CASO TESTIGO

 

Muchachos,la norma es clara. Si toleran que Cablevisión cobre lo que quiera,se convalida la anarquía de derecha,que no tiene techo. Parenlos mientras haya tiempo.

— Enrique M Martinez (@em_martinez) January 26, 2021

Yo no soy usuario. No es un problema de "hacer valer tus derechos como consumidor". Es un problema político entre la autoridad legítima del Estado y una empresa privada que hace lo que se le canta la chota.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 27, 2021

Cuando Cristina envió al Congreso lo que luego de un amplio debate sería la ley de medios, dijo con visión profética que se trataba de una prueba ácida para las instituciones de la democracia: ver cuanto eran capaces de avanzar profundizando esa democracia, cuando ese avance supone -siempre lo supone- recortar privilegios o tocar intereses poderosos.

Y no se equivocó: si bien la ley logró sortear airosa la discusión y aprobación en el Congreso, estuvo luego cuatro años durmiendo en los cajones de distintos juzgados frenada por un festival de cautelares, hasta que la Corte la declaró constitucional, para luego frenar su lógica consecuencia: los planes de adecuación forzada a las cláusulas desmonopolizadoras, por parte de los grupos de multimedios (el principal, Clarín) que debían desinvertir desprendiéndose de licencias.

Lograron así ambos (el poder económico, en éste caso Clarín, y sus ramificaciones en el Poder Judicial) estirar el status quo hasta que llegara un gobierno más afín (el de Macri), que de un DNU borró de un plumazo las cláusulas irritativas de la ley, y volvió letra muerta el resto de sus artículos. En palabras de Cristina, prueba ácida no superada: la democracia -o al menos parte sustancial de las fuerzas políticas que compiten en su marco- no pudo o no quiso avanzar sobre los intereses de importantes grupos económicos.

Alberto Fernández -que ya no estaba en el gobierno y casi ni en el kirchnerismo cuando se impulsó la ley- llegó a la presidencia con ese estado de cosas, y no sólo no ha dado muestras de avanzar para reponer el texto original de la ley (para lo cual bastaría un DNU como el 267/15 de Macri que la mutiló), sino que dijo explícitamente que era un debate que no le interesaba dar, y un tema en el que no tenía interés en insistir. 

Dijo sí, que si algún valor tenía la ley era haber mostrado el rol político que juegan los medios: precisamente eso mismo fue lo que Cristina intentó poner de manifiesto cuando hablaba de la "prueba ácida", y cuando en el mismo momento convocó -en vano- a las fuerzas políticas de la oposición a sumarse a la cruzada democratizadora de la comunicación audiovisual. Claro que uno y otro extrajeron enseñanza diferentes de su comprobación sobre el rol político de los medios: mientras Cristina siempre tuvo claro que son solo la punta del iceberg del poder económico que siempre prefiere quedar oculto bajo la superficie, Alberto supone que se puede negociar con ellos, si no se les hostilizan sus negocios.

Así que no solo no hubo el menor intento de reimplantar la ley de medios, sino que tampoco ningún organismo oficial competente (Defensa de la Competencia, el ENACOM) ensayó el más mínimo curso de acción tendiente a revisar la fusión entre Cablevisión y Telecom, que profundizó aun más la posición dominante que el Grupo Clarín tiene en todos los mercados de bienes y servicios en los que participa. Grupo Clarín cuyos medios, además, siguen recibiendo generosamente pauta oficial del gobierno nacional, aunque lo masacren a diario con sus líneas editoriales, operaciones de toda índole y "fake news" a granel.

En ese estado de las cosas, Alberto dictó el DNU 690, por el cual declaró "servicios públicos" a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión por cable, como consecuencia de lo cual pasaron a estar sujetos a una regulación más intensa por parte del Estado, y sus tarifas deben ser aprobadas por el gobierno. En consonancia con ello, el ENACOM dictó la Resolución 1466, que autorizó a las empresas a aplicar a partir del 1º de enero un aumento del 5 %, sobre las tarifas anteriormente vigentes.

El Grupo Clarín -como es su práctica habitual- se pasó las regulaciones oficiales por donde no les da el so, y envió facturas con aumentos del 20 %, y hasta acá ha desoído las intimaciones del organismo de control para volver a facturar, o reintegrar a sus abonados lo pagado de más. Todo indica que se abre una disputa judicial para que el Estado haga cumplir sus normas, de azaroso rumbo en los tribunales que supimos conseguir.

Por supuesto que hoy el gobierno tiene otras cosas mucho más urgentes de las que ocuparse antes que el precio del celular, el cable o internet: los precios de la comida, la liquidación de las divisas provenientes de las exportaciones, las maniobras de los bancos para seguir presionando sobre el tipo de cambio o sortear los controles de capitales, que se cumplan los DNU que prohíben los despidos o fijan doble indemnización. 

Pero del mismo modo que la ley de medios no fue una disputa por "la democratización de la palabra" (o al menos, no sólo ni principalmente eso) sino un conflicto entre el poder político y las corporaciones económicas, en todos esos casos la disputa es la misma: el Estado intentando regular para componer intereses y compensar diferencias, injusticias o desigualdades, y el poder económico tratando de imponer la ley de la selva del mercado, y maximizar ganancias, a como dé lugar.

De modo que la pelea por hacerle cumplir a Clarín el DNU 690 y la Resolución 1466 dictada en su consecuencia va mucho más allá del caso en sí, y no se resuelve llamando a que los usuarios "hagan valer sus derechos como consumidores", del mismo que la suba descontrolada del precio de los alimentos no se resuelve con un boicot de los consumidores: son problemas que remiten a una discusión profunda sobre el sentido y los alcances de la democracia, y la cuestión del poder; y así deben abordarse.

Como los aborda Clarín, sin ir más lejos: mostrando desafiante su poder crudo y duro para ver como responde el gobierno, y dándole una señal a los poderosos intereses que amalgama y conduce en la AEA respecto a cuanto pueden tensionar su relación con el gobierno, en defensa de sus intereses. Y si en el gobierno no lo entienden así, estamos ante un problema mucho más grave que facturas de servicios que deben ser reformuladas.

Cuando se dictó el DNU 690, dijimos acá: "Pero más importantes que todo eso, son las consecuencias políticas del DNU: aunque el presidente se esfuerce en decir que él no está en guerra con nadie, hay muchos que están en guerra con él y con su gobierno, desde el primer día; como el Grupo Clarín. Y si toma medidas que toquen su víscera más sensible, que es el bolsillo, la guerra tenderá a intensificarse, y tendrá que estar preparado para eso. ". En ese preciso punto estamos, y frente a un caso testigo de un problema mucho mayor.