LA FRASE

"EL CASO DEL DIPUTADO AMERI COMPRUEBA UNA VEZ MÁS COMO LOS PERONISTAS VIVEN PRENDIDOS A LA TETA DEL ESTADO." (ROBERTO CACHANOSKY)

miércoles, 4 de octubre de 2017

NI UNIVERSAL, NI COBERTURA. Y LO DE LA SALUD LO VEMOS


Hace exactamente 14 meses atrás comentábamos en ésta entrada el lanzamiento por Macri de la "cobertura universal de salud" a través del DNU 908/16 (que dicho sea de paso ni siquiera fue tratado por el Congreso) señalando que "...El gobierno presentó la medida (un puente de plata -guita, bah- tendido al sindicalismo para que desista de pedir reapertura de las paritarias) como la puesta en marcha de un "plan de cobertura universal de salud", anuncio pomposo bastante lejos de las medidas concretas contenidas en el decreto. La atención en los hospitales públicos de las personas carentes de cobertura de obra social es algo casi tan viejo como el agujero del mate: en Santa Fe sin ir más lejos y en el nivel de atención primaria, la Ley 6312 que creó el sistema de los SAMCO (Servicios de Atención Médica a la Comunidad) que así lo dispone data de 1967, y los hospitales públicos facturan la atención a los pacientes que sí cuentan con obra social desde 1989. (en la nación se remonta a los tiempos de Carrillo, aclaramos ahora)

¿Pero qué es entonces lo que dispone concretamente el decreto de Macri? En primer lugar la afectación "por única vez" de 8000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución, con destino a la financiación de la "estrategia de Cobertura Universal de Salud (CUS)”. Alguien podría pensar que esos fondos los manejaría el Ministerio de Salud de la Nación en coordinación con los de las provincias (ya que se habla de un "plan nacional de salud", o algo por el estilo), pero no es así: para ejecutar la CUS el DNU constituye un fideicomiso en el Banco Nación que será manejado por una Unidad Ejecutora con participación del Estado y la CGT, que decidirá sobre el uso de esa plata. 

No hay en todo el DNU menciones a las empresas de medicina prepaga (que también son agentes del seguro de salud), ni a los efectores del sector público salvo la mención genérica en las "finalidades" de la Cobertura Universal de Salud, ni tampoco al Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece el nivel mínimo de prestaciones que todos los agentes del sistema deben garantizar. Por el contrario, el decreto deja abierta la puerta para que el PMO se transforme en letra muerta, porque el nivel concreto de cobertura quedaría librado a la discrecionalidad de los agentes del seguro de salud, y no estaría fijado por las regulaciones públicas.

Sin desconocer los graves problemas del sistema de salud del país en sus diversos componentes y actores, es evidente que la única premura que justificar evitar el debate a fondo en el Congreso de algo que se presenta como "un nuevo plan nacional de salud" es no pasar por la incomodidad de explicar las cosas de las que el DNU no habla y señalamos antes, y asegurarse la apatía del sindicalismo tradicional a la hora de plantear reclamos al gobierno por la situación de los trabajadores. Un detalle no menor es que los gremios nucleados en las dos CTA (cuyos afiliados aportan al Fondo Solidario) serán convidados de piedra en todo esto, y no tendrán participación en el manejo de éstos recursos, que pueden ser usados para favorecer a determinados sindicatos o entidades de segundo grado (las más "dóciles", por ejemplo),  en desmedro de otras." (las negritas son nuestras)

Como prueba de que no había demasiado apuro, transcurrieron 14 meses sin novedades del tema, hasta que de repente se reactivó, en el marco de las negociaciones entre el gobierno y la CGT para desactivar el paro que debía lanzar el confederal, y analizar la creación de la "Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud"; un eufemismo que reemplazaría a la APE (Administración de Programas Especiales), disuelta en el segundo mandato de Cristina, para restringir el acceso a los tratamientos de alta complejidad con cobertura de las obras sociales sindicales y prepagas; derivándolos hacia los sistemas de copagos, es decir al bolsillo del afiliado.

Y hubo más: el martes de la semana pasada apareció publicada en el Boletín Oficial la Resolución 1255/17 del Ministerio de Salud (completa acá) que aprobó el "Manual operativo" de la CUS, que no establece ni una sola coma acerca del modelo prestacional y los alcances de la cobertura: lo único que hace es reglamentar el funcionamiento de la "Unidad Ejecutora" que manejará los fondos del programa; que por ahora son solamente 8000 millones de pesos provenientes de aportes retenidos a las obras sociales, y otros tantos que entregaría OSDE en la transacción que hizo con el gobierno del juicio que el Estado le seguía por deber más del doble (o sea más de 16.000 millones de pesos), tal como lo dispone la Resolución 1641/17 del Ministerio de Salud publicada ayer en el Boletín oficial.

No hay aportes del Estado nacional, no se contempla como se dijo la participación de las provincias y tampoco hay ninguna fuente regular y corriente de recursos para solventar la CUS (ni siquiera figura como programa con fondos en el presupuesto de Salud); lo que autoriza a pensar que agotados esos recursos, si te he visto no me acuerdo, y el que pretenda atención de salud, que la pague o se afilie a una prepaga.

Las dudas que el proyecto plantea se potencian en un gobierno que ha sub ejecutado las partidas de todos los programas del Ministerio de Salud, en especial los referidos a la prevención y atención primaria; y que ha desguazado programas como el Remediar para facilitar el acceso de la población a los medicamentos, mientras disminuye la cobertura del PAMI en ese rubro. Detalle: la obra social de los jubilados tampoco aparece mencionada en ninguno de los intrumentos de creación de la CUS, pese a ser un agente del seguro de salud como las prepagas, o las obras sociales sindicales.

Y a propósito de sindicatos: para la eventualidad que la CGT decidiera restarle su apoyo al proyecto ante las repercusiones negativas que está generando (como se desprendería de los dichos de Daer acá), el "Manual Operativo" aprobado por Lemus ya contempla la solución: la Unidad Ejecutora que manejaría los fondos del programa (formada por 4 representantes del gobierno y dos de la CGT, sin participación de las CTA) puede funcionar válidamente con solo 4 de sus 6 miembros presentes. O sea que aunque los sindicalistas peguen el portazo, igual van a disponer de los fondos, como lo estableció el DNU de Macri.

Joderse por prestarse -una vez más- a ser "dadores voluntarios de gobernabilidad".

1 comentario:

Anónimo dijo...

Habría que avisarle a Macri y a sus socios,los dadores de gobernabilidad, que la cobertura universal de salud existe en el país desde 1946.
Cualquier persona que va a un Hospital Público es atendida.Tenga obra social o no.Tenga prepaga o no.
El caso más común se da en los accidentes de tránsito, donde en la emergencia la persona llega al Hospital Público. Y en todo caso después será derivada, o se le reclamará a la obra social la atención que se le prestó.Pero la vida te la salvan en el Hospital Público.
Porque hay cobertura universal.Para todos y todas.
Lo que hace el plan macrista ES ABANDONAR LAS NECESARIAS POLITICAS DE PREVENCIÓN EN SALUD. Ahora ya no vale más prevenir que curar, sino que vale más facturar que curar.
¿Y cuando se agote el presupuesto previsto para afectar al programa?
¿quien va a cubrir los gastos de enfermedad cuando la caja esté vacía?
¿Va a pagar Aranguren o paga Juliana Awada?
¿O el rabino Bergman llamará a orar por un epidemia de salud ?
El Colo.



Con el cuento macrista, cuando se acabe el presupuesto para la cobertura ¿quien va a cubrir