LA FRASE

"EL GOBIERNO IMPROVISA BASTANTE CON LAS DESIGNACIONES, HABEMOS GENTE MUCHO MÁS CAPACITADA QUE FORADORI PARA EMBAJADOR EN GINEBRA. "MARIO BARLETTA)

viernes, 31 de julio de 2020

JAVKIN QUIERE QUE ENTRE TODOS LE PAGUEMOS LA CAMPAÑA, OTRA VEZ


Varias veces hemos hablado en el blog de los "ayudines" financieros del gobierno provincial a la Municipalidad de Rosario, en los 12 años en los que el socialismo coincidió en el manejo de ambas administtaciones. 

Uno de los mecanismos más utilizados a esos fines son los anticipos de coparticipación: la provincia le transfiere al Municipio lo que le correspondería por ese concepto antes de que se devengue, y éste asume el compromiso de devolverlo mediante descuentos en las sucesivas mensualidades del año.

Si se excede el año o ejercicio en la devolución y de acuerdo con la Ley 10047, la municipalidad en cuestión debe ser declarada en emergencia económica y financiera, y comprometerse a adoptar medidas para estabilizar sus cuentas.

En el caso de Rosario contamos en ésta entrada que a fines de octubre del año pasado (o sea, ya con Perotti como nuevo gobernador electo) Lifschitz le "reperfiló" los vencimientos de la deuda por anticipos de coparticipación, que era por entonces de unos 1350 millones de pesos, y que debía empezar a pagar en enero de éste año.

Luego en ésta otra entrada contamos que a solo un día de dejar el gobierno, el mismo Lifschitz le otorgó a Rosario otro anticipo de coparticipación por 700 millones de pesos, con lo cual la deuda del municipio solo por ese rubro ascendía a los 2050 millones de pesos, que debía empezar a devolver -de acuerdo a lo pautado por el propio gobierno socialista- justo este mes de julio, en planes de cuotas que iban de los 18 a los 24 meses, según los distintos anticipos.

Por supuesto que tamaña ayuda en un año electoral como el 2019 no fue inocente: si a la gestión de Mónica Fein le explotaban las cuentas (como debió ser si la provincia no le tiraba una soga que pagamos todos), eso afectaba las chances del candidato a intendente del Frente Progresista, que el socialismo pensaba que fuera de ellos, pero terminó siendo Javkin, que les ganó la interna y luego la general.

Esa ayuda se complementó con la refinanciación (absorbida por la provincia) del remanente de deuda en dólares de Rosario por préstamos con organismos internacionales, y los millones de pesos en obra pública municipal íntegramente financiada por la provincia (incluyendo pavimentación, desagües e iluminación urbana) en la ciudad, a costa del resto de la provincia.

De todo lo expuesto se sigue que Pablo Javkin, el actual intendente, fue un beneficiario directo de este sistema de prebendas que los socialistas no dudarían en calificar de favoritismo político, si lo hiciera el peronismo. De hecho, por muchísimo menos le pegaron a Perotti a través de sus esbirros mediáticos.

Sin embargo, como si hubiera aterrizado ayer en paracaídas sobre la provincia, o sobre el Monumento a la Bandera, Javkin le pide ahora a Perotti que no le cobre la deuda por los anticipos de coparticipación (que ronda en éste momento los 1633 millones de pesos, según dice), y se la refinancie. 

Es de hacer notar que cada peso que Rosario deje de ingresar -mediante descuento en su coparticipación- para honrar esa deuda, es un peso que la provincia pierde de recibir, y destinar por ejemplo a las tareas propias de la pandemia, o cualquier otra finalidad como la que le reclaman a Perotti desde la propia oposición, como la reapertura de las paritarias con los docentes o estatales, obras o mayores inversiones en salud.

Está claro entonces que el año pasado todos los santafesinos ya le pagamos a Javkin su campaña para llegar a la intendencia. Tal parece que ahora el tipo está pidiendo que lo hagamos de nuevo. 

LAS FRASES DEL MES



1. "Se me ocurre una idea genial: como nunca más vamos a ganar una elección presidencial, separemos Mendoza de la Argentina, y listo: ya gobernamos un país." (Alfredo Cornejo)

2. "No tenemos nada que ver con el humo que suele rodear a Rosario y sus alrededores, la quema de papeles de Vicentín fue en Avellaneda." (Alberto Padoán)

3. "No hay ninguna relación entre el hecho que yo insista con que el Congreso sesiones de modo presencial, y que un contagiado de coronavirus haya tenido una erección de cuatro horas." (Fernando Iglesias)

4. "Hay gente que se sorprende ahora porque Altamira está gagá, ¿por qué creen que lo eliminamos de todos los videos?" (Néstor Pitrola)

5. "La muerte de Juan Duarte debería llamarnos a la reflexión sobre la necesidad de proteger a los testigos en causas de corrupción." (Daniel Sabsay)

6. "Habría que ver si es cierto que éste señor Spotorno murió de coronavirus, o lo mandó a matar Cristina." (Sandra Pitta)

