LA FRASE

"ME DICEN MIS FUENTES EN EL VATICANO QUE LE HARÍAN BORRAR AL PAPA SU DISCURSO SOBRE ECONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA EN PUERTO MADERO." (EDUARDO FEINMANN)

jueves, 5 de octubre de 2017

POBREZA, INDIGENCIA Y DESIGUALDAD


En la edición de éste lunes de "Y nadie hace nada" que hacemos por la FM Chalet 100.9 entrevistamos a Hernán Pablo Herrera, politólogo e integrante del CEPA, para hablar sobre los índices de pobreza, desigualdad e indigencia que dio a conocer el INDEC la semana pasada.

Los resultados de la muestra, como deben leerse, su consistencia o no, las diferencias regionales, la dinámica en la distribución del ingreso y -sobre todo- los límites concretos que tiene el modelo económico de "Cambiemos" para generar empleo de calidad y bien remunerado fueron parte de la charla con Hernán.

Que también señalaba las dificultades que se le presentan a Macri -por el rumbo que tiene la política económica- para lograr una reducción real de la pobreza y la indigencia, si ese fuera su objetivo tal cual lo prometía en la campaña y lo repite con frecuencia.

Los previsibles aumentos de tarifas y servicios que alimentarán la inflación en el último tramo del año y empeorarán en consecuencia los indicadores de pobreza que la miden por ingresos (como hace el INDEC) y las tensiones que debe enfrentar el gobierno entre quienes le reclaman mayor velocidad y profundidad del ajuste, y las resistencias sociales que eso podría acarrear, más allá de las elecciones, también formaron parte del análisis.

Acá les dejamos el audio completo de la entrevista:

¿VOTAREMOS A CIEGAS?


En reiteradas oportunidades nos hemos referido acá al argumento de la supuesta “estafa electoral” con la que Macri logró imponerse en el balotaje, a fuerza de mentir explícitamente sobre lo que no haría en el caso de llegar al gobierno: nos remitimos a lo dicho por ejemplo en su momento en ésta entrada.

También dijimos que “Cambiemos” supo manejar con habilidad y eficacia los significantes vacíos de ofrecerse como la alternativa para “mantener lo bueno y mejorar lo malo” del kirchnerismo; dejando que fueran los electores lo que mentalmente colocaran lo que consideraban de uno u otro modo, en cada canasta.

Sin embargo y cualquiera sea la postura que se adopte al respecto, ambas cuestiones deben ser reexaminadas hoy, a días de las elecciones, tras 22 meses de gobierno de Macri y teniendo a la vista los resultados de las PASO; que marcan que el gobierno logró sostener su núcleo de apoyos de la primera vuelta de la elección presidencial, y podría incluso aumentarlos.

Los primeros meses del gobierno de Macri marcaron que la derecha triunfante en las urnas leyó el apretado resultado del balotaje como un cheque en blanco, que reemplazaba el contexto de la crisis que no fue en el final del gobierno de Cristina; y en ese contexto avanzó con una política de blitzkrieg luego moderada por imperio de las circunstancias (más que nada, las resistencias puntuales de los sectores afectados), que hoy aparecen claramente diferentes: todo indica que el gobierno pisaría sobre un terreno más blando para avanzar en reformas estructurales, en especial si las urnas se lo permiten.          

De allí que no sorprenda que, a escasos días de las elecciones, se hagan anuncios de cosas claramente “antipáticas” que sucederán después de que se cuenten los votos: el aumento de las naftas, otra ronda de tarifazos en los servicios públicos, la vuelta del fútbol pago por TV, un previsible recalentamiento de la inflación. En un esquema de blindaje mediático cada vez más grueso para Macri y su gobierno, es como si nada de eso pudiera cambiar el humor social ni las decisiones electorales; tanto que se dan el lujo de empezar a privatizar Vialidad Nacional el día antes al "Día del Camino".

