UNA JUSTICIA RE COPADA

     

"Ni se les ocurra dejar afuera a los candidatos nuestros", les faltó decir @serdelfino: https://t.co/5WtIAOhNat

— La Corriente K (@lacorrientek) September 23, 2022

¿Vieron que ahora está de moda hacer la del tero con la justicia y sus relaciones con el poder político, pegando el grito por un lado y poniendo los huevos por el otro?

Algo así sucede en la nación, con la discusión en el Senado de un proyecto de ley para ampliar a 15 el número de miembros: "es para garantizarle la impunidad a Cristina, no lo vamos a permitir", salen a gritar a coro los tipos que metieron dos de los actuales cuatro miembros del tribunal por decreto, uno de los cuáles se votó a sí mismo como presidente de la Corte, y del Consejo de la Magistratura. Si hasta se queja del tema Gerardo Morales, que lo primero que hizo en Jujuy cuando asumió fue armar una Corte a su medida con diputados radicales, parientes y amigos.

Pero acá en Santa Fe también se consigue la indignación republicana de los hipócritas que, en esas cuestiones, están más sucios que una papa: vemos acá como los legisladores provinciales de lo que otrora fuera el Frente Progresista, en trance de transformación en Unión Democrática santafesina para las elecciones del año que viene, protestan porque hace unos días Perotti modificó por decreto la reglamentación del Consejo de la Magistratura (que en Santa Fe no tiene rango constitucional, ni siquiera legal) en lo que hace a la conformación de los jurados de concursos para -entre otros- cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal.

Pues bien, esta gente a partir de eso sospecha de la transparencia de los concursos que deben realizarse para cubrir cargos muy importantes, como el Fiscal General (el jefe de todos los fiscales), los cinco fiscales regionales, el Auditor del MPA (o sea el encargado de controlar la labor de todos los fiscales y el Defensor o Defensora General.

Como toda institución estatal, el MPA (creado durante el segundo gobierno de Obeid, pero que solo empezó a funcionar ya con el Frente Progresista) debería ser juzgado por sus resultados, y de ser así, el santafesino no sale muy bien parado que digamos: hasta acá ha sido más un aguantadero de radicales y socialistas para colocar gente que les cubra las espaldas cuando no estuvieran en el gobierno, que algo que sirviera para mejorar la administración de justicia, o contribuir a disminuir los niveles de delito: los porcentajes de condenas por hechos delictivos a los que llega son alarmantemente bajos, por ejemplo.

Pero si algo no tuvo el MPA hasta acá, ha sido independencia de los poderes políticos, o no injerencia de éstos en su funcionamiento: baste recordar que por estos días se discute en la Legislatura una ley para dar marcha con la reforma que, en tiempo relámpago, aprobaron en 2017 radicales y socialistas para que las sanciones disciplinarias a los fiscales por mal desempeño de sus funciones las disponga la Legislatura en lugar del propio MPA, como era al principio. Sucedió luego de que algunos fiscales investigaran en simultáneo a Pullaro (entonces ministro de Seguridad de Lifschitz) por acomodos en los concursos para ascensos en la policía y en chanchullos varios de la cartera, y a Corral por el escándalo de las cooperativas truchas.

Tampoco es la primera vez que en la provincia se modifica la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura: solo considerando el tiempo transcurrido entre diciembre del 2007 (asunción de Binner como gobernador) y octubre del 2013 (mitad del mandato de Bonfatti), es decir cuando se ponía en marcha el sistema acusatorio en el proceso penal en Santa Fe y comenzaba a funcionar el MPA, hubo siete (7) modificaciones del reglamento del Consejo, siempre en lo atinente a los concursos para cubrir cargos. Y los tres gobernadores del socialismo (Binner, Bonfatti y Lifschitz) cada uno a su turno lo "crearon" de nuevo, como si no existiera.    

Y lo que más hicieron fue acomodar gente a lo pavote en la justicia, en el MPA y en el Servicio de la Defensa; tata que -por ejemplo- de las 45 personas que ahora se anotaron para los concursos en los cargos vacantes de Fiscal General, Fiscales Regionales (5) y Auditor, 25 ingresaron al MPA siendo designados durante los gobiernos del Frente Progresista, entre 2013 y 2018, casi todos ellos (por no decir todos) sin previa carrera en el Poder Judicial, o sea desde la calle.

En esa situación están 7 de los 13 anotados para el cargo de Fiscal General, 10 de los 16 anotados para el cargo de Fiscal Regional de Santa Fe, 11 de los 15 anotados para el cargo de Fiscal Regional de Rosario, y 5 de los 11 anotados para el cargo de Auditor del MPA; más de uno de ellos ex funcionarios políticos de los gobiernos de Binner, Lifschitz y Bonfatti. 

Si hiciéramos el mismo repaso para los anotados para cargos en el Servicio Público de la Defensa (incluyendo el cargo de Defensor General), sería igual o peor: en ésta nota de hace algo más de un año contaba Gustavo Castro como más de 30 funcionarios políticos de los gobiernos socialistas entraron a la justicia sin escalas, en las gestiones del Frente Progresista.   

Por el contrario, entre las 45 personas anotadas para cubrir distintos cargos en el MPA (que en la práctica son 82, porque varios se anotaron simultáneamente en más de un concurso) no hay ningún funcionario del actual gobierno de la provincia. Lo cual sería un motivo menos de preocupación para gente que suele estar preocupada por las instituciones, la república y coso, sobre todo cuando no gobierna.