7. "Leyendo el comunicado de "Juntos por el Cambio" por el caso Gutiérrez pienso que tendría que matizar un poco aquello de "la nueva derecha moderna y democrática"." (José Natanson)

8. "El comunicado de "Juntos por el Cambio" por la muerte de Gutiérrez estuvo muy flojo, yo hubiese puesto con todas las letras: "Lo mató Cristina", y listo." (Miguel Pichetto)

9. "Lo único positivo que tuvo Patricia Bullrich en toda su vida fue aquel control de alcoholemia de hace unos años." (Aníbal Fernández)

10. "Horacio es mi amigo, pero ¿qué amigo de uno no se manda una macana de vez en cuando?" (Alberto Fernández)

11. "Ya tuve que desmentir que yo fuera "el agente Pirincho", ahora me quieren endilgar que soy la "ameba comecerebros" de la que todos hablan." (Luis Majul)

12. "Yo soy el primero que quiero terminar con la grieta, tirando a todos los peronistas a una fosa común." (Fernando Iglesias)

13. "Hay gente en la Mesa de Enlace que cuestiona que yo no haya dado el discurso de cierre después del presidente en el acto del 9 de julio, pero les hice entender que tenemos que ser generosos." (Daniel Pelegrina)

14. "Regresado de Paraguay, no tengo problemas en cumplir con los 14 días de cuarentena, pero si es en una reposera, mejor." (Mauricio Macri)

15. "El kirchnerismo siempre está tergiversando lo que dijo Mauricio: bastó que llamara a las fuerzas armadas de Venezuela a hacer algo para cambiar las cosas allá, para que hablen de que está promoviendo un golpe de Estado." (Federico Pinedo)

16. "No entiendo la actitud de la oposición de cuestionar la convocatoria del gobierno al diálogo, yo a lo sumo hubiera cuestionado los sanguchitos del cátering, pero no más que eso." (Diego Bossio)

17. "Pedimos al gobierno la convocatoria de una mesa de diálogo donde solo estemos nosotros, incluso sin la presencia de nadie de ellos." (Elisa Carrió)

18. "Me encantaría ir al programa de Viviana Canosa para que me rocíe con alcohol." (Patricia Bullrich)

19. "A Fabián Gutiérrez lo mataron para que dijera donde estaba la plata del tesoro K, o sea que la culpa es de Cristina por no haberlo confesado." (Jorge Lanata)

20. "No estaba haciendo running, recorría la ciudad para ver como la gente cumplía la cuarentena, ahorrando nafta en el auto oficial." (Horacio Rodríguez Larreta)

21. "No entiendo que cuestionen que haya puesto en Vialidad a quienes trabajaron en Autopistas del Sol, ¿que mejor que buscar gente que entiende de lo que se tratan las cosas?" (Mauricio Macri)

22. "Con Vicentín la excusa fueron los préstamos del Banco Nación, con Mercado Libre la precarización laboral de los empleados, con Edesur los cortes, lo cierto es que el kirchnerismo siempre persigue a nuestros aportantes de campaña." (Marcos Peña)

23. "Tuvimos un intercambio con los muchachos de la CGT y les pedimos que moderen sus demandas, para nosotros basta con permitir los despidos y eliminar la doble indemnización, no es necesario que vuelva la esclavitud, al menos por ahora." (Paolo Rocca)

24. "Estamos organizando un banderazo para el fin de semana bajo el lema "Córtenla con Edesur"." (Fernando Iglesias)

25. "Es una barbaridad que el kirchnerismo quiera echar al Procurador General, esas cosas solo las podemos hacer nosotros, los republicanos." (Pablo Tonelli)

26. "No volvió la Cristina que yo esperaba, que era la que no volvía más." (Beatriz Sarlo)

27. "Renunció el gerente de recursos humanos de la empresa, le voy a ofrecer el cargo a Héctor Daer." (Marcos Galperín)

28. "Yo en lugar del jubilado no hubiera corrido al ladrón para rematarlo en el piso, más que nada porque no estoy en estado." (Baby Echecopar)

29. "La baja anunciada en el IVA a la leche no es tal, porque pudiendo llevarlo a cero, el gobierno eligió dejarlo en el 10,5 %." (Carlos Pagni)

30. "¡No estaba hablando del fasooooo!" (Mario Ishi)

31. "Estoy a total disposición de la justicia...de Suiza." (Mauricio Macri)

jueves, 30 de julio de 2020

BAJAR LAS EXPECTATIVAS



¿Es necesaria una reforma judicial en la Argentina? Si, no hay dudas al respecto. Podemos discutir en que aspectos o con qué alcances, pero que el Poder Judicial (para no caer en el error de llamarlo "la justicia") funciona mal y amerita reformas, es algo fuera de toda discusión. ¿Las reformas propuestas ayer por el presidente constituyen un avance en ese sentido? Depende de cuan profundas entienda uno que deben ser las reformas en ese ámbito. 