Y tanto es así que se anuncian también cambios estructurales que tienen directamente que ver con las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos, como las reformas laboral, previsional y tributaria; pero que solo aparecen “titulados”: es tan cierto que no se explica en detalle en que consistirían, como que no parece haber demasiada gente preocupada por averiguarlo; y aun hay quienes parecen entenderlos como necesario, o inevitables.

Otro tanto sucede con los cambios que ya están en marcha (como la “cobertura universal de salud”, o la virtual privatización del PAMI), lo que nos lleva a preguntarnos por las condiciones del debate político en la Argentina, o no tanto que es lo que se juega en las elecciones (que tampoco está tan claro para mucha gente, para ser francos), como cuáles son las razones últimas del voto, para entender los posibles resultados.

Sin perder de vista un dato fundamental: cualesquiera sean las razones por las que la gente vota como vota, su voto será leído por el sistema político como legitimación o rechazo de los proyectos políticos que están en danza; y en el caso del gobierno, como la legitimación social del ajuste.

En esto no pueden caber dudas, porque dejando de lado si puede seguir hablándose de “engaño” o “estafa electoral”, una buena elección de “Cambiemos” significará un respaldo social para profundizar las políticas de ajuste, sea que se trate de un consenso activo o pasivo. Y tampoco servirá preguntarse si ese respaldo es cabalmente conciente de lo que está en juego, o no.

Con astucia, el gobierno y el sistema de medios que forman parte inescindible de su dispositivo político saltan por encima de las tensiones entre las exigencias del capitalismo y los límites que impone la pluralidad democrática sustrayéndole a la disputa democrática la dimensión del debate; no en el sentido de la farsa televisiva auspiciada por ciertas ONG’s, sino como discusión y explicitación públicas de las diferentes visiones de la sociedad y el Estado que confrontan en las urnas.

Trabajan para eso en un terreno propicio, en el que ganaron terreno otras formas de politización diferentes a las tradicionales, que no se basan ni en lo discursivo ni en lo ideológico (entendido esto en el sentido explícito, porque implícitamente en toda toma de posición política subyace la ideología), sino en la apelación a valores abstractos que no pueden ser discutidos: la honestidad, el trabajo, el esfuerzo personal.

Pero detrás del cotillón de las frases de autoayuda, aparece el viejo capitalismo de siempre y la misma derecha de siempre (ni moderna, ni mucho menos democrática), en versión neoliberal: brutales transferencias de ingresos, valorización financiera, endeudamiento y fuga, recorte de derechos, destrucción de tejido social y productivo y apelación a los medios represivos para resolver los conflictos.

Tal parece que muchos “votarán a ciegas”, eligiendo implícitamente (por acción u omisión) por cosas que saben que sucederán y los terminarán afectando de algún modo, como cambios profundos en las relaciones laborales, el sistema de salud o la seguridad social; pero acaso concientes: una democracia delegativa, de ciudadanos individuales que eligen confiar en un gobierno que ofrece encargarse de los problemas (“haciendo lo que hay que hacer”); sin reparar en que es parte central y principalísima de la discusión democrática establecer cuáles son esos problemas, que grado de importancia relativa tiene y -sobre todo- como se resuelven, y con que distribución social de los costos de hacerlo.

Un panorama que en un contexto de estigmatización cultural y hasta criminalización de toda forma de organización colectiva, supone una enorme dificultad para el campo nacional y popular: asumir las claves del nuevo tiempo y el desafío de representar los mismos intereses de siempre -que es posible se presenten bajo formas distintas- junto con otros que los cambios en la sociedad diversifican; en un clima de fragmentación social refractario a las formas tradicionales de la política en la metodología y en el discurso.

Y sin esperar sentados a que las tensiones que crea un modelo excluyente e inviable se acumulen hasta estallar, y la necesidad de representación política de los que se cayeron por el camino vuelva, pero por malos modos y en medio de una crisis.

miércoles, 4 de octubre de 2017

¿ALGUIEN SE QUEDÓ CON UN VUELTO EN EL CAMINO?



