LA LEY Y LA TRAMPA

 

Dos aspirantes que fueron bochados en el examen ahora son jueces por pedido del gobernador y el voto de sus legisladores. Estamos sentando un mal precedente de cara al futuro porque, como ya he dicho: los están metiendo por la ventana. pic.twitter.com/uSiJnWSHhA

— Marcos Corach (@MCorach) September 6, 2024

Quedó relegado a un segundo plano de la atención pública por la media sanción de la reforma previsional impulsada por Pullaro, pero la Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de los jueces que integrarán la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Penitenciaria creada por la Ley 14243, sancionada apenas comenzó el nuevo gobierno provincial.

Los pliegos fueron aprobados exclusivamente con los votos de los legisladores del oficialismo al menos en dos de los tres casos, porque los candidatos fueron "metidos por la ventana", como lo recuerda el diputado Corach (PJ) en el video de apertura: habían rendido mal en la prueba de oposición, recurrieron, el gobernador les dio la razón mediante un decreto y fueron readmitidos al concurso, pero aun así, estaban en el fondo de la tabla en el orden de méritos, 8º y 12º, para ser más precisos.

El gobierno de Pullaro -especialmente el ministro Cococcioni- se tiraron sobre la granada reivindicando el derecho del gobernador para proponer los candidatos que juzgue más idóneos, para asegurarse los resultados de la política de seguridad, que vincularon directamente a lo que pasa en las cárceles. En líneas generales el mismo argumento esgrimió el socialista Farías para votar los pliegos. 

Algo de razón tienen: la ley de creación de la Cámara permite en su artículo 58 realizar tareas de inteligencia sobre los presos recluidos en las cárceles provinciales y sus familiares cuando los visitan, y su artículo 59 dispone que son los camaristas (ahora designados) quienes deben autorizar las escuchas telefónicas, el espionaje acústico en las celdas y lugares de reclusión y la infiltración de agentes encubiertos; es decir que más que jueces son parte del aparato de espionaje oficial.

El concurso para cubrir los cargos de camaristas arrancó regido por el Decreto 854/16 de Lifschitz que reglamentaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, hasta que en el medio del proceso Pullaro cambió las reglas de juego dictando el Decreto 659 de mayo de éste año que lo reemplazó, y si bien el concurso se debía seguir rigiéndose por el decreto de 2016, en la práctica el comportamiento del gobierno (el Consejo de la Magistratura, Cococcioni y el propio Pullaro) fue poner en práctica la nueva norma, que está orientada a reforzar la discrecionalidad del gobernador para elegir candidatos a cargos en la justicia.

Así por ejemplo eliminó este párrafo (que estaba en el decreto de Lifschitz): “La propuesta vincula al Poder Ejecutivo en su composición, pudiendo seleccionar a cualquiera que integre la misma.”.; mientras que se mantiene igual el artículo 25 del reglamento, que dispone todo lo contrario para los cargos jerárquicos del MPA y el Servicio Público de la Defensa Penal: “Para los concursos destinados a la cobertura de cargos de Fiscal General, Fiscales Regionales, Auditor General de la Gestión del Ministerio Público de la Acusación, Defensor General y Defensores Regionales,  el Cuerpo Evaluador elevará una terna con quienes hayan superado ampliamente las pautas de evaluación, sugiriendo un orden de mérito, cuya composición será vinculante para el Poder Ejecutivo.”.

Pero lo más peligroso de las nuevas reglas de juego aprobadas por Pullaro está en el  artículo 26, en el que se agrega esto: “En los concursos para la cobertura de cargos de Magistrados, cuando los mismos se vieran paralizados por causas ajenas a la administración y hubieran transcurrido más de 3 (tres) meses desde su apertura, el Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades constitucionales, se reserva la posibilidad de remitir la solicitud de acuerdo, en relación a los postulantes que cumplieran con los recaudos para la designación propuesta.”. De la redacción surge claramente que en esos casos (si el concurso se paraliza por presentaciones o recursos de los aspirantes, por ejemplo) el gobernador podría proponer acuerdo legislativo para quienes no hayan ni siquiera pasado por un concurso previo.

La maniobra no puede leerse exclusivamente como un intento de manejar las designaciones en la Cámara de Apelaciones que debe controlar lo que sucede en las cárceles para garantizar supuestos resultados de las políticas de seguridad, y no puede desvincularse de otras cosas que están sucediendo en estos mismos momentos, en relación con la justicia y el MPA: la renuncia forzada (por el gobierno) de la Fiscal Regional de Rosario que obtuvo acuerdo de la Legislatura en el gobierno anterior, la existencia de expedientes parados hace meses sin que Pullaro los firme con más de 500 designaciones en juzgados y fiscalías, el intento -a través de la reforma previsional- de provocar una purga en la justicia forzando jubilaciones apresuradas, el llamado a concurso de 55 cargos judiciales vacantes que será regido por las nuevas reglas impuestas por Pullaro, y la ofensiva para remover a los jueces de la Corte Suprema provincial.

Justamente el caso de los camaristas demuestra que, por muy cuestionables que sean los supremos santafesinos (y ciertamente lo son), la idea de Pullaro no es precisamente reemplazarlos por personas más idóneas, sino más afines al gobierno y a sus decisiones. Dicho de otro modo: se trata de una ofensiva del gobierno provincial en toda la línea para completar y perfeccionar la colonización de la justicia y el Ministerio Público de la Acusación que radicales y socialistas llevaron adelante en los 12 años de gobierno del Frente Progresista. 

Hemos dicho muchas veces acá -hablando de la nación pero también de la experiencia provincial, donde existe desde antes pero sin rango constitucional- que el Consejo de la Magistratura era uno de los mayores fracasos de la reforma constitucional del 94´, y un antro a cerrar por razones de higiene, y no nos vamos a desdecir ahora. El tema es que ésta gente nos corría con el verso de que son republicanos y respetuosos de la división de poderes, y la independencia del Poder Judicial: vaya este caso -uno más, por si hacía falta- para no prenderse nunca en esa discusión inútil, salvo para dejarlos expuestos como los hipócritas que son.