VUELTA AL PUNTO DE PARTIDA

Hace más de un mes atrás y a propósito de lo que se dio en llamar el "Plan Perotti" en el caso Vicentín, decíamos en ésta entrada: "El viernes, con diferencia de horas, se conocieron dos novedades relevantes: primero la decisión del juez del concurso de remover de sus cargos a los interventores designados por el gobierno nacional para reponer al frente de la empresa a sus directores (decisión analizada acá), y luego lo que los medios dieron en llamar el "Plan Perotti": una intervención de la empresa que deja de lado su expropiación, que consiste en una presentación de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia; a cuyo texto completo pueden acceder acá.

Presentación que deja la pelota en la cancha del juez, que la debe resolver, porque en su fallo a favor de los directivos de Vicentín le dio vista a la Inspección para que diga lo que estime corresponder, como autoridad de aplicación del régimen de la Ley 19550 de sociedades comerciales en la Provincia de Santa Fe. Por otro lado Alberto Fernández acaba de vincular ambas cuestiones, al decir que el juez acepta lo propuesto por el gobierno de la provincia, o prosigue con la expropiación; mientras el gobernador Perotti admite que el final del proceso puede ser la constitución de una empresa mixta con mayoría estatal; porque "...el presidente quiere que si el gobierno va a afectar recursos, no quiere que quede en manos de quienes llevaron la empresa a esta situación...".

Aparecerían acá dos puntos de contacto entre ambos proyectos, el Estado debe participar, y los que manejan la empresa deben ser desplazados. El asunto es quien y como pone la plata, si el Estado nacional como tal o capitalizando sus acreencias contra Vicentín vía expropiación, o un "rejunte" de acreedores que incluya a la nación, la provincia, las cooperativas y los productores como para hacer masa crítica. En éste caso hay que ver si lo logran, porque competirían con jugadores poderosísimos (del país y del exterior), cosa que con una expropiación no sucedería; y si por ejemplo las cooperativas pueden tener participaciones accionarias en una sociedad anónima, cosa que en principio la Ley 20337 no permitiría, pero a lo mejor alguien que sabe más del tema que nosotros entiende que sí. " (las negritas son de ahora)

Seis semanas después, las cosas están exactamente en ese punto: la expropiación nunca llegó al Congreso y nada indica que lo hará, el DNU que intervenía la empresa fue frenado judicialmente y a poco más de una semana de vencer el plazo en él fijado fue dejado sin efecto por el propio presidente, los vaciadores de Vicentín siguen manejando la empresa y al juez de la quiebra, quien además no ha resuelto el planteo de la provincia de Santa Fe para que se designen veedores judiciales de la Inspección de Personas Jurídicas a los mismos interventores que designó el DNU, más otro puesto por Perotti.

Paralelamente hay una causa judicial que tramita en la justicia federal (juzgado de Ercolini) por defraudación a la Administración Pública, iniciada por las autoridades del Banco Nación. En esa causa se ha pedido allanar la empresa y secuestrar documentación contable, entre ella los últimos balances de la misma. En el informe que elaboró en su momento la SIGEN a pedido de los interventores se señaló el faltante de esa documentación, y también la pidió la provincia; sin que la justicia les haya permitido a ninguna de ellas acceder.

De modo que hasta acá y al día de hoy lo que hay es un concurso de acreedores abierto, la empresa manejada por quienes la vaciaron y un futuro incierto, como no sea que los acreedores quieran rematar bienes o activos de la empresa para cobrar sus deudas, aun cuando eso implique cerrar unidades productivas, y que se pierdan puestos de trabajo. Eso, o algún esquema de capitalización ideado por los dueños de Vicentín con algunos de sus acreedores (extranjeros fundamentalmente) para ceder parte de las acciones a cambio de las deudas, cediéndoles a ellos el control de la empresa que no le quieren ceder al Estado.

No se avizora en el horizonte -hoy- otra alternativa que la expropiación para evitar eso, como no se avizoraba cuando Alberto dictó el DNU 522 interviniendo la empresa. Tampoco se advertía el más mínimo movimiento del gobierno nacional para avanzar en ese sentido, en el Congreso nacional, antes incluso de que apareciera hoy el DNU 636 (completo acá), por el que finalmente el presidente desiste de la intervención y de la expropiación; que nunca llegaron a concretarse.

Lo que supone -en tiempos en los que se habla, con otros fines, de reformas judiciales- que los dueños de Vicentín se saldrán con la suya, en lo que tiene toda la pinta de haber sido una quiebra fraudulenta con vaciamiento, desde el principio. Y lo han hecho con la total anuencia y complicidad del Poder Judicial, demostrando una vez más -por si hiciera falta- que el problema de éste no son las presiones del poder político, sino los mandatos del poder económico.

Alguno podría apuntar que si las cosas son así, los que salieron a hacer marchas, cacerolazos y banderazos por Vicentín habrán triunfado, pero podrán comprobar que su triunfo significa despidos masivos, y daño social. Es triste que deba llegarse a eso, para ver si algunos cegados por el odio admiten la realidad; eso sin contar que los que pierdan sus empleos no necesariamente se cuentan entre aquellos que tomaron una bandera argentina y salieron en el auto a los bocinazos por las calles, en favor de los vaciadores. 

Y si bien -y por paradójico que pueda parecerles a algunos- la única posibilidad que queda en pie de que el Estado no sea un convidado de piedra en todo esto, es la presentación hecha por la IGPJ de la provincia de Santa Fe, que el juez tiene pendiente de resolver, para permitirle actuar como veedores judiciales, apartando a los directivos de Vicentín del manejo de la empresa. Claro que con los antecedentes de Lorenzini, es poco lo que se puede esperar al respecto.

De todos modos, el caso en sí se trasciende a sí mismo, proyectándose en forma -funesta- de "leading case" o caso testigo de los límites de la decisión del gobierno de avanzar contra los intereses de los grupos económicos más concentrados, de la protección especial de que estos gozan en los estrados judiciales (en tiempos en los que hablamos de reformas en la justicia) y, sobre todo. de un precedente también funesto en términos de desgaste de la autoridad presidencial; cuyas reales consecuencias no se pueden medir hoy. De hecho, el propio DNU 636 y más allá de que sea estrictamente cierto todo lo que dice, es una manifestación explícita de impotencia política, del principio al fin.

Tuits relacionados:    

Del asunto Vicentín esta cuenta opina que lo peor de todo es la muestra de debilidad del Estado frente al poder económico, y el deterioro de la autoridad presidencial.

— La Corriente K (@lacorrientek) August 1, 2020

Excelente o no le quedó más remedio? https://t.co/aSOVI1tVb9

— La Corriente K (@lacorrientek) August 1, 2020

Pero por paradójico que parezca, la única posibilidad que queda de que el Estado controle la empresa durante el concurso sin los que la vaciaron, es la presentación de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, porque el juez aún debe resolver el recurso https://t.co/22zdTn7TWq

— La Corriente K (@lacorrientek) August 1, 2020