LA FRASE

"ME ENTERÉ POR LA PRENSA QUE CONTRATARON A LAS EMPRESAS DE MIS HERMANOS PARA LA MISA DEL PAPA, YO ME DEDICO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS QUE TIENEN TIEMPO Y VOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRIVADA SON ELLOS." (MARTÍN MENEM)

sábado, 10 de junio de 2017

EL CORREO, AVIANCA, ODEBRECHT, EN TODO ESTÁS VOS



Este lunes en la edición de "Y nadie hace nada" que hacemos por la FM Chalet 100.9 entrevistamos a Ari Lijalad, periodistia y politólogo que viene siguiendo de cerca los negociados de la familia Macri, en especial en el Correo.

En el reportaje (cuyo audio dejamos arriba) nos contó las últimas novedades de la causa, los intentos de los Macri por vaciar el concurso con pagos ficticios de presuntos contratos y deudas a sus otras empresas, y los resultados de la auditoría que en su momento encargó sobre el juicio el ex Procurador del Tesoro Balbín, rajado de su cargo por el presidente, precisamente por meter las narices donde no debía.

También nos habló Ari de todos los intentos de los Macri de dilatar la causa lo más que puedan, para nunca jamás pagarle al Estado lo que le deben; y los juicios cruzados que siguen sosteniendo contra el Estado por haberles rescindido la concesión en el gobierno de Néstor Kirchner.

Pero hay más: los vínculos de Correo Argentino con Odebrecht y el banco austríaco a través del cual la empresa brasileña instrumentaba el pago de sobornos, y como influyeron en el manejo de la masa de acreedores privados en el concurso del correo; y los nuevos descubrimientos sobre aportes de capital no muy claros entre sociedades del grupo Macri, que coinciden en montos y fechas con buena parte de las coimas confesadas por la constructora en la justicia de EEUU y Brasil. 

Y además como Macri sorteó sus propios decretos sobre conflictos de intereses, para luego despedir a Balbín y designar en la Procuración del Tesoro (es decir, al mando de los abogados que en teoría deben defender al Estado en sus juicios) a un ex abogado de Socma.

El reportaje deja un cúmulo de información útil para entender no solo que pasa con la causa del Correo (que ha desaparecido de los medios hegemónicos), sino con la preocupación que hay en el gobierno por controlar todo el flujo de información que tenga que ver con las "confesiones" de los ejecutivos de Odebrecht.

¿CON UN GUIÑO DE LA CORTE?


Leíamos hace unos días en Infobae: "Para evitar la falta de actividad legislativa por la campaña electoral que ya empezó el presidente Mauricio Macri prepara una batería de decretos tendientes a agilizar la economía y evitar la incertidumbre de una administración frenada. Según confiaron a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada y del Congreso, el paquete de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que prepara Macri apuntan a exponer un gobierno activo pese a la modorra legislativa y el trajín de la carrera proselitista."Ante una parálisis del Congreso como la que estamos sufriendo no podemos quedarnos cruzados de brazos y esperar que la oposición maneje los tiempos de la administración del Estado", se sinceró un destacado secretario de Estado al exponer parte de la estrategia oficial.

Desde algunos ministerios, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica empezaron a analizar al menos cuatro DNU que podrían salir en lo inmediato y que traerán polémica: uno contempla los puntos centrales del demorado proyecto de ley de mercado de capitales, otro prevé cambios en el sistema de deducciones de seguros de vida, un decreto habilitará los ejes prácticos del Plan Maestro educativo y una iniciativa para crear una agencia de control de prestaciones médicas. Algunas de estas iniciativas fueron enviadas al Congreso por el gobierno pero no serán tratadas hasta después de octubre con la mejor de las suertes. " (las negritas son nuestras)

Muy hermosamente republicano todo: como el Congreso no aprueba los proyectos que el presidente envió tal y como él los mandó (y los que no mandó todavía, también), los saca por DNU, y listo. Así como antes los sacaba con la excusa de que el Congreso estaba en receso, cuando le bastaba con convocarlo a extraordinarias, y listo, excusas nunca faltan.

