Por A.C.
El Ministerio de Agricultura de la Nación y la Comisión Nacional de Valores (CNV), trabajan en una resolución cuyo objetivo está orientado a transparentar el mercado de cereales, a través del control de los precios que se publican y que conforman la pizarra del mercado.
Esos precios testigos que publica el mercado de cereales, resultan la base sobre la que se negocian las operaciones de compra-venta de granos, y es hoy un indicador muy cuestionado, inclusive por algunos integrantes del propio sector.
Más allá de la incidencia del precio internacional, en el mercado local los precios publicados son manipulados a conveniencia, en algunos casos a través de la inclusión o no de determinadas operatorias, y en otros, por medio de la declaración parcial de las mismas, alterando artificialmente el real volumen negociado y la incidencia que ello tendría en los precios.
Actualmente, no se conoce cuantas toneladas de granos cambian de manos todos los días y mucho menos a qué precio se hacen esas transacciones. Como la declaración de los negocios que se realizan no es obligatoria, los precios de referencia que se publican no son necesariamente representativos del mercado agrícola, porque una enorme cantidad de operaciones no se registran, y por lo tanto los precios de esas operaciones, no forman parte del cálculo del precio de pizarra. Entonces, “pequeñas” diferencias de dos o tres dólares, en millones de toneladas, generan grandes transferencias entre los componentes del sector.
Algunos operadores de la actividad, comentan que cuando dos grandes cerealeras necesitan vender, los precios de pizarra suben. Pero cuando esas mismas cerealeras necesitan comprar grandes volúmenes, los precios bajan. Gente de suerte.
Y manifiestan que eso ocurre tanto en el mercado cerealero de Buenos Aires como en el de Rosario, aunque las bolsas de cereales tengan como principal objeto la promoción y la realización de todo tipo de negociaciones comerciales en un marco de transparencia, seguridad y legalidad, como lo expresan en todos sus documentos institucionales, discursos y publicaciones.
Dado su objeto -transparencia, seguridad, legalidad- las instituciones cerealeras deberían dar su pleno apoyo a la nueva resolución, porque la norma establece un régimen obligatorio de declaración detodas las operaciones a través de agentes registrados en la CNV y en el Ministerio de Agricultura, por lo que la norma viene a fortalecer y a garantizar el cumplimiento del objeto que persiguen, beneficiando también a los demás actores de la cadena, como los productores, corredores, acopiadores y exportadores.
Si embargo, y como surge de sus declaraciones, las bolsas no están de acuerdo con la norma, y prefieren que la información de los precios se siga elaborando a través de ellas y del mismo modo que hasta ahora. Posiblemente, más allá de sus intenciones y en concordancia con sus objetivos, les resultaría útil conocer lo establecido al respecto por la Ley 26.831 -Ley de mercado de Capitales- que entre otras cuestiones, puso fin al vetusto y absurdo sistema de autorregulación de los mercados, sistema de autorregulación que tampoco tiene aplicación en los principales países del mundo.
Pero la negativa debe tener sus razones,y más allá de las autoridades de las bolsas, se suman llamativamente al rechazo los productores, acopiadores y exportadores. Podríamos arriesgar que los cambios no son bienvenidos porque, más allá de los objetivos que se declaran públicamente por las instituciones cerealeras, la nueva normativa podría afectar a una importante parte del negocio: la venta, transporte, acopio, negociación y exportación de producción sin declarar, es decir de miles de toneladas de cereales “en negro”.
En julio del año pasado, AFIP en el marco del operativo “Cosecha Gruesa de Granos”, detectó casi 300.000 toneladas de cereales, equiparable a una hilera de camiones de 200 kilómetros, que no estaban declarados. Multiplicar esa cantidad de toneladas por el precio internacional de alrededor de 500 dólares por cada tonelada, da una idea de lo inconmensurable del negocio cerealero en negro.También por medio de tecnología satelital, efectuando controles del transporte, se detectó grandes volúmenes de cargas de cereales sin comprobantes en rutas y líneas ferroviarias,
En mayo de éste año, según el análisis del sistema de Monitoreo Satelital operado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), más de 20 mil establecimientos rurales en territorio bonaerense evadieron $ 152 millones en el pago de Ingresos Brutos y Sellos, como se puede ver aquí.
