Minutos antes de entrar al quirófano para que lo operen de la rodilla, Macri anunció hoy el envío de la "reforma política" al Congreso: boleta única electrónica, obligatoriedad de los debates televisivos de los candidatos, regulación de la transición entre un gobierno y otro (?), en fin: el non plus ultra del oenegísmo.
Lo curioso es que -a juzgar por los anuncios- la espinosa cuestión del financiamiento de la política en general, y de las costosas campañas electorales en particular, apenas sobrevuela el proyecto; y eso que fue lanzado con el telón de fondo del caso López, y con la referencia del propio Macri al fallo del juez Lijo en contra del responsable financiero de la campaña de CFK en 2007, y empresarios aportantes.
Hasta donde se puede saber, la reforma no avanza sobre las disposiciones de la Ley 26.215 que regulan el financiamiento privado de los partidos políticos (además del financiamiento público que aporta el Estado), con las prohibiciones de su artículo 15: "Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente: a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante; b) contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires; c) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires; d) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar; e) contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades públicas extranjeras; f) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país; g) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores; h) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales. Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.".
El sistema vigente -salvadas esas prohibiciones- permite los aportes privados a los partidos políticos, sus campañas y sus actividades; y las donaciones son deducibles de Ganancias, hasta un 5 % de la ganancia neta del ejercicio (artículo 17 de la ley). Por supuesto que nadie que pone plata en una campaña limita sus expectativas futuras a ese beneficio impositivo: se trata en muchos casos de una inversión, de la que se esperan réditos.
Claro que si los mecanismos de control (para verificar por ejemplo que no se violen las prohibiciones del artículo 15, o los topes del artículo 16 de montos máximos que puede aportar cada donante) que dependen de la justicia son tan ineficaces que recién ahora se están objetando aportes a la campaña del 2007 (lo mismo le pasa al impoluto Partido Socialista, de acuerdo a lo que veíamos acá), quizás lo más razonable sería impulsar una reforma de la ley, de modo de lisa y llanamente prohibir los aportes privados, sean de personas o de empresas; y que el 100 % del financiamiento de los partidos provenga del Estado.
Eso siempre y cuando hablemos del financiamiento "por derecha", aquél que se puede explicar y del cual se puede rendir cuentas: al nivel de gastos que representa hoy por hoy una campaña presidencial (Hugo Alconada Mon hablaba esta semana en La Nación de 1000 millones de pesos para cualquiera de los tres principales candidatos en las presidenciales del año pasado), seguramente la menor porción.
Más allá de que Macri habló en la presentación de "controlar en tiempo real" los gastos de las campañas (algo que es competencia de la justicia, no del Ejecutivo) el proyecto no avanza sobre esta cuestión, que es mucho más trascendente que cualquiera de las que encara, para transparentar la política.
Una sugestiva omisión justo cuando se conoció ayer que buena parte del plan de obras públicas interanual aprobado por DNU (unos 45.000 millones de pesos, para ser más precisos) se lo lleva la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento; encomendada a una UTE que integran entre otros IECSA, la empresa ¿de su primo Calcaterra?
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