Más información, acá.

CONTINÚA EL DESGUACE: AHORA LE TOCA A VIALIDAD NACIONAL


En el Boletín Oficial de hoy apareció publicado el Decreto 794 (completo acá) por el cual se dispone la constitución de la sociedad “CORREDORES VIALES S.A.”, en la órbita del Ministerio de Transporte; cuyo capital social de la sociedad estará compuesto por el Ministerio con el cincuenta y uno por ciento (51 %) de las acciones, y Vialidad Nacional con el 49 % restante.

El objeto de la sociedad es “...la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera.”

Así expuesto, pareciera que el Estado retomara el control de los corredores viales que hoy están en manos de concesionarios privados, pero a poco que se analice el decreto se ve que no es así: en efecto, el mismo acto señala que “...en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes.”. O sea que puede modificarse el capital de la sociedad, incorporando socios privados.

Por otro lado, al aprobarse el estatuto de la sociedad que obra como anexo al decreto, se dice en el artículo 4 que la sociedad podrá llevar a cabo “...por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación, prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos; corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera...” (las negritas son nuestras)

En el decreto se menciona a la Ley 17520 de los tiempos de Onganía que regula las concesiones viales con cobro de peaje, cuyo artículo 4 establece que “...se otorgarán mediante uno de los siguientes procedimientos: a) Por licitación pública; b) Por contratación directa con entes públicos o con sociedades de capital estatal; c) Por contratación con sociedades privadas o mixtas. En tal caso las tratativas preliminares entre la persona o entidad privada y la entidad pública concedente, se llevarán a cabo hasta fijar las bases principales de la futura concesión; hecho lo cual se optará por la licitación pública con dichas bases o se convocará públicamente para la presentación de proyectos en competencia, mediante los avisos o anuncios pertinentes. En este caso si no se presentaran mejores ofertas, el contrato podrá celebrarse directamente con la persona o entidad privada que inició las tratativas preliminares hasta la redacción de aquellas bases. Si se presentaran ofertas mejores, a juicio exclusivo del Estado, se llamará a licitación pública o privada entre los oferentes para la construcción, conservación o explotación de que se trate. En todos los casos deberán respetarse, en cuanto a la etapa de construcción, las normas legales establecidas para el contrato de obra pública en todo lo que sea pertinente.” (otra vez las negritas son nuestras)

Es decir que aun bajo la ley de concesiones de obra pública de Onganía, para el otorgamiento de concesiónes en los corredores viales la regla es hacer licitación pública. Sin embargo, el decreto establece expresamente que “...no resultan aplicables a “Corredores Viales S. A.”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias, ni, en general, las normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por imperio de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias.”

O sea que la sociedad (cuyo capital inicial es de irrisorios 200.000 pesos) no está obligada a hacer licitaciones públicas, ni nada que se la parezca, para otorgar concesiones sobre los corredores; e incluso si se incorporan socios privados (previa ampliación del capital social) a ella los explotarían directamente como titulares, no como concesionarios.

Pese a que se habla todo el tiempo de los corredores viales hoy concesionados bajo el régimen de cobro de peaje, el decreto no hace la más mínima mención al Decreto 1288 de diciembre del año pasado, que reguló sobre las concesiones de los corredores viales nacionales que se vencieron el pasado 21 de abril; disponiendo que se los volviera a licitar, justamente en el marco de la ley de Onganía.

Cosa que ahora no sucederá, porque quedarán en manos de la nueva sociedad creada para que esta decida que hacer, y si los entrega a terceros, no tiene obligación de licitar.

