban la calle del palacio, ya habrá allí miles de compañeros y compañeras de todo el país, esperando celebrar el día tan ansiado.

Ese sol va a iluminar por igual a todos, los que nunca dejaron de creer que volvíamos, los que dudaban y los que estaban seguros que nunca más lo haríamos. Y dentro de estos, los que auguraban una larga hegemonía macrista en el país, sin importar de que lado de la grieta estuvieran.

Hoy es el día en el que derrotamos a la derrota, y a los derrotistas, y la jornada de fiesta popular que se va a vivir (porque será eso: una fiesta) marcará un hito, y tiene bien ganado un lugar en el calendario de días memorables del campo nacional y popular.

Contra todo y todos, con todo en contra y contra nuestros propios errores y miserias, volvimos. Pusimos de nuevo en la Rosada a quienes van a defender los intereses de las grandes mayorías nacionales, después de cuatro años de oprobio de un país atendido por sus propios dueños. 

Y volvimos como corresponde, como siempre lo hizo el peronismo en toda su historia: con la fuerza arrolladora de las urnas repletas de votos. Sin tanques ni helicóptero, sin darles atajos ni coartadas para que se victimicen, y reescriban la historia como acostumbran, absolviéndose de culpa y cargo.

Sí, eso que hoy ellos se atribuyen como un mérito ("el primer gobierno peronista que termina su mandato en 91 años"), en realidad es mérito nuestro: de nuestra tolerancia y paciencia no exenta de rabia y bronca, y de nuestra tosudez por darle a la Argentina una salida de la crisis que ellos crearon, por la vía democrática. Algo que en el actual contexto regional, no es para despreciar ni mucho menos.

Volvimos como consecuencia natural (aunque algunos intentaran negarla, oscurecerla o minimizarla hasta el final, tapando el sol con la mano) de que tenemos un liderazgo sólido, el de Cristina; en torno al cual. con paciencia y generosidad, se construyó una coalición amplia en la que no todos pensamos igual, pero en la que sí todos queríamos lo mismo: barrer en las urnas y del gobierno a la derecha cuya representación electoral contingente asumió Macri, con el respaldo de los poderes permanentes. Y lo conseguimos, y acá estamos: volvimos.

Claro que volvimos con un país hecho bolsa, con problemas por todos lados y con mucha gente (mucha más que en el 2015, cuando nos fuimos) con las necesidades más básicas sin satisfacer, como comer más de una vez todos los días. Y en un país con las instituciones y el estado de derecho degradados por el gobierno con menos calidad democrática de todos cuantos tuvimos desde el 83' para acá.

Para que seguir, sería sobreabundar repasar la -esta sí que- pesada herencia que dejan Macri y su banda de salteadores del Estado y el país. Pero precisamente por eso volvimos, y por eso el pueblo argentino los echó tras cuatro años, cuando muchos hablaban de "la brutal eficacia de la nueva derecha moderna y democrática", y la "rápida agonía de la Argentina kirchnerista".

Hoy empieza el enorme desafío de poner de nuevo al país de pie como en el 2003, en un contexto incluso mucho más adverso y complejo que el de entonces, por muchos factores. Pero está bien que empiece con una fiesta popular, porque nos merecemos celebrar lo que logramos, que no es poco. 

La "revolución de la alegría" se va tras cuatro años en los que no le dieron una alegría a casi nadie, salvo a los que nunca tuvieron tristeza. Nos toca a nosotros devolverle la sonrisa al pueblo argentino, en forma de dignidad y derechos.

Pero ya habrá tiempo desde el miércoles para atender las cuestiones más urgentes. Hoy es tiempo de esperanza, alivio y alegría, mucha alegría. Que así sea entonces. 

lunes, 9 de diciembre de 2019

OJO, NO CONFUNDIR

TWEETS POLÉMICOS

LA DEUDA ES UN PROBLEMA COMPARTIDO


Por A.C.

