De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado.— Alberto Fernández (@alferdez) August 21, 2020
La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen.— Alberto Fernández (@alferdez) August 21, 2020
Al momento de subir estas líneas, no está publicado aun en el Boletín Oficial el DNU al cual se refieren los tuits de Alberto de la apertura, por el cual se declararían como servicios públicos la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión paga. Cuando aparezca, haremos en su caso un análisis más detallado, pero la noticia es impactante.
Según dice el presidente, el DNU procura recuperar para el Estado capacidades regulatorias que el gobierno de Macri le quitó en ésta materia: suponemos que referirá al DNU 267 de diciembre del 2015 (el mismo que mutiló la ley de medios), que por ejemplo derogó el artículo 15 de la Ley 27078 de "Argentina Digital", aprobada durante el segundo mandato de Cristina. Precisamente ese artículo declaraba "servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC.".
Señala Alberto que por el DNU qwuedarán congeladas las tarifas de esos servicios hasta el 31 de diciembre, y que en lo sucesivo todo aumento de precios de los mismos requerirá de una autorización previa del Estado: precisamente esa regulación estatal más intensa es una consecuencia de la declaración como servicio público, algo que se venía reclamando desde hace mucho tiempo, incluso desde sectores de la oposición menos recalcitrante.
Apenas el jueves pasado decíamos acá: "Hace pocos días se conoció un informe sobre la distribución de la pauta oficial del gobierno nacional en el primer semestre del año, que denota que encabezan el reparto los medios del Grupo Clarín, el diario La Nación y hasta el portal Infobae; que hacen punta en la oposición frontal al gobierno, en el armado y difusión de las protestas callejeras opositoras y, en general, en la ofensiva de desgaste contra el oficialismo.
También veíamos acá como las telefónicas -entre otras empresas- se van a beneficiar con la ampliación de la moratoria, y no se avizoran iniciativas del gobierno para introducir otros jugadores en el mercado de provisión de los servicios de Internet, o revisar la fusión entre Cablevisión y Telecom. Los grupos económicos dueños de los medios son también tenedores de bonos de la deuda argentina, y tienen lazos de negocios con los principales fondos de inversión que hasta último momento bloqueaban el acuerdo, presionando para obtener una mejor oferta. Alguno podría ver todos estos hechos como demostrativos de un respecto irrestricto por Alberto Fernández y su administración de la libertad de prensa, otros somos más escépticos (o realistas), y tenemos la impresión de que estamos pagando las balas con las que nos van a tirar, hasta matarnos si pueden.".
En ese marco, es difícil no entender el DNU como un contragolpe rápido y contundente del gobierno a la maniobra devaluacionista del Grupo Clarín en estos días, a través de fuertes compras de bonos en la operatoria del "contado con liquidación" a través de su controlada Telecom, para hacer subir el precio del billete verde. Sí, la misma Telecom beneficiada por el gobierno permitiéndole entrar a la moratoria ampliada votada hace algunos días, y cuya fusión con Cablevisión está pendiente de revisión aun por el gobierno.
Sea o no es así, se trata de un claro acto de reafirmación de la autoridad presidencial, al mismo tiempo que un duro golpe al corazón de los negocios del Grupo Clarín, y el principio del diseño de una políica pública necesaria, en un área crítica. A esos fines bastaría retomar y profundizar el espíritu original de "Argentina Digital" y la ya citada Ley 27078.
¿Estaremos acaso ante el inicio de un verdadero "relanzamiento" del gobierno del "Frente de Todos"? Si es así bienvenido sea, y esperemos que no haya reculadas, como en el caso Vicentín, porque habrá que prepararse para la guerra, porque nos van a tirar con todo, comenzando por los jueces de la servilleta de Magnetto: ya deben estar preparando el amparo con cautelar incluida, para paralizar el DNU y tumbarlo. Habrá que aguantar. Tuits relacionados:
Tardaron ocho meses pero si— La Corriente K (@lacorrientek) August 22, 2020
Si el DNU de tarifas es el vuelto por las compras de Clarín en el contado con liqui es un golazo de Alberto. Entre eso y Darío Martínez habrá empezado a meter mano Cristina?— La Corriente K (@lacorrientek) August 22, 2020
La respuesta de Clarín y Magnetto a la oferta de paz del presidente. Van ṕor tu cuello, Alberto: https://t.co/cSbTQANObB— La Corriente K (@lacorrientek) August 21, 2020
Actualización: Habemus DNU:
https://t.co/BOGuvFAwra A jugar a la quiniela el 690. Y que este dure más que el de Vicentín— La Corriente K (@lacorrientek) August 22, 2020
1 comentario:
Por fin. Hace seis meses que nos están tirando con misiles y nosotros contestando con flores y tolerancia suicida.
El Colo.
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