Tanto hacer equilibrio un día se van a caer. Si el "law fare" llegó hasta acá es exclusiva responsabilidad de ellos, en especial de Lorenzetti: https://t.co/Zg6SMOrwA8
— La Corriente K (@lacorrientek) September 22, 2020
La Corte Suprema suele manejar los tiempos de sus decisiones en sus propios términos: desgastar las cosas aplicándole la "cronoterapia" hasta que pierden interés y entonces se las saca de encima con el simple recurso de que devinieron abstractas, a la inversa concentrar en ella toda la atención y el protagonismo de los actores involucrados cuando lo cree conveniente, o sacándose rápido de encima las papas calientes con el deleznable artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que le permite discernir lo que es y no importante, con la formulita "...por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.".
Con el caso de los camaristas designados a dedo por traslado por Macri los cortesanos parecen sentirse incómodos: la venían campaneando evitando pronunciarse pese a que han sentado criterio al respecto en un par de acordadas, hasta que la cosa fue escalando en volumen con sendos pronunciamientos del Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, el fuero contencioso administrativo federal en primera instancia y en apelación, y la Cámara de Casación Penal.
Jurídicamente la cuestión es sumamente sencilla porque todos esos pronunciamientos y las decisiones tomadas en su consecuencia (ordenándoles a los tres trasladados volver a sus cargos originales y desocupar los lugares en la Cámara) no hacen más que aplicar en la práctica lo que dispone la Constitución Nacional, y ha recordado la propia Corte en sus acordadas: para ocupar un cargo de juez es necesaria la previa intervención del Consejo de la Magistratura (concursando), y el acuerdo del Senado de la Nación.
¿Cuál sería el problema para la Corte entonces? Que la resistencia de los "carapintadas judiciales" a cumplir con los fallos adversos y con lo decidido por el Congreso de la nación los excede, porque va más allá de ellos: de lo que se trata es de sostener, a como de lugar, la estructura judicial del "law fare" que le sirvió la macrismo para perseguir a opositores políticos, fundamentalmente a Cristina y ex funcionarios de su gobierno.
Allí es donde sostener a Bruglia, Bertuzzi y Castelli se vuelve clave porque son tan necesarios hoy como lo fueron durante el macrismo, a esos fines. Clave para la oposición política, que parece haber perdido la capacidad de hacer política sin judicializar todo y remitir al adversario a la categoría de delincuente, para no discutir ideas y proyectos. Y clave para el sistema de medios hegemónico que alimentó las operaciones cloacales en la justicia, tanto como se sirvió de ellas para desgastar al kirchnerismo y a Cristina cuando eran gobierno y luego cuando fueron oposición; y como buscan seguir sirviéndose de esas mismas herramientas para esmerilar al actual gobierno.
Y frente a eso, la Corte no puede seguir haciéndose la distraída aunque logre estirar más o menos su pronunciamiento en el "per saltum" ensayado por los camaristas desplazados: el dispositivo de trolls del macrismo los ha puesto en la mira, y en las marchas opositoras todos apuntan a ellos, poniendo en sus manos "salvar la república", es decir, sostener a los tres en sus cargos, para causarle daño al gobierno.
Falle como falle la Corte, e incluso si no falla y se saca el tema de encima, no logrará evitar estar en el ojo de la tormenta, y será su exclusiva culpa: los desaguisados en el Poder Judicial para orquestar causas armadas, con pruebas y pericias truchas y preventivas ilegales jamás hubieran llegado al punto que llegaron, sin su anuencia, y en muchos casos, sin su apoyo decidido: los cortesanos (y en especial Lorenzetti) tuvieron siempre en sus manos detener los atropellos, pero nada hicieron, porque no quisieron.
Incluso el rafaelino les dio ínfulas y respaldo a los disparates de Bonadío, Ercolini, Stornelli, Marijuan e Irurzun, al que puso al frente de las escuchas judiciales, luego de avalar que Macri por DNU se las traspasara. Ni siquiera hubieran necesitado una de las tantas causas que les llegaron vía recursos de los defensores de los detenidos y presos políticos para ponerle coto a los atropellos: en algunos casos les hubiera bastado con una acordada, para recordarles a los jueces que deben fallar conforme a las leyes y la Constitución.
Así las cosas, no deja de ser gratificante que ahora estén bajo el fuego del trollerío macrista al que alimentaron con sus silencios o complicidades, y que prueben un poco de su propia medicina: no se puede engañar a todos, todo el tiempo; y pretender salir indemne. Incluso aunque alguna vez fallen conforme a derecho, porque no les queda más remedio, como puede pasar con los traslados de jueces decididos a dedo por Macri, violando la Constitución. Si por el contrario los terminaran validando contra sus propios precedentes, significa que se han sumado con armas y bagajes a la ofensiva destituyente en marcha contra el gobierno nacional, cediendo a presiones inconfesables.
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