Y otro tanto sucede con el personal: el decreto publicado hoy establece que la sociedad “...mantendrá con su personal una vinculación laboral de Derecho Privado, encontrándose regida por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.” (o sea, no rige el convenio colectivo de trabajo de los viales) y faculta a la Dirección Nacional de Vialidad para que en conjunto con el Ministerio de Trabajo “...establezcan con las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria.”.

Es decir que los empleados que sean traspasados de Vialidad a la sociedad no solo serían precarizados (porque perderían su régimen laboral propio), sino que corren el riesgo de perder sus empleos. O sea: entregarle la mano de obra a los operadores privados, limpia de polvo y paja, y con menos derechos y salarios.

NI UNIVERSAL, NI COBERTURA. Y LO DE LA SALUD LO VEMOS


Hace exactamente 14 meses atrás comentábamos en ésta entrada el lanzamiento por Macri de la "cobertura universal de salud" a través del DNU 908/16 (que dicho sea de paso ni siquiera fue tratado por el Congreso) señalando que "...El gobierno presentó la medida (un puente de plata -guita, bah- tendido al sindicalismo para que desista de pedir reapertura de las paritarias) como la puesta en marcha de un "plan de cobertura universal de salud", anuncio pomposo bastante lejos de las medidas concretas contenidas en el decreto. La atención en los hospitales públicos de las personas carentes de cobertura de obra social es algo casi tan viejo como el agujero del mate: en Santa Fe sin ir más lejos y en el nivel de atención primaria, la Ley 6312 que creó el sistema de los SAMCO (Servicios de Atención Médica a la Comunidad) que así lo dispone data de 1967, y los hospitales públicos facturan la atención a los pacientes que sí cuentan con obra social desde 1989. (en la nación se remonta a los tiempos de Carrillo, aclaramos ahora)

¿Pero qué es entonces lo que dispone concretamente el decreto de Macri? En primer lugar la afectación "por única vez" de 8000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución, con destino a la financiación de la "estrategia de Cobertura Universal de Salud (CUS)”. Alguien podría pensar que esos fondos los manejaría el Ministerio de Salud de la Nación en coordinación con los de las provincias (ya que se habla de un "plan nacional de salud", o algo por el estilo), pero no es así: para ejecutar la CUS el DNU constituye un fideicomiso en el Banco Nación que será manejado por una Unidad Ejecutora con participación del Estado y la CGT, que decidirá sobre el uso de esa plata. 

No hay en todo el DNU menciones a las empresas de medicina prepaga (que también son agentes del seguro de salud), ni a los efectores del sector público salvo la mención genérica en las "finalidades" de la Cobertura Universal de Salud, ni tampoco al Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece el nivel mínimo de prestaciones que todos los agentes del sistema deben garantizar. Por el contrario, el decreto deja abierta la puerta para que el PMO se transforme en letra muerta, porque el nivel concreto de cobertura quedaría librado a la discrecionalidad de los agentes del seguro de salud, y no estaría fijado por las regulaciones públicas.

Sin desconocer los graves problemas del sistema de salud del país en sus diversos componentes y actores, es evidente que la única premura que justificar evitar el debate a fondo en el Congreso de algo que se presenta como "un nuevo plan nacional de salud" es no pasar por la incomodidad de explicar las cosas de las que el DNU no habla y señalamos antes, y asegurarse la apatía del sindicalismo tradicional a la hora de plantear reclamos al gobierno por la situación de los trabajadores. Un detalle no menor es que los gremios nucleados en las dos CTA (cuyos afiliados aportan al Fondo Solidario) serán convidados de piedra en todo esto, y no tendrán participación en el manejo de éstos recursos, que pueden ser usados para favorecer a determinados sindicatos o entidades de segundo grado (las más "dóciles", por ejemplo),  en desmedro de otras." (las negritas son nuestras)

Como prueba de que no había demasiado apuro, transcurrieron 14 meses sin novedades del tema, hasta que de repente se reactivó, en el marco de las negociaciones entre el gobierno y la CGT para desactivar el paro que debía lanzar el confederal, y analizar la creación de la "Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud"; un eufemismo que reemplazaría a la APE (Administración de Programas Especiales), disuelta en el segundo mandato de Cristina, para restringir el acceso a los tratamientos de alta complejidad con cobertura de las obras sociales sindicales y prepagas; derivándolos hacia los sistemas de copagos, es decir al bolsillo del afiliado.

