NI TIERRA NI FUEGO

 

Tuit premonitorio. Tampoco es que era tan difícil. https://t.co/hbOYXkizt5

— La Corriente K (@lacorrientek) August 6, 2026

38 a 31 para que se vote hoy y no vuelva a comisiones. 3 ausentes. O sea que el problema no era el embarazo de Fernández Sagasti. Es mucho peor. Así más o menos va a salir la votación, a menos que algunos se den vuelta.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 6, 2026

Si no era por la presión de la gente, también votaban a favor la extranjerización de las tierras. Punto para la gente. La dirigencia no pudo explicar a la sociedad que el resto de la ley es igual de mala, o peor. Tal vez faltaron más banderas de los jugadores de la selección.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 6, 2026

Lo de ayer demuestra que hay una sociedad dispuesta a acompañar un proyecto alternativo, si se la conduce y representa. Lo de hoy demuestra que el problema está en la representación.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 6, 2026

Por eso había que tomar en serio las idioteces de Milei viendo terroristas por todos lados y adhiriendo a la cruzada yanqui por la seguridad nacional frente a las "nuevas amenazas izquierdistas". Porque son el soporte teórico para la barbarie que están ejecutando contra el pueblo

— La Corriente K (@lacorrientek) August 6, 2026

En 2001 el Congreso sesionaba vallado y reprimían porque explotó un modelo que era insostenible. Hoy parece igual pero no lo es: asistimos al intento de blindar (legalmente y por la fuerza) un modelo inviable. "Que se vayan todos" no fue la solución entonces y no lo será ahora.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 7, 2026

Me parece a mí que hay cierta incoherencia entre haber ido a la plaza hoy y haber dicho ayer que Quintela no te representa cuando advierte que un futuro gobierno peronista va a revisar las privatizaciones y expropiar lo que haga falta. Ojo, a mí, eh. Me puedo equivocar, claro.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 7, 2026

Reprimir a los que protestan contra las políticas del gobierno debe ser parte de la seguridad jurídica que reclaman los inversores: tener la certeza de que toda oposición a la entrega del país a sus intereses será impiadosamente arrasada. Eliminar el "riesgo país" a palazos sería

— La Corriente K (@lacorrientek) August 7, 2026

Mientras un sector de la sociedad que nunca se sintió convocado por el peronismo/kirchnerismo se movilizó en defensa de una ley de Cristina (la de tierras) y otra de Máximo (la de manejo del fuego) una parte de tu electorado te putea. Algo estás haciendo mal y no es embarazarte.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 7, 2026

Dice el Gato Sylvestre que fue impresionante el trabajo del presidente del Comité Nacional de la UCR, Chiarella, para convencer a senadores de su partido de votar en contra. Los dos senadores radicales por Santa Fe (Losada y Galaretto), la provincia de Chiarella, votan a favor.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 7, 2026

Le están pidiendo a Villarruel que detenga la represión. A la petera de Videla. Te juro que yo ya no puedo más, sigan ustedes.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 7, 2026

No se trata de fijar prioridades porque la ley en su conjunto era horrible, pero que poco asumieron la política y la sociedad la defensa de los inquilinos y la grave problemática de la falta de vivienda propia.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 7, 2026

Habitualmente enfocados en lo extraordinariamente hija de puta que es Patricia Bullrich, solemos pasar por alto que además es inconmensurablemente bruta en casi todas las materias. Por no decir en todas.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 7, 2026

Un juez de garantías que supervise en persona cada operativo policial en las manifestaciones para prevenir violaciones al derecho constitucional de peticionar a las autoridades. Solo un sueño.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 7, 2026

Entienden la corrupción cuando les muestran bolsos con fajos de guita, y la soberanía cuando les hablan de tierras. Más allá de los sesgos ideológicos (como el gorilismo) que afectan la capacidad cognitiva de muchos, hay una incapacidad social seria para la abstracción conceptual

— La Corriente K (@lacorrientek) August 6, 2026

Si la ley prospera, para que se apliquen los desalojos sin orden judicial deberían modificarse los Códigos Procesales provinciales. En ese caso de qué se disfrazarían los gobernadores como Pullaro que se hacen los boludos cuando mandan a sus legisladores a votarle leyes a Milei?

— La Corriente K (@lacorrientek) August 6, 2026

Si rascando un poco detrás de los cambios a la ley de tierras encontraron el curro de Benegas Lynch, imagináte los que habrá atrás de los cambios a la ley de manejo del fuego. Aparte de los Lewis y Peter Thiel de la vida, obvio. Se podría decir que no hay votos a favor gratis.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 6, 2026

Sturzenegger está diciendo que San Juan vendió sus glaciares por una gigantesca coima de 250 millones de dólares, o es una impresión nuestra?

— La Corriente K (@lacorrientek) August 6, 2026

Pasábamos por acá para recordarles que la última vez que se discutió en el país una ley para impedir los monopolios y terminar con las posiciones dominantes del mercado, nuestros raros liberales votaron en contra y apenas pudieron la mutilaron por decreto. Ley de medios se llamó.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 6, 2026

MOVILIZAR SIEMPRE SIRVE

 

Movilizar siempre sirve, aunque te quieran convencer de lo contrario. Y movilizar no es solo manifestar o llenar las plazas: es concientizar, esclarecer, convencer, explicar. Luchar en definitiva por una idea, un proyecto, un derecho. Por eso se habla de conquistas.

Aunque nos quieran ahogar con discursos de posibilismo y correlaciones de fuerza, y aunque la realidad circundante parezca a veces darles la razón, porque el palacio es sordo a los rumores de la calle, y sufrimos una crisis de representación: siempre se puede permear el pulso social al interior del sistema político, y obligarlo a frenar, retroceder, y también a avanzar. De eso se trata en esencia la democracia, y no solo de ir de vez en cuando a votar, y listo.

 

Vengan estas reflexiones a cuento de la decisión del gobierno de Milei (forzada por la presión popular) de retirar del esperpento conocido como "ley de inviolabilidad de la propiedad privada" el capítulo referido a la eliminación de las restricciones a la venta de tierras rurales a los extranjeros, establecida por la Ley 26.737 (2011) 

Es posible que la amplitud y masividad social que alcanzó el reclamo en defensa de nuestra integriddad territorial soberana le deba mucho de su impulso al clima mundialista, pero demostró lo poderosas que pueden ser en políticas las emociones (vaya si Milei lo sabe), y la potencia de ideas que nos decían que estaban perimidas como patria, territorio, soberanía, nación, pueblo. Tan vivas están que se las quisieron apropiar ellos mismos, disfrazándose de nacionalista y cuestionando la "campaña anti-argentina" mientras orquestaban la entrega del país. 

El retiro -al menos por ahora- del capítulo del proyecto sobre la extranjerización de la tierra deja una poderosa enseñanza a futuro en términos políticos y sociales; enseñanza que deberá aplicare ya mismo, desde hoy, a lo que quedaría en pie del proyecto, que es tanto o más perjudicial aun para el país y la inmensa mayoría de sus habitantes: la posibilidad de que los inquilinos sean desalojados sin orden judicial, la eliminación de las restricciones de la ley de manejo del fuego a los usos productivos posteriores de las tierras incendiadas, o la amputación de las facultades del Estado para expropiar cosas por causa de utilidad pública, algo que contempla la Constitución Nacional desde 1853; y que acaba de reconocer hasta la propia justicia yanqui, en el juicio seguido contra el país por la expropiación de YPF.

Éste último aspecto en particular -uno de los más perniciosos y silenciados del proyecto- se complementa con los cambios que se querían introducir a la ley de tierras (para que ningún gobierno posterior pudiera revertir la extranjerización, aun volviendo a modificar la ley o reponiendo los límites de la ley de Cristina), con las concesiones hechas en el RIGI y el Súper RIGI a los inversores extranjeros que apuesten a la economía de enclave en construcción, con el proyecto sobre la "autonomía" del Banco Central, con los acuerdos con el FMI y con la necesidad de blindar las gravosas privatizaciones de éste gobierno, que está vendiendo a precio vil bienes comunes de los argentinos, que llevó años y esfuerzos construir.

Un plan perfectamente orquestado (no por Milei ni Sturzenegger, que son simpemente los mascarones de proa) para vaciar el Estado, amputarle todas las facultades y los atributos inherentes a su soberanía y los instrumentos necesarios para dirigir por sí mismo y conforme lo decida su pueblo, su destino histórico. Un país privado de su facultad de emitir moneda, dirigir su propia política económica utilizando todos los instrumentos a su alcance (al fin y al cabo para eso fueron al FMI: para que lo dirijan otros), ejerrcer un control efectivo sobre su territorio y sus fronteras, o imposibilitado de revertir los latrocinios consumados en su contra por un gobierno de ocupación, aunque sea elegido.

En definitivas se trata de mucho más que la discusión de una ley o un capítulo dentro de ella, sino del sentido último de la democracia: si el destino del país lo decide su sociedad, o el poder económico incluso en contra de los deseos de una amplia mayoría de ella, como pasó con la ley de tierras. Se trata de superar el desencanto democrático y la tentación del ausentismo electoral (que el régimen fomenta porque son en su propio beneficio), y extraerle a la democracia todas las posibilidades que ofrece como sistema de representación política de los intereses y los deseos de la sociedad. 

De allí entonces que aunque se haya logrado una victoria (no menor, en el contexto) hay que seguir la lucha, movilizando para exigir que se caiga toda la ley, del primero al último de sus artículos; sin permitirles el atajo de meter por la ventana lo que les obligamos a sacar por la puerta trasera. Tuits relacionados:

No se puede entregarle nuestra tierra a los extranjeros pero si se puede incendiarla sin consecuencias, echar a los inquilinos sin orden judicial y prohibir que se expropien empresas privatizadas por éste gobierno. Al menos eso es lo que plantea la oposición dialoguista.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 5, 2026

Las Malvinas son argentinas. Las tierras también. Al igual que los bosques nativos y los que pueden ser echados a la calle por no pagar un mes el alquiler.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 5, 2026

Sáenz, Jaldo, Figueroa, Rovira, los radicales, no retrocedieron porque se volvieron patriotas, sino porque son cagones. Hay que seguir apretándolos socialmente con el resto de la ley y con cada guasada en la que quieran acompañar al gobierno. Les tiene que costar políticamente.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 5, 2026

DAME FUEGO

 

Javier Milei llevaba apenas 11 días como presidente cuando dictó el DNU 70/23, una verdadera reforma constitucional encubierta que hasta el día de hoy sobrevive -aunque con algunas de sus disposiciones suspendidas por cautelares judiciales- gracias a la complicidad de buena parte de la oposición "responsable" que se niega a tratarlo en el Congreso, y de la Corte Suprema de Justicia que tiene cajoneadas causas que lo involucran, hace dos años.

Entre sus muchas turradas -quirúrgicamente introducidas por las manos expertas de los estudios jurídicos que asesoran a los más grandes grupos empresarios del país- hay un Título VI, que bajo el insólito título de "Bioeconomía", contiene el artículo 154, por el cual se deroga la Ley 26737 aprobada a fines del 2011 cuando comenzaba el segundo mandato de Cristina, coloquialmente conocida como ley de tierras, pero cuyo nombre oficial es "Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión y Tenencia de las Tierras Rurales".

Como es sabido, la ley tuvo en su momento el propósito de frenar la extranjerización de tierras rurales, imponiendo límites al porcentaje de propiedades que podían adquirir los extranjeros (personas o sociedades), y el tamaño de cada una de esas propiedades. Fue reglamentada por Cristina por el Decreto 274/12, y al momento de su sanción tuvo -en Diputados- 26 votos negativos, todos de diputados de la UCR, la mayoría de ellos provenientes de las entidades ruralistas de la Mesa de Enlace.

Antes de su derogación por el decretazo de Milei (medida suspendida por una cautelar judicial en primera y segunda instancia, y sujeta a fallo de la Corte), Macri intentó tergiversarla por completo -con el pretexto de reglamentarla- por el Decreto 820/16: más información al respecto, acá. En el DNU y por todo fundamento de su derogación, Milei dice expresamente en los considerandos: "Que, a su vez, es menester derogar la Ley N° 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector.".

Los fallos judiciales adversos no detuvieron al gobierno de Milei en su intención de llevarse puesta la ley de tierras de Cristina, y como pueden ver en el video de apertura (a partir del minuto 5), hace un mes atrás Adorni anunció que se enviará un proyecto de ley al Congreso para su derogación, junto con los cambios que -a instancias de un proyecto presentado por Máximo Kirchner- se introdujeron en noviembre de 2020 en la Ley 26815 de manejo del fuego: en ésta entrada hay más información al respecto. 

Esos cambios refieren a la prohibición (por plazos que van desde los 30 a los 60 años) de modificar los usos productivos de propiedades afectadas por incendios sean estos intencionales o naturales, para frenar maniobras especulativas que se vienen produciendo en el país desde hace años con esa metodología (provocar incendios para abaratar el precio de la tierra y luego de comprada a precio vil, emprender otro desarrollo económico), en especial en las provincias de la Patagonia.

Cuando en noviembre de 2020 se votó la ley (que lleva el N° 27604) se aprobó en Diputados por 132 votos contra 96, estos últimos en su casi totalidad de la UCR, el PRO y algunas fuerzas provinciales, como el Movimiento Popular Neuquino. Los diputados que votaron en contra corresponden incluso en muchos casos a las provincias más afectadas por los incendios forestales (como las patagónicas), porque prevalecieron las lógicas partidarias (y los intereses económicos concretos que estas defienden), por encima de la defensa de los intereses de sus provincias.

Si el DNU 70 era parco a la hora de fundamentar la derogación de la ley de tierras, el informe final del Consejo de Mayo (al que pueden acceder completo acá) es más amplio, pero no más revelador de las intenciones reales: respecto a la ley de tierras y su derogación dice "Uno de los principales sectores productivos del país es el agropecuario, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos. Desde el año 2011, la inversión internacional en este sector ha sido obstaculizada a través de la Ley N° 26.737. Esta ley prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, lo que desalienta la inversión en el sector. Nuestros convencionales constituyentes, casi dos siglos atrás, entendieron que la inversión extranjera es deseable y conducente al desarrollo de un país. Incluyeron varios artículos que promueven la inversión extranjera en la Constitución Nacional, entre ellos los artículos 20, 25, 27 y 75 inciso 18, que promueven la igualdad de derechos civiles, el estímulo a la inmigración, la celebración de tratados que favorezcan el comercio y el desarrollo, y la atracción de inversiones productivas. En pos del crecimiento del país, y en línea con nuestra Ley Suprema, se propone la modificación de la Ley N° 26.737 liberando la compra por parte de privados extranjeros. No obstante, la compra por parte de entes estatales extranjeros seguirá sujeta a autorización previa, preservando así los intereses estratégicos y la seguridad nacional.". (las negritas son siempre nuestras)

El argumento de las inversiones es falso y además viejo, tanto que ya había sido desechado por la propia Ley 26737, que en su artículo 11 dispone lo siguiente: "A los fines de esta ley y atendiendo a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscriptos por la República Argentina y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país receptor.". Tampoco hay ni hubo ningún fallo judicial que en sus 14 años de vigencia dijera que la Ley 26737 se contrapone a la Constitución Nacional. 

Pero como lo dice Adorni en el video de apertura -enfatizando para que no queden dudas que el proyecto fue de Máximo-, ahora el gobierno libertario decidió ir más allá, y cargarse también los cambios a la ley de manejo del fuego, con estos argumentos que trae el informe del Consejo de Mayo: "A su vez, también hubo intromisión sobre la propiedad privada del sector agropecuario con las reformas del año 2020 a la Ley N° 26.815. Básicamente, si hay un incendio, aún si es accidental, los dueños o locatarios de un campo no pueden alterar su finalidad productiva entre 30 y 60 años posteriores al incendio. Los productores pueden sufrir una catástrofe doble: además de sufrir un incendio, no pueden adaptarse a los cambios productivos, lo que disminuye su capacidad para recuperarse económicamente y reduce el valor de su campo.".

Pese a que el documento del Consejo aclara que en todos los puntos debatidos se deja constancia de la discusión producida entre sus miembros y las distintas opiniones habidas al respecto, eso no ocurre con ninguno de estos dos temas (ley de tierras y ley de manejo del fuego); por lo que cabe suponer que todos los consejeros estuvieron de acuerdo en esas reformas que el gobierno quiere impulsar. Para que conste ellos fueron: Manuel Adorni, Alfredo Cornejo (UCR), Carolina Losada (UCR), Gerardo Martínez (CGT), Martín Rappallini (UIA), Cristian Ritondo (PRO) y Federico Sturzenegger.

Estos recordatorios se nos ocurren imprescindibles en estos momentos en que buena parte del patrimonio natural y colectivo del país está siendo arrasado por los incendios mientras las poblaciones afectadas denuncian la deliberada inacción del gobierno; que recortó en un 78 % las partidas del Plan Nacional del Manejo del Fuego, las vuelva a reducir en un 53 % en el presupuesto para éste año aprobado hace poco por el Congreso, y se apropió de más de la mitad de los fondos que la Ley 25054 (1998) destina a las actividades de los bomberos voluntarios. Así como también se denuncia la presencia de intereses extranjeros en la adquisición de tierras en las provincias de la Patagonia, en especial.

Lo que nos lleva a recordar que al experimento libertario no le ha ido nada mal en las elecciones habidas en la Patagonia desde 2020 (cuando se aprobaron los cambios a la ley de manejo del fuego) para acá, sea para el proceso que culminó con la elección de Milei como presidente, o en las recientes elecciones legislativas para renovar las Cámaras del Congreso. La mayoría de los incendios son intencionales (al menos eso surge de las primeras pericias) y por ende tienen responsables materiales concretos, como también tienen beneficiarios económicos bien concretos del mapa que dibujan, cuando se apaga el fuego.

Y también supone que los ciudadanos -de la Patagonia y de todo el país- deberán tomar conciencia de como votan, y empezar a hacer cargo de las consecuencias de lo que hacen cada vez que tienen una urna enfrente.