Los DNU en ciernes incluirían al "Plan Maestro" en educación analizado acá, y la reforma a la Ley 26.831 que regula los mercados de capitales, cuestión analizada en su momento acá y también acá; con propósitos bien claros: transferirles a las provincias el peso de financiar la educación en un caso, y flexibilizar los controles de los mercados de capitales en el otro, eliminando toda forma de protección de los derechos de los accionistas minoritarios de las empresas (como el Estado en Papel Prensa, o en las empresas del Fondo de Garantía de la ANSES tiene acciones)  frente a los abusos y defraudaciones de los accionistas mayoritarios de las mismas. 

Nos remitimos a lo dicho en ambos casos para concluir en que además aquéllos proyectos que a Macri le interesa aprobar por DNU son -además- los que no resisten un debate serio en el Congreso, por impresentables.  

Para poder completar la maniobra (al igual que en todos los casos anteriores en que dictó decretos de necesidad y urgencia) Macri cuenta con la invalorable colaboración del massismo en la Comisión Bicameral Permanente de control creada por el artículo 99 inciso 3) de la Constitución o en Diputados (para el Senado cuenta con Pichetto y sus muchachos), para que ningún DNU sea rechazado.

Pero cabe preguntarse que pasaría si -por ejemplo- estos DNU de inminente sanción son cuestionados en la justicia. Veíamos el año pasado en ésta entrada que la Corte en el 2010 puso límites al uso por el Poder Ejecutivo de la facultad de dictar DNU's: "De hecho, la Corte Suprema dijo ya en el año 2010 en un fallo que el Poder Ejecutivo no puede apelar a los DNU cuando no puede imponer en el Congreso sus propios proyectos, o su agenda política: "El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto..."." (las negritas son nuestras, de la cita textual del fallo).

Siendo tan claro el fallo (que recayó sobre un DNU emitido por Duhalde en el 2002) cuesta creer que el gobierno se anime a dar el paso de sacar por esa vía los proyectos que no avanzan en el Congreso (o los que siquiera se anima a enviar) sin tener al menos un guiño o una media palabra de la Corte (o de parte de ella, la nueva mayoría automática) de que los decretos pasarán sin problemas el filtro judicial; lo que de corroborarse sería una mancha más para el tigre cortesano, luego del bochorno del 2 x 1.

viernes, 9 de junio de 2017

CLARO, COMO SE COMPROBÓ EN EL BALOTAJE


EL ARANGUREN SANTAFESINO


Para justificar un nuevo aumento de la tarifa del agua que supera ya el 70 % solo para éste año el ministro Garibay dice que el problema es el déficit de Aguas Santa Fesinas S.A. (ASSA), que calcula en 700 millones de pesos; entendiendo por déficit el porcentaje de los gastos de la empresa que no se cubren con sus ingresos por tarifas, y debe ser solventados con aportes de la Administración Central.

De acuerdo con las cifras del presupuesto de éste año, las transferencias de la Administración Central (es decir, los subsidios) a ASSA sumarían $ 1.200.932.000, de los que $ 98.236.000 son de la toma de endeudamiento externo por parte de la provincia. Para que se entienda: mientras aumenta las tarifas para -en teoría- reducir el déficit de ASSA, el socialismo toma deuda externa para -entre otros fines- solventar gastos de la empresa.

Si con una tarifazo que superará el 70 % para éste año solo se logró bajar el déficit de ASSA de 1200 a 700 millones, lo que corresponde es revisar la estructura de gastos de la empresa: de las mismas cifras del presupuesto surge que los compuestos químicos que se utilizan para tratar el agua y lo efluentes cloacales representan apenas el 6,70 % de sus gastos; menos que lo le paga a la EPE (o sea al propio Estado provincial) por la luz ($ 289.598.000, el 8,04 %), y en impuestos nacionales y provinciales, derechos y tasas municipales ($ 227.338.000, el 6,31 % de sus gastos). (*)

Al respecto decíamos nosotros enésta entrada que precisamente allí radicaba el problema de los tarifazos de ASSA: en la decisión del gobierno de Lifschitz de reducir drásticamente el nivel de subsidios del Tesoro provincial a la empresa, descargando el peso de financiar sus gastos en los usuarios, vía las tarifas que pagan. En esa misma entrada linkeada hay un análisis completo de la estructura de gastos de la empresa.

