Con diferencia de pocas horas, el gobierno de Pullaro anunció una baja sustancia de los homicidios en la provincia, y que a partir del mes de julio todas las gestiones ciudadanas ante las reparticiones públicas debían tramitarse por medios digitales, a través del Portal Ciudadano. Atribuyó ambos logros de gestión (por así decirlo) -entre otros factores- a una fuerte inversión en tecnologías, sistemas y equipamiento.
Pero hete aquí que desde la tarde del jueves y en buena parte hasta ahora, la web oficial del gobierno no está operativa, o no al menos en todas sus funcionalidades. Con lo cual el "gobierno digital" , el "portal ciudadano" y coso...no funcionan.
Supimos luego que la falla fue ocasionada por la puesta en funcionamiento del sistema "Lince" de video vigilancia, que demanda grandes cantidades de energía y cuya conexión a pleno provocó la salida de servicio del Data Center de la provincia.
"Lince" es el sistema estrella del gobierno de Pullaro, al que le atribuyen virtudes mágicas en la lucha contra el delito, con costados como mínimo polémicos: por estos mismos días asistimos a una polémica del gobierno provincial con distintos jueces por allanamientos policiales sin orden judicial, bajo la figura de la "flagrancia digital", que consiste en que las cámaras de vigilancia captan una imagen de conductas presuntamente delictivo, y horas después (hasta 12) y con base en las mismas, la policía allana domicilios y detiene personas.
Y finalmente ésta misma semana (mientras anunciaba el fin de la era del papel en los trámites administrativos) Pullaro firmaba un decreto modificando el presupuesto para asignarle partidas por más de 86.000 millones de pesos a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión para compra de equipamiento, software y servicios asociados al despliegue de distintos programas de gestión digital. De esos fondos, más de 68.000 millones -según el decreto- se reparten en partes casi iguales entre el programa "Lince", y la videovigilancia en las cárceles, mientras poco más de 2000 millones se destinan a la conectividad en barrios populares, y a la intraestructura de conectividad en educación.
Montado sobre un amplio despliegue de recursos públicos invertidos con criterios de prioridad como mínimo dudosos, nichos bien específicos de negocios para un puñado de empresas donde las "exclusividades" o "capacidades especiales" que excluyen la competencia o los procesos transparentes de adjudicación son moneda corriente sin que se lo cuestione, porque hay urgencias (ciertamente reales) que atender; y sin que nadie explique demasiado por que otras (tanto o más urgentes) no se atienden.
Las fuerzas políticas que hoy son oficialismo en Santa Fe bloquearon con su mayoría legislativa durante cuatro años el despliegue del plan de conectividad que había planteado Perotti, porque en parte de su despliegue afectaba los intereses de las cableras y proveedores de internet. Hoy, cuando gobiernan, siguen teniendo las mismas prioridades (los negocios), aunque hayan cambiado las formas paras gestionarlas.
En definitivas, que el episodio sirva para poner en la agenda pública el debate sobre los posibles usos de la tecnología y -por extensión- de los recursos del Estado, y las prioridades en ambos campos. Esa es la verdadera discusión, que nunca se da y siempre se pospone detrás del deslumbramiento con el fetichismo tecnológico, aplicado a cuestiones de resolución compleja, como la inseguridad.
Eso, o construir un gobierno digital sin papeles, para ciudadanos sin acceso pleno a los bienes digitales, o lo que es lo mismo: un gobierno sin demandas ciudadanas que procesar (porque se les cierran los únicos canales habilitados para expresarlas), o de las que hacerse responsable.
Discutir en definitivas la apropiación social de esa tecnología y su accesibilidad democrática, para que no sea simple papel picado el artículo 28 de la Constitución provincial reformada hace pocos meses: "Toda persona tiene derecho al acceso universal, equitativo, asequible, sin discriminación, continuo y de calidad a la tecnología, a la conectividad y a la infraestructura tecnológica. El Estado adopta medidas para la eliminación de las brechas digitales y para lograr progresivamente la efectividad de este derecho que se reconoce como condición para el ejercicio de una ciudadanía plena e igualitaria.".
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