Este programa creado por el gobierno anterior, en el año 2014 y durante la gestión en Economía de Axel Kicillof, tuvo una masiva aceptación por parte de los consumidores, lo que elevó exponencialmente la venta de los productos incluidos en el programa.
Esa aceptación social generalizada, provocaba a su vez que los precios del programa resultaran referenciales en el mercado de alimentos y bebidas, precios a los que debían adecuarse los productos no incluidos, porque de lo contrario las ventas de esos productos descendían fuertemente ante la competencia de los productos de Precios Cuidados.
A diferencia de los fracasos estrepitosos de los programas lanzados durante el gobierno de Macri, como “Precios Claros” y “Precios Transparentes”, el éxito por la aceptación masiva de Precios Cuidados explica que el actual gobierno nunca se decidiera a eliminarlo completamente, y en una época electoral como la actual anuncie su prórroga hasta fin de año.
Pero claro que desde la gestión del gobierno macrista, con funcionarios propietarios de grandes cadenas de supermercados como el Secretario de Comercio Miguel Braun y su primo Marcos Peña Braun, Precios Cuidados fue boicoteado desde el propio gobierno, en el marco de una economía descontrolada, con precios desbordados, con la tasa de inflación más alta de los últimos 25 años durante el año 2016 y con una inflación altísima durante éste 2017.
En ese panorama devastador para los bolsillos de los consumidores, Precios Cuidados dejó de ser publicitado en los medios masivos, no se controla el cumplimiento de los precios del acuerdo, no se aplican sanciones por su incumplimiento y los productos incluidos han disminuido en su número y fundamentalmente en su calidad.
Cualquiera que recorra un Supermercado podrá corroborar la falta de señalización de los productos, la ausencia de muchos de ellos en las góndolas o la comercialización con precios superiores a los fijados en el acuerdo, todo ante la deliberada inacción del gobierno en connivencia con las empresas formadores de precios.
Y además de perjudicar al consumidor en un aspecto esencial como la alimentación, el gobierno macrista tolera y revalida las estrategias de los formadores de precios. Las empresas retiran productos del programa y al tiempo los vuelven a ingresar, pero durante el período que están fuera del programa aplican aumentos desmedidos para reingresar al programa con precios duplicados, y asegurarse una sideral e injustificada rentabilidad con la máscara del acuerdo.
Esto se puede apreciar en muchos productos reincorporados recientemente, como el caso de fideos, aceites, y en un producto paradigmático de la “libertad de mercado”, como es Coca Cola. Esta gaseosa de litro y medio se retiró del programa el año pasado, cuando era comercializada a $21 y hoy se reintegra al programa con un precio de $43, más de 100% de aumento en un año.
Aún en los alarmantes números macristas, con 41,3% de inflación en 2016 y sumando la inflación de éste año, el ejemplo de ésta gaseosa demuestra que la rentabilidad empresaria supera ampliamente la inflación, y que los incrementos del rubro alimentario son muy superiores a las mediciones generales sobre aumentos de precios.
Claro que se podría reclamar la aplicación de la Ley 20.680 (Ley de Abastecimiento) y su reforma en el año 2014 a través de la Ley 26.991, que en su artículo 4 establece que serán pasibles de sanciones, quienes “ Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos, u obtuvieren ganancias abusivas.”
Pero claro, deberíamos reclamar ante la Secretaría de Comercio, ante Miguel Braun, es decir ante el dueño del supermercado.
Por eso en octubre, habría que votar con el bolsillo, para que el consumo de lo básico no se convierta en un lujo inalcanzable.