Porque cuando usualmente se habla de "la justicia" debe entenderse "la justicia federal", más precisamente la que investiga delitos, más concretamente la que investiga delitos cometidos por los funcionarios públicos (ignorando el concurso necesario de partes privadas en esos mismos delitos), y durante los gobiernos del peronismo/kirchnerismo. Esa es la noción que los medios han logrado instalar en la sociedad, y nada indica que vaya a cambiar en lo inmediato: "reforma judicial" será leído siempre como "impunidad para el gobierno/peronismo/Cristina". 

Hace mucho tiempo atrás, casi 8 años, e incluso antes de que la Corte Suprema fallara en la causa de la ley de medios escribimos acá: "Como consecuencia del discurso mediático dominante, para el común de la gente el Poder Judicial está asociado al castigo de los delitos (con la eterna e inconducente polémica entre el garantismo y la mano dura), y la investigación de los hechos de corrupción del poder político: entre las extravagancias de Oyarbide y el socorrido latiguillo de “entran por una puerta y salen por la otra” se puede encerrar la percepción ciudadana de lo que es la justicia.

Y sin embargo es bastante más que eso: una madre separada que espera meses o años para poder cobrar su cuota alimentaria, un trabajador despedido que aguarda en vano el pago de su indemnización, u otros trabajadores que esperan la resolución de una quiebra para saber si se convertirán en sus propios patrones o afrontarán el horror del desempleo, también son la justicia; o en todo caso sus vidas también son atravesadas por las decisiones que toma o dilata el aparato judicial.

Cuando se reflexiona sobre la justicia desde la academia o el mundo político se pone el acento en los mecanismos de selección de los jueces, en la creencia que allí radica el principal problema que hay que resolver; estableciendo procedimientos que disminuyan la ingerencia del poder político o (suprema ilusión) la hagan desaparecer, para preservar una idea que tiene mucho de mito: la independencia del juez. 

Por otro lado y por el contrario, es poco frecuente oír que se discuta -cuando se habla del Poder Judicial- sobre las concretas condiciones de accesibilidad a la justicia de aquellos que buscan la reparación de una injusticia o el reconocimiento de un derecho; accesibilidad que va desde el costo concreto del servicio de justicia (que está en relación directa a los recursos que demanda mantener una estructura corporativa con privilegios de casta en muchos casos), hasta el uso de un lenguaje deliberadamente crítptico e inaccesible para el común de las personas (lo que garantiza el monopolio de la palabra tribunalicia por los operadores calificados del sistema), o el mantenimiento de rutinas y formas de procedimiento que parecen diseñadas para procesar los conflictos sociales en tiempos incompatibles con las urgencias de la gente común, en especial de los sectores más pobres.

A la idea tradicional del rol del Poder Judicial le corresponde una idea también tradicional de lo que es un juez: una especie de autómata aplicador de las leyes, desvinculado de su sociedad y su tiempo, sin intereses personales o sectoriales concretos que lo distraigan de su misión, incapaz de tener ideas propias en política o en asunto alguno y de expresarlas, o que en todo caso mágicamente las pondría al costado al momento de dictar sentencia: un absurdo por donde se lo mire, sin anclaje alguno con la realidad. Idea que además soslaya las concretas condiciones en que ese juez cumple su función, y lo que significa ésta en la práctica: en nuestro sistema constitucional (de control jurisdiccional o judicial difuso: todos los jueces pueden analizar la constitucionalidad de las normas) la ley no es lo que los legisladores (al fin y al cabo, los representantes del pueblo, emergidos del voto ciudadano) escribieron y votaron, sino -dado un conflicto concreto que llega a la justicia- lo que los jueces dicen que es; lo que pone a las claras la trascendencia política (sí: política) de su rol.

La que está en mora por el contrario en asumir en su plenitud estas cuestiones es la clase política, o al menos parte de ella: de hecho visto desde ésta perspectiva la idea matriz del Consejo de la Magistratura es un claro retroceso democrático, en tanto no hace sino entronizar constitucionalmente el rol de los operadores privilegiados del sistema judicial (abogados y jueces) en el proceso de formación y selección de los jueces; que no es asunto exclusivo de los que transitan a diarios por los pasillos de Tribunales, sino del conjunto de la sociedad y de sus representantes. Volviendo a la historia más o menos reciente del Poder Judicial de la Nación,  aun están allí los jueces nombrados por la dictadura, junto con los que surgieron de los pactos entre Alfonsín y Saadi en la restauración democrática, y los de la servilleta de Corach: un complejo caldo que no pareciera haber cambiado mucho (en nombres, en ideas, en prácticas) por la instauración del Consejo de la Magistratura.".

Vistos desde esta óptica los anuncios concretos de ayer (porque muchos temas quedaron abiertos a lo que aconseje la "comisión de expertos") no hay mucho para decir, e incluso aunque las reformas prosperaran, los cambios podrían no ser significativos. Sin embargo, aun aceptando que sean positivos, no se puede soslayar el marco político y social en el que se lanza la iniciativa: con otras urgencias mucho más apremiantes que atender por el gobierno (sin que esto deba interpretarse como que es una cosa u otra), con la frontal oposición de los medios hegemónicos, y con la oposición....oponiéndose de plano, antes incluso de que los proyectos tomaran estado público y se conociera concretamente que plantean.