Pero no siempre fueron así las cosas: después de rescindir la concesión a Aguas Provinciales y crear ASSA, Obeid dictó el Decreto 1358 del 11 de julio de 2007, que fijó el marco de vinculación de la empresa con el Estado provincial.

Se dijo entonces que la empresa (ahora estatal) debería cumplir el mismo plan de obras, mejoras y expansión del servicio que los privados, pero con subsidio del Tesoro: “Que se pondera como central para la etapa de transición, la voluntad de no trasladar a los usuarios, las consecuencias económicas negativas provenientes de la rescisión por culpa del concesionario y sus inversores, por medio de aumentos tarifarios, que en su caso se determinarán, en modo y alcances del sustento económico de la prestación en oportunidad de definirse el modelo definitivo;” señalaba la norma. (las negritas son nuestras)

Y seguía diciendo que “Que en ese marco, se fija como meta cumplir el Plan de Acciones, Obras y Compromisos Transitorios, el que será atendido con fondos provenientes de los ingresos resultantes de la aplicación del régimen tarifario, con más los fondos públicos necesarios, a ser requeridos fundadamente a la Provincia por conducto de la Autoridad de Aplicación, previa intervención del EN.RE.S.S;” “El usuario, para esta etapa de transición y de ser factible conforme a las disponibilidades presupuestarias del erario público, no debe aportar económicamente más de lo que actualmente sustenta por conducto de las tarifas vigentes.”; ” (otra vez las negritas nos pertenecen)

Como el gobierno de Obeid había fijado a través de ese decreto un régimen transitorio dejándoles establecer el definitivo a las autoridades que se elegirían ese mismo año 2007 para asumir en diciembre, en ese marco asumió Binner el gobierno, y las cosas empezaron a cambiar: el 30 de diciembre del 2009 dictó el Decreto 2624, por el cual estableció que “Respecto del Plan de Obras y Acciones establecidos por el contrato original deberán ejecutarse las obras y las reprogramaciones aprobadas por Resolución N° 308/09 del Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente con las modificaciones que puedan establecerse durante su ejecución”.

O sea, modificó el plan de obras e inversiones previsto (para disminuirlas) y prolongó el contrato de vinculación de ASSA con el Estado para manejar la concesión hasta el 31 de Diciembre de 2011. Mucho después y ya con Bonfatti en el gobierno (el 22 de agosto del 2012) y por el Decreto 2332 el ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente (que seguía a cargo de Antonio Ciancio, como en el gobierno de Binner) propuso cambios en el modelo tarifario (ya había habido varios aumentos).

Según decía el decreto de Bonfatti, Ciancio “...propuso introducir modificaciones en materia tarifaria, como la declaración de caducidad del modelo compensatorio y la incorporación a la tarifa del cargo que surge en su consecuencia; la habilitación legal al regulador para modificar los valores de los cargos de conexión de agua y cloaca, desconexión de los servicios, reconexión y no conexión, y los cargos de tratamiento primarios y secundarios, mediante el procedimiento que resulte pertinente, pudiendo la Autoridad de Aplicación establecer un régimen de subsidios; la incorporación al factor de ajuste tarifario de los costos derivados de programas de obras de manutención del servicio, con un dispositivo que permita ajustar automáticamente al fin de cada periodo, dicho factor de ajuste K...”. (siempre las negritas son nuestras)

O sea: los subsidios de la Administración Central para financiar el congelamiento de las tarifas de la empresa dejaban de ser obligatorios para pasar a ser opcionales, y se proponía un esquema de ajuste automáticos de las tarifas, ante la suba de los costos. Respecto al plan de obras, propuso además tener presente “...el proyecto de ley que reglamenta el Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales; que luego se aprobó y significa un cargo extra en las facturas de los usuarios de Santa Fe y Rosario, para financiar -en teoría- las obras de expansión de la cobertura de los servicios (ver post anterior).

