LA FRASE

"ME ENTERÉ POR LA PRENSA QUE CONTRATARON A LAS EMPRESAS DE MIS HERMANOS PARA LA MISA DEL PAPA, YO ME DEDICO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS QUE TIENEN TIEMPO Y VOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRIVADA SON ELLOS." (MARTÍN MENEM)
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miércoles, 25 de diciembre de 2019

ADIÓS A LA DOCTRINA BULLRICH


Apenas a dos días de haber comenzado el gobierno de Alberto Fernández, decíamos acá respecto a la designación de la nueva ministra de Seguridad: "La apuesta de Alberto Fernández designando al frente de un área tan crítica a una académica, que viene del campo de la investigación en las ciencias sociales, es arriesgada en el contexto en el que habitualmente se discuten estas cuestiones; que parece pasar exclusivamente por quien la tiene más larga, o quien porta el arma de más grueso calibre, o puede impostar voz de mando con mayor eficacia.

Pero al elegir así, ha puesto las cosas en su lugar adecuado, porque la violencia es un fenómeno social, cuya manifestación más visible es el delito (el delito violento, precisamente, del otro, el de "cuello blanco", jamás se habla), y en consecuencia no puede ser abordado desde la chapucería "pistolera" con el que se lo ha tratado muchas veces, en especial en estos últimos cuatro años, con las consecuencias por todos conocidas. La demanda ciudadana por seguridad exige respuestas eficaces del Estado, y esas respuestas solo las pueden dar quienes han estudiado y se han preparado para darlas, no los improvisados efectistas. " 

Desde ese lugar, no podemos menos que celebrar la Resolución 1231 de la ministra Frederic, publicada ayer en el Boletín Oficial (completa acá); por la que deroga de un plumazo todos los bochornosos "protocolos" de la gestión Bullrich, sobre el uso letal de las armas de fuego por las fuerzas de seguridad, el uso de las pistolas Táser, el "Servicio Cívico Voluntario en Valores", la posibilidad de que las fuerzas de seguridad requirieran el DNI en los trenes y también deja sin afecta la afectación de parte del predio de la unidad turística de Chapadmalal, para centro de formación de Gendarmería. Más allá del gesto político que implica dar marcha atrás con tanta barrabasada en apenas dos semanas de gobierno, lo interesante son los fundamentos que la resolución expone en cada caso, porque dan cuenta de otra visión de la seguridad pública en democracia.

Así por ejemplo al derogar el"protocolo" sobre la utilización de armamento letal por las fuerzas de seguridad, se señala: "...autorizar la utilización del armamento letal ante el mero acaecimiento de una fuga, o de resistencia a una detención si quien lo hace no encuadra en una situación estricta de “peligro inminente” de ocasionar la muerte, o, en su caso, lesiones graves de terceras personas o del personal de las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes, así como habilitar su uso contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas, atenta contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal; principios que, junto con la excepcionalidad y la progresividad, rigen el accionar policial en el modelo de un Estado Democrático de Derecho,.."

Y se agrega: "...las circunstancias que habilitan el uso de la fuerza letal por parte del personal policial y de las fuerzas de seguridad, contempladas en la referida resolución, no configuran, en su mayoría, situaciones que generen un peligro inminente para la vida de los agentes y de terceras personas. Pero, además, ...configura una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos, para personas ajenas al hecho y para los mismos integrantes de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, toda vez que el uso “irracional” de la fuerza genera un contexto de exponencial violencia que aumenta la vulnerabilidad y en nada contribuye a la protección de la vida de las personas involucradas en el hecho, ni de terceras personas ajenas al mismo. (y) "...incrementa la violencia en los hechos delictivos, pudiendo afectar de manera directa en la subjetividad de las personas que cometan un delito, toda vez que la ausencia de criterios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de armas por parte de los funcionarios policiales, convierte en extremo cualquier enfrentamiento y estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir. Este aumento de la violencia genera una situación de mayor peligro para el personal policial, para quienes delincan y para terceras personas que se encuentren en las inmediaciones en las que suceda el hecho.". Dicho con simpleza: la violencia solo engendra violencia.

Sobre la resolución que autorizaba el uso de las Táser, dice Frederic al derogarla: "...se regulan de manera genérica y vaga los criterios a los que debe ajustarse el personal policial y de las fuerzas de seguridad en el empleo de armas electrónicas “no letales” -que, en realidad, son “menos letales”, tal como lo reconoce su fabricante-. En efecto, no se establece criterio alguno respecto del empleo de tales armas electrónicas. La categorización como arma electrónica “no letal” podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal,...". O sea, deja sentado que no solo no se trata de armamento "no letal", sino que además no se fijan criterios objetivos para que las fuerzas de seguridad lo empleen, en determinadas circunstancias.