Todo un dato frente a un gobierno y un presidente "consensualistas", partidarios de ensanchar los límites del respaldo político a sus iniciativas involucrando en él a -al menos- una parte de la oposición. El episodio de la reforma judicial muestra a las claras -una vez más, y por si hiciera falta- los límites reales a esa estrategia, y por el contrario, revela claramente como la reforma judicial planteada ha soldado diferencias (si es que existían) al interior de la oposición mayoritaria o más relevante: ahí estuvo el "amigo" Rodríguez Larreta advirtiendo sobre crisis institucionales o avances hegemónicos sobre la justicia, junto con los "irracionales" promotores de cacerolazos anticuarentena, o banderazos pro Vicentín.

Así planteadas las cosas -como son, sin agregados nuestros- todo el episodio de la reforma judicial parece para el gobierno a pura pérdida, aun si consiguiera que los proyectos prosperen. Porque incluso en ese caso luego de sancionadas las leyes deberían pasar el filtro de la propia justicia (Poder Judicial) para que no las fulmine de inconstitucionalidad como pasó con las reformas aprobadas en el 2013 durante el segundo mandato de Cristina, y superado eso, instrumentar los tortuosos procesos en el Consejo de la Magistratura para -por ejemplo- cubrir juzgados o subrogarlos.

¿Qué queremos decir con todo esto? Que no hay que hacerse demasiadas expectativas al respecto, así como que tampoco hay lugar para reculadas como en el caso Vicentín: si el gobierno está convencido de las reformas y su utilidad debe avanzar con ellas intentando que el Congreso las sancione, sin buscar acuerdos con una oposición que ya ha dicho que se opone en todos los tonos posibles, y sin importarle una coma el contenido. Y mientras tanto e incluso después que la discusión por la reforma pase (para bien o para mal), prestarle atención a otras cuestiones que son mucho más urgentes. 

TWEETS POLÉMICOS

miércoles, 29 de julio de 2020

DIGAMOS TODO


En el video de apertura nos cuentan escandalizados que ingresó a la Legislatura de la provincia un pliego enviado por Perotti pidiendo el acuerdo legislativo para la designación en el ENRESS (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) de la representante del sindicato de Obras Sanitarias, a la sazón la (ex) mujer del eterno dirigente del sector, "Rabanito" Barrionuevo. Más o menos a la mitad del video (minuto 6.44 más o menos), el periodista explica ante la pregunta de su colega, que Perotti no puede hacer mucho al respecto, porque es el gremio quien propone al candidato/a que va a ocupar ese lugar en su representación, y que cualquier otro gobernador en su lugar (ejemplifica con Lifschitz) debería haber hecho lo mismo porque el cargo estaba vacante.

Y acá nos queremos detener: lo que el periodista no dice (y no sabemos si lo sabe o no) es que el cargo estaba vacante hace varios años, y los gobiernos del socialismo nunca lo cubrieron, ni propiciaron una modificación de la ley 11220 que creó el ENRESS (la de la privatización de la DIPOS, sancionada en 1994 durante el gobierno de Reutemann), y en virtud de eso, el gremio fue a la justicia a pedir que se cubriera el cargo que la ley les asigna.

La justicia le dio razón en dos instancias, confirmando un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario lo resuelto en primera instancia. De esto hace más de dos años a la fecha, y como el gobierno anterior terminó su mandato sin enviar el pliego a la Legislatura, la justicia le impuso a la provincia una multa de 1000 pesos diarios por incumplimiento de una resolución judicial. O sea que no solo el gobernador (el actual, el anterior) no podía cuestionar a quien propone el gremio para ocupar su representación en el ENRESS, sino que Lifschitz debió haber mandado el pliego apenas el fallo que hizo lugar al amparo quedó firme.

Pero conciente de la situación que todo esto plantea, Perotti hizo algo más: casi al mismo tiempo que envió el pliego, ingresó al Senado de la provincia un proyecto de ley proponiendo modificar, entre otras, la Ley 11220 de creación del ENRESS, para que quede claro que quienes son designados por el sindicato, lo son en su representación. 

Textualmente dice el mensaje: "En todos los casos (la propuesta también refiere al Ente Zona Franca Santafesina de Villa Constitución y al Aeropuerto Sauce Viejo)  se trata de entidades públicas descentralizadas, cuyos órganos de dirección se integran con funcionarios designados por el Poder Ejecutivo (en algunos casos incluso con acuerdo legislativo previo), pero en los cuales algunos de ellos, conforme el diseño dado por el legislador según el caso, representan a Municipalidades o Comunas, o trabajadores, o Cámaras empresarias del comercio, la producción o los servicios.Con la iniciativa se busca precisar que quienes resultan designados para integrar tales directorios en representación de otros entes o entidades ajenos al Estado provincial y que no forman parte del mismo, invisten tal condición; aún cuando en todos los casos su designación formal corresponda al Poder Ejecutivo provincial."

