APRENDAN DE PULLARO

 

Es al pedo, @serdelfino, a la hora de hacer huevadas Pullaro marca tendencia: https://t.co/AbPqLUxzdC

— La Corriente K (@lacorrientek) August 25, 2026

Leíamos días pasados en el diario de Nahuel que Weretilneck, el gobernador de Río Negro, acordó con el gobierno de Milei que le transfieran a su provincia la responsabilidad de reparar las rutas nacionales 22 y 151 que son cruciales para logística de la explotación petrolera con epicentro en Vaca Muerta, y están literalmente destrozadas. Nos informa el diario que el esquema replica el que en su momento acordó el gobierno nacional con Pullaro para la transferencia a Santa Fe del mantenimiento y la reparación de la ruta A012, que circunvala Rosario y los puertos del sur provincial.

En su momento analizábamos nosotros en esta entrada el acuerdo al que llegó Pullaro, que generaba más dudas que certezas. Tanto que hubo un pedido de informes del bloque de diputados del PJ en la Legislatura para conocer los detalles del convenio, las obligaciones concretas que asumía la provincia, quien financiaría los arreglos que hay que hacer en la ruta y si la cuestión se discutiría en la esfera legislativa (como reclama la oposición) o no.

Del análisis del convenio surge que por su cláusula primera los trabajos cuya realización asume la provincia a través de Vialidad Provincial exceden los de mera conservación, porque pueden incluir la reconstrucción parcial y total de las calzadas principales y laterales incluidos los accesos a las mismas; siendo a su vez que la provincia aportará el financiamiento para las obras en la ruta, sin reembolso alguno por parte de Vialidad Nacional o el Estado nacional; y queda expresamente establecido que, si durante la vigencia del acuerdo la provincia dispusiera implementar un esquema de concesión de obra pública por peaje sobre los tramos de la ruta transferidos, dicha medida quedará sujeta obligatoriamente a la previa adhesión de Santa Fe al Decreto N* 253/26 de Milei; analizado en su momento acá como lo que es: la legalización del bolsiqueo que viene haciendo Caputo de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos que debería destinarse a mantener y reparar las rutas. 

Por la cláusula quinta del convenio Vialidad Nacional delega en su par de la provincia las facultades de declaración de utilidad pública de los bienes sujetos a los fines de obtener las liberaciones de superficie necesarias para la obras, pero con la condición de que las expropiaciones se hagan por la ley nacional; que en estos momentos está en trance de modificación en el Congreso en el marco de la “ley de inviolabilidad de la propiedad privada” (limitando las facultades del Estado para expropiar), y no por la ley de expropiaciones de la provincia como lo exige el artículo 28 de la Ley 4908 (Ley de Vialidad de la Provincia) para las expropiaciones que lleve a cabo Vialidad Provincial.

De acuerdo con la Cláusula sexta, Vialidad Nacional se reserva las facultades de aprobar o rechazar los trabajos que haga la provincia sobre la ruta (aunque no los pague), y si bien por la Cláusula séptima delega formalmente en Vialidad Provincial el ejercicio del poder de policía y control sobre la traza de la ruta, queda expresamente estipulado que la totalidad de las sumas recaudadas no ingresará a las arcas provinciales; sino que deberá ser transferida y pasar a formar parte del Tesoro Nacional. O sea: la provincia se va a comer las puteadas por las multas, pero no va a ver un peso de lo que se recaude por ellas.

Por la Cláusula décima, si Vialidad Nacional resultare obligada a responder por cualquier clase de reclamo originado en la gestión de Vialidad Provincial sobre la ruta, esta la resarcirá íntegramente en un plazo de noventa (90) días corridos; y ante eventuales incumplimientos por parte de la provincia en relación a las tareas acordadas, la Nación se reserva el  derecho a rescindir el convenio sin derecho a reembolso alguno ni reintegro de lo invertido; lo mismo en todo supuesto de rescisión anticipada (no hay previsto ninguno por culpa de la Nación). 

Según la Cláusula décimo quinta, Vialidad Provincial manifiesta que en la jurisdicción provincial el perfeccionamiento del convenio se encuentra sujeto al dictado del Decreto que lo ratifique, o sea que no debería según eso ir nunca a la Legislatura, como por otra parte ha sucedido. De hecho al momento de subir estas líneas, ni siquiera existe un decreto de Pullaro ratificándolo, como cumplir con lo que el gobierno provincial se comprometió con la Nación al firmarlo . 

Se supone que tal proceder estaría basado en lo que dice el artículo 11 de la Ley 4908 (Ley de Vialidad Provincial) en su inciso f); “Los convenios especiales a que se refiere el Artículo 37 y los 2 primeros párrafos del Artículo 38 del Decreto-Ley Nacional de Vialidad 505/58, podrán efectuarse por intermedio del Poder Ejecutivo.” Pero de ser ése el caso, conviene recordar que lo que dicen esas normas nacionales citadas (que son de la Ley de Vialidad Nacional), en la parte que interesa por tener relación con el convenio firmado por el gobierno de Pullaro, es que si  las provincias convienen con la Nación hacer obras en rutas nacionales que atraviesan su territorio, los fondos que empleen a esos fines los debe aportar la Nación, o si los aporta la provincia le deben ser reintegrados.

El convenio firmado por el gobierno provincial no cumple con ninguna de las dos condiciones, y quizás por eso ni siquiera está ratificado por decreto, y mucho menos ha sido enviado a la Legislatura para su aprobación. Lástima que Weretilneck aprendió de Pullaro, pero como hacer todo mal.