Sobre la derogación del protocolo de seguridad en los trenes, que facultaba a las fuerzas de seguridad federales a exigir a los ciudadanos la exhibición del DNI, apunta la resolución: "..esta medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados. Que, asimismo, se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación, basándose para ello en el cuestionado fallo “Vera” del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad Autónoma de Buenos (y) contradice los estándares de seguridad democrática y, también, los estándares internacionales de Derechos Humanos, que impiden la detención de personas cuando no haya sospechas fundadas de la comisión de un delito. Así, cuando no hay sospecha suficiente de que alguien cometió un delito, detener para identificar es inconstitucional, tal como lo afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos..." .

Respecto a la derogación del "Servicio Cívico Voluntario" instaurado por Bullrich en cuarteles y destacamentos de Gendarmería, señala la nueva ministra: "...se desprende de los preceptos de las Leyes Nros. 24.059 y 19.349 (leyes de Seguridad Interior y de Gendarmería, aclaramos) que el diseño institucional y las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería Nacional, no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario en Valores, de tal modo que las tareas encomendadas a aquella Fuerza mediante son completamente ajenas a las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad..." (y)  "...el acceso a los derechos humanos esenciales tales como la educación y la inclusión social de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, forma parte de las obligaciones indelegables del Estado Argentino al suscribir a la Convención sobre los Derechos del Niño, y deben ser garantizadas desde las áreas de Educación, Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Turismo y Deportes y, en general, por todas aquellas dependencias encargadas de diseñar e implementar las políticas destinadas al desarrollo pleno de niños y niñas, adolescentes y jóvenes.". O sea, zapatero a tus zapatos.

Agrega más al respecto: "...el Ministerio de Seguridad, al instituir el Servicio Cívico Voluntario en Valores, avanzó sobre una materia completamente ajena a sus objetivos y funciones, como lo es la educación de la población civil. Que, además de tratarse una tarea ajena a las funciones de la Gendarmería Nacional, la implementación del Servicio... amplía espacios de intervención de una fuerza de seguridad con niños, niñas y adolescentes. Y sumado a ello, esos espacios de intervención no se encuentran debidamente acotados y delimitados, dejando a criterio de la Gendarmería -y ajenas al control y supervisión ministerial- diversas cuestiones vinculadas, por ejemplo a cantidad de inscriptos; horario a cumplir; como se articulará con la educación formal y obligatoria; si pernoctan en las dependencias; como se organizarán las instalaciones para el caso en que se inscriban mujeres; cómo se seleccionará al personal para prestar funciones de formación; si el personal encargado de la formación estará habilitado a portar armas; si los niños, niñas y adolescentes tendrán cobertura médica; ....". Es decir, una chapuza más al estilo Bullrich, para la tribuna. 

Y finalmente, los fundamentos de la devolución de la parte del predio histórico de Chapadmalal que Patricia Bullrich tomó (perdón, es la costumbre) para centro de formación de gendarmes, en los que, luego de historiar el origen del lugar y su expropiación a la familia Martínez de Hoz durante el primer peronismo, se señala: "...más allá de las inconsistencias, de cara al sistema de protección de la Ley N° 12.665 y sus modificatorias (porque no se esperó al dictamen de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, aclaramos), ...el emplazamiento de un “Centro de Formación de Gendarmes” en aquellas instalaciones suscitó múltiples voces de rechazo, tanto en el ámbito social como político...(porque) la medida constituye una afrenta a la conservación colectiva de un “ícono social” asociado al derecho del disfrute turístico de los sectores asalariados y postergados; que socava las deterioradas políticas de turismo social y contradice los valores de ese lugar emblemático de la cultura popular y la política argentina; y que simboliza un retroceso absoluto en materia de conquistas sociales y derechos humanos."

A lo que suma que "...la necesidad de contar con un “Centro de Formación de Gendarmes” que permita la formación de un mayor número de Aspirantes a Gendarmes, bien puede satisfacerse extremando otros recursos con los que cuenta el Estado Nacional a fin de asegurar el emplazamiento de la iniciativa en lugares que no susciten un rechazo de la sociedad por afectar un monumento histórico nacional vinculado a la memoria viviente de políticas sociales inclusivas; y por limitar las instalaciones del Complejo disponibles todavía para el acceso de sectores vulnerables al disfrute turístico y recreativo.". Más claro, imposible. 

Y por si todo lo expuesto no fuera suficiente para tener esperanza en que la seguridad ha sido puesta en buenas manos, de gente con las ideas claras, la nueva ministra acaba de decir que, en su opinión, debe revisarse la participación de la Gendarmería en la muerte de Santiago Maldonado. Para dos semanas de gobierno y en un área tan crítica, no es poco.

martes, 16 de julio de 2019

JOVEN ARGENTINO...



...si tienes entre 16 y 20 años de edad, puedes sumarte al “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, en Gendarmería Nacional, y aprovechar “...una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales, el sentido del deber, la capacitación en nuevas destrezas y habilidades, el compromiso con el bien común y el estímulo a capacitarse continuamente, como herramientas para fortalecer su propia valoración, como personas capaces de generar un impacto positivo en su comunidad.”

Con la opción de elegir entre distintos cuarteles y destacamentos, algunos de los cuales son especialmente idóneos a tales fines (¿?):


(Más información, acá)

sábado, 10 de noviembre de 2018

POBRE LIFSCHITZ, RODEADO DE KIRCHNERISTAS


La imagen de apertura está sacada de esta nota de La Capital de ayer, que da cuenta del último capítulo del ya largo y aburrido culebrón de la pelea entre radicales de "Cambiemos" y socialistas.

En esta entrega se trata de las respuestas que tuvo la propuesta de Corral para que la nación salde la deuda que tiene con la provincia por el fallo de la Corte sobre los fondos coparticipables que iban a la ANSES y los gastos de funcionamiento de la AFIP, con un mayor envío de fuerzas federales de seguridad a Santa Fe.

Como ven, sacaron número para pegarle: el ministro de Gobierno Farías, el de Economía Saglione, el Fiscal de Estado y hasta tomó distancia el diputado Angelini del PRO.

Al parecer están todos de acuerdo en dos cosas: 1) la provincia no tiene que pagar por la presencia de fuerzas federales en Santa Fe y 2) Esas barbaridades solo las hacía el kirchnerismo, pero desde que gobierna Macri ya no ocurren. En realidad serían tres los puntos de acuerdo: el tercero es saldar sus entuertos, pegándole al kirchnerismo.

El tema es que parece que al vicegobernador Fascendini no le avisaron, porque una de las veces en las que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo provincial firmó el decreto que ven acá abajo, por el cual dicen exactamente lo contrario: 


Es decir: no solo que con "Cambiemos" la provincia le siguió cobrando a la provincia por la presencia de fuerzas federales en Santa Fe, sino que el gobierno provincial aceptó pagar esos gastos.

Y no solo eso: también estableció un régimen excepcional para hacer las contrataciones que fueran necesarias a esos fines, prescindiendo de hacer licitación pública si fuera necesario, y contratando en forma directa. Incluso para alquilar lugares en los que se alojaran los gendarmes y los comandantes de la fuerza, sean hoteles "o residencias similares", como dice el recuadrado en rojo en el decreto.

Por ejemplo, el ex estudio jurídico de "Alvarito" González, santafesino hoy exportado a la CABA, diputado nacional del PRO y presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la nación; donde se alojaron los comandantes en su paso por Santa Fe. Lugar que antes fue el comando de campaña del PRO y de "Cambiemos" en varias elecciones nacionales y provinciales. 

Pobre Lifschitz, se va unos días de viaje y le hacen desastres, empezando por el vicegobernador, ¿una especie de Cobos santafesino, también de origen radical como el mendocino?  

Lo raro es que Pullaro (ministro de Seguridad y también de la UCR) no le avisó nada y firma el decreto; igual que los ministros de Gobierno y Economía, que ahora dicen que no corresponde que la pro vincia se haga cargo de esos gastos.

Deben ser todos kirchneristas.

jueves, 1 de marzo de 2018

MODIFICARON LAS LEYES DE SEGURIDAD INTERIOR Y DE DROGAS, Y NOS NOS AVISARON


La última vez que nos fijamos en el texto de la Ley 24.059 de seguridad interior (para hacer éste posteo), las fuerzas federales intervenían en una provincia cuando mediaba requerimiento formal en tal sentido del gobernador de la provincia, no del intendente municipal.

A menos que hayan intervenido la provincia sin avisarnos, y lo nombraron interventor a Corral.

En ese caso ¿Jatón y el socialismo pasarán a la clandestinidad para organizar la resistencia?

Lo mismo pasa con esto otro:


La última vez que nos fijamos en la Ley 23.737 de estupefacientes, el narcotráfico era delito federal.

De hecho, eso es lo que dice siempre el socialismo cada vez que la violencia de las bandas narco escala: que no pueden hacer nada, porque es delito federal.

Ni siquiera adhirieron a la Ley 26.052 (2005), que permite remitir a la jurisdicción de las provincias que adhieran, los casos de "narcomenudeo". 

Si de lo que están hablando estos muchachos es del decreto que va abajo, reglamenta una ley provincial (la 13.579, sancionada en el 2016); que refiere al decomiso de los efectos del delito, pero en las causas en las que es competente la justicia provincial.

O sea, nunca en causas por narcotráfico; que son competencia de la justicia federal.

A menos que estén hablando de otro decreto, por el cual el gobernador de la provincia  habría modificado una ley nacional.


jueves, 4 de enero de 2018

EL MACRISMO Y LAS OPORTUNIDADES DE ASCENSO


A esta altura está más que claro que el ascenso del gendarme Echazú dispuesto ayer por Patricia Bullrich es un claro mensaje hacia el personal de las fuerzas de seguridad para que no tengan miedo de poner mano duro en la represión, porque obtendrán su recompensa.

Lo quiera o no el gobierno (y todo indica que sí lo quiere) esa es la lectura que harán los uniformados -incluso de las fuerzas que no dependen de él, sino de los gobiernos provinciales- y obrarán en consecuencia: de "no vamos a tirar a un gendarme por la ventana ante la simple sospecha" pasamos a "las fuerzas de seguridad tienen que tener el beneficio de la duda", y ahora a "lo felicito Echazú, se ha ganado un ascenso por su eficaz y patriótico comportamiento".

Lo curioso es que desde el gobierno se intente ensayar otro tipo de justificaciones, tales como que Echazú no estaba imputado en la causa por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, y en consecuencia nada obstaba a que se lo ascendiera. 

Si Echazú no está imputado en la causa, no se entiende que el juez federal de Esquel le haya dado participación en ella al punto de poder designar peritos de parte que asistieron a la autopsia de Santiago, en los términos del artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación: " La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.".

Pero aunque eso no fuera así, lo que no dice el gobierno es que conforme a las propias normas del personal de la Gendarmería Nacional, si Echazú pudo ascender fue porque el Ministerio de Seguridad desde el primer momento de la desaparición de Santiago Maldonado se dio a la tarea de borrar toda posible prueba de la participación de la fuerza en la represión, y asumir la defensa cerrada de todos los efectivos que participaron en el operativo en el cual Santiago perdió finalmente la vida.

En efecto, el artículo 74 de la Ley 19.349 de Gendarmería Nacional establece en su inciso c) que no podrá ascender "el personal que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones:c) En pasiva según lo previsto en el inciso c) del artículo 64.".

Y el inciso c) del artículo 64 contempla cinco situaciones en las que el personal se encuentra en disponibilidad pasiva y en consecuencia impedido de ascender, de las que nos interesa destacar el apartado 4): "El castigado con suspensión de empleo durante el tiempo de la sanción o en prisión preventiva o condenado a pena de delito que no lleve como accesoria la baja o destitución." (las negritas son nuestras) 

Como es sabido y contra todas las reglas y recomendaciones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos en casos de violencia institucional, el gobierno de Macri a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich tomó desde el principio la decisión de no separar a la Gendarmería de la investigación del caso Maldonado, ni sumariar a ninguno de los que participaron del operativo, ni mucho menos suspenderlos preventivamente en sus funciones, hasta tanto se esclarecieran los hechos, y su participación y responsabilidad en ellos.

Es decir los dejaron en funciones, con uso del uniforme y grado y la portación de las armas reglamentarias, y -lo más importante- la posibilidad de influir en la propia investigación judicial, borrando o alterando pruebas; como efectivamente sucedió. No les aplicaron -salvando las distancias- la "doctrina Irurzun" de la prisión preventiva y los "poderes residuales", sin ir más lejos.

Si lo hubieran hecho -como correspondía- Echazú no podría haber sido ascendido; aunque en la causa judicial no se lo hubiera imputado formalmente por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado.

Prefirieron encubrirlo a él y a todos los partícipes del operativo, y en una pseudo investigación a cargo de un tal Barbieri (el encargado político de los "asuntos internos" de la fuerza) lo que hicieron fue "libretearlos" respecto de lo que tenían que decir sobre el caso, si eran citados a declarar por la justicia.

Y todo tiene una razón muy lógica: Echazú y sus compañeros no eran unos loquitos que ingresaron a los tiros en la Pu Loff de Cushamen "por la suya" porque se pasaron de rosca, sino porque estaban cumpliendo expresas y (definidamente) imprecisas instrucciones de Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich cuyo teléfono aun hoy sigue sin peritarse, y su extravagante doctrina de la "flagrancia" para combatir la no menos delirante "amenaza terrorista" de la fantasmal RAM.

Como asimismo tampoco Nocetti (que ni siquiera fue citado por la justicia aun para esclarecer su actuación en los hechos) es otro loquito suelto, como lo comprueba el hecho de que por estos días Bullrich (su superior) acaba de viajar al sur a conformar con los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut un "comando operacional" para enfrentar a la RAM. que es un pobre remedo del "Operativo Independencia" en Tucumán en los 70', para enfrentar a la guerrilla.

Un espantajo que el gobierno necesita agitar para disimular el ajuste brutal al que está sometiendo al pueblo argentino. La contribución del gendarme Echazú a ese objetivo político es lo que ha sido premiado con su ascenso.    

martes, 12 de diciembre de 2017

AJUSTAN PARA PAGAR DEUDA


Se viralizó en estas horas el reportaje de Longobardi a Macri en el que el presidente plantea el dilema de la economía del país en términos de "o hacemos el ajuste salvaje, o todo explota por los aires". Sin embargo, la realidad es que el ajuste que están haciendo (agravado en su necesidad porque el Estado resignó recursos a favor de los sectores más concentrados de la economía) es para generar excedentes destinados a pagar la pavorosa deuda que éste mismo gobierno está contrayendo a pasos acelerados.

Y a las pruebas nos remitimos: en el Boletín Oficial de hoy está publicado el DNU 1013 (completo acá) por el que se introducen modificaciones en las partidas del presupuesto nacional para éste año, incrementando algunas partidas y disminuyendo otras.

Por el lado de los recursos, el mayor incremento viene dado por las "aplicaciones financieras" resultado de la colocación de deuda externa e interna, en pesos y en dólares: por esa vía el gobierno se "junta" con 359.507 millones de pesos; mientras que sus ingresos tributarios (impuestos y derechos de exportación) son reducidos en el mismo decreto en 7608 millones, pese a que sube la recaudación de IVA, Ganancias y el impuesto al cheque respecto de lo previsto en el presupuesto.

La explicación es muy sencilla: el mismo decreto da cuenta de que se perdieron 9659 millones de pesos por la baja en las retenciones a las exportaciones de soja, y esa misma cifra es la que perdió el Fondo Federal Solidario que se transfiere a las provincias para obras de infraestructura. Si consideramos que el FFS se conforma con el 30 % del producido de las retenciones, la caída real  de esos ingresos es de unos 32.197 millones de pesos.

De acuerdo con el decreto, ingresaron 43.741 millones de pesos adicionales por el impuesto especial por ingresar al blanqueo, pero se destinaron solo 30.290 millones al pago de la "reparación histórica a los jubilados", al cual se suponía que ese impuesto estaba destinado. Sin embargo, el mismo decreto da cuenta que esos 30.290 millones se sacaron del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, o sea que los fondos del blanqueo fueron a otra cosa. A pagar deuda, para ser más precisos.

Como consecuencia de la aplicación de la ley de movilidad vigente (la que quieren cambiar) el decreto aumenta los recursos en 33.239 millones para pagar el segundo tramo anual del aumento a los jubilados "comunes" del sistema de reparto, y otros 54.394 para los jubilados de la moratoria: esto explicaría por qué en la reforma previsional los "discriminan" modificando el cálculo del haber inicial, y dejándolos afuera de la garantía del 82 % del salario mínimo vital y móvil, para la jubilación mínima. 

Disgresión: la "pensión universal al adulto mayor" (el sucedáneo macrista de las moratorias previsionales del kirchnerismo) necesitó un refuerzo de apenas 400 millones, un 0,73 % de lo que representó el aumento para los jubilados de la moratoria.Lo que denota que lo que se vendió como panacea (y fue acompañado por algunos opositores como una de las justificaciones para votar la "reparación" y el blanqueo) fue en realidad el puntapié inicial del ajuste en el sistema previsional. 

Sin embargo, nada le gana a la deuda, y su peso creciente en las cuentas públicas: de acuerdo con el DNU, "Servicios de la Deuda" (el pago de intereses del endeudamiento) se incrementa en 152.437 millones de pesos, de modo que supera largamente al costo adicional del aumento a los jubilados, que sumando a todos los beneficiarios llegó a los 87.633 millones.

El decreto incrementa las transferencias especiales a las provincias por fuera de la coparticipación (como los ATN) en 40.000 millones de pesos (el precio por el apoyo de los gobernadores al pacto fiscal y las reformas); y en 2704 millones el presupuesto de Gendarmería Nacional: el costo de las pericias truchas del caso Nisman, y su actuación destacada como brazo armado de la represión de la protesta social.

También se aumentan en 10.000 millones de pesos las transferencias a CAMMESA para afrontar los mayores costos a pagar a las generadoras (entre ellas, las petroleras), y en 1414 los subsidios a las petroleras por "Petróleo Plus", pese a que sigue cayendo la producción. 

En contraste, se podan los recursos de Nucleoeléctrica Argentina S.A. destinados a la ejecución del Plan Nuclear en 1616 millones, los destinados a las obras del Gasoducto Centro II en 543 millones y los dedicados a la construcción de líneas de alta tensión en otros 841 millones: Aranguren tiene claras sus prioridades.

Finalmente sufren podas significativas el Plan de Educación Digital (le sacan 2301 millones de pesos), Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSSA) que pierde 1307 millones  y el PROCREAR; al que le podan 1750 millones.

Para terminar, una perla: por sub-ejecución se podan 2686 millones de pesos destinados a la construcción de nuevos edificios para jardines de infantes, en todo el país: más incluso de lo que el Estado gastaba en el "Fútbol Para Todos", al que en teoría venían a reemplazar con 3000 jardines nuevos.

jueves, 28 de septiembre de 2017

CONFIRMADO: GENDARMERÍA ESPÍA


La captura de pantalla corresponde a la parte de los gastos del Estado nacional en la provincia de Santa Fe contenida en el proyecto de presupuesto 2018 que llegó al Congreso.

Pero pueden hacer la prueba con cualquiera de las provincias (siguiendo este enlace llegan al documento, y pican en la provincia que quieran), y les va a dar lo mismo: el gobierno está blanqueando que la Gendarmería hace tareas de inteligencia, y asignando los fondos respectivos.

Lo que no se sabe es en que consisten esas tareas, porque cuando en el miso proyecto de presupuesto se entra a la parte específica de la fuerza dentro del Ministerio de Seguridad, ni siquiera figuran y nada se dice al respecto.

Es importante recordar que la Ley 25.520 de Inteligencia dice en su artículo 9 (según la modificación introducida en el 2015 por la Ley 27.126) que se transferían a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "las actividades de inteligencia relativas a los delitos federales complejos y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.", como por ejemplo narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, trata de personas, rebelión, sedición y demás atentados contra el orden democrático.

Y las áreas de inteligencia criminal de las fuerzas de seguridad (como la Gendarmería) tienen los límites que marca la misma ley, y señalábamos acá: "Ningún organismo de inteligencia podrá:

1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales. Tampoco podrán cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley, en cuyo caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes.

2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.

4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial." (las negritas son nuestras).

Recordatorio que resulta oportuno en estos tiempos, en los que nos enteramos que la Gendarmería hizo un seguimiento ilegal de las actividades de Santiago Maldonado, y de sus familiares.

Seguramente todos los que se indignaron con el famoso "Proyecto X" en tiempos kirchneristas no dejarán pasar la oportunidad de hacerse oír al respecto. ¿O no? 

miércoles, 6 de septiembre de 2017

ES MÁS O MENOS POR AHÍ, JOACO...


...claro que exactamente al revés: Pato Bullrich y el gobierno protegen a los gendarmes en el caso Maldonado, porque les deben las gauchadas de las pericias truchas para tratar de demostrar que a Nisman lo mataron.

Tan truchas que ustedes anuncian por los diarios como van a salir, semanas antes de que estén terminadas.

martes, 18 de octubre de 2016

¿REFUERZO O RETIRO?


Según nos contaba ayer la tribuna de doctrina en ésta nota (a la cual corresponde la imagen de apertura) el gobierno refuerza el control de las fronteras, y piensa involucrar cada vez más a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior; según un nuevo esquema que surgiría de un par de decretazos a la firma de Macri.

Más allá del peligro que la iniciativa entraña (en tanto vulnera leyes fundamentales de la democracia, consensuadas en más de 30 años y diferentes gobiernos) y que en su momento analizaremos en detalle si se concreta, lo cierto es que nos están diciendo que refuerzan la seguridad en los pasos fronterizos, lo que es función primordial de la Gendarmería.

Y hablando de Gendarmería, también los diarios de ayer (como por ejemplo acá Clarín) daban cuenta de que el gobierno piensa "blindar" el conurbano, enviando gendarmes en cantidades a los distritos más calientes en apoyo de la policía bonaerense.

Sin embargo, una mirada detallada sobre los recursos asignados a la fuerza en el presupuesto de éste año y el del año que viene, permiten poner en entredicho que el gobierno esté "reforzando" ambas cuestiones: el control de las fronteras, y la seguridad interior.

Hace unos días en ésta entrada mostrábamos como el ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich es uno de los que registra los peores números de la ejecución presupuestaria. 

El primero de los cuadros de abajo expone los rubros del presupuesto de Gendarmería Nacional para éste año, y el siguiente los del año que viene según el proyecto que envió Macri al Congreso:





De las cifras expuestas puede extraerse algunas conclusiones, a saber:

* El presupuesto global de la fuerza crecería de éste año al que viene un 45,18 %, cuando el aumento global del gasto público en el mismo período sería del 22,1 %. Es decir que crece más del doble del promedio del gasto total.

* Hay rubros del presupuesto de Gendarmería que crecen más incluso que ese 45,18 %, a saber: "Atención de Pasividades" sube un 72,97 %, como consecuencia de que de un número de 15.880 retiros y pensiones, la fuerza pasaría a pagar 17.370. 

* De esos 1490 beneficios más, 1410 serían nuevos retiros de personal en actividad; al no haber información disponible sobre los ingresos, es difícil saber si el balance será una Gendarmería con más o menos efectivos.

* Otro rubro que crece exponencialmente es "Inteligencia criminal", que subirá un 55,36 % de un año a otro; algo particularmente inquietante cuando se denuncia que el gobierno tiene su propio "Proyecto X" para el espionaje de la protesta social.  

* Los recursos para "Seguridad en fronteras" crecerían un 37,80 %, o sea casi 8 puntos por debajo del crecimiento del presupuesto global de la Gendarmería; y peor aun es el caso de "Operaciones complementarias de seguridad interior": crecerán sus partidas un 28,89 %, casi 16 puntos por debajo del aumento global de recursos de la fuerza.

* Como consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior, ambos rubros (que representan los centrales de las tareas específicas de la Gendarmería) que representan el 64,23 % de sus gastos éste año, descenderían al 59,40 % el año que viene. 

Es decir en términos reales, menos recursos para la seguridad en las fronteras, y menos recursos para las tareas de seguridad interior que involucran a la Gendarmería.

También ayer en La Nación nos contaba Pagni que Macri decidió transferir casi 900 millones de pesos del presupuesto de inteligencia de las fuerzas armadas al ministerio de Seguridad y los organismos de su dependencia, sobre todo Gendarmeria Nacional y la Policía Federal; y la AFI, el que analizaremos en otra entrada.

Es tan cierto que la "poda" tuvo esa magnitud (algo más de 885 millones) como que representan una merma del 81,58 % en el presupuesto de inteligencia militar: a no sorprenderse que en ese marco "sorprendan" por ejemplo nuevos ejercicios militares con misiles de los ingleses desde Malvinas.

Y lo que tampoco dice Pagni es que con esos cambios el presupuesto de inteligencia para la seguridad interna (¿o espionaje del conflicto social?) representará casi 10 veces el de la inteligencia militar: en cifras redondas, 1930 millones de pesos en un caso contra casi 200 en el otro. 

martes, 17 de mayo de 2016

UN CANTO A LA COHERENCIA


El gobierno que echó a 33.000 empleados públicos con el argumento de que son ñoquis o su trabajo no es necesario, reincorpora a miembros de las fuerzas de seguridad (que hasta ahora no pueden sindicalizarse ni hacer huelga) que protagonizaron una sedición, encubierta como reclamo salarial.

Los reincorpora Pato Bullrich a pedido de Moyano, porque parece que ahora han cultivado una gran amistad, no afectada por los vaivenes de la ley antidespidos.

Pato Bullrich, que en el 2014 siendo diputada votó favorablemente la Ley 27.079 (ver el acta respectiva acá) que en base a un proyecto presentado por Aníbal Fernández en el Senado modificó el artículo 252 del Código Penal, agregando este texto: "El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos (2) a ocho (8) años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos" .

Lo que supone que un gendarme o policía que hiciera hoy lo mismo que el gendarme Maza (¿se acuerdan de él?) y los demás autoacuartelados, iría preso; y quedaría inhabilitado para ocupar cargos públicos. 

Pero a ellos los reincorporan a la fuerza, a lo mejor para tener mano de obra más predispuesta a cagar bien a palos a trabajadores que protesten por ser despedidos, o por reclamar aumento de salarios. Como en Cresta Roja, ponéle.

martes, 14 de octubre de 2014

ESQUIZOFRENIA PROGRESISTA


A los socialistas les molesta que el gobierno nacional actúe en la provincia, como vemos en el tuit de apertura.

Los radicales en cambio, lo reclaman:


Fue una reunión para salir en los medios y hablar un rato al pedo haciendo catarsis; porque como vemos, no hubo ningún anuncio concreto.

Y no estuvieron ni el gobernador ni el ministro de seguridad de la provincia; por lo que resulta oportuno recordar lo que dice la Ley 24.059 de seguridad interior respecto al envío de fuerzas federales a las provincias:

"ARTICULO 23. El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal estará estrictamente sujeto al cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada;

b) Cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal;

c) En situación de desastre según los términos que norman la defensa civil.

ARTICULO 24. Producidos los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dominar la situación. Se dará al Comité de Crisis la intervención que le compete, de acuerdo a lo normado en la presente ley." (las negritas son nuestras).

Así que por más que cacaree Corral, o que sanatee Barletta (que anda por ahí diciendo que él ya pidió que venga la gendarmería), mientras no lo pida Bonfatti, no puede venir.

¿Habrá que esperar que vuelva de México, o mandará un tuit desde el free shop como hizo De La Sota en su momento desde Panamá?

jueves, 7 de marzo de 2013

SE SUMA UN PERRO AL ASADO QUE PAGARÍA BINNER


Leemos en "Síntesis de la región": "el operativo es consecuencia de una investigación que venía realizándose desde hace unos veinte días atrás. Participaron en el mismo 10 efectivos gendarmería, al mando del Jefe del Escuadrón local Eduardo Nóbili, tres vehículos, dos motos, un perro detector de drogas de nombre Lula."

jueves, 28 de febrero de 2013

¡HAGAMO' UN ASADO, QUE PAGA HERMEEEES!



¿Quién no lo escuchó decir alguna vez a Binner que el problema del narcotráfico en Santa Fe pasa porque la Nación retiró la Gendarmería de la provincia?

Como seguramente se lo habrán escuchado decir a Alicia Ciciliani, a Bonfatti, a Zabalza, a Galassi y siguen las firmas.

Uno lo escucha tantas veces que al final no les presta atención, y hay gente que tampoco, pero que está convencida de que es verdad; el gobierno nacional retiró la Gendarmería, y no hay gendarmes en Santa Fe.

Y nadie (o casi nadie) se toma el trabajo de corroborar si es o no cierto; como pasó con el famoso 82 % móvil de los jubilados provinciales, o la presunta deuda de la Nación por el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Hace nos días atrás cuando la que volvió con lo mismo fue Alicia Ciciliani, Barricada reflejó en éste post lo que hizo como respuesta Agustín Rossi, que fue simplemente sacarse una foto con los gendarmes del puesto que está sobre la Ruta nacional 11, camino a Villa Ocampo:


Los amigos del programa "Entre el ruido" de Radio Nacional Santa Fe entrevistaron el martes a Binner, y volvió con el tema: el gobierno nacional retiró la Gendarmería de Santa Fe.

Y como le preguntaron en que se basaba para decir eso, Hermes redobló la apuesta: dijo que por cada moto o puesto de Gendarmería que encontraran los del programa en algún lugar de Santa Fe, él les pagaba un asado.

¿Y qué hicieron entonces los inadaptados éstos?

Les pidieron a los oyentes del programa que llamaran contando si en su zona había o no gendarmes; y lo mismo hicieron con el intendente de Ceres, ciudad que está sobre la Ruta Nacional 34, una de las sindicadas siempre por Binner como parte del trayecto por el cual entra la droga a la provincia (sería la de la cocaína según Hermes, así como la Ruta 11 la de la marihuana).

En éste audio tienen editados los testimonios, de los oyentes y de Busquets, el intendente de Ceres:


Le va a salir carito el asadito a Hermes (que suponemos cumplirá, porque es hombre de palabra: las palabras le salen fáciles), porque los guasos del programa están pensando invitar a los oyentes de distintos puntos de la provincia (Ceres, Totoras, Oliveros, Venado Tuerto) que aseguran haber visto gendarmes en las rutas de Santa Fe.

Y de yapa del mismo reportaje, les dejamos éste otro audio donde Hermes confunde la famosa camioneta con droga que supuestamente era del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con las plantitas de marihuana que le encontraron en su momento al hijo de Emilio Pérsico:


O sea ésta noticia (que es de enero del 2012, y pasó en Santa Fe), con ésta otra; que es de octubre del 2009, y no pasó en Santa Fe.

Por no decir que respecto de la famosa camioneta la justicia (contra lo que dice Hermes) investigó, y llegó a la conclusión que no tenía nada que ver con Desarrollo Social de la nación.

Si paga o no paga el asado lo sabremos en el futuro, pero al parecer Hermes al fernet ya le estaría dando; con efectos devastadores.

lunes, 3 de diciembre de 2012

¿QUÉ PASÓ, LA SUSPENDIERON POR MAL TIEMPO?


Organizar una marcha a Plaza de Mayo un domingo de diciembre, a las cinco de la tarde, y cuando se definía el torneo de fútbol, sólo se le puede ocurrir a estos cabeza de termo.

Es al pedo, los milicos (con honrosas excepciones, como Perón) jamás entendieron nada de política, apenas servían para tumbar gobiernos.