El gobierno de Macri se retira dejando una economía desvastada y en cesación de pagos. El desastre económico generado en solo cuatro años, con destrucción del aparato productivo y con toma de deuda récord en tan corto plazo, colocó al país en un innegable estado de default, el que se materializó ya en marzo de 2018.
En esa fecha el mercado internacional se cerró a la deuda argentina. Entonces, el mejor equipo con los papeles quemados, tuvo que recurrir al financista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional. Con un crédito de 57.000 millones de dólares, el FMI decidió respaldar  -por exclusivas razones ideológicas- a una gestión macrista que podría continuar solamente con ese pulmotor pero que -como ya lo había advertido el mercado mundial- no tenía ninguna capacidad de pago de esa sideral deuda.
El destino de los miles de millones de dólares ingresados como préstamos externos desde el año 2016, fue uno solo: la fuga de esas divisas al exterior, a través de la estructura conformada con ese objeto por algunas entidades financieras con la complicidad -y activa participación- del gobierno de Macri y sus funcionarios, que para ello pulverizaron cualquier tipo de control cambiario. 
Quienes fueron los grandes beneficiarios de la fuga, cuales fueron los montos de compras y transferencias al exterior, de que actividad obtuvieron los recursos para comprar esas divisas, y si todas esas operaciones se encuentran regularmente registradas, son algunas de las preguntas que necesariamente deberán tener respuesta a través de los requerimientos de la próxima gestión, recordando que el secreto bancario cede ante la investigación de delitos.
Y el nuevo gobierno también deberá afrontar la tarea de reestructurar la deuda generada por el gobierno macrista, deuda que en las condiciones actuales de nuestra economía resulta impagable. Y por eso es un problema también para los acreedores.
Hay que analizar la deuda en dos planos. Uno es el que está dado por su magnitud, las fechas de vencimientos de intereses y capital y la moneda en que debe pagarse. Y el otro aspecto a tener en cuenta en la reestructuración, es decir cuántos recursos que deberían destinarse en lo inmediato a pagar la deuda, se pueden liberar para que esos recursos permitan impulsar un ciclo de crecimiento económico.
Si no se liberan esos recursos para direccionarlos a un proceso económico de crecimiento sostenido, no hay posibilidad de pago, por más quitas o aplazamientos que se obtuvieran. Y eso los acreedores lo saben, y por eso deberían ser los principales interesados en permitir las condiciones de recuperación económica del país.
Retomando el primer plano, los vencimientos mayoritarios durante 2020 y 2021 son con acreedores privados, mientras que los vencimientos más importantes de la deuda con el FMI, aparecen recién en el tercer año del nuevo gobierno. De modo que éste exitoso organismo -que no permite quitas- deberá abrir un paréntesis en los reembolsos, y mientras tanto, podría evaluar el comportamiento de sus funcionarios acerca de un préstamo extraordinariamente elevado otorgado en el año 2018 a un país que había defaulteado de hecho su altísima deuda con privados.
En éste marco, apenas Alberto Fernandez  llegue a la Casa de Gobierno, y sólo en lo que resta del mes de Diciembre de éste 2019, se encontrará con los siguientes vencimientos:
En dólares: Letras del Tesoro (vencimientos días 12, 20 y 26 de Diciembre), Birard 2117 (el bono a cien años del genio de las finanzas Luis Caputo, con vencimiento el 30 de Diciembre) y el bono Discount que vence el día 31. Estos vencimientos en dólares suman un total de 1.351 millones de dólares. En solo 20 días.
En Pesos: Lecap (vencimientos 12 y 30 de Diciembre), Botapo 2020 (vence día 23), Lecer (vencimiento 30 de Diciembre)  y Bonar 2018 -consenso fiscal-  (vence el 30 de Diciembre), bono que fuera emitido para compensar a las provincias que suscribieron el acuerdo fiscal en 2018. Estos vencimientos en pesos suman un total de $70.888 millones de pesos, es decir más de mil millones de dólares.
Tomando el ejemplo de los vencimientos en sólo éste corto período (parte de Diciembre de 2019), queda en evidencia la alineación de la gestión macrista y la bomba financiera que dejan deliberamente activada.
Ante esto, el nuevo gobierno no tiene demasiadas alternativas, y deberá negociar una quita y también un plazo de espera con los acreedores. En primer término con los acreedores privados, con quienes el monto de deuda tomada por el macrismo ronda los cien mil millones de dólares.
Está sobreentendido que una quita de capital es inevitable, y que será una quita importante. Y resulta imprescindible una suspensión inmediata en el pago de los servicios y sus vencimientos, para poder liberar, como ya se dijo, esos recursos para direccionarlos a un proceso económico de crecimiento sostenido. De lo contrario, no hay posibilidad de cobro para los acreedores.  Por eso, la deuda es un problema compartido.