Pese a que Ciancio propuso mantener indefinidamente el régimen transitorio (a cinco años de su entrada en vigencia) “...hasta tanto se sancione la ley de saneamiento”, la Fiscalía de Estado objetó ese criterio, al igual que el mecanismo de ajuste automático de las tarifas por la suba de los costos. Por eso los aumentos posteriores debieron hacerse previas audiencias públicas, que bien sabemos los santafesinos son una pura formalidad.

Lo cierto es que el decreto prorrogó el Contrato de Vinculación Transitorio de ASSA con el Estado (con su plan de obras “aguado”) por el plazo de un año, y dispuso que podía volver a ser prorrogado por otro año más de manera automática “....siempre y cuando durante ese lapso no entre a regir la Ley Provincial de Saneamiento.”

La ley nunca se dictó (ni siquiera fue enviado proyecto alguno a la Legislatura al respecto), porque al socialismo no le interesó nunca una discusión pública respecto al modelo de prestación de los servicios de agua potable y cloacas; y el propio Bonfatti dictó el 7 de enero de 2014 el Decreto 5, por cual reconoció expresamente “Que se está en presencia de un plan de obras que todavía no se encuentra cumplido y que permitiría hasta el año 2015 alongar el presente periodo transitorio;”. O sea, pese a que aumentaron las tarifas varias veces, las obras (menores a las previstas por Obeid) no se hicieron, y el marco regulatorio definitivo sigue -aun hoy- sin discutirse.

Es decir que el modelo de gestión del socialismo en éste rubro hace agua por todos lados (valga la paradoja), el ministro justifica no haber hecho las audiencias públicas para aprobar el último tramo del aumento de éste año en que es “...parte de la revisión tarifaria integral aprobada a principios de año...”, y lo único que le preocupa es el déficit de la empresa; que ya ha anticipado que será cubierto con más tarifazos.

Cualquier parecido con los argumentos de Aranguren para aprobarles los aumentos de luz y gas a las generadoras y distribuidoras privadas sería pura casualidad.

(*) No lo decimos nosotros, lo dicen ellos:


EL RADICALISMO SON LOS PADRES


No deja de sorprender la ingenuidad (rayana en la pelotudez ya) de este señor crecidito al que siguen llamando Ricardito, al suponer que la alianza de la UCR con el PRO tuviera otra motivación que juntar masa crítica electoral para ganarle al peronismo, y conducir a otra parte que no fuera una restauración conservadora.

Como viene siendo (con diferentes denominaciones, que no cambian lo sustancial) desde 1945 con la Unión Democrática, justamente con la aparición del peronismo: tal parece que muchos radicales no aprendieron de la historia; que enseña que desde entonces el peronismo pasó a ocupar el lugar de la bestia negra del sistema político nacional que hasta entonces encarnaban ellos, que reemplazaron a su vez a las fuerzas conservadoras como la representación del statu quo.

Como sí lo aprendió Ernesto Sanz, yendo a la convención de Gualeguaychú en 2015 con la propuesta de que la estructura partidaria de la UCR hiciera lo que la mayoría de los votantes radicales reclamaban, y lo que los radicales porteños venían haciendo desde 2003: votar a Macri.

Por si a alguno le quedaban dudas de cual sería el paso siguiente del prceso, las PASO de “Cambiemos” ese mismo año se las despejaron: el 24 % de Mscri frente al 3 % de Sanz dejó en claro que el entonces jefe de gobierno y hoy presidente, es el conductor de la UCR, a punto tal que se da el lujo de vetarle y elegirle candidatos.

Pero además la “socialdemocracia” radical que Ricardito añora corrió el mismo destino que su modelo y espejo europeo: acompañar políticas de derecha, o directamente ejecutarlas si le toca gobernar.

Y si no nos remitimos a los votos de la UCR en el Congreso durante todas las discusiones cruciales del kirchnerismo: retenciones móviles, ley de medios, ley de abastecimiento, reforma al Banco Central, conflicto con los fondos buitres, reformas al Consejo de la Magistratura, estatización de los fondos de las AFJP; y así podríamos seguir.