Y hubo más: el martes de la semana pasada apareció publicada en el Boletín Oficial la Resolución 1255/17 del Ministerio de Salud (completa acá) que aprobó el "Manual operativo" de la CUS, que no establece ni una sola coma acerca del modelo prestacional y los alcances de la cobertura: lo único que hace es reglamentar el funcionamiento de la "Unidad Ejecutora" que manejará los fondos del programa; que por ahora son solamente 8000 millones de pesos provenientes de aportes retenidos a las obras sociales, y otros tantos que entregaría OSDE en la transacción que hizo con el gobierno del juicio que el Estado le seguía por deber más del doble (o sea más de 16.000 millones de pesos), tal como lo dispone la Resolución 1641/17 del Ministerio de Salud publicada ayer en el Boletín oficial.

No hay aportes del Estado nacional, no se contempla como se dijo la participación de las provincias y tampoco hay ninguna fuente regular y corriente de recursos para solventar la CUS (ni siquiera figura como programa con fondos en el presupuesto de Salud); lo que autoriza a pensar que agotados esos recursos, si te he visto no me acuerdo, y el que pretenda atención de salud, que la pague o se afilie a una prepaga.

Las dudas que el proyecto plantea se potencian en un gobierno que ha sub ejecutado las partidas de todos los programas del Ministerio de Salud, en especial los referidos a la prevención y atención primaria; y que ha desguazado programas como el Remediar para facilitar el acceso de la población a los medicamentos, mientras disminuye la cobertura del PAMI en ese rubro. Detalle: la obra social de los jubilados tampoco aparece mencionada en ninguno de los intrumentos de creación de la CUS, pese a ser un agente del seguro de salud como las prepagas, o las obras sociales sindicales.

Y a propósito de sindicatos: para la eventualidad que la CGT decidiera restarle su apoyo al proyecto ante las repercusiones negativas que está generando (como se desprendería de los dichos de Daer acá), el "Manual Operativo" aprobado por Lemus ya contempla la solución: la Unidad Ejecutora que manejaría los fondos del programa (formada por 4 representantes del gobierno y dos de la CGT, sin participación de las CTA) puede funcionar válidamente con solo 4 de sus 6 miembros presentes. O sea que aunque los sindicalistas peguen el portazo, igual van a disponer de los fondos, como lo estableció el DNU de Macri.

Joderse por prestarse -una vez más- a ser "dadores voluntarios de gobernabilidad".

martes, 3 de octubre de 2017

HABÍAMOS NACIONALIZADO LA BANCA, Y NO NOS DIMOS CUENTA


TACHEMOS UNO, LES FALTAN SIETE


La obra del recién inaugurado hospital regional de Venado Tuerto (uno de los famosos “8 hospitales” de las campañas publicitarias del socialismo) comenzó hace 8 años, para ser más precisos el 30 de diciembre del 2009, cuando Binner adjudicó la primera etapa (la estructura de hormigón armado) a la UTE formada por Precon S.A. y Bordo Arquitectura, por un monto de 25 millones de pesos.

La cosa no empezó bien, porque el Tribunal de Cuentas observó el decreto de adjudicación por el sistema de contratación elegido (ajuste alzado) que impedía -a su criterio- contemplar adecuadamente las modificaciones posteriores del proyecto; y Binner se vio obligado a insistir mediante el Decreto 2037, casi un año después, el 18 de octubre del 2010.  

