Claro, lo que genera confianza es un buen lavado de dinero con cuentas truchas en un banco suizo, tu especialidad. O sacar créditos a lo pavote del Banco Nación que no pensás pagar o que te den una concesión de un servicio público y prestarlo como el orto: https://t.co/hgD0PPMhe6— La Corriente K (@lacorrientek) July 23, 2020
Tal parece que para los empresarios y banqueros la palabra "confianza" es clave: siempre insisten en la necesidad de que los gobiernos y sus políticas -por ejemplo- generen confianza para invertir, o para que ellos decidan hacer negocios en un lugar.
Como banquero, es lógico que el HSBC Martino valore la confianza: sin la confianza de sus clientes que le entregan su dinero para que haga con él prácticamente lo que se les antoje con tal de que los beneficie a ellos en el proceso (esa es la magia de la "confianza" en el negocio bancario), un banco no podría existir directamente. Cuando no hay confianza en los bancos, los ahorristas empiezan a retirar masivamente sus ahorros de ellos y todo se derrumba.
A menos, claro, que el Estado los rescate (a los ahorristas y a los bancos), para que puedan reanudar su relación, desconfiando (ambos) del Estado, y confiando los ahorristas, en los banqueros que los estafaron. Tanto importa la confianza en esos casos, que se termina convirtiendo en credulidad, pero funciona. Para los bancos al menos.
Los productores que le vendieron grano a Vicentín seguramente confiaron en el prestigio de la empresa, porque es eso: una empresa privada y no el Estado, al cual le desconfían (o sea, no le tienen confianza), y por eso por ejemplo evitan pagarle impuestos. Por esa confianza es que muchos fueron estafados por Vicentín, y en lugar de reclamarle a la empresa que los estafó, hacen banderazos contra la idea del Estado de expropiarles la empresa a los estafadores. Aquí la confianza se parece bastante a un acto de fe, con su correspondiente auto de fe inquisitorial contra el demonio estatal.
El Banco Nación, al prestarle ingentes sumas a Vicentín en condiciones sospechosas, también confió en que la empresa las devolvería. O no, y simplemente quienes lo manejaron durante el gobierno en el que les dieron esos préstamos (el de Macri) confiaban en que a cambio de ellos, financiarían generosamente su campaña electoral, e incluso podrían lavar parte del dinero destinado a esos fines. Todo indica que esa confianza en particular, no se vio defraudada: hoy están en primera fila para defender a sus financistas de campaña.
Hace muchos años, en los 90', vino un gobierno que desconfiaba del Estado y de su capacidad para gestionar eficazmente los servicios públicos, y los privatizó: confiaba en que serían mejor prestados por empresas privadas. Y confió en determinadas empresas para que presten determinados servicios, como Edesur. Tres décadas después, salvo alguna excepción que se nos escapa, queda claro que no había muchas razones para confiar, y que los que entonces desconfiaban de la solución elegida, tenían razón.
Cuando un servicio público se presta en condiciones desastrosas (por el Estado o por empresas privadas) se defrauda la confianza del usuario que los paga, y que en muchos casos es cautivo, porque no puede elegir otra empresa: en la concesión de servicios públicos la regla es que los contratos conceden el monopolio de explotación, al menos en un área o zona determinada, y en los llamados servicios "indivisibles", como la electricidad.
Cuando el Estado concede la explotación de un servicio público a una empresa privada, firma con ella un contrato de concesión, que establece derechos y obligaciones para las partes como todo contrato, y cuales son los casos en que el incumplimiento de esas obligaciones puede llevar a la resolución del contrato, y la revocación o extinción de la concesión, revirtiendo la prestación del servicio a su dueño o titular originario: el Estado. De allí que hablar de "estatización" en esos casos es casi una licencia poética.
Ahora bien, si tenemos contratos, escritos y firmados voluntariamente por las partes, y una de ellas no los cumple, colocándose en la situación de que esos contratos se rescindan, ¿no sería esa rescisión, precisamente, una consecuencia de la violación a la confianza depositada en que los cumpliría, en lugar de un acto que genere desconfianza?
Deudores quebrados fraudulentos, empresas que no invierten y no cumplen sus contratos, bancos que estafan a sus ahorristas, y pretenden salir indemnes, sin que el Estado haga nada. Aunque ese Estado sea acreedor, poder concedente o regulador, según los casos; y aunque sus defraudaciones a la confianza perjudiquen a cientos o miles de personas, que confiaron en ellos.
Y si el Estado se decide a hacer algo, genera desconfianza, según Martino. Es raro como funciona la confianza en algunos casos, y a algunos niveles: se parece bastante a una patente de corso, o a un pedido de inmunidad por delitos.
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