En Santa Fe pasó otro tanto: el Frente Progresista cívico y Social que hoy estalló en pedazos fue el heredero de la Alianza Santafesina, un rejuntado gorila armado con el exclusivo objeto de ganarle al peronismo, que no lograba antes su objetivo fundacional porque el peronismo vaciado de peronismo bajo la conducción de Reutemann se llevaba parte del voto gorila tradicional.

Cuando eso se perdió, la Unión/Alianza/Frente logró en el 2007 desalojar al peronismo del poder provincial, pero los partidos que lo forman (incluyendo al socialismo) votaron también en contra de todas las propuestas más importantes de los gobiernos kirchneristas, además de alinearse unívocamente con sus adversarios, fueran estos las patronales del campo durante el conflicto por la Resolución 125, o el Grupo Clarín en la discusión de la ley de medios.

Si hasta el socialismo votó a favor de la LSCA pero en contra de la cláusula del artículo 161 que forzaba a Clarín a desinvertir y desguazar su imperio mediático, así como votó a favor de la eliminación de las AFJP pero en contra de que sus recursos fueran invertidos en la economía real.

La primavera socialdemócrata en la historia de la UCR se resume a los casi 3 años de gobierno de Illia (con el peronismo proscripto, y el radicalismo convalidando esa proscripción presentándose a elecciones, y asumiendo el gobierno en ese marco) y a los dos primeros años del gobierno de Alfonsín, cuando -en sus propias palabras- la ética de las convicciones dejó paso a la de las responsabilidades; siguiendo el camino inverso al que esbozó Néstor Kirchner aquél 25 de mayo del 2003.

Esa apelación de Alfonsín a las categorías weberianas fue el sustento teórico de su reculada, que empezó con la “economía de guerra” y el Plan Austral, parta terminar con la obediencia debida, el punto final y el declive posterior, que ya no pudo remontar.

Y conste que no vamos a ingresar a hacer historia contrafáctica sobre lo que haría hoy Alfonsín (que bancó la llegada de Cavallo como presunto salvavidas del gobierno de De La Rúa, y que en la implosión del 2001 estaba más preocupado por el destino de su partido, que por el del país) si viviera, viendo a su partido uncido al carro de la derecha liberal, en un gobierno que supone que el país se atendido por sus propios dueños.

No nos metamos más con la memoria del pobre Raúl, bastante mancillada ya por estos días no solo por los vándalos de los servicios de inteligencia que profanaron su tumba para provocar y cargarnos el fardo, sino -y sobre todo- por los propios dirigentes de la UCR.

Pero sí volveremos al principio: el problema no son los dirigentes radicales que hacen ruido porque Macri los caga en las listas (digamos todo), sino los que hacen silencio cuando las políticas del gobierno del que forman parte destrozan al país.

Y si esa comprobación parece darnos un punto de contacto con las quejas de Ricardito (que se queda simplemente en eso: en la queja), reparemos también en los afiliados y votantes habituales de las listas de la UCR que refrendan esas políticas, que votaron a Macri y que votarán nuevamente a “Cambiemos”, “para que nunca más vuelva el populismo”.

Vista desde allí, es más sincera y honesta (aun compartiendo la misma visión romántica del alfonsinismo) la actitud de los que como Leopoldo Moreau no reniegan de su condición radical, pero advirtieron hace rato que la UCR nada tiene para ofrecerles, ni a ellos ni a las grandes mayorías nacionales; y partieron en busca de otros horizontes.

Como Sanz: siguiendo a sus votantes que ya los precedieron, pero en éste caso acompañando en las urnas al kirchnerismo desde por lo menos el 2005.

Alguien debería explicarle a este niño crecido que el radicalismo del que él habla (ese Papá Noel progresista y socialdemócrata en el que todavía cree) son los padres. O ya ni siquiera eso.

jueves, 8 de junio de 2017

EN DEFENSA DE LAS FUENTES DE TRABAJO...


...de la propia, sobre todo.