No se trata de que -por ejemplo- los gremios o los municipios dejen de tener representación en esos entes. Dice el mensaje: "La propuesta remitida no altera, en consecuencia, el diseño previsto por el legislador para la conformación de los órganos directivos de los entes comprendidos, limitándose a procurar su ajuste y congruencia con las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial en su Artículo 72 inciso 6) al Gobernador de la Provincia, para designar o remover a los ministros, funcionarios y empleados de la Provincia, con arreglo a la Constitución y a las leyes, siempre que el nombramiento o remoción no competa a otra autoridad.".

Pero el mensaje que acaba de ingresar a la Legislatura enviado por Perotti trae otra perla . Así dice al final. "Complementariamente, atento a que en el caso de la Ley N° 11220 el mismo artículo 22 en su inciso g) establece como inhabilidad para ser Director el “desempeño de funciones en, o tener vinculación con los prestadores, empresas integrantes del mismo grupo económico, o contratista o proveedores de tales empresas, desde un año antes de su designación”, se propicia su supresión atento a que tal previsión ha perdido significación al haber asumido el propio Estado Provincial la prestación del servicio, a partir de la sanción de la Ley Nº 12516 y la creación de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima.". 

O sea, el gobernador está diciendo que la norma que establecía una prohibición para ocupar cargos en el directorio del ENRESS por tener vínculos con los prestadores privados del servicio de agua potable y cloacas ya no tiene sentido, porque ahora el servicio está en manos del Estado, y no piensa cambiar eso, al punto que propone eliminar esa parte de la ley. Dicho en criollo: Perotti no piensa privatizar ASSA.

PD 1: Del resto del video, es decir la segunda mitad, cuando los dos periodistas discurren sobre "que barbaridad como quedan los pliegos aprobados en la Legislatura por el mero transcurso del tiempo sin que los legisladores los discuten y los voten" solo vamos a decir que nos causa mucha gracia. Porque por esa vía se aprobaron las tres cuartas partes de las designaciones de jueces, fiscales, funcionarios, etc, de la provincia que requieren acuerdo durante los 12 años de los gobiernos socialistas.

PD 2: Después están las interpretaciones mala leche de los medios mala leche como el diario de Nahuel, que a su vez se contradicen entre el título y el contenido de las notas, porque titulan "El Ejecutivo quiere "manos libres" a la hora de plantear designaciones", para luego escribir: "Los cambios sugeridos están en línea con el articulado de otras leyes que también prevén la constitución de directorios de organismos autárquicos o empresas del estado. Tal es el caso de Assa, EPE y 5RT. En dichas normativas ya se emplea la expresión “en representación de” para aludir a los directores que serán postulados por sectores ajenos al Ejecutivo.

O sea, ¿el cambio está bien o mal muchachos, en esos casos los gobernadores anteriores "tuvieron manos libres" para designar ellos a los representantes de los gremios por ejemplo? ¿Y si así fuera, que dijeron ustedes, titularon en modo catástrofe con connotaciones negativas, o se callaron la boca?  Hilo de tuits relacionados:

DESCUBREN QUE EL AGUA MOJA


Leemos en Infobraden declaraciones de Mauricio Claver, que no es un cantante de boleros ni un galán de telenovelas, sino el principal asesor de Trump para América Latina, por las que nos enteramos de una extraordinaria novedad, que ya sabíamos hace dos años: el gobierno de los EEUU incidió decisivamente en el FMI para vencer la resistencia de los países europeos y concederle a Macri (porque ahora confirmamos que el préstamo fue a él, no a la Argentina) un crédito récord por 57.000 millones de dólares; que hubieran trepado a 65.000 si Alberto Fernández no hubiera tomado la sensatísima decisión de no hacer uso de la posibilidad de ampliarlo hasta esa cifra, mediante otro tramo.

Nos cuenta el señor Claver que la administración Trump tomó esa decisión política crucial por motivos estratégicos, porque consideraba a Macri un socio clave en la región para el despliegue de los objetivos de política exterior de los Estados Unidos, como por ejemplo el hostigamiento al gobierno de Maduro en Venezuela, y una barrera de contención contra los "populismos", lo que incluía por supuesto frenar un nuevo retorno del peronismo al poder en la Argentina. De Macri se podrán decir muchas cosas, menos que no fue agradecido: hace pocos días aun abogaba por una intervención militar contra Venezuela, incluso desde dentro del propio país.

También alineó durante su presidencia a las Fuerzas Armadas argentinas con los objetivos, la doctrina y las hipótesis de conflicto de las "nuevas amenazas" promovidas por el Comando Sur del ejército norteamericano, decisión afortunadamente revertida hace poco por el gobierno nacional; retomando la buena senda de la doctrina de la defensa nacional para la cual nuestras FFAA fueron creadas, y rol que les asigna la Constitución.