Esa parte del proyecto tenía un plazo de ejecución de 450 días calendario (corridos), por lo que debió estar terminada en abril del 2011, pero tuvo dos prórrogas aprobadas por los Decretos 1540 (del 11 de agosto del 2011) y 1630 (del 11 de junio del 2012) que corrieron ese plazo un año más tarde.

La segunda etapa de la obra correspondía a los cerramientos exteriores, y fue adjudicada por Bonfatti cuando era gobernador a favor de la empresa Dinale S.A. por el Decreto 3640 (del 5 de diciembre del 2012), por un  importe de $ 22.107.409,76 y con un plazo de ejecución de 540 días calendario; es decir que debía estar finalizada para junio del 2014. Sin embargo tuvo varias prórrogas, y esta etapa no estaría terminada sino hasta julio del 2015, 13 meses más tarde de lo previsto.

Antes de eso se adjudicó la tercera etapa (urbanización exterior) por el Decreto 460 del 25 de febrero del 2014, a la empresa Del Sol S.R.L. por un importe de $ 15.850.640,77  y con un plazo de ejecución de 240 días, lo que suponía que estuviera terminada para octubre de ese mismo año. Tampoco ese plazo se cumplió: hubo tres prórrogas y recién se terminó en septiembre del 2015, 11 meses más tarde de lo previsto originalmente.

Finalmente la cuarta y última etapa fue adjudicada por Bonfatti por el Decreto 3421 del 26 de septiembre del 2014 en $ 277.757.665,67 (un 31,59 % por encima del presupuesto oficial) a la UTE formada por Dinale S.A. y Edeca S.A.; con un plazo de obra de 510 días, que llevaba la finalización total de la obra a marzo del 2016.

Además de que ahora sabemos que ese plazo se corrió 18 meses más tarde a septiembre de éste año, hubo al menos cuatro decretos (1226 y 4742 del año pasado, y 603 y 1364 de éste año) que no solo lo prorrogaron, sino que aprobaron ampliaciones del monto del contrato por más de 162 millones de pesos.

De lo hasta acá reseñado tenemos que una obra que se inició en diciembre del 2009 con un plazo de ejecución de 58 meses (sumando las cuatro etapas) y en consecuencia debió haber finalizado en septiembre del 2014, concluyó tres años más tarde.

Y si uno suma los importes de las adjudicaciones originales de las cuatro etapas de la obra, los montos ascienden a $ 340.715.716,20; es decir poquísimo mas de la tercera parte de los 1000 millones de pesos que ahora la propia información oficial confirma como costo final de la obra: los otros 660 millones de pesos se fueron en “adicionales de obra”, “trabajos extracontractuales”, “imprevistos”, “reconocimiento de costos financieros” y “redeterminaciones de precios”.

Otro tanto pasa con el equipamiento: el gobierno dice haber invertido en ese rubro 200 millones de pesos, pero de la compulsa de los 15 decretos firmados por Lifschitz adjudicando diversos ítems en ese sentido desde el 948 del 20 de abril hasta el 2866 del pasado 26 de septiembre (apenas 4 días antes del acto de inauguración del hospital) sumaron $ 45.638.183,88 y 2.559.254,73 dólares.

Si en éste caso se tomara un tipo de cambio de $ 17,50, sumarían $ 44.786.957,77; lo que llevaría el total de lo invertido en equipamiento a $ 90.425.141,65; o sea que nos estarían faltando unos 110 millones de pesos.

Y hablando de adjudicaciones de última hora: si apenas 4 días antes de la inauguración del hospital estaban adjudicando -por ejemplo- la compra de material quirúrgico para cirugías y todavía faltaba para que las empresas contratadas lo entreguen, ¿no habrán inaugurado tamaño hospital apremiados por los tiempos y las necesidades de la campaña, sin la "prueba en seco" y otros test necesarios para garantizar la asepsia y que no existan infecciones por el uso del material y las instalaciones, no?

A menos que se trate de otro caso de inauguración prematura, como el del centro de justicia penal de Rosario.