BURRAL


Sobre los nuevos vetos de nuestro lord mayor a ordenanzas sancionadas por el Concejo municipal, leemos en el diario del Loco Lindo: "Tres mensajes del Ejecutivo ingresaron a los Asuntos Entrados de la última sesión de Concejo. Son tres vetos a dos ordenanzas sancionadas por el Deliberativo en abril y mayo. El primero observa totalmente a la norma que pone un límite de dos semanas como plazo máximo para que el municipio responda los pedidos de informes que se aprueban en el Concejo. Los otros dos vetos parciales le dicen “no” a la ordenanza que autoriza a taxis y remises a colocar mamparas de seguridad.En el primer caso, aquella ordenanza dispone que el plazo de respuesta de pedidos de informes formulados por el Concejo deberán ser contestados “en forma precisa y completa” dentro del plazo de 15 días, plazo que “será computado desde la fecha de comunicación al Ejecutivo o, en su caso, al organismo al que sea dirigido (...). Si el tiempo estipulado resultara insuficiente por la complejidad o la extensión, deberá solicitarse una ampliación de plazo por nota y de manera fundada”.

En los argumentos del mensaje (N° 25) con el veto -que lleva las firmas del titular del Ejecutivo, el intendente José Corral, y la secretaria de Gobierno, María Martín- se cita un articulado de la Constitución provincial -donde se reza que cada gobierno está dotado de facultades propias “sin otras injerencias sobre su condición ni sus actos”. También la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se alude a la atribución del intendente de “suministrar verbalmente o por escrito, por sí o por medio de sus secretarios, los informes que le pueda requerir el Concejo”. ".

A ver, asnos: el artículo 107 de la Constitución de la provincia dice en efecto que "Los municipios son organizados por la ley sobre la base: 1) de un gobierno dotado de facultades propias, sin otras ingerencias sobre su condición o sus actos que las establecidas por esta Constitución y la ley; ", para acto seguido señalar en su inciso 2) lo siguiente: "2) constituido por un intendente municipal, elegido directamente por el pueblo y por un período de cuatro años, y un Concejo Municipal, elegido de la misma manera, con representación minoritaria, y renovado bianualmente por mitades".

O sea, borricos, que el "gobierno" municipal está integrado por ambos órganos (Departamento Ejecutivo -el Intendente- y el Concejo), y las "ingerencias" a las que se alude son las ajenas o extrañas a ese "gobierno": por ejemplo de la provincia; que solo puede intervenir una municipalidad "...a los solos efectos de constituir sus autoridades en caso de acefalía total, o de normalizar una situación institucional subvertida..." (artículo 108 de la Constitución provincial).

Por eso, pollinos, el artículo 107 no refiere a "ingerencias" de un órgano municipal sobre el otro; porque además fijando por Ordenanza un plazo para que le contesten los pedidos de informes, lo que está haciendo el Concejo es -precisamente- asegurar una prerrogativa propia: la de requerir informes por escrito al Departamento Ejecutivo. No hay -burros- "atribución" del intendente de contestar informes, sin previa atribución del Concejo de pedirlos.

Y los informes, Plateros, se piden para que sean contestados. Claro que el problema acá es que de 177 pedidos de informes aprobados por el Concejo desde que Corral es intendente, apenas se ha dignado a contestar 41 (el 23 %).

Por otro lado, una norma similar (fijando un plazo para que el Ejecutivo conteste un pedido de informes del órgano legislativo) existe en la provincia desde 1995 (Ley 11.312), sin que a nadie se la haya ocurrido que viola la Constitución.

Si lo que quieren, Rucios, es seguir sin contestar los pedidos de informes, no tienen necesidad de apelar a decir burradas; que están al nivel de las que ya dijeron con la "tasa vial".   

Por otro lado, si de garantizar que cada órgano del gobierno municipal se mantenga dentro del marco de sus atribuciones, bueno sería que Corral le devolviera al Concejo las facultades de éste que se le delegaron; como por ejemplo la de fijar el precio del boleto de colectivo, o los recorridos de las líneas de transporte, o el valor de las multas por infracciones al Código de Faltas.