Analizados además 45 mil CUIT de arrendatarios y productores agropecuarios en el distrito con mayor actividad granaria del país, ARBA comprobó que el 56% presentó "serias inconsistencias"entre lo declarado por el productor ante la AFIP en el registro de operadores de granos, sus declaraciones de Impuesto a las Ganancias, declaraciones de ingresos brutos y otras fuentes de información en ARBA, con la cantidad de producción detectada por el monitoreo del sistema, que opera con información derivada de 18 satélites y determina con exactitud la fecha de siembra, cosecha, rinde y tipo de cereal producido.
El 70% de quienes subdeclararon o evadieron impuestos son arrendatarios, por eso ARBA investiga el vínculo entre los que arriendan y los dueños reales de los campos, ya que sobre 72 mil contribuyentes de la actividad, el 58% de ellos incumplió el Régimen de Control Fiscal Agropecuario y perdió el beneficio de descuento del 20% del impuesto inmobiliario rural, porque se negaron a declarar quiénes son los titulares de los campos que explotan. Es decir, quienes son los cómodos dueños y rentistasdefensores del “campo”, esos mismos que llenaban los extinguidos cacerolazos convocados por la Sociedad Rural y la Federación Agraria de Buzzi, el comisionista de las grandes cerealeras. El esforzado sector rentista, que tiene como toda actividad, pasar a cobrar periódicamente el arrendamiento y evadir la mayor cantidad de impuestos posible.
Los métodos de evasión del sector cerealero son diversos, desde la utilización de "prestanombres", sujetos insolventes y sociedades fantasma a través de los cuales se ocultan los verdaderos operadores, a la obtención de créditos fiscales falsos, cartas de porte adulterada para el transporte de la mercadería no declarada, o el alquiler de plantas de acopio en desuso para utilizarlas como pantallas obteniendo mayor cantidad de cartas de porte y poder así movilizar el cereal comercializado en negro.
O en sentido inverso, declarar una enorme existencia de cereal sin poseerlo, para después operar con cereal sin registro. Como la maniobra descubierta hace poco en ésta provincia, en la localidad de Acebal.
La cerealera declaraba poseer 285.692 toneladas de granos, en la única planta que tiene habilitada,pero conforme a las habilitaciones otorgadas por la Oncaa, la planta posee una capacidad de sólo 7000 toneladas. Al efectuarse el procedimiento de constatación en la planta por personal de AFIP-DGI, se verificó la presencia de tan sólo 119 toneladas de cereal. Los investigadores determinaron que “la declaración falsa habría sido realizada al solo efecto de amparar o justificar la comercialización marginal --en negro-- y el transporte de una exhorbitante cantidad de granos, en realidad inexistente en poder de la firma, con la consecuente evasión del pago de impuestos nacionales que gravan la actividad”.
Si consideramos el enorme volumen de toneladas de cereal sin declarar que mueve el negocio, y más allá de la extraordinaria rentabilidad que genera por ejemplo la soja, si le agregamos los márgenes aún mayores que produce si hay evasión impositiva, se comprende entonces porqué el sector cerealero, incluídas sus instituciones, que dicen estar regidas por transparencia, seguridad y legalidad, se oponen a los cambios de la legislación, a una norma que establece un régimen obligatorio de declaración de todas las operaciones.
A esto hay que sumarle otro detalle. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estimó que la cosecha de soja alcanzará un récord de 55,5 millones de toneladas, cuando en estos días se lleva recolectada más del 95% de la cosecha. Se supera así el anterior récord de 2009/2010 cuando se llegó a 52,67 millones de toneladas.
Si tomamos el porcentaje de la cosecha que se negocia sin declarar, y calculamos los montos que obtendrán en negro en base al récord de 55,5 millones de toneladas, comprendemos entonces porqué el sector cerealero abandona sus principios de transparencia, seguridad y legalidad, oponiéndose nerviosamente al cambio normativo propuesto, para poder continuar siendo el sector que produce la mayor evasión entre todas las actividades del país.