Pero volviendo a Claver y sus "exclusivas revelaciones", no hay nada demasiado nuevo bajo el sol: se trata de una vuelta de tuerca sobre el viejo bradenismo que, desde 1945 y el "Libro Azul" para acá (es decir, desde que el peronismo apareció en la escena política nacional) se viene practicando, bajo diferentes formatos. En otros tiempos fueron las intervenciones militares interrumpiendo los procesos democráticos, o las "relaciones carnales" en beneficio exclusivo de una sola de las partes de la relación, y adivinen cual.

Los dichos del funcionario yanqui terminan por hacer explícito que el acuerdo de mega-préstamo del gobierno de Macri con el FMI en 2018 nació flojito de papeles: aprobado con fórceps en el buró del Fondo y mediante una fuerte presión de su accionista principal, violando los propios estatutos de Bretton Woods en tanto los recursos prestados se destinaron a financiar la fuga de capitales, sin intervención del Congreso argentino y vulnerando toda la normativa interna del país en cuanto a las intervenciones previas a la firma del acuerdo (como la del Banco Central), constando todo ellos en una causa que se ventila en la justicia federal.

Pero además la confirmación de Claver de que la lectura política que se hizo por entonces cuando se decía que el FMI y el gobierno de EEUU a través del Departamento del Tesoro se habían convertido en los principales aportantes de campaña de Macri (incluso bastante más que Vicentín), era la correcta: así como los recursos del Fondo no alcanzaron para que la maltrecha economía macrista remontara vuelo (tampoco era ése su propósito, sino facilitar una salida ordenada de los capitales golondrinas que vieron derrumbarse el castillo de naipes del modelo de valorización financiera aplicado por el macrismo), todo el peso de tanto apoyo externo para el entonces oficialismo no alcanzó para evitar una derrota cantada, atento a su espantoso gobierno.

Y acá nos queremos detener, para valorar la magnitud histórica y política del triunfo del "Frente de Todos", y de la decisión estratégica de Cristina de correrse al segundo término de la fórmula para terminar de cerrar la unidad opositora: aquella victoria electoral llegó como un bálsamo para las fuerzas populares de la región en un contexto muy difícil, provocado por el golpe parlamentario en Brasil, la prisión de Lula y el triunfo de Bolsonaro, el acoso abierto a Venezuela, y el "law fare" a Correa en Ecuador (hoy proscripción abierta); cuadro agravado severamente luego por el golpe de Estado que terminó con el gobierno de Evo Morales en Bolivia.

En todos esos desgraciados sucesos, hay un factor en común, acorde a las peores tradiciones políticas regionales: la intervención más o menos abierta y desembozada de los Estados Unidos, su gobierno, sus agencias estatales y sus grupos financieros poderosos (como lo acaba de reconocer con descarnado cinismo Ellon Musk) en la desestabilización de todos aquellos procesos populares que perciben o intuyen que pueden conducir las cosas en un sentido distinto al de sus intereses estratégicos. De donde se pueden sacar dos conclusiones, ya conocidas: la intervención de la principal potencia mundial en los asuntos regionales es un factor de discordia e inestabilidad política, que además no reditúa beneficios electorales, como bien sabemos acá, desde 1946.

Contra todo y todos entonces, la Argentina pudo darse una salida política en clave electoral de la debacle macrista, interrumpir los sueños de hegemonía de la derecha en el poder, y conseguir que regresara un gobierno de las fuerzas nacionales y populares. No es poco, no fue poco, pero para poder cosechar los frutos de la victoria se requiere una línea de consistencia política coherente con lo que la gente votó, que -entre otras cosas- fue mantener una relación no subordinada a las directivas estratégicas de los Estados Unidos: el antinorteamericanismo es un sentimiento muy arraigado en vasta franjas de la sociedad argentina, desde hace décadas.

Uno puede comprender ciertas razones de pragmatismo político en el manejo de la política exterior cuando el país enfrenta una compleja renegociación de la deuda con sus acreedores externos; del mismo modo que debe señalar que de nada valdría haber derrotado en las urnas al macrismo y a la apuesta electoral de los EEUU para el país, para luego no extraer de ello las conclusiones correctas. Por ejemplo, a la hora de encarar la renegociación de la deuda con el FMI (el paso siguiente al posible acuerdo con los acreedores privados), teniendo en vista y haciéndoles ver el contexto en el que esa deuda fue contraída, como por ejemplo lo hizo el propio AF cuando era candidato. O tomando en cuenta el hecho, a la hora de definir sobre que sectores debe recaer el peso de poner los recursos para pagar la deuda.

En ese sentido, poco ayudan algunos movimientos como los de Gustavo Béliz, nuestro Malcorra que usa su cargo en el gobierno para un fallido salto al BID (tal como lo señala la nota, el candidato que apoyan los EEUU y lleva todas las de ganar es el propio Claver), o sostiene en público que los Estados Unidos están más comprometidos que nunca con el desarrollo en América Latina a través del programa "América Crece", la nueva versión de la "Alianza para el Progreso" o, más acá en el tiempo, del fallido ALCA: un nuevo intento por crear en el continente un mercado cautivo para  las empresas estadounidenses, y contener de ese modo el crecimiento de la influencia de China y Rusia en la región, a través de financiamiento para inversiones. La disputa por la conducción del BID se inscribe precisamente en ese marco.

