Apenas asumió el gobierno hizo declarar por la Legislatura 5 emergencias: de seguridad y penitenciaria, sanitaria, social, educativa y de los servicios de agua potable y saneamiento. En todas se hizo dar facultades extraordinarias para hacer contrataciones directas sin licitación pública, invocando la emergencia.
Por la emergencia penitenciaria creó una cámara judicial de ejecución penal en la que designó a jueces que -lo dijo explícitamente- tenían que estar alineados con la política de persecución criminal del Poder Ejecutivo.
Hizo aprobar una emergencia previsional y una reforma al régimen jubilatorio de los empleados públicos recortando los haberes base iniciales, dilatando el traslado a los jubilados de los aumentos a los activos, imponiendo un aporte adicional sobre los sueldos y algunas jubilaciones, y reservándose la facultad de aumentar la edad jubilatoria por decreto, si la nación la sube.
En la emergencia en seguridad se hizo otorgar la facultad de reintegrar al servicio activo a policías y agentes penitenciarios retirados, para una vez reintegrados poder ascenderlos de modo extraordinario en forma directa, sin concursos ni invocación de méritos o causas.
Impulsó y logró aprobar una reforma constitucional que le otorgara la posibilidad de la reelección, y pocas semanas después de haberla aprobado y viendo los resultados de la última elección en la provincia, empezó a hablar de establecer el balotaje o en su caso la ley de lemas para elegir al gobernador, en contra de lo que dice expresamente la propia Constitución que hizo reformar.
Trató de evitar que la reforma constitucional no estableciera la autonomía funcional del Ministerio Público de la Acusación y aunque no lo logró en la letra, si en la práctica, promoviendo designaciones masivas de jueces y fiscales bajo el sistema vigente, demorando el dictado de las normas de selección que deben aplicarse de acuerdo con la nueva Constitución todo lo que haga falta para completar el copamiento de todos los cargos vacantes, con candidatos propios.
Logró que la reforma dispusiera el inmediato cese de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en sus cargos al cumplir 75 años, y desde entonces viene amenazando a los que ya los cumplieron con cesarlos por decreto si no renuncian, para poder completar el armado de una Corte íntegramente hecha a su medida, durante su mandato.
No introdujo en la reforma constitucional cambios en el Tribunal de Cuentas, pero mantuvo la ley (que era inconstitucional antes y lo sigue siendo ahora) aprobada durante otro gobierno de su mismo signo que prorroga los mandatos de los vocales cuando se vencen, hasta que se les designe reemplazante; con lo cual se asegura que los que quieran quedarse en sus cargos por el mero transcurso del tiempo una vez vencido sus mandatos no ejerzan ningún tipo de controles molestos para su gobierno.
Ahora que tenemos toda su atención, les contamos que nada de lo precedentemente enumerado pasó ni sigue pasando en Formosa ni con Gildo Insfrán, sino en Santa Fe y con Pullaro. Por eso muchos no se enteraron por ningún medio, y otros tantos se enteraron, pero prefirieron hacerse bien los boludos. Tuit relacionado:
7 fiscales de Rosario y San Lorenzo designados por Pullaro entre el 24 y el 30 de octubre de éste año renunciaron para asumir como jueces penales. El Poder Judicial es la piñata/bolsa de trabajo de la UCR, y el juego de la silla de los caballos del comisario en los concursos: pic.twitter.com/nPTVeBz9Wz
— La Corriente K (@lacorrientek) November 25, 2025
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