En la sesión de ayer la Cámara de Diputados de la Nación no pudo convertir en ley el proyecto que venía en revisión del Senado, por el cual se modifica la Ley 26122, que reglamenta el control por el Congreso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes vetadas.
La iniciativa tenía por objeto restringir la atribución del presidente de dictar este tipo de normas (en especial los DNU), y establecer -por ejemplo- que tiene un plazo determinado de vigencia transcurrido el cual caducan si no son ratificados por el Congreso; para lo que se requeriría la aprobación de ambas Cámaras y no como es actualmente, en que la norma queda convalidada con el voto favorable de al menos una de ellas.
En la votación en general el proyecto obtuvo 140 votos positivos (95 de ellos de Unión por la Patria), 80 negativos y 17 abstenciones; es decir que no alcanzó los dos tercios de los votos de los presentes (pensando a futuro en un seguro veto de Milei), pero sí la mayoría especial requerida por el artículo 99 inciso 3) de la Constitución Nacional: mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara, lo que en Diputados son 129 votos positivos o afirmativos.
Pero como dijimos el proyecto no pudo ser convertido en ley y deberá volver al Senado -como quería el gobierno para ganar tiempo y esperar la renovación de bancas de diciembre-, porque en la votación en particular del artículo 3 (que establecía el citado plazo de caducidad de los DNU a los 90 días si no son aprobados por el Congreso), el dictamen de mayoría obtuvo 127 votos (entre ellos otra vez, 95 de Unión por la Patria), es decir dos menos de los exigidos por la Constitución para su aprobación.
Para que eso suceda, fue decisivo el concurso de algunos de los gobernadores que le volvieron a salvar las papas al gobierno de Milei, como los de Misiones, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y Salta; y de buena parte de los diputados de la UCR, que se abstuvieron o se ausentaron a la hora de la votación, tal el caso de Martín Tetaz o Facundo Manes; que antes de la sesión protagonizó otro escándalo, esta vez con el presidente de la Cámara Martín Menem, de quien dijo haber recibido amenazas.
Entre los gobernadores colaboracionistas con Milei (una vez más y van) hay que contar a Pullaro, no solo porque los diputados por Santa Fe del PRO (partido que integra la alianza oficialista en la provincia, y es presidido por la vicegobernadora Scaglia, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de Pullaro por "Provincias Unidas" para el 26) Bongiovanni, Figueroa Casas (convencional constituyente junto con Pullaro en la reforma de la Constitución provincial) y Laspina votaron en contra del proyecto en general y en particular, y Núñez estuvo ausente.
La diputada radical Melina Giorgi ("la" representante de Pullaro en la Cámara de Diputados de la Nación) se abstuvo en la votación en general (al igual que Mario Barletta) y votó en contra en la votación del artículo 3, con la clara intención de evitar que fuera sancionado alcanzando la mayoría especial que requiere la Constitución por la materia de que trataba el proyecto. Barletta en cambio -acaso envuelto en vapores etílicos- votó sorprendentemente a favor el artículo 3, luego de haberse abstenido en la votación en general.
Repárese en que esta nueva agachada de Pullaro (que recorre el tramo final de la campaña tratando de esgrimir un discurso opositor al gobierno de Milei) ni siquiera puede justificarse en una estrategia definida en conjunto entre los integrantes de las comparsa autodenominada "Provincias Unidas": los diputados cordobeses que responden a Llaryora y Schiaretti votaron a favor del proyecto, junto con -por ejemplo- el bloque de Unión por la Patria.
Imagen (corresponde a la votación del artículo 3) y tuit relacionados:
— La Corriente K (@lacorrientek) October 9, 2025