Y del mismo modo, es ilusorio suponer por un lado que en su relación con otros países (lo que nos incluye) los Estados Unidos mirarán otro imperativo que su propio interés, o que puede abrirse alguna expectativa de cambio en la relación, si como marcan las encuestas, los demócratas retoman el gobierno con un posible triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump: Larry Fink, el CEO de  BlackRock (el principal fondo de inversión que rechaza la propuesta de canje de deuda del gobierno argentino) podría en ese caso llegar a ser Secretario del Tesoro, institucionalizando así la influencia que él y los intereses que representa, tienen en el gobierno de EEUU, y la Reserva Federal.

martes, 28 de julio de 2020

TWEETS POLÉMICOS

"EL PODER ES IMPUNIDAD"


Le atribuyen a Alfredo Yabrán haber dicho que el poder es impunidad, aun cuando la idea no sea novedosa, y muchos otros la hayan expresado antes. Se la suele asociar inmediatamente a la política, los políticos y su responsabilidad por hechos de corrupción, en la medida que se entiende (de modo ingenuo o deliberado) que el "poder" solo reside en las instituciones formales del Estado, y quienes las dirigen.

Esa visión oscurece la realidad completa del poder, y sus múltiples dimensiones: como suele decir Cristina, en todo caso solo muestra una pequeña fracción del poder, la más visible. El poder "real" (o buena parte de él) prefiere mantenerse oculto, pero que es poder y como tal se despliega, no existen dudas.

Y si no veamos lo que pasa con las quemas constantes y masivas de campos en forma intencional, para favorecer los negocios de la actividad ganadera: nadie duda que son intencionales, tampoco nadie duda que los que las hacen son los propios productores agropecuarios y para su propio beneficio. Los perjuicios están a la vista de todo el mundo, y ni siquiera el más "anti ambientalista" los cuestiona ni discute. Nadie duda que estamos en presencia de un delito, tipificado en el artículo 186 del Código Penal, y reprimido con hasta diez años de prisión.

No estamos hablando de incendios en la inmensidad del Amazonas, sino frente mismo a una de las ciudades más grandes del país como Rosario (y en otros lugares también), y no de ahora, sino desde hace años: recordemos que en pleno conflictos con las patronales agrarias por las retenciones móviles, el humo de las quemas llegó hasta Buenos Aires, logrando así captar por un momento la atención de los porteños y los medios nacionales, que sin embargo no salieron a manifestarse en contra, como han hecho tantas veces, con tantas "causas".

Los poderes públicos no han sido indiferentes al problema, aun cuando distaron mucho de ser eficaces: todos manifiestan su preocupación, se suman las partes querellantes en sede judicial, y no mucho más. No hay sospechosos, no hay detenidos, no hay procesados, nunca hubo -en todos estos años- ningún condenado por estos hechos.

Lo cual, sin dispensar las responsabilidades de los gobiernos,  nos remite a la inexcusable  responsabilidad que le cabe al Poder Judicial, el menos democrático y más corporativo de todos los poderes, y al mismo tiempo y precisamente por esa causal (en tanto no depende del humor electoral) el más permeable a las presiones del verdadero poder, que es el poder económico.

Un poder económico que literalmente pone y saca jueces (y si no, que le pregunten a Marquevich, por ejemplo), y les impone que hacer, como y cuando actuar, y -sobre todo- cuando no actuar, porque si lo hicieran, iría en contra de sus intereses. Y si no, ver lo que está pasando con Vicentín, y el juez Lorenzini.

La nación y la provincia de Santa Fe han instado la actuación del juez federal de Victoria por las quemas de campos frente a Rosario, han pedido que se individualice a los responsables y se los detenga. Se sabe donde están los incendios, cuando se iniciaron y, como se dijo, no estamos en presencia de un área tan grande que no se pueda controlar, para evitarlos. 

La actitud de la provincia de Entre Ríos y el gobierno de Bordet no ha sido igual de clara, precisamente porque los intereses que están detrás de las quemas tienen mayor peso específico allí: otra vez, la cuestión del poder, crudo y duro, desplegando sus efectos.

Cuando se dice que el poder asegura impunidad, se piensa en un político poniendo y sacando jueces, llamándolos por teléfono para decirles como tienen que fallar, o que cajoneen expedientes. Sin negar que eso pueda existir, en la realidad funciona de otro modo: ni siquiera hace falta la llamada, cuando el que se beneficia con la inacción judicial es el poder económico. 

Y si ese poder económico es "el campo", como en éste caso, ni hablemos.  

lunes, 27 de julio de 2020

TWEETS POLÉMICOS

EL DÍA DESPUÉS


La pandemia, como todo, algún día pasará. De hecho, ya está pasando: el tramo que está corriendo de la "cuarentena administrada" tal como se la ha definido revela que hace rato que las decisiones dejaron de estar sustentadas en consideraciones de salud pública, y pasan por otro lado. No es un juicio de valor, sino una mera comprobación.

De lo contrario no se entiende que, cuando todos los indicadores aconsejaban ser más cautelosos y restrictivos en la habilitación de actividades, éstas se flexibilizaran allí donde estaban y están los mayores problemas, como el AMBA. El gobierno -sería necio negarlo- fue perdiendo el capital social y político que supo conseguir en los tiempos originales del aislamiento, y ya no tuvo espaldas para contener las presiones combinadas de los medios, el poder económico y algunos sectores de la sociedad (en especial las clases medias urbanas) que ya estaban hartas de la cuarentena. Otra vez: sin juicios de valor, así fueron las cosas.

Pero además del problema que ese contexto implica desde el ángulo específico de la pandemia (por más que un problema se niegue, en tanto exista seguirá dando que hacer), está el hecho de que un cúmulo de decisiones importantes se venían barriendo bajo la alfombra "hasta después de la pandemia", sobre todo en materia económica. A menos, claro está, que el condicionante real de su implementación no fuera la pandemia, sino el arreglo por la deuda con los acreedores del exterior.

Sobre esto último, un resaltado: es casi el único punto de la agenda en el que parece no haber discusión entre oficialismo y oposición, ni siquiera en los núcleos más duros e irresponsables (en términos institucionales) de ésta. Hasta la cúpula del establishment local, nucleada en la AEA y el G6, ha dado muestras explícitas de apoyo a la propuesta del gobierno, lo cual dice mucho. Como por ejemplo que esa propuesta fue muchos menos agresiva para con los acreedores de lo que se pensaba al principio: otra vez, lo nuestro es simplemente descriptivo.

Claro que el acuerdo aun no se ha cerrado (aunque todo indica que eso ocurrirá, más tarde o más temprano), y aunque eso ocurriera, luego entramos en el terreno más espinoso de las consecuencias de ese acuerdo: como alinear las variables de la economía para salir de la crisis, retomar el crecimiento y generar los recursos para pagar la deuda reestructurada. Y -lo más importante- como se reparten las cargas a ese fin, o como preguntaba Cristina en campaña, quien va a pagar la deuda.

Ello así porque si el "indulto" al masivo endeudamiento macrista que supone instrumentar una quita mínima (casi irrelevante) del capital se complementa con reformas impositivas que descargan el peso del financiamiento del Estado en los sectores que se beneficiaron del endeudamiento para fugar capitales, el panorama es uno. Pero si el acuerdo supone la señal de largada para un ajuste tradicional (es decir, con recorte de prestaciones y servicios estatales, y en consecuencia sufrimiento para las mayorías) creyendo que de ese modo se generan lo excedentes para pagar la deuda, es otro.

Precisamente esta disyuntiva es la que se está definiendo por estos días, al mismo tiempo que se intenta vislumbrar la salida de la pandemia. De hecho, el "abrazo del oso" del poder económico al gobierno al apoyarlo explícitamente en la negociación con los acreedores (muchos de ellos mismos a su vez lo son, y se verán beneficiados con un arreglo), tiene que ver precisamente con eso: quien va a pagar la cuenta, porque no quieren ser ellos.

Mientras tanto y como derivación de todo esto, en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas sigue sin aterrizar (no será por la pandemia, porque en teoría venía a aportar los recursos para afrontarla), y una simple moratoria impositiva pena para ser aprobada, porque hay sectores de la oposición que quieren incluir una cláusula expresa que excluya de sus beneficios a las empresas de Cristóbal López.

Salir de la pandemia (formalmente, al menos en los papeles) tendrá muchas consecuencias, porque gatillará discusiones dormidas (como las paritarias, o la reforma tributaria), y haría caer otras soluciones excepcionales (como los acuerdos de rebaja salarial con trámite express de homologación). O dicho de otro modo: no se pueden desatender los efectos específicamente sanitarios de la pandemia flexibilizando actividades sin criterio sanitario y por presiones económicas y políticas, y seguir usufructuando sus "beneficios" en otros aspectos, como la suspensión de la puja distributiva; o de los mecanismos que les permiten a los sectores de ingresos fijos, no perderla por goleada.

Y un detalle no menor: el "día después" de la pandemia puede (y debe) generar los ámbitos y las condiciones adecuadas para la discusión al interior del "Frente de Todos", donde todo intento de crítica se intenta abortar con el argumento de no debilitar al gobierno en medio de la crisis sanitaria, y la renegociación de la deuda. Porque los intentos de condicionar al gobierno en su rumbo desde afuera, jamás se han detenido, por ninguna de las dos circunstancias; y de hecho influyeron en el modo como se condujeron ambas.

Pero la verdadera disputa (como se señala muy atinadamente en ésta nota de Darío Capelli que publica Artemio López) se da hacia el interior de la coalición oficialista, donde los sectores conciliadores (que son a su vez los que menos peso electoral aportaron para la victoria del FDT) quieren ganar terreno llevando agua para su molino, aprovechando a esos fines las presiones externas al armado gobernante, y tendiendo puentes hacia supuestos sectores de "oposición razonable" explorando nuevas alianzas políticas a futuro.