UNA LÍNEA DE COHERENCIA

 

Sabrina Ajmetech (una historiadora investigadora del CONICET) aparece en las listas de "Cambiemos" (o como carajo se llamen ahora) como candidata, y descubren viejos tuits suyos en los que niega la soberanía y los derechos argentinos sobre Malvinas, entre otras barbaridades.

Todos fingen horrorizarse, y es muy posible -aunque no seguro- que por esas y otras expresiones la terminen bajando de la lista, lo cual sería lo menos que pueden hacer: no puede aspirar a ser legisladora nacional alguien que desconoce la Constitución o propugna violarla. 

En efecto, la Disposición Transitoria Primera, agregada en la reforma de 1994, es muy clara al respecto: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.".

Sin embargo, no puede haber sorpresas: su valedora para colarse en la lista (Patricia Bullrich) había dicho hace poco que las islas bien podían ser entregadas como garantía al laboratorio Pfizer, para que nos vendiera sus vacunas. Y Macri, cuando era Jefe de Gobierno, se preguntaba para qué queríamos recuperarlas, si eso solo contribuiría a aumentar el déficit. Siendo presidente luego, firmó el vergonzoso acuerdo Duncan-Foradori (que por cierto aún no ha sido denunciado); y fue el gobierno que menos hizo -por lejos- en defensa de nuestros derechos soberanos sobre las islas.

Ricardo López Murphy (otro hallazgo que nos trajo el cierre de listas) vuelve a insistir con el negacionismo no solo de los 30.000 desaparecidos, sino de la existencia misma de un plan de represión ilegal organizado, que sumió al país en un genocidio. Con apoyo en autoridades como Darío Lopérfico o Graciela Fernández Meijide, vuelve con la cantinela de que la cifra fue inflada para cobrar indemnizaciones, y a blandir muy suelto de cuerpo la teoría de los dos demonios.

Otra vez, nada que sorprenda: el "Bulldog" fue parte del gobierno de De La Rúa (aun hoy se recuerda su breve interinato en Economía, eyectado por la Franja Morada al proponer un recorte al presupuesto universitario), que cuando el país estaba en llamas y a pocos días de dejar el gobierno, dictó el Decreto 1581/01, por el cual denegaba las solicitudes de extradición cursadas por Baltasar Garzón y otros jueces extranjeros para juzgar a los represores; en momentos en los que en el país no se los podía jugar por la vigencia de los indultos y las leyes de impunidad.

De hecho el decreto (que luego sería derogado por Néstor Kirchner por el Decreto 420/03) en sus considerandos rescata toda la arquitectura jurídica montada durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, para clausurar definitivamente la revisión judicial de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Arranca por la teoría de Alfonsín distinguiendo a los que dieron las órdenes, y a los que "se excedieron" en su cumplimiento, para terminar con la obediencia debida y el punto final: pueden leerlo acá.

Después vino el macrismo, en alianza con la UCR, en otro gobierno del que formaron parte Lopérfido, Lombardi y Patricia Bullrich, para decir que había que terminar con el curro de los derechos humanos. 

Es decir entonces que no hay exabruptos, ni descuelgues, ni opiniones sacadas de contextos, ni casualidades: hay toda una línea de perfecta coherencia, que los ha llevado hasta acá, a que les ofrezcan lugares en las listas, quienes se los ofrecieron. Están donde tienen que estar.