LA FRASE

"ME ENTERÉ POR LA PRENSA QUE CONTRATARON A LAS EMPRESAS DE MIS HERMANOS PARA LA MISA DEL PAPA, YO ME DEDICO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS QUE TIENEN TIEMPO Y VOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRIVADA SON ELLOS." (MARTÍN MENEM)

sábado, 10 de septiembre de 2016

EN BOLAS Y A LOS GRITOS, EN MEDIO DE UN FESTIVAL DE INCOHERENCIAS


Se podrían buscar en Internet noticias de hace 5, 10 o 20 años, o recortes de diarios más viejos aun, y veríamos aparecer las mismas noticias sobre la inseguridad: denuncia de “olas” de incremento del delito, quejas ciudadanas, marchas reclamando que se tomen medidas, “que se cambien las leyes”.

Seguramente en la misma búsqueda encontraríamos las mismas respuestas: promesas de más policías y más patrulleros en las calles, operativos comando y razzias en barrios “bravos” (todas cosas que con el transcurso del tiempo van mermando hasta desaparecer), reformas legislativas hechas a las apuradas y sin demasiado debate ni análisis serio.

Lo cual no implica un intento de consolarse pensando que “inseguridad hubo siempre”, sino tomar nota de que se trata de un problema estructural de larga data en el que no hay soluciones mágicas. Una definición en la -sugestivamente- parecen coincidir todos, para acto seguido dedicarse a proponer precisamente soluciones mágicas: más policías, más patrulleros, que vengan los gendarmes o cambios en las leyes. En pocas cosas cabe tanto aquello de Einstein y la locura, los métodos y los resultados.

Así por ejemplo esta semana la Legislatura santafesina aprobó en trámite express -al mejor estilo Blümberg- cambios legislativos para la tribuna, algunos francamente disparatados como el de decomiso de bienes provenientes del delito, creando un ente autáquico para que los administre: un típico remedio socialista a cualquier problema, porque (parafraseando a Evita) para ellos, “donde hay una necesidad, existe un organismo burocrático para atenderlo, y si no existe, lo creamos”.

La provincia estaría creando un ente para administrar bienes provenientes de un delito (el narcotráfico) que no puede investigar, porque es de jurisdicción federal; cosa que los propios funcionarios de los gobiernos del Frente Progresista se ocupan de remarcar en cuanta ocasión pueden, desde el 2007.

Y también están pensando en adherir a la ley del “narcomenudeo” de 2005 para que la justicia provincial investigue las causas menores de narcotráfico, que son justamente las que atascan los juzgados federales; con el riesgo de que la policía santafesina tenga a mano una caja más para administrar el delito y hacer negocios, encarcelando a perejiles que seguramente tendrán en su poder un par de porros, más que yates o casas en countries que puedan ser decomisados.

En el debate por la aprobación de la ley de decomiso Galassi se jactó que la provincia donde Tognoli fue jefe de policía tenga desde el 2012 una “Secretaría de Delitos Complejos”, que implícitamente reconocen que estuvo al completo pedo, desde que proponen crear un nuevo ente.

Arquitecturas legales e institucionales pensadas en el aire para girar en el vacío de una policía que no tiene capacidad de prevenir los delitos antes que se produzcan, ni de investigarlos cuando ya se produjeron (el gobierno de Bonfatti mutiló en su momento el proyecto de policía judicial, hasta hacerlo inservible); y de un poder judicial que desplaza culpas en el Ejecutivo, pese a que lo componen fiscales que no investigan y jueces que no condenan, una realidad extendida por todo el país, y ante la cual no hay reforma procesal ni sistema legal, ni aumento de las penas que valga.

De hecho en la provincia la reforma procesal iniciada en 2007 (y que ya acumula una montaña de leyes “modificatorias”, sobre todo en materia de preventivas y excarcelaciones) fue poco más que una bolsa de trabajo para socialistas y radicales, sin resultados efectivos. A lo que hay que añadir que los radicales -por ejemplo- que acá la usufructuan para ocupar cargos, en la nación la votaron en contra, apoyaron que el gobierno de Macri pospusiera su entrada en vigencia y se dedican a pegarle a Gils Carbó.

Para traer las fuerzas federales a la provincia, Patricia Bullrich le pone por escrito al gobierno de Lifschitz condiciones políticamente imposibles de cumplir, porque implicarían en los hechos una intervención federal a Santa Fe; aunque sea cierto que la policía santafesina está infestada de bolsones de corrupción, y el socialismo paga el costo político de haberla dejado que se maneje sola y por su propia cuenta durante 8 años.

De hecho Lifschitz en sus primeros 8 meses de gobierno cambió 3 jefes de policía por circunstancias que nunca se aclararon, y que llegaron a su cargo luego de ser beneficiados generosamente por los gobiernos socialistas con ascensos a dedo resueltos dentro de la propia corporación policial (como en los viejos tiempos); bajo el disfraz de supuestos concursos como manda la ley aprobada en 2006. Para peor, esa cúpula policial era antes de ser designada (y volvió a serlo al dejar sus cargos) responsable directa del ISEP, y por ende de la pésima formación de los policías santafesinos.

Para que se vea que el problema no empezó ayer, la provincia está en “emergencia por seguridad” desde diciembre del 2013, algo que -con los resultados a la vista- se puede decir sin temor a equivocarse que solo ha servido para hacer compras y contrataciones de obra (incluyendo las del “Plan Abre”) sin licitación y muy probablemente para currar; al igual que sucede en la nación con la emergencia en seguridad decretada por Macri.

Bullrich dice que quiere ir a fondo “auditando” a la policía santafesina sospechada –con razón- de corrupción y connivencia con el narcotráfico, mientras hilvana en su propia gestión una payasada atrás de la otra: protocolo anti-piquetes, ley de derribo, simulacros de operativos antiterroristas, vigilanteadas en las redes sociales (algo en lo que también se prendió el socialismo a través del ex gendarme Spadaro), tuiteros presos por presuntas amenazas, falsos terroristas islámicos, informes sobre maras sacados del “Rincón del vago”, o la convocatoria a las fuerzas armadas para actuar en seguridad interior; en contra de las leyes vigentes.

Mientras el Congreso discute a las apuradas la ley del arrepentido (que ya exista desde hace años para el narcotráfico y el lavado de dinero), y el gobierno hace circular por los medios y los juzgados a cuanto narco ande suelto y dispuesto a “confesar” cualquier cosa, con tal de embarrar al kirchnerismo; y la propia Bullrich y el ex jefe de la Aduana Gómez Centurión se revolean tachos de efedrina por la cabeza, acusándose mutuamente de connivencia con el narcotráfico, todo con los espías de la AFI sin control, metidos en todas las operaciones, todo el tiempo.

Cuando comenzaron en Santa Fe las protestas ciudadanas por la inseguridad el gobierno de Lifschitz flotaba en la nube de pedos de la reforma constitucional, y ahora mismo –mientras las protestan siguen y se multiplican- la Legislatura analiza a pedido de los legisladores del Frente Progresista para remover al Defensor General Ganón; cuyos mayores “pecados” han sido denunciar a la corporación judicial, y los casos documentados de torturas dispensadas por la policía santafesina a los detenidos, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Un tema que -por cierto- no parece haber incluido Patricia Bullrich en su propuesta de auditar a la fuerza policial provincial.

 La especulación política del PRO santafesino en torno a la inseguridad es vergonzosa: sus call center se dedicaron a fogonear en las redes sociales las convocatorias a las marchas en Rosario, y sus legisladores pegan el faltazo a las reuniones que ellos mismos piden con los funcionarios provinciales, para exigirles respuestas.

En tanto a nadie (ni a los socialistas, ni a Cambiemos) se le ocurre asociar el alza en el delito con los efectos sociales de las políticas económicas desplegadas por Macri en los 9 meses de su gestión, no obstante lo cual no se privan de estigmatizar a la pobreza (asimilándola al delito) a la hora de proponer soluciones: en el país del blanqueo, las fundaciones truchas y las off shores presidenciales el problema parecen ser siempre los pibes que usan gorrita o andan en modo; nunca las estructuras del crimen organizado que requieren (necesaria e imprescindiblemente) para prosperar de la tolerancia y la complicidad de las agencias del aparato estatal encargadas de la seguridad y la justicia.

Si la falta de seguridad ha motorizado marchas ciudadanas, habría que convocar una reclamando un mínimo de sensatez y coherencia para encarar el problema.

viernes, 9 de septiembre de 2016

EL "5 POR 1", EN VERSIÓN MACRISTA


Más información, acá y acá también. 

PARA SACARLES TARJETA A LAS COMISIONES


El Senado de la Nación acaba de aprobar esta semana un proyecto para disminuir las comisiones que cobran los bancos sobre las tarjetas. El proyecto es del senador Alfredo Luenzo (Chubut) que establece la baja del 3 al 1,5% el valor de las comisiones en TC y elimina el 1,5% que se aplican a las operaciones con débito.

La Cámara Argentina de Comercio destaca que la comisión del  3%  en TC que pagan los comercios en Argentina, está por encima de lo que se cobra en países vecinos, como el caso de Perú, donde es del 1,5%, mientras que en Brasil es aún menor, 1,3%.   Esta es la comisión que pagan los comercios a los bancos, y que para los pequeños comercios es una carga pesada.

Para cuantificar, un pequeño comercio que vende al mes $ 80.000 con tarjeta de crédito, le paga a los bancos un “impuesto” de $ 2.400 mensuales, es decir $ 100 pesos por día (hábil). Aunque es una comisión que pagan los comercios a los bancos, el perjudicado en última instancia es el consumidor, porque los comercios trasladan esa carga a los precios.

Pero más allá que los comerciantes incluyan ese 3% en su estructura de costos, el tema principal está en otro lado: este gobierno amante de la absoluta libertad de mercado, cuyo Ministro de Hacienda se enteró recién éste año que hay empresas formadoras de precios, que en la economía argentina hay una alta concentración en muchas actividades y que hay empresas monopólicas, también se enteró recién a través de la Comisión de Defensa de la Competencia que algunas empresas se benefician con el abuso de la posición dominante y con la cartelización para fijar los precios.

En un Análisis de Mercado presentado en agosto de éste año, la CNDC recomendó regular las comisiones que cobran los bancos y pidió iniciar una investigación por “presunto abuso de posición dominante y posible cartelización" de los 14 bancos accionistas de la empresa  PRISMA S.A. que controla el 85% de las operaciones con tarjeta.

En las conclusiones de la CNDC , el organismo expresa que el mercado de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos presenta problemas como falta de competencia en el financiamiento para el consumo, falta de transparencia (costo de financiamiento encubierto)  y comisiones altas.

Ante la discusión por el pago de 3% que los comercios deben realizar ante una venta, la CNDC apuntó a regular la tasa de intercambio, que es la comisión que los bancos emisores les pagan a los bancos procesadores. El costo transaccional entre los bancos se maneja a través de ese 3% de comisión que se cobra a los comercios.

Mientras el Congreso se encuentra analizando un pedido de los sectores del comercio para rebajar la comisión que les cobran las tarjetas, el titular de la CNDC (Greco) explicó que  se debe regular el precio de intermediación que hoy se ubica en torno al 2,55% a 2,85%.

Es decir regular la TASA DE INTERCAMBIO, que es la comisión que los bancos emisores les pagan a los bancos procesadores. Cabe señalar que según la CNDC "la tasa de intercambio explica 95% del costo de las comisiones que pagan los comercios".

En ese contexto, la CNDC puntualizó que la empresa Prisma, cuyos accionistas son 14 de los principales bancos del país, posee una posición dominante ya que emite las tarjetas Visa, Master Card, Credencial y Cabal. NINGÚN BANCO EMISOR DE TARJETAS VISA PUEDE PROCESAR LAS TRANSACCIONES DE SUS CLIENTES,  YA QUE ESTÁ OBLIGADO A  PROCESAR LAS OPERACIONES A TRAVÉS DE PRISMA.

En el país circulan 42 millones de tarjetas, de las cuales 24,5 millones son de crédito. De ese total el 60% corresponde a la TARJETA VISA. 

Como el costo transaccional entre los bancos se maneja a través de ese 3% de comisión que se cobra a los comercios y está en manos de un grupo dominante, eso no permite la entrada de nuevos oferentes, por eso la CNDC pidió iniciar una investigación por “conductas anticompetitivas, presunto abuso de posición dominante y posible cartelización de los 14 bancos accionistas”.

La empresa Prisma, tiene como accionistas a 14 de los principales bancos del país, y tienen una posición dominante, porque a su vez son los bancos quienes emiten las tarjetas Visa, Master Card, Credencial y Cabal. Esto deriva en una triple integración vertical, ya que es al mismo tiempo banco, emisor  y procesador.

DATOS DEL MERCADO EN ARGENTINA

Existen 6 redes principales de tarjetas: 4 con el sistema bancario (Visa, MasterCard, Credencial y Cabal) y otras 2 que operan en un sistema donde el emisor coloca sus propias tarjetas (Diners, American Express).

Hay 42 millones tarjetas en circulación en Argentina aprox. (24,5 millones crédito). En Argentina, el único adquirente de Visa es Prisma, quien además procesa todas las transacciones Visa. Visa concentra el 60% de las transacciones por tarjeta de crédito del país.

Prisma es propiedad de 14 bancos del país. Sus principales accionistas son Galicia, Santander Río y BBVA Francés que también son emisores de tarjetas Visa. Esto deriva en una triple integración vertical: banco + emisor + adquirente/procesador. Ningún banco emisor de tarjetas Visa en Argentina procesa las transacciones de sus clientes fuera de Prisma.

Claro que mientras la CNDC sostiene que se deben regular las comisiones bancarias, éste gobierno en el mes de marzo de 2016 abandonó cualquier regulación sobre las comisiones, y autorizó a los bancos a aumentar EN UN 20% LAS COMISIONES por emisión de tarjetas de crédito, su renovación, administración, mantenimiento de cuenta, reposición o reimpresión de tarjetas por robo o extravío y tarjetas adicionales. También posibilitó el aumentó de comisiones por cuenta corriente y talonario de cheques, emisión de tarjetas de débito adicionales, la reposición de tarjetas de débito por robo o extravío y por el uso de cajeros automáticos.

MANIFIESTO IMPOTENTE DE LA ARGENTINA GARCA



jueves, 8 de septiembre de 2016

ASISTENCIA PERFECTA


No falta casi ningún garca, hasta hay alguno que también figura en la solicitada pidiendo la remoción del juez Rafecas.

Y todo esto, auspiciado por éstas empresas, a las que les interesa quedarse con el país:


PORQUE LOS NIÑOS DE HOY SERÁN LOS JUBILADOS DE MAÑANA



ESPACIO PUBLICITARIO

La regulación de la distribución de la publicidad oficial es un tópico caro a los afectos de nuestros repúblicos: se ocupó de él la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo sobre la ley de medios en la causa en la que Clarín cuestionaba su constitucionalidad, pese a que no era materia de discusión.

El tema se está discutiendo ahora en el Senado, y hasta allá fueron el Secretario de Comunicación Pública y Silvana Giúdici, la ex diputada por la UCR/Clarín, hoy miembro del directorio del ENACOM; que por cierto nada tiene que ver con el tema de la regulación de la publicidad oficial, al menos según el DNU 267/15 de Macri que lo creara. Lo que hace pensar que Giúdici estaba allí más bien como lobbista de Clarín, que por otras razones.

Los funcionarios fueron al Senado a defender la Resolución 247 dictada hace poco por la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, que regularía la distribución de la pauta publicitaria oficial, y que sería la supuesta panacea en materia de transparencia y ecuanimidad para distribuirla. No una ley, ni siquiera un decreto de Macri, ni una decisión administrativa del Jefe de Gabinete: una norma de una funcionario de tercer nivel.

Una resolución que en su artículo 8 fija los “criterios” para el reparto de la torta publicitaria oficial: “Criterios Objetivos. Las partidas de publicidad oficial se asignarán a las distintas publicaciones y/o medio por campaña y utilizando los siguientes criterios objetivos : a) Alcance del medio En función de su circulación o audiencia, para cuya determinación se tendrán en cuenta los indicadores de referencia en cada mercado y los registros que el proveedor certifique mediante declaración jurada. b) Pertinencia del mensaje En función de la especialización del medio o plataforma y en relación a la audiencia o público objetivo del mensaje. c) Zona geográfica En función que los mismos posean una comprobable cobertura de una determinada zona o región geográfica en la cual se encuentre circunscripta la audiencia o público objetivo del mensaje. e) Fomento del federalismo y la pluralidad de voces En función que los medios o plataformas sean gestionados por organizaciones sociales sin fines de lucro que acrediten debidamente su fin social, que emitan en lenguas de pueblos originarios y/o que emitan en las categorías de baja potencia según las definiciones técnicas que establece el Ente Nacional de Comunicaciones.”

Complementariamente el artículo 9 dispone que ninguno de los criterios podrá superar el 60 % de la ponderación a tener en cuenta para distribuir la pauta, pero a su vez hay dos casos en que ninguno de esos criterios rige, y el gobierno puede repartirla como le parezca: los avisos cuya publicación es ordenada por una disposición legal u orden judicial (artículo 14) y un 10 % del total del presupuesto de publicidad para “campañas no previstas en el Plan Anual de Publicidad Oficial (artículo 7),

Él primer caso dejaría afuera por ejemplo los avisos de las licitaciones públicas, o los llamados a concurso, y el segundo si bien está previsto para “campañas de emergencia ...motivadas por la presencia de una catástrofe natural, amenazas a la salud pública, seguridad o ambiente, y alteraciones al orden social o al normal funcionamiento de los servicios públicos en alguna zona del país.”, en caso que no haya sido necesario hacerlas, el gobierno puede usar ese 10 % y repartirlo como se le antoje; según el mismo artículo.

Además al no establecerse una ponderación concreta para cada uno de los ítems (más allá del tope del 60 %) sigue existiendo un amplio margen de discrecionalidad, a lo que hay que sumar que un mismo medio (sobre todos los más grandes) puede recibir publicidad por más de un criterio, por ejemplo su audiencia o circulación y su “especialización” en determinados temas (publicidad en el suplemento económico de Clarín por ejemplo).

El criterio mismo de la mayor audiencia es en sí mismo discutible desde la óptica de la “pluralidad de voces” no solo porque lo indicadores son poco confiables (pensemos en el ráting medido por IBOPE por ejemplo, o el hecho de que la propia resolución permite acreditarla por declaración jurada o registro del propio medio), sino porque aun siéndolo la distribución de la pauta oficial no haría sino profundizar las diferencias de escala entre los diferentes medios; máxime cuando los gestionados por organizaciones sin fines de lucro no tienen siquiera garantizado un cupo mínimo de participación en la asignación de la pauta.

Para poder recibir publicidad oficial, la norma exige inscribirse en un registro creado por su artículo 11, cuyo inciso f) dispone que deben acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales. Sin embargo, el rango menor de la norma y el hecho de que no contemple sanciones en caso de incumplimientos no permite asegurar que asegure el cumplimiento de lo que dispone el Estatuto Profesional del Periodista de los tiempos de Perón, ratificado por la Ley 12.908 cuyo artículo 64 establece: “Las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido previamente las disposiciones de esta ley, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y toda la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional. ” (la negritas son nuestras)

El inciso g) del mismo artículo exige que el medio inscripto acredite el tiempo de permanencia en la actividad, pero en el caso de los que difunden contenidos por Internet (los portales de noticias por ejemplo) les exige una antigüedad no menor al año, con lo que crea una restricción porque antes de es plazo no pueden recibir publicidad oficial.

El inciso h) del mismo artículo es muy interesante, porque les exige a los medios “Información sobre si se cuenta con algún código de ética periodística o manual de buenas prácticas, o si se ha adherido a algún protocolo voluntario, relativos a la no discriminación, protección de la infancia y la niñez, y/o tratamiento de noticias relativas a la violencia de género, tanto a nivel nacional o internacional.”

En el caso de los medios audiovisuales, la norma parece ignorar lisa y llanamente la existencia de la Ley 26.522 se servicios de comunicación audiovisual, cuyo artículo 68 establece el horario de protección al menor o la prohibición de hacerlos “trabajar” en televisión a determinadas edades y en determinados horarios (hola, Tinelli); y cuyo artículo 70 es muy claro y está por encima de cualquier “autorregulación” de los propios medios: “La programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan acomportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescente ”


Y más aun el 71: “Quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes 23.344, sobre publicidad de tabacos, 24.788 -Ley Nacional de lucha contra el Alcoholismo-, 25.280, por la que se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 25.926, sobre pautas para la difusión de temas vinculados con la salud, 26.485 -Ley de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales- y 26.061, sobre protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como de sus normas complementarias y/o modificatorias y de las normas que se dicten para la protección de la salud y de protección ante conductas discriminatorias”

Para el caso que se aduzca que la norma habla de “códigos de ética” o “protocolos voluntarios” para el caso de los medios gráficos no regulados por la LSCA, cabe recordar que casi todas las normas que se mencionan en el artículo 71 rigen para todos los medios de comunicación sin distinción, y en el caso de la Ley 26.485 (erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer) su 6 inciso f) define a la violencia mediática contra las mujeres como “...aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.”. Este el artículo que en su momento reglamentó Cristina por el Decreto 936/11, y por el cual Clarín fuera sancionado varias veces por los avisos del rubro 59.

Finalmente, hay otro aspecto relevante en la discusión de la publicidad oficial que es cuanto se gasta: vemos acá el informe de Chequeado sobre lo gastado en el 2015 por el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la CABA. En ésta entrada nosotros exponíamos las cifras de lo gastado el año pasado por el gobierno provincial en publicidad oficial: casi 400 millones de pesos.

Medido ese gasto publicitario por habitante, las cifras arrojan que el año pasado Macri como Jefe de Gobierno gastó 393 pesos en publicidad por porteño, Bonfatti 125 pesos por cada santafesino, Scioli 77 pesos por cada bonaerense y Cristina 55 pesos por cada argentino, o sea menos de la mitad que el gobierno socialista, y menos de una séptima parte de lo que gastó el PRO. Como para poner las cosas en